El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes la naturaleza machista del asesinato de una mujer de 78 años en Badajoz después de recibir una paliza presuntamente por su exmarido el pasado viernes 9 de enero. La mujer falleció este lunes en el hospital, según han confirmado a EFE fuentes de este cuerpo policial.

Tras la agresión del día 9, la mujer ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz y el hombre, de 81 años, fue detenido. Pasó a disposición judicial por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género, pero el juez lo dejó en libertad con la medida cautelar de orden de alejamiento y prohibición de acercarse tanto a la mujer como a su domicilio.

Sin embargo, este lunes el hombre volvió a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento al acercarse al hospital en el que estaba su mujer y el Juzgado de Guardia acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza. A la víctima no se le tomó declaración el viernes al encontrarse hospitalizada y, aunque fue dada de alta, tuvo que ser trasladada de nuevo al hospital, donde falleció este lunes.

La víctima no estaba en el sistema VioGén ni tampoco existía ninguna denuncia previa a la agresión del viernes.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 4 en 2026 y a 1.345 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Al margen de este caso, Igualdad ha condenado también el presunto homicidio de una mujer de 27 años, fallecida el 3 de febrero de 2025 y cuyo caso se consideró, en un principio, una muerte natural. Sin embargo, ahora se está tramitando como un caso de violencia de género, ya que presuntamente habría sido asesinada por su pareja, lo que eleva el número de mujeres asesinadas en 2025 a 47.

Tanto la víctima como el agresor figuraban en el sistema VioGén, aunque las denuncias por violencia machista se tramitaron durante relaciones mantenidas con otras personas.

“Un auténtico desastre sin paliativos. No hay justificación que poner encima de la mesa”. Es el resumen que hacen desde dentro del propio partido. Las encuestas ya lo barruntaban, pero hasta que las urnas no se abrieron y avanzó el recuento de papeletas aún quedaba esperanza de que el batacazo no fuera tal. El PSOE ha obtenido el peor resultado de su historia en Extremadura, ha tocado el subsuelo en un tradicional feudo socialista. El giro hacia la derecha de la comunidad autónoma es más que evidente.

Ha habido trasvase de votos desde el PSOE a Unidas por Extremadura (la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde), al PP e incluso a Vox. Pero el alza de la derecha y la ultraderecha no se entiende sin la alta abstención: casi la mitad de los votantes socialistas se ha quedado en casa.

La traducción en datos deja una realidad curiosa. Tanto PP como PSOE han perdido papeletas, mientras que Unidas y Vox han conseguido más apoyos. Pero en el reparto de porcentajes las derechas han sido las más beneficiadas precisamente por esa baja participación, que se ha notado especialmente en los pueblos más pequeños, donde sus vecinos esta vez no tenían que elegir, además, a los alcaldes.

En cifras y en comparación con las autonómicas de 2023, los socialistas han perdido 106.642 votos (pasando de 242.659 a 136.017 y quedándose en el 25,72%), los populares han recibido 7.935 papeletas menos (bajando de 236.235 a 228.300 pero subiendo al 43,18%), mientras que Vox ha arrastrado 39.960 apoyos más (de 49.400 a 89.360, elevándose al 16,9%) y Unidas 17.810 más (de 36.379 a 54.189 y creciendo hasta el 10,25%).

Pero es que, asimismo, 320.292 votantes no han acudido a su colegio (en una comunidad de apenas un millón de habitantes y 890.985 electores). La abstención se ha elevado en diez puntos, variando del 27,5% al 37,2%, también una cifra histórica.

En el análisis de cómo ha afectado esta realidad al PSOE, todas las miradas estaban puestas en su candidato al 21D, Miguel Ángel Gallardo, cuestionado por las voces críticas de su partido antes de que empezara la campaña, puesto que ponían en duda que fuera la mejor opción para una formación ya bastante herida.

Su imputación por el supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y alto cargo en la Institución provincial de la que era presidente cuando se le contrató, lo ha perseguido como una sombra alargada que no se va nunca. Y su aforamiento exprés solo echó más leña al fuego. Tanto David Sánchez como Gallardo tendrán que sentarse en el banquillo el próximo 28 de mayo para ser juzgados por un delito de tráfico de influencias. Pero es que, dicen las voces críticas, tampoco ha sabido sacarle partido a la campaña electoral en ningún momento.

El resultado es una pérdida de apoyos sin precedentes. No hay que mirar muy atrás para evidenciar que el PSOE ha caído cuesta abajo y sin frenos en poco tiempo.

El cambio se ve con claridad en la comparación con las elecciones autonómicas de 2019, cuando el PSOE recuperó la hegemonía con un Guillermo Fernández Vara muy fortalecido. En esos comicios los socialistas lograron 34 escaños (hacen falta 33 para la mayoría absoluta), obteniendo 286.563 papeletas, lo que significó un 46,73% de la tarta electoral. Solo seis años y dos convocatorias después, ha perdido casi la mitad de sus escaños y más de la mitad de sus votos. Ahora mismo está en el 25,72% de esa nombrada tarta.

En esa cita con las urnas la abstención fue del 28,6%, unos nueve puntos más baja que en el 21D.

Más atrás en el tiempo, y sin contar el paréntesis entre 2011 y 2015, cuando el popular José Antonio Monago se hizo con la Junta gracias a la abstención de Izquierda Unida —pero el PSOE llegó a los 30 escaños—, los socialistas siempre han sido la opción más votada para gobernar en la Junta, una realidad que esta vez se ha dado la vuelta. También en las zonas rurales, a través de las Casas del Pueblo, el partido ha sabido asentarse. Pero en esta ocasión en muchas localidades pequeñas, incluso con alcalde socialista, la derecha y la ultraderecha se han impuesto.

Porque, más allá de la indiscutible victoria del PP frente al PSOE (le saca 17 puntos de diferencia), la principal consecuencia de presentar un candidato socialista fallido y de la baja participación ha sido la subida disparada de Vox en Extremadura.

En aquella cita electoral de 2019 los de Abascal no lograron alcanzar el 5% necesario para hacerse hueco en la Asamblea (se quedaron en el 4,7%), lo que permitió un mayor triunfo de Fernández Vara. Pero ahora la historia se escribe al revés. Precisamente en la comparación con esa fecha, hace seis años y dos convocatorias, Vox ha pasado de 28.849 a 89.360 votos, y de no tener diputados a repartirse 11 escaños (el total son 65). Esta vez han logrado el 16,9% de los apoyos. Han cuadriplicado sus resultados.

Ahora mismo, en Extremadura el PP le saca del doble de distancia al PSOE que los socialistas a Vox, que se sienten más fuertes que nunca pero que permanecen como tercera fuerza.

Asimismo, en el análisis de la situación actual del espacio de la izquierda, si bien Unidas, liderada por Irene de Miguel, ha recogido parte del voto desencantado del PSOE, hay un gran porcentaje que se le ha escapado. Esto se entiende, por un lado, por la complicada relación que los socialistas han tenido siempre con IU en Extremadura, especialmente en los pueblos; y también porque parte del votante del PSOE regional se siente más cómodo con una ideología de centro.

Con los resultados sobre la mesa, el PSOE ha perdido gran presencia en el Parlamento extremeño, hasta tal punto que por la provincia de Badajoz se quedan sin asiento figuras relevantes como José María Vergeles, consejero de Sanidad con Vara que ejerció durante la pandemia y uno de los rivales de Gallardo en las primarias, aunque después se unió a él; y el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, cuyo nombre también se barajó para ser sustituto si el proceso judicial de Gallardo se complicaba.

Y en la circunscripción de Cáceres, el PP está pendiente del recuento final porque faltan los datos de dos pequeñas localidades (Monroy y Campillo de Deleitosa); aspiran a llegar al diputado 30 y quitárselo al PSOE. Si así ocurriera, perdería su escaño Blanca Martín, quien ha sido presidenta de la Asamblea de Extremadura en esta última legislatura que apenas ha durado dos y años y medio.

Extremadura está en el foco. Todas las miradas se dirigen a una comunidad a la que habitualmente apenas se observa. Las elecciones del 21D serán la primera pista de cómo respira la política nacional y la expectación es máxima. Por eso, los partidos miden sus fuerzas en una tierra que nunca había cobrado tanto protagonismo. Y toda la atención está puesta precisamente ahí, en la contienda electoral, en el cruce de reproches y acusaciones, en la batalla en redes sociales. Los retos y necesidades, los problemas y heridas que arrastra la autonomía quedan en un alejado segundo plano. “Si el contexto fuera otro, por aquí no pasan los líderes nacionales como lo están haciendo, porque Extremadura importa poco, tiene poco peso político. Somos algo más de un millón de habitantes y no contamos, no somos necesarios”, reflexiona, entre otros, Jesús Pérez Mayo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura (Uex).

La región comparte con el resto de autonomías riesgos para la ciudadanía como las debilidades del sistema sanitario y el crecimiento sin freno del precio de la vivienda. En el primer caso, las listas de espera y la falta de especialistas se ve acentuado en las zonas rurales, donde cuesta cubrir plazas. En el segundo caso, aunque la comunidad es de las más baratas, los sueldos son también más bajos, una ecuación desigual que dificulta igualmente el acceso a un hogar.

Pero más allá de estas cuestiones, hay grietas concretas directamente relacionadas con ese escenario demográfico del que habla Pérez Mayo. ¿Cuáles son los principales desafíos?

El servicio ferroviario ha mejorado en los últimos años. Existen más opciones y las averías con los pasajeros tirados durante horas en mitad de la nada quedaron atrás. No obstante, Extremadura, a pesar de su situación estratégica en la frontera, sigue siendo una isla y las conexiones internas resultan igualmente escasas.

Hay que ir a la hemeroteca para entender la situación actual del tren. La gran promesa de un AVE Madrid-Badajoz-Lisboa se puso oficialmente sobre la mesa en la cumbre hispano-lusa de 2003, con el entonces presidente del Gobierno José María Aznar y su homólogo portugués José Manuel Durão Barroso. Se fijó 2010 como el año en que se inauguraría esta infraestructura. Desde entonces se han ido acumulando retrasos. Todos los Gobiernos de España han incumplido sus compromisos con el tren extremeño.

¿Cuáles han sido los avances? En el verano de 2022 se inauguró la nueva plataforma entre Badajoz y Plasencia, pero hubo que esperar otro año más para que entrara en vigor la electrificación y empezar a hablar, por fin, de trenes de altas prestaciones.

Y hasta ahí. Desde Plasencia hasta el límite con Castilla-La Mancha los tramos siguen en obras, avanzados pero sin terminar. En la provincia de Toledo aún no hay un proyecto claro para la continuidad hasta Atocha. Y en la parte portuguesa, el recorrido desde Elvas (en la frontera) hasta Évora (a mitad de camino hacia Lisboa) es el único avanzado en alta velocidad. El plan permanece a medias.

Aun así, las mejoras son evidentes. Ajustando horarios, ya se puede ir y volver en el día a Madrid desde Badajoz en un viaje de unas cuatro horas y media para recorrer los 400 kilómetros de distancia. Antes la media era de más de seis horas.

No obstante, basta un ejemplo para la comparación. Entre Sevilla y Madrid hay 533 kilómetros; el AVE tarda menos de tres horas en unir ambas ciudades y con más opciones. Otro ejemplo: el tren Badajoz-Sevilla necesita cuatro horas y media para recorrer 210 kilómetros que en coche se completan en dos horas y 40 minutos.

El servicio regional también es deficiente para conectar pueblos y ciudades en una región amplia y dispersa. “Parece mentira que ahora estemos celebrando los nuevos trenes entre Badajoz y Cáceres”, dice Pérez Mayo. Se refiere a que este mes de diciembre han empezado a funcionar cuatro servicios diarios de Media Distancia que permiten completar el trayecto en 46 minutos (la distancia es de 90 kilómetros).

Otra de las peculiaridades de Extremadura es que las dos capitales de provincia no están unidas por autovía. También hace décadas que se proyectó, pero de momento solo hay pequeños tramos en marcha de la llamada A-58.

No es la única pendiente. La futura A-43 hacia el Levante avanza a ritmo muy lento y sin un diseño claro en la provincia de Ciudad Real. Y en cuanto a las autovías autonómicas, ahora se propone la colaboración público-privada para potenciar su construcción.

En relación al autobús, si bien la Junta ha aprobado que los viajes sigan siendo gratuitos dentro de la región, las rutas son escasas y no cubren de manera óptima las necesidades de sus posibles usuarios, especialmente en las zonas rurales.

“Los jóvenes se nos van porque no encuentran oportunidades laborales”. La frase la pronuncia Mari Cruz Lara, secretaria de Empleo y Formación de CCOO en Extremadura, pero es una reflexión constante. A pesar de los intentos por retener talento, las cifras hablan por sí solas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que a 1 de enero de 2025 había 109.964 residentes de entre 25 y 34 años en la comunidad; un año antes eran 111.899; y hace diez años, 140.073. Una pérdida del 21% en la última década.

Uno de los principales factores de esta bajada es el éxodo juvenil. Los pueblos se vacían y, como consecuencia, repunta el envejecimiento de la población. Esa falta de oportunidades hace, además, que la comunidad sea poco atractiva para los inmigrantes. De nuevo los números dibujan la realidad: los habitantes extranjeros suponen un 14,2% del total en el conjunto del país; en Extremadura representan solo el 4,6%.

No obstante, las últimas publicaciones del INE reflejan un ligero repunte de población gracias precisamente a la inmigración y una reducción del paro en comparación con otros territorios. Pero Extremadura, junto con Andalucía, suele liderar el ranking nacional de desempleo.

Al respecto, Mari Cruz Lara plantea: “No podemos olvidar que existen problemas estructurales sin resolver. Si bien hay determinados trabajos para los que no se encuentra gente, habrá que ver las condiciones que se ofrecen”. Ella pone el foco en lo rural y la mujer: “Hay una clave fundamental: las administraciones deben invertir en servicios públicos útiles y tener en cuenta a los pueblos para poder crear empleo. Por ejemplo, si en los pequeños municipios hay guardería, un centro de mayores y un autobús, las mujeres tendrían muchas más facilidades para cubrir puestos. Y además se crearían nuevas plazas en esos recursos públicos. Los pueblos tendrían más vida. Para eso hay que tener muy clara la apuesta por el mundo rural”.

También apunta a los jóvenes: “Es muy importante adaptar la formación a la demanda. Si hay determinadas industrias que se van a poner en marcha en Extremadura, que ellos puedan trabajar en ellas”.

Al hilo de lo anterior, una de las claves para analizar el mercado laboral es la escasa industrialización. De ahí que, sin alternativas reales, se peleé por la continuidad de la central nuclear de Almaraz al ofrecer sueldos y condiciones por encima de la media.

Hace apenas tres años, en Extremadura se habló de la ‘revolución industrial verde’. El expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara insistió en que había una oportunidad clave: “Esta comunidad llegó a la revolución industrial 150 años tarde, ahora llega antes que nadie”, expresó. Sobre la mesa, proyectos como la gigafactoría de Navalmoral de la Mata (en la comarca de Campo Arañuelo, cerca de Almaraz), la fábrica de diamantes en Trujillo, la mina de litio de Cañaveral o la azucarera de Mérida. A ellos se sumaba Elysium City, el macroproyecto de ocio planteado en La Siberia, en el entorno de Castilblanco. Vara usó el término ‘verde’ porque casi todos los proyectos tirarían de energía renovable. Inversiones millonarias, miles de puestos de trabajos… 

Solo la fábrica de Trujillo está en marcha y ahora se ha anunciado una ampliación. El resto, en el aire. “Parece que la promotora de la gigafactoría va a comprar ya los terrenos… Lo importante es que las iniciativas salgan adelante, porque esa industrialización cambiará el perfil de empleo y salarios, que serían mucho mejores, y permitiría la creación de servicios con alto valor añadido”, evidencia Pérez Mayo. Y añade: “Pero resulta igualmente necesario que las conexiones mejoren, no solo para la movilidad de las personas, también para las mercancías”.

Más allá de la industrialización, Extremadura es una región agraria que necesita un impulso en el campo, que vive en continua asfixia por los bajos precios y, con frecuencia, en conflicto con las políticas que llegan desde Bruselas.

Lo cierto es que la agricultura y la ganadería suponen el 7,7% del PIB extremeño, de su riqueza (el dato nacional es del 2,7%) y de ahí la importancia de seguir potenciando la innovación, la producción y las exportaciones.

Para ello es fundamental poner en valor el escenario demográfico a la hora de plantear, por ejemplo, la financiación autonómica. De nuevo, una comparación: Extremadura tiene una densidad de población de unos 26 habitantes por kilómetro cuadrado; País Vasco, 300 (la media nacional está en los 98 habitantes). Aquí los expertos coinciden en que la organización de los servicios básicos ha de tener en cuenta la dispersión y el envejecimiento.

La radiografía de la comunidad constata los retos, carencias y las reivindicaciones históricas. Cuando pase el 21D y la atención política desaparezca, será el momento de comprobar si las necesidades de Extremadura están en el foco.

“Ahora los hijos de los parceleros, esos que se han ganado la tierra con el sudor de su frente, se arriman a la extrema derecha. ¿Por qué? Porque la gente joven ve en esos mensajes de los ultras una respuesta a sus carencias. No cuesta ningún trabajo decir lo que hace falta. Las respuestas que se dan desde esos discursos son anodinas, pero da igual, porque calan. Los jóvenes lo que buscan es un referente, y en la izquierda no lo encuentran. A la gente mayor no la convencen tanto, pero, en general, la tendencia es más conservadora, porque cuando se siente que hay inestabilidad, pérdida de credibilidad o las aguas se revuelven, lo que se quiere es conservar lo que se tiene, agarrarse bien a lo que hay para no perderlo”. Es el análisis de Cecilia Carrasco, secretaria de Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) en Extremadura, que conoce en profundidad y de primera mano qué ambiente se respira en el campo.

Hace esta reflexión de cara a la campaña electoral del 21D, que acaba de empezar y cuyos resultados regionales marcarán el nuevo ciclo político a nivel nacional. La principal batalla está a la derecha del tablero: el PP quiere mayoría absoluta para no depender de Vox y Vox hacerse más fuerte para marcar el paso. Por eso ambos, más allá de disputarse a sus votantes naturales, pretenden ampliar su área de influencia. El objetivo es atraer a desencantados del PSOE. Y uno de los principales focos está puesto en el mundo rural, clave en Extremadura.

Carrasco explica lo de los parceleros: “Aquellos agricultores que en su momento tuvieron acceso a tierras en los pueblos de colonización. Ahora son propietarios de cuatro o cinco hectáreas. Son explotaciones familiares”. Y hace su radiografía de cómo funciona la ideología política en el campo: “El regadío siempre ha sido más progresista porque se necesita más novedad, más avance, más tecnología. Son cultivos más sociales. El secano es más conservador, y ahora más todavía”.

“¿Quién puede negar ya el cambio climático? Solo hay que ver cómo llueve”, expresa, por su parte, Juan Moreno, un histórico en Extremadura de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) en referencia a los discursos de Vox. “En el campo pasa lo que en todas partes, que el mensaje de la extrema derecha llega a los jóvenes sobre todo a través de las redes sociales”, asegura. “Y después esos ultras le dicen al agricultor lo que quiere escuchar, más teniendo en cuenta que las políticas de Bruselas no gustan nada”, añade.

Justo ahí Vox cree haber encontrado un caladero. Uno de los argumentos más repetidos en esta campaña será el rechazo al Pacto Verde europeo, resaltando que es un acuerdo apoyado por PSOE y PP. "Hay que eliminar las políticas verdes que machacan el campo extremeño", repiten una y otra vez.

En ese intento de dominio de lo rural se presentan también como el partido de las tradiciones defendiendo, por ejemplo, la caza y los toros. Pero la realidad es que en Extremadura el PSOE —al igual que el PP— siempre ha apoyado ambos sectores a sabiendas de que son, igualmente, votos.

Lo cierto es que en el intenso recorrido que ya están llevando a cabo por numerosos pueblos de Cáceres y Badajoz son ellos mismos los que insisten: “Habrá trasvase de votos desde el PSOE”.

La respuesta desde el otro lado la da, por ejemplo, el alcalde socialista de Hernán Pérez (en la provincia de Cáceres, 411 habitantes): “Abascal viene a Extremadura a conquistar el voto rural diciendo no a la inmigración en unos pueblos que necesitarían miles de inmigrantes para poder levantar miles de hectáreas abandonadas y llenar miles de casas vacías”, expresa.

La socióloga y profesora de la Uex (Universidad de Extremadura) Beatriz Muñoz da varias claves del contexto actual: “El campo siente abandono institucional. El mundo rural percibe que recibe pocos recursos. Esa sensación generalizada de desamparo se traduce en ‘zona de disputa’ para los partidos”. Al respecto, explica: “El PP ya ha identificado al campo como uno de los más descontentos y lo ha colocado como objetivo prioritario: primero la agricultura, después la transición ecológica”.

Del mismo modo, añade: “Además, hay desconfianza hacia las regulaciones de la Unión Europea y, en este caso, el mensaje de la ultraderecha es que se quiere ‘estrangular’ al pequeño agricultor, generando inseguridad y enfado. Si a eso se añade la incertidumbre por los bajos ingresos, los precios de mercado volátiles y la narrativa de ‘nosotros contra la burocracia’, pues el mensaje que queda es: estos sí nos van a defender”.

Habría que destacar, al respecto, que la extrema derecha ya ha ocupado en diversas autonomías consejerías relacionadas con el campo. En Extremadura fue la de Gestión Forestal y Mundo Rural, dos competencias que el PP sacó de Agricultura para crear esta nueva cartera.

Muñoz destaca también la ‘guerra cultural’ entre campo y ciudad teniendo en cuenta que en Extremadura casi la mitad de la población vive en localidades de menos de 10.000 habitantes: “Parte fundamental de los populismos es contraponer lo rural y lo cosmopolita; esto último lo identifican con ecologistas, feministas o urbanitas. Esa dicotomía simplista puede generar adhesión en quienes sienten que su forma de vida y su identidad están siendo denigradas desde las élites urbanas”.

Esta socióloga resalta, en este sentido, la “falta de alternativas”. “Si los partidos de izquierda no logran ofrecer políticas de rejuvenecimiento rural que incluyan servicios públicos, precios justos, inversión o dignidad laboral, la desilusión puede favorecer al mensaje de la derecha”.

No obstante, sí quiere hacer un matiz y destacar el papel de líderes como Irene de Miguel, de Unidas (la confluencia de Podemos, IU y Alianza Verde), “porque ha entendido que si no están ellos explicando las cosas, otros ocuparán su sitio”.

Expuestas las observaciones, Muñoz resume: “La estrategia de captar votos en el campo tiene muchas posibilidades de éxito, sobre todo si se logra conectar emocionalmente con el enfado, la identidad y las tensiones. Todo dependerá de la capacidad de estos partidos para transformar promesas en percepciones reales de protección, apoyo y mejora de vida”. No obstante, apostilla: “También hay límites al discurso de la derecha. No todo el mundo rural ve las cosas igual: hay generaciones nuevas e inquietudes diferentes que tienen en cuenta el cambio climático, la sostenibilidad o los derechos laborales”.

“Conmigo Almaraz no se va a cerrar. Tenéis mi palabra”. Así lo proclamó el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su primera visita a Extremadura dentro de la precampaña electoral. Y así evidenció que la central nuclear de la provincia cacereña será arma arrojadiza de cara al 21D, cuando se celebren las elecciones autonómicas y de cuyos resultados estarán muy pendientes desde Madrid. El arco parlamentario que se dibuje en la región dará las claves del nuevo ciclo político nacional. 

El ruido había empezado días antes en el Congreso, con el rechazo a una enmienda propuesta por el PP que pretendía, sin tener en cuenta el informe de los técnicos, eliminar directamente la fecha de cierre de las nucleares en España. Que esa enmienda no saliera adelante no significaba que la petición de alargar Almaraz hasta 2030 desapareciera, pero los populares dieron con el relato oportuno para acusar al PSOE de “traición”.

La realidad es que los socialistas extremeños, desde que se planteó la primera prórroga en 2019 (entonces se marcaron los años 2027 y 2028 como límite), han defendido siempre extender la vida útil de la central, discrepando de los planes energéticos nacionales de su propio partido.

Pero, ¿qué hay más allá de esas declaraciones de Feijóo y la batalla electoral? ¿El futuro pasa por extender sin límite una central de principios de los 80 que sigue acumulando residuos tóxicos y que, por su propia condición, ya nació con fecha de caducidad?

La respuesta es que no se ha trabajado de manera práctica y eficiente en las alternativas para la transición necesaria. Y el debate político tampoco se centra ahí.

La pérdida de puestos de trabajo si Almaraz cierra es, sin duda, uno de los argumentos más usados para la defensa de la energía nuclear. Las cifras oficiales dicen que hay 369 empleos directos con sueldos por encima de la media, más otros 662 indirectos de empresas especializadas. Además, en época de recarga existe una contratación extra de unas mil personas. No obstante, informes como el de la consultora Metys, que maneja el Foro Nuclear, hablan hasta de 3.800 puestos. “Pero es que esos datos inflados no son reales. Se dice que la comarca de Campo Arañuelo vive de la central, y no es verdad. La comarca vive de la agricultura. ¿Son importantes esos empleos que se van a perder y que los comités de empresa los tienen que defender? Sin ninguna duda. Pero entonces lo que se necesita es un plan de transición justa para paliar las consecuencias y buscar alternativas para la zona, algo que no se ha hecho”, dice Antonio Rosa, que fue consejero de Industria y Energía en los años 80 con Ibarra como presidente de la Junta de Extremadura; después ejerció de presidente del Clúster de la Energía en la región. Rosa es de las pocas voces en contra de la prórroga. “Es que ahora parece que toda Extremadura vive de Almaraz. Y, además, hay que recordar que la instalación no deja absolutamente nada en la comunidad, porque la sede fiscal de las empresas propietarias está fuera”.

Con su planteamiento coincide Irene de Miguel, la líder de Unidas por Extremadura (la confluencia de Podemos e Izquierda Unida), el único partido en la región en contra de que la nuclear siga funcionando. “Es prolongar unos pocos años más la agonía, ¿qué estabilidad es esa?”, plantea.

Desde el Ejecutivo del fallecido Guillermo Fernández Vara (PSOE) se intentó buscar una opción para la zona: la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, pero apenas ha habido avances en este proyecto en los dos años de gobierno de la popular María Guardiola.

Por ello, en el acto de precampaña de los socialistas del pasado miércoles en Mérida, con la presencia de Pedro Sánchez, el candidato a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, aseguró que si gana las elecciones peleará por esa gigafactoría. Sánchez, por su parte, evitó pronunciarse sobre el futuro de Almaraz.

Además del empleo, otros de los puntos fuertes es el dinero que reciben los ayuntamientos del entorno. El informe 'Impacto socioeconómico del cierre de la central nuclear de Almaraz', de la consultora Payperthink y encargado por AMAC (Asociación Española de Municipios en Áreas Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos) refleja que los 12 pueblos más cercanos a la instalación reciben 15 millones de euros al año, lo que supone casi el 60% de los presupuestos municipales de la zona. En algunos municipios es casi el 80%. La traducción es que, por ejemplo, Almaraz (1.600 habitantes) es el pueblo más rico de Extremadura.

El dinero lo reciben en base al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la central, pero también por parte de Enresa, la empresa nacional que gestiona los residuos radiactivos. “Es un regalo envenenado”, asegura Rosa.

Otro de los factores clave en el debate sobre la continuidad de la central es si las energías renovables están preparadas para ser alternativa a la nuclear dejando a un lado el gas que viene de Argelia y evitar así que se incremente la factura de la luz. Los informes de Foro Nuclear afirman que Almaraz aporta el 7% del total de la energía que se consume en España. “Hemos cumplido con el plan previsto y estamos preparados para la transición”, dice, sin ninguna duda, Ángel Bernáldez, delegado en Extremadura de la Unión Española Fotovoltaica (Unef). Explica que hay dos claves. La primera, la capacidad para acumular energía. Bernáldez asegura que las nuevas plantas ya cuentan con la tecnología necesaria que permite esa posibilidad. Así, ya se podrían incorporar a los mecanismos de control de tensión, o lo que es lo mismo, servirían para dar estabilidad al sistema y hacer frente a las perturbaciones (las que provocaron el apagón).  

La segunda, la necesidad de mejora de la red eléctrica para aumentar la capacidad y que los proyectos fotovoltaicos no se vean limitados.

Desde el sector tienen claro que la apuesta clara por la renovable pasa porque la nuclear deje su espacio en el mercado “porque todas no caben”, pero hay voces que aseguran que aún se está a medio camino en este cambio sin tener que depender del gas. 

En este contexto, el último informe de Fundación Renovables pone el foco en la rentabilidad: “En principio, ampliar la vida de los reactores existentes parece más barato que construir nueva capacidad firme, sin embargo, cuando se internalizan las inversiones de modernización, los sobrecostes operativos, la gestión de residuos extra y, sobre todo, los riesgos económicos de un accidente grave, el balance se inclina rápidamente hacia una falsa economía”.

El estudio también recoge: “Alargar hasta 2030 la vida de Almaraz supondría ir contra el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) y alterar los planes que han guiado la inversión en renovables en los últimos años, además de abandonar la idea de un cierre escalonado y progresivo que permita suavizar la pérdida de generación nuclear, ya que supondría clausurar a la vez Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes en 2030”.

En la algarabía electoral sobre Almaraz, apenas se pronuncia el término residuos tóxicos, esos por los que los ayuntamientos reciben compensación. Ya se está haciendo un segundo Almacén Temporal Individualizado (ATI) para la basura nuclear. Estas instalaciones son necesarias porque las piscinas dentro de las centrales se saturan. “Los restos siguen siendo radiactivos durante varios miles de años. En España las políticas sobre residuos no han conseguido clarificarse, no tenemos un plan definitivo. Hay que recordar que se trata de almacenes temporales”, subraya Carmen Ibarlucea, portavoz del Foro Antinuclear de Extremadura. ¿Cuál es el impacto medioambiental? “No se han hecho estudios. Los portugueses sí los hicieron y denunciaron contaminación en el río Tajo”. De hecho, Portugal, por la cercanía a la frontera, elevó una denuncia ante Europa en 2017 cuando se planteó la construcción del primer ATI.

Desde el otro lado, Foro Nuclear se agarra a que Almaraz no produce emisiones de CO2, lo que sí ocurre con las centrales de ciclo combinado que queman gas. Precisamente, por esa ausencia de CO2 se le consideró ‘energía verde’ por parte de la Unión Europea.

No obstante, Almaraz también necesita su propio combustible, el uranio, “que es finito, se está acabando y que se compra a Rusia”, incide Ibarlucea para romper esa idea de la autonomía energética que se le atribuye a la central cacereña.

Y hace hincapié en que las nucleares son ya “tecnología obsoleta que cuesta mucho dinero”.

Hay que partir de la premisa de que se diseñaron con un límite establecido: operar durante 40 años (Almaraz inició su actividad en 1981), aunque ahora empresas del sector defienden que se puede llegar hasta los 60 o incluso a los 100. En este hipotético caso, sería necesaria una importante inversión por parte de las propietarias. Al hilo de esta cuestión, hay que recordar que la posible prórroga de la central cacereña dependía, en un primer paso, de que sus dueñas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) pidieran la continuidad. No estaban dispuestas al considerar que el negocio no era rentable y por ello exigían al Gobierno una rebaja de impuestos. Enviaron la solicitud casi al límite sin la condición fiscal, pero habiendo conseguido una deducción en la ecotasa por parte de la Junta de Extremadura, una propuesta aprobada por María Guardiola a petición de Vox. 

¿En qué parte del proceso se está ahora? Desde el Gobierno se han establecido tres líneas rojas para dar el visto bueno a la ampliación: que se garantice la seguridad nuclear, la seguridad de suministro y que no suponga un coste para consumidores y contribuyentes.

Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya ha recibido la petición de prórroga y trabajará para emitir un informe donde se especifiquen las inversiones necesarias; paralelamente también hace los cálculos de cómo se llevaría a cabo el desmantelamiento de la central a partir de 2027. Son las dos opciones.

En ambos escenarios sigue siendo necesario trabajar tanto en una alternativa de empleo como en la mejora de las fuentes renovables para una transición justa.

El juicio por la causa de la contratación en la Diputación de Badajoz de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026.

La Audiencia de Badajoz ha dictado diligencia de señalamiento para el juicio oral en la citada causa, en la que también figura como procesado el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta en los comicios adelantados en esta comunidad autónoma.

El juicio, cuyo procedimiento ha dirigido la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, tendrá lugar en la Audiencia de Badajoz en sesiones de mañana y, de ser necesario, se ampliarán en horario de tarde, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Biedma dio por concluida esta semana la fase de instrucción y remitió el procedimiento a la Audiencia Provincial, después de que todas las partes dieran traslado de sus conclusiones provisionales.

La acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, pide tres años de prisión por los delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para David Sánchez y Gallardo, mientras la Fiscalía y las defensas de los once procesados piden la libre absolución.

El auto de procesamiento argumenta que David Sánchez, teniendo "conocimiento previo" de que el puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz se había "creado para él", se presentó a la convocatoria "e hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiario del mismo".

La jueza considera que la creación del puesto fue "a petición, seguramente, de persona o personas" del entorno de David Sánchez que "conocían la necesidad" de este, quien "en ese momento carecía de trabajo estable".

Además, la creación de dicho empleo, decidida por Gallardo y la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez; y la directora del Área de Cultura, Elisa Moriano, tenía como "objetivo" que fuera ocupado por David Sánchez, quien dejó el cargo en febrero de este año.

La jueza también procesa a Luis María Carrero, que fue empleado del Ministerio de Presidencia.

Según la jueza, Carrero habría utilizado la influencia derivada de "su amistad íntima" con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al puesto de jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz.

La Fiscalía ha pedido a archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los citados delitos.

"Es absurdo prolongar el proceso" que está "condenado al fracaso", afirmó el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.

En su solicitud de archivo, que extiende a las otras nueve personas investigadas, la Fiscalía entiende que la atribución de la comisión de los delitos no se ha producido de manera "patente", "clara", "inobjetable" e "irrefutable".

"La conclusión incriminatoria" de la jueza se sustenta, según la Fiscalía, en "conjeturas e hipótesis" que no cuentan con el respaldo fáctico necesario para concluir que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios, el que finalmente ocupó David Sánchez, "fuera creado a la carta".

Bajo la dirección letrada de Manos Limpias, la acusación popular entiende que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de música "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevista al resto de candidatos era "un mero paripé".

"Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", lo que "no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado", se añade.

Además, consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a "sus preferencias personales" de "no tener que acudir diariamente a un despacho" y que la persona que "extraoficialmente le ayudaba" en su proyecto de 'Ópera Joven', Luis María Carrero, también fuera contratado.

Para Carrero, quien dimitió de su puesto el pasado mes de julio, la acusación popular solicita un año y medio de prisión por los mismos delitos, multa del duplo del beneficio obtenido por su cargo como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas de la institución provincial e inhabilitación por seis años.

La Audiencia de Badajoz ha rechazado el recurso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y del resto de investigados por su presunta contratación irregular en la Diputación de esa provincia, lo que les sitúa a un solo paso de ir a juicio.

La Audiencia Provincial ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que confirma el procesamiento de Sánchez, así como el del expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo y el de los otros nueve investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El tribunal considera que existen indicios suficientes sobre "el presunto carácter delictivo" de las conductas imputadas, por lo que confirma el procesamiento dictado por la jueza que ha instruido la causa, Beatriz Biedma, a quien ahora corresponde ordenar la apertura de juicio oral.

Entre los nueve restantes figuran el que fuera excoordinador de centros y programas de actividades transfronterizas de la Diputación y exasesor del Ministerio de Presidencia, Luis Carrero; el director del Área de Cultura de la Diputación pacense, Manuel Candalija, y el diputado provincial de Cultura, Ricardo Cabezas.

Para la Audiencia Provincial de Badajoz, los hechos delictivos abarcan desde la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios -fue otorgada a David Sánchez- al cambio de denominación del puesto, así como de la creación del puesto de "sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas”, que recayó en Luis Carrero, exasesor del Ministerio de Presidencia y amigo de David Sánchez.

Aunque son varios los autos emitidos por la Audiencia de Badajoz para responder a los recursos, los magistrados agrupan en todos ellos tres bloques de indicios basados en declaraciones y documentos expuesto en el auto de la magistrada que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado.

El primero de ellos hace referencia a la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios, la cual fue otorgada a David Sánchez. La Audiencia remarca que la jueza instructora sostiene que no estaba justificada la propuesta ni que fuera personal de alta dirección quien debía prestarlo.

Se hace eco la Audiencia pacense de expresiones recogidas en el auto de procesamiento -emitido por la jueza instructora- referidas a la creación de dicha plaza, como "premura", "innecesaria" y "disparatada", y correos en lo que aparece la expresión "hermanísimo" referida a David Sánchez.

Gallardo consideró que no existe indicio alguno, como expuso en su recurso, y que el hecho de ser presidente de la Diputación no le otorgaba ningún tipo de responsabilidad objetiva.

Para la Audiencia, el nombramiento de David Sánchez como coordinador de los conservatorios de Badajoz, con fecha de 30 de junio de 2017, "culmina todo un procedimiento administrativo anterior en el que se han apreciado indicios de una finalidad ilegítima".

Asimismo, se hace eco de que los informes periódicos de la labor de David Sánchez fueron remitidos "en papel y con fecha más que tardía", y, en este mismo sentido, se sostiene que el trabajo de éste no se prestó de forma habitual en Badajoz y que su puesto de trabajo fue "adaptado a las exclusivas preferencias personales" de David Sánchez.

Entiende la Audiencia pacense que, "al menos indiciariamente", que el Área de Presidencia "tenía conocimiento de cuanto se proponía, siendo discutible de que se tratara de una cuestión puramente técnica".

Aunque en el recurso de petición del sobreseimiento libre de las actuaciones elevado por Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, se exponía la "inexistencia de indicios" de delitos y subsidiariamente se pedía la nulidad del procedimiento, la Sección Primera de la Audiencia considera que "existen indicios suficientes" sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas.

Por contra, Gallardo, a través de un comunicado, ha dicho este martes, tras conocer el auto de la Audiencia, que la plaza que ocupó David Sánchez, "tras superar éste pruebas objetivas de idoneidad para este puesto directivo, existía desde hace muchos años".

El segundo bloque de indicios que sostienen el procesamiento se refiere al cambio de denominación del citado puesto de trabajo, pues pasó de 'coordinador de las Actividades de los Conservatorios' a 'jefe de la Oficina de Artes Escénicas' de la Diputación.

Expone la Audiencia que en el auto de la jueza vienen reflejadas varias irregularidades, como "disfrazar de simple el cambio de denominación lo que en realidad era una auténtica creación de puesto, y todo ello a fin de ocultar la verdadera realidad".

"Otro indicio más de la finalidad torticera de este cambio tal y como se reconoce en el Auto es la eliminación de la incompatibilidad del puesto", se añade.

El tercer apartado fáctico de imputaciones se refiere a la aparición en el organigrama de la Delegación de Cultura, Deporte y Juventud de la creación del puesto de “sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas”, que recayó en Luis Carrero.

"Existen incluso correos de los que se deduce una relación personal muy cercana entre ellos, llamando don Luis (Carrero) a don David (Sánchez) como 'hermanito'”, detalla el auto.

Por todo ello, acuerda "proseguir el procedimiento", remarca que no ha existido "quebranto alguno de la presunción de inocencia" del investigado, extremo éste que sí fue alegado por la defensa, y considera que no es necesario completar la instrucción con otro tipo de diligencias.

En mayo, la Fiscalía pidió archivar el procedimiento al entender que "no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir" la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

"Es absurdo prolongar el proceso" que está "condenado al fracaso", afirmaba en su día el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre.

La defensa del hermano del presidente del Gobierno, Emilio Cortés, también defendía a su cliente asegurando que "no hay ningún indicio contra él, no hay nada contra él", y afirmaba que "ningún indicio es pleno a efectos probatorios desde el punto de vista de cargo".

David Sánchez prestó declaración en su día por la adjudicación del puesto de jefe de Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz a un exempleado del Ministerio de Presidencia, Luis María Carrero, amigo suyo.

Tanto el abogado de Sánchez, como el de Luis María Carrero, Salvador Morillas, han considerado un "malentendido" que el hermano del presidente del Gobierno entendiera que la plaza ofertada, que recayó en Carrero, ya estaba adjudicada cuando sólo había sido aprobada para su convocatoria.

Para la jueza, Carrero habría utilizado "la influencia derivada de su amistad íntima" con David Sánchez para "conseguir la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas".

La acusación popular en el procedimiento abierto a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, pide tres años de prisión para éste por los delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal, según informa EFE. En su escrito de solicitud de apertura de juicio oral tanto para David Sánchez como para otras diez personas más, entre ellos el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, la acusación popular también solicita que el hermano del presidente del Gobierno devuelva los salarios obtenidos de su cargo entre junio de 2017 y febrero de 2025.

El escrito de la acusación popular, al que EFE ha tenido acceso, ha sido elevado a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora de la causa, quien el pasado 28 de abril dictó auto de procesamiento contra estas once personas por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

A juicio de la acusación, Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios de música pacenses "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevista al resto de candidatos era "un mero paripé". "Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", lo que "no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado", se añade.

Además, consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a "sus preferencias personales" de "no tener que acudir diariamente a un despacho" y que la persona que "extraoficialmente le ayudaba" en su proyecto de Opera Jóven, Luis María Carrero, también fuera contratado.

Para Gallardo, quien también es secretario general del PSOE de Extremadura, la acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, pide tres años de prisión por los delitos continuados de prevaricación en concurso con el de tráfico de influencias y de nombramiento ilegal.

Asimismo, solicita para Gallardo inhabilitación para empleo o cargo público durante 15 años y multa equivalente al doble del beneficio obtenido tanto por David Sánchez como por Luis María Carrero, exfuncionario del Ministerio de Presidencia que también fue contratado por la Diputación de Badajoz.

Entiende la acusación popular que como máximo responsable de la Diputación y dada "la gran vinculación" del personal de Alta Dirección "con los órganos políticos", Gallardo conocía que el puesto de coordinador "estaba destinado" a David Sánchez y "participó directamente" en los hechos. "Del examen de los correos de David Sánchez" se deriva "que tenían una relación estrecha y que incluso hablaban los fines de semana", expone la acusación.

Para Carrero, la acusación popular solicita un año y medio de prisión por los mismos delitos, multa del duplo del beneficio obtenido por su cargo como jefe de Sección de Actividades Transfronterizas de la institución provincial e inhabilitación por seis años.

Similar petición de condena de prisión se extiende a Juana Cinta (directora del Área de Recursos Humanos) por "dar apariencia de legalidad" al procedimiento, Emilia Pareja (directora de Cultura) y Francisco Martos (diputado de Cultura) por "fingir cambio de nomenclatura" en el puesto de David Sánchez, así como para Ricardo Cabezas (diputado provincial) y Manuel Candalija (Área de Cultura) por intervenir "directamente" en la creación del puesto de Carrero.

En su escrito, la acusación popular también cita a Elisa Moriano y Cristina Núñez, directora y diputada de Cultura en 2016 y 2017 por su participación "directa" en la creación del puesto de trabajo de David Sánchez como coordinador de los conservatorios pacenses de música y para las que solicita inhabilitación por 15 años por prevaricación y nombramiento ilegal. Idéntica petición extrapola al funcionario Félix González, quien "intervino en la Comisión Asesora para la adjudicación" del citado puesto.

La defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha recalcado este viernes que no hay "ningún indicio" de delito contra su defendido, quien ha vuelto a prestar declaración ante la jueza instructora de la causa que se sigue contra él en Badajoz.

"No hay ningún indicio contra él, no hay nada contra él", ha reiterado su abogado, quien en esta misma línea ha dicho que "ningún indicio es pleno a efectos probatorios desde el punto de vista de cargo".

David Sánchez ha prestado declaración este viernes por la adjudicación del puesto de jefe de Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación de Badajoz a un exempleado del Ministerio de Presidencia, Luis María Carrero, amigo suyo y también citado a declarar este viernes en los juzgados de Badajoz.

El abogado de Sánchez, Emilio Cortés, como el de Luis María Carrero, Salvador Morillas, han considerado un "malentendido" que el hermano del presidente del Gobierno entendiera que la plaza ofertada y que recayó en Carrero ya estaba adjudicada cuando sólo había sido aprobada para su convocatoria.

La jueza instructora de la causa, Beatriz Biedma, ha circunscrito hoy las declaraciones de ambos a la línea de investigación abierta en relación a la incorporación de Carrero en este puesto de trabajo de Diputación pacense en diciembre de 2023.

Así, considera necesario investigar los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación cometidos presuntamente por ambos investigados, en la creación y posterior acceso al puesto, y por el propio hermano del presidente del Gobierno.

En concreto, la jueza remarca en el auto que dio pie a pedir las declaraciones de ambos que existe "una amistad profesional entre Sánchez y Carrero" y que del análisis de los correos electrónicos intervenidos puede entenderse que "ambos daban por sentado la incorporación de este último" a la Diputación.

"Fue una disfunción o un error en la fecha de la aprobación de la plaza, pues (Sánchez) entendió que dicha plaza ya estaba concedida" -ha explicado a los periodistas el abogado de David Sánchez- y que había recaído en Carrero.

También ha hecho referencia a ello el abogado de Luis Carrero, Salvador Morillas, quien ha dicho que fue "un malentendido" y que "ya ha sido aclarado" este viernes ante la jueza.

Según la defensa de Sánchez, su cliente no intervino ni influyó en la llegada de Carrero, entre otros motivos porque "no tenía competencias de tramitación administrativa". Además, "no aparece nada -sobre esta cuestión- en los correos intervenidos".

Preguntado por cómo conoció Carrero que la Diputación de Badajoz convocaba una plaza de jefe de coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, el defensor ha aseverado que fue David Sánchez quien se lo dijo.

"No hay ningún indicio contra él, no hay nada contra él", ha reiterado su abogado, quien en esta misma línea ha dicho que "ningún indicio es pleno a efectos probatorios desde el punto de vista de cargo".

Sobre las declaraciones en sede judicial de una aspirante al puesto que ocupó David Sánchez -la directora de orquesta Cristina de Frutos ha afirmado que no hubo igualdad de oportunidades en el proceso-, Cortés ha recordado que esta persona ni recurrió las bases ni la adjudicación.

"Ha venido a quejarse siete años después. Me parece bien como desahogo, pero como indicio me parece muy pobre", ha dicho el letrado.

Morillas, en declaraciones a la prensa, ha dicho que su cliente, funcionario de la Junta de Extremadura, quería trabajar en Extremadura, de ahí que se presentara a la plaza.

Para la jueza, Carrero habría utilizado "la influencia derivada de su amistad íntima" con David Sánchez para "conseguir la creación y posterior acceso al puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas"

Una educadora de 35 años de un piso tutelado de Badajoz ha fallecido este lunes como consecuencia de una agresión violenta por parte de tres menores, quienes ya han sido detenidos en Mérida, han informado fuentes de la Policía Nacional.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que los detenidos son dos adolescentes de 14 y 15 años y una joven de 17; según las primeras pesquisas, la educadora pudo ser asfixiada con un cinturón.

Los detenidos son de nacionalidad española y residían en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz. En esa vivienda en la que ha ocurrido la muerte violenta vivían tres chicos de entre 14 y 17 años y una joven de 17.

La joven de 35 años era una de las cinco profesionales que diariamente trabajan con los menores en el piso donde, según una de sus compañeras, "se trabajaba con miedo". La educadora fallecida era natural de la localidad pacense de Castuera, de unos 5.500 habitantes, que este lunes ha amanecido "con incredulidad y "dolor tremendo" ante el terrible suceso, según ha explicado EFE su alcalde, Francisco Martos.

Junto a las cinco auxiliares técnico educativas (ATE), entre ellas la ahora fallecida, trabaja además un coordinador y otro profesional, todos ellos con turnos rotatorios. "Se vivía una situación muy difícil desde hace quince días, con algunos robos y fugas", ha afirmado a EFE una de las auxiliares de esta vivienda, que ha omitido dar su identidad por "miedo". "Esta tragedia le podría haber ocurrido a cualquiera de nosotras", ha agregado la compañera de la fallecida.

De la investigación de la muerte de esta educadora se ha hecho cargo el grupo primero de la brigada provincial de la Policía Judicial de Badajoz.

Los detenidos cogieron el vehículo de la víctima y condujeron con dirección a Mérida, pero tuvieron un accidente a la altura del municipio pacense de Lobón, a unos 29 kilómetros de la capital extremeña, ha informado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en declaraciones a los medios. Tras el accidente, la chica fue arrestada y los otros dos menores fueron detenidos en Mérida.

"Es un hecho absolutamente terrible", ha lamentado el delegado del Gobierno, quien no se ha pronunciado sobre las circunstancias de la muerte, pues, según ha indicado, se está investigando y lo más probable es que se decrete el secreto de sumario.

Los efectivos policiales mantienen abiertas las investigaciones al objeto de dar cuenta del suceso a la Autoridad Judicial, así como al Ministerio Fiscal y la Fiscalía de Menores.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha presentado la renuncia "unilateral" a su puesto de trabajo como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, una contratación por la que estaba siendo investigado. Según han informado a EFE fuentes de esta institución, su marcha se hará efectiva en tres meses.

El hermano del presidente del Gobierno declaró el pasado 9 de enero en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz. La jueza Beatriz Biedma investiga si se cometieron delitos contra Hacienda y contra la Administración (prevaricación y tráfico de influencias) en la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música, a la que accedió David Sánchez.

En esta causa también está investigado el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. En su último auto, de fecha del pasado 29 de enero, la jueza consideraba que los indicios de criminalidad existentes en la causa "se han ido corroborando por las diligencias de investigación ya practicadas".

"Todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al señor Sánchez, haciéndose patente la innecesariedad de sus funciones muy pronto", agregaba la jueza en su auto, pues, según afirmaba, "no se dispuso que fuera sustituido por otro trabajador" durante su excedencia y su baja de paternidad, y "su actividad se centró en el proyecto 'Ópera Joven'". En las últimas horas se ha conocido, además, que el concurso para el desarrollo del programa 'Ópera Joven 2025', que salió a licitación por un valor de 308.677 euros, ha quedado desierto.

Biedma ha ampliado las diligencias probatorias con la citación de nuevos testigos y la solicitud de documentación. Entre ellas, ha solicitado a la Presidencia del Gobierno que informe de los puestos de trabajo que en Moncloa haya ocupado Luis María Carrero, persona que fue contratada por la Diputación de Badajoz tras la llegada de David Sánchez a esta institución provincial.

Esta diligencia probatoria la sustenta la magistrada en que de los correos electrónicos intervenidos en el marco de la investigación se desprende que Carrero "tenía relación personal" con David Sánchez antes de que fuera contratado por la Diputación de Badajoz.

El PP, en su cuenta oficial en X, ha comentado la noticia sobre la dimisión de David Sánchez con ironía: "A ver si no va a encontrar el sitio para firmar el finiquito".

Con sarcasmo también han reaccionado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que de la renuncia al puesto de trabajo ha señalado que "como si alguna vez lo hubiera ejercido", y la vicesecretaria de organización del partido, Carmen Fúnez: "Un Sánchez Pérez-Castejón que dimite es noticia".

El PP extremeño ha apuntado que David Sánchez se irá "sin saber qué era la Oficina de Artes Escénicas" y "sin dar la cara a los extremeños", ya que "lo que mal empieza, mal acaba". "Silencio atronador de todos los que llevan meses defendiéndole como 'el mejor' para una plaza a medida", han agregado desde el PP extremeño.

En este sentido, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha escrito que la renuncia supone "un duro golpe para el mundo de la ópera en la provincia de Badajoz". "Ánimo, Miguel Ángel Gallardo; espero que puedas sobreponerte", ha añadido en similar tono.

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno y jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación, ha negado ante la jueza que le investiga el absentismo laboral por el que fue denunciado por Manos Limpias y ha asegurado que se enteró por internet del puesto convocado por la Diputación de Badajoz, según ha explicado a los periodistas su abogado, Emilio Cortés, y recoge EFE.

David Sánchez ha comparecido este jueves como investigado ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, quien no le ha preguntado por ningún tipo de irregularidad fiscal después de que los técnicos de Hacienda que el miércoles declararon como testigos descartasen que hubiese delito contra el erario público. La juez instructora de la causa, Batriz Biedma, investiga presuntos delitos contra la Administración Pública y Hacienda en la contratación del hermano del jefe del Ejecutivo a raíz de una denuncia presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias.

A juicio de su abogado, las acusaciones contra David Sánchez "se están cayendo como un castillo de naipes". El absentismo "está olvidado", la vinculación de su cliente con el proceso de creación del puesto de trabajo en la Diputación no existe y el presunto delito contra la Hacienda Pública ha quedado descartado, ha expuesto el letrado.

En este sentido, ha incidido en que la jueza no le ha preguntado sobre el patrimonio ni la fiscalidad de Sánchez, pues, a juicio de Cortés, ya fue descartada por los funcionarios de la Agencia Tributaria que declararon este miércoles en calidad de peritos. El hermano del presidente solo ha respondido a las preguntas de la jueza, el fiscal y su letrado y no lo ha hecho a las de la acusación que ejerce Manos Limpias.

Según su letrado, ha afirmado en su declaración que se enteró de la convocatoria de la plaza de la Diputación por internet, según su abogado, pues había acabado su máster en Milán, "no tenía trabajo y tenía que ganarse la vida". "Algo que parece ser que a determinada gente no le agrada mucho", ha detallado.

A su juicio, la entrevista en el proceso de selección fue "algo más" a la hora de conceder la plaza por parte del Tribunal e iba "en consonancia con el currículum y con el proyecto que tenía cada candidato", que recogía la posibilidad de contar con un programa de ópera, el germen del luego "llamado Ópera Joven". Desde el principio se sabía perfectamente "por dónde iban los tiros profesionales de mi cliente", ha afirmado Cortés.

Cortés ha afirmado que las acusaciones de absentismo laboral vienen negadas "radicalmente" desde la fase documental y por las declaraciones de los testigos, en alusión a las directoras de los conservatorios, quienes, según el letrado, afirmaron que "no solo no practicaba el absentismo sino que era verdaderamente asfixiante su forma de trabajar".

A preguntas de los medios sobre si el cargo de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas tenía un espacio físico, Cortes ha indicado que no. "Era un espejo de su puesto de trabajo, una herramienta, un instrumento", ha explicado en referencia a la denominación del puesto de trabajo. "Esta bifurcación -referida al término oficina- que se trata de establecer es absolutamente ficticia y malintencionada", ha dicho.

Asimismo, ha explicado que el proyecto de la Ópera Joven, una de las iniciativas emprendidas, era "una forma de acercar la práctica a los alumnos del conservatorio, otro modo de llamar a lo mismo". El letrado también ha explicado que David Sánchez entró esta mañana a los juzgados en coche ante las "amenazas recibidas", también él como letrado, a través de las redes sociales. "No tiene edad para que le tiren piedras", ha incidido.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha explicado que la declaración judicial que ha efectuado este jueves ha ido "muy bien” ya que "no tiene nada que ocultar", y que ha servido para aclarar las dudas que pueda haber en este procedimiento.

En declaraciones a los periodistas ha señalado que “solo hay que ver el autobús para conocer el interés del procedimiento, un intento de la ultraderecha y de la derecha de mediatizar la Justicia”, en referencia al vehículo de Hazte Oír que ha estado dando vueltas toda la mañana alrededor del Palacio de Justicia y que reclamaba la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Gallardo ha incidido en que confía plenamente en la Justicia y que por ello ha declarado a las preguntas de la jueza, de la fiscal y de su defensa, pues “quien nada tiene que ocultar nada tiene que temer, desde la más absoluta tranquilidad y lealtad a la Justicia”.

Preguntado por qué se creó la plaza de David Sánchez, tras considerar excesivo un aumento de personal, ha dicho que “eso es incierto” y que ha “aclarado todas y cada una” de las cuestiones referidas a este asunto. “Las plazas que crea una administración son las que considera el Gobierno que ha de crear, que en ese año fueron 57”, ha manifestado.

En cuanto al trabajo que desarrolla David Sánchez ha explicado que “es la coordinación y todo lo que tiene que ver con la ampliación de un género musical hoy imprescindible en esta tierra, llevar la ópera a los pueblos, y cómo ello puede servir para incentivar el empleo” del alumnado de los conservatorios. A su juicio, “trabaja a piñón”.

Mientras se marchaba de los juzgados también ha sido cuestionado por si la Oficina de Artes Escénicas tenía un espacio físico, a lo que ha respondido: “Claro, virtual no puede ser nunca”.

Sobre si teme que este caso le pueda apartar de la Secretaría General del PSOE en Extremadura, Gallardo ha preguntado: “¿Quién me va a apartar? Si me apartan los militantes será por decisión de los militantes, pero ¿qué temor va a tener uno?”. 

La Fiscalía de Badajoz ha recurrido el auto de imputación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y del presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, al considerar que no se "determinan los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados", según informa EFE.

Sánchez y Gallardo están citados a declarar como investigados por el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz el próximo 9 de enero en la causa abierta por delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación en relación con la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz.

El recurso recuerda que el Ministerio Fiscal recibió el pasado 28 de noviembre la notificación en la que se acordaba citar como investigados Sánchez, Gallardo y a otras siete personas dentro de este caso. “Compartiendo el fin que la instructora determina de garantizar la plena efectividad del derecho de defensa, el investigado debe saber 'ab initio' la naturaleza y causa de la acción ejercitada contra él y de los hechos que se le atribuyen”, señala la Fiscalía en su escrito. 

El sindicato ultra Manos Limpias denunció en base a un bulo que publicaron distintos medios de comunicación que el hermano del presidente del Gobierno tenía 1,4 millones de euros en acciones. Esta información es falsa, según han revelado el informe de la Guardia Civil sobre las comunicaciones de la Diputación de Badajoz, en las que no figura el nombre de David Sánchez, y el análisis del patrimonio del investigado, a los que ha tenido acceso la Cadena Ser.

La UCO concluye, a partir de la datos remitidos por la Agencia Tributaria, que "no se ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones del BBVA que alcancen el valor de 1,4 millones de euros". Se trata de un "cálculo erróneo", ya que el valor de sus acciones a 2024 se quedaría en los 68.000 euros.

Este mismo informe investiga, a través de nuevos correos electrónicos de distintos responsables de la Diputación, la creación del puesto de gerente de los dos conservatorios de la ciudad que, en el año 2017, recayó sobre el propio David Sánchez. Las conclusiones son las mismas que en septiembre: el puesto de coordinador de los conservatorios no figuraba en la propuesta del presupuesto para el año 2017. Se incluyó tres días más tarde, a pesar del escepticismo del entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.

Además, la memoria justificativa del cargo se hizo de manera urgente, en un plazo de tan solo dos días y con unas funciones que "guardan mucha similitud" con las de puestos ya existentes.

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, considera que el informe de la UCO "evapora" muchas de las acusaciones dirigidas a su patrocinado, especialmente las referidas a su patrimonio.

El letrado, que ha realizado una valoración positiva del auto judicial de citación, considera que con el trabajo de la UCO quedan desvirtuadas las acusaciones relacionadas con "un pretendido enriquecimiento injusto" y con los 1,4 millones de euros en acciones de un banco que se afirmaba que tenía. "Pues parece —ha dicho en tono irónico— que la cosa ha quedado un poco más recortada hasta los 68.000 euros en 2024”.

El letrado ha dicho que la investigación sobre el patrimonio de David Sánchez "ha sido una auténtica auditoría personal, familiar y social que ha venido padeciendo" su representad. "Seguimos podando y eliminando elementos indiciarios de incriminación que, de una forma absolutamente a granel, se le habían imputado en el principio de la investigación criminal”, ha dicho.

Respecto al informe de la Guardia Civil que analiza los correos electrónicos de la Diputación de Badajoz incautados en los registros que se llevaron a cabo en la institución provincial, el letrado entiende que desvirtúa las acusaciones sobre unas "pretendidas irregularidades en el ámbito de la Agencia Tributaria”. En este sentido, ha aseverado que no “constituyan ningún tipo de irregularidad, ya no penal, sino de cualquier especie”.

Cortés ha lamentado que la defensa no termine de saber cuál es la fuente directa de los indicios que la jueza encuentra en relación con la creación de la plaza que se adjudicó a Sánchez en la Diputación de Badajoz. "Tendrán que demostrar las acusaciones” y si la creación de la plaza que se adjudicó a Sánchez "fue un capricho u obedeció a la discrecionalidad administrativa”, ha expuesto.

El Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz ha citado a declarar como investigados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero en el caso abierto por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

La titular de dicho juzgado, que mantiene abierta esta investigación a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias, también ha citado a declarar en calidad de investigadas a otras siete personas, así como a tres en calidad de testigos.

La decisión de la jueza Beatriz Biedma ha sido adoptada tras algo más de cinco meses de investigación judicial, un periodo de tiempo en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado hasta en tres ocasiones en dependencias de la Diputación de Badajoz para recabar información e incautar el contenido de correos electrónicos, y se han solicitado informes tributarios y bancarios. Una vez analizado el contenido del informe de la UCO, la jueza considera que existen "indicios racionales de criminalidad relativos a los delitos contra la administración pública" (prevaricación y tráfico de influencias).

En lo relativo al presunto delito contra la Hacienda Pública (malversación), otro de los ejes de la investigación, no específica tales indicios, pero sí solicita a una entidad bancaria que le aporte el valor nominal de los depósitos de diversas acciones de cotización oficial que puedan constar a nombre de David Sánchez.

Por lo que respecta a este último, que inició su relación laboral en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de conservatorios de música y seis años después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, la jueza, en su auto, centra su atención en un capítulo del informe de la UCO sobre "la modificación de puestos de trabajo y la creación del puesto de Coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social de la Diputación de Badajoz”.

Así, ha solicitado en este mismo auto a la Diputación pacense que aporte el Reglamento Regulador del procedimiento para la aprobación, revisión y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de 2023, en el que se afirma que la modificación de la denominación del puesto 'coordinador de actividades de los conservatorios de música' a 'jefe de la Oficina de Artes Escénicas' estaría, al parecer, “eximido del trámite de negociación y dictamen de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo”.

Además, pide la entrega de las fichas relativas a las modificaciones de denominaciones de Puestos de Trabajo de la Diputación de los últimos 4 años, las bases para la provisión del puesto de trabajo de coordinador/a actividades conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en Régimen Laboral de Alta Dirección y los organigramas de la Delegación de Cultura correspondientes al periodo 2016-2024.

Con respecto "al supuesto incremento patrimonial injustificado de David Sánchez, y una vez analizadas las declaraciones de bienes que este ha presentado ante la Diputación, la UCO "no ha encontrado evidencia de que el investigado posea una cantidad de acciones que alcancen el valor de 1,4 millones de euros".

Se explica por la UCO, y así lo expone la jueza, que se trataría de un cálculo erróneo, pues en las declaraciones de los años 2017, 2019 y 2021 en el campo “valor nominal” se refleja la unidad de medida en euros y en las de 2022 y 2023 no se concreta dicha unidad, "por lo que se habría interpretado que se trata de número de acciones y no del valor en euros de las mismas".

Para aclarar tal circunstancia, la jueza libra oficio al banco con el fin de que informe al Juzgado sobre el valor nominal de los depósitos de diversas acciones de cotización oficial que consten en dicha entidad bancaria a nombre de David Sánchez.

Las diligencias previas se inician, según recoge el atestado de la UCO a tenor del análisis del contenido de las cuentas de correos electrónicos corporativas y vinculadas a personal de la Diputación, por la presunta existencia de unos hechos que pudieran enmarcarse en los citados delitos y que habrían cometido responsables de la Diputación "con ocasión de la creación de un puesto de trabajo" y la posterior adjudicación y contratación de David Sánchez.

Una contratación que se inicia en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios de música del Área de Cultura de la institución provincial.

La intervención de las comunicaciones electrónicas comprende desde enero de 2016, año en el que se propone la modificación de la relación de puestos de trabajo de cara a los presupuestos provinciales de 2017, a través de la cual se crea la plaza objeto de la investigación, y diciembre de 2022, año en el que se produce el cambio de denominación del puesto de trabajo de David Sánchez.

Según refleja el registro de intereses y actividades de David Sánchez, este declara en 2017 un piso y un garaje en Madrid, y un piso en San Petersburgo (Rusia), un fondo de inversión (59.900 euros), acciones de cotización (91.500 euros) y cuatro cuentas corrientes, cuyo importe conjunto es de 32.000 euros.

Seis años después, suma un inmueble de Elvas (Portugal), donde reside; los depósitos tienen una valoración de 63.800 euros, las acciones un valor nominal de 68.400 euros y los depósitos en cuentas corrientes o de ahorro suman 114.000 euros.

A pesar de que los investigados elevaron recursos a la Audiencia Provincial de Badajoz relativos a la incautación de los correos electrónicos, esta instancia judicial los ha respaldado.

Según la Audiencia, el auto de la jueza instructora que ordenaba el registro "contiene la necesaria motivación que requiere la injerencia en los derechos fundamentales que se dicen vulnerados en el recurso".

Así, la Audiencia pacense considera que el auto de registro y recogida del contenido de correos electrónicos contiene un análisis de dicha documentación en la que "claramente se cuestionan las concretas actividades que comprende el puesto de trabajo de David Sánchez".

De hecho, cita "la escasa actividad como director de orquesta", "la escasez de producciones" del programa Ópera Joven de la Diputación de Badajoz, así como "la carencia de despacho propio durante todo un año".

Asimismo, respalda que la medida del juzgado es "absolutamente idónea”, pues se trata de recabar “información relevante directamente relacionada con la comisión de los delitos investigados” y que permita avanzar en la investigación sobre "la creación del puesto de trabajo y su cambio de nomenclatura" en el caso de David Sánchez.

La jueza ha citado a declarar el próximo 9 de enero como investigados a David Sánchez, actual director de la Oficina de Artes Escénicas, y a Miguel Ángel Gallardo, así como a otras siete personas más —algunas al día siguiente—, entre ellos responsables y exdirectores o exjefes de Gestión Administrativa, Recursos Humanos y del Área de Cultura. Además, considera necesaria la toma de declaración como testigos del responsable del Conservatorio Superior de Música y de su antecesor, y de la directora del Conservatorio Profesional de Música.

Finalmente, y con respecto al diputado autonómico Antonio Garrote, que estuvo en la Diputación ostentando varios cargos, la jueza subraya su condición de aforado. En este sentido, remarca que no se fija la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura "más que cuando se comprueba que existen indicios sólidos de responsabilidad frente a un aforado". Por lo tanto, hasta que no se alcance "un nivel de solidez de indicios", corresponde seguir la instrucción al Juzgado. 

El presidente de la Diputación de Badajoz ha defendido su labor al frente de la institución provincial "conforme a la ley y con total transparencia" y ha reiterado su "total disposición" para colaborar con la Justicia ante su próxima declaración como investigado, según un comunicado de la propia Diputación pacense.

"En todo momento, desde la Diputación de Badajoz mantenemos una actitud de cooperación absoluta con la Justicia y estamos prestando todo el apoyo necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados", ha expuesto la institución provincial en un comunicado en el que insiste en su "absoluto respeto por el trabajo de la Justicia".

En referencia a Gallardo, la Diputación ha apuntado que su presidente reitera su "total disposición para declarar y colaborar en el esclarecimiento de los hechos, desde la seguridad que todo lo que se ha hecho desde la institución se ha realizado conforme a ley y con total transparencia". "Es fundamental para la Diputación de Badajoz que se preserve la integridad de nuestras instituciones y la confianza de los ciudadanos", ha subrayado antes de agradecer "el respeto y la comprensión" de la ciudadanía durante el desarrollo de la investigación. 

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la Diputación de Badajoz para realizar un registro en el marco del proceso que se sigue contra el hermano de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra.

Fuentes de la Diputación de Badajoz han confirmado a Europa Press este registro, ordenado por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, en el procedimiento que se sigue contra David Sánchez Pérez-Castejón, por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

El diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha mostrado su "respeto a la justicia" en el marco del proceso judicial abierto, y ha confiado en que "se resuelva cuanto antes esta situación", tras lo que ha reiterado que no tiene más información que la que ha aparecido en medios.

Cabe recordar que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó esta denuncia contra David Sánchez Pérez-Castejón, por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

Pilar Arroyo ni pertenecía a un sindicato ni sabía qué era eso de la política. En el verano de 1936, tras el estallido del golpe de Estado contra la Segunda República, sólo era una niña. Una chiquilla de Segura de León, un pequeño pueblo de la provincia de Badajoz, que deambulaba en medio de una gran masa de gente que buscaba a la desesperada escapar de la barbarie. "Ahí no se hablaba de nada. Todos estábamos muertos de hambre y de sed. ¿De qué íbamos a hablar si llevábamos todos el miedo?". Su testimonio fue recogido hace más de tres lustros por Producciones Morrimer. Y cuenta de primera mano lo que fue la llamada Columna de los Ocho Mil. Una de las grandes tragedias olvidadas de la contienda. El primer éxodo masivo de la Guerra Civil.

Los meses de agosto y septiembre de 1936 fueron terribles en el suroeste. Pocas horas después del inicio del golpe de Estado, Sevilla estaba ya en manos de las tropas sublevadas. Y apenas una semana más tarde, el Ejército africano de Franco se encontraba ya avanzando hacia Extremadura. En solo unos días las columnas de militares golpistas se tomaron Mérida y Badajoz. Y lo hicieron dejando tras de sí un rastro indeleble de sangre. Una represión que Jay Allen, corresponsal del Chicago Tribune, describió con crudeza en relación a la segunda ciudad: "A las cuatro de la mañana los introdujeron en la plaza [...]. Les esperaban las ametralladoras. [...] Mil ochocientos hombres –había también mujeres– murieron allí en poco más de doce horas".

Ante el avance de las tropas franquistas, la población civil inició una huida a la desesperada. Los de la zona de Badajoz se movían hacia el sur de la provincia, aún en manos republicanas, el mismo oasis que buscaban aquellos que salían de Sevilla y Huelva. Pero poco a poco, los militares golpistas fueron estrechando el cerco desde el este, el norte y el sur. Es así como en apenas unas semanas se originó una enorme bolsa de desplazados en el suroeste de la provincia extremeña. Miles de personas concentradas en pocos pueblos a quienes se les facilitaba como se podía alojamiento y comida. "Dormíamos repartidos por las casas", contaría décadas después el miliciano Francisco García en el documental de Producciones Morrimer.

"Llegados a este punto, tienen dos opciones. La primera, dirigirse hacia Portugal. La segunda, marchar hacia el este e intentar cruzar a la zona republicana", cuenta a infoLibre el historiador Francisco Espinosa, que ha investigado en profundidad el avance de las tropas golpistas de Sevilla a Badajoz. Ambos movimientos eran peligrosos. El primero, porque suponía arriesgarse a ser devueltos por la dictadura de Salazar. El segundo, porque implicaba atravesar una zona controlada por las tropas franquistas. Varios cientos optaron por la primera vía y, gracias en parte a la solidaridad de un teniente de carabineros luso –Augusto de Seixas–, acabaron embarcando en el buque Nyassa y llegando a Tarragona. Otros ocho mil, aproximadamente, se decantaron por la ruta hacia el este.

"Fue el primer éxodo masivo de la Guerra Civil", señala al otro lado del teléfono José María Lama, historiador pacense y secretario de la Asociación José González Barrero, impulsora de una exposición itinerante sobre la llamada Columna de los Ocho Mil. "Pero a pesar de ello, es totalmente desconocido", completa Espinosa. La gran masa de refugiados, que inició el camino desde varios puntos, tenía como objetivo llegar a Azuaga (Badajoz), zona ya controlada por la República. Una huida que, según señala Lama, estuvo organizada. En este sentido, recuerda una reunión mantenida en Valencia de Ventoso por algunos dirigentes de izquierdas, entre los que se encontraba el diputado socialista José Sosa o los alcaldes socialistas de Zafra y Fuente de Cantos, para preparar la salida.

La columna se fue desplazando a través de caminos y veredas. "Las tropas franquistas sabían perfectamente la ruta que llevaban y creo que había orden de no permitir que llegaran y contaran lo que estaba sucediendo", apunta Espinosa. Y, en parte, lo consiguieron. A apenas una veintena de kilómetros de su destino, una ametralladora instalada sobre un cerro del camino comenzó a disparar contra la masa de refugiados, provocando el caos y decenas de muertos. Quienes encabezaban la columna consiguieron seguir avanzando hacia su destino final. El resto, sin embargo, se dispersó. Muchos de ellos, acabarían siendo apresados, trasladados a Llerena y asesinados.

Aquel suceso quedaría recogido en los medios. Así, en su edición del 19 de septiembre, el diario Abc señalaba: "Quinientos hombres del regimiento de Granada destrozan una columna roja, haciéndole ochenta muertos, treinta heridos y cogiendo prisioneros a dos mil doscientos marxistas, así como gran cantidad de material de guerra". También el general Gonzalo Queipo de Llano haría alusión a dicho ataque en una de sus soflamas radiofónicas: "Tales operaciones han sido efectuadas por la columna del comandante de infantería Gómez Cobián, el cual habiendo tenido noticias de una concentración enemiga la atacó brillantemente. [...] Según las últimas noticias, se han cogido cincuenta caballos y una gran cantidad de armas y municiones".

Los historiadores, sin embargo, rechazan que esta fuera una columna perfectamente armada. Como mucho, "cuatro rifles o escopetas de caza" que podían llevar algunos milicianos. "El grupo, fundamentalmente, lo integraban ancianos, mujeres o niños", resalta Lama. "Eran personas que huían de la represión y de la muerte, gente intentando llegar a un sitio seguro", completa, por su parte, Espinosa. Civiles que, simplemente, trataban de escapar del terror que dejaba el avance de las tropas franquistas. El mismo del que hablaba Mola en una de sus directivas previas al golpe de Estado: "Hay que sembrar el terror. Hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros".

A pesar de ser el primer gran éxodo de la Guerra Civil, lo cierto es que cayó en el olvido, a diferencia de otros como la Desbandá o la huida por la frontera francesa al final de la Guerra Civil, mucho más masivos. "Las primeras investigaciones sobre este asunto se llevaron a cabo a comienzos de siglo", cuenta Lama. Ahora, con la ayuda de la Diputación de Badajoz y el Ministerio de la Presidencia, la Asociación José González Barrero trata de mantener viva la memoria con una exposición itinerante que tiene previsto recorrer una decena de municipios del sur de Badajoz hasta noviembre. Ya ha estado en Fuente del Arco y Burguillos del Cerro. Y desde este viernes se podrá ver en Valverde de Burguillos.

"Aún hace falta una investigación en profundidad sobre este tema. Y ahí se enmarca esta exposición, que no pretende ser el final sino el inicio. Queremos que sirva como un instrumento que nos permita recoger testimonios o información que nos puedan ir aportando los vecinos y las familias de todos esos pueblos", sentencia Lama.

Extremadura da un giro político de ciento ochenta grados tras ocho años de dominio progresista. La candidata del PP, María Guardiola, fue finalmente investida este viernes como nueva presidenta de la Junta. El nombramiento se produjo con el respaldo de Vox. Un apoyo que lleva aparejada, por un lado, la entrada de los ultras en el Ejecutivo regional. Y, por otro, el compromiso de retroceder en materias de suma importancia a nivel social. La memoria histórica, fundamental en un territorio donde la represión franquista fue feroz, es una de ellas. Tanto conservadores como ultras tienen previsto arrasar con todo lo que tenga que ver con este asunto. Pero los colectivos memorialistas, sin embargo, no piensan dar ni un paso atrás: "El olvido no es una opción en una democracia".

El PP extremeño ni siquiera llevaba en su programa para los comicios del 28M la promesa de desmontar las políticas de memoria autonómicas. Pero en cuanto vio que no le daban los números para gobernar, Guardiola no dudó en usarlo como moneda de cambio para intentar granjearse los apoyos de la extrema derecha. Aquel fue uno de los quince puntos que ofreció a mediados de junio a Vox para que la invistiesen presidenta y la dejasen pilotar la región en solitario. Y es, a día de hoy, uno de los sesenta que componen el acuerdo final de gobierno: "Ambas formaciones se comprometen a impulsar una nueva ley extremeña que sirva a la reconciliación y a la concordia real, y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura".

El cambio de postura del Gobierno regional llega en el peor momento. Es cierto que durante los últimos años se han dado pasos en la buena dirección. Pero también lo es que en la comunidad aún quedaba muchísimo trabajo por hacer. "Ha habido un enorme retraso con el desarrollo reglamentario de la normativa, que ahora no se llegará a culminar", explica al otro lado del teléfono José María Lama, secretario de la Asociación José González Barrero. Hablan, sobre todo, del procedimiento indemnizatorio a quienes sufrieron prisión por motivos políticos. "Eso ahora peligra. Y no importa por el dinero, sino por la reparación de las víctimas", apunta Guillermo León, de la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera.

Lo mismo ocurre con la búsqueda de aquellos que aún hoy, casi medio siglo después de la muerte del dictador, continúan tirados en una cuneta. "En los últimos meses se ha avanzado, pero todavía queda un largo camino por recorrer", resalta a infoLibre José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex). En la actualidad, el mapa de fosas oficial de la Junta recoge 206 enterramientos. Y de ellos, figuran como excavados 44. Es decir, que casi ocho de cada diez todavía no han sido exhumados. "Y los trabajos de identificación de las víctimas, que durante años no se llevaron a cabo, aún se encuentran en una fase temprana de avances", apunta León.

La retirada de vestigios franquistas ha sido otro de los campos de batalla durante los últimos años. El primer paso lo dio la Diputación de Badajoz, que en 2018 elaboró un catálogo en el que se recogían más de dos centenares de calles, avenidas o monumentos de todo tipo que rendían homenaje al bando golpista. Y luego fue la Diputación de Cáceres la que se puso manos a la obra. A pesar de ello, aún perviven por la geografía extremeña algunos vestigios de este tipo. Uno de ellos es la enorme cruz de doce metros de altura que se alza sobre una de las arterias principales de Cáceres, inaugurada en mayo de 1938 bajo la atenta mirada de la jefa nacional de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, y del entonces líder de la Falange en Extremadura, el capitán José Luna Meléndez.

Es cierto que la ley aprobada en 2018 establece un marco perfecto para la construcción de políticas públicas de memoria. Y que su derogación, la misma que las derechas prometen para la normativa estatal si alcanzan La Moncloa tras los comicios del 23J, supondría un duro golpe para las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Sin embargo, los colectivos dejan claro que no piensan dar ni un paso atrás aunque soplen de nuevo en la región vientos gélidos. "No vamos a retroceder aunque ahora el contexto sea adverso", señala León. "Por mucho que se carguen la ley no se van a cargar un movimiento memorialista que lleva décadas trabajando, no nos detendremos", asevera Lama. "El olvido no es una opción en una democracia", completa el presidente de la Armhex.

A pesar de la más que posible eliminación de la norma, desde algunos colectivos se agarran a la posibilidad de seguir avanzando a través del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Premhex), que nació a comienzos de siglo y que ha impulsado la exhumación de fosas o la investigación. En él, participan la Universidad de Extremadura, la Junta, la Diputación de Badajoz y la de Cáceres, si bien son las tres últimas las que funcionan como pilares económicos. "Nosotros queremos que el Premhex continúe aunque la Junta se descuelgue, es decir, que las diputaciones asuman la salida del Gobierno", explica Lama. Tras los comicios del 28M, tanto la de Cáceres como la de Badajoz están bajo control socialista.

Estos tres colectivos, y otros diecisiete más, han lanzado en las últimas horas un comunicado en el que rechazan la intención de conservadores y ultraderecha y muestran su "determinación rotunda" por "seguir impulsando desde la sociedad civil" todas aquellas iniciativas de recuperación de la memoria histórica. "Quizás cancelen la ley, pero no nuestro derecho a conocer y restituir la dignidad de las víctimas del franquismo", dejan claro. Manifiesto al que se han adherido historiadores de diferentes países –desde España hasta Brasil, Chile o Portugal–, antropólogos, arqueólogos, intelectuales, periodistas o artistas. Entre los nombres más reconocidos, Paul Preston, Ian Gibson, Luis Landero o Enrique Villarreal, El Drogas.

Una recuperación de la memoria que resulta especialmente importante en una tierra como la extremeña. "Este no es un escenario cualquiera, aquí la represión fue especialmente dura", resalta Lama. Bien lo sabe el historiador Francisco Espinosa, que lleva años estudiando las atrocidades cometidas en la región por las tropas golpistas en su avance hacia Madrid. Una columna de la muerte, encabezada por el general Juan Yagüe, que dejó tras de sí un reguero imborrable de sangre. "Quitando un conflicto en la zona sureste, Cáceres cae rápidamente. Sin embargo, las autoridades civiles y militares lograron controlar el golpe en Badajoz. Se tardaron tres años en ocupar toda la provincia. Y se produjo una matanza brutal pueblo a pueblo", explica Espinosa.

Para la posteridad quedan episodios tan oscuros como la masacre de la plaza de toros de Badajoz. "Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Cómo iba a llevarme a 4.000 rojos, cuando mi columna avanzaba a contrarreloj? ¿O habría debido dejarlos en libertad para que volvieran a convertir Badajoz en una capital roja?", le diría Yagüe al periodista John T. Whitaker, una respuesta que el historiador Paul Preston recoge en su obra El holocausto español (Debate, 2011). Según los últimos datos manejados por Espinosa, autor de La columna de la muerte (Crítica, 2003), en suelo extremeño perdieron la vida algo más de 11.500 personas como consecuencia de la represión franquista, frente a unas 1.500 que perecieron por la republicana.

"La derecha viene de donde viene, del franquismo, una continuidad que nunca se ha roto. Por eso odia la historia y la memoria. Y eso que esta ley ni siquiera entraba en la recuperación de los bienes robados por los golpistas, era algo mucho más humilde. Pero no puede soportar ni eso. Y ahora, con todo el impulso, todo apunta a que se va a dar un paso hacia atrás como nunca imaginamos", reflexiona Espinosa, quien durante años batalló sin descanso por arrojar luz sobre unos episodios de la historia extremeña que muchos preferían mantener en la oscuridad. Una sombra que ahora se cierne de nuevo sobre las víctimas del franquismo.

La primera ola de calor de 2022 será larga, ya que durará "al menos" hasta el miércoles y los termómetros pasarán de 40 grados centígrados (ºC) en puntos del centro y la mitad sur y se superarán los 35ºC en buena parte del interior, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que emitirá este viernes un aviso especial.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha destacado que los primeros coletazos de la ola de calor, "muy intenso y que durará al menos hasta el miércoles" en la Península y Baleares, llegaron este jueves, cuando casi llegaron a 40ºC en Montoro (Córdoba) o en Morón de la Frontera (Sevilla) y 39ºC alcanzaron en las capitales de esas dos provincias, según informa Europa Press.

"Este episodio cálido, con mucha probabilidad, se convertirá en la primera ola de calor climatológica que afectará a nuestro país en el verano de 2022 y que será una de las tres más tempranas en aparecer", ha destacado Del Campo, que recuerda que la ola de calor más temprana apareció el 11 de junio de 1981 y la segunda el 13 de junio de 2017.

Con incertidumbre, el portavoz no descarta que la ola de calor en la Península y Baleares pueda extenderse hasta el viernes de la próxima semana. Respecto a Canarias, prevé que se quede al margen de la ola de calor hasta el miércoles o jueves de la próxima semana, cuando llegará allí también el calor.

En general el tiempo estará estable, con cielos poco nubosos, aunque a lo largo del día se desarrollarán nubes de evolución que pueden derivar en chubascos y tormentas, sobre todo en el oeste de Castilla y León y en Extremadura el viernes y en la mitad norte de la Península el sábado y el domingo. Las tormentas pueden ser fuertes en el norte de Castilla y León y Pirineos.

Este viernes pasarán de 35ºC en el valle del Ebro en el oeste de Cataluña, en la zona centro ya que Madríd y buena parte del extremo sur y del oeste de Castilla y León también podrán alcanzar 35ºC, mientras que en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía occidental y valle del Guadalquivir llegarán a 40ºC.

Del Campo explica que el sábado y el domingo continuarán subiendo las temperaturas de forma generalizada y alcanzarán valores de entre 5 y 10 ºC por encima de lo normal, excepto en el Cantábrico y puntos del interior llegarán incluso a situarse entre 10 y 15ºC por encima de la media. Las nocturnas también se quedarán entre 5 y 10 ºC por encima de los valores normales para la época en buena parte del interior.

En definitiva, expone que los 35ºC de máxima se alcanzarán el fin de semana de forma "prácticamente generalizada" en la meseta norte y el nordeste peninsular mientras que en el centro y el sur llegarán a 40ºC o incluso más en los valles del Tajo, Guadaiana, Guadalquivir y puntos del valle del Ebro. "Incluso en ciudades como Badajoz, Córdoba, Sevilla podrán superar los 42ºC", destaca.

"Calor por lo tanto muy intenso de día, pero también de noche", comenta Del Campo, que subraya que habrá valores de madrugada por encima de los 20ºC en la costa mediterránea, cuenta central del Ebro, zona centro Extremadura y amplias zonas de Andalucía. Se trata de noches tropicales e incluso no descarta alguna noche tórrida —con más de 25ºC— sobre todo en puntos de Extremadura.

El portavoz de la AEMET expone que esta situación está causada por la gran estabilidad atmosférica, a la que se sumará la inyección de aire del norte del continente africano. No obstante, durante el fin de semana, sobre todo el sábado, puede llegar algo de aire frío en niveles altos de la atmósfera que dará lugar a la formación de tormentas en la mitad norte peninsular y en puntos de Castilla y León podrán ser localmente fuertes.

Incluso en el Cantábrico habrá cielos nubosos con algunas lluvias débiles realmente más fresco, ya que las máximas no pasarán durante el fin de semana de 25ºC, mientras que en Baleares, con cielos más despejados, hará calor.

Además, se esperan intervalos de nubes bajas matinales en zonas costeras, que serán más abundantes en el norte de Galicia y Asturias, donde hay probabilidad de lluvias débiles y calima alta en el tercio sur peninsular y Melilla.

El portavoz destaca que lo más significativo en lo meteorológico será el ascenso térmico generalizado que dará comienzo a un episodio de ola de calor con valores de 38 a 40 ºC en la mitad sur y en el centro, sobre todo en los valles de los grandes ríos. Las mínimas tampoco bajarán de los 20ºC en gran parte del sur y área mediterránea.

En cuanto a los vientos, serán flojos de componente norte y este y serán más intensos en los litorales, con intervalos de levante fuerte en el Estrecho y del noreste en Galicia. En Canarias los cielos estarán nubosos en el norte de las islas y los vientos soplarán desde el norte.

La próxima semana se mantendrá el tiempo estable, con cielos poco nubosos, excepto en el norte de Galicia y en el área cantábrica el lunes y el martes, donde pueden tener intervalos nubosos. También la próxima semana se formarán nubes de evolución que dejarán chubascos y tormentas ocasionales en el entorno de áreas montañosas, que serán algo más probables en la cordillera Cantábrica, sistema Ibérico y Pirineos.

Las temperaturas seguirán subiendo hasta el martes o el miércoles cuando se podrán estabilizar y los vientos soplarán de componente norte y este con posibles intervalos de fuerte en el litoral de Galicia, Ampurdán y Estrecho. En Canarias la próxima semana tendrán probables intervalos de nubes en el norte de las islas y puede haber precipitaciones débiles a partir del jueves y tendrán vientos del nordeste toda la semana.

Del Campo espera que siga siendo extremadamente cálida en la Península y Baleares con temperaturas que subirán incluso más en el tercio norte y en el área mediterránea mientras que podrían bajar levemente en puntos del oeste. En todo caso, seguirán alcanzándose los 35ºC en la cuenca del Ebro, meseta norte y buena parte del centro y sur de la Península y Baleares.

De nuevo se superarán los 40ºC en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir el lunes y el martes, sobre todo en el Guadiana, en el Guadalquivir, en puntos del sureste y en el valle del Ebro. De nuevo superarán los 42ºC en Badajoz, Sevilla, Córdoba y en Lérida, Logroño, Zaragoza, Madrid y zona centro rondarán los 40ºC. Por la noche seguirán las noches tropicales en amplias zonas y, por ejemplo, Madrid, Zaragoza o Barcelona no bajarán de 22 o 23ºC, mientras en Jaén la mínima no descenderán de los 25ºC.

Esos dos días, lunes y martes, las lluvias serán "prácticamente inexistentes" aunque el portavoz no descarta algún chaparrón tormentosos aislado por la tarde en zonas de montaña de la mitad norte. Por último, apunta que la mayor parte de escenarios apuntan que la ola de calor seguirá al menos hasta el viernes.

Triunfo apurado del sí a la fusión entre las localidades pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena. Con la totalidad de los votos escrutados, el respaldo a esta unión ha sido del 90,4% en Villanueva de la Serena, mucho mayor que el registrado en Don Benito (66,27%). Para que el proceso saliera adelante era necesario contar con el respaldo de más del 66% en cada uno de los dos municipios, un apoyo que se ha superado con creces.

El escrutinio final se ha retrasado de manera notable al fallar la página web habilitada para ofrecer los datos oficiales, que no se han conocido hasta pasada la medianoche de este lunes, ha informado Europa Press.

A lo largo de toda la jornada, tanto la participación como el respaldo final, ha sido mucho mayor en Villanueva de la Serena que en Don Benito. Así, la participación en esta última localidad ha sido de casi el 59%, nueve puntos más que en Don Benito.

A partir de ahora, en próximas fechas se conocerá el nombre que recibirá la ciudad. En principio, se sabrá dentro de un mes y los encargados de pensarlo y anunciarlo serán los cronistas de la villa de ambas ciudades.

Lo cierto es que esta unión de las dos ciudades supondrá un municipio con casi 63.000 habitantes, lo que le convertirá en la tercera población de la región, y será la tercera en Producto Interior Bruto.

Además, según los estudios realizados, la fusión generarían un impacto positivo en el empleo de entre el 5% y 15%, también se multiplicarían el número de empresas con una subida del 15%; y hasta se produciría un crecimiento en la renta de los hogares de casi el 3% y un crecimiento de cerca del 20% de las inversiones empresariales.

Asimismo, tendrá una superficie de 700 kilómetros cuadrados y sería la primera potencia agroindustrial del país.

Y respecto a la corporación municipal, la previsión es que esté formada por 25 ediles.