“Me cuidan mis vecinas, y no la policía”, empezó a martillear mi cerebro justo después de que los coches de la policía se llevaran a siete de mis vecinas y vecinos, entre ellos a Serigne Mbayé. Estas cosas raras que hace a veces la mente. Se me pegó la cantinela, como si fuera la canción del verano, acompañando a un zumbido de pensamientos alocados. 

Se supone que la policía tiene que velar por la seguridad de la ciudadanía. A lo mejor, algunos de los agentes se creen que eso es lo que están haciendo cuando paran por la calle a una persona porque es negra, solo porque alguien negro resultó sospechoso a los ojos de un viandante que supuestamente hizo una llamada. No sé.

Yo no creo que todos los policías sean malos, ni pretendo deshumanizarlos, como sostiene el presidente de la Jupol. ¡Qué va! Otra cosa es la institución, la estructura. Muy al contrario, me gustaría que los policías se humanizasen más y trabajaran la empatía. Todos los años, algún alumno mío, con el que tengo vínculo, al que he acompañado durante meses, o incluso varios cursos, decide que esa es su salida laboral. Y eso es lo que les digo siempre: “No olvides que quien tienes enfrente es una persona, igual que tú”. De hecho, el jueves por la tarde buscaba con la mirada por si acaso hubiera entre aquellos hombres, uniformados o de paisano, alguno al que yo hubiera aburrido con el sintagma nominal y pudiera escucharme, para parar toda aquella sinrazón. Pero no lo había. No había nadie que escuchara.

Me gustaría haberles podido explicar que aquello que estaban haciendo, tirar al suelo a mis vecinos, ponerles la rodilla en el cuello, pegarles con la porra, no me hacía sentir nada segura. Tampoco saber que gente adulta, presuntamente preparada para afrontar momentos de tensión, se deja secuestrar la amígdala por la adrenalina y toma decisiones en caliente, apresuradas y sin ton ni son. Ninguno fue capaz de tomar la iniciativa de intentar tranquilizar a sus compañeros. “Yo no he venido aquí a hablar con usted, señora”, me espetó uno de ellos, cuando intentaba yo pedirle que alguien pusiera un poco de cordura a lo que estaba pasando. Me entraron ganas de preguntarle a qué había venido entonces exactamente.

Perdónenme, señores policías, pero yo no me siento segura con ustedes, no me siento protegida. El patio de mi casa, en mi imaginación, antes estaba siempre presidido por balones de espuma (para no molestar al edificio de al lado en los tiros a canasta), por patinetes desperdigados, por un balancín en forma de unicornio, por las risas de las niñas y los niños. Ahora, está lleno de hombres uniformados dándome órdenes incomprensibles, abalanzándose sobre uno de mis vecinos, y enarbolando la porra sobre otra. No, yo no me he sentido cuidada, y no me siento segura después de su actuación. Ni un poquito. Tampoco creo que el hijo de uno de los detenidos, que presenció cómo tiraban a su padre al suelo y le pisaban el cuello; u otro, que vio cómo se llevaban al suyo esposado, después de haberse identificado como periodista, se sientan protegidos por el Cuerpo de Seguridad del Estado. Las personas racializadas, que constantemente tienen que armarse de paciencia para identificarse ante ustedes (aunque constitucionalmente solo tengan que hacerlo en determinados contextos) para demostrar que no son delincuentes, me atrevería a decir, desde mi privilegio blanco, que tampoco se sienten protegidas. Ni un poquito siquiera.

Si esto hubiera sido lo único que sentí aquella tarde de jueves, este artículo se titularía como la canción de N.W.A, Fuck the police. Afortunadamente, además de la desolación, la brutalidad y el sinsentido, ocurrieron otras muchas cosas. La primera, que mis vecinas y vecinos bajaron de sus casas, en pantuflas, para socorrer a uno de nosotros. Para documentar lo que estaba pasando, o para pedir “que alguien pare todo esto”, “dejadle respirar”. No se cruzaron de brazos ni fueron indiferentes ante el abuso. Por eso, en mi cabeza empezó a sonar el lema de las manifestaciones, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.

Enseguida se acercaron a echarnos una mano amigas a quienes les había llegado por redes el vídeo de El Salto. Se encargaron de las niñas y niños. Alguien les puso una película. Se les dio de cenar. Otros, nos pasaban nombres de abogados solventes. Nos ayudaron a recuperar un poco la calma. Nos dieron abrazos.

Frente a la comisaría, nos acompañaron en la indignación. Nos dieron más abrazos. Gritaron conmigo, bien fuerte, “me cuidan mis vecinas, y no la policía”.¡Qué ganas tenía de decirlo en alto! “Me cuidan mis amigas, y no la policía”. Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo.

A mí, a nosotras, a todas, nos cuida una comunidad fuerte. La comunidad intencional del edificio, pero también la comunidad del vecindario, del barrio. La gente que salió del supermercado y también increpaba a la policía. La farmacéutica, que se acercó a preguntar cómo estábamos. El edificio de al lado, que nos escribió para ofrecerse a ayudarnos en lo que necesitásemos. Las asociaciones de familias de los coles de nuestras criaturas, que enseguida se mostraron solidarias. Esas amigas médicas, que se preocuparon por las conmociones y los meniscos. Nuestras organizaciones ecologistas, feministas, antirracistas, políticas, de vivienda, los sindicatos amigos, antimilitaristas…, que no han dudado de nuestra palabra en ningún momento, que nos abrazaron en la comisaría (¡cuánto hemos agradecido los abrazos!), que aplaudieron cuando soltaron a nuestros vecinos, que nos ayudaron a mover comunicados… y que sabemos a ciencia cierta que están ahí, siempre, construyendo vínculos fuertes, y alternativas a este sistema ecocida e injusto. 

Me cuidan las periodistas que hacen bien su trabajo, que son fieles a la verdad y contrastan las fuentes y las versiones (no como los deleznables garbanceros amarillistas). Me siento segura con abogados comprometidos, los de este proceso (¡gracias!), y también otros que nos han dado recomendaciones certeras. Me siento protegida por toda esta gente. Por Serigne Mbayé, por supuesto, que una y otra vez pone su cuerpo para denunciar lo intolerable, aunque sepa de sobra a qué consecuencias injustas va a tener que enfrentarse.

Todas estas personas, y muchas más, me han hecho sentir segura. Me cuidan. Aunque pueda parecer sorprendente, mi balance de esa tarde, y de los días que la han seguido, es positivo. Pese a los nervios y el proceso judicial que se avecina. Se ha hecho visible una comunidad fuerte, que muchas veces nos pasa desapercibida. A partir de ahora, cuando me venza el desaliento por el avance de la extrema derecha, cuando me parezca imposible que esté pasando lo que está pasando en Gaza, Líbano, Irán, Sudán… echaré mano del recuerdo de esta red comunitaria a veces invisibilizada, pero constante y potente. Estas vecinas, estas amigas que me cuidan, que nos cuidamos, me hacen sentir que la alternativa está ahí, viva, creciendo. Que vale la pena seguir construyendo. Cuando me parezca que no hay esperanza, cantaré bien alto, para darme ánimos: “me cuidan mis amigas, y no la policía”.

___________________________________________

Berta Iglesias Varela es integrante de Ecologistas en Acción y vecina.

Madrid se prepara para salir a la calle este fin de semana y protestar contra la guerra. El sábado 21 de marzo, la Asamblea Internacionalista de Madrid ha convocado una manifestación bajo el lema “No a la guerra”, a raíz de la escalada militar en el conflicto entre EEUU, Israel e Irán. La marcha dará comienzo desde Atocha a las 18.00 horas y finalizará en la Puerta del Sol.

Tras un encuentro en el que participaron más de 200 personas, la iniciativa, impulsada por distintas organizaciones políticas, sindicales y sociales junto a activistas y personas individuales, busca “impulsar la solidaridad internacionalista contra la guerra, el militarismo y el imperialismo”. 

Los bombardeos siguen siendo la norma día tras día en Oriente Medio tras el ataque conjunto llevado a cabo por EEUU e Israel sobre la capital de Irán. La escalada bélica ha dejado ya más de mil muertos en Irán y no parece tener una solución sencilla. 

Para la asamblea, estos ataques son solo otro ejemplo más de cómo “EEUU e Israel buscan someter a los pueblos del mundo” como ya se vio “en el genocidio palestino, los bombardeos a Venezuela o el asedio contra Cuba”. Las organizaciones, durante la asamblea, subrayaron la necesidad de “construir un espacio unitario”.

La postura del Gobierno de España, a diferencia del resto de Europa, ha sido clara desde el principio: no a la guerra. Aunque para las distintas organizaciones este mensaje solo “señala la hipocresía de los discursos oficiales contra la guerra y el aumento del gasto militar, el papel de las bases militares de Rota y Morón en las operaciones militares para bombardear Irán o el envío de la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo”.

Otro de los focos de la movilización que se planteó en la asamblea es el “actual contexto de creciente militarización”, sobre todo en Europa, una dinámica que se refleja en el “rearme y el aumento de gasto militar” que en el caso español, señalan, “supera los 40.000 millones de euros, mientras se mantienen recortes en servicios públicos y derechos sociales”. 

Esta convocatoria, que tendrá como lema principal el “No a la guerra”, quiere ser “un primer paso para construir un amplio movimiento contra la guerra y el imperialismo”. Los organizadores buscan que se involucren especialmente la juventud, la clase trabajadora y colectivos sociales con el fin de “seguir ampliando y fortaleciendo el espacio unitario que impulse una movilización social contra la guerra". 

Europa tiene un reflejo recurrente en momentos de crisis política en el extranjero: la búsqueda de un rostro único que encarne movimientos sociales complejos. En el caso del levantamiento iraní de 2026, ese impulso se ha traducido en la rápida elevación de figuras en el exilio como presuntos “líderes” de una revuelta que se desarrolla dentro del país. Pero la visibilidad exterior no equivale a legitimidad organizativa en el interior.

El levantamiento nacional que sacudió Irán a finales de 2025 y comienzos de 2026 ha sido uno de los episodios políticos más relevantes desde 1979. Lo que comenzó como protestas contra el colapso económico y la corrupción evolucionó hacia una rebelión extendida a las 31 provincias del país. Los manifestantes rechazaron la dictadura en todas sus formas y exigieron una república democrática. La represión del régimen reveló la profundidad del descontento y la crisis estructural de la República Islámica.

A diferencia de anteriores olas de protesta, esta insurrección mostró signos de coordinación política. Las autoridades iraníes denunciaron reiteradamente la implicación de redes clandestinas asociadas a las unidades de resistencia de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, lo que refleja un reconocimiento involuntario del régimen de que existen estructuras políticas organizadas dentro del país. Las protestas no fueron meros estallidos espontáneos, sino la expresión de demandas políticas acumuladas y de una creciente conciencia republicana.

Un lema condensó el espíritu del movimiento: “Abajo el opresor, sea el Sha o el Ayatolá”. No era una llamada a restaurar el pasado ni una petición de intervención extranjera. Era el rechazo del autoritarismo en todas sus formas y una afirmación de autodeterminación.

Sin embargo, fuera de Irán la imagen ha sido con frecuencia distorsionada. A medida que la movilización se intensificaba, ganó fuerza en medios occidentales y círculos políticos la búsqueda de un “líder de la oposición” único en el exilio. Esa proyección ha contado además con una amplificación constante en medios en lengua persa como BBC Persian y la cadena Iran International, financiada por capital saudí, que han contribuido a consolidar su perfil como referencia exterior.

Durante la crisis de enero defendió públicamente “acciones sobre Irán” que muchos ciudadanos dentro del país observan con cautela. En las calles iraníes, el discurso dominante ha rechazado tanto la dictadura como la intervención militar externa, insistiendo en un cambio impulsado desde dentro.

La sobredimensión de la diáspora también ha condicionado las percepciones. Las cifras de la concentración pro-Pahlavi del 14 de febrero en Múnich fueron ampliamente infladas a nivel internacional y posteriormente cuestionadas por la prensa alemana mediante análisis técnicos que redujeron la asistencia anunciada. El episodio muestra cómo el espectáculo exterior puede cristalizar en narrativas políticas que proyectan una imagen de liderazgo consolidado no necesariamente respaldada por la realidad sobre el terreno.

En ese mismo acto, un orador invocó la fórmula “una patria, una bandera, un líder” en referencia a Pahlavi, una construcción con similitudes estructurales con el eslogan nazi “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”. En el contexto alemán, esa retórica evoca asociaciones inquietantes y remite a estéticas políticas vinculadas al neofascismo.

Un contraste significativo se observó en la concentración del 7 de febrero en Berlín. Representantes de movimientos kurdos, grupos republicanos de izquierda y liberales, asociaciones de mujeres y redes cívicas se reunieron bajo un lema ampliamente coreado dentro de Irán: “Ni Sha ni mulás, hacia una república democrática y laica”. El énfasis no estaba en restaurar una dinastía ni en aglutinarse en torno a un título heredado, sino en construir un futuro basado en la igualdad, el laicismo y el pluralismo político.

Esta distinción es fundamental. Las transiciones democráticas no se construyen en torno a la visibilidad personal ni a la continuidad dinástica. Se articulan mediante movimientos organizados y compromisos institucionales. Confundir claridad mediática con profundidad política puede conducir a diagnósticos erróneos.

El panorama opositor iraní no carece de plataformas organizadas. Entre ellas, el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, impulsor de la concentración de Berlín, ha articulado un marco transitorio centrado en la movilización interna más que en la intervención extranjera, defendiendo la separación entre religión y Estado, la igualdad de género y la abolición de la pena de muerte. Tales propuestas merecen ser evaluadas por su programa y su profundidad organizativa, no por su visibilidad mediática.

Para Europa, las implicaciones son claras. El compromiso diplomático, la política de sanciones y cualquier eventual apoyo a una transición dependen de una evaluación rigurosa de qué actores cuentan con capacidad real dentro de Irán. Confundir el espectáculo exterior con legitimidad interna puede distorsionar decisiones políticas y reforzar involuntariamente la narrativa del régimen de que la oposición es un producto fabricado desde fuera.

El levantamiento iraní de 2026 no es una disputa sobre quién hereda el poder, sino sobre si el poder será responsable ante la ciudadanía. Las consignas que resuenan en las calles rechazan tanto la teocracia como la monarquía porque, en Irán, ambas representan el autoritarismo. 

El futuro de Irán no lo decidirán títulos heredados ni ópticas amplificadas desde la diáspora, sino fuerzas pluralistas capaces de transformar la protesta en una república democrática.

________________________

Firouz Mahvi es analista especializado en asuntos de Irán, derechos humanos y política europea.

Existe un vídeo, que se podría pensar que es de la oposición iraní, en el que se ven sudarios, más sudarios, cientos de sudarios, alineados bajo una lluvia torrencial en la plaza Azadi, en Teherán, o a lo largo del famoso puente Khaju, en Isfahán, y luego a una madre abrazando a su hijo muerto.

A continuación más imágenes, entre ellas campos de tulipanes rojos que, según la leyenda, crecen gracias a la sangre derramada por los mártires. Y sus almas se transforman en nubes de ángeles absorbidos por un pozo de luz. Por último, un mapa de un Irán amordazado, con estas palabras, en persa y en inglés: “Nuestra patria sangra, no miren hacia otro lado, sean nuestra voz”.

Esas imágenes, realizadas con inteligencia artificial (IA), proceden de la cuenta de Instagram de una figura de la República Islámica, Gholamhossein Karbaschi, actual líder de los Kargozaran (los reconstructores), una de las principales facciones que se disputan el poder. Esta facción, aliada con los reformistas, permitió la elección, en 2024, del actual presidente Masoud Pezeshkian.

Aunque siempre se ha opuesto a los ultras del régimen, lo que le ha valido dos encarcelamientos, Karbaschi ha sido un ferviente defensor de la República Islámica. Gobernador de Isfahán y luego alcalde de Teherán (de 1989 a 1998), este religioso le debe mucho al expresidente Ali Akbar Hashemi Rafsanyani, uno de los principales enterradores de las aspiraciones democráticas de los iraníes tras la revolución islámica de 1978.

El exalcalde, que de moderado no tiene nada, no reniega en absoluto de Rafsanyani, apodado “el tiburón”, cuyos dos mandatos (de 1988 a 1995) ya se vieron empañados por la sangrienta represión de los levantamientos populares. Pero ahora parece haber tomado distancia con el poder.

“Condeno lo que ha ocurrido. Una manifestación que degenera en una catástrofe es inadmisible. Aunque haya habido instigadores, las fuerzas de seguridad deben responder por sus actos”, declaró en una reciente entrevista a la web IranWire (cercana a la oposición). También calificó las manifestaciones de enero como un punto de ruptura sin precedentes, “no solo en la historia de la revolución islámica, sino también en la historia global de Irán”.

Curiosamente, aunque la más mínima disensión con el régimen puede acarrear un arresto inmediato o una citación con amenazas, el jefe de Kargozaran no ha sido detenido. En cambio, su periódico Ham-Mihan fue suspendido oficialmente el 18 de enero. En un editorial, este medio había comparado la situación actual con la de 1979, cuando triunfó la revolución islámica.

El mismo periódico publicó además un artículo de la periodista Elaheh Mohammadi sobre el impacto de la represión en la atención médica. Esta periodista ya era famosa en Irán por haberse atrevido a informar sobre el funeral de Mahsa Amini, cuya muerte, en septiembre de 2022, desencadenó el movimiento Mujer, Vida, Libertad, lo que le valió cumplir casi dos años de prisión.

Pero el régimen se ha mostrado implacable con varios líderes de la coalición del Frente Reformista. En un comunicado publicado el 1 de febrero, este denunció la violencia de la represión y ha propuesto la creación de una “asamblea de salvación”.

Entre las cinco figuras detenidas por los Pasdaran (Guardianes de la Revolución) se encuentran la secretaria general del movimiento, Azar Mansouri, su portavoz, Javad Emam, y dos exdiputados, Ebrahim Asgharzadeh y Ali Shakouri Rad, que había sido uno de los directores de campaña de Masoud Pezeshkian.

Estas personalidades fueron puestas en libertad bajo fianza tras varios días de detención, aunque los graves cargos que se les imputan pueden acarrearles largas penas de prisión: “atentado contra la unidad nacional”, “coordinación con la propaganda enemiga” y “creación de mecanismos subversivos secretos”. La última acusación parece referirse a una reciente reunión cuyo objetivo era, según la BBC en persa, que cita fuentes cercanas a la corriente reformista, formar esa “asamblea de salvación” de la que habla el comunicado.

No es la primera vez que los reformistas son blanco del nizam (el “sistema”). Este término “paraguas” se utiliza para designar tanto a la Oficina del Guía Supremo Alí Jamenei como a la institución judicial que organiza la represión, al Cuerpo de Guardianes de la Revolución que la lleva a cabo y al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, creado recientemente tras la “guerra de los doce días” de junio de 2025, dirigida por Israel y Estados Unidos.

En 2009, el movimiento reformista sufrió una represión implacable, tras la protesta de millones de iraníes en las calles contra la elección del ultra fundamentalista Mahmud Ahmadineyad. Desde entonces, estos dirigentes han recuperado su lugar en la República Islámica. Incluso han ganado dos elecciones presidenciales gracias a su alianza con los Kargozaran. Sin embargo, con el paso de los años, se han desacreditado bastante ante la población.

La población los acusa de duplicidad, incluso de complicidad con las fuerzas conservadoras, como el presidente Pezeshkian. Además, ahora están divididos en dos grupos. El primero reclama la redacción de una nueva Constitución y la instauración de un nuevo sistema de gobierno. El segundo, en el que participa el expresidente Mohammad Jatami, insiste en la necesidad de superar las líneas rojas fijadas por el Guía Supremo, es decir, la crítica a su persona, y la apertura de negociaciones directas (sin mediación) con Estados Unidos.

En definitiva, este componente del régimen no representa una amenaza para lo que los especialistas denominan “el Estado profundo iraní”. Pero este ya no está dispuesto a tolerar la más mínima disidencia.

“El régimen ha purgado tanto sus filas que ya no le queda casi nadie a quien atacar”, señala el historiador Clément Therme, autor de Idées reçues sur l’Iran. Un pouvoir à bout de souffle? (Ideas recibidas sobre Irán. ¿Un poder casi muerto?, edit. Le Cavalier bleu, 2025). “Dicho esto, se ve que se ha mantenido firme. Sin duda hay disensiones dentro del poder, pero no se ven.”

Hay indicios, no obstante, de que el poder teme perder su capacidad de controlar a la población por la fuerza. Ya cuenta con poderosas fuerzas antidisturbios, de entre 200.000 y 300.000 hombres, que constituyen su primera línea de defensa; unos 450.000 milicianos del Basij, una fuerza paramilitar encargada del control social; y unos 150.000 Pasdaran repartidos en 32 centros por todo el país. Pero ha tenido que recurrir a refuerzos procedentes de fuera de Irán.

No son nuevas las acusaciones contra el régimen de utilizar milicianos iraquíes, afganos, pakistaníes y libaneses para ayudar a sofocar las manifestaciones. “Pero hasta ahora”, indica Clément Therme, “nunca se habían podido documentar. Por primera vez, hay dos fuentes directas coincidentes para cada miliciano identificado. Se ha superado la fase de los rumores. En el contexto iraní, esto es excepcional”.

Según los testimonios recopilados por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), estos milicianos han intervenido especialmente en Karaj, en las afueras de Teherán, donde las protestas han sido particularmente intensas y se ha producido un número considerable de víctimas.

“Los días 8 y 9 de enero, las calles de Karaj estaban abarrotadas de gente. Y la gente fue masacrada. Su brutalidad era tal que no mostraban ninguna piedad hacia nosotros. Hablaban árabe entre ellos. Ante nuestros ojos, remataron a los heridos, incluso a lo que tenían heridas leves. Se hicieron incluso selfies con los cadáveres”, declaró uno de los testigos que pide el anonimato.

Según el canal de noticias Iran International, con sede en Gran Bretaña y cercano a la oposición, al menos 800 milicianos de las milicias chiitas iraquíes más radicales llegaron en autobús para apoyar al régimen, con el pretexto de peregrinar al santuario del imán Reza en Mashhad (este de Irán). Según la cadena CNN, que cita una fuente de seguridad iraquí, su número podría ascender a cerca de 5.000.

Por su parte, el grupo de reflexión Institute for the Study of War, con sede en Estados Unidos, señaló que varios oficiales superiores habían sido sustituidos y otros nombrados durante los disturbios, lo que podría indicar disfunciones en la cadena de mando y “un problema crítico con los titulares de esos puestos”.

Mientras tanto, el poder se está ensañando con la Premio Nobel de la Paz Nargess Mohammadi. La periodista fue condenada el 8 de febrero a seis años de prisión por “reunión y colusión con el fin de cometer delitos” y a un año y medio por “actividades de propaganda”. Hace unos días, el Comité Nobel indicó que había recibido información fiable según la cual había sido violentamente agredida durante su detención.

Actualmente hay cincuenta y cuatro presos políticos condenados a la horca, entre ellos dos mujeres. Uno de ellos es un joven soldado que se negó a disparar contra la multitud.

Traducción de Miguel López

Cientos de manifestantes se concentraron este jueves a las puertas del Congreso de Argentina para protestar contra el proyecto de reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados, en el marco de la huelga general convocada para repudiar la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei, informa EFE.

Con la sede parlamentaria totalmente vallada y rodeada de efectivos de fuerzas de seguridad, integrantes de organizaciones sociales y políticas de izquierda y de diversos sindicatos exhiben banderas y carteles y lanzan consignas contra la inédita reforma que, de aprobarse, supondrá importantes cambios en las relaciones laborales en el país suramericano.

La protesta en los alrededores del Congreso coincidió con el inicio del debate del proyecto en el pleno de la Cámara de Diputados y con la celebración de una huelga general, la cuarta convocada por las centrales obreras desde que Milei llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023.

El paro de 24 horas fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), pero mientras la primera no llamó a movilizarse, la segunda sí es parte de la protesta ante el Congreso.

Los sindicatos alegan que la reforma implica reducir derechos de los trabajadores, mientras que los empresarios están en general a favor del proyecto, pero advierten que para generar trabajo formal se necesita crecimiento económico mediante impulso al crédito y la inversión y un mercado doméstico más vigoroso.

El proyecto llega al pleno de la Cámara Baja con una modificación respecto al texto que fue aprobado por el Senado el pasado 12 de febrero, por lo que, de recibir el visto bueno de los diputados este jueves, la iniciativa deberá regresar a la Cámara Alta para su debate.

La medida de fuerza de este jueves, que afecta, entre otras actividades, al transporte de pasajeros, la industria y las operaciones de comercio exterior, tiene un "importantísimo" nivel de adhesión, según afirmó Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT, en declaraciones radiales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado, el mayor sindicato de empleados públicos del país, afirmó que el nivel de seguimiento de la huelga entre sus afiliados es del 98%.

Al menos 4.000 médicos, según una primera estimación policial a falta del dato definitivo de la delegación de Gobierno, se han manifestado por el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión médica y para avisar de que comenzarán nuevas huelgas a partir del próximo lunes, según informa EFE.

Los profesionales sanitarios ataviados muchos de ellos con batas blancas han portado pancartas con frases como 'Hago horas a destajo y me pagan con vocación' o 'Mejores condiciones igual a mejor atención' detrás del lema 'Por un estatuto propio del médico y el facultativo', en un día donde la lluvia ha dado un respiro.

La manifestación desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad, convocada por seis sindicatos médicos, discurrió en un ambiente festivo, con la participación de familias con niños, portando globos rojos con corazones y al grito de 'Mónica dimisión' y 'Este estatuto lo vamos a parar'.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) rechazan el estatuto que Sanidad ha acordado con SATSE-FSES, CCOO, UGT y CSIF para regula las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

La nueva protesta de este sábado es la antesala a una serie de huelgas médicas que comenzarán a partir del lunes y hasta junio, y en las que se ha programado una semana de paro al mes.

"Aquí solo hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos, al igual que tienen sus compañeros del resto de Europa, tener un ámbito de negociación propio que permita al médico negociar directamente con la administración, o se acabará desmantelando la sanidad y se quedará sin médicos", ha advertido el secretario general de CESM, Víctor Pedrero.

Ángela Hernández, secretaria general de Amyts y portavoz de Apemif de la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo, ha confiado en que "se abran vías de diálogo". "No vamos a parar porque la profesión médica ha despertado. Aquí estamos jóvenes, mayores, nos hemos unido todos y esta unión de enfado médico no se veía desde el año 95 y sobre todo porque lo pedimos es justo".

"Nos sentimos muy frustrados porque realmente el modelo que hay ahora no nos permite prestar una atención sanitaria de calidad a los pacientes. Queremos dar siempre el mejor servicio y el modelo nos frustra porque supone un detrimento de la calidad asistencial y compromete también la seguridad del paciente", ha explicado a EFE Óscar Cordero, médico residente de cuarto año que se ha desplazado desde León.

En la protesta también participan estudiantes de Medicina, como Lucía y Carolina, que además tienen padres médicos. "Debe ser reconocido todo el esfuerzo que se está haciendo detrás, de lo que no se ve y no está reconociendo. Tenemos padres médicos y hemos vivido lo que son guardias sin dormir, luego volver a casa, ocuparte de tus hijos, volver a trabajar al día siguiente estando cansado; no queremos tener esa vida", asegura Lucía.

"Al final, aunque no hayamos ejercido, hemos vivido un poco lo que es ver a médicos quemados que llevan no sé cuántos años dándolo todo por este país y por la sanidad. Como futura médica, yo no quiero vivir esto", añade Carolina.

El Senado argentino aprobó en la madrugada de este jueves el proyecto de reforma laboral propuesto por el presidente Javier Milei, que modifica radicalmente las condiciones del trabajo en este país, caracterizado por un alto nivel de sindicalización y una larga historia de lucha obrera.

Tras una sesión de mas de catorce horas y una tensa jornada por la batalla campal protagonizada en el centro de Buenos Aires por las fuerzas de seguridad y los manifestantes contrarios a esta reforma, la Cámara Alta aprobó el proyecto por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones.

La secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario argentino, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, (ambas personas de máxima confianza del presidente), asistieron a la votación desde un palco del Senado.

"Histórico, VLLC" (viva la libertad carajo), posteó Milei en la red social X inmediatamente después de la votación.

Ahora falta que los senadores realicen la votación particular, es decir, voten por separado cada uno de los 26 capítulos que conforman el proyecto y esto podría modificar aspectos del texto. Después pasará a la Cámara Baja con las modificaciones que surjan en el camino.

El Gobierno quiere que la ley haya superado todos los escollos legislativos antes del 1 de marzo, cuando comienza el periodo ordinario del Congreso y Milei ofrecerá un discurso a la nación. El debate y votaciones de este proyecto de ley se están llevando a cabo actualmente en sesiones extraordinarias.

El pase por el Senado es el primer logro de la Libertad Avanza (LLA, partido de Milei) en el Congreso este 2026 y responde al buen resultado obtenido en las elecciones legislativas de octubre pasado, cuando la formación ultraderechista aumentó de manera significativa su representación en las dos cámaras del Congreso.

Con el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR, centro-derecha), Propuesta Republicana (PRO, derecha) bajo el liderazgo del expresidente Mauricio Macri (2015-2019)- y los bloques federales, LLA logró que 38 senadores habilitaran el quorum para iniciar la sesión celebrada este miércoles.

El proyecto llegó a la Cámara Alta tras numerosas modificaciones del texto acordadas hasta última hora y negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores provinciales, cuyos representantes parlamentarios se expresaron a favor de la medida.

Durante la tarde del miércoles, al tiempo que se debatía la reforma laboral en el Senado, la Plaza del Congreso de Buenos Aires y las calles aledañas fueron escenario de una batalla campal entre manifestantes contrarios a la reforma laboral y las fuerzas de seguridad, con el resultado de varios heridos y detenidos. 

Renfe suprimirá la circulación de 955 trenes durante las tres jornadas de huelga convocadas por los sindicatos del sector ferroviario para los próximos días 9, 10 y 11 de febrero, de los que 272 son de alta velocidad y larga distancia y 683, de media distancia, según la resolución de servicios mínimos del Ministerio de Transportes, que recoge EFE.

El ministerio ha fijado unos servicios mínimos (que no incluyen Cataluña y País Vasco) para la huelga del 73% en alta velocidad y larga distancia, del 75% en horario punta y del 50% en el resto del día en cercanías, del 65% en media distancia y del 21% en mercancías. Así, de los 995 trenes de alta velocidad y larga distancia programados para los próximos 9, 10 y 11 de febrero, circularán esos días como servicios mínimos 723, lo que supone el 73%, y de los 1.960 de media distancia, circularán 1.277, el 65%.

Las movilizaciones están convocadas por CCOO, UGT, Semaf, CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Alferro y SCF, para exigir un cambio de modelo ferroviario y que se recuperen los estándares de seguridad tras los recientes accidentes que causaron 47 fallecimientos, la suspensión de la alta velocidad hacia Andalucía y la paralización del servicio de Rodalies (Cercanías) en Cataluña.

El ministerio lleva dos días reuniéndose con los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y Semaf) para tratar de llegar a acuerdos que permitan desconvocar las tres jornada de huelga. El paro está convocado para todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público. 

Así, además de Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías, la convocatoria alcanza a Adif, a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail. 

Tras la publicación este jueves de la resolución, Semaf ha señalado que le "parecen servicios máximos más que mínimos" y le llama la atención que en el resto de España sean "más abusivos que en Cataluña". "Al menos deberían ser similares a los de Cataluña", ha agregado.

Para determinar el porcentaje de trenes sometido a servicios mínimos, se ha tenido en cuenta el reparto modal en el transporte de viajeros de larga distancia del ferrocarril en España, el transporte aéreo y el autobús, de acuerdo con la resolución.

Teniendo en cuenta la capacidad de absorción de viajeros que no podrán utilizar los servicios ferroviarios por la situación de huelga y que asimismo el transporte aéreo y por carretera se verán afectados, se ha estimado que un porcentaje mínimo del 73% de los trenes es necesario para asegurar los servicios esenciales para la comunidad. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta que el servicio de transporte por ferrocarril de largo recorrido, que prestan Renfe, Iryo y Ouigo se verá afectado totalmente por las diferentes huelgas convocadas en el sector ferroviario y especialmente en las empresas operadoras, coincidentes en las fechas y en determinados itinerarios, lo que multiplica la anormalidad en el servicio de transporte por ferrocarril.

Diciembre del 75. Siglo pasado. Franco ha muerto entre espantosos dolores agónicos. El franquismo sigue vivo. El rey de Marruecos ya ha perpetrado el robo del Sahara ante una España atenazada por el miedo a que el futuro se decante hacia una nueva confrontación, una guerra, de nuevo civil.

Los trabajadores y trabajadoras llevan años agrupándose en Comisiones de Obreras y Obreros que intentan conseguir convenios colectivos más justos que respeten salarios y condiciones de trabajo, pero cada vez que levantan la cabeza el régimen franquista los persigue y encarcela a sus dirigentes. 

Las CCOO han sido descabezadas a mediados de 1972 y los Diez de Carabanchel acaban condenados a decenas de años de prisión en el Proceso 1001, en diciembre de 1973. Son juzgados el mismo día que ETA hace volar por los aires el coche del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno, discípulo, admirador y mano derecha del dictador. 

–No hay mal que por bien lo venga, cuentan que dijo Franco.

–Si de mí dependiera, los fusilaría a todos, afirmó Francisco Mateu, el juez franquista, rígido y extremadamente duro, del Tribunal de Orden Público, que luego sería asesinado en un atentado de ETA, cuando ya era magistrado del Tribunal Supremo. Que los jueces franquistas no perdieron sus puestos y forjaron y modelaron a la mayoría de los que vendrían después, como bien sabemos y sufrimos. 

Sin democracia, sin libertad, sin sindicatos libres, de nada valía que Franco hubiera muerto en la cama, porque el franquismo seguía reprimiendo, persiguiendo y matando en las calles. Por eso, pese a todo, pese al desmantelamiento de su dirección, CCOO impulsó un proceso de movilizaciones que se convirtió en un encadenamiento de huelgas en todos los sectores.

Es verdad que muchos convenios estaban a punto de renovarse, pero también es cierto que el malestar era muy intenso en tiempos de crisis del petróleo, alta subida de los precios y férrea contención del crecimiento de los salarios. Muerto el dictador muchos trabajadores consideraban que era la hora de la amnistía de los encarcelados y despedidos, la libertad sindical y la mejora generalizada de las condiciones de trabajo.

Tras el fallecimiento de Franco comienzan algunos procesos de movilización que terminan generalizándose hasta que en enero el Metro, las empresas metalúrgicas, la construcción, la Telefónica, banca, artes gráficas, Correos, seguros, Renfe y otras muchas empresas se encuentran en huelga.

Pronto las huelgas trajeron manifestaciones, saltos, concentraciones en las calles exigiendo amnistía y libertad. De nada valían las porras de la policía, los disparos, las balas de goma, los gases lacrimógenos, las detenciones, los despidos o los cierres patronales. En los tres primeros meses del 76 se produjeron 18.000 huelgas y se perdieron 150 millones de horas de trabajo.

El 3 de marzo la huelga se ha extendido a Vitoria. Numerosos trabajadores se concentran en asamblea en la iglesia de San Francisco. La policía lanza botes de humo y cuando los trabajadores salen, los ejecutan a balazos. Cinco trabajadores mueren y otros 150 resultan heridos. El franquismo perdía la sociedad y perdía la calle. 

El rey designado por Franco y su presidente del Gobierno, el sucesor de Carrero Blanco, Arias Navarro –al que apodaban el Carnicerito de Málaga por su papel en las crueles ejecuciones franquistas tras la ocupación de Málaga durante la Guerra Civil–, llegaban al fin de una etapa y estaban a punto de separar sus caminos. 

Resistió el tal Arias hasta julio y cayó. El rey, los poderes económicos, el franquismo político tenían que buscar una salida para que todo cambiase sin que nada cambiara en lo referente a su poder, a su dinero, a su papel en la sociedad. Ya se lo había dejado bien claro el generalísimo:

–Alteza, la única cosa que le pido es que mantenga la unidad de España.

En su lecho de muerte ya no estaba para mucho más aquel al que León Felipe llamaba Sapo Iscariote y ladrón. Y añadió, a sabiendas de lo que se le venía encima:

–Usted tendrá que hacerlo, yo no puedo hacerlo.

Pasados los años, creo que el de Abu Dabi cumplió con creces su palabra dada, su juramento a los principios generales del Movimiento Nacional y su afectuoso cariño hacia Franco, al que considera cercano y paternal y del que destaca su inteligencia y sentido político. Así lo cuenta en sus recientes memorias.

De aquella Galerna de huelgas salió la Transición, con la caída de Arias, el ascenso de Suárez, las negociaciones con la oposición, la Reforma Política, el asesinato de los Abogados de Atocha, la legalización del PCE y de los sindicatos, los padres de la Constitución y la Constitución misma. 

Le gusta decir a Nicolás Sartorius que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en las calles. No le falta razón. Sin la Galerna de huelgas de 1976 nada hubiera sido igual. Probablemente, nada hubiera sido tan pacífico, tan aparentemente sencillo, tan tremendamente complejo ni tan plagado de aciertos y también de errores. 

No son ellos, los que protagonizaron y vivieron aquellas huelgas. Somos nosotros quienes decidimos si aprovechamos lo bueno y corregimos lo malo. Si damos un paso adelante o hacia atrás. Ellos hicieron lo que pudieron y lo que creyeron que tenían que hacer. La cuestión es si nosotros sabremos hacerlo también. 

___________________________________

Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Irán es un extenso territorio rico en combustibles. El país alberga más de 90 millones de habitantes, casi la mitad mujeres. Al decir de la gente que sabe, todo por allí parece el mundo de la sinrazón. En esta entrada quiero sobrevolar el hipotético ámbito ecosocial iraní ligado al Cambio Climático (en adelante CC). ¡Qué ocurrencia! Pues sí. Lógicamente será un hablar casi de oídas, sujeto a muchas dificultades. Por eso me voy a imaginar un Irán dibujado y comprendido por diversos grupos de investigación y publicaciones científicas. Intento entender si una parte de la crisis actual, de las muestras de descontento de la población, no tienen que ver con alguna de las consecuencias del CC.

¿Quién sabe qué es Irán hoy? Sin duda, muchos sufrimientos y escasas satisfacciones para su población, qué decir para las mujeres. Señalemos de entrada que me apoyo en Inside Climate News. Se cuenta en un artículo firmado por Katie Surna (14/01/2026). Queda encuadrado en la sección “Justicia y salud”, que visto desde nuestra cultura occidental tiene relación, diacrónica muchas veces. No me cuesta imaginar lo que sucederá por allí. Reproduzco mensajes casi apocalípticos:

"El régimen iraní ha sobrevivido a la guerra, las sanciones y las revueltas. Quizás las crisis ambientales podrían derribarlo.

Décadas de agotamiento del agua, construcción de presas y represión de científicos y ambientalistas han llevado a Irán hacia crisis ecológicas que alimentan protestas que sacuden al país."

Las revueltas ciudadanas recientes parecen provocadas por dos cuestiones básicas: el colapso económico (con sus variables ecosociales) y el hartazgo de la represión política (causa y efecto de las dictaduras, sean religiosas o no). Pero pocos analistas dudan que detrás de las devaluaciones monetarias y los enfrentamientos callejeros empuja una variable más profunda y permanente: la catástrofe ecológica.

La situación no es nueva. Han pasado décadas de ignorancia hacia los científicos; se ha perseguido al activismo ecosocial. Además, se han llevado a cabo proyectos de desarrollo corruptos. Tal es así que han desencadenado una crisis hídrica extremadamente grave. De tal tamaño que el presidente Masoud Pezeshkian avisó a los residentes de Teherán que podrían verse obligados a evacuar la capital, que se hunde a medida que ceden los acuíferos secos.

El coste humano es asombroso. El deterioro de las infraestructuras, el mal diseño de los sistemas de riego y la sobreexplotación de los acuíferos han impedido que los agricultores cultiven con eficacia. Lo cual ha motivado migraciones masivas y el racionamiento de suministros básicos en las ciudades. La consecuencia humanitaria es tremenda: decenas de miles de personas, incluidos niños, mueren prematuramente cada año a causa de la grave contaminación del aire y el agua.

La crisis de contaminación atmosférica es letal. Lo saben bien quienes lo padecen en Teherán, Isfahán, Karaj, Tabriz, Mashhad y Ahvaz. Los registros de calidad del aire allí se mueven entre los rangos insalubre, muy insalubre e incluso peligroso. Teherán se encuentra entre las ciudades más contaminadas del planeta. En momentos determinados se ha optado por el cierre generalizado de colegios; a la vez se han suprimido servicios públicos y han aumentado con fuerza los casos respiratorios y cardíacos. La indignación pública ha crecido.

Para colmo, la dependencia del mazut, un fuelóleo pesado con un alto contenido en partículas y azufre, hace de respirar un envenenamiento continuado. Aún hay más. Los vehículos de Irán son de los más antiguos de la región. De hecho, más del 70% de las motocicletas de Teherán tienen más de veinte años. Solo con esto, el tráfico ordinario genera un daño desproporcionado. Además las políticas gubernamentales mantienen los precios del combustible artificialmente bajos. Lo cual provoca acumulación de emisiones en entornos urbanos densos, que tienen una circulación de aire limitada.

En realidad casi todo lo ecosocial se resiente: pobreza, desigualdad, opresión de clase, abuso de género, presión sobre las etnias no gobernantes; además de crisis hídricas y ambientales. “Todas estas calamidades son consecuencia directa de un sistema corrupto y desgastado”, al decir del comunicado que emitieron en diciembre los activistas estudiantiles.

Las protestas actuales, que estallaron a finales de diciembre, son las más grandes desde 2022-2023. El gobierno ha respondido con un apagón de comunicaciones, cortando el acceso a Internet en todo el país; han abundado las violentas medidas represivas. Varias ONG estiman que miles de personas han sido asesinadas y aún más arrestadas. Irán tiene desde hace tiempo un historial de ejecuciones de manifestantes, a menudo mediante ahorcamientos públicos.

Nos quedamos con el titular de aquella noticia publicada en Euronews que sintetizaba en parte la tragedia ecosocial: Irán estalla cuando la crisis climática convierte las protestas en una lucha imprescindible por sobrevivir.

Habrá que volver a leer Persépolis, de Marjane Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024. El Irán de las personas apenas se conoce. Pero sí la muerte de Mahsa Amini, tras ser detenida por llevar mal puesto el velo. Habrá que escuchar lo que nos dice  la premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi. Acosada por “la justicia iraní”, mantiene la palabra viva. Denuncia continuamente las violaciones de derechos humanos en Irán; entre ellas la aplicación de la pena de muerte o la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico obligatorio.

Como sucede siempre, las y los iraníes lamentarán que el resto del mundo los ha dejado solos. Tras la brutal represión de las protestas, que reclamaban una mejoría de la vida ecosocial; ni más ni menos. No importa que el ogro occidental ruja para quitarle al pueblo iraní petróleo y otras riquezas.

_____________________

Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

"Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina". Las palabras pertenecen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y fueron pronunciadas en septiembre del año pasado. Entonces, activistas de todo el mapa salían a la calle para clamar contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España. La protesta social fue tangencial y surtió efecto: la última etapa del evento deportivo se canceló y los líderes políticos de mayor nivel aplaudieron la solidaridad expuesta en cada tramo de la competición. 

El elogio del presidente, sin embargo, se ha transformado cuatro meses después en reproche. Los manifestantes que salieron entonces empiezan ya a recibir las primeras notificaciones de sanción. Se manifestaron, fueron aplaudidos y hoy tienen que pagar las consecuencias.

Al buzón de Borxa González fue a parar una carta hace apenas una semana. En el documento, figuraba una sanción por participar en las protestas celebradas en Mos (Pontevedra) al inicio del evento deportivo. "Esto sin ser identificado ni haber hecho algo, toca recurrir", expresaba en redes sociales. "Lo que buscan es evitar la solidaridad con Palestina". 

Exactamente lo mismo le está sucediendo a al menos una treintena de personas de diferentes territorios, como Galicia, Cantabria, Navarra, Madrid, Avilés, Olot o Figueres (Girona). Tiene constancia de ello la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), cuyos militantes llevan meses preparándose para enfrentar este escenario. Lo explica Lidón Soriano, miembro de la organización. "Nosotras ya habíamos previsto que esto iba a pasar, así que contactamos con la red de organizaciones de todos los territorios para tener constancia de las sanciones una vez empezaran a llegar".

El principal problema que se encontraron fue que esas notificaciones llegaron "a cuentagotas y la gente se desconectó". El fulgor de la protesta se ha ido desdibujando con los meses, el foco mediático quedó diluido y aquello que en su día fueron vítores se transformó en indiferencia. Ahora los activistas trabajan para estudiar los argumentos jurídicos de las sanciones de forma colectiva y poder así apelarlas.

En ello están también desde la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid. Lo cuenta uno de sus militantes, Santiago Molina: "Hace un par de semanas empezamos la coordinación con las personas afectadas, en torno a una quincena, aunque sabemos que se han tramitado 25 propuestas de sanciones aquí", explica al otro lado del teléfono.

La plataforma se reunió el pasado 20 de enero con el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. En el encuentro, los activistas trasladaron que las protestas fueron en su totalidad pacíficas y que buscaban la defensa de los derechos humanos en solidaridad con Palestina. Molina y sus compañeros pusieron también sobre la mesa los excesos policiales que a su juicio se sucedieron aquellos meses: "Planteamos nuestra propia indefensión", fruto en gran medida de la ley mordaza y la prevalencia del testimonio de los agentes de policía sobre la palabra de los activistas.

La abogada Elena de Luis, miembro de Juristas por Palestina, coincide en este extremo, destacando el despliegue policial desproporcionado y las cargas como tónica común allá donde anidaba la protesta. Su organización también aprecia como piedra en el camino el hecho de que las propuestas de sanción no hayan llegado a la vez, lo que deriva en mayores dificultades para coordinar estrategias colectivas y que los afectados se agrupen, fundamentalmente porque cada propuesta tiene un plazo de alegaciones y el tiempo corre. "Si a ti te llega una notificación y a tu compañero le llega semanas después, es mucho más difícil que os coordinéis", sintetiza la jurista.

Las propuestas de incoación de expediente sancionador parten de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Así figura en las notificaciones que ha podido examinar infoLibre. Los documentos mencionan la "hostilidad" por parte de "grupos de radicales" y destacan que los hechos han venido promovidos por las protestas en solidaridad con Palestina, causantes de "incidentes en varias etapas" e incluso modificando el final de la carrera. 

Las propuestas consultadas citan el artículo 2.1 a) de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por el que se castiga "la participación activa en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un acontecimiento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado".

La mayoría, asiente Elena de Luis, siguen este mismo patrón. "Casi todas son por vía administrativa y en base a esa ley. Algunas citan la ley mordaza y hemos tenido constancia de algún proceso por la vía penal que se ha archivado", abunda. Las cuantías no son especialmente altas, porque se basan en infracciones leves, lo que a su entender encaja en una suerte de castigo simbólico, ejemplarizante y desmovilizador, un recordatorio para que no vuelva a pasar. 

Para la letrada, uno de los puntos clave que a su parecer invalida las sanciones es que eluden el contexto. "No se puede descontextualizar de lo que está reclamando la gente: la defensa de la población palestina y la protesta contra un genocidio", sostiene. Por otro lado, perfila, estas movilizaciones son indisociables del "derecho a la libertad de expresión y crítica política", derechos sobradamente apoyados por los tribunales. 

Para De Luis resulta llamativo además el uso de la ley contra la violencia en el deporte, una legislación originalmente pensada para situaciones que nada tienen que ver con la actual. El grueso de las propuestas sancionadoras citan no sólo los desórdenes públicos, sino también la exhibición de símbolos que incitan a la violencia y la entonación de cánticos que constituyan un acto de desprecio a los participantes en el espectáculo deportivo. 

Una vez más, la letrada entiende que la aplicación de la literalidad de la ley a las protestas contra el genocidio descontextualiza lo sucedido y desvirtúa el espíritu de la propia ley. "Esta ley nace para proteger ante episodios de racismo en el deporte, que hay muchísimos, pero consideramos que es inaplicable en este caso y es un error de calificación jurídica", insiste. Ni las banderas palestinas incitan al odio, ni la expresión popular es una riña, zanja.

El 1 de octubre del año pasado, la Comisión contra la Violencia en el Deporte informó de su decisión de proponer sanciones a 38 personas por las manifestaciones. Dos semanas después, se sumó otra propuesta sancionadora a otros 53 manifestantes, en este caso por las protestas desarrolladas en Euskadi, Asturias y Pontevedra. El 21 de noviembre, la misma comisión propuso para sanción a "un grupo de manifestantes" –sin especificar el número– identificados durante las últimas etapas. Aquel aviso se hace ahora palpable en los buzones de los afectados.

Preguntado al respecto, el Ministerio del Interior se remite a dichas propuestas notificadas en octubre y noviembre, pero puntualiza que "su gestión posterior corresponde a las delegaciones y subdelegaciones", por lo que el departamento de Fernando Grande-Marlaska no puede "concretar el número de sanciones tramitadas". Tampoco responde a otra de las preguntas formuladas por este diario: si está sobre la mesa la anulación generalizada y automática de las propuestas sancionadoras contra los manifestantes.

Es una de las peticiones que plantean los activistas. "Estamos defendiendo que se anulen", comparte Elena de Luis, "consideramos que el Gobierno puede hacerlo". Lidón Soriano cree que es lo coherente, teniendo en cuenta que fue el propio Ejecutivo quien "alabó las protestas". Las sanciones, lamenta la activista, son "un absoluto despropósito y el reflejo de la falta de compromiso real con la justicia y la paz para Palestina". 

El periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena estadounidense CNN, fue arrestado acusado de violar la ley federal mientras cubría una protesta en una iglesia de Saint Paul (Minnesota) contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump, informó este viernes su abogado, informa EFE.

Lemon, reportero independiente de 59 años, fue detenido el jueves por la noche en Los Ángeles (EEUU) mientras trabajaba cubriendo los preparativos de la gala de los Premios Grammy, detalló su abogado, Abbe Lowell, en un comunicado.

El pasado 19 de enero, Lemon estuvo en una protesta en la que un grupo de manifestantes interrumpió un servicio religioso en una iglesia para manifestarse contra su pastor, quien también trabaja para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y corearon consignas como "¡Fuera ICE!".

El Departamento de Justicia del Gobierno de Trump intentó presentar cargos contra ocho personas, incluido el periodista, invocando una ley que protege a quienes participan en servicios religiosos en lugares de culto.

Sin embargo, un juez que revisó las pruebas solo autorizó los cargos contra tres personas y rechazó los presentados contra Lemon y los otros acusados por considerarlos insuficientes. Posteriormente, la fiscalía solicitó a una corte federal de apelaciones la emisión de órdenes de arresto, pero estas fueron denegadas.

El abogado de Lemon subrayó en el comunicado que la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, "existe para proteger a los periodistas cuyo trabajo es arrojar luz sobre la verdad y exigir rendición de cuentas a los poderosos".

La campaña de redadas masivas llevada a cabo en las últimas semanas en Minnesota, un estado de mayoría demócrata, ha provocado numerosas protestas, que fueron reprimidas por fuerzas federales.

Agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes de nacionalidad estadounidense, unos hechos que desataron una enorme indignación y forzaron a Trump a relevar el mando operativo y prometer una "desescalada".

Los sindicatos USO, UGT y CCCO han presentado una convocatoria de huelga en la empresa privada Serveo entre el 9 y 11 de febrero, de forma coordinada con el resto del sector ferroviario. La iniciativa en Serveo se suma a la huelga de los maquinistas del sindicato Semaf, también para los días 9, 10 y 11 de febrero tras los accidentes de Adamuz y Gelida.

Serveo (antes Ferrovial Servicios) es la empresa que presta, desde julio de 2021, servicios que incluyen atención al cliente a bordo, restauración y cafetería en los trenes de Renfe, logística de transporte y aprovisionamiento. 

Los convocantes de la huelga en Serveo exigen medidas de seguridad y formación, para una plantilla (Renfe y Adif) de 1.700 personas, que aumenta en determinados meses del año por una mayor afluencia de trenes y viajeros. Las secciones sindicales de Serveo también han presentado una solicitud de mediación previa en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Ambos registros están relacionados con los accidentes ferroviarios ocurridos en las últimas semanas, ha informado USO.

Los sindicatos reclaman la elaboración y establecimiento de un "protocolo urgente de actuación" en caso de vibraciones e incidencias durante la prestación de funciones a bordo de los trenes. Reivindican, asimismo y con urgencia, cursos de formación teórico-práctica sobre autoprotección y emergencias a todo el personal en casos de evacuación, seguridad en túneles e incidencias ferroviarias; gestión de crisis y formación sobre material ferroviario.

Por último, los convocantes solicitan el establecimiento de un protocolo de actuación y comunicación directa entre todos los miembros de la tripulación en caso de incidencias y accidentes, coordinado conjuntamente entre Renfe, Adif y el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. 

Además, las tres secciones sindicales en Serveo han comunicado que se suman a la movilización convocada por los comités de empresa de Renfe y Adif, el próximo 3 de febrero, a las 12.00 horas, frente al Ministerio de Transportes. 

Renfe convocó una nueva licitación para los servicios de restauración a bordo en los trenes AVE y de Larga Distancia, cuyo plazo de presentación de solicitudes expiró el pasado 8 de enero, por un importe de 513,2 millones de euros durante 3 años, prorrogables 2 años más. El vigente contrato, por importe de 272 millones, fue adjudicado a Serveo para el periodo 2021-2026. El contrato expira el próximo mes de junio.

Todos los trabajadores de Serveo están llamados a secundar la huelga en sus diversos centros de trabajo (Málaga, Sevilla, Madrid o Barcelona).

Era un día normal para la familia Ruiz. Arturo, el séptimo de ocho hermanos, tenía tan solo 19 años, era estudiante y combinaba sus estudios con varios trabajos como albañil. Estaba afiliado a Comisiones Obreras (CCOO) y no era ninguna novedad verle en las manifestaciones. Aquel día, se unió a sus compañeros para pedir la amnistía de los presos políticos que seguían en la cárcel. Era una manifestación más. Un día más. 

Entre la muchedumbre de la protesta se oye un grito. “¡Viva Cristo Rey!”. Luego dos disparos. Uno al aire. Otro que impacta contra Arturo. Horas más tarde, la familia Ruiz tiene de fondo el telediario. Han asesinado a un joven en las manifestaciones de Madrid. Arturo.

23 de enero de 1977. Ahora, también recordamos ese día como el inicio de la Semana Negra de la Transición. Un día después del asesinato de Arturo Ruiz García, casi 100.000 estudiantes salieron a protestar por su muerte. Allí, la Policía se cobró una nueva víctima, Mari Luz Nájera, que falleció en medio de la Gran Vía madrileña por el impacto de un bote de humo lanzado por los grises. No acabó ahí. El mismo día –esa misma noche–, varios ultraderechistas irrumpieron en el despacho de Atocha de los abogados laboralistas dirigidos por Manuela Carmena. Asesinaron a cinco de ellos. Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal.

23 de enero de 2026. Casi medio siglo sin Arturo. Para poder recordarle, el Colectivo por los Olvidados de la Transición (COT) se reúne en la Plaza Soledad Torres Acosta de Madrid, junto a la placa en la que figura Arturo Ruiz, como hacen todos los años para protestar contra un crimen “causado por el odio ciego y brutal contra alguien que se atrevió a discrepar de la sinrazón”. 

Esta mañana de viernes han acudido al homenaje familiares directos de Arturo y Manuel (Olga, Blanca o Elisa); la directora general de Memoria Democrática, Zoraida Hijosa; representantes de formaciones políticas como Manuela Bergerot, de Más Madrid, e Isa Serra o Julio Rodríguez, de Podemos Madrid, así como ciudadanas y ciudadanos que apoyan el trabajo moral y memorialístico del COT y periodistas como Jesús Maraña, director Editorial de infoLibre.

En un primer momento, la policía identificó como posible autor a Jorge Cesarsky, vinculado a Triple A –Alianza Anticomunista Argentina–. Estaba bien posicionado en los círculos franquistas de la época y tenía una buena relación con las Fuerzas de Seguridad de la época, gracias a su trabajo como vendedor de pólizas de seguros. La condena fue de seis años de prisión por terrorismo y tenencia ilícita de armas. Solo estuvo bajo rejas un año. Pero él no era el asesino. 

Tras recoger los datos de varios testigos, la Jefatura Superior de Policía de Madrid finalmente dio con el nombre que buscaban: José Ignacio Fernández Guaza, que en ese momento también estaba asociado a grupos de extrema derecha como Triple A o los Guerrilleros de Cristo Rey. Nunca entró en la cárcel. 

Cuando dieron con su nombre ya era demasiado tarde, no quedaba rastro de él en Madrid. En su domicilio encontraron cartuchos y pólvora. Luego, supieron que estaba en el País Vasco, pero, cuando cruzó a Francia, se le perdió la pista por completo. 

Esto era así hasta finales del 2023, cuando El País le localizó en Argentina, bajo un nombre falso. Cuando los periodistas llamaron al asesino, negó hasta tres veces ser quien era. Cuando finalmente confesó, accedió a una entrevista con los redactores. Fue en Maschwitz, un municipio residencial cerca de Buenos Aires, de 15.000 habitantes de clase media, en el que ahora vive en una casa con jardín. 

Allí confesó el crimen sin ningún tipo de remordimiento. “—[Ruiz] me tiró una piedra. Agarré la pistola y le pegué al corazón. De mala leche. [...] ¿Arrepentimiento? Está usted hablando con una persona que nunca se ha arrepentido de nada”, aseguró.

Guaza confesó al periódico que el motivo por el que pudo salir impunemente del país fue gracias a las autoridades españolas, que sabían donde se encontraba. También afirmó tener relación con los servicios de información en España y que, incluso, varios funcionarios españoles con los que había colaborado antes de fugarse fueron a visitarle en 1979. 

Según su propio testimonio a El País, el asesino también colaboró con las fuerzas de seguridad en investigaciones contra ETA. Presuntamente formaba parte de un comando que mató a varios miembros de la banda en el sur de Francia a mediados de los setenta. El grupo supuestamente trabajaba para la Guardia Civil y cobraba de los fondos reservados. En el sumario del caso de Arturo Ruiz hay testimonios e indicios que confirmarían la relación del ultraderechista con la guerra sucia contra ETA, realizando los trabajos que las fuerzas de seguridad no podían hacer o ayudando con “jaleos”. 

La familia de Arturo pidió en enero de 2024 que se desclasificaran los archivos del caso para poder comprobar si el testimonio del asesino era cierto, reactivar las indagaciones y detener al autor. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó la petición de la investigación judicial contra Fernández Guaza. El delito había prescrito. 

Ahora, el caso sigue vigente en la investigación de la llamada Querella Argentina.

El asesinato de Arturo Ruiz precedió en cuestión de horas al de Mari Luz Nájera, a quien se rendirá homenaje este sábado a las 19 horas en Alameda de Osuna, y a los asesinatos de Atocha, hitos sangrientos sin lo que es imposible explicar la transición democrática y la realidad de su grado de violencia.

Dicen que las calles de Teherán huelen a sangre: la sangre de los manifestantes asesinados por este régimen brutal.

Hasta la fecha de este artículo, el país lleva más de 240 horas de apagón digital, una flagrante violación del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información. Es una estrategia intencionada por parte de un régimen teocrático acorralado y desesperado por sobrevivir a cualquier precio, en contra de su población, agotada, con poco que perder y mucho que ganar.

Las revueltas iniciadas en el Gran Bazar de Teherán fueron el detonante para que afloraran toda la rabia y el hartazgo de una sociedad contenida por décadas de represión sistemática. Se unieron universitarios/as, trabajadores, mujeres, jóvenes y minorías étnicas, ahondando aún más la brecha entre la mayoría de la población y la clase dirigente.

Son décadas de corrupción estructural, de encarecimiento del coste de la vida, devaluación constante de la moneda y opresión sistemática, sobre todo contra las mujeres. Todo ello, agravado por sanciones internacionales, que, lejos de debilitar al régimen, no han hecho más que empobrecer a la población. A todo ello, una gestión económica nefasta, basada en la expansión de la influencia regional antes que en el bienestar de su población. 

En una tierra rebosante de petróleo y gas, la inflación ronda el 50-60% anual y la mayoría de las familias iraníes apenas puede cubrir sus necesidades básicas. Los beneficios generados por la explotación de los recursos no revierten en la mejora de las condiciones de vida de la población. En cambio, una parte importante de dichos recursos se ha destinado al ambicioso programa nuclear y a financiar los proxy que no han hecho más que desestabilizar la zona. 

Mientras, se ha ejercido una discriminación sistemática contra mujeres, minorías étnicas y religiosas, que se suma a la destrucción medioambiental, que condena a los jóvenes a ninguna esperanza sobre su futuro. Y la respuesta del régimen a estas demandas por una vida digna ha sido la de siempre: violencia, detenciones arbitrarias, muerte y aislamiento digital. 

Este nuevo ciclo de protestas muestra que el problema no es coyuntural, y conecta con la larga lucha del pueblo iraní, reflejando la fragilidad y la pérdida continuada de legitimidad del régimen, que solo sabe recurrir a la represión, sin dar solución a tanta miseria, a tanta humillación acumulada. Ya no bastan algunas concesiones ni tímidas reformas. El pueblo exige el derrumbe de este sistema.  

Para reprimir sin testigos y eludir rendir cuentas de sus atrocidades, desde el ocho de enero, el régimen ha cortado Internet, las líneas móviles y la telefonía fija. Desde entonces, los pocos videos que llegan –por VPN, Starlink o gracias a personas que han cruzado literalmente a pie la frontera con Turquía– muestran un país en llamas, donde manifestantes desarmados son masacrados por quien debería velar por su integridad. 

Puede que nunca se llegue a conocer y verificar la cifra real –algunas fuentes hablan de más de 16.000, un auténtico genocidio político–, pero incluso si solo una persona hubiera sido asesinada por expresar su opinión, debería avergonzarnos como sociedad civil. El ansia de supervivencia y miedo de este régimen despiadado es tal que ha llegado incluso a realizar redadas en hospitales para rematar a los heridos de las manifestaciones e intimidar al personal sanitario para que no cumpla su juramento hipocrático. 

Desgraciadamente, el régimen iraní cuenta con una estructura coercitiva y de seguridad muy cohesionada. Los Guardianes de la Revolución y las milicias paramilitares Basij juegan un papel fundamental en la represión interna y tienen importantes intereses en casi todos los sectores estratégicos del país –financiero, armamentístico, industrial, económico y político–, en estrecha alianza con los clérigos. Esta acumulación de poder y riqueza parece no tener límites, protegida por una maquinaria represiva que le garantiza su impunidad y ha sido reforzada por el uso creciente de combatientes de grupos proxy de origen afgano e iraquí para sofocar las revueltas.  

La cuestión principal es hasta qué punto puede ampliarse la brecha ya existente entre el pueblo y el régimen, y cuánto tiempo más podrá sostenerse el pulso entre una sociedad que demanda libertad y un sistema basado en el control coercitivo. Esta tensión puede desestabilizar el régimen, aunque por ahora, tristemente, no parece que haya indicios claros; pero no debemos olvidar que Irán ha demostrado ser inmune a las teorías convencionales y todo desenlace puede ser posible.

A pesar de la heterogeneidad ideológica y social de la población, existe un consenso uniforme, amplio y transversal: el rechazo casi unánime a este régimen autoritario. Las alternativas de cambio de régimen oscilan entre una oposición interna fragmentada y debilitada por décadas de represión –con muchos de sus líderes encarcelados o silenciados– y una oposición en el exilio también dividida, en la que destaca la figura de Reza Pahlavi, hijo del último Sha, como posible catalizador del descontento social y que parece tener una aceptación significativa entre los manifestantes. 

Y a este complejo escenario se suman múltiples variables internas, tales como una eventual toma del poder por parte de la Guardia Revolucionaria o una transición pactada desde el propio régimen, para perpetuarse en el poder a cambio de ciertas concesiones limitadas y controladas. 

Todo ello está atravesado, además, por cálculos geoestratégicos y por la amenaza externa. Los mensajes del presidente Trump y de su homólogo israelí son usados por el régimen para desplegar su narrativa habitual de la injerencia extranjera, recurso recurrente para generar cohesión interna y deslegitimar a la oposición interior.

Es indudable, por lo tanto, que nos encontramos ante un momento potencialmente decisivo en la historia de este país fascinante, cuya población valiente y resiliente no merece sufrir un día más esta represión brutal. Una población que aspira legítimamente a convertirse en protagonista de su propio futuro, en un horizonte de dignidad y libertad. 

Se trata de un anhelo profundo de dignidad humana, de una necesidad vital imperiosa, pese al alto precio a pagar que implica lograrlo.

Por ello, debemos seguir exigiendo la defensa de los derechos humanos y la justicia, que los responsables de estas atrocidades sean juzgados, con todas las garantías legales que ellos mismos niegan a su población. 

__________________________

Anahita Nassir es politóloga hispano-iraní y colaboradora de la Fundación Alternativas.

La oscuridad del régimen iraní se cierne sobre la población, con especial dureza sobre las mujeres, ciudadanas de segunda. Las protestas son brutalmente aplastadas con violencia y gestos tan inocentes como mostrar el cabello o bailar en la calle han sido castigados con la muerte. El cine resiste para denunciarlo con bocanadas de libertad, informa EFE.

El nombre de Mahsa Amini resuena, pero son centenares, miles, las mujeres anónimas masacradas en nombre de la moral.

Cantar, proyectar el futuro, bailar, vestirse, estudiar, participar en redes sociales, manifestarse, transgredir las normas de los adultos en la adolescencia, leer, reunirse con las amistades e incluso soñar... La represión y la opresión condicionan y limitan la vida en Irán.

Contar al mundo qué sucede bajo la sombra de la República Islámica liderada por Ali Jameneí no es sencillo. Falta de libertades, censura, represión, bloqueo de las telecomunicaciones, el régimen controla cada movimiento. Tampoco hay que desdeñar el desinterés occidental por un país aislado y lejano.

Pese a las enormes dificultades, hay cineastas que se juegan la integridad y la vida para filmar en Irán, para narrar el dolor y la violencia, pero también la fuerza de cambio y el inconformismo que coexisten en un país que para muchos es una cárcel. Algunos de ellos han sido torturados y encarcelados por hacerlo.

A continuación, una selección de siete películas para comprender qué sucede en Irán:

-La semilla de la higuera sagrada (Filmin, Movistar+), dirigida por Mohammad Rasoulof. Una familia acomodada de Teherán celebra el ascenso del padre, un funcionario judicial afín al régimen. Mientras el hombre trabaja, la madre y sus dos hijas adolescentes lidian con una situación compleja: una amiga ha sido agredida en una manifestación contra el régimen en el marco de las protestas de Mujer, Vida, Libertad.

Rasoulof, una de las voces más críticas con la República Islámica, que fue encarcelado y ahora está en el exilio, traza un relato escalofriante de cómo la represión y el terror del régimen son porosos y calan en la cotidianeidad familiar.

-La mujer que sabía demasiado (Movistar+), de Nader Saeivar y con guión de Jafar Panahi. También las mujeres son la fuerza motriz de esta cinta protagonizada por una profesora jubilada que se enfrentará al poder para intentar hacer justicia después de presenciar un feminicidio que el régimen trata de silenciar.

Bailar, pensar, tener autonomía son acciones casi imposibles para las mujeres en Irán, sometidas al varón y al Estado, como se aprecia en esta película.

-Mi postre favorito (en alquiler en Filmin y Prime Video), de Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha. Los directores de este filme que fue rodado de forma clandestina fueron condenados a 14 meses de prisión por su trabajo.

¿Su crimen? Contar cómo una mujer viuda de 70 años desafía las convenciones con un taxista, una relación para combatir la soledad, defender la alegría de vivir también en la última etapa de la vida y reconocer la autonomía y el deseo femeninos.

-Leer Lolita en Teherán (Movistar+), de Eran Riklis. Basada en la obra homónima autobiográfica de Azar Nafisi, esta película repasa la vida real de una profesora universitaria de literatura que tiene que dejar su trabajo tras la pérdida de libertades promovida por el régimen de Jomeini.

Sin embargo, la pulsión intelectual es más poderosa que la represión y Nafisi organiza en su casa una tertulia clandestina junto a antiguas alumnas para leer libros prohibidos de Nabokov, Jane Austen y Henry James, unos encuentros en los que emergerán las violencias y frustraciones sufridas por las mujeres iraníes.

-Holy Spider (Filmin y RTVE Play), de Ali Abbasi. Este 'thriller' recupera la historia real de un asesino en serie que mató a 16 prostitutas en la ciudad iraní de Mashhad en nombre de la moral a principios de los 2000. Una periodista se infiltrará en los bajos fondos de sus calles para intentar destapar los crímenes, que cuentan con la permisividad de la policía e incluso con el visto bueno del régimen.

Su protagonista, Zar Amir Ebrahimi, ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes por su trabajo en la película. Lleva refugiada en Francia desde 2008, anteriormente fue condenada a 10 años de prisión y 99 latigazos después de que se filtrara un vídeo íntimo de ella sin su consentimiento. El resto del reparto fue represaliado.

-Persépolis (Filmin, Movistar+, FlixOlé), de Marjane Satrapi. El clásico entre los clásicos: primero novela gráfica, después película, la niña y adolescente Satrapi, hija de una familia progresista iraní, muestra sus vivencias de la revolución, la guerra y su posterior vida en el extranjero.

A través de sus ojos, se ve cómo el fundamentalismo se hace con el poder, somete a la población en nombre de la religión y fuerza a las mujeres a cubrir su cabello. Pero también su descubrimiento de la música punk y pop, y de la libertad y la cultura europeas que puede contraponer con el régimen de los ayatolás.

-Nadie sabe nada de gatos persas, de Bahman Ghobadi. Ser joven y amar la música, pero tener que esconderte en los sótanos de Teherán para componer y tocar mientras sueñas con huir a Europa para dar conciertos en libertad: esta es la historia que plantea esta película de rebeldía, ansia por la modernidad y pasión por los acordes.

"¿No tenéis miedo de que os cojan?", se escucha en la cinta. "No, ¿por qué nos van a coger? No hacemos nada malo, sólo hacemos música", responde otro de los personajes.

El arte, como la libertad, en Irán se llega a pagar con la vida.

Las autoridades iraníes anunciaron este viernes que al menos 3.000 personas, a las que tildan de "terroristas", fueron detenidas en las protestas que se han producido en la República Islámica en las últimas semanas, informa EFE.

"Los funcionarios de seguridad han anunciado que 3.000 miembros de grupos terroristas y personas que desempeñaron un papel en los recientes disturbios han sido arrestados hasta ahora", informaron fuentes de seguridad a la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Se trata de una cifra mucho más baja que la facilitada por las ONG establecidas fuera de Irán, ya que, por ejemplo, según los últimos números de la organización HRANA se ha producido el arresto de más de 19.000 personas, según han podido confirmar.

Las autoridades no han dado más detalles sobre las detenciones, la identidad o la situación de los detenidos, mientras que desde HRANA advierten: "Sin embargo, a pesar del corte de Internet y el acceso reducido a los datos de campo, HRANA hasta ahora ha podido confirmar el arresto de más de 19.000 personas".

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de "Muerte a la República Islámica" y "Muerte a Jameneí".

Las protestas llegaron a su momento álgido el pasado jueves con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán, que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según fuentes oficiales.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, los muertos en las protestas que comenzaron el día 28 y se agudizaron a partir del día 8, se cuentan por centenares.

La organización con base en Oslo Irán Human Rights (IHRNGO) contabiliza 3.428 muertos en su último balance del jueves, mientras que la organización HRANA con base en Estados Unidos eleva la cifra de fallecidos a más de 2.600.

Sin embargo, en los últimos días ha vuelto la calma al país, aún con una fuerte presencia policial en las calles y el internet sigue cortado. 

La Ley de Insurrección que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con invocar en Minnesota permite al mandatario desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil, según ha informado EFE.

Aunque popularmente se la conoce como Ley de Insurrección de 1807, se trata en verdad de una amalgama de distintos estatutos promulgados por el Congreso entre 1792 y 1871, según subraya el Centro Brennan para la Justicia, un instituto de pensamiento no partidista que aboga por el Estado de derecho. Esa normativa está considerada uno de los poderes de emergencia más contundentes.

En circunstancias normales, la ley Posse Comitatus, de 1878, prohíbe que el Ejército participe en actividades de aplicación de la ley civil. Invocar la Ley de Insurrección suspende temporalmente esa otra legislación.

Está pensada para ser utilizada en crisis que superen la capacidad de respuesta de las autoridades civiles, pero, según el Centro Brennan, su uso no está claramente definido ni limitado, lo que otorga a los presidentes un poder considerable para estipular cuándo y dónde desplegar las fuerzas militares dentro del país.

Aunque una de sus provisiones -la 251- señala que requiere el consentimiento de un Estado, otras dos -la 252 y 253- le permiten movilizar a las tropas sin la petición del Estado afectado e incluso en contra de su voluntad.

La Ley de Insurrección no debe confundirse con la Ley Marcial, entendida como un poder que permite al Ejército asumir el papel del gobierno civil en una situación de emergencia. En cambio, sí autoriza que las fuerzas armadas ayuden a las autoridades civiles. El Centro Brennan recuerda que un presidente no tiene autoridad legal para invocar la ley marcial.

La última vez que se hizo uso de la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993). California solicitó al entonces mandatario republicano esa ayuda militar en respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.

En el pasado sí se ha invocado a pesar de las objeciones de los gobernadores locales. Así, el republicano Dwight Eisenhower (1953-1961) y el demócrata John F. Kennedy (1961-1963) hicieron uso de ella para facilitar la integración escolar después del histórico fallo del Supremo en el caso Brown contra la Junta de Educación, que declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas.

El Centro Brennan recuerda que en total ha sido invocada en unas 30 ocasiones a lo largo de la historia de EEUU.

La falta de estándares claros dentro de dicha ley, según el Centro Brennan, ha creado una situación en la que el presidente tiene una discreción casi ilimitada para desplegar tropas federales en caso de disturbios civiles. La reforma de la misma estaría en manos del Congreso.

Trump no la ha invocado formalmente. El pasado octubre lanzó esa misma amenaza en respuesta a protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, en el estado de Oregón.

En ese caso la batalla legal entre Oregón y el Ejecutivo escaló después que la jueza Karin Immergut, nominada por Trump, prohibiera temporalmente el despliegue de soldados de la Guardia Nacional de Oregón y de cualquier otro estado mientras estudiaba una demanda estatal que argumentaba que el envío de tropas es ilegal e innecesario.

Las fuerzas federales pueden ser desplegadas sin invocar la Ley de Insurrección, pero los límites en ese caso están más claros. Por ejemplo, para proteger edificios gubernamentales o tribunales, y sus agentes no pueden ejercer las funciones de la policía civil, como detenciones o represión de protestas.

El líder republicano contempla esa medida si las autoridades de Minnesota, demócratas, no ponen fin a lo que considera ataques de "agitadores profesionales" e "insurrectos" contra agentes del ICE.

Minnesota ha protagonizado dos incidentes destacados como resultado de los operativos migratorios.

En el primero, el 7 de enero, una ciudadana estadounidense murió abatida por un agente, y en el segundo, este pasado miércoles, un integrante del ICE hirió en la pierna a una persona durante un intento de arresto. Esto ha incrementado la tensión en las calles y las propias autoridades estatales han demandado al Gobierno por estas operaciones.

La República Islámica de Irán cumple este jueves una semana con el acceso bloqueado al internet global y con las comunicaciones internas limitadas, una medida tomada para detener las protestas que sacuden el país desde hace 19 días, según informa EFE. 

Se trata del mayor periodo de desconexión con el mundo exterior vivido hasta ahora por el país persa y justificado por las autoridades iraníes como la única manera de detener unas protestas alentadas por Estados Unidos e Israel para justificar “una intervención en el país”.  

Muchos iraníes no comparten esa justificación: “Cortan internet cada vez que van a matar gente”, dice a EFE un vecino de Teherán. “Esto no es nuevo, ha ocurrido en el pasado cuando ha habido protestas, y lo hacen para que no se sepa fuera lo que ocurre”, alegó este vecino.  

El corte de las comunicaciones comenzó el jueves pasado por la tarde cuando dejó de funcionar el acceso al internet global, las llamadas de teléfonos internacionales y los SMS internos. 

Al mismo tiempo se produjo un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en la capital con policías y antidisturbios en cruces y circulando por las calles en motos. 

Dentro de Irán solo era posible acceder a una intranet interna del país con acceso a medios estatales y servicios locales. Se podían realizar llamadas locales y en algunas jornadas éstas también quedaban bloqueadas durante unas horas por la tarde y noche, cuando se producían las protestas. 

En estas circunstancias no funcionan las aplicaciones de VPNs, que permiten saltarse la censura que impone el Gobierno iraní a internet y necesarias para usar Whatsapp, X o Instagram, redes sociales que han espoleado las protestas en el pasado. Esta situación se prolongó hasta el martes por la mañana, cuando volvieron a operar las llamadas internacionales, pero solo de salida. 

Ahora continúa cortado el acceso al internet global y los SMS, y la única manera de conectar con el exterior es realizar llamadas internacionales. 

No es la primera vez que Irán corta las comunicaciones con el exterior para detener protestas. Sucedió en 2019 cuando estallaron unas protestas por la subida de los precios del combustible y Teherán cortó el internet durante tres días en los que murieron 350 personas en la represión, según Amnistía Internacional. Pero en aquella ocasión solo se cortaron los SMS por las tardes y noches y continuaron funcionando las llamadas internacionales. 

En las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico se produjeron cortes parciales de internet por zonas por las tardes y noches durante meses para tratar de desactivar unas movilizaciones en las que murieron unas 550 personas. 

En los tres últimos días no se han producido nuevas protestas y las autoridades iraníes no dan cifras de víctimas civiles, solo reconocen que “ha habido muchos muertos”. Del número de efectivos de las fuerzas de seguridad si tienen recuento y hasta ahora se ha informado de al menos 150 de ellos muertos en las protestas, de los cuales un centenar fue despedido el miércoles en un funeral estatal en la capital.

El Ministerio de Exteriores de España "desaconseja completamente" viajar a Irán a causa de la "gran inestabilidad que vive" el país y la región, además de recomendar a los españoles que se encuentren allí abandonar el territorio. La cartera que preside José Manuel Albares señala que esta recomendación carece de efecto vinculante y opera como mero aviso o consejo.

El ministerio recuerda que la mayoría de las aerolíneas han suspendido sus operaciones y aconseja verificar con la propia compañía la situación, pues las conexiones pueden verse modificadas por la evolución de la situación. Las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros.

De cara a la posible salida del país, el Ministerio subraya que los extranjeros que residan en Irán con un permiso de trabajo deben tramitar una autorización de salida cada vez que deseen salir del país, que debe gestionar con antelación suficiente la empresa para la que trabajen.

 Subraya que la embajada de España en Teherán "no tiene ninguna capacidad de autorizar la salida de Irán de los ciudadanos españoles" que se encuentren allí, "ya que es una cuestión que depende enteramente de las autoridades y la ley iraní".

A quienes permanecen en Irán, Exteriores les "desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones de cualquier tipo, hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial".

"Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, cualquier ciudadano que tome fotos o vídeos fuera de las zonas turísticas puede resultar sospechoso para estas autoridades", recuerdan las recomendaciones del Ministerio.

También se recomienda encarecidamente no tomar imágenes de instalaciones militares o gubernamentales, "ni manifestarse públicamente sobre cuestiones políticas o religiosas, incluso a través de las redes sociales".

La nota recuerda que "varios ciudadanos europeos han sido detenidos y condenados a penas de prisión por estos motivos".

El Ministerio explica en su web que "al conflicto de junio de 2025, se han sumado protestas que, desde el 28 de diciembre de 2025, se extienden por todo el país" y subraya que la situación es "inestable" en todo Irán.

"Diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones de manifestantes. Asimismo, se han cortado las comunicaciones desde el pasado 8 de enero, incluyendo internet y la entrada de llamadas telefónicas provenientes del extranjero", añade.

Exteriores aconseja permanecer atento a las redes sociales y otros medios de comunicación de la Embajada de España en Teherán, una vez se restablezcan las comunicaciones por internet.

Advierte de que los cortes en las comunicaciones e internet, ahora bloqueados, son frecuentes y de que sistemas de mensajería como WhatsApp y redes sociales tipo Facebook, Twitter o Instagram se encuentran bloqueados, lo que puede suponer "quedarse incomunicado durante largos periodos de tiempo".