Entre Badajoz y Elvas, la localidad portuguesa más próxima a la frontera, apenas hay 20 kilómetros. Aunque el tránsito de personas entre ambas ciudades es diario y constante, no existe una ruta de autobús con horarios prácticos que dé cobertura a esa movilidad. Évora, la capital del Alentejo, con 55.000 habitantes y una importante universidad, está más cerca de Badajoz que de Lisboa: la separan de la ciudad extremeña unos 100 kilómetros por autovía. Sin embargo, ningún transporte público conecta a sus residentes, ni a los de los municipios de alrededor, con el aeropuerto pacense.

“Son solo dos ejemplos para explicar que, aunque no hay frontera física, los territorios vecinos no comparten recursos. No hemos sido capaces de asimilar que la llamada La Raya es invisible”, expone Jesús Pérez-Mayo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura (Uex). “Nadie en Badajoz monta un negocio sin pensar en los clientes que vendrán de las ciudades portuguesas vecinas, porque son fundamentales, y viceversa. Pero después, a la hora de llevar a la práctica esa puesta en común, no hay iniciativas”, añade.

Hace unas semanas, en un acto nacional de Nueva Economía Fórum celebrado en Madrid, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, volvió a poner sobre la mesa la idea de una alianza entre España y Portugal que pudiera traducirse en una potente nación de 60 millones de habitantes dentro de la Unión Europea. “Ojalá un Benelux Ibérico”, expresó ante los presentes de ese foro. Entre los asistentes se encontraba el embajador luso, José Augusto Duarte, que respondió así a esta propuesta: “Lo que sea bueno para Badajoz, lo será para Portugal”. Además, Duarte dejó claro que el proyecto de eurorregión es una prioridad para su país, aunque aseguró que su impulso depende de las administraciones locales.

El profesor de la Uex matiza esa idea: “Pero es que el Benelux ya lo tenemos. Ese tratado de Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo fue el germen de la UE; en este caso ya disponemos de moneda única y libre circulación. Ahora lo que hacen falta son decisiones políticas”. Pérez-Mayo sí aprecia una evolución de las relaciones económicas entre Extremadura y el Alentejo, dos regiones marcadas por el envejecimiento de su población y por situarse entre las más pobres de sus respectivos países.

Por eso insiste en la necesidad de implicación política a ambos lados de La Raya: “Porque España mira hacia el Mediterráneo y Portugal hacia el Atlántico; es necesaria una visión conjunta, global, para hacer contrapeso”.

En el citado foro, Gragera resaltó también la importancia de avanzar en la línea de AVE Madrid-Badajoz-Lisboa (que acumula décadas de retraso) y en potenciar la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, situada justo en la frontera. En ambos proyectos, la reclamada estación internacional Badajoz-Elvas será clave.

Pero más allá de las declaraciones del alcalde pacense y de la repercusión de sus palabras, no hay un plan concreto. Solo un deseo al aire y algunos antecedentes.

De la cooperación transfronteriza con Extremadura como protagonista se viene hablando desde hace décadas. Guillermo Fernández Vara, quien fuera presidente de la Junta, diseñó el llamado Plan Portugal durante su primera legislatura, hace casi 20 años. El objetivo principal era fortalecer relaciones e intereses comunes entre el país vecino y la comunidad autónoma en materia sanitaria, cultural y educativa.

En su segundo mandato, que arrancó en 2015, volvió a ponerlo sobre la mesa: "¿Dónde se construye más Europa? ¿En los grandes foros que nadie entiende o en las fronteras?", defendía entonces. La intención estaba ahí.

Hubo ejemplos de esa alianza llevada a la práctica, como el acuerdo sanitario entre Extremadura y el Alentejo, concretamente entre el área de salud de Badajoz y los centros hospitalarios de Elvas. En 2006 se firmó un protocolo de asistencia a la mujer embarazada que permitía el seguimiento de la gestación y la atención en el parto a aquellas que procedían de municipios cercanos al otro lado de La Raya. En aquel momento, el ala de maternidad elvense echaba el cierre y los vecinos lusos perdían un servicio básico.

Entre 2006 y 2011 se atendieron en Badajoz 1.000 partos de mujeres portuguesas, además de 2.000 ingresos y unas 3.500 urgencias. El convenio daba cobertura tanto a los recién nacidos sanos como a los que presentaban alguna patología y debían quedarse ingresados.

Actualmente lo que queda es la normativa común europea, según la cual cualquier mujer deber ser atendida en Urgencias si está de parto. Pero ya no existe seguimiento previo ni atención posterior.

La desaparición de este protocolo supuso, por una parte, una descarga de trabajo para los sanitarios del área pacense. Pero, al mismo tiempo, el hospital de Badajoz perdió la posibilidad de acceder a programas europeos con los que, por ejemplo, pudo adquirir un TAC para el estudio de pacientes oncológicos.

Lo que sí sigue generando actividad es la eurorregión Euroace, formada por Extremadura, el Alentejo y la región Centro de Portugal. Se creo en 2009 y desde entonces se encarga de potenciar las relaciones entre administraciones, universidades, empresas y organizaciones sociales, además de impulsar proyectos conjuntos financiados por la Unión Europea.

Una de las personas más implicadas en promover esta eurorregión desde el ámbito académico es Luis Fernando de la Macorra, profesor ya jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uex y experto en las relaciones entre España y Portugal.

Lo primero que plantea De la Macorra es que el nombre más adecuado para definir esta alianza sería Consejo/Conselho Ibérico. “Podría seguir el ejemplo del Benelux o del Consejo Nórdico de los países escandinavos e Islandia”, explica.

Desde su punto de vista, no se debe reducir solo a la suma de dos economías, “sino a la creación de un espacio capaz de aprovechar mejor sus recursos, su situación geográfica y sus capacidades humanas y tecnológicas”. Considera que la posición estratégica entre Europa y el Atlántico permitiría una fuerte competitividad internacional.

“No sería diluir las identidades nacionales, sino construir una comunidad de intereses con más oportunidades para ambos países”, aclara.

En este contexto, Extremadura se convertiría en ejemplo de “cómo cambia la geografía cuando se adopta una perspectiva ibérica”: dejaría de ser solo un territorio de paso para convertirse en un espacio de encuentro.

Para De la Macorra, ese Consejo Ibérico debería levantarse sobre tres pilares. El primero, institucional y político, basado en la coordinación entre administraciones. El segundo, social y ciudadano, con un papel activo de universidades, asociaciones, empresas y sindicatos, entre otros. Y el tercero, el cognitivo o estratégico, concebido como un laboratorio de ideas con especial atención a la inteligencia artificial y la transición energética.

“No se trata de crear una nueva burocracia ni se plantea una unión política, sino la construcción progresiva de un espacio cada vez más profundo y eficaz”, subraya. Y añade: “La cooperación económica, científica, tecnológica, educativa y cultural puede avanzar mucho antes que cualquier debate institucional”.

En cuanto al papel de las infraestructuras, este docente de la Uex asegura que son esenciales “porque convierten la alianza en una realidad tangible”. De ahí la importancia de la alta velocidad entre Madrid y Lisboa y de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, que conectaría con los puertos atlánticos portugueses. Se conformaría así un eje vertebrador en el espacio ibérico.

No obstante, advierte, “las infraestructuras son una condición necesaria, pero insuficiente si no se integran en una estrategia más amplia de colaboración económica, científica, educativa y cultural”.

De la Macorra destaca acciones que ya se han puesto en marcha y pueden servir como paradigma, como Transcom Euroace, una iniciativa que apuesta por comunidades energéticas transfronterizas y redes compartidas de autoconsumo.

Cree que ese es el camino, pero insiste en la defensa de una idea global para que el Consejo Ibérico funcione: “Seguimos demasiado centrados en proyectos sectoriales sin apostar por un verdadero espacio funcional”. Dentro de ese espacio, considera primordial la creación de un mercado laboral transfronterizo: “Hay muchas barreras administrativas para que un extremeño trabaje en Portugal o un portugués en Extremadura”.

Hasta ahora, el debate se ha centrado sobre todo en análisis políticos y económicos. Pero la perspectiva sociológica influye igualmente en la idea de unión. “Las fronteras europeas son inexistentes, hay libre circulación de personas y mercancías, pero los muros que tenemos son identitarios, porque el sentimiento nacionalista, el sentimiento de pertenencia a valores comunes, manda”, expresa Manuela Caballero, socióloga y profesora de la Uex.

Y recurre a las huellas de la historia para explicar las relaciones a ambos lados de La Raya: “La alianza militar de Portugal fue con Inglaterra, se sentían defendidos por este país”, recuerda. Y en cuanto al papel de España, el país vecino, bromea: “Solo hay que mirar hacia donde apuntan los cañones de la fortaleza defensiva de Elvas…”.  

“Siempre ha habido proyectos para limar asperezas —prosigue Caballero—, pero continúan existiendo grandes diferencias cuando se habla de esa idea de crear la gran Iberia”.

No obstante, sí destaca programas de colaboración con la Universidad de Évora. También afirma que ya es habitual que en sus clases haya alumnos portugueses. Para esta profesora de la Uex, la evolución es evidente, “sobre todo porque en Extremadura y el Alentejo tenemos muchas cosas en común, por ejemplo, el peso de la agricultura”.      

En este contexto de impulso a un especio ibérico basado en la cooperación y las alianzas, Caballero lanza una última reflexión sobre otro concepto defendido desde Extremadura, la llamada prioridad nacional: “Llegan estas ideas de replegarse a las esencias, que a algunos les viene bien para diferenciarnos, pero a la vista está que son mensajes contradictorios”.

“Nos quieren vender la idea de que es dinero tirado a la basura, dinero que sale fuera y se pierde. La cooperación internacional crea puestos de trabajo, como el mío, con el que pago mi casa en mi pueblo y con el que cotizo en España. Somos muchos los que, siendo jóvenes, nos hemos formado en este campo y hemos logrado aplicar una gran profesionalidad a cada proyecto para que todo esté muy medido. Nuestra región era un ejemplo y un faro a seguir, y lo vamos a perder”, expresa la extremeña Marina del Barrio Rodríguez.

Ella es de Azuaga, en la provincia de Badajoz, tiene 35 años y hace estas declaraciones desde Perú, concretamente desde la región de Loreto, donde forma parte de un programa de prevención de la violencia en niñas y mujeres. Entre otras batallas, intenta evitar que adolescentes menores de edad se queden embarazadas.

Tuvo su primera experiencia sobre el terreno en El Salvador gracias a un proyecto de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid), hace siete años. También ha estado en Colombia. Y ha trabajado en la Asociación Malvaluna de Mérida, que presta ayuda a mujeres víctimas de la violencia machista. La labor que ahora desarrolla cuenta solo con fondos nacionales y de la Generalitat Valenciana: no hay dinero extremeño.   

“Siento una enorme tristeza porque Extremadura va a sufrir el mayor recorte en solidaridad y eso va a suponer dejar programas a medias y abandonar a las poblaciones. Si no llegamos nosotros a determinados lugares, hay vacíos, y aparecen otras cosas, como las guerrillas o las agresiones medioambientales”, se lamenta Del Barrio.

También se indigna por la visión que se quiere transmitir sobre el significado de la cooperación internacional: “Es un recurso que nos demuestra que la migración está a la orden del día, porque nos vamos a seguir marchando a donde haga falta en busca de una mejor vida”. Al hilo de esta reflexión, añade: “Mi familia se tuvo que ir a Suiza, a Alemania, a Bélgica…”.

A su testimonio se une el de Javier Martín, del municipio de Segura de Toro, en la provincia de Cáceres. Tiene 66 años y ha dedicado toda su carrera a la cooperación. Empezó en 1992, en la guerra de los Balcanes, y ahora sigue como voluntario en Sahel, en Mali. Además, preside el Movimiento Extremeño por la Paz (MEP). Está especializado en situaciones de emergencia humanitaria en escenarios de desastres naturales y de conflictos armados.

Tras décadas de vivencias sobre el terreno, argumenta: “Sin estos proyectos, los jóvenes pierden la oportunidad de prosperar en su tierra. Al truncar estas alternativas económicas que se les ofrecen, se les empuja a dos salidas desesperadas: caer en las redes de reclutamiento de grupos extremistas o jugarse la vida en rutas migratorias mortales hacia Europa. Reducir el dinero de los programas de cooperación contradice el propio discurso en el que tanto se insiste. Al ahogar la ayuda en origen, se destruye el único freno real y humano a la migración forzosa, agravando la crisis humanitaria en las fronteras”.

Y prosigue: “No es solo un ajuste de cuentas en un despacho, es el desmantelamiento de un tejido solidario, social y técnico que ha tardado mucho en construirse”.

Martín traza también una comparación con la propia historia de Extremadura: “Perder este recurso significa que nuestra región le da la espalda a la solidaridad entre los pueblos, y a nuestra propia memoria, empobreciéndose éticamente al olvidar que hace solo unas décadas los extremeños eran quienes buscábamos un futuro lejos de casa, como hicieron mis padres”.

Las críticas y paradojas que ambos plantean son la respuesta y el análisis ante la reciente decisión de la Junta. En los presupuestos regionales de 2026, que ya han sido presentados por el PP y apoyados por Vox, se cumple uno de los puntos recogidos en el acuerdo que la derecha y los ultras firmaron para que hubiera gobierno regional: un recorte sin precedentes a la cooperación internacional.

Así, de los casi 11 millones de euros que se destinaban a este apartado se ha pasado a 2,7 millones. Si ya la primera cifra apenas representaba un 0,12% del montante total, ahora la cantidad queda rebajada a solo un 0,03%. Las cuentas planteadas para este año (o más bien para los meses que quedan de él) llegan a los 8.854 millones de euros y la Junta presume de que es la mayor cifra presupuestaria de la historia de Extremadura.

Esta merma ha provocado la “renuncia” de la directora de la Aexcid, Isabel Belloso Bueso, cuyo puesto no se va cubrir porque no se considera necesario.

Conviene recordar que las competencias de la cooperación internacional están en la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, una cartera que dirige Óscar Fernández Calle, uno de los miembros de Vox que forma parte del Consejo de Gobierno y que además es vicepresidente del Ejecutivo regional.

Fernández Calle argumentó que la salida de Belloso supondrá un ahorro de “85.000 euros anuales”. “No vamos a poner a nadie para que esté cobrando un sueldo sin hacer nada prácticamente”, ha afirmado.

Sus palabras no quedaron ahí: “Hemos recortado 10 millones de euros en asociaciones y entidades que promueven la inmigración masiva y descontrolada y en cooperación para cubrir muchas de las necesidades de los extremeños en nuestra tierra”, subrayó. También se refirió, por ejemplo, a duplicar las ayudas a la natalidad con el convencimiento de que esta medida fomentará que haya más nacimientos en la región.

Tras estas manifestaciones, el veterano cooperante Javier Martín asegura: “Reducir el presupuesto al 0,03% asfixia a unas 60 organizaciones, forzando unos 200 despidos y la pérdida de profesionales extremeños muy especializados”.

Tanto él como su compañera Marina del Barrio destacan también que parte de los fondos de cooperación se destinan a la Educación para la Ciudadanía Global en Extremadura, por lo que se recortará “en talleres y charlas en colegios e institutos que educan en tolerancia, diversidad y derechos humanos, debilitando la empatía de las nuevas generaciones”.

La decisión de la Junta ha provocado críticas e indignación en diversos sectores. Por ejemplo, desde las delegaciones de Personas Migrantes y Refugiadas de las diócesis extremeñas pidieron en un comunicado que se diera marcha atrás: “Con la cooperación internacional ganamos todos y no pierde nadie. Y recibimos ayudas de otros pueblos de Europa”, rezaba el escrito.

Desde la Coordinadora Extremeña de ONGD resaltan que se “destruye el trabajo de 30 años de solidaridad” y que se deja de “cumplir con los compromisos internacionales”.

El recorte puesto sobre el papel que aplicará la Junta afecta igualmente a las entidades que prestan servicio a quienes llegan de fuera, por ejemplo, la Asociación Migrante-Obrera (Amoex): “Rechazamos la criminalización hecha al trabajo de acompañamiento de personas migrantes en la región. Esta labor se encuentra amparada por la legislación internacional de los Derechos Humanos, por la normativa europea y la Constitución Española”, resaltan.

Entre otras funciones, Amoex ayuda a personas de distintos países en el proceso de regularización. Esta asistencia también la presta el Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura (Las Migrantas), que han decidido renunciar a dos subvenciones gestionadas por la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia “por coherencia”. 

Desde Las Migrantas afirman: “El trabajo que hacemos está centrado en la defensa de los derechos de las personas migrantes, refugiadas y exiliadas, en visibilizar sus aportaciones y en promover un enfoque que dignifique la movilidad humana. Ese trabajo es incompatible con discursos que presentan la migración como un problema y que contribuyen a su estigmatización”.

La denuncia por los recortes es evidente, pero desde la consejería de Vox ya han remarcado que “no hay marcha atrás”.

El juicio por la contratación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha quedado este martes visto para sentencia tras concluir la lectura de los informes definitivos de las defensas que piden de forma unánime la absolución para los once acusados.

En el derecho a la última palabra, que David Sánchez ha declinado ejercerla, el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo ha afirmado que "la única culpabilidad" de los once acusados es "no tener las mismas ideas (políticas) que las acusaciones populares", entre las que figuran las del PP, Vox y HazteOir.

A juicio de Gallardo, para quien se piden hasta seis años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, las acusaciones populares no tenían interés en lo que pasaba en el plenario, pues solo han buscado "el juicio mediático paralelo".

"Han ganado el juicio socialmente", ha agregado. 

En ampliación

La Fiscalía ha pedido la absolución para los once acusados en el juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, al entender que, de la instrucción practicada y de las pruebas objeto del juicio, "no están acreditadas las acusaciones".

Su petición supone una ratificación de su criterio, pues ya pidió el archivo del procedimiento y elevó su solicitud de absolución en su informe provisional ante la sala.

La fiscal de este proceso, Begoña García Boró, ha elevado a definitivo este informe tras el turno de las siete acusaciones populares, que mantienen sus peticiones de prisión para David Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por presuntos delitos de tráfico de influencias en concurrencia con la prevaricación.

Tal como ha subrayado, a lo largo de los procesos de creación y adjudicación de las plazas tanto de David Sánchez (coordinador de los conservatorios) como de Luis Carrero (jefe de actividades transfronterizas) no hubo alegaciones, advertencias ni recursos dirigidas a la presunta ilegalidad de los mismos.

"Ni tan siquiera de otros partidos políticos”, en alusión al PP, durante el pleno de la Diputación que aprobó esta plaza, elevada con criterios de "publicidad, mérito y capacidad”.

García Boró le ha recordado a las acusaciones populares, que en la sesión de este lunes han criticado la posición de "defensa" de los acusados por parte de la acusación pública, que la Fiscalía respaldó todo el proceso de instrucción llevado a cabo por la jueza Beatriz Biedma y que la intervención de los correos se ajustó a la ley.

También ha defendido el informe de la UCO por lo que respecta a los correos intervenidos al contener "datos objetivos”, los cuales, sin embargo, “no pueden ser interpretados” como sí han hecho las acusaciones populares.

Además, ha expuesto que en una misma persona no pueden concluir los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El puesto de trabajo adjudicado a David Sánchez “ya existía”, ha manifestado la fiscal, pues se contaba con un puesto de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales hasta que se produjo la jubilación de su responsable. A partir de ese momento, fue asumido por profesores “fuera del horario laboral e incluso durante los fines de semana”.

En este marco, la fiscal ha detallado que esta responsabilidad dependía desde el punto de vista académico a la Junta de Extremadura, de ahí que los responsables de Cultura provincial no pudieran solicitar el puesto al ser una atribución “ajena a sus funciones”.

Ha remarcado que de los testimonios de testigos y acusados se desprende de que David Sánchez "tenía despacho y acudía a su trabajo" a pesar de la denuncia de absentismo de las acusaciones populares.

El abogado de David Sánchez también ha pedido este lunes la absolución de su defendido porque todos los indicios en su contra han quedado mutilados y ha afeado a las acusaciones populares por "desfigurar la verdad" y hacer "filtraciones interesadas".

Al inicio de la exposición de sus conclusiones finales, Emilio Cortés ha criticado que las acusaciones hayan insistido en mantener el delito de tráfico de influencias contra su cliente cuando no se sabe quién es "el influyente" y "cuál es la influencia".

Ha expuesto que la denuncia (la presentó Manos Limpias) partió de una compilación de "recortes de prensa" propia de "la España cañí" y ha subrayado que las acusaciones populares, de "sesgo unívoco", han actuado impulsadas por "las ganas poder derrotar a un Gobierno".

"Todos los indicios de la creación de la plaza están mutilados", ha agregado el letrado para avalar su petición de absolución para David Sánchez, para el que se piden hasta seis años de prisión por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Cortés ha criticado a la acusación del PP por elevar unas conclusiones que suponen "una maniobra contra la buena fe procesal" al introducir una modificación de delitos (incorpora el de cooperador necesario o inductor en la prevaricación a cambio del de aceptación de nombramiento ilegal) cambiando los hechos en la fundamentación jurídica.

"Lo que sale por la ventana, entra por la puerta", ha incidido sobre esta cuestión. "Aquí nadie ha demostrado la madre del pecado", ha dicho Cortés sobre los tres hechos objetivos del proceso: la creación y adjudicación de las plazas en la Diputación pacense tanto de David Sánchez como de Luis Carrero, amigo personal del anterior, y del cambio de nomenclatura del contrato del hermano del presidente del Gobierno.

A su juicio, "la percha" de las acusaciones "no se puede colgar en el armario" de su cliente ya que, según ha remarcado, "no existe ningún signo objetivo" de que David Sánchez "obrara a sabiendas".

"No hay ninguna prueba de cargo" para sostener las acusaciones, ha reiterado el letrado de David Sánchez, que se ha mostrado crítico con la testifical del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas, después de que este respondiera con una pregunta: "¿Le parece poco?" al ser cuestionado por un abogado si no había "correos más relevantes" relacionados con los hechos objeto de la acusación.

"Revela muchas cosas", ha apuntado Cortés, quien ha llegado a preguntarse en tono irónico por qué no se ha acusado a David Sánchez y al resto de procesado de "organización criminal" a tenor de "la dialéctica utilizada" por las acusaciones populares.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo han negado este jueves cualquier intervención en la creación o adjudicación de los puestos de trabajo que están siendo investigados en el juicio que se celebra en la Audiencia de Badajoz por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Ambos han comparecido en una nueva sesión de la vista oral en la que las acusaciones sostienen que la plaza ocupada por David Sánchez y la posteriormente creada para Luis Carrero, amigo personal suyo, fueron diseñadas de forma irregular.

David Sánchez, que únicamente respondió a las preguntas de su abogado, Emilio Cortés, rechazó haber influido tanto en la creación de su puesto de coordinador de actividades de los conservatorios provinciales como en la posterior contratación de Carrero como jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas.

Durante una declaración que se prolongó durante unos diez minutos, aseguró que tampoco solicitó el cambio de denominación de su cargo, que pasó a llamarse jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según explicó, la modificación respondió al aumento de proyectos musicales y culturales que gestionaba y no supuso ninguna variación salarial.

Sánchez describió la Oficina de Artes Escénicas como una estructura de coordinación entre los conservatorios provinciales y el programa Ópera Joven, destinada a conectar alumnado, profesorado, agrupaciones instrumentales y actividades culturales. También afirmó que no disponía de un despacho estable y negó haber solicitado la retirada de su régimen de incompatibilidades.

Respecto a Luis Carrero, reconoció la amistad que les une desde hace años, pero insistió en que no participó ni en la creación ni en la adjudicación del puesto que este ocupó en la Diputación. Según relató, se limitó a comunicarle que había escuchado que Cultura iba a incorporar un refuerzo de personal "por si le interesaba". Además, sostuvo que Carrero no podía sustituirle en sus funciones porque estas requerían una formación musical especializada que su amigo no poseía.

Tras la declaración de Sánchez compareció Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz cuando se creó la plaza investigada. Gallardo negó "con rotundidad" cualquier irregularidad en el proceso y aseguró que nunca intervino en la elección de la persona que debía ocupar el puesto.

El dirigente socialista explicó que la creación de la plaza se planteó durante la preparación de los presupuestos de 2017 como respuesta a una necesidad detectada por el Área de Cultura para coordinar la actividad de los conservatorios provinciales. Según afirmó, en aquel momento no pensó "absolutamente" en ninguna persona concreta para desempeñar esa responsabilidad.

Gallardo sostuvo además que en octubre de 2016 no mantenía una relación fluida con Pedro Sánchez ni era consciente siquiera de que tuviera hermanos, por lo que rechazó haber obtenido algún beneficio político derivado de la contratación de David Sánchez.

Durante su declaración defendió que la finalidad del puesto era coordinar la intensa actividad generada por los alumnos de los conservatorios y facilitar que sus actuaciones llegaran al conjunto de la provincia. También negó haber participado en el cambio de denominación de la plaza acordado en 2022, al considerar que se trató de una cuestión técnica sin repercusión económica.

El expresidente provincial justificó igualmente que el puesto tuviera carácter directivo y no funcionarial, argumentando que ello permitiría amortizar la plaza con mayor facilidad si la Diputación dejara de asumir en el futuro esas competencias.

Gallardo rechazó además haber presionado al área de Recursos Humanos para acelerar la convocatoria de la plaza y atribuyó las críticas sobre los plazos de creación y adjudicación a un desconocimiento del funcionamiento de la administración pública.

La sesión se celebró después de que ambos fueran señalados por las acusaciones por presuntas irregularidades en la creación y provisión de los puestos investigados. Las acusaciones piden para David Sánchez tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, después de que el tribunal retirara uno de los delitos de los que lo acusaban. Año y medio solicitan para Miguel Ángel Gallardo que ya no será juzgado por su presunta implicación en las supuestas irregularidades en la contratación en la diputación de Badajoz de un amigo del hermano del presidente.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, no será juzgado por el delito de aceptación de nombramiento ilegal al considerar que ha prescrito, según ha determinado el tribunal de la Audiencia de Badajoz, que mantiene los delitos de tráfico de influencias y prevaricación.

Asimismo, el tribunal ha acordado no atribuir al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, otro de los once acusados, cualquier hecho punible relacionado con la contratación de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y también acusado, como jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

El tribunal considera que se trata de una acusación "sorpresiva", pues durante la instrucción y su interrogatorio "no fue informado sobre los mismos ni tampoco fue descrito como hecho punible".

Estas cuestiones previas han sido admitidas por el tribunal, que ha dado a conocer su resolución al inicio de la segunda jornada del juicio por la contratación de David Sánchez por la Diputación pacense.

El resto de cuestiones que plantearon las defensas en la primera sesión, celebrada el pasado jueves, han sido rechazadas, entre ellas la nulidad de la investigación y la pérdida del derecho fundamental de tutela judicial efectiva de los investigados, pues fueron miles los mensajes de correos electrónicos personales analizados.

La nulidad fue planteada por las defensas al considerar que los delitos fiscales y de malversación que figuraban en la denuncia inicial de Manos Limpias -junio de 2024- que abrió la investigación no son los que finalmente dieron pie al escrito final de apertura de juicio oral (tráfico de influencias y prevaricación).

Tanto David Sánchez como Gallardo, para quienes se solicitan tres años de prisión, declararán inicialmente entre los días 4 y 5, una vez lo hagan los nueve acusados restantes y los 42 testigos.

La defensa de David Sánchez ha planteado la nulidad de las actuaciones contra su patrocinado al entender que atentan contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, pues los hechos de la denuncia inicial no son objeto del juicio y que el procedimiento supone "una investigación prospectiva"

"La raíz está podrida, como expone la teoría anglosajona", ha expuesto Emilio Cortés, letrado del hermano del presidente del Gobierno, en su exposición de cuestiones previas en el inicio del juicio a su cliente por tráfico de influencias y prevaricación, que desde este jueves acoge la Audiencia Provincial de Badajoz.

En su intervención, ha subrayado "la inspiración de signo político" de las acusaciones populares, entre las que figuran Vox, Manos Limpias y HazteOir, en la denuncia inicial, en la que se recogía "el abultado patrimonio" de su cliente, absentismo laboral, delitos fiscales, malversación y se sustentaba la misma con recortes de prensa.

De hecho, las acusaciones unen el objeto de este juicio con "la trama de Aldama", en cuyo proceso, "curiosamente, no aparece David Sánchez".

"Es todo pura invención y mentira; una falacia", ha elevado Emilio Cortés. "No levante el tono de voz", le ha pedido el presidente del Tribunal, José Antonio Patrocinio Pérez.

Por todo ello, el abogado de David Sánchez ha expuesto que los delitos que son objeto de este juicio surgen de "una investigación prospectiva", lo que atenta al derecho fundamental de tutela judicial. Esta misma exposición ya fue rechazada en fase de instrucción tanto por la juez Beatriz Biedma como por la propia Audiencia.

Asimismo, ha elevado objeciones al proceso de incautación de los correos electrónicos —la UCO analizó varios miles de mensajes—, pues estaban referidos a la denuncia inicial y, a partir de ahí, surgen "hallazgos casuales" que tampoco sustentan indicio alguno.

Bajo estos mismos parámetros, Juan José Torres, el abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido que la sala considere la nulidad parcial al considerar que el auto de apertura de vista oral incluye presuntos hechos delictivos de su defendido sobre los que no se le tomó declaración en la fase de instrucción.

En concreto, ha hecho referencia al proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, el cual fue adjudicado a Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez.

A Gallardo, ha dicho su letrado, no se le tomó declaración en relación a esta acusación, la cual “no estaba incluida” en el auto de apertura del juicio.

Tras citar distinta jurisprudencia, Torres ha subrayado la obligación del instructor de tomar declaración a la persona investigada por los hechos objeto de acusación.

"Nadie puede ser llevado a juicio oral” sin ser preguntado en fase de instrucción, ha agregado en referencia al citado proceso del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

Las acusaciones populares, que sostienen que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran "un mero paripé", han declinado presentar cuestiones previas.

Al inicio de la vista, el Tribunal ya ha anunciado que el juicio se extenderá al menos hasta el día 9 de junio, pues son 42 testigos y 11 investigados, con siete acusaciones y el Ministerio Fiscal.

Las acusaciones particulares en el juicio a David Sánchez han expresado su rechazo a las cuestiones previas planteadas por las defensas, como la nulidad parcial del auto de apertura del mismo y la falta de tutela judicial, al entender que suponen "un auténtico dislate", pues estas ya fueron rechazadas tanto por la jueza instructora como por la Audiencia de Badajoz.

Tras la intervención de los letrados de los 11 investigados, que han planteado otras cuestiones, como la prescripción de delitos para algunos de ellos y una instrucción "prospectiva" que partió de un delito fiscal y que ha derivado en prevaricación, los letrados de las siete acusaciones populares (HazteOir, Fundación de Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa, Manos Limpias, PP y Vox) han expuesto este jueves sus opiniones a las mismas.

Respecto a dicha "investigación prospectiva", lo que atenta —según las defensas— al derecho fundamental de tutela judicial, las acusaciones han recordado que también existe el concepto de "cristalización progresiva" de la investigación judicial.

En relación con la petición del letrado del expresidente de la Diputación de Badajoz de nulidad parcial, el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha afirmado que "no es un delito aislado".

A Gallardo no se le tomó declaración, según ha dicho el abogado de este, Juan José Torres, sobre el proceso de creación y adjudicación del puesto de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, otra de las piezas de acusación de este juicio. "Está relacionado", ya que este puesto recayó en Luis Carrero, también investigado y amigo personal de David Sánchez, ha apuntado Bueno.

Las defensas también habían planteado al inicio de la vista de que no tiene sentido de que algunos de los acusados estén sentados en el banquillo por supuestos indicios, mientras que otras personas que fueron objeto de pesquisas, en referencia al que fuera diputado de Recursos Humanos de la Diputación Antonio Garrote, no figuran como investigados.

Esta reflexión viene enmarcada en el criterio de las defensas de que la jueza instructora Beatriz Biedma ha evitado de que el proceso pasara al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pues Garrote estaba aforado durante la fase final de la instrucción.

"La imputación depende de las acusaciones, no de las defensas", ha afirmado el abogado de HazteOir, Javier María Pérez Roldán, quien, además, ha recordado que el Ministerio Fiscal tampoco consideró acusar a Garrote y ha defendido la imparcialidad tanto de la jueza instructora como de la Audiencia pacense.

En un tono muy crítico, Marta Castro, abogada de Vox, ha afeado a las defensas por querer eliminar cualquier relación del proceso de creación de la plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación y la adjudicación de la misma a David Sánchez con el PSOE.

"¿Cómo que no tiene nada que ver Pedro Sánchez en todo esto?", se ha preguntado Castro, para quien en estos hechos "sobrevuela" la vinculación de Pedro Sánchez en el "traje a medida" que diseñó la Diputación para su hermano.

En su exposición, el Ministerio Público se ha adherido a la cuestión previa planteada por el abogado de Gallardo y ha planteado que "la aceptación de nombramiento ilegal", si así se demuestra y en referencia a David Sánchez y el puesto de coordinador, es un delito leve y que ha prescrito.

La fiscal Begoña García Boró ha considerado que no hay falta de tutela judicial sobre los investigados, ve legítima las bases sobre las que las acusaciones sustentan el delito de prevaricación, pero no el de tráfico de influencias.

Al final de la vista de este jueves, el Tribunal ha remarcado su imparcialidad tras los planteamientos de recusación que ya elevaron las defensas.

Asimismo, ha anunciado que el próximo lunes, 1 de junio, dará a conocer su resolución a las cuestiones previas elevadas, por lo que este viernes no habrá sesión.

Manos Limpias ha afirmado que “no hay ni un solo correo, llamada o injerencia” directa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la contratación de su hermano por parte de la Diputación de Badajoz.

Tras finalizar la primera sesión del juicio por este contrato, el abogado de Manos Limpias ha afirmado que el Tribunal actuó bien al desunificar las siete acusaciones populares personadas en la causa, las cuales actuaron como una sola durante la fase de instrucción.

Sin embargo, y con motivo del inicio del juicio, la Sala decidió la disolución de la acusación popular que hasta ese momento representaba Manos Limpias y que agrupaba también a HazteOir, Vox, Abogados Cristianos, Liberum, Iustitia Europa y PP.

Bueno ha reconocido discrepancias, por ejemplo con Vox, cuya letrada Marta Castro ha apuntado que en los hechos que aquí se juzgan "sobrevuela" la vinculación de Pedro Sánchez en el "traje a medida" que diseñó la Diputación para su hermano.

Bueno ha afirmado que nadie va a dar lecciones a Manos Limpias en ser beligerante con Pedro Sánchez, cuyos problemas judiciales "se basan en denuncias” de esta entidad “a las que luego se han sumado otros si la cosa sale bien”.

“Manos Limpias es defensora del principio de legalidad, y en esta causa, y por mucho que Vox quiera plantear lo contrario por intereses electoralistas, el nombre de Pedro Sánchez no aparece en ningún sitio, pues no hay ni un solo correo, ni una sola llamada ni una sola injerencia”, ha dicho.

A juicio de Bueno, David Sánchez, "por supuesto, fue un beneficiado de la Diputación de Badajoz dirigida por el expresidente provincial Miguel Ángel Gallardo". "Probablemente —ha añadido— por ser hermano de quien es, pero no a causa de su hermano... lo que es algo distinto”.

Esta cuestión “no quiere decir que Manos Limpias cambie o sea defensora de Pedro Sánchez, sino que es defensora de la legalidad”.

También a su salida de la sede judicial, el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, ha manifestado que las defensas de los 11 investigados en la causas “tienen miedo a que se celebre el juicio y se vea la verdad", tras conocer que estas han llegado a pedir la nulidad parcial de las actuaciones.

Las defensas de los acusados no han realizado declaraciones.

El foco mediático nacional vuelve a Extremadura, esta vez a Badajoz. Este jueves 28 de mayo arranca el juicio oral por el presunto enchufe de David Sánchez en la Diputación pacense: la Audiencia Provincial decidirá si el hermano del presidente del Gobierno accedió de forma irregular a una plaza, si posteriormente ese puesto se adaptó a sus necesidades en beneficio propio y si, además, colocó a un amigo —un exasesor de Moncloa— para que trabajara con él. También se dictaminará quiénes fueron los implicados en un proceso en el que, según las acusaciones, se intentó dar “apariencia de legalidad”. Además de Sánchez, están acusados Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la institución provincial y exlíder del PSOE de Extremadura; el citado amigo, Luis Carrero; y otras ocho personas, entre ellos políticos y trabajadores de la Diputación. Se les atribuyen delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Hay 42 testigos citados, entre ellos, Álvaro Jaén, quien fuera líder regional de Podemos y el primero en denunciar —ante los medios de comunicación, no en los tribunales— la creación de esta plaza y su adjudicación a Sánchez. Jaén pidió explicaciones porque, según afirmó entonces, “no existía tribunal, solo una entrevista en el despacho”. Fue en 2017.

La crítica de Podemos retumbó en Madrid y le contestó, entre otros, el entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos: "Aquí la pregunta es: ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar un puesto? ¿No emigrar?", subrayó.

Pero la polémica pasó de largo hasta que, siete años después, en 2024, el PP extremeño volvió a situar al hermano del presidente del Gobierno en el centro de la diana. Lo acusó de querer evadir impuestos porque trabajaba en Badajoz y tributaba en Elvas, una localidad portuguesa de La Raya, a 20 kilómetros de la capital pacense, donde tiene fijada su residencia oficial. Los populares aseguraron también que Sánchez no acudía a su puesto de trabajo “porque no fichaba por las mañanas” y que “se le había subido el sueldo por un cambio de funciones sin ningún proceso selectivo de por medio”.

Las recriminaciones del PP fueron recogidas por el colectivo ultra Manos Limpias, que las convirtió en una denuncia que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, admitió a trámite.

Un informe de la Agencia Tributaria evidenció posteriormente que no existía fraude a la Hacienda Pública, que su domicilio fiscal en Portugal no entraba en conflicto con ser empleado público en España y que se resolvía con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Por su parte, el BBVA desmintió que acumulara 1,4 millones en acciones, como sostenía la querella del colectivo ultra insinuando un enriquecimiento ilícito.

Pero el periplo judicial por la plaza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz continuó. A Manos Limpias se sumaron después Vox y el PP, además de Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos. Son las acusaciones populares que han impulsado que los acusados se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial. Es una cuestión clave, ya que la Fiscalía —al igual que las defensas— ha pedido el sobreseimiento de la causa al considerar que el procedimiento se sustenta en “conjeturas” y no en indicios reales.

Al respecto, en el auto de apertura de juicio oral emitido por la jueza Biedma, se especifica: “Existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo que determina que, en aquellos supuestos en los que por la naturaleza colectiva de los bienes jurídicos protegidos en el delito no existe posibilidad de personación de un interés particular, y el Ministerio Fiscal concurre con una acusación popular que insta la apertura del juicio oral, la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral”. 

La Diputación de Badajoz ya había tenido una plaza similar a la adjudicada a Sánchez una década antes, pero la eliminó tras jubilarse la persona que la ocupaba. Así, en 2017 recuperó el cargo de coordinador de los Conservatorios como un puesto de trabajo laboral de alta dirección y libre designación. Abrió entonces un proceso de selección en el que hubo 11 aspirantes. A Sánchez —David Azagra de nombre artístico— fue considerado el único “apto”, según un acta redactada por Recursos Humanos. Se valoraron sobre todo sus respuestas en la entrevista personal realizada a cada candidato. Ninguno de los diez aspirantes que quedaron fuera denunció irregularidad alguna durante el procedimiento.    

Tras analizas los más de 50.000 correos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la jueza Biedma llamó a declarar, entre otros, al director del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí, para averiguar por qué mandó un correo con el asunto “el hermanísimo” justo el mismo día que se publicaron las bases para el nuevo puesto. “Es un calificativo que alguien le puso. Había varios rumores sobre varios candidatos, y éste era uno de ellos, el más llamativo”, declaró Valentí.

De los correos investigados, la jueza también deduce que el puesto de coordinador no fue una petición de los conservatorios, que tenían otras necesidades de personal. Responder a la pregunta de quién propuso crear esa plaza es una de las claves del juicio oral.

David Sánchez declaró en la fase de instrucción que había visto la vacante en la Diputación pacense mientras buscaba trabajo en internet. Antes de llegar a Badajoz había ejercido como director artístico del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo. En esta ciudad se graduó con distinción en Composición y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Estatal.

Otra pieza de este proceso judicial será determinar por qué en 2022 se transformó el cargo de Sánchez en jefe de la Oficina de Artes Escénicas sin una convocatoria pública y sin disponer, durante un tiempo, de un despacho o espacio similar donde desarrollar su tarea. Las acusaciones aseguran que el cambio se hizo para adaptarse “a sus preferencias laborales”. Como dato sobre su salario, percibió 57.627,07 euros brutos por un año completo de trabajo. 

También está en el foco de la investigación la contratación en 2024 de Luis Carrero, el citado exasesor de Moncloa, con quien Sánchez ha reconocido que mantiene una amistad de más de 20 años y que entró a formar parte de su proyecto llamado Ópera Joven. La Audiencia Provincial tendrá que dirimir si ese contrato fue otro enchufe en la Administración pública y cuáles son sus consecuencias legales.

Cabe puntualizar que ni Sánchez ni Carrero son ya trabajadores de la Diputación de Badajoz: ambos renunciaron a sus puestos. 

El proceso judicial al hermano de Pedro Sánchez y al exlíder del PSOE de Extremadura ha trascendido los tribunales y ha salpicado de lleno a la política, incluidas las últimas elecciones autonómicas del 21D, en las que Gallardo fue candidato con este proceso judicial abierto. De hecho, hubo voces internas en el partido que pidieron que diera un paso atrás para no perjudicar los resultados.

Gallardo obtuvo el peor resultado de los socialistas en la región, algo que en el partido atribuyeron a varios motivos, y finalmente dejó la secretaría general y su escaño en la Asamblea de Extremadura.

Antes, sin embargo, protagonizó una maniobra muy criticada: decidió convertirse cuanto antes en parlamentario autonómico —no lo era cuando fue nombrado jefe de los socialistas extremeños—, haciendo correr de la lista a cinco compañeros que estaban por delante de él. El objetivo era lograr un aforamiento exprés en mitad del proceso judicial para que la causa pasase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

La jueza vio “fraude de ley” en este movimiento y el TSJEx le dio la razón. Pero Biedma también actuó por su cuenta: justo un día después del citado aforamiento exprés de Gallardo, acordó la apertura del juicio oral sin esperar a que la Audiencia Provincial resolviera los recursos de las defensas y la Fiscalía, que pedían que la causa se archivara.

Así, las acusaciones populares solicitan para los dos principales imputados, David Sánchez y Gallardo, tres años de prisión y hasta 15 años de inhabilitación para ejercer cargo público. Además, reclaman que el primero devuelva lo que percibió de la Diputación pacense.

Está previsto que ambos declaren el próximo 4 de junio, en una jornada en que se espera un amplio despliegue de medios de comunicación para captar la imagen del hermano del presidente del Gobierno entrando de nuevo en los juzgados.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes la naturaleza machista del asesinato de una mujer de 78 años en Badajoz después de recibir una paliza presuntamente por su exmarido el pasado viernes 9 de enero. La mujer falleció este lunes en el hospital, según han confirmado a EFE fuentes de este cuerpo policial.

Tras la agresión del día 9, la mujer ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz y el hombre, de 81 años, fue detenido. Pasó a disposición judicial por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, pero el juez lo dejó en libertad con la medida cautelar de orden de alejamiento y prohibición de acercarse tanto a la mujer como a su domicilio.

Sin embargo, este lunes el hombre volvió a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento al acercarse al hospital en el que estaba su mujer y el Juzgado de Guardia acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza. A la víctima no se le tomó declaración el viernes al encontrarse hospitalizada y, aunque fue dada de alta, tuvo que ser trasladada de nuevo al hospital, donde falleció este lunes.

La víctima no estaba en el sistema VioGén ni tampoco existía ninguna denuncia previa a la agresión del viernes.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 4 en 2026 y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Al margen de este caso, Igualdad ha condenado también el presunto homicidio de una mujer de 27 años, fallecida el 3 de febrero de 2025 y cuyo caso se consideró, en un principio, una muerte natural. Sin embargo, ahora se está tramitando como un caso de violencia de género, ya que presuntamente habría sido asesinada por su pareja, lo que eleva el número de mujeres asesinadas en 2025 a 47.

Tanto la víctima como el agresor figuraban en el sistema VioGén, aunque las denuncias por violencia machista se tramitaron durante relaciones mantenidas con otras personas.

“Un auténtico desastre sin paliativos. No hay justificación que poner encima de la mesa”. Es el resumen que hacen desde dentro del propio partido. Las encuestas ya lo barruntaban, pero hasta que las urnas no se abrieron y avanzó el recuento de papeletas aún quedaba esperanza de que el batacazo no fuera tal. El PSOE ha obtenido el peor resultado de su historia en Extremadura, ha tocado el subsuelo en un tradicional feudo socialista. El giro hacia la derecha de la comunidad autónoma es más que evidente.

Ha habido trasvase de votos desde el PSOE a Unidas por Extremadura (la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde), al PP e incluso a Vox. Pero el alza de la derecha y la ultraderecha no se entiende sin la alta abstención: casi la mitad de los votantes socialistas se ha quedado en casa.

La traducción en datos deja una realidad curiosa. Tanto PP como PSOE han perdido papeletas, mientras que Unidas y Vox han conseguido más apoyos. Pero en el reparto de porcentajes las derechas han sido las más beneficiadas precisamente por esa baja participación, que se ha notado especialmente en los pueblos más pequeños, donde sus vecinos esta vez no tenían que elegir, además, a los alcaldes.

En cifras y en comparación con las autonómicas de 2023, los socialistas han perdido 106.642 votos (pasando de 242.659 a 136.017 y quedándose en el 25,72%), los populares han recibido 7.935 papeletas menos (bajando de 236.235 a 228.300 pero subiendo al 43,18%), mientras que Vox ha arrastrado 39.960 apoyos más (de 49.400 a 89.360, elevándose al 16,9%) y Unidas 17.810 más (de 36.379 a 54.189 y creciendo hasta el 10,25%).

Pero es que, asimismo, 320.292 votantes no han acudido a su colegio (en una comunidad de apenas un millón de habitantes y 890.985 electores). La abstención se ha elevado en diez puntos, variando del 27,5% al 37,2%, también una cifra histórica.

En el análisis de cómo ha afectado esta realidad al PSOE, todas las miradas estaban puestas en su candidato al 21D, Miguel Ángel Gallardo, cuestionado por las voces críticas de su partido antes de que empezara la campaña, puesto que ponían en duda que fuera la mejor opción para una formación ya bastante herida.

Su imputación por el supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y alto cargo en la Institución provincial de la que era presidente cuando se le contrató, lo ha perseguido como una sombra alargada que no se va nunca. Y su aforamiento exprés solo echó más leña al fuego. Tanto David Sánchez como Gallardo tendrán que sentarse en el banquillo el próximo 28 de mayo para ser juzgados por un delito de tráfico de influencias. Pero es que, dicen las voces críticas, tampoco ha sabido sacarle partido a la campaña electoral en ningún momento.

El resultado es una pérdida de apoyos sin precedentes. No hay que mirar muy atrás para evidenciar que el PSOE ha caído cuesta abajo y sin frenos en poco tiempo.

El cambio se ve con claridad en la comparación con las elecciones autonómicas de 2019, cuando el PSOE recuperó la hegemonía con un Guillermo Fernández Vara muy fortalecido. En esos comicios los socialistas lograron 34 escaños (hacen falta 33 para la mayoría absoluta), obteniendo 286.563 papeletas, lo que significó un 46,73% de la tarta electoral. Solo seis años y dos convocatorias después, ha perdido casi la mitad de sus escaños y más de la mitad de sus votos. Ahora mismo está en el 25,72% de esa nombrada tarta.

En esa cita con las urnas la abstención fue del 28,6%, unos nueve puntos más baja que en el 21D.

Más atrás en el tiempo, y sin contar el paréntesis entre 2011 y 2015, cuando el popular José Antonio Monago se hizo con la Junta gracias a la abstención de Izquierda Unida —pero el PSOE llegó a los 30 escaños—, los socialistas siempre han sido la opción más votada para gobernar en la Junta, una realidad que esta vez se ha dado la vuelta. También en las zonas rurales, a través de las Casas del Pueblo, el partido ha sabido asentarse. Pero en esta ocasión en muchas localidades pequeñas, incluso con alcalde socialista, la derecha y la ultraderecha se han impuesto.

Porque, más allá de la indiscutible victoria del PP frente al PSOE (le saca 17 puntos de diferencia), la principal consecuencia de presentar un candidato socialista fallido y de la baja participación ha sido la subida disparada de Vox en Extremadura.

En aquella cita electoral de 2019 los de Abascal no lograron alcanzar el 5% necesario para hacerse hueco en la Asamblea (se quedaron en el 4,7%), lo que permitió un mayor triunfo de Fernández Vara. Pero ahora la historia se escribe al revés. Precisamente en la comparación con esa fecha, hace seis años y dos convocatorias, Vox ha pasado de 28.849 a 89.360 votos, y de no tener diputados a repartirse 11 escaños (el total son 65). Esta vez han logrado el 16,9% de los apoyos. Han cuadriplicado sus resultados.

Ahora mismo, en Extremadura el PP le saca del doble de distancia al PSOE que los socialistas a Vox, que se sienten más fuertes que nunca pero que permanecen como tercera fuerza.

Asimismo, en el análisis de la situación actual del espacio de la izquierda, si bien Unidas, liderada por Irene de Miguel, ha recogido parte del voto desencantado del PSOE, hay un gran porcentaje que se le ha escapado. Esto se entiende, por un lado, por la complicada relación que los socialistas han tenido siempre con IU en Extremadura, especialmente en los pueblos; y también porque parte del votante del PSOE regional se siente más cómodo con una ideología de centro.

Con los resultados sobre la mesa, el PSOE ha perdido gran presencia en el Parlamento extremeño, hasta tal punto que por la provincia de Badajoz se quedan sin asiento figuras relevantes como José María Vergeles, consejero de Sanidad con Vara que ejerció durante la pandemia y uno de los rivales de Gallardo en las primarias, aunque después se unió a él; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, cuyo nombre también se barajó para ser sustituto si el proceso judicial de Gallardo se complicaba.

Y en la circunscripción de Cáceres, el PP está pendiente del recuento final porque faltan los datos de dos pequeñas localidades (Monroy y Campillo de Deleitosa); aspiran a llegar al diputado 30 y quitárselo al PSOE. Si así ocurriera, perdería su escaño Blanca Martín, quien ha sido presidenta de la Asamblea de Extremadura en esta última legislatura que apenas ha durado dos y años y medio.

Extremadura está en el foco. Todas las miradas se dirigen a una comunidad a la que habitualmente apenas se observa. Las elecciones del 21D serán la primera pista de cómo respira la política nacional y la expectación es máxima. Por eso, los partidos miden sus fuerzas en una tierra que nunca había cobrado tanto protagonismo. Y toda la atención está puesta precisamente ahí, en la contienda electoral, en el cruce de reproches y acusaciones, en la batalla en redes sociales. Los retos y necesidades, los problemas y heridas que arrastra la autonomía quedan en un alejado segundo plano. “Si el contexto fuera otro, por aquí no pasan los líderes nacionales como lo están haciendo, porque Extremadura importa poco, tiene poco peso político. Somos algo más de un millón de habitantes y no contamos, no somos necesarios”, reflexiona, entre otros, Jesús Pérez Mayo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura (Uex).

La región comparte con el resto de autonomías riesgos para la ciudadanía como las debilidades del sistema sanitario y el crecimiento sin freno del precio de la vivienda. En el primer caso, las listas de espera y la falta de especialistas se ve acentuado en las zonas rurales, donde cuesta cubrir plazas. En el segundo caso, aunque la comunidad es de las más baratas, los sueldos son también más bajos, una ecuación desigual que dificulta igualmente el acceso a un hogar.

Pero más allá de estas cuestiones, hay grietas concretas directamente relacionadas con ese escenario demográfico del que habla Pérez Mayo. ¿Cuáles son los principales desafíos?

El servicio ferroviario ha mejorado en los últimos años. Existen más opciones y las averías con los pasajeros tirados durante horas en mitad de la nada quedaron atrás. No obstante, Extremadura, a pesar de su situación estratégica en la frontera, sigue siendo una isla y las conexiones internas resultan igualmente escasas.

Hay que ir a la hemeroteca para entender la situación actual del tren. La gran promesa de un AVE Madrid-Badajoz-Lisboa se puso oficialmente sobre la mesa en la cumbre hispano-lusa de 2003, con el entonces presidente del Gobierno José María Aznar y su homólogo portugués José Manuel Durão Barroso. Se fijó 2010 como el año en que se inauguraría esta infraestructura. Desde entonces se han ido acumulando retrasos. Todos los Gobiernos de España han incumplido sus compromisos con el tren extremeño.

¿Cuáles han sido los avances? En el verano de 2022 se inauguró la nueva plataforma entre Badajoz y Plasencia, pero hubo que esperar otro año más para que entrara en vigor la electrificación y empezar a hablar, por fin, de trenes de altas prestaciones.

Y hasta ahí. Desde Plasencia hasta el límite con Castilla-La Mancha los tramos siguen en obras, avanzados pero sin terminar. En la provincia de Toledo aún no hay un proyecto claro para la continuidad hasta Atocha. Y en la parte portuguesa, el recorrido desde Elvas (en la frontera) hasta Évora (a mitad de camino hacia Lisboa) es el único avanzado en alta velocidad. El plan permanece a medias.

Aun así, las mejoras son evidentes. Ajustando horarios, ya se puede ir y volver en el día a Madrid desde Badajoz en un viaje de unas cuatro horas y media para recorrer los 400 kilómetros de distancia. Antes la media era de más de seis horas.

No obstante, basta un ejemplo para la comparación. Entre Sevilla y Madrid hay 533 kilómetros; el AVE tarda menos de tres horas en unir ambas ciudades y con más opciones. Otro ejemplo: el tren Badajoz-Sevilla necesita cuatro horas y media para recorrer 210 kilómetros que en coche se completan en dos horas y 40 minutos.

El servicio regional también es deficiente para conectar pueblos y ciudades en una región amplia y dispersa. “Parece mentira que ahora estemos celebrando los nuevos trenes entre Badajoz y Cáceres”, dice Pérez Mayo. Se refiere a que este mes de diciembre han empezado a funcionar cuatro servicios diarios de Media Distancia que permiten completar el trayecto en 46 minutos (la distancia es de 90 kilómetros).

Otra de las peculiaridades de Extremadura es que las dos capitales de provincia no están unidas por autovía. También hace décadas que se proyectó, pero de momento solo hay pequeños tramos en marcha de la llamada A-58.

No es la única pendiente. La futura A-43 hacia el Levante avanza a ritmo muy lento y sin un diseño claro en la provincia de Ciudad Real. Y en cuanto a las autovías autonómicas, ahora se propone la colaboración público-privada para potenciar su construcción.

En relación al autobús, si bien la Junta ha aprobado que los viajes sigan siendo gratuitos dentro de la región, las rutas son escasas y no cubren de manera óptima las necesidades de sus posibles usuarios, especialmente en las zonas rurales.

“Los jóvenes se nos van porque no encuentran oportunidades laborales”. La frase la pronuncia Mari Cruz Lara, secretaria de Empleo y Formación de CCOO en Extremadura, pero es una reflexión constante. A pesar de los intentos por retener talento, las cifras hablan por sí solas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que a 1 de enero de 2025 había 109.964 residentes de entre 25 y 34 años en la comunidad; un año antes eran 111.899; y hace diez años, 140.073. Una pérdida del 21% en la última década.

Uno de los principales factores de esta bajada es el éxodo juvenil. Los pueblos se vacían y, como consecuencia, repunta el envejecimiento de la población. Esa falta de oportunidades hace, además, que la comunidad sea poco atractiva para los inmigrantes. De nuevo los números dibujan la realidad: los habitantes extranjeros suponen un 14,2% del total en el conjunto del país; en Extremadura representan solo el 4,6%.

No obstante, las últimas publicaciones del INE reflejan un ligero repunte de población gracias precisamente a la inmigración y una reducción del paro en comparación con otros territorios. Pero Extremadura, junto con Andalucía, suele liderar el ranking nacional de desempleo.

Al respecto, Mari Cruz Lara plantea: “No podemos olvidar que existen problemas estructurales sin resolver. Si bien hay determinados trabajos para los que no se encuentra gente, habrá que ver las condiciones que se ofrecen”. Ella pone el foco en lo rural y la mujer: “Hay una clave fundamental: las administraciones deben invertir en servicios públicos útiles y tener en cuenta a los pueblos para poder crear empleo. Por ejemplo, si en los pequeños municipios hay guardería, un centro de mayores y un autobús, las mujeres tendrían muchas más facilidades para cubrir puestos. Y además se crearían nuevas plazas en esos recursos públicos. Los pueblos tendrían más vida. Para eso hay que tener muy clara la apuesta por el mundo rural”.

También apunta a los jóvenes: “Es muy importante adaptar la formación a la demanda. Si hay determinadas industrias que se van a poner en marcha en Extremadura, que ellos puedan trabajar en ellas”.

Al hilo de lo anterior, una de las claves para analizar el mercado laboral es la escasa industrialización. De ahí que, sin alternativas reales, se peleé por la continuidad de la central nuclear de Almaraz al ofrecer sueldos y condiciones por encima de la media.

Hace apenas tres años, en Extremadura se habló de la ‘revolución industrial verde’. El expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara insistió en que había una oportunidad clave: “Esta comunidad llegó a la revolución industrial 150 años tarde, ahora llega antes que nadie”, expresó. Sobre la mesa, proyectos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata (en la comarca de Campo Arañuelo, cerca de Almaraz), la fábrica de diamantes en Trujillo, la mina de litio de Cañaveral o la azucarera de Mérida. A ellos se sumaba Elysium City, el macroproyecto de ocio planteado en La Siberia, en el entorno de Castilblanco. Vara usó el término ‘verde’ porque casi todos los proyectos tirarían de energía renovable. Inversiones millonarias, miles de puestos de trabajos… 

Solo la fábrica de Trujillo está en marcha y ahora se ha anunciado una ampliación. El resto, en el aire. “Parece que la promotora de la gigafactoría va a comprar ya los terrenos… Lo importante es que las iniciativas salgan adelante, porque esa industrialización cambiará el perfil de empleo y salarios, que serían mucho mejores, y permitiría la creación de servicios con alto valor añadido”, evidencia Pérez Mayo. Y añade: “Pero resulta igualmente necesario que las conexiones mejoren, no solo para la movilidad de las personas, también para las mercancías”.

Más allá de la industrialización, Extremadura es una región agraria que necesita un impulso en el campo, que vive en continua asfixia por los bajos precios y, con frecuencia, en conflicto con las políticas que llegan desde Bruselas.

Lo cierto es que la agricultura y la ganadería suponen el 7,7% del PIB extremeño, de su riqueza (el dato nacional es del 2,7%) y de ahí la importancia de seguir potenciando la innovación, la producción y las exportaciones.

Para ello es fundamental poner en valor el escenario demográfico a la hora de plantear, por ejemplo, la financiación autonómica. De nuevo, una comparación: Extremadura tiene una densidad de población de unos 26 habitantes por kilómetro cuadrado; País Vasco, 300 (la media nacional está en los 98 habitantes). Aquí los expertos coinciden en que la organización de los servicios básicos ha de tener en cuenta la dispersión y el envejecimiento.

La radiografía de la comunidad constata los retos, carencias y las reivindicaciones históricas. Cuando pase el 21D y la atención política desaparezca, será el momento de comprobar si las necesidades de Extremadura están en el foco.

“Ahora los hijos de los parceleros, esos que se han ganado la tierra con el sudor de su frente, se arriman a la extrema derecha. ¿Por qué? Porque la gente joven ve en esos mensajes de los ultras una respuesta a sus carencias. No cuesta ningún trabajo decir lo que hace falta. Las respuestas que se dan desde esos discursos son anodinas, pero da igual, porque calan. Los jóvenes lo que buscan es un referente, y en la izquierda no lo encuentran. A la gente mayor no la convencen tanto, pero, en general, la tendencia es más conservadora, porque cuando se siente que hay inestabilidad, pérdida de credibilidad o las aguas se revuelven, lo que se quiere es conservar lo que se tiene, agarrarse bien a lo que hay para no perderlo”. Es el análisis de Cecilia Carrasco, secretaria de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) en Extremadura, que conoce en profundidad y de primera mano qué ambiente se respira en el campo.

Hace esta reflexión de cara a la campaña electoral del 21D, que acaba de empezar y cuyos resultados regionales marcarán el nuevo ciclo político a nivel nacional. La principal batalla está a la derecha del tablero: el PP quiere mayoría absoluta para no depender de Vox y Vox hacerse más fuerte para marcar el paso. Por eso ambos, más allá de disputarse a sus votantes naturales, pretenden ampliar su área de influencia. El objetivo es atraer a desencantados del PSOE. Y uno de los principales focos está puesto en el mundo rural, clave en Extremadura.

Carrasco explica lo de los parceleros: “Aquellos agricultores que en su momento tuvieron acceso a tierras en los pueblos de colonización. Ahora son propietarios de cuatro o cinco hectáreas. Son explotaciones familiares”. Y hace su radiografía de cómo funciona la ideología política en el campo: “El regadío siempre ha sido más progresista porque se necesita más novedad, más avance, más tecnología. Son cultivos más sociales. El secano es más conservador, y ahora más todavía”.

“¿Quién puede negar ya el cambio climático? Solo hay que ver cómo llueve”, expresa, por su parte, Juan Moreno, un histórico en Extremadura de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) en referencia a los discursos de Vox. “En el campo pasa lo que en todas partes, que el mensaje de la extrema derecha llega a los jóvenes sobre todo a través de las redes sociales”, asegura. “Y después esos ultras le dicen al agricultor lo que quiere escuchar, más teniendo en cuenta que las políticas de Bruselas no gustan nada”, añade.

Justo ahí Vox cree haber encontrado un caladero. Uno de los argumentos más repetidos en esta campaña será el rechazo al Pacto Verde europeo, resaltando que es un acuerdo apoyado por PSOE y PP. "Hay que eliminar las políticas verdes que machacan el campo extremeño", repiten una y otra vez.

En ese intento de dominio de lo rural se presentan también como el partido de las tradiciones defendiendo, por ejemplo, la caza y los toros. Pero la realidad es que en Extremadura el PSOE —al igual que el PP— siempre ha apoyado ambos sectores a sabiendas de que son, igualmente, votos.

Lo cierto es que en el intenso recorrido que ya están llevando a cabo por numerosos pueblos de Cáceres y Badajoz son ellos mismos los que insisten: “Habrá trasvase de votos desde el PSOE”.

La respuesta desde el otro lado la da, por ejemplo, el alcalde socialista de Hernán Pérez (en la provincia de Cáceres, 411 habitantes): “Abascal viene a Extremadura a conquistar el voto rural diciendo no a la inmigración en unos pueblos que necesitarían miles de inmigrantes para poder levantar miles de hectáreas abandonadas y llenar miles de casas vacías”, expresa.

La socióloga y profesora de la Uex (Universidad de Extremadura) Beatriz Muñoz da varias claves del contexto actual: “El campo siente abandono institucional. El mundo rural percibe que recibe pocos recursos. Esa sensación generalizada de desamparo se traduce en ‘zona de disputa’ para los partidos”. Al respecto, explica: “El PP ya ha identificado al campo como uno de los más descontentos y lo ha colocado como objetivo prioritario: primero la agricultura, después la transición ecológica”.

Del mismo modo, añade: “Además, hay desconfianza hacia las regulaciones de la Unión Europea y, en este caso, el mensaje de la ultraderecha es que se quiere ‘estrangular’ al pequeño agricultor, generando inseguridad y enfado. Si a eso se añade la incertidumbre por los bajos ingresos, los precios de mercado volátiles y la narrativa de ‘nosotros contra la burocracia’, pues el mensaje que queda es: estos sí nos van a defender”.

Habría que destacar, al respecto, que la extrema derecha ya ha ocupado en diversas autonomías consejerías relacionadas con el campo. En Extremadura fue la de Gestión Forestal y Mundo Rural, dos competencias que el PP sacó de Agricultura para crear esta nueva cartera.

Muñoz destaca también la ‘guerra cultural’ entre campo y ciudad teniendo en cuenta que en Extremadura casi la mitad de la población vive en localidades de menos de 10.000 habitantes: “Parte fundamental de los populismos es contraponer lo rural y lo cosmopolita; esto último lo identifican con ecologistas, feministas o urbanitas. Esa dicotomía simplista puede generar adhesión en quienes sienten que su forma de vida y su identidad están siendo denigradas desde las élites urbanas”.

Esta socióloga resalta, en este sentido, la “falta de alternativas”. “Si los partidos de izquierda no logran ofrecer políticas de rejuvenecimiento rural que incluyan servicios públicos, precios justos, inversión o dignidad laboral, la desilusión puede favorecer al mensaje de la derecha”.

No obstante, sí quiere hacer un matiz y destacar el papel de líderes como Irene de Miguel, de Unidas (la confluencia de Podemos, IU y Alianza Verde), “porque ha entendido que si no están ellos explicando las cosas, otros ocuparán su sitio”.

Expuestas las observaciones, Muñoz resume: “La estrategia de captar votos en el campo tiene muchas posibilidades de éxito, sobre todo si se logra conectar emocionalmente con el enfado, la identidad y las tensiones. Todo dependerá de la capacidad de estos partidos para transformar promesas en percepciones reales de protección, apoyo y mejora de vida”. No obstante, apostilla: “También hay límites al discurso de la derecha. No todo el mundo rural ve las cosas igual: hay generaciones nuevas e inquietudes diferentes que tienen en cuenta el cambio climático, la sostenibilidad o los derechos laborales”.

“Conmigo Almaraz no se va a cerrar. Tenéis mi palabra”. Así lo proclamó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su primera visita a Extremadura dentro de la precampaña electoral. Y así evidenció que la central nuclear de la provincia cacereña será arma arrojadiza de cara al 21D, cuando se celebren las elecciones autonómicas y de cuyos resultados estarán muy pendientes desde Madrid. El arco parlamentario que se dibuje en la región dará las claves del nuevo ciclo político nacional. 

El ruido había empezado días antes en el Congreso, con el rechazo a una enmienda propuesta por el PP que pretendía, sin tener en cuenta el informe de los técnicos, eliminar directamente la fecha de cierre de las nucleares en España. Que esa enmienda no saliera adelante no significaba que la petición de alargar Almaraz hasta 2030 desapareciera, pero los populares dieron con el relato oportuno para acusar al PSOE de “traición”.

La realidad es que los socialistas extremeños, desde que se planteó la primera prórroga en 2019 (entonces se marcaron los años 2027 y 2028 como límite), han defendido siempre extender la vida útil de la central, discrepando de los planes energéticos nacionales de su propio partido.

Pero, ¿qué hay más allá de esas declaraciones de Feijóo y la batalla electoral? ¿El futuro pasa por extender sin límite una central de principios de los 80 que sigue acumulando residuos tóxicos y que, por su propia condición, ya nació con fecha de caducidad?

La respuesta es que no se ha trabajado de manera práctica y eficiente en las alternativas para la transición necesaria. Y el debate político tampoco se centra ahí.

La pérdida de puestos de trabajo si Almaraz cierra es, sin duda, uno de los argumentos más usados para la defensa de la energía nuclear. Las cifras oficiales dicen que hay 369 empleos directos con sueldos por encima de la media, más otros 662 indirectos de empresas especializadas. Además, en época de recarga existe una contratación extra de unas mil personas. No obstante, informes como el de la consultora Metys, que maneja el Foro Nuclear, hablan hasta de 3.800 puestos. “Pero es que esos datos inflados no son reales. Se dice que la comarca de Campo Arañuelo vive de la central, y no es verdad. La comarca vive de la agricultura. ¿Son importantes esos empleos que se van a perder y que los comités de empresa los tienen que defender? Sin ninguna duda. Pero entonces lo que se necesita es un plan de transición justa para paliar las consecuencias y buscar alternativas para la zona, algo que no se ha hecho”, dice Antonio Rosa, que fue consejero de Industria y Energía en los años 80 con Ibarra como presidente de la Junta de Extremadura; después ejerció de presidente del Clúster de la Energía en la región. Rosa es de las pocas voces en contra de la prórroga. “Es que ahora parece que toda Extremadura vive de Almaraz. Y, además, hay que recordar que la instalación no deja absolutamente nada en la comunidad, porque la sede fiscal de las empresas propietarias está fuera”.

Con su planteamiento coincide Irene de Miguel, la líder de Unidas por Extremadura (la confluencia de Podemos e Izquierda Unida), el único partido en la región en contra de que la nuclear siga funcionando. “Es prolongar unos pocos años más la agonía, ¿qué estabilidad es esa?”, plantea.

Desde el Ejecutivo del fallecido Guillermo Fernández Vara (PSOE) se intentó buscar una opción para la zona: la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, pero apenas ha habido avances en este proyecto en los dos años de gobierno de la popular María Guardiola.

Por ello, en el acto de precampaña de los socialistas del pasado miércoles en Mérida, con la presencia de Pedro Sánchez, el candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, aseguró que si gana las elecciones peleará por esa gigafactoría. Sánchez, por su parte, evitó pronunciarse sobre el futuro de Almaraz.

Además del empleo, otros de los puntos fuertes es el dinero que reciben los ayuntamientos del entorno. El informe 'Impacto socioeconómico del cierre de la central nuclear de Almaraz', de la consultora Payperthink y encargado por AMAC (Asociación Española de Municipios en Áreas Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos) refleja que los 12 pueblos más cercanos a la instalación reciben 15 millones de euros al año, lo que supone casi el 60% de los presupuestos municipales de la zona. En algunos municipios es casi el 80%. La traducción es que, por ejemplo, Almaraz (1.600 habitantes) es el pueblo más rico de Extremadura.

El dinero lo reciben en base al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la central, pero también por parte de Enresa, la empresa nacional que gestiona los residuos radiactivos. “Es un regalo envenenado”, asegura Rosa.

Otro de los factores clave en el debate sobre la continuidad de la central es si las energías renovables están preparadas para ser alternativa a la nuclear dejando a un lado el gas que viene de Argelia y evitar así que se incremente la factura de la luz. Los informes de Foro Nuclear afirman que Almaraz aporta el 7% del total de la energía que se consume en España. “Hemos cumplido con el plan previsto y estamos preparados para la transición”, dice, sin ninguna duda, Ángel Bernáldez, delegado en Extremadura de la Unión Española Fotovoltaica (Unef). Explica que hay dos claves. La primera, la capacidad para acumular energía. Bernáldez asegura que las nuevas plantas ya cuentan con la tecnología necesaria que permite esa posibilidad. Así, ya se podrían incorporar a los mecanismos de control de tensión, o lo que es lo mismo, servirían para dar estabilidad al sistema y hacer frente a las perturbaciones (las que provocaron el apagón).  

La segunda, la necesidad de mejora de la red eléctrica para aumentar la capacidad y que los proyectos fotovoltaicos no se vean limitados.

Desde el sector tienen claro que la apuesta clara por la renovable pasa porque la nuclear deje su espacio en el mercado “porque todas no caben”, pero hay voces que aseguran que aún se está a medio camino en este cambio sin tener que depender del gas. 

En este contexto, el último informe de Fundación Renovables pone el foco en la rentabilidad: “En principio, ampliar la vida de los reactores existentes parece más barato que construir nueva capacidad firme, sin embargo, cuando se internalizan las inversiones de modernización, los sobrecostes operativos, la gestión de residuos extra y, sobre todo, los riesgos económicos de un accidente grave, el balance se inclina rápidamente hacia una falsa economía”.

El estudio también recoge: “Alargar hasta 2030 la vida de Almaraz supondría ir contra el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) y alterar los planes que han guiado la inversión en renovables en los últimos años, además de abandonar la idea de un cierre escalonado y progresivo que permita suavizar la pérdida de generación nuclear, ya que supondría clausurar a la vez Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes en 2030”.

En la algarabía electoral sobre Almaraz, apenas se pronuncia el término residuos tóxicos, esos por los que los ayuntamientos reciben compensación. Ya se está haciendo un segundo Almacén Temporal Individualizado (ATI) para la basura nuclear. Estas instalaciones son necesarias porque las piscinas dentro de las centrales se saturan. “Los restos siguen siendo radiactivos durante varios miles de años. En España las políticas sobre residuos no han conseguido clarificarse, no tenemos un plan definitivo. Hay que recordar que se trata de almacenes temporales”, subraya Carmen Ibarlucea, portavoz del Foro Antinuclear de Extremadura. ¿Cuál es el impacto medioambiental? “No se han hecho estudios. Los portugueses sí los hicieron y denunciaron contaminación en el río Tajo”. De hecho, Portugal, por la cercanía a la frontera, elevó una denuncia ante Europa en 2017 cuando se planteó la construcción del primer ATI.

Desde el otro lado, Foro Nuclear se agarra a que Almaraz no produce emisiones de CO2, lo que sí ocurre con las centrales de ciclo combinado que queman gas. Precisamente, por esa ausencia de CO2 se le consideró ‘energía verde’ por parte de la Unión Europea.

No obstante, Almaraz también necesita su propio combustible, el uranio, “que es finito, se está acabando y que se compra a Rusia”, incide Ibarlucea para romper esa idea de la autonomía energética que se le atribuye a la central cacereña.

Y hace hincapié en que las nucleares son ya “tecnología obsoleta que cuesta mucho dinero”.

Hay que partir de la premisa de que se diseñaron con un límite establecido: operar durante 40 años (Almaraz inició su actividad en 1981), aunque ahora empresas del sector defienden que se puede llegar hasta los 60 o incluso a los 100. En este hipotético caso, sería necesaria una importante inversión por parte de las propietarias. Al hilo de esta cuestión, hay que recordar que la posible prórroga de la central cacereña dependía, en un primer paso, de que sus dueñas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) pidieran la continuidad. No estaban dispuestas al considerar que el negocio no era rentable y por ello exigían al Gobierno una rebaja de impuestos. Enviaron la solicitud casi al límite sin la condición fiscal, pero habiendo conseguido una deducción en la ecotasa por parte de la Junta de Extremadura, una propuesta aprobada por María Guardiola a petición de Vox. 

¿En qué parte del proceso se está ahora? Desde el Gobierno se han establecido tres líneas rojas para dar el visto bueno a la ampliación: que se garantice la seguridad nuclear, la seguridad de suministro y que no suponga un coste para consumidores y contribuyentes.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha recibido la petición de prórroga y trabajará para emitir un informe donde se especifiquen las inversiones necesarias; paralelamente también hace los cálculos de cómo se llevaría a cabo el desmantelamiento de la central a partir de 2027. Son las dos opciones.

En ambos escenarios sigue siendo necesario trabajar tanto en una alternativa de empleo como en la mejora de las fuentes renovables para una transición justa.

El juicio por la causa de la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026.

La Audiencia de Badajoz ha dictado diligencia de señalamiento para el juicio oral en la citada causa, en la que también figura como procesado el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta en los comicios adelantados en esta comunidad autónoma.

El juicio, cuyo procedimiento ha dirigido la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tendrá lugar en la Audiencia de Badajoz en sesiones de mañana y, de ser necesario, se ampliarán en horario de tarde, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Biedma dio por concluida esta semana la fase de instrucción y remitió el procedimiento a la Audiencia Provincial, después de que todas las partes dieran traslado de sus conclusiones provisionales.

La acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, pide tres años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para David Sánchez y Gallardo, mientras la Fiscalía y las defensas de los once procesados piden la libre absolución.

El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo "conocimiento previo" de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz se había "creado para él", se presentó a la convocatoria "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo".

La jueza considera que la creación del puesto fue "a petición, seguramente, de persona o personas" del entorno de David Sánchez que "conocían la necesidad" de este, quien "en ese momento carecía de trabajo estable".

Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo y la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como "objetivo" que fuera ocupado por David Sánchez, quien dejó el cargo en febrero de este año.

La jueza también procesa a Luis María Carrero, que fue empleado del Ministerio de Presidencia.

Según la jueza, Carrero habría utilizado la influencia derivada de "su amistad íntima" con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.

La Fiscalía ha pedido a archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los citados delitos.

"Es absurdo prolongar el proceso" que está "condenado al fracaso", afirmó el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.

En su solicitud de archivo, que extiende a las otras nueve personas investigadas, la Fiscalía entiende que la atribución de la comisión de los delitos no se ha producido de manera "patente", "clara", "inobjetable" e "irrefutable".

"La conclusión incriminatoria" de la jueza se sustenta, según la Fiscalía, en "conjeturas e hipótesis" que no cuentan con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios, el que finalmente ocupó David Sánchez, "fuera creado a la carta".

Bajo la dirección letrada de Manos Limpias, la acusación popular entiende que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de música "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevista al resto de candidatos era "un mero paripé".

"Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", lo que "no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado", se añade.

Además, consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a "sus preferencias personales" de "no tener que acudir diariamente a un despacho" y que la persona que "extraoficialmente le ayudaba" en su proyecto de 'Ópera Joven', Luis María Carrero, también fuera contratado.

Para Carrero, quien dimitió de su puesto el pasado mes de julio, la acusación popular solicita un año y medio de prisión por los mismos delitos, multa del duplo del beneficio obtenido por su cargo como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas de la institución provincial e inhabilitación por seis años.

La Audiencia de Badajoz ha rechazado el recurso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y del resto de investigados por su presunta contratación irregular en la Diputación de esa provincia, lo que les sitúa a un solo paso de ir a juicio.

La Audiencia Provincial ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que confirma el procesamiento de Sánchez, así como el del expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo y el de los otros nueve investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El tribunal considera que existen indicios suficientes sobre "el presunto carácter delictivo" de las conductas imputadas, por lo que confirma el procesamiento dictado por la jueza que ha instruido la causa, Beatriz Biedma, a quien ahora corresponde ordenar la apertura de juicio oral.

Entre los nueve restantes figuran el que fuera excoordinador de centros y programas de actividades transfronterizas de la Diputación y exasesor del Ministerio de Presidencia, Luis Carrero; el director del Área de Cultura de la Diputación pacense, Manuel Candalija, y el diputado provincial de Cultura, Ricardo Cabezas.

Para la Audiencia Provincial de Badajoz, los hechos delictivos abarcan desde la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios -fue otorgada a David Sánchez- al cambio de denominación del puesto, así como de la creación del puesto de "sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas”, que recayó en Luis Carrero, exasesor del Ministerio de Presidencia y amigo de David Sánchez.

Aunque son varios los autos emitidos por la Audiencia de Badajoz para responder a los recursos, los magistrados agrupan en todos ellos tres bloques de indicios basados en declaraciones y documentos expuesto en el auto de la magistrada que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado.

El primero de ellos hace referencia a la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios, la cual fue otorgada a David Sánchez. La Audiencia remarca que la jueza instructora sostiene que no estaba justificada la propuesta ni que fuera personal de alta dirección quien debía prestarlo.

Se hace eco la Audiencia pacense de expresiones recogidas en el auto de procesamiento -emitido por la jueza instructora- referidas a la creación de dicha plaza, como "premura", "innecesaria" y "disparatada", y correos en lo que aparece la expresión "hermanísimo" referida a David Sánchez.

Gallardo consideró que no existe indicio alguno, como expuso en su recurso, y que el hecho de ser presidente de la Diputación no le otorgaba ningún tipo de responsabilidad objetiva.

Para la Audiencia, el nombramiento de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de Badajoz, con fecha de 30 de junio de 2017, "culmina todo un procedimiento administrativo anterior en el que se han apreciado indicios de una finalidad ilegítima".

Asimismo, se hace eco de que los informes periódicos de la labor de David Sánchez fueron remitidos "en papel y con fecha más que tardía", y, en este mismo sentido, se sostiene que el trabajo de éste no se prestó de forma habitual en Badajoz y que su puesto de trabajo fue "adaptado a las exclusivas preferencias personales" de David Sánchez.

Entiende la Audiencia pacense que, "al menos indiciariamente", que el Área de Presidencia "tenía conocimiento de cuanto se proponía, siendo discutible de que se tratara de una cuestión puramente técnica".

Aunque en el recurso de petición del sobreseimiento libre de las actuaciones elevado por Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, se exponía la "inexistencia de indicios" de delitos y subsidiariamente se pedía la nulidad del procedimiento, la Sección Primera de la Audiencia considera que "existen indicios suficientes" sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas.

Por contra, Gallardo, a través de un comunicado, ha dicho este martes, tras conocer el auto de la Audiencia, que la plaza que ocupó David Sánchez, "tras superar éste pruebas objetivas de idoneidad para este puesto directivo, existía desde hace muchos años".

El segundo bloque de indicios que sostienen el procesamiento se refiere al cambio de denominación del citado puesto de trabajo, pues pasó de 'coordinador de las Actividades de los Conservatorios' a 'jefe de la Oficina de Artes Escénicas' de la Diputación.

Expone la Audiencia que en el auto de la jueza vienen reflejadas varias irregularidades, como "disfrazar de simple el cambio de denominación lo que en realidad era una auténtica creación de puesto, y todo ello a fin de ocultar la verdadera realidad".

"Otro indicio más de la finalidad torticera de este cambio tal y como se reconoce en el Auto es la eliminación de la incompatibilidad del puesto", se añade.

El tercer apartado fáctico de imputaciones se refiere a la aparición en el organigrama de la Delegación de Cultura, Deporte y Juventud de la creación del puesto de “sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas”, que recayó en Luis Carrero.

"Existen incluso correos de los que se deduce una relación personal muy cercana entre ellos, llamando don Luis (Carrero) a don David (Sánchez) como 'hermanito'”, detalla el auto.

Por todo ello, acuerda "proseguir el procedimiento", remarca que no ha existido "quebranto alguno de la presunción de inocencia" del investigado, extremo éste que sí fue alegado por la defensa, y considera que no es necesario completar la instrucción con otro tipo de diligencias.

En mayo, la Fiscalía pidió archivar el procedimiento al entender que "no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir" la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

"Es absurdo prolongar el proceso" que está "condenado al fracaso", afirmaba en su día el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.

La defensa del hermano del presidente del Gobierno, Emilio Cortés, también defendía a su cliente asegurando que "no hay ningún indicio contra él, no hay nada contra él", y afirmaba que "ningún indicio es pleno a efectos probatorios desde el punto de vista de cargo".

David Sánchez prestó declaración en su día por la adjudicación del puesto de jefe de Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz a un exempleado del Ministerio de Presidencia, Luis María Carrero, amigo suyo.

Tanto el abogado de Sánchez, como el de Luis María Carrero, Salvador Morillas, han considerado un "malentendido" que el hermano del presidente del Gobierno entendiera que la plaza ofertada, que recayó en Carrero, ya estaba adjudicada cuando sólo había sido aprobada para su convocatoria.

Para la jueza, Carrero habría utilizado "la influencia derivada de su amistad íntima" con David Sánchez para "conseguir la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas".

La acusación popular en el procedimiento abierto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, pide tres años de prisión para éste por los delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal, según informa EFE. En su escrito de solicitud de apertura de juicio oral tanto para David Sánchez como para otras diez personas más, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la acusación popular también solicita que el hermano del presidente del Gobierno devuelva los salarios obtenidos de su cargo entre junio de 2017 y febrero de 2025.

El escrito de la acusación popular, al que EFE ha tenido acceso, ha sido elevado a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa, quien el pasado 28 de abril dictó auto de procesamiento contra estas once personas por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

A juicio de la acusación, Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de música pacenses "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevista al resto de candidatos era "un mero paripé". "Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", lo que "no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado", se añade.

Además, consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a "sus preferencias personales" de "no tener que acudir diariamente a un despacho" y que la persona que "extraoficialmente le ayudaba" en su proyecto de Opera Jóven, Luis María Carrero, también fuera contratado.

Para Gallardo, quien también es secretario general del PSOE de Extremadura, la acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, pide tres años de prisión por los delitos continuados de prevaricación en concurso con el de tráfico de influencias y de nombramiento ilegal.

Asimismo, solicita para Gallardo inhabilitación para empleo o cargo público durante 15 años y multa equivalente al doble del beneficio obtenido tanto por David Sánchez como por Luis María Carrero, exfuncionario del Ministerio de Presidencia que también fue contratado por la Diputación de Badajoz.

Entiende la acusación popular que como máximo responsable de la Diputación y dada "la gran vinculación" del personal de Alta Dirección "con los órganos políticos", Gallardo conocía que el puesto de coordinador "estaba destinado" a David Sánchez y "participó directamente" en los hechos. "Del examen de los correos de David Sánchez" se deriva "que tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana", expone la acusación.

Para Carrero, la acusación popular solicita un año y medio de prisión por los mismos delitos, multa del duplo del beneficio obtenido por su cargo como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas de la institución provincial e inhabilitación por seis años.

Similar petición de condena de prisión se extiende a Juana Cinta (directora del Área de Recursos Humanos) por "dar apariencia de legalidad" al procedimiento, Emilia Pareja (directora de Cultura) y Francisco Martos (diputado de Cultura) por "fingir cambio de nomenclatura" en el puesto de David Sánchez, así como para Ricardo Cabezas (diputado provincial) y Manuel Candalija (Área de Cultura) por intervenir "directamente" en la creación del puesto de Carrero.

En su escrito, la acusación popular también cita a Elisa Moriano y Cristina Núñez, directora y diputada de Cultura en 2016 y 2017 por su participación "directa" en la creación del puesto de trabajo de David Sánchez como coordinador de los conservatorios pacenses de música y para las que solicita inhabilitación por 15 años por prevaricación y nombramiento ilegal. Idéntica petición extrapola al funcionario Félix González, quien "intervino en la Comisión Asesora para la adjudicación" del citado puesto.

La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha recalcado este viernes que no hay "ningún indicio" de delito contra su defendido, quien ha vuelto a prestar declaración ante la jueza instructora de la causa que se sigue contra él en Badajoz.

"No hay ningún indicio contra él, no hay nada contra él", ha reiterado su abogado, quien en esta misma línea ha dicho que "ningún indicio es pleno a efectos probatorios desde el punto de vista de cargo".

David Sánchez ha prestado declaración este viernes por la adjudicación del puesto de jefe de Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz a un exempleado del Ministerio de Presidencia, Luis María Carrero, amigo suyo y también citado a declarar este viernes en los juzgados de Badajoz.

El abogado de Sánchez, Emilio Cortés, como el de Luis María Carrero, Salvador Morillas, han considerado un "malentendido" que el hermano del presidente del Gobierno entendiera que la plaza ofertada y que recayó en Carrero ya estaba adjudicada cuando sólo había sido aprobada para su convocatoria.

La jueza instructora de la causa, Beatriz Biedma, ha circunscrito hoy las declaraciones de ambos a la línea de investigación abierta en relación a la incorporación de Carrero en este puesto de trabajo de Diputación pacense en diciembre de 2023.

Así, considera necesario investigar los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación cometidos presuntamente por ambos investigados, en la creación y posterior acceso al puesto, y por el propio hermano del presidente del Gobierno.

En concreto, la jueza remarca en el auto que dio pie a pedir las declaraciones de ambos que existe "una amistad profesional entre Sánchez y Carrero" y que del análisis de los correos electrónicos intervenidos puede entenderse que "ambos daban por sentado la incorporación de este último" a la Diputación.

"Fue una disfunción o un error en la fecha de la aprobación de la plaza, pues (Sánchez) entendió que dicha plaza ya estaba concedida" -ha explicado a los periodistas el abogado de David Sánchez- y que había recaído en Carrero.

También ha hecho referencia a ello el abogado de Luis Carrero, Salvador Morillas, quien ha dicho que fue "un malentendido" y que "ya ha sido aclarado" este viernes ante la jueza.

Según la defensa de Sánchez, su cliente no intervino ni influyó en la llegada de Carrero, entre otros motivos porque "no tenía competencias de tramitación administrativa". Además, "no aparece nada -sobre esta cuestión- en los correos intervenidos".

Preguntado por cómo conoció Carrero que la Diputación de Badajoz convocaba una plaza de jefe de coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, el defensor ha aseverado que fue David Sánchez quien se lo dijo.

"No hay ningún indicio contra él, no hay nada contra él", ha reiterado su abogado, quien en esta misma línea ha dicho que "ningún indicio es pleno a efectos probatorios desde el punto de vista de cargo".

Sobre las declaraciones en sede judicial de una aspirante al puesto que ocupó David Sánchez -la directora de orquesta Cristina de Frutos ha afirmado que no hubo igualdad de oportunidades en el proceso-, Cortés ha recordado que esta persona ni recurrió las bases ni la adjudicación.

"Ha venido a quejarse siete años después. Me parece bien como desahogo, pero como indicio me parece muy pobre", ha dicho el letrado.

Morillas, en declaraciones a la prensa, ha dicho que su cliente, funcionario de la Junta de Extremadura, quería trabajar en Extremadura, de ahí que se presentara a la plaza.

Para la jueza, Carrero habría utilizado "la influencia derivada de su amistad íntima" con David Sánchez para "conseguir la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas"

Una educadora de 35 años de un piso tutelado de Badajoz ha fallecido este lunes como consecuencia de una agresión violenta por parte de tres menores, quienes ya han sido detenidos en Mérida, han informado fuentes de la Policía Nacional.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que los detenidos son dos adolescentes de 14 y 15 años y una joven de 17; según las primeras pesquisas, la educadora pudo ser asfixiada con un cinturón.

Los detenidos son de nacionalidad española y residían en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz. En esa vivienda en la que ha ocurrido la muerte violenta vivían tres chicos de entre 14 y 17 años y una joven de 17.

La joven de 35 años era una de las cinco profesionales que diariamente trabajan con los menores en el piso donde, según una de sus compañeras, "se trabajaba con miedo". La educadora fallecida era natural de la localidad pacense de Castuera, de unos 5.500 habitantes, que este lunes ha amanecido "con incredulidad y "dolor tremendo" ante el terrible suceso, según ha explicado EFE su alcalde, Francisco Martos.

Junto a las cinco auxiliares técnico educativas (ATE), entre ellas la ahora fallecida, trabaja además un coordinador y otro profesional, todos ellos con turnos rotatorios. "Se vivía una situación muy difícil desde hace quince días, con algunos robos y fugas", ha afirmado a EFE una de las auxiliares de esta vivienda, que ha omitido dar su identidad por "miedo". "Esta tragedia le podría haber ocurrido a cualquiera de nosotras", ha agregado la compañera de la fallecida.

De la investigación de la muerte de esta educadora se ha hecho cargo el grupo primero de la brigada provincial de la Policía Judicial de Badajoz.

Los detenidos cogieron el vehículo de la víctima y condujeron con dirección a Mérida, pero tuvieron un accidente a la altura del municipio pacense de Lobón, a unos 29 kilómetros de la capital extremeña, ha informado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en declaraciones a los medios. Tras el accidente, la chica fue arrestada y los otros dos menores fueron detenidos en Mérida.

"Es un hecho absolutamente terrible", ha lamentado el delegado del Gobierno, quien no se ha pronunciado sobre las circunstancias de la muerte, pues, según ha indicado, se está investigando y lo más probable es que se decrete el secreto de sumario.

Los efectivos policiales mantienen abiertas las investigaciones al objeto de dar cuenta del suceso a la Autoridad Judicial, así como al Ministerio Fiscal y la Fiscalía de Menores.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha presentado la renuncia "unilateral" a su puesto de trabajo como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, una contratación por la que estaba siendo investigado. Según han informado a EFE fuentes de esta institución, su marcha se hará efectiva en tres meses.

El hermano del presidente del Gobierno declaró el pasado 9 de enero en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz. La jueza Beatriz Biedma investiga si se cometieron delitos contra Hacienda y contra la Administración (prevaricación y tráfico de influencias) en la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música, a la que accedió David Sánchez.

En esta causa también está investigado el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. En su último auto, de fecha del pasado 29 de enero, la jueza consideraba que los indicios de criminalidad existentes en la causa "se han ido corroborando por las diligencias de investigación ya practicadas".

"Todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al señor Sánchez, haciéndose patente la innecesariedad de sus funciones muy pronto", agregaba la jueza en su auto, pues, según afirmaba, "no se dispuso que fuera sustituido por otro trabajador" durante su excedencia y su baja de paternidad, y "su actividad se centró en el proyecto 'Ópera Joven'". En las últimas horas se ha conocido, además, que el concurso para el desarrollo del programa 'Ópera Joven 2025', que salió a licitación por un valor de 308.677 euros, ha quedado desierto.

Biedma ha ampliado las diligencias probatorias con la citación de nuevos testigos y la solicitud de documentación. Entre ellas, ha solicitado a la Presidencia del Gobierno que informe de los puestos de trabajo que en Moncloa haya ocupado Luis María Carrero, persona que fue contratada por la Diputación de Badajoz tras la llegada de David Sánchez a esta institución provincial.

Esta diligencia probatoria la sustenta la magistrada en que de los correos electrónicos intervenidos en el marco de la investigación se desprende que Carrero "tenía relación personal" con David Sánchez antes de que fuera contratado por la Diputación de Badajoz.

El PP, en su cuenta oficial en X, ha comentado la noticia sobre la dimisión de David Sánchez con ironía: "A ver si no va a encontrar el sitio para firmar el finiquito".

Con sarcasmo también han reaccionado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que de la renuncia al puesto de trabajo ha señalado que "como si alguna vez lo hubiera ejercido", y la vicesecretaria de organización del partido, Carmen Fúnez: "Un Sánchez Pérez-Castejón que dimite es noticia".

El PP extremeño ha apuntado que David Sánchez se irá "sin saber qué era la Oficina de Artes Escénicas" y "sin dar la cara a los extremeños", ya que "lo que mal empieza, mal acaba". "Silencio atronador de todos los que llevan meses defendiéndole como 'el mejor' para una plaza a medida", han agregado desde el PP extremeño.

En este sentido, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha escrito que la renuncia supone "un duro golpe para el mundo de la ópera en la provincia de Badajoz". "Ánimo, Miguel Ángel Gallardo; espero que puedas sobreponerte", ha añadido en similar tono.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, ha negado ante la jueza que le investiga el absentismo laboral por el que fue denunciado por Manos Limpias y ha asegurado que se enteró por internet del puesto convocado por la Diputación de Badajoz, según ha explicado a los periodistas su abogado, Emilio Cortés, y recoge EFE.

David Sánchez ha comparecido este jueves como investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, quien no le ha preguntado por ningún tipo de irregularidad fiscal después de que los técnicos de Hacienda que el miércoles declararon como testigos descartasen que hubiese delito contra el erario público. La juez instructora de la causa, Batriz Biedma, investiga presuntos delitos contra la Administración Pública y Hacienda en la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo a raíz de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias.

A juicio de su abogado, las acusaciones contra David Sánchez "se están cayendo como un castillo de naipes". El absentismo "está olvidado", la vinculación de su cliente con el proceso de creación del puesto de trabajo en la Diputación no existe y el presunto delito contra la Hacienda Pública ha quedado descartado, ha expuesto el letrado.

En este sentido, ha incidido en que la jueza no le ha preguntado sobre el patrimonio ni la fiscalidad de Sánchez, pues, a juicio de Cortés, ya fue descartada por los funcionarios de la Agencia Tributaria que declararon este miércoles en calidad de peritos. El hermano del presidente solo ha respondido a las preguntas de la jueza, el fiscal y su letrado y no lo ha hecho a las de la acusación que ejerce Manos Limpias.

Según su letrado, ha afirmado en su declaración que se enteró de la convocatoria de la plaza de la Diputación por internet, según su abogado, pues había acabado su máster en Milán, "no tenía trabajo y tenía que ganarse la vida". "Algo que parece ser que a determinada gente no le agrada mucho", ha detallado.

A su juicio, la entrevista en el proceso de selección fue "algo más" a la hora de conceder la plaza por parte del Tribunal e iba "en consonancia con el currículum y con el proyecto que tenía cada candidato", que recogía la posibilidad de contar con un programa de ópera, el germen del luego "llamado Ópera Joven". Desde el principio se sabía perfectamente "por dónde iban los tiros profesionales de mi cliente", ha afirmado Cortés.

Cortés ha afirmado que las acusaciones de absentismo laboral vienen negadas "radicalmente" desde la fase documental y por las declaraciones de los testigos, en alusión a las directoras de los conservatorios, quienes, según el letrado, afirmaron que "no solo no practicaba el absentismo sino que era verdaderamente asfixiante su forma de trabajar".

A preguntas de los medios sobre si el cargo de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas tenía un espacio físico, Cortes ha indicado que no. "Era un espejo de su puesto de trabajo, una herramienta, un instrumento", ha explicado en referencia a la denominación del puesto de trabajo. "Esta bifurcación -referida al término oficina- que se trata de establecer es absolutamente ficticia y malintencionada", ha dicho.

Asimismo, ha explicado que el proyecto de la Ópera Joven, una de las iniciativas emprendidas, era "una forma de acercar la práctica a los alumnos del conservatorio, otro modo de llamar a lo mismo". El letrado también ha explicado que David Sánchez entró esta mañana a los juzgados en coche ante las "amenazas recibidas", también él como letrado, a través de las redes sociales. "No tiene edad para que le tiren piedras", ha incidido.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha explicado que la declaración judicial que ha efectuado este jueves ha ido "muy bien” ya que "no tiene nada que ocultar", y que ha servido para aclarar las dudas que pueda haber en este procedimiento.

En declaraciones a los periodistas ha señalado que “solo hay que ver el autobús para conocer el interés del procedimiento, un intento de la ultraderecha y de la derecha de mediatizar la Justicia”, en referencia al vehículo de Hazte Oír que ha estado dando vueltas toda la mañana alrededor del Palacio de Justicia y que reclamaba la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Gallardo ha incidido en que confía plenamente en la Justicia y que por ello ha declarado a las preguntas de la jueza, de la fiscal y de su defensa, pues “quien nada tiene que ocultar nada tiene que temer, desde la más absoluta tranquilidad y lealtad a la Justicia”.

Preguntado por qué se creó la plaza de David Sánchez, tras considerar excesivo un aumento de personal, ha dicho que “eso es incierto” y que ha “aclarado todas y cada una” de las cuestiones referidas a este asunto. “Las plazas que crea una administración son las que considera el Gobierno que ha de crear, que en ese año fueron 57”, ha manifestado.

En cuanto al trabajo que desarrolla David Sánchez ha explicado que “es la coordinación y todo lo que tiene que ver con la ampliación de un género musical hoy imprescindible en esta tierra, llevar la ópera a los pueblos, y cómo ello puede servir para incentivar el empleo” del alumnado de los conservatorios. A su juicio, “trabaja a piñón”.

Mientras se marchaba de los juzgados también ha sido cuestionado por si la Oficina de Artes Escénicas tenía un espacio físico, a lo que ha respondido: “Claro, virtual no puede ser nunca”.

Sobre si teme que este caso le pueda apartar de la Secretaría General del PSOE en Extremadura, Gallardo ha preguntado: “¿Quién me va a apartar? Si me apartan los militantes será por decisión de los militantes, pero ¿qué temor va a tener uno?”.