Lecciones de la hecatombe de Irak

La experiencia de Irak en 2003 ofrece una advertencia histórica. Se llamó Operación Libertad Iraquí, pero costó cientos de miles de vidas, generó el Estado Islámico y entregó Irak a la influencia de Irán, el país que supuestamente había que contener. Veintitrés años después, parecidos argumentos y el mismo lenguaje apuntan al régimen iraní. Washington no ha extraído lección alguna de aquella catástrofe.

La invasión liderada por Estados Unidos en 2003 fue una operación militar basada en premisas falsas —como la existencia de armas de destrucción masiva—, con el objetivo de reconfigurar la economía de Irak en favor de intereses externos. Bajo la autoridad de la Coalition Provisional Authority (CPA) y el liderazgo de Paul Bremer, el país fue sometido a una transformación neoliberal acelerada. Amparadas en la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad de la ONU, las autoridades de ocupación implementaron más de un centenar de órdenes ejecutivas que rediseñaron Irak como una economía abierta y subordinada. La Orden 39 permitió la propiedad extranjera total de empresas iraquíes y la repatriación inmediata de beneficios. La Orden 17, por su parte, otorgó inmunidad legal a contratistas no iraquíes y redujo los impuestos y aranceles de forma drástica, dejando a la economía local sin mecanismos de defensa.

La Orden 1 prohibió a los miembros del Partido Baaz ocupar cargos públicos. Esto provocó que, de la noche a la mañana, el Estado se quedara sin directores de hospitales, médicos y enfermeros, jueces, ingenieros eléctricos, gestores de agua, profesores de universidad, primaria y secundaria, y burócratas experimentados que hacían funcionar el país, lo que contribuyó a su colapso. La disolución del aparato estatal y las privatizaciones masivas generaron un desempleo que alcanzó niveles cercanos al 70%. Servicios básicos como el agua potable, la electricidad o la sanidad dejaron de funcionar en amplias zonas del país. Mientras tanto, la violencia se disparó, alimentada por el desmantelamiento del tejido social y económico y por el resentimiento contra la potencia invasora. En contraste, grandes corporaciones estadounidenses como Halliburton, Blackwater o Bechtel obtuvieron contratos multimillonarios en condiciones opacas y sin competencia real. La reconstrucción se convirtió en un negocio obsceno en el que fondos públicos y recursos iraquíes fueron canalizados hacia empresas con estrechos vínculos con la Administración estadounidense. El resultado fue una transferencia masiva de riqueza en medio del caos.

Las reformas de la CPA entraban en conflicto con el marco jurídico internacional que regula las ocupaciones militares. Tanto las Convenciones de La Haya de 1907 como el IV Convenio de Ginebra establecen que una potencia ocupante debe administrar el territorio sin alterar de forma estructural su orden económico y social. La ocupación estadounidense fue mucho más allá de la mera administración provisional, para terminar imponiendo cambios de carácter profundo y permanente. El país pasó de ser una tiranía con ciertas concesiones sociales a un sistema fragmentado, subordinado a intereses externos. La promesa de una “economía de mercado” no trajo prosperidad general, sino desigualdad, precariedad y desestructuración. La caída del régimen alteró el equilibrio regional y abrió la puerta a una mayor influencia iraní por medio del apoyo político y financiero a las milicias chiíes, lo que provocó la extensión de la inestabilidad en Oriente Medio.

La experiencia de Irak fue el resultado predecible de ignorar la complejidad de una sociedad. Con Irán, el riesgo es aún mayor

Con todo, el error de cálculo estratégico más grave de la ocupación fue la Orden 2 de la CPA, que disolvió el ejército iraquí y dejó a entre 400.000 y 500.000 militares armados sin salario ni pensiones, con un profundo sentimiento de humillación. Este vacío de poder fue aprovechado por Al Qaeda en Irak, liderada por Abu Musab al Zarqawi, que desde 2003 empezó a reclutar yihadistas y oficiales del disuelto ejército. En 2006, ambos grupos se fusionaron, proclamando el Estado Islámico de Irak. La guerra civil siria abrió un nuevo espacio de expansión, y entre 2012 y 2013 el grupo se extendió a Siria, adoptando el nombre de Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS). El resultado fue el aumento del terrorismo sectario entre chiíes y suníes que agravó la fractura de la sociedad iraquí.

No importa qué eufemismos se utilicen con el fin de moldear nuestra percepción de la realidad, el caso iraquí revela una incómoda evidencia: la guerra no solo destruye países, también puede reconfigurarlos para servir a intereses económicos ajenos. Lo ocurrido en Irak tras la invasión ha sido interpretado por diversos analistas como un proyecto de expolio sistemático, donde la ocupación facilitó la colonización económica en beneficio de empresas vinculadas a la Administración Bush. Las lecciones son claras: sin legitimidad, sin protección del tejido local y sin control democrático, las políticas de “libre mercado” impuestas desde el exterior no generan desarrollo. Irak no fue reconstruido: fue rediseñado por un conjunto de halcones neoconservadores como Dick Cheney, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, que actuaron con total impunidad. La misma lógica, con distintos nombres, opera hoy desde Washington.

Las similitudes estructurales entre Irak e Irán son inquietantes. Irán es una potencia regional con un ejército de más de medio millón de efectivos, una red de milicias aliadas extendida por Irak, Siria, Líbano y Yemen, y una economía que, pese a las sanciones, mantiene una clase media urbana nacionalista con importante formación técnica. Si la disolución del ejército iraquí bastó para generar el ISIS, la desintegración del aparato militar y revolucionario iraní generaría un vacío de poder de proporciones incalculables, con milicias armadas, tecnología de misiles y una red regional de alianzas que ninguna fuerza de ocupación podría controlar. La experiencia de Irak fue el resultado predecible de ignorar la complejidad de una sociedad. Con Irán, el riesgo es aún mayor.

La caída del régimen de Saddam Hussein desestabilizó Oriente Medio durante dos décadas y entregó Irak a la influencia iraní. Un colapso del Estado iraní no produciría una democracia liberal, sino una implosión con efectos impredecibles desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, arrastrando consigo los mercados energéticos globales y abriendo nuevos frentes para el yihadismo. Europa no tiene ninguna razón para seguir de forma acrítica las políticas de enfrentamiento de Estados Unidos e Israel con Irán, más aún cuando las consecuencias económicas de un nuevo conflicto en la región serían devastadoras para Occidente. La historia reciente no nos permite ser optimistas. ¿Qué podemos esperar de la pretendida liberación de Irán por parte de quienes, como Trump y Netanyahu, ya demostraron en Gaza que el coste humano no figura entre sus prioridades?

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.