Violencia política y discurso de odio

Las democracias no pueden permitirse la degradación de su vida pública porque esto abre la puerta a la violencia política. Los procesos de quiebra democrática suelen producirse de forma gradual: primero llega el señalamiento, después el lenguaje denigrante contra el adversario y, finalmente, el hostigamiento, que en ocasiones termina en asesinato. Son actitudes que todos debemos condenar. Sin matices. Me da igual que esa violencia se manifieste señalando a Pedro Sánchez como “hijo de puta” por parte de los sectores extremistas e irresponsables del PP; que deseando a Santiago Abascal el mismo final que tuvo Mussolini; que calumniando a los parlamentarios del Movimiento Sumar, Unidas Podemos o ERC en los pseudomedios de ultraderecha.

Hace años que Isabel Díaz Ayuso normalizó el insulto al presidente del Gobierno. Las televisiones de la derecha la invitan frecuentemente y nadie es capaz de corregirla, ni siquiera en lo más mínimo, cuando profiere estos exabruptos. Lo mismo sucede cuando ella o algún miembro del Partido Popular introducen datos falsos en alguno de esos programas matinales que todos conocemos y no hay un solo periodista que les llame la atención, no por difundir un ideario de derechas, sino por utilizar la mentira de manera grosera con objeto de erosionar al Gobierno.

Esta difusión de mensajes de odio es desconocida en nuestra vida pública y no la ha sufrido ninguno de nuestros políticos desde la Transición, excluyendo el periodo de la violencia etarra. Bien harían los expresidentes del Gobierno que tanto se esfuerzan por denigrar a Sánchez en denunciar estas prácticas porque sufrieron oposiciones menos feroces, lo cual contribuyó a construir nuestra democracia como un espacio en el que la crítica rigurosa no excluía la civilidad y la lealtad institucional.

En este circo de hipérboles se puede apelar a cualquier cosa, por grave que sea. Hace apenas un año Mariano Rajoy se permitió decir que “con el actual Gobierno hemos visto de todo. Cosas que no se habían producido nunca” —entiendo que se refería a la corrupción—, sin mencionar, claro, que durante sus gobiernos fueron investigados 60 casos que afectaban al PP, con alrededor de 1.200 cargos implicados. El de Cristóbal Montoro, por cierto, podría convertirse en el escándalo más grave de la democracia y apenas ocupa algún espacio en medios.

Este deterioro del debate público no solo afecta a la calidad democrática, sino que impide evaluar con rigor cuestiones de enorme relevancia para todos, como la economía o el conflicto catalán. Cuando el espacio público se llena de falsedades, la realidad queda sepultada bajo catástrofes imaginarias que nada tienen que ver con los hechos, y Cataluña es el ejemplo más claro.

Más allá de la opinión que podamos tener sobre la Ley de Amnistía, no existe ningún mecanismo en marcha hacia la secesión de Cataluña. Lo que ha avanzado es la desjudicialización del conflicto y una renegociación fiscal dentro del marco autonómico, aún abierta. Se ha pasado de una estrategia de confrontación por parte del nacionalismo catalán a otra de negociación que ni modifica el marco constitucional ni permite la secesión. Además, se ha preservado y mejorado uno de los elementos más valiosos en una democracia: la convivencia.

La salud de una democracia depende, entre otras muchas cosas, de que sus principales actores políticos mantengan un compromiso inequívoco con los límites constitucionales y la dignidad del adversario

Sucede lo mismo en el ámbito económico. Felipe González jamás se hizo con la economía. Durante sus cuatro Gobiernos, la inflación nunca bajó del 4,3%, con picos del 14%, y el desempleo del 16%, con picos del 24,5%. En materia económica, la segunda legislatura de Zapatero fue un completo desastre. Esto ayudó a crear el axioma que dice que el PSOE arruina la economía, mientras que el PP la recupera.

Todo ello se rompe de forma contundente con el Gobierno de coalición de Sánchez: España es el país de Europa que más empleo crea; nunca había habido tantas mujeres trabajando ni tantos inmigrantes afiliados a la Seguridad Social; las exportaciones crecen cada año de forma constante y el turismo también aumenta; y se han incrementado tanto el PIB como la renta per cápita. Fuentes: Eurostat; FRONTUR; EGATUR; ICEX; INE; Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; y Ministerio de Industria y Turismo.

Con todas estas cifras sobre la mesa, que el PP reivindicaría con orgullo, es normal que los populares no debatan en el Congreso sobre el estado real de nuestras finanzas, y esa es la razón de que haya tanto ruido: un escenario dominado por la confusión les resulta más cómodo que admitir una realidad que no encaja con su apocalíptico relato.

Es verdad que España carga con el lastre del problema de la vivienda —la mayor parte de las competencias sobre vivienda recae sobre comunidades y ayuntamientos—, la precarización del mercado laboral de los más jóvenes y los bajos salarios en comparación con Europa. Pero ninguno de estos problemas constituye una prioridad para el PP.

El Partido Popular defiende desde 2007 otorgar la nacionalidad a los nietos de españoles exiliados o emigrados durante la dictadura franquista. El propio Rajoy habló de “discriminación manifiestamente injusta” porque la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, de 2007, excluía a los emigrantes económicos.

Durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, en 2022, el PP presentó una enmienda que regulaba la nacionalidad de los hijos y nietos de españoles emigrantes y que coincidía en lo esencial con el texto aprobado. Incluso así, los populares votaron en contra, y ahora Feijóo habla de “ingeniería electoral” al referirse a la ‘Ley de Nietos’ porque todo es susceptible de ser usado de forma demagógica con el fin de dañar al Gobierno de Sánchez.

Todo esto nos lleva a preguntas de alcance sobre la España que puede nacer a partir de ahora: ¿Cómo es posible que el PP asuma por completo el discurso de Vox acerca de la “prioridad nacional”? ¿Queremos vivir en un país en el que se creen diferencias reales y palmarias entre ciudadanos en función de su origen étnico o su pertenencia a un grupo? ¿Podemos normalizar los discursos de odio pensando que no tendrán consecuencias nefastas sobre la convivencia?

La democracia no se degrada solo por la violencia política, sino por el discurso que la sostiene y precede. Si Feijóo no denuncia la retórica contraria a los derechos humanos de Vox, entonces el problema no es únicamente el extremismo de los de Abascal, sino el peligroso desplazamiento del PP hacia posiciones propias de la ultraderecha, que nos sitúan en un escenario inquietante.

La salud de una democracia depende, entre otras muchas cosas, de que sus principales actores políticos mantengan un compromiso inequívoco con los límites constitucionales y la dignidad del adversario, y esas líneas rojas son precisamente las que hoy se están traspasando.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.