La vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo, ha defendido este jueves que la "única manera" de que el rey Felipe VI se desvincule de su padre Juan Carlos I y de sus presuntas irregularidades es mediante la realización de un referéndum y su abdicación.

Es el mensaje que ha compartido en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press. La formación morada ha pedido en numerosas ocasiones la realización de una consulta sobre monarquía o república, aunque no ha llegado a defender directamente la abdicación de Felipe VI, como sí han reclamado sus socios de Izquierda Unida.

"La única solución, abdicación y referéndum", defendió IU el 18 de marzo, tras el primer discurso a la ciudadanía de Felipe VI tras estallar la pandemia de coronavirus, dos día después de que la Casa Real informara de que el monarca renunciaba a la herencia de su padre, "así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera, cuyo origen" no esté "en consonancia con la legalidad".

Unidas Podemos también lleva años pidiendo sin éxito la apertura en el Congreso de una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades del rey, sus cuentas en Suiza y las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva un año y nueve meses sin preguntar a los españoles su opinión sobre la monarquía. La última referencia concreta sobre el grado de confianza que les inspira la Corona que consta en los informes del instituto demoscópico público –dependiente del Ministerio de la Presidencia– es de abril de 2015, casi un año después de que el rey Juan Carlos comunicara en un mensaje televisado su decisión de abdicar.

En aquel momento, a pesar de que el nivel de popularidad de la institución había aumentado respecto a la referencia anterior, la nota que los españoles pusieron a la institución que entonces ya representaba Felipe VI seguía siendo un suspenso: 4,34 sobre diez. Un 21,7% de los encuestados le dio un cero y un 5,1% un diez. En abril de 2014 el barómetro oficial había adjudicado a la monarquía una nota de 3,72, sólo cuatro centésimas más que un año antes, en abril de 2013 (3,68).

Pero han pasado casi dos años desde entonces y el CIS no ha vuelto a preguntar a los españoles su opinión sobre la monarquía. Sí lo ha hecho sobre otras cuestiones de actualidad como las expectativas económicas, la valoración de la situación política general o la preocupación por el desempleo... y también de temas más atemporales como los problemas del medio ambiente, la frecuencia en el seguimiento de noticias políticas, los hábitos de lectura o la contribución de los abuelos a la sociedad. 

Las preguntas sobre la monarquía no aparecían en todos los barómetros, ni tenían una periodicidad fija, pero sí existía cierta regularidad. De hecho, se incluyeron en los estudios correspondientes a los meses de abril de los años 2013, 2014 y 2015. No ocurrió así en 2016. A preguntas de este periódico un portavoz del organismo aseguró que el CIS realiza sus informes basándose "en criterios técnicos y legales" y que como la alusión a la Corona ya se incluye en la recurrente pregunta genérica sobre los problemas del país no se ha considerado que existiera un motivo especial para hacer una pregunta concreta sobre la institución. 

Sin embargo, en este último período la Casa del Rey no ha dejado de estar de actualidad, especialmente por la implicación de la infanta Cristina y de su marido, Iñaki Urdangarin, en el caso Nóos, la trama urdida para defraudar a Hacienda y beneficiar con dinero público a sociedades creadas por el cuñado del rey y su socio Diego Torres y de la que este viernes se dictó sentencia en Audiencia Provincial de Baleares. 

De hecho, en junio de 2015, el rey tomó la decisión de revocar el uso del título de duquesa de Palma a su hermana Cristina. Meses después, en octubre, la Audiencia de Palma fijó el inicio del juicio para el 11 de enero de 2016. La infanta declaró el 3 de marzo en una declaración en la que negó cualquier intervención en el instituto Nóos y subrayó su confianza en la inocencia de su marido. El 22 de junio el juicio del caso quedó visto para sentencia tras 5 años, 11 meses y 2 días de proceso judicial.

Tres puntos de caída

A pesar del vacío de datos desde abril de 2015 el análisis de los barómetros previos sí refleja un progresivo desgaste. Cuando a mediados de los noventa el CIS empezó a preguntar periódicamente a los ciudadanos sobre el grado de confianza que le inspiraban ciertas instituciones, la Casa del Rey era la mejor valorada. De hecho, los españoles le pusieron 7,48 en 1995. En 1997 la monarquía era la que más confianza despertaba en los españoles (6,67), seguida del Defensor del Pueblo (5,62) y los ayuntamientos (5,39).

En noviembre de 2010, la Corona tuvo una nota de 5,35, por detrás del Ejército, que suele posicionarse en los primeros puestos en esta clasificación. En octubre de 2011 llegó el primer suspenso. Alto, pero suspenso: 4,89. Pero entonces el caso Nóos todavía no había salpicado a la familia real. Y tampoco había salido a la luz el safari de Juan Carlos I en Botsuana ni se sabía de la existencia de su amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein. 

El sondeo de abril de 2013 confirmó la caída en picado de la institución, cuya valoración cayó hasta los 3,68 puntos. En ese estudio –que se realizó justo en los días en los que se conocía la imputación de la infanta Cristina por el juez José Castro– la Corona apareció por primera vez en el listado de preocupaciones de los ciudadanos. Un año después, en abril de 2014, el barómetro oficial adjudicó a la monarquía una nota de 3,72, sólo cuatro centésimas más que 12 meses antes.

El CIS reflejó un aumento del nivel de popularidad de la Corona en abril de 2015, en el último sondeo que pregunta expresamente por la institución publicado hasta la fecha. La subida fue de algo menos de un punto al pasar de 3,72 a 4,34. Además, el 57,4% calificó de forma positiva la labor de Felipe VI y el 17,8% de manera negativa. 

"Crédito y reputación"

Juan Carlos I anunció el 2 de junio de 2014 que dejaba el trono tras 39 años de reinado. Lo hizo no sólo para dar paso a una nueva generación –como él explicó en su discurso–, sino también para hacer frente al desgaste de la institución en la peor coyuntura de su historia reciente. Así lo plasmó el periodista José Antonio Zarzalejos en su libro Mañana será tarde (Planeta), en el que asegura que, en 2014, la Corona "había llegado ya a agotar sus reservas de crédito y reputación" y que sus crisis "tocaba ya hueso". A su juicio, los símbolos positivos de su reinado –su papel en la Transición o su gestión del 23-F– quedaban ya "muy lejos en el tiempo". 

A falta de sondeos oficiales, hay que recurrir a los estudios de empresas privadas para ver qué consideración hacen los españoles del trabajo del actual rey de España, Felipe VI. El más reciente es de Sociométrica, de diciembre de 2016, publicado por El Español. Según este sondeo –realizado con una muestra de 800 entrevistas– los españoles puntúan con una nota de 6,4 puntos a la institución, lo que la sitúa en los mismos niveles que en la década de los 90 del siglo pasado.

El emperador Akihito de Japón aseguró este lunes que está "preocupado" por la posibilidad de que el gradual deterioro de su salud termine impidiéndole continuar cumpliendo con sus deberes de jefe de Estado como ha estado haciendo hasta ahora, informa Europa Press.

"Cuando considero que mi nivel de salud está disminuyendo gradualmente, me preocupa que pueda llegar a ser difícil para mí cumplir mis deberes como símbolo del Estado con plena capacidad, como he hecho hasta ahora", aseguró el emperador, en un discurso emitido por la cadena de televisión pública NHK.

NHK informó en julio de que Akihito, que se ha sometido a una operación de corazón y ha recibido tratamiento médico por cáncer de próstata, podría querer abdicar en los próximos años, una decisión que no tiene precedentes en la historia de JapónJapón.

La figura del emperador, que en su día llegó a ser considerada divina, está definida en la Constitución de Japón como un símbolo del Estado y de la unidad del pueblo nipón y carece de competencias políticas. En su mensaje de este lunes, Akihito no ha dicho explícitamente que quiera abdicar, un mensaje que podría ser interpretado como una intromisión en las decisiones de los políticos.

La abdicación imperial no está contemplada en la legislación japonesa, de modo que las autoridades niponas se verían obligadas a improvisar. La base más conservadora del Gobierno de Shinzo Abe se opone a tal medida.

Akihito, de 82 años de edad, ha tenido que ser ingresado varias veces en los últimos años por diversas dolencias, razón que le habría empujado a sopesar la abdicación a favor del príncipe heredero, Naruhito, de 56 años.

El traspaso de poder podría reavivar el debate sobre la sucesión imperial. Actualmente solo es posible entre varones, pero Naruhito solo tiene una hija, así que, con las actuales leyes, tras él el Trono del Crisantemo pasaría a su hermano, Akishino, y a su sobrino, Hisahito.

Los actos que generó la abdicación de rey Juan Carlos I y la proclamación de su hijo, Felipe VI, costaron más de 300.000 euros. De ellos, cerca de 175.000 corrieron a cargo del Ministerio de la Presidencia –al que está adscrito Patrimonio Nacional– y 132.000 al Congreso, donde tuvo lugar la coronación del nuevo monarca.

Los gastos que supusieron ambas ceremonias vuelven a la palestra a raíz de que el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Josep Pérez Moya, pidiera conocer lo que tuvo que desembolsar el Gobierno para esos actos, particularmente el de la proclamación, teniendo en cuenta que a los miles de invitados, la ornamentación y la recepción, se le añadió un paseo de Felipe VI por las calles de Madrid, con el coste en seguridad que ello conlleva.

En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa press, el Ejecutivo se limita a dar cuenta del importe que los actos referidos supusieron para el Ministerio de la Presidencia, que ascendieron a 169.660 euros. De ese total, 91.788 euros fueron gastos corrientes en bienes y servicios; 64.434 euros, gastos de personal, y 13.437 euros se destinaron al capítulo de inversiones.

4.500 euros para el traslado de autoridades

Presidencia del Gobierno informa de que asumió el gasto de alquiler de autobuses para el traslado de las autoridades que presenciaron ambas ceremonias, y cuyo corte total fue de 4.474 euros.

Y esos son los únicos datos que aporta, porque en su respuesta, el Ejecutivo no da cifras sobre los gastos del dispositivo de seguridad, apuntando que éste no difirió de otros que habitualmente se establecen para eventos de gran afluencia de público, como acontecimientos deportivos o manifestaciones. Por tanto, señala que fue un coste asumido con los presupuestos ordinarios del Ministerio del Interior, como ocurre normalmente en este tipo de operativos.

Tampoco enseña los gastos asumidos por otros poderes del Estado e instituciones distintas de la Administración General del Estado.

Sin embargo, el Congreso ya hizo público en julio de 2014 el coste que la ceremonia de proclamación de Felipe de Borbón supuso para las Cortes Generales, que ascendió a un total de 132.036 euros, un gasto "austero", según comentó en su día su presidente, Jesús Posada, que salió de la cuenta de remanentes que anualmente van acumulando las Cámaras con las partidas presupuestarias no ejecutadas.

De esos más de 132.000 euros, la mayor parte, 55.128, se destinó a desmontar la zona de Presidencia del Congreso para colocar la tarima especial desde la que el rey fue proclamado nuevo monarca, rodeado de su familia y de las principales autoridades del Estado. A ello se añadieron otros 11.979 euros para trabajos extra en esa plataforma y la colocación del tapete donde reposó la corona y el cetro reales.

Horas extra del personal por ser festivo: 36.400 euros

La segunda partida más importante, de 36.358 euros, se destinó a abonar complementos y horas extra al personal de las Cortes Generales, que trabajaron ese día, 19 de junio, pese a ser festivo en Madrid. El Congreso se hizo cargo de 26.288 y el Senado de otros 10.069.

Otros 8.820 euros se gastaron en montar y desmontar el dosel que se instaló en la Puerta de los Leones, y 4.564 en 31 pasadores de cordón y en las medallas que ese día lucieron los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado y los portavoces parlamentarios con el nuevo emblema de Felipe VI.

Además, por cambiar los sillones del hemiciclo para que cupieran también los senadores se abonó 3.007 euros, y otros 2.597 costó barnizar y elevar la altura del atril donde el monarca pronunció su discurso como nuevo rey, así como por restaurar la mesa isabelina de la Sala de la Reina.

El receso del café, más de 1.000 euros

Asimismo, el alquiler y montaje de una carpa para el control de acceso de los periodistas supuso un importe de 1.875 euros, la pausa para el café que se tomaron las autoridades se elevó a 1.074 y la colocación de las pantallas que se instalaron para que se pudiera seguir la sesión solemne en diversas dependencias del Congreso tuvo un coste 923 euros.

Entre otros gastos destaca los 410 euros que supuso el servicio de agua para la prensa; los 162 que se pagó por la climatización y los 125 que se abonaron por dos centros de flores que se colocaron en el Salón de Plenos.

Felipe VI cumple su primer año de reinado con una tranquilidad que contrasta con el fuerte debate que suscitó su proclamación. El pasado 19 de junio de 2014, el hasta entonces príncipe de Asturias pasaba a ser jefe del Estado en sustitución de su padre, el rey Juan Carlos, en mitad de una controversia sobre la forma de Estado que un año después parece haber amainado.

El 2 de junio del año pasado, el rey Juan Carlos decidió poner punto final a sus 39 años al frente de la Jefatura del Estado y abdicar en la figura de su hijo. El revuelo fue inmediato, ya que en las apenas dos semanas que transcurrieron entre su anuncio y la proclamación del príncipe como Felipe VI se sucedieron las manifestaciones contra la sucesión y a favor de consultar a los ciudadanos sobre el modelo de Estado. La Puerta del Sol madrileña se llenó durante dos días consecutivos –el 3 y el 4 de junio– con miles de personas que expresaron un mensaje claro: "Los Borbones, a las elecciones".

Pero un año después, la movilización social en favor de una consulta por la república parece haberse desinflado. Además, los españoles tienen una mejor opinión de la institución que hace un año: en el barómetro del CIS de abril, los encuestados dieron una nota media del 4,34 al rey Felipe, frente al 3,72 que sacó la Corona un año antes. Por otra, parte, a la pregunta "¿cómo valora usted, positiva o negativamente, la forma en la que realiza su labor el rey Felipe VI?", el 57,4% lo valoró positivamente, frente al 17,8% que consideró que opinaba lo contrario.

Los partidos, a pesar del enorme vuelco que ha experimentado el tablero político desde mayo de 2014, tampoco colocan el debate sobre el modelo de Estado entre sus prioridades: ni las formaciones tradicionales, ni las emergentes. Tanto PP como PSOE apoyan que la Jefatura del Estado sea hereditaria, mientras que Podemos y Ciudadanos prefieren pasar de puntillas sobre la cuestión: los de Pablo Iglesias aseguran que el debate no interesa "en absoluto a la ciudadanía", mientras que los de Albert Rivera sostienen a modo de crítica que se trata de una discusión"artificial, demasiado ideologizada" y aseguran que apoyan a Felipe VI si sigue manteniendo la misma línea que hasta ahora.

La monarquía se desgasta como el resto de instituciones

Para los expertos consultados por infoLibre, es lógico que un año después de la proclamación de la proclamación de Felipe VI como rey la reivindicación de la república –que hoy por hoy sólo defiende con claridad IU– haya pasado a un segundo plano. "Obviamente, cuando hay un proceso sucesorio se abre inevitablemente un debate porque es el momento idóneo para plantearse si la forma de elección del jefe de Estado es adecuada o no", sostiene Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que considera normal que tras ese repunte el debate no esté en la primera línea.

"Lo que sí es cierto es que la monarquía, si la miramos a medio plazo, ha sufrido un desgaste como el del resto de instituciones", explica Orriols, que apunta además que los "escándalos" de la última etapa del rey Juan Carlos contribuyeron a ahondar en esa pérdida de confianza. Con él coincide Pablo Simón, también profesor de Ciencia Política de la UC3M, que explica que las crisis económicas –y esta no es una excepción– conllevan siempre una caída en la apreciación de las instituciones por parte de los ciudadanos, si bien asegura que la Corona, a pesar de su fuerte erosión –en sus momentos álgidos, 1994 y 1995, los españoles llegaron a puntuarla con más de un 7– ha resistido mejor que otros organismos, ya que sigue estando entre los más valorados.

Los reyes y sus hijas, el día de la proclamación, en el Palacio Real, el 19 de junio de 2014 | EFE

No le falta razón: el barómetro de abril de 2015, publicado en mayo, situaba a la Jefatura del Estado como la quinta institución mejor contemplada por los encuestados, tras la Guardia Civil (6,02), la Policía (5,95), las Fuerzas Armadas (5,51) –las tres únicas que aprueban– y los medios de comunicación (4,57). Por ello, pese a que suspendió con un 4,34, Simón sostiene que esta nota no es una mala noticia para Felipe VI, ya que para hacer una valoración con criterio "uno no tiene que fijarse en los valores absolutos, sino comparar con el resto de las instituciones".

"El rey no aprueba porque lleva poco tiempo y no ha tenido todavía que afrontar situaciones comprometidas en las que haya podido demostrar su capacidad política e institucional", asegura por su parte José Antonio Zarzalejos, periodista especializado en la Casa Real, que vaticina que "a medida que transcurra el tiempo, y si el rey resiste en las actitudes que ha demostrado durante este año, saltará al aprobado". Mucho menos claro lo ve Orriols: "El descrédito de la monarquía sigue porque sigue el descrédito generalizado de las instituciones políticas: el proceso de desafección institucional de los individuos afecta a todos los actores".

El debate no es prioritario en la sociedad

En cualquier caso, en lo que sí coinciden los tres expertos consultados es en que el debate entre monarquía y república no es prioritario, hoy por hoy, para la ciudadanía ni para los partidos. "Lo que sabemos seguro es que el modelo de Estado ha sido una cuestión disputada sobre todo por la extrema izquierda, y que hay un apoyo mayoritario a la monarquía entre la población", señala Pablo Simón, que no obstante se reafirma en que "el debate no es prioritario" para la sociedad. Según el CIS,en mayo sólo el 0,1% de los encuestados consideraba que era uno de los tres principales problemas de España.

"Nunca ha sido un problema prioritario para los políticos y tampoco un elemento que se haya activado en la opinión pública", coincide por su parte Orriols, que no obstante considera que el hecho de que partidos nuevos como Podemos no hayan puesto el debate en la agenda ha contribuido a que no se haya convertido en preponderante. "Si los partidos compiten en torno a un tema aumenta la importancia del mismo entre la ciudadanía", explica el politólogo, que no obstante señala que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "acierta al pensar que de los temas que hay sobre la mesa hay algunos con los que puede conectar más con la ciudadanía".

No obstante, Simón asegura que el debate no está cerrado, sino que "estará con nosotros siempre". Por lo pronto, el rey utilizará la fecha de su primer aniversario en el trono para entregar a 38 personas decididas por el Gobierno la Orden del Mérito Civil, un galardón en reconocimiento al servicio relevante que han prestado al Estado. Mientras tanto, la Junta Estatal Republicana ha convocado movilizaciones para protestar contra quien consideran "un rey impuesto".

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo admitió este miércoles a trámite la demanda de paternidad presentada por la belga Ingrid Sartiau contra el rey Juan Carlos.

Los doce magistrados de la Sala Primera se reunieron en una sesión plenaria para analizar dos demandas de paternidad contra el exjefe del Estado junto a los informes de la Fiscalía, que eran contrarios a su tramitación al considerar que no se acompañan del principio de prueba que establece el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los magistrados rechazaron admitir la demanda del español Alberto Solá, que decía que la inviolabilidad del rey no afecta a las conductas privadas que realizó cuando no era jefe de Estado. En los próximos días, la Sala hará publico el auto y por tanto se conocerán los fundamentos jurídicos de esta doble decisión.

Solá, que asegura ser el primogénito de Juan Carlos, presentó en junio la Audiencia de Madrid una demanda acompañada de una prueba de ADN con una "fiabilidad superior al 99,9%". La Audiencia Provincial remitió la causa al Supremo tras la abdicación. El abogado de Solá pedía que si esta prueba no era admitida se realice otra y se llame a declarar como testigo al perito que ha analizado su fiabilidad.

El fiscal José María Paz la calificó como una "mera hipótesis", que no aporta el principio de prueba de filiación que exige la ley. Solá defiende que Juan Carlos mantuvo una relación con su madre biológica, Anna María Bach Ramon, antes de ser proclamado jefe del Estado. Su abogado mantiene que la inviolabilidad no ampara las conductas privadas que realizó cuando todavía no era jefe del Estado.

Sin embargo, los magistrados han entendido que la demanda presentada por Sartiau sí cumple con los requisitos legales, ya que a diferencia de la de Solá incluye un acta notarial firmada por su madre, Liliane Ghrislaine Sartiau, en la que reconoce una breve relación con el rey Juan Carlos a finales de 1965. El rechazo de la demanda de Solá ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que el reconocimiento de su supuesta primogenitura alterara los derechos sucesorios de la jefatura del Estado. No obstante, al haber sido Felipe VI proclamado rey por las Cortes Generales, la pretendida paternidad de Juan Carlos no afectaría a la institución.

El presidente de lo Civil, Francisco Marín Castán, elevó al Pleno el pasado diciembre este asunto, después de que entrara en vigor el pasado julio la ley que regula el aforamiento del monarca saliente y la Audiencia Provincial de Madrid le remitiera la demanda de Solá.

A partir de ahora, el Supremo emplazará a Juan Carlos de Borbón a que conteste a la demanda de paternidad, que viene acompañada de la petición de que se realice un análisis de ADN como prueba anticipada. El rey tiene 20 días hábiles para contestar a la demanda a partir de la notificación del auto de admisión.

La Sala nombrará un ponente y podrá pronunciarse sobre las pruebas reiteradas por la ciudadana belga. Si el Juan Carlos acepta someterse a esa prueba genética, se efectuará un análisis que será valorado en una vista, que puede celebrarse a puerta cerrada por tratar sobre la vida privada de las personas, como ocurre en la práctica habitual de los juzgados de familia.

Si hay acuerdo, no hay vista

Si Juan Carlos alcanza un acuerdo con la ciudadana belga se ahorrará la celebración de la vista, en la que podría estar representado por su defensa a no ser que la otra parte solicite su interrogatorio y se admita tal petición.

La negativa a ser interrogado se podrá valorar junto al resto de pruebas conforme a la doctrina jurisprudencial en esa vista que si se celebra se hará previsiblemente antes del verano. 

La Zarzuela expresa su "respeto absoluto"

El rey Juan Carlos es aforado ante el Tribunal Supremo desde que abdicó y perdió la inmunidad. Las dos demandas fueron presentadas en juzgados ordinarios cuando el monarca era jefe de Estado y, por tanto, fueron rechazadas poque gozaba de inviolabilidad. Tras su abdicación en junio de 2014, los demandantes volvieron a presentar sus escritos y los juzgados las trasladaron al Tribunal Supremo.

La Casa del Rey expresó su "respeto absoluto" a la independencia del Poder Judicial, informa Europa Press.

Hace poco más de 48 horas que el juez José Castro dictó auto de apertura de juicio oral del caso Nóos, por el que decidió sentar en el banquillo a la infanta Cristina como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El procesamiento de la hija menor del rey Juan Carlos copó la actualidad informativa y se coló en todos los titulares. Pero no está explícitamente en el primer mensaje de Navidad del nuevo monarca. No aparece. Nada de mentar Nóos, ni a su hermana, ni el latiguillo de "respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial" con el que la Zarzuela ha ido despachando en los últimos meses las novedades del final de la instrucción. Felipe VI optó por citarlo de forma oblicua, al subrayar que hay que "cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción" porque es necesario que esas conductas no se repitan en el futuro y que los ciudadanos sientan que el dinero de todos no se malversa y que "no existen tratos de favor" por desempeñar un cargo o responsabilidad pública. Una sentencia que tácitamente sería aplicable a su hermana: no quiere que los españoles crean que la Justicia la protege por ser quien es.

Muchos ojos y oídos estaban pendientes del primer mensaje televisado del nuevo rey. El más personal, junto con el de la proclamación de hace seis meses, ya que se confecciona en la Zarzuela, y no desde el Gobierno. El contenido, pese al relevo en la Corona, continúa la senda de los anteriores. Sin sorpresas, sin estridencias, sin salirse del corsé y con la notable ausencia de una mención directa a un escándalo que ha socavado enormemente la credibilidad de la institución y que, en cierta manera, aceleró la abdicación de Juan Carlos. 

El discurso de Nochebuena [consúltalo aquí en PDF] comprende cuatro bloques fundamentales: corrupción, crisis, Cataluña y mensaje de "esperanza" hacia el futuro. Una estructura que el rey avanzó en su prólogo, tras agradecer la escucha a los espectadores y reconocer los "tiempos complejos y difíciles para muchos ciudadanos y para España en general". El cóctel de una crisis dura y larga, la relevancia de los problemas políticos y las "conductas que se alejan del comportamiento que cabe esperar de un servidor público" es lo que provoca, "con toda razón", "indignación y desencanto", asumió. Inquietudes que han desencadenado una "seria preocupación social", como vienen repitiendo las encuestas. Pero los españoles, señaló, no deben dejarse vencer por "el pesimismo, el malestar social" o el "desánimo". La respuesta ha de ser encarar las causas de esos problemas "con firmeza y eficacia" para recuperar "el sosiego y la serenidad" que requiere una democracia "consolidada" como la española. 

El monarca sugiere hojas de ruta posibles para cada una de esas inquietudes: combatir la corrupción sin rodeos, luchar contra los "inaceptables" datos de paro sin dejar desprotegidos a los más vulnerables y preservando el Estado del bienestar; respetar la Constitución y esforzarse, "todos", en no perder los "afectos mutuos" y "poner al día y actualizar el funcionamiento de nuestra sociedad democrática y conseguir que los ciudadanos recuperen su confianza en las instituciones".

Felipe VI es continuista hasta en las formas. Compareció sentado, como lo hizo Juan Carlos todos los años menos en 2012, cuando la operación de cadera le obligó a pronunciar su discurso recostado en su mesa de despacho. El nuevo rey –traje gris marengo, corbata azul– habló sentado, enfatizando sus palabras con las manos, y a su derecha, dos fotos. Una, con la reina y sus hijas, Leonor y Sofía, en Marivent, y otra, solo con Letizia. Más alejada, al otro lado del sofá rojo, una imagen del monarca con sus padres el día de la firma de la Ley de Abdicación, el pasado 18 de junio, ceremonia a la que, por cierto, no acudieron los duques de Palma, pero sí su hermana mayor, Elena. La estancia aparece adornada con flores de Pascua y, en una esquina, se ve la bandera de España. La duración, 13 minutos, poco más que el último de Juan Carlos. 

01. LA NECESIDAD DE UNa "PROFUNDA REGENERACIÓN DE LA VIDA COLECTIVA"

El rey abordó la corrupción –una de los asuntos nucleares que se daban por seguro en su discurso– casi desde el arranque de su mensaje navideño. Lo introdujo recordando sus propias palabras en la ceremonia de los Premios Príncipe de Asturias, el pasado 24 de octubre: la necesidad de admirar "referencias morales", de "reconocer" principios éticos, de "preservar" valores cívicos". La necesidad de "un gran impulso colectivo". "Y quiero añadir ahora que necesitamos una profunda regeneración de nuestra vida colectiva. Y en esa tarea, la lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable".

Felipe VI subrayó que la "prueba del funcionamiento de nuestro Estado de derecho" es que los "responsables de esas conductas irregulares están respondiendo de ellas". Una referencia que vale para su hermana, que irá al banquillo pese a todos los intentos de su defensa y del aparato del Estado –con la Fiscalía a la cabeza– de salvarla de la imputación. Como también encajaría para todos los cargos públicos que están desfilando ante los jueces o aquellos que están siendo condenados. "Como es verdad también que la gran mayoría de los servidores públicos desempeñan sus tareas con honradez y voluntad de servir a los intereses generales", precisó.

Pese a las dos salvedades, el monarca insistió en que es imprescindible evitar que esas conductas "echen raíces en nuestra sociedad y se puedan reproducir en el futuro". Porque no sería tolerado por la sociedad: "Los ciudadanos necesitan estar seguros de que el dinero público se administra para los fines legalmente previstos, que no existen tratos de favor por ocupar una responsabilidad pública, que desempeñar un cargo público no sea un medio para aprovecharse o enriquecerse, que no se empañe nuestro prestigio y buena imagen en el mundo". 

Honestidad como "pilar básico de convivencia"

No se puede escurrir el tema de la corrupción, convino el jefe del Estado. "Pocos temas como este suscitan una opinión tan unánime". No lo dijo, pero bastaría con mirar, por ejemplo, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que mostró que el 63,8% de los españoles se dice preocupado por la corrupción y el fraude. Dato histórico. De modo que la receta es, para Felipe VI, clara: "Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. La honestidad de los servidores públicos es un pilar básico de nuestra convivencia en una España que todos queremos sana, limpia".

En este largo pasaje no aparecieron, pues, referencias explícitas a su hermana. No verbalizó su respeto a la independencia de los jueces, ni remarcó que "la Justicia es igual para todos", como hizo su padre en 2011, a pocos días de la imputación de Iñaki Urdangarin, cuando Nóos comenzaba a erosionar la imagen de la Corona. Ni tampoco aludió a la renuncia a los derechos dinásticos de Cristina, sexta en la sucesión al trono. La Zarzuela ha venido remarcando, a cada pregunta de los medios, que esa cuestión competía a la infanta, y a nadie más que a ella. Pero ella se ha resistido hasta el momento, pese a haberse dictado el auto de apertura de juicio oral, momento procesal que los partidos toman como referencia para demandar el cargo al afectado.

02. "ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS"

La crisis emergió en dos momentos del primer mensaje navideño de Felipe VI. En la introducción, para reconocer los "tiempos complejos y difíciles" que sufren "muchos ciudadanos" y España. Para recordar cómo la "dureza y duración" de la depresión económica está haciendo mella en muchas familias, generándoles "incertidumbre por su futuro".

Luego rescató el rey la crisis tras tocar la corrupción. "Continúa siendo un motivo de grave preocupación para todos –empezó–. Los índices de desempleo son todavía inaceptables y frustran las expectativas de nuestros jóvenes y de muchos más hombres y mujeres que llevan tiempo en el paro. Es cierto que nuestras empresas son punteras en muchos sectores en todo el mundo, pero también lo es que nuestra economía no ha sido capaz, todavía, de resolver de manera definitiva este desequilibrio fundamental".

Pero el discurso, aunque nacido en la Zarzuela, es revisado por la Moncloa, así que era previsible que contuviera trazas de la propaganda gubernamental. Así, calificó de "muy positivo" que los grandes números de la economía estén "mejorando" y que se esté recuperando "el crecimiento económico y la creación de empleo". Datos que son "una base nueva para la esperanza de que, en el futuro, puedan generarse de forma sostenible muchos más empleos y, especialmente, empleos de calidad". Una forma de reconocer que detrás de las cifras de creación de puestos de trabajo late una gran precariedad. 

El rey situó la lucha contra el paro como la "gran prioridad" de España, para lo que se deberían concertar los esfuerzos de partidos y agentes económicos y sociales. Con una premisa: "Anteponiendo sólo el interés de la ciudadanía". Porque –y esta precisión es significativa– "la economía debe estar siempre al servicio de las personas". El monarca completó la parte social de su discurso incidiendo en que hay que proteger a los más débiles. ¿Cómo? "Garantizando nuestro Estado del bienestar", soporte de la "cohesión social" y algo de lo que los españoles deben sentirse "orgullosos". No mentó que, como recalcan los grupos de la oposición, ONG y colectivos sociales, ese Estado del bienestar sufre fisuras precisamente por los recortes presupuestarios. 

03. "mE PREOCUPAN LAS FRACTURAS EMOCIONALES"

Corrupción, crisis y Cataluña. Tercer bloque, y uno de los más extensos de todo el mensaje. Continuista y congruente con lo que ha venido manifestando la Corona. Pero, a diferencia de los discursos de su padre, donde la referencia era indirecta, el nuevo monarca entró en materia sin circunloquios, de forma clara: "Quiero referirme ahora también a la situación que se vive actualmente en Cataluña".

Felipe VI, como ya hiciera su padre en su último discurso, el de 2013, defendió la Constitución de 1978, que proclamó la "unidad histórica y política" de España y reconoció "el derecho de todos a sentirse y ser respetados en su propia personalidad, en su cultura, tradiciones, lenguas e instituciones". Ese es, dijo, el "espíritu constitucional" que ha pervivido casi 40 años, en el que "cada comunidad, cada pueblo y territorio de España, cada ciudadano", han aportado "lo mejor de sí mismos en beneficio de todos". Y también lo ha hecho Cataluña, ratificó, contribuyendo a la "estabilidad política" del país y a su progreso económico. 

"Es evidente que todos nos necesitamos. Formamos parte de un tronco común del que somos complementarios los unos de los otros pero imprescindibles para el progreso de cada uno en particular y de todos en conjunto", señaló, lanzando un puente de entendimiento con Cataluña.

Mensaje de Navidad de su Majestad el Rey de 2014

El jefe del Estado introdujo entonces un matiz clave, y diferente a la doctrina del Gobierno, que se ha venido apoyando en argumentos de legalidad para decir no a los soberanistas y no sentarse a negociar. "No se trata de economía o de intereses, sino también, y sobre todo, de sentimientos". Era su reconocimiento explícito de que hay una ruptura emocional que no es tan fácil de suturar. 

"Millones de españoles llevan, llevamos, a Cataluña en el corazón. Como también para millones de catalanes los demás españoles forman parte de su propio ser. Por eso me duele y me preocupa que se puedan producir fracturas emocionales, desafectos o rechazos entre familias, amigos o ciudadanos. Nadie en la España de hoy es adversario de nadie", subrayó.

La fuerza de España es la unión y la suma

Lo que hace de España una "nación con una fuerza única", sostuvo, es la "suma" de diferencias que han de comprenderse y respetarse, y no utilizarse como arma arrojadiza. Añadió que todo lo que han alcanzado los españoles nace la "fuerza" de esa unión, que es la que permitirá al país "llegar más lejos y mejor en un mundo que no acepta ni la debilidad ni la división de las sociedades", y que se dirige hacia una "mayor integración". 

El cierre de este bloque lo protagonizó un llamamiento al diálogo, al "esfuerzo leal y sincero" del entendimiento. Una tarea de "todos". "Reencontrémonos en lo que nunca deberíamos perder: los afectos mutuos y los sentimientos que compartimos". Pero también lanzó una advertencia al frente soberanista: "Respetemos la Constitución que es la garantía de una convivencia democrática, ordenada, en paz y libertad. Y sigamos construyendo todos juntos un proyecto que respete nuestra pluralidad y genere ilusión y confianza en el futuro". No hubo alusiones a una reforma de la Carta Magna, como tampoco las hubo en el discurso de proclamación. Tampoco hizo una apuesta por la "actualización de los marcos de convivencia", como hiciera su padre el año pasado. 

04. "LABRAR EL FUTURO"

Era también esperable la referencia a Juan Carlos y a su abdicación, un proceso con el que España "se dio a sí misma y al mundo un ejemplo de seriedad y dignidad". Desde que él asumió las riendas de la Jefatura del Estado, dijo haber sentido el "respeto, afecto y cariño" de los ciudadanos, como ha podido ver la "ilusión" ante el inicio "de una nueva época en nuestra historia". 

En la última parte de su mensaje, el rey opuso pasado, presente y futuro. Pasado, porque España no parte "de cero, ni mucho menos". "No debemos olvidar lo que hemos conseguido juntos con grandes esfuerzos y sacrificios, generación tras generación, que es mucho y debemos valorar con orgullo". El monarca consideró así vivo el régimen nacido en la Transición, pese a que algunos partidos de la oposición y, en particular, el pujante Podemos, lo consideran roto y liquidado. 

Pero ese sistema, constató Felipe VI, tiene "fallos" que hay que corregir, al igual que hay que "acrecentar los activos de la España de hoy". "Somos una democracia consolidada. Disfrutamos de una estabilidad política como nunca antes en nuestra historia –enfatizó–. Nuestro marco constitucional nos ha permitido la alternancia política basada en unas elecciones libres y democráticas". España, añadió es una nación "respetada y apreciada en el mundo", con "profunda vocación universal" y parte "fundamental" del proyecto europeo. 

Los de hoy, certificó, son tiempos "complejos y difíciles", que deben no obstante encararse con "responsabilidad", "ilusión y "espíritu renovador". "Tiempos nuevos que se proyectan en todos los ámbitos de nuestra vida colectiva e individual". Y a los españoles corresponde la tarde de "labrar" el "mejor futuro" que "ha empezado ya". 

"Recuperar la confianza en las instituciones"

¿Qué debe hacerse? El rey volvió a autocitarse. En este caso, echando la vista a su discurso de proclamación, puntualizando que cada tiempo tiene sus retos. Y el de la España actual es "avanzar" en la "convivencia política", "adaptándola" al mundo de hoy. De esta percha colgó el mensaje de regeneración democrática como mejor medicamento para combatir el desafecto: "Poner al día y actualizar el funcionamiento de nuestra sociedad democrática y conseguir que los ciudadanos recuperen su confianza en las instituciones. Unas instituciones con vigor y vitalidad, que puedan sentir como suyas".

Los objetivos de la España de 2015 son, como expresó el monarca a modo de colofón, "recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, garantizar nuestro Estado del bienestar y preservar nuestra unidad desde la pluralidad". Retos nada "fáciles" que, sin embargo, está convencido de que se superarán. "Tenemos capacidad y coraje de sobra. Tenemos también el deseo y la voluntad. Y hemos de sumar, además la confianza en nosotros mismos".

El rey Felipe VI, durante su primer mensaje de Navidad, este 24 de diciembre de 2014 | EFE

"Esa es la clave de nuestra esperanza en el futuro. La clave para recuperar el orgullo de nuestra conciencia nacional: la de una España moderna, de profundas convicciones democráticas, diversa, abierta al mundo, solidaria, potente y con empuje", culminó. El "empuje" es el mismo que usan los ciudadanos para afrontar su día a día. Y junto a ellos se situará el rey, remarcó, "como el primer servidor de los españoles". 

"Un lugar cálido, sencillo, austero"

El mensaje concluyó con dos símbolos: el agradecimiento a los telespectadores por escucharle en su primer discurso navideño y la felicitación en nombre de la reina Letizia y de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y un "feliz Navidad" en las cuatro lenguas cooficiales: castellano, euskera, catalán y gallego. Despedida plurilingüe que ya empleó en su proclamación. 

Ni su mujer ni sus hijas estaban con él en la sala, a su lado, a diferencia de los primeros mensajes de su padre. Pero la Casa cuidó los detalles de la puesta en escena. Se eligió una sala de la Zarzuela, "un lugar cálido, sencillo, austero", explicaban fuentes oficiales. Juan Carlos, en cambio, hacía uso del salón de audiencias o de su despacho. "Lo importante eran sus palabras. No distraer con otras cosas, con los símbolos presentes", añadió un portavoz. Se recreó, en realidad, un cuarto de estar, con fotos personales –los reyes con sus hijas este verano en Marivent, la pareja real en un avión de regreso de América Latina cuando aún eran príncipes, el abrazo de padre e hijo el día de la firma de la Ley de Abdicación, una pintura que muestra a Letizia de niña–, con una bandera de España no en un lugar preeminente, sino esquinada. Tras los ventanales, las cortinas descorridas dejaron ver un árbol con luces de Navidad y el jardín que rodea el palacio. No hubo un ejemplar de la Constitución, ni papeles sobre los que apoyar la lectura. 

El montaje televisivo se cerró con tres fotografías de los reyes con Leonor y Sofía –una del verano de 2012, otra del pasado agosto en Mallorca y la última del desfile del último 12 de octubre–, la bandera y el estandarte del nuevo monarca. 13 minutos y 22 segundos en total para el primer discurso de Nochebuena de Felipe VI. 

Desde 1975, los españoles sólo han visto a un rey asomarse a sus pantallas en Nochebuena. A Juan Carlos de Borbón. 39 años, uno tras otro. Este 24 de diciembre, será otro. Será su hijo, Felipe VI, que afrontará su primer examen apenas seis meses después de acceder al trono. Quizá su prueba más difícil en este semestre. Todas y cada una de sus palabras serán escrutadas al milímetro, igual que cada uno de sus gestos o la puesta en escena. Nada se deja al azar en el que es siempre el discurso anual más personal del monarca. 

Hasta ahora, en la Zarzuela prima una total reserva sobre el contenido o el formato del primer mensaje de Felipe VI. Pero sí parecen claros, a juicio de los expertos, algunos hilos conductores claves: infanta, crisis y desigualdad, Cataluña. Temas que, a priori, resultan ineludibles, pero el acercamiento a cada uno de ellos marcará la impronta del nuevo monarca, su estilo propio. Continuista o rompedor. Más cercano y franco o igual de envarado y hueco que el de su padre. 

Infanta. En los últimos tres años, el fuego del caso Nóos ardía más o menos cerca del mensaje de Navidad. En 2011, Juan Carlos pronunció su discurso unos días antes de la imputación de Iñaki Urdangarin. "La Justicia es igual para todos", dijo de forma lapidaria. En 2012, no citó el caso ni la corrupción. En 2013, cuando quedaba poco para que el juez José Castro se pronunciara acerca de la segunda imputación de Cristina de Borbón, el monarca calló aunque asumió en primera persona "las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la sociedad". Pero nunca como hasta ahora la imagen de Nóos estuvo tan fresca, nunca fue tan grave el escenario y la tensión. La infanta se sentará en el banquillo de los acusados y afronta hasta ocho años de cárcel. Ella no ha renunciado a sus derechos dinásticos.

El nuevo rey no ha presionado públicamente, aunque sí ha subrayado que debe ser ella, Cristina, la que dé un paso atrás. Necesita ese cortafuegos para soltar lastre. Y eso que la infanta está fuera de la familia real por la abdicación de su padre. 

Hasta dónde llegar

Antonio Torres del Moral, constitucionalista de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), buen conocedor de la monarquía española, no espera grandes sorpresas. Nada más allá que vaya de lo que ha venido trasladando la Zarzuela en los últimos meses, con cada nueva noticia de Nóos: "Respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial". "No hace falta decir más. Pedirle algo más explícito sería indisponer necesariamente a su hermana, meter una cuña en la familia". Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, coincide: "Dirá lo clásico: respeto a la Justicia, ejemplaridad... No creo que un jefe del Estado tenga margen para decir algo más. ¿Qué va a decir? ¿Que él no ha robado? No lo creo, porque cargaría sobre la Corona. Otra cosa es que adopte medidas posteriores, que quizá sí sean más expeditivas". José Fernández-Albertos, politólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), considera que lo previsible es que mande la señal de que no quiere "ningún tipo de privilegio" para la institución. 

Ejemplaridad, preservar el "prestigio de la Corona" observando una conducta "íntegra, honesta, transparente". Fue uno de los mensajes estrella de Felipe en su discurso de proclamación, el pasado 19 de junio ante las Cortes Generales. Eso ya está dicho. Por eso el asesor de comunicación Antoni Gutiérrez-Rubí y el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova consideran que Felipe VI debe ser más "valiente" y "atrevido" que su padre. "Desde su coronación hasta este miércoles han pasado unos meses muy convulsos en la política española –analiza Gutiérrez-Rubí–. Lo más importante es saber si el rey comprende que más allá del efecto positivo del relevo hay problemas de fondo que siguen ahí. Si el rey confunde su valoración personal con la gravedad de los problemas puede enhebrar un discurso alejado de la realidad. Es decir, lo importante es saber el grado de proximidad, cómo afronta las cuestiones, si de forma directa u oblicua, si ve los problemas o se moja. Lo sustancial es ver el grado de intensidad, sinceridad, autenticidad". 

Desde ese punto de vista, el asesor de comunicación juzga que no basta con una "valoración distante" de Felipe VI sobre su hermana. "Si le ha pedido que renuncie a sus derechos sucesorios, no mencionarlo es una forma de evitar la realidad. Lo importante, insisto, es el grado de crudeza, de claridad, de franqueza que emplee. Buena parte de lo que el monarca se juega en este mensaje es demostrar si es una versión rejuvenecida o modernizada de su padre o realmente encarna un cambio importante". Este experto señala que si el jefe del Estado se limita a decir un "La Justicia es igual para todos, también en mi familia", con ese único añadido, se entenderá que el cordón umbilical con la generación anterior no se ha roto. "Pero si dice que le ha pedido que renuncie –continúa–, el cambio es total. Implica contundencia, coraje. Si es una declaración más merengue, menos directa, no le sirve. Puede pensar que basta con un pequeño gesto, o con tener a la reina a su lado durante el mensaje, pero no es así".  

¿Mentar la renuncia?

Gutiérrez-Rubí cita una cuestión controvertida: ¿ha de citar Felipe VI la renuncia de su hermana a toda posibilidad de acceso al trono? Casanova cree que sí. Debe "dirigirse" a Cristina, porque no puede "tolerar" que el caso siga "dañando a la monarquía". "La única forma de que este asunto no perjudique a la institución no es que se separe, sino protagonizar un gesto diferente". 

Torres del Moral o Simón, sin embargo, no esperan que la alocución televisada contenga alusiones a la renuncia a sus derechos de Cristina, sexta en la línea de sucesión al trono, tras la princesa de Asturias, Leonor y su hermana, Sofía; y la infanta Elena y sus dos hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica. O sea, sus posibilidades de llegar a ceñirse la corona serían casi nulas. El catedrático de la UNED cree que la hija menor de Juan Carlos tenía que haberse apartado al comienzo del caso, pero ahora vislumbra que la renuncia "está al caer" y no sería conveniente que su hermano se la pidiera ante las cámaras a las 48 horas de conocerse el auto de apertura de juicio oral de Castro. "En todo caso, podría decir algo ambiguo como que la Constitución tiene resortes suficientes como para procurar el normal funcionamiento de las instituciones", señala. Simón, a su vez, prevé que Felipe VI sea "un grado más contundente" que su padre –del estilo "repulsa de toda la corrupción, incluso dentro de mi familia"–, pero poco más. Precisamente por esa delgada línea que separa la institución de la familia. 

Relacionado con Nóos y la infanta, las referencias esperadas a la regeneración democrática, la corrupción, la transparencia o la ejemplaridad. 

Enfriar el optimismo del Gobierno

El otro gran bloque lo protagonizará la crisis económica. En la Casa del Rey siempre se señala que el de Navidad es el mensaje más personal del monarca, que se elabora en la Zarzuela y se pasa al Gobierno para que lo supervise. Lo mismo ocurrió con el de la proclamación. En los demás, el Ejecutivo participa en la redacción. Por eso los analistas dan por hecho que Felipe VI reproducirá el mensaje de que España está saliendo de la recesión y se abre el camino de la recuperación, quizá de forma "menos entusiasta" que Mariano Rajoy. Así se vio, por ejemplo, en la Cumbre Iberoamericana de Veracruz, en México, a principios de mes. 

Las alusiones a la tímida recuperación se verían compensadas con una mención a la desigualdad, descarnada en España, según la OCDE y otros organismos internacionales. "Mezclará la esperanza y la necesidad de ayudar a los más débiles, lo normal. Decir otra cosa sería controvertido", estima Fernández-Albertos. "Lo lógico es que hable de que no se puede dejar a nadie atrás, aunque mi deseo personal sería que hablara muy a fondo de la desigualdad", tercia Simón. Casanova está convencido de que este asunto, el desequilibrio social, debería ser central en el mensaje de este 24 de diciembre, que no se entendería otra cosa.

Gutiérrez-Rubí, por su parte, enfatiza su idea: hablar con "franqueza", con palabras crudas, subrayar que los índices de pobreza son "insostenibles". Claridad que sería aplicable, a su juicio, al otro gran bloque: Cataluña. 

El resto de analistas, sin embargo, sí considera que en esta cuestión conviene la prudencia. "Se limitará a reafirmar la unidad y pluralidad de España, la diversidad de lenguas y culturas, que los poderes han de encontrar la solución conveniente, pero poco más", sanciona Torres del Moral. No se espera, por tanto, que respalde una reforma constitucional, ya que significaría que toma partido y entra en harina. Máxime cuando es una opción rechazada por el Gobierno. "Cualquier mina la desactivaría la Moncloa", conviene Simón. "No se le puede exigir al monarca una intervención en política", dice Casanova. O sea, la misma actitud prudente que mantuvo en la proclamación. Fernández-Albertos recuerda, en este punto, que las mensajes navideños no suelen destacar ni pasar a la historia por el contenido en sí mismo, precisamente por esa vaguedad. 

¿La reina con él?

Gutiérrez-Rubí rebate la idea de que deba gustar a los dos grandes partidos, que en líneas generales comparten el discurso del jefe del Estado, poniendo el acento en unos u otros pasajes: "Es que a lo mejor debe decir cosas que molesten a todos. ¿Felipe quiere superar la prueba o asumir una responsabilidad histórica, hablar de frente o torear?". 

Otros temas colaterales podrían aflorar: las referencias a su padre (y a su madre), los lazos con Latinoamérica, los jóvenes que han tenido que emigrar...

La puesta en escena será también importante. En los últimos años, Juan Carlos compareció ante los espectadores sentado o medio recostado en la mesa de su despacho. Y solo en la pantalla. En sus cuatro primeros discursos (1975-1979) sí se dejó ver del lado de la reina Sofía y sus tres hijos. 

¿Qué puede pasar esta noche? Los cinco expertos consultados por infoLibre sí creen que alguna novedad formal introducirá. Intervenir de pie, salir rodeado de la reina y de la princesa (y la infanta Sofía), aparecer rodeado de un mobiliario más moderno y funcional... Ningún detalle será casual y todo tendrá un significado. Si Felipe VI comparece con su mujer y la heredera, estará visualizando "la unidad de la dinastía y de la institución", dice Torres del Moral. "Si Letizia aparece junto a él, será una sorpresa, no rompedor porque ya se hizo en los primeros discursos, pero no durante 35 años. Podría convertirse en un elemento central, sobre todo si habla", advierte Gutiérrez-Rubí. Él, como Casanova, subraya no obstante que debe pesar mucho más el contenido, esa "franqueza" en la que insiste. "La estética puede convencer a mucha gente, pero debe esforzarse por contentar a mucha más gente con sus palabras", remacha el historiador. 

Convencer. Pasar el examen. Es el reto del nuevo rey en su estreno televisivo en un momento de enorme turbulencia para la Corona. Con su hermana, la infanta Cristina, en el punto de mira. 

Primer discurso íntegro del rey Felipe VI

Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey de 2013

La Casa del Rey hizo pública en la noche de este miércoles en su web oficial los datos de las retribuciones de sus altos cargos, de los contratos y convenios suscritos actualmente en vigor y del grado de ejecución de sus presupuestos, en cumplimiento de la Ley de Transparencia. Pero el Gobierno sigue sin publicar el gasto que hacen los diferentes ministerios en la Jefatura del Estado.

En coincidencia con el portal puesto en marcha por el Gobierno, la Casa del Rey abrió en su web una nueva área, en la que, bajo el epígrafe común de Transparencia, se ofrece a los ciudadanos información institucional, normativa, económica y presupuestaria, así como la posibilidad de solicitar otros datos de su interés. Algunos datos ya eran conocidos, como la distribución de la asignación del Estado o los salarios de la familia real. 

En el apartado de contratos y convenios, destacan los 65.993 euros del cátering encargado a la firma Mallorca con ocasión de la proclamación del rey Felipe VI, el 19 de junio de este año. La recepción acogió en el Palacio Real a cerca de 3.000 invitados. La mayor partida (284.350 euros) es la destinada, por un período de cinco años, a los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información: servicios de telefonía fija, móvil, datos, correo, gestión y monitorización del servicio. Contrato que se llevó Telefónica. 

En este mismo epígrafe se incluyen los 72.600 anuales destinados a la asesoría jurídica de la Casa del Rey, de la que se ocupa José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao.

La web incluye también las retribuciones de los altos cargos de la Zarzuela, pero del año pasado. El jefe de la Casa del Rey, que en 2013 era Rafael Spottorno, tenía una retribución de 136.208 eruos anuales. Su sucesor en el cargo con Felipe VI y entonces secretario del príncipe, Jaime Alfonsín, tenía una remuneración anual de 128.238 euros.

Tabla de las principales retribuciones

La Coordinadora Republicana de Madrid y el partido político Soberaníapresentaron, este miércoles, conjuntamente una querella contra el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez Vázquez, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, y los responsables policiales y funcionarios de policía, entre los que se encuentran el jefe de las Unidades de Intervención Policial (UIP) al mando el día citado y el Jefe Superior de Policía de Madrid, que ejecutaron las órdenes de "impedir el derecho a la libertad de expresión" de republicanos en el acto de la proclamación de Felipe VI el pasado 19 de junio.

Además, la querella también va dirigida contra el autor o autores del supuesto informe, nunca publicado, elaborado por la Abogacía del Estado legitimando la suspensión de derechos constitucionales republicanos como la exhibición de banderas republicanas durante el desfile.

De esta manera, los querellantes acusan de un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos recogido en el artículo 542 del Código Penal, así como un delito de detenciones ilegales.

Además, se añaden delitos concretos de impedir la libertad de deambulación, detención ilegal y tratos degradantes, para los que aportan los testimonios de 8 personas “afectadas directamente por las medidas de represión indiscriminada” por “expresar sus ideas republicanas con la exposición de materiales como banderas, chapas y otras insignias”. La querella hace alusión, en este sentido, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de diciembre de 2003 que reconoció que el uso de banderas republicanas está amparado bajo la libertad de expresión.

El texto también añade que “los querellados no podían ejecutar las susodichas medidas fuera de la aplicación de la figura del estado de excepción previsto en la Ley Orgánica reguladora 4/1981” en referencia a la instrucción general previa al 19 de junio de impedir que los republicanos pudiesen mostrar sus símbolos o expresar sus ideas durante la jornada por la que Felipe VI fue proclamado rey.

La querella termina solicitando la declaración de los imputados querellados y de los testigos “víctimas de abusos policiales”

Además, la Coordinadora Republicana de Madrid y la Coordinadora Antifascista de Madrid han convocado para el próximo 18 de julio una manifestación por la república y presentarán, el jueves, dicha querella en una rueda de prensa.

El pleno del Senado ha aprobado de manera definitiva este jueves la reforma de la ley del Poder Judicial que permitirá el aforamiento de Juan Carlos I y parte de la familia real, para que sólo puedan ser enjuiciados por el Tribunal Supremo (TS), y que ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia.

La votación final se ha resuelto con 150 votos a favor –del PP, UPN y Foro. El PSOE, CiU, PSC y CC han optado por la abstención –un total de 74 votos– y el resto de partidos han votado en contra, como en ocasiones anteriores. De este modo, la ley ha quedado aprobada de manera definitiva por la Cámara Alta.

La reforma legal, que ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia, ha sido debatida durante el pleno de la Cámara Alta, donde el PP, UPN y Foro han vuelto a rechazar los cuatro vetos presentados por ERC, IU, ICV y PNV. Asimismo, han votado en contra de las más de 30 enmiendas presentadas al proyecto de ley, informa Europa Press.

Durante el debate en el pleno, la mayoría de la oposición ha recordado que el presidente del Congreso, Jesús Posada, ya calificó de "chapuza" el trámite parlamentario del aforamiento a Juan Carlos de Borbón. Asimismo, han denunciado que el texto remitido de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta el pasado lunes con las enmiendas del PP incorporadas, "nada tiene que ver" con el texto original del proyecto de ley.

Por lo general, la oposición se ha mostrado en contra del contenido final de la norma así como del procedimiento utilizado para aforar a la familia real a través de una enmienda introducida el último día de plazo en una reforma puntual de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estaba abierta pero con otros fines.

El PSOE se abstiene, pero defiende el aforamiento

Desde el Grupo Socialista, que se ha abstenido en la votación, Arcadio Díaz Tejera ha defendido el aforamiento del Rey alegando que "es bueno" para España y para los intereses generales y la imagen del país. No obstante, se ha mostrado en contra de la rapidez de la tramitación parlamentaria.

Eso sí, Díaz Tejera ha defendido el contenido de la norma, ya que a su juicio, hay que proteger la inviolabilidad de un cargo público que ha desempeñado importantes tareas durante tanto tiempo. En este sentido, ha pedido que no se compare a Juan Carlos con el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, ni con los expresidentes del Gobierno en España, porque el jefe del Estado "ni mandó, ni gobernó".

ERC quiere comprobar "si ha cometido delitos"

Desde el Grupo Mixto, las críticas más duras han sido de la senadora Ester Capella (ERC), que ha planteado crear "una comisión parlamentaria" en lugar de aforar al Rey, para comprobar si "ha cometido delitos". A su juicio, el jefe del Estado "nunca ha tenido la honradez de pedir perdón por su complicidad con los crímenes del franquismo".

Asimismo, ha acusado al PP de "moldear" los trámites de acuerdo a sus intereses y ha recalcado que "no existe correlación ni homogeneidad" entre el proyecto inicial y las enmiendas populares aprobadas. Además, cree que el PP ha "vulnerado el derecho" del resto de los grupos parlamentarios "de participar con igualdad en el proceso legislativo".

También ha habido críticas por parte de Jesús Enrique Iglesias (IU), quien ha tachado la ley de "auténtica desnaturalización" con respecto al texto aprobado por el Consejo de Ministros. En su opinión, con la aprobación de la ley se van a garantizar "privilegios" y la "impunidad" de Rey.

Jordi Guillot, por ICV, ha criticado el "sentido de oportunidad" con el que se pretende aforar "a una persona sin ningún cargo constitucional": "Estamos hablando de blindaje judicial y no de protección judicial", que se ha "hecho a espaldas de la gente", ha denunciado. Además, ha recordado que Juan Carlos I tiene dos demandas abiertas por paternidad: "Si es padre lo es, aunque se apruebe la ley", ha zanjado.

En esta misma línea se ha pronunciado el senador Jokin Bildarratz (PNV), que ha destacado que el trámite parlamentario de la reforma "no se ajusta a derecho". "A todo un jefe de Estado tienen que aforarle a través de un procedimiento al menos, cuestionado" e "incumpliendo el reglamento del Congreso", ha remachado, solicitando "un debate consensuado".

En general, también han reprochado al PP "la falta de un debate" parlamentario ante la "elevada desacreditación institucional" que hay entre la ciudadanía por "la corrupción y la falta de transparencia", así como el "elevado número de aforados" que hay en España.

Por su parte, Eva Parera, de CiU, ha criticado que las cosas no se hayan hecho con las "debidas pautas", y el portavoz de la Entesa, José Montilla, ha reiterado que la reforma "es una chapuza" al mismo tiempo que ha dicho que "no es adecuado" legislar sobre "este polémico tema con carácter retroactivo".

El PP sostiene que se legisla "39 años tarde"

En respuesta a las críticas, la senadora del PP Silvia Franco ha defendido que este "aforamiento especial no es para sobreproteger" al monarca porque no implica "inviolabilidad ni impunidad". Según ha destacado, la familia real va a responder ante el Tribunal Supremo "con las mismas normas y leyes" con las que responden los ciudadanos.

"Estamos sujetos todos al mismo ordenamiento jurídico", ha subrayado, para después insistir en que el "cauce legal" es "el adecuado" para afrontar esta reforma, que se hace por la vía de urgencia y "no con prisas". "A lo mejor hemos legislado 39 años tarde", ha alegado Manuel Altava (PP), aceptando eso sí, que la reforma se ha acometido con rapidez.

Asimismo, Altava ha elogiado la figura de Juan Carlos, destacando que "voluntaria y generosamente" abdicó en favor de su hijo, acto con el que perdía su inviolabilidad. El aforamiento, ha dicho, "no es un privilegio personal" porque "continúa" siendo rey.

En esta misma línea se han manifestado la senadora de UPN Amelia Salanueva, así como el de Foro Isidro Martínez Oblanca, que han alabado a Juan Carlos I y han apoyado la concesión de "fuero jurisdiccional" a la familia real.

La denuncia está contenida en el acta de la última reunión del Consejo, y este es el contenido textual de ese apartado: "El Consejo de Informativos tiene constancia de que, al menos un miembro de la dirección de Informativos, dio instrucción de no incluir, en la medida de lo posible, testimonios de Pablo Iglesias hasta nueva orden y de que, en caso de que una noticia lo haga necesario, se consulte directamente con el director de Informativos".

"Hemos constatado también que esa instrucción no ha sido generalizada. Porque en algunos equipos y en muchas emisoras territoriales, por ejemplo, se ha hablado de y con Podemos con el mismo criterio de interés informativo que se aplica para hablar de y con representantes de otros partidos políticos. En cualquier caso, este Consejo rechaza todo tipo de directrices como la mencionada al inicio de este punto. A RNE, como emisora pública, le corresponde dar cabida a todas las sensibilidades (y aunque Podemos no tenga representación en el Parlamento español, creemos que es un error obviar que en las últimas elecciones europeas ha pasado de 0 a 5 escaños y que es el tema del que más se ha hablado tras los comicios). También porque entendemos que los propios editores y redactores tienen la capacidad de valorar qué espacio merecen esos testimonios. Estimar lo contrario puede ser interpretado como censura previa".

No obstante, infoLibre ha podido comprobar que en diversos noticiarios y boletines han sido incluidas informaciones y testimonios de Podemos y de su líder Pablo Iglesias. De hecho, uno de los editores relataba, en las últimas horas: "He incluido cortes de Iglesias siempre que me han parecido noticia y, a pesar de aquella primera instrucción, nadie de la dirección ha intervenido, ni he recibido reproches por ello". Las mismas fuentes, presentes en el momento de la instrucción denunciada por el Consejo de Informativos, sostienen que el intento de censura se trató más de una iniciativa individual de ese directivo, que de una orden del conjunto de la dirección, y que, en consecuencia, la mayoría de la redacción ha actuado siguiendo criterios profesionales y ha incluido a Podemos y a su líder cada vez que la actualidad lo demandaba.

"Una cobertura excesiva"

En la reunión, que tuvo lugar a mediados de junio, se trataron diversos aspectos de carácter organizativo, y otros de alcance territorial. Quizás, al margen del referido a la formación de Pablo Iglesias, el de mayor interés fuera el dedicado a la cobertura dada por la emisora pública a la abdicación del rey Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI. El Consejo afirma que "asumiendo que, como emisora pública, a RNE le corresponde dar mayor cobertura a acontecimientos institucionales de este tipo, considera que en algunos puntos ésta ha sido excesiva". Así, "discrepa de la utilización de las dos antenas (Radio 1 y Radio 5) para retransmitir también, de forma íntegra, los debates que se celebraron en el Congreso y en el Senado. Durante esas horas no hubo ni boletines donde poder contar otras noticias ni tampoco desconexiones territoriales, que ofrecen la versión local de la sucesión en la Jefatura del Estado".

A pesar de reconocer el esfuerzo de los profesionales implicados en el despliegue informativo, los representantes de los periodistas de RNE señalan un grave fallo de contenido en la cobertura cuando dicen haber echado en falta "piezas o menciones a las sombras del monarca (caso Nóos, Botsuana…), así como a las voces y las manifestaciones críticas con la monarquía (por ejemplo, el día de la abdicación los cortes de Pablo Iglesias estaban desde las 10.30 de la mañana y no se metieron, habiendo un programa monográfico, hasta el Diario de las 2.

------------------------------Esta información ha sido editada para actualizar su contenido.

El Grupo Socialista del Congreso de los Diputados tiene decidido multar a su diputado por Gipuzkoa Odón Elorza por romper la disciplina en la votación del proyecto de ley que hizo efectiva la abdicación del rey Juan Carlos y tiene dudas con los otros dos parlamentarios díscolos que optaron por ausentarse del hemiciclo para no votar, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

El pasado 11 de junio, en contra del criterio adoptado por el Grupo Socialista de apoyar el proyecto del Gobierno, Elorza optó por la abstención, que además tuvo que exponer a viva voz en el hemiciclo, mientras que dos de sus compañeros, el balear Guillem García Gasulla y la gallega Paloma Rodríguez, prefirieron ausentarse del Salón de Plenos para no hacer tan visible su discrepancia.

Tanto Elorza como García Gasulla habían solicitado formalmente por carta a la dirección del Grupo Socialista que se concediera libertad de voto ante la abdicación del monarca saliente y, al recibir el no por respuesta, cada uno de ellos eligió un camino diferente para mostrar su descontento: uno se abstuvo y el otro no participó de la votación.

La tercera en discordia, la ferrolana Paloma Rodríguez, admitió, en declaraciones a Europa Press, que le resultó "muy difícil" compaginar el espíritu "profundamente republicano" que detecta en el PSOE de Ferrol con la disciplina decretada por el grupo en la Cámara Baja.

Ante estas actuaciones, la dirección del Grupo Socialista abrió un expediente sancionador a sus tres parlamentarios y, tras estudiar las alegaciones que éstos le han hecho llegar, tomará próximamente una decisión. Todo apunta a que Elorza recibirá una multa, que podría llegar hasta los 600 euros, que es la sanción máxima. Lo que no tiene tan claro es la actuación con los otros dos compañeros.

Precisamente este jueves, Elorza, que ha criticado la abstención del PSOE en la reforma puntual del Poder Judicial que formaliza el aforamiento de Juan Carlos I, no ha estado presente en la votación de esta iniciativa en el Pleno del Congreso.

Según informaron fuentes socialistas, Elorza ya había comunicado su ausencia con anterioridad, antes de conocer el día en que esta reforma iba a ser votada, pues tenía programada su presencia en el homenaje que el Parlamento vasco ha rendido este jueves al parlamentario socialista y senador Enrique Casas, asesinado en 1984.

Se acabó. La dilatadísima carrera política de Alfredo Pérez Rubalcaba tiene ya fecha de cierre: septiembre. Será entonces cuando deje su escaño y regrese a la universidad. Volverá a ser un profesor de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

El secretario general del PSOE anunció su decisión este jueves a los medios en los pasillos del Congreso, en una comparecencia de poco más de dos minutos y sin preguntas. Sorprendió el momento, porque la convocatoria se hizo apenas cinco minutos antes, mientras la Cámara discutía el aforamiento del rey Juan Carlos. Rubalcaba no se anduvo con muchos rodeos. Explicó que comunicaba hoy su decisión porque esta era el último pleno ordinario que se celebra en este periodo de sesiones. Aún habrá actividad parlamentaria en julio, pero ya será en tiempo extraordinario. Entretanto, continuará como presidente del Grupo Socialista, asistirá al hemiciclo y se mantendrá al frente del partido hasta el congreso federal, el 26 y 27 de julio. Pero ahí acabará su ciclo. A principios de septiembre, renunciará a su acta y se irá a la Complutense, a impartir clases de Química Orgánica. Claro que antes tendrá que volver a empollar, a retomar los libros. "No vayáis a mi primer día" en las aulas, dijo en broma a los periodistas. 

Rubalcaba contó que su decisión la conocía ya "mucha gente". Tanta, a estas alturas, que cabía el riesgo de que se filtrara. Su futuro era una pregunta que seguía en el aire desde que el 26 de mayo, hace justo un mes, el día después de la debacle en las elecciones europeas, anunció su dimisión (en diferido) y la convocatoria de un cónclave extraordinario para elegir a su sucesor. Entonces ya se le preguntó qué iba a hacer. No lo quiso decir. Prefirió esperar hasta hoy. 

El todavía líder del PSOE subrayó que para él ha sido un "honor" ser miembro del Congreso durante 21 años. "El mayor honor que puede tener un político es ser diputado, no hay otro puesto más relevante, más importante y más gratificante". 21 años, dijo, "son muchos". "Pero menos de los que muchos habéis dicho", añadió con sorna. Rubalcaba (Solares, Cantabria, 28 de julio de 1951) estaba contando, claro, sus años en el Congreso. Allí llegó en 1993, y desde entonces mantuvo su acta. Pero su carrera política empezó mucho tiempo antes. En concreto, en el primer Gobierno de Felipe González, cuando asumió la dirección del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación (1982-1985). Luego encadenó la Dirección General de Enseñanza Universitaria (1985-86), la Secretaría General de Educación (1986-88) y la Secretaría de Estado de Educación (1988-92). Y, por fin, la tutela del Ministerio de Educación (1992-1993). Luego fue titular de la Presidencia (1993-1996) en la agonía del felipismo, acorralado por los escándalos de corrupción y del GAL. 

Tiempo de turbulencias e intrigas

Tras salir del Gobierno, se incorporó a la ejecutiva socialista en 1997. En el 35º Congreso de 2000, apostó por José Bono, y no por el finalmente ganador, José Luis Rodríguez Zapatero, que sin embargo lo mantuvo cerca. Él lo nombró portavoz del grupo (2004-0006), ministro del Interior (2006-2011) y vicepresidente primero del Ejecutivo y portavoz (2010-2011). Una componenda interna le hizo candidato a las generales de 2011. Recibió una contundente derrota –el peor resultado del PSOE en unas legislativas, 110 diputados–, pero aun así no tiró la toalla. Empujado por los suyos, compitió en el 38º Congreso Federal, el de Sevilla, en febrero de 2012, y venció por 22 votos a Carme Chacón. 

Su tiempo al frente del PSOE no ha estado exento de turbulencias e intrigas, casi desde el primer día. Su última bala para intentar mantenerse a flote, para aspirar siquiera a las primarias, eran las europeas del 25-M. Eligió a Elena Valenciano para liderar la candidatura. El PSOE pensaba que podía vencer las encuestas, dar la vuelta al ciclo de derrotas. No pudo ser. Los socialistas cosecharon su peor dato de todos los tiempos. En número de escaños, en porcentaje de voto y en número absoluto de sufragios. No había forma de salvar los números. Y se fue. O mejor, anunció que se iba en el congreso. 

La decisión de quedarse al frente del PSOE fue polémica. Este último mes no ha estado exenta de controversia. Los suyos le acusaron de cambiar las reglas de juego en favor de un candidato, Eduardo Madina, al permitir que votaran todos los militantes a su nuevo líder (y no los delegados). Pacto que él siempre negó. 

La abdicación del rey que él conocía

Si se quedó en Ferraz, al menos así lo explicó él a sus compañeros, fue porque conocía la intención del rey de abdicar la Corona, y esa información pesó en su decisión. Cerró filas con la monarquía, porque entendía que no podía salirse del pacto constitucional, pero no pudo obturar la controversia interna ni la pulsión republicana de las bases. Consiguió que sólo hubiera tres fugas de su grupo en la Ley de Abdicación, pero sabía que no podía obligar a decir amén al aforamiento total que el Gobierno quería procurar a Juan Carlos. Hizo que el PSOE se desmarcara y votara abstención. 

Hoy el pleno discutía el aforamiento. Y él salía al escritorio del Congreso a anunciar su marcha definitiva y su abandono de la política. Sin vuelta atrás. Se despidió de los periodistas con bromas, relajado, con una sonrisa en el rostro. "Muchos lleváis, no sé si tantos años, pero muchos años conmigo. Lo único que deseo es que me echéis tanto de menos como yo a vosotros". 

En los pasillos, los periodistas miraron enseguida a dos de los que aspiran a sucederle. Madina conoció su anuncio pocos minutos antes de la breve comparecencia de Rubalcaba. "Es una decisión que toma él y que yo respeto y comprendo bien", respondió Eduardo Madina. "Él decide dar un paso atrás y es ahora el PSOE el que tiene que decidir sus desarrollos de futuro, sus proyectos, sus liderazgos...". En cualquier caso, añadió, el PSOE está "a las puertas de un ciclo nuevo, de un tiempo nuevo, con un procedimiento nuevo en el congreso y con una historia nueva por escribir". 

Ovación en el Congreso de todos los grupos

Pedro Sánchez también hizo hincapié en el elogio encendido al secretario general saliente y en el periodo que ahora se abre. "He aprendido convicción, compromiso, dedicación, inteligencia, brillantez. Rubalcaba es un animal político, un gigante de la política que ha hecho mucho por este partido y por España". En particular, incidió, la consecución del fin de ETA. Y en el partido ha sabido "capitanear con éxito" un barco, el del PSOE, en tiempos muy turbulentos. "Estamos en la antesala de un cambio generacional. Es una nueva generación la llamada a liderar el PSOE y afrontar los retos de regeneración y de lucha contra la desigualdad y de convivencia territorial, que es lo que nos piden los ciudadanos. Abrimos un tiempo nuevo, estamos dispuestos a recoger ese testigo". Sánchez, que dijo no conocer la noticia con antelación, declaró su "admiración" y "respeto" por Rubalcaba y, como Madina, le deseó "mucha suerte". 

El escaño que dejará vacante el secretario general lo tendría que ocupar, en principio, el número 13 de la lista por Madrid, Carlos Mulas. Problema: tuvo que dejar la dirección de la fundación Ideas por el estallido del caso Amy Martin. La falsa columnista era en realidad su exmujer, Irene Zoe Alameda. 

Rubalcaba se fue con el aplauso de los suyos y los contrarios. En el pleno, justo antes de la votación del aforamiento del rey Juan Carlos, le dedicó una cerrada ovación. Fue Jesús Posada, el presidente del Congreso, quien le dedicó unas palabras en la tribuna y quien dijo sentir "gran tristeza" por la decisión del secretario general: "Le quiero agradecer su labor en estos años en el escaño, en el que ha dado categoría y altura a la función de diputado. Siempre será recordado como una gran figura del parlamentarismo del siglo XXI", le elogió. Automáticamente, la bancada socialista se puso en pie y le comenzó a aplaudir. Lo mismo hicieron todos los grupos parlamentarios (incluido el del PP) y los miembros del Gobierno –no estaba Mariano Rajoy, de viaje en Guinea Ecuatorial–. Rubalcaba siguió la ovación sentado en su escaño, emocionado, pidiendo que parase el homenaje.

"Mereció la pena", dice

En los pasillos, recibió elogios de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría –destacó sus "muchos años" de servicio público y le deseó "todo lo mejor" y "toda la suerte del mundo"–; del portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso –"Hemos aprendido mucho de él"–, o del líder de IU, Cayo Lara –"Una retirada a tiempo es una victoria"–. Una marcha revestida de calor. 

A Rubalcaba aún se le verá por los pasillos de la Cámara, o en Ferraz. Pero su tiempo en la política, de la que era adicto, a la que se ha dedicado "en cuerpo y alma", entra definitivamente en tiempo de descuento. Su larga carrera se extingue. Y "mereció la pena". 

Publicación by Alfredo Pérez Rubalcaba.

Unos criticaron las formas, el procedimiento elegido, ya que el Ejecutivo coló "a hurtadillas", "de tapadillo", dos enmiendas a un proyecto de ley que estaba tramitándose en la Cámara baja y nada tenía que ver con la Corona. Otros fueron más al fondo, incidiendo en que no se puede conceder escudo legal a quien ya no es un cargo público, y quienes recordaron que Juan Carlos recibió el trono de manos de un dictador, Francisco Franco. 

El Ejecutivo quería un trámite ultrarrápido y sin apenas debate. Introdujo el viernes pasado, 24 horas después de la proclamación de Felipe VI como rey, dos enmiendas en la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) pensada, sobre todo, para regular los días de asuntos propios, las pruebas selectivas y la jubilación del personal de Justicia. Forzó la máquina todo lo que pudo. Hizo que se convocase la ponencia el lunes pasado, la comisión el martes y hoy, un pleno extraordinario –que siguió a la sesión normal, ordinaria–, todo con el fin de ventilar la cuestión lo antes posible y proteger ya al rey Juan Carlos, las reinas Sofía y Letizia, la princesa de Asturias y su futuro cónyuge. El blindaje diseñado por el Gobierno es total, mayor del que disponen diputados y senadores, pues los nuevos aforados reales sólo podrán ser juzgados por el Supremo en todas las causas penales y civiles.  

Nadie del Ejecutivo salió hoy a defender las enmiendas en la tribuna. Todo corrió a cargo del diputado conservador Leopoldo Barreda, que se agarró al manual: había que cubrir el vacío legal creado tras la abdicación de Juan Carlos, y actuar con sentido de responsabilidad y de Estado. Barreda condenó el "populismo", la "demagogia" y la "barra libre de insultos" que se han escuchado contra la familia real. También hoy, claro. El diputado del PP tuvo como única ayuda a los otros dos parlamentarios que suscribieron las enmiendas: Carlos Salvador, de UPN –que encontró la fórmula del PP "razonable, lógica y oportuna"–, y Enrique Álvarez Sostres, de Foro Asturias, que cargó contra la "hipocresía" de los grupos, aunque reconoció que el procedimiento "es siempre mejorable". 

En el grupo de la abstención se encontraba tanto el PSOE como CiU y Coalición Canaria. La socialista Meritxell Batet criticó el "mal procedimiento" de la ley y la "absoluta falta de consenso", y recordó que los fueros no están pensados para las personas, sino para las instituciones. "La responsabilidad de estar solos hoy y las consecuencias que eso comporta es sólo suya", lanzó a los diputados del PP. 

"Este aforamiento es un desafuero"

Es un tema "importante, delicado y sensible", defendió la nacionalista canaria Ana Oramas. Y precisamente por eso, añadió, se requería una tramitación serena, que podría haber sido ágil, pero no "de tapadillo". Jordi Jané, de CiU, señaló que lo lógico habría sido esperar a una reforma global de la LOPJ para garantizar un debate sosegado, buscando consensos, estudiando la fórmula para reducir el número de aforados y restringir su alcance. "¿Tanta prisa es necesaria?", preguntó. Una celeridad que se explica, en parte, por las demandas de paternidad que pesan sobre el exjefe del Estado. 

Muchísimo más duros fueron Izquierda Plural, UPyD, PNV, Compromís-Equo, BNG y, ya en el extremo, ERC y Amaiur. "Este aforamiento es un desafuero", es un "trágala", un "desacato" a la Justicia y al juez José Castro, que mantiene como imputada a la infanta Cristina por el caso Nóos, dijo Gaspar Llamazares. El diputado de IU denunció el hecho de que haya ciudadanos que, cuando dejan su cargo, se conviertan en "casi dioses". "Hay cortesanos que son más papistas que el papa, y esta iniciativa de aforamiento demuestra que hay una maniobra palaciega para pasar de los pactos de la Moncloa a un pacto de la Zarzuela", señaló.

Por UPyD intervino Irene Lozano. Arremetió contra una "chapucera" tramitación diseñada para garantizar un aforamiento "vitalicio" a Juan Carlos, precisamente cuando toca abolir, a su juicio, esa figura legal, porque es un "privilegio sin ningún género de dudas". La ley no puede ser "un traje a medida", en el que se dispense una Justicia "cómoda" para los poderosos y una "más cara y lenta" para el resto. Emilio Olabarria definió el pleno de este jueves como "manifiestamente ilegal", por haber forzado tanto el reglamento y no haber cumplido con los tiempos exigidos. Se preguntó, como otros oradores, "por qué se está corriendo tanto", "qué hay que ocultar". Razones de más para que la ciudadanía tenga "sospechas". 

De dónde viene la fortuna

Joan Baldoví, de Compromís-Equo, colocó una flor en el vaso de agua que tenía a su derecha, en la tribuna. Eso, "un florero", es en lo que se ha convertido la democracia, dijo. "Tanta prisa nos hace pensar mal y no huele bien". Uxue Barkos, de Geroa Bai, también habló de un procedimiento "a hurtadillas". Una sucesión rapidísima que ha buscado consolidar una monarquía parlamentaria que es "heredera directa del franquismo". "¿De qué quiere el Gobierno proteger al rey Juan Carlos y con estas prisas? Qué quiere proteger el Gobierno cuando quiere recurrir la imputación de la infanta?", inquirió Olaia Fernández Davila, portavoz del BNG. Ella también rechazó que se "siga alabando" al monarca saliente como el hombre que trajo la democracia a España "por gracia divina".

La monarquía "fue instaurada por uno de los genocidas más sanguinarios del siglo XX", Franco, se lanzó el republicano Joan Tardà. "Felipe VI es rey por la gracia de [Mariano] Rajoy y [Alfredo Pérez] Rubalcaba, como Juan Carlos lo fue por la gracia de Franco". Y ahora se le blinda, "por miedo a la verdad" y porque en estos 40 años ha tenido "barra libre para hacer y deshacer lo que le viniera en gana y amasar una de las fortunas más importantes del mundo que hoy podía ser cuestionada en los tribunales". Por el mismo flanco atacó Onintza Enbeita, de Amaiur. "Llegó de Italia con una mano delante y otra detrás. ¿Por qué tiene esa fortuna? ¿Es heredero del rey Midas?". Juan Carlos "se ha forrado" en el cargo. La Zarzuela jamás ha querido revelar el patrimonio de los miembros de la familia real. 

Ahora el proyecto de ley camina al Senado. Allí se aprobará, previsiblemente, en la segunda semana de julio. De allí, al BOE. Fin de la tramitación. En tiempo récord, como quería el Gobierno. 

El PSOE ha apoyado este lunes en el Congreso el recurso que Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha presentado contra la tramitación exprés de las dos enmiendas presentadas por el PP para regular el aforamiento del rey Juan Carlos y parte de la familia real, con lo que ha dejado solo al PP en la defensa de un trámite ultrarrápido para dar una especial protección jurídica al monarca abdicado.

Según han informado a Europa Press asistentes a la reunión de la Mesa y los portavoces de la Comisión de Justicia, el desmarque del PSOE se ha producido tras un tenso debate sobre el recurso planteado por la Izquierda Plural y el método utilizado por el PP para imprimir celeridad a la tramitación de sus enmiendas.

Izquierda Plural había presentado un recurso ante la Mesa de la Comisión de Justicia por considerar que su presidente, Alfredo Prada, no había respetado las 48 horas que fija el Reglamento del Congreso para convocar la reunión de la ponencia encargada de estudiar las dos enmiendas sobre los nuevos aforados que el partido mayoritario registró el pasado viernes. El plazo para la presentación de enmiendas concluyó el viernes a las ocho de la tarde y la ponencia se ha reunido a las doce horas de este lunes. Dado que el domingo es inhábil, desde Izquierda Plural sostienen que no se han respetado los plazos.

Agilidad por la "excepcionalidad" del asunto

Desde el PP, el propio Prada ha explicado públicamente que lo que hizo fue aplicar el artículo 69 del Reglamento del Congreso, que permite, en virtud de "un acuerdo de la Mesa de la Comisión debidamente justificado", acortar el periodo de 48 horas que, en situación normal, debe mediar entre el momento en que los grupos reciben las enmiendas y su debate. A su juicio, la "excepcionalidad de la enmienda" introducida por el PP "es evidente" y el tema ha de resolverse "en el menor tiempo posible".

El presidente de la Comisión de Justicia defiende que el pasado 11 de junio la Mesa y los portavoces de la Comisión de Justicia ya contemplaron la previsión de que se ampliara el orden del día de la reunión de la comisión prevista para este martes y se facultó al presidente para formalizar estos cambios. La discusión en la reunión de la Mesa y los Portavoces se ha centrado en torno a si Prada podía acelerar los trámites sin reunir a los demás miembros de la Mesa de la Comisión, que integran únicamente PP y PSOE.

Los socialistas han defendido que no y han apoyado el recurso de la Izquierda Plural, que también denunciaba que el aforamiento de parte de la familia real se haya regulado enmendando una ley "que no tiene nada que ver" con este asunto. En concreto, lo que se ha enmendado es la ley complementaria de la norma de Racionalización del Sector Público que reforma puntualmente la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La tramitación sigue su curso

Pese al apoyo de los socialistas, que cuentan con dos miembros de la Mesa de la Comisión, el recurso de la Izquierda Plural ha sido rechazado con los tres votos del PP, con lo que la tramitación del proyecto sigue su curso y este martes continuará en la Comisión de Justicia, donde los grupos ya debatirán con luz y taquígrafos.

El PSOE ha anunciado que se abstendrá ante las enmiendas, que al menos Izquierda Plural tiene intención de pedir que se voten separadamente en la Comisión de Justicia. Además, el PP planea elevar al reforma al Pleno del Congreso el jueves, para lo que tendrá que convocarse una sesión plenaria especial después que se celebre la que ya está prevista. Ahí ya no se podrán votar las enmiendas separadamente, sino que habrá una votación de conjunto dado el rango orgánico de la ley.

Por su parte, desde la Izquierda Plural se ha avanzado a Europa Press que presentarán un recurso ante la Mesa del Congreso contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia de seguir adelante con la tramitación exprés. Si ese recurso tampoco prospera, lo que parece probable porque el PP cuenta con mayoría también en el órgano de gobierno de la Cámara, no descartan recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

El precandidato a la Secretaría General del PSOE, Eduardo Madina, señaló que "un asunto de tal trascendencia" como el aforamiento de los reyes salientes, Juan Carlos y Sofía, debería hacerse "en el marco legislativo apropiado y no en una ley que nada tiene que ver con el asunto que se está tratando", informa Europa Press. 

Madina considera que esta cuestión debería tratarse "con más serenidad" y debería "reflexionarse más a fondo en el Congreso y el Senado", para posteriormente "hacerlo por el trámite oportuno, con el tiempo necesario y el marco legislativo adecuado". El aspirante a la dirección del PSOE hizo estas declaraciones durante un encuentro con militantes del partido en Madrid, en el que, además del aforamiento de los reyes, también se refirió a cuestiones como la reforma fiscal, su precampaña para alcanzar la Secretaría General.

El Congreso ha convocado para el próximo martes por la mañana la reunión de la Comisión de Justicia que aprobará la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que adapta al mundo de la Justicia medidas de racionalización del sector público y en la que el PP incorporará dos enmiendas que garanticen el aforamiento a los reyes Juan Carlos y Sofía, la reina Letizia, y la princesa de Asturias y su futuro consorte.

Tras la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de su hijo como nuevo rey, el PP ha decidido que esta reforma en trámite de la LOPJ, que es la norma donde también se regula los aforamientos ante tribunales especiales, era la vía más adecuada para garantizar la protección jurídica a la familia del jefe del Estado.

En un mes, el rey Juan Carlos gozará de un blindaje total. Eso es seguro, según los cálculos del Gobierno. Lo que no es seguro es si el PSOE acompañará al PP en este viaje, porque aún no tiene una posición adoptada. La madurará este fin de semana Alfredo Pérez Rubalcaba con la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez. Y no será una decisión fácil, habida cuenta del malestar interno que desató en el partido el respaldo sin fisuras de la dirección a la Ley de Abdicación y el hecho de que el secretario general hubiera acordado con el monarca y Mariano Rajoy la puesta en marcha de su renuncia. 

El Grupo Popular registró ayer viernes, un día después de la proclamación de Felipe VI como rey, dos enmiendas a un proyecto de ley que estaba en trámite en la Cámara baja, con la firma de Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. Así actuaba rápido, muy rápido. El jueves 19 de junio, a medianoche, en cuanto el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley de Abdicación, Juan Carlos perdía la inviolabilidad con la que ha estado protegido durante todo su reinado. Perdía todo escudo legal, una situación que preocupaba enormemente al Ejecutivo, que a su vez había recibido la presión, entre otros, del fiscal general del Estado –nombrado por el Gobierno– y del Consejo General del Poder Judicial, cuya mayoría controla el PP. La misma Zarzuela había apremiado a Mariano Rajoy a hacer algo: es "razonable" que se resguardase a Juan Carlos, dijo un portavoz de la Corona a los pocos días de que anunciase su abdicación. 

Con las enmiendas presentadas, se consiguen dos cosas. Primero, que sólo las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Supremo puedan conocer las causas dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina –en este caso, Letizia–, los príncipes de Asturias –ahora, la princesa Leonor y su futuro cónyuge–, así como contra el rey o reina que hubiera abdicado y su consorte (Juan Carlos y Sofía). Dos, que los tribunales que estuvieran tramitando alguna causa contra los nuevos aforados reales cuando la ley entre en vigor, las perderán y deberán remitirlas al TS. El Grupo Popular justificaba esta modificación porque no está previsto en la normativa vigente qué regimen ha de aplicarse al exjefe del Estado y a su cónyuge y por la "dignidad de la figura de quienes han sido reyes de España", que debe ir en línea con el tratamiento dispensado "a los titulares de otras magistraturas y poderes del Estado". 

Salvaguarda sin precedentes

En realidad, el fuero que le proporciona el Gobierno a Juan Carlos (y también a las reinas Sofía y Letizia y a Leonor) no es equiparable a ningún otro cargo público. No tiene precedentes. Es único, porque ningún representante goza de protección una vez deja su puesto y porque los altos cargos son sólo juzgados por el Supremo en todas las causas penales, pero no en todas las civiles. El aforamiento sólo les sirve en los procedimientos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Dicho de otro modo, quedan fuera de cobijo las cuestiones que afecten a su vida privada. En cambio, el Ejecutivo prevé una salvaguarda completa, en el orden penal y civil, para los exreyes, la reina y la princesa de Asturias. Dos juzgados ordinarios de Madrid habían recibido sendas demandas de paternidad del monarca, que se rechazaron por su condición de inviolable. Ahora, perdido ese privilegio, podrían reactivarse. 

El Gobierno había introducido ese cordón judicial en el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando Rajoy ya conocía las intenciones de Juan Carlos. Pero culminar la tramitación de esa norma le habría llevado un año, y consideraba que no podía esperar tanto. Así que la fórmula más ágil era colar dos enmiendas en la primera ley orgánica a mano, que nada tiene que ver con la protección jurídica de la familia real. Es la ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Es un proyecto de cuatro páginas, que se refiere a la jubilación de jueces o a la mejora del régimen de permisos por asuntos propios. Bajo ese paraguas mete en la norma básica del Poder Judicial un nuevo artículo, el 55 bis –para procurar el blindaje a Juan Carlos, Sofía, Letizia y Leonor–, y una disposición transitoria única –para suspender todos los procedimientos en trámite y remitirlos al Supremo–. Además, al incorporar las enmiendas a un texto en tramitación, los conservadores se evitan tener que pasar por los órganos consultivos del Estado. En suma, Rajoy se ahorra tiempo y debate público. 

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, informó a todos los grupos de la presentación de las dos enmiendas. La portavoz socialista, Soraya Rodríguez, simplemente le contestó que la estudiaría y luego decidiría. Ayer, tanto desde la dirección del grupo en la Cámara baja como en Ferraz se guardaba estricto silencio. Nadie quería anticipar nada, ni siquiera apuntar qué alternativa era la más probable. "No queremos especular. Vamos a mirarla con tranquilidad y veremos. Es un tema delicado", reconocían fuentes socialistas a este diario. La decisión está en manos de Rubalcaba y Rodríguez, que durante el fin de semana calibrarán qué es mejor. "Alfredo lo consultará, como siempre hace", insistían sus colaboradores más cercanos. El lunes estaba prevista la convocatoria de la Comisión Permanente, el equipo de colaboradores más cercano al secretario general. 

No hay mucho margen de maniobra, porque el PP quiere que ese mismo lunes, 23 de junio, se convoque la ponencia y el martes 24, a las nueve de la mañana, la Comisión de Justicia del Congreso, para que se debata y visen las enmiendas al texto legal, de ahí este pase al pleno, luego al Senado y, si aquí se introducen más cambios, irá de vuelta al Congreso para su aprobación definitiva. 

Lo que recomendó la Conferencia Política

El miércoles, El País informó de que Gobierno y PSOE estaban comenzando a negociar el encaje del aforamiento del rey Juan Carlos. Rodríguez lo desmintió radicalmente: "Es absolutamente falso que estemos trabajando en algo que desconocemos", dijo a los periodistas. La portavoz descartó que se estuviera pensando en una proposición de ley suscrita por los dos grandes partidos. Ni siquiera adelantó si su grupo respaldaría el blindaje a Juan Carlos. Recordó, eso sí, que el PSOE, en su Conferencia Política aprobó reducir el número de aforados, porque es "muy excesivo", y porque la protección especial debe recaer en las actividades que quienes gocen de ella realicen "en el ejercicio del cargo institucional en virtud del cual se les afora".

El caso de Juan Carlos quedaría fuera de ese cajón, puesto que ya no es jefe del Estado. Sólo conserva el título de rey y el tratamiento de majestad de forma vitalicia y puramente honorífica, según el real decreto 470/2014, aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de junio y publicado en el BOE el pasado jueves, al tiempo que entraba en vigor la Ley de Abdicación y el príncipe de Asturias se convertía en monarca. 

Las dudas que transmite el PSOE también las percibió el PP. En un principio, los conservadores eran partidarios de sacar adelante el blindaje del rey con los socialistas, en coherencia con el pacto sobre la norma que ha posibilitado la renuncia de Juan Carlos. Pero observó demasiadas reticencias en la formación de Rubalcaba. Según relataron a infoLibre fuentes del Gobierno y del partido, se quería que el aforamiento estuviera listo antes de vacaciones, y se constató que el líder del PSOE no iba a ir más allá de la Ley de Abdicación, en buena medida porque tiene abierto el melón del relevo interno, porque está sumido en un proceso precongresual que no se resolverá hasta finales de junio. El PP tenía claro que debía procurar al rey padre la protección enseguida, en cuanto se atravesara el hito de la proclamación de Felipe VI, "por responsabilidad política". Los socialistas, sin embargo, niegan que la duda proceda de la interinidad de la cúpula. "Esta dirección actúa y asume sus responsabilidades hasta el último momento", señalaron en el equipo de Rubalcaba. 

Los candidatos no se mojan por ahora

El respaldo del PSOE a la Ley de Abdicación llevó aparejado un vivo debate dentro del partido. El mismo secretario general confesó que conocer con antelación la salida de Juan Carlos influyó en él a la hora de no dar paso a una gestora tras la debacle de las elecciones europeas. Barones y cuadros medios defendieron que cabía pensar en un referéndum sobre la monarquía, o que cupiese discutir sobre la Jefatura del Estado en la reforma constitucional que el partido reclama desde hace un año. Eran conscientes de que las bases socialistas se sienten republicanas. Al final, el ruido interno se apaciguó tras la llamada al orden de Rubalcaba y de Susana Díaz, la baronesa andaluza. Además, los dos principales corredores por la Secretaría General, Pedro Sánchez y Eduardo Madina, recordaron que el PSOE apoyó la Constitución de 1978 y que la norma sólo se limitaba a certificar la voluntad del monarca de dejar el trono. Ambos votaron a favor de la ley en el Congreso. Aun así, se produjeron tres fugas de voto en el pleno del Congreso. Ninguna en el Senado. 

El PSOE quiere evitar ahora ese malestar. "No queremos especular con la posición. Cuando se decida, se comunicará y punto", remarcaron desde la dirección del grupo. Este diario se dirigió a Madina y Sánchez. El entorno del diputado vasco aseguró que lo estudiaría este fin de semana. Desde el círculo del madrileño no hubo respuesta alguna.

La Moncloa pide "coherencia" a los grupos

El Gobierno, mientras, consciente de que cabe la posibilidad de que apruebe el escudo de los exreyes, Letizia y Leonor con el sostén de Foro y UPN y sin el PSOE de compañero, reclamó ayer "coherencia" a los grupos, ya que el aforamiento es una figura jurídica que también ampara a diputados y senadores. La comparación no es exacta, porque Juan Carlos estará blindado aun sin tener cargo, y además le resguarda de todas las demandas civiles y penales. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, emplazó a los partidos a reflexionar sobre el hecho de que en España hay "muchísimos" aforados, unos 10.000, entre ellos los parlamentarios, pero defendió que era razonable conceder un estatus especial a quienes han ejercido altas magistraturas del Estado. A su vez, Alonso pidió a los socialistas que entiendan el "alcance" de la decisión y la apoyen. 

Quien rechazará el aforamiento será la izquierda de la Cámara. Cayo Lara reiteró ayer viernes que Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) no está de acuerdo, porque Juan Carlos no ocupa cargo alguno que justifique esa salvaguarda especial, y criticó que el PP le garantice ese tratamiento "por la puerta de atrás", utilizando una ley que no tiene nada que ver. "El ciudadano Juan Carlos tiene que estar como los demás por eso de que todos debemos ser iguales ante la ley", aseguró, informa Europa Press. Estimó que es una "improvisación más" en la "chapuza de la abdicación", pues "han tenido años" para resolver estas cuestiones. Su grupo, prometió, estudiará las "deficiencias jurídicas" del proceso por si cabe algún tipo de recurso. IU, además, es partidaria de acotar el aforamiento a la función pública durante el tiempo que se permanece en el cargo. Es decir, que no haya protección para actividades que queden al margen de la función institucional. Por eso presentará una iniciativa parlamentaria próximamente. 

UPyD: limitar el fuero a lo que dice la Constitución

La federación de Lara se ha quejado del procedimiento del que tira el Gobierno para colar enmiendas a su capricho en leyes que nada tienen que ver. Ha recurrido, igual que el PSOE, a los letrados de la Cámara, y estos han determinado en algunas ocasiones que las modificaciones planteadas por el PP no eran "congruentes" con la norma que se sometía a discusión y, por tanto, debían rechazarse. Advertencia a la que los conservadores hacían caso omiso. Gaspar Llamazares, portavoz de Justicia de Izquierda Plural, cree que este es otro caso más, que las enmiendas son "antirreglamentarias e inconstitucionales" y, por tanto, es posible que requiera el dictamen de los letrados. 

UPyD presentó a su vez otras dos enmiendas para que, en lugar de ampliarse el fuero a Juan Carlos, se limite a los casos previstos en la Constitución hasta que esta sea reformada. Es decir, que sólo dispongan de escudo diputados, senadores y miembros del Gobierno. "No parece razonable aumentar el número de aforados en nuestro país. Convendría comenzar por reducir el número de personas que disfrutan de ese privilegio y no, como parece que se pretende, extenderlo a otros", reza su texto, informa Efe.

ERC, por su parte, quiere que se cree una comisión en el Congreso para examinar si Juan Carlos pudo incurrir en algún delito que pudiera ser susceptible de responsabilidad penal, ahora que ha perdido la inviolabilidad que confiere al rey la Constitución. Sin embargo, el Ejecutivo siempre ha defendido que no existe la violabilidad retroactiva. Es decir, que los 38 años y medio del reinado de Juan Carlos están blindados. 

Juan Carlos acabará gozando de un pararrayos jurídico integral, dada la mayoría absoluta del PP. Pero, si no atrae a Rubalcaba, será la primera vez que el PSOE se desmarca en un tema tan sensible como la Corona. 

Compromisos

"Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren -y la ejemplaridad presida- nuestra vida pública. Y el rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos". Felipe VI se ha comprometido a "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra". Podría parecer que tal exigencia moral se da por supuesta, que va en el sueldo, pero tras el escándalo de corrupción del 'caso Nóos'caso Nóos', los ataques de amnesia selectiva de Cristina de Borbón, la ausencia de cualquier explicación sobre las cuentas suizas de Juan Carlos I, sus cacerías de elefantes, sus amistades peligrosas, las comisiones de Corinna... era imprescindible un compromiso explícito de regeneración ética.

¿Era posible un paso más? Sí. Habría sido mucho más convincente su anuncio (casi eslogan) de "una monarquía renovada para un tiempo nuevo" si además hubiera anunciado que haría públicos desde hoy todos los datos sobre su patrimonio, sus bienes, ingresos y gastos y los de todos los miembros de la familia real que vivan a costa del presupuesto público. Un paso que, por cierto, obligaría a ejercer exactamente el mismo grado de transparencia a otras instituciones también opacas, como el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. La palabra "ejemplaridad" se convierte en hecho por esa vía. 

Obviedades

"Un rey que debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas (...), respetar también el principio de separación de poderes, cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Españolas, colaborar con el Gobierno de la nación (...) y respetar en todo momento la independencia del Poder Judicial". Claro que sí. La noticia, la conmoción incluso, habría sido que Felipe VI anunciara que no está dispuesto a cumplir la Constitución, a acatar las leyes que salen del Parlamento o a respetar la independencia judicial. Miedo habría dado escuchar ese mensaje de alguien vestido de capitán general en la tribuna del Congreso, sede de la soberanía popular. Sonroja seguir escuchando loas a la corona porque se compromete a cumplir las leyes.

¿Era posible un paso más? Sí. Ese obvio y proclamado respeto a la independencia judicial habría sido mucho más convincente si a renglón seguido hubiera anunciado su disposición a renunciar a la "inviolabilidad del rey" en el momento en que las Cortes decidan reformar la Constitución (también) en ese punto. Parece impensable que pudiera ocurrir al mismo tiempo que el Gobierno hace trucos legislativos para blindar el aforamiento de Juan Carlos I tras su abdicación, pero habría sido la forma incontestable de demostrar que el nuevo rey cree y practica de verdad ese principio democrático de que la justicia es igual para todos. La excusa de que hay que proteger a las autoridades contra denuncias falsas resulta ya ofensiva: lo que habrá que reformar y agravar será la penalización de una denuncia falsa y la protección de la presunción de inocencia, pero no seguir enredando con esa zarandaja para justificar que en España haya 10.000 aforados.

Contradicciones

Felipe VI se ha esforzado en su primer discurso en trazar una línea que separe su reinado del de su padre. Ha asumido el "legado", lo ha elogiado, y a partir de ahí ha insistido en la "renovación generacional". Ha trasladado la apariencia de una nueva sensibilidad hacia la ciudadanía. De hecho, "ciudadanos" ha sido uno de los vocablos más repetidos en su intervención ante las Cortes. Ese giro cívico se veía reforzado por la eliminación de símbolos religiosos en la ceremonia. Ya era hora, y es de esperar que se aplique la medicina a todos los actos oficiales en un Estado aconfesional.

¿Era posible un paso más? Más de uno. Por mucho que se pretenda teóricamente simbolizar la autoridad del Parlamento sobre los ejércitos, ver a un jefe del Estado vestido de capitán general en la tribuna parlamentaria sigue dando grima y casa mal con esa supuesta "renovación" y modernidad democrática. Si el problema es de protocolo (como este jueves comentaban los zarzuelólogos) y no procede que el rey se cambie de traje y se ponga el uniforme al bajar de la tribuna para pasar revista a las tropas, pues que pase revista de civil o que el desfile se celebre ante el Palacio Real y no ante el Congreso. Las experiencias de uniformados entrando y saliendo del Parlamento no son precisamente las más positivas de la historia de España, sobre todo cuando casi siempre los monarcas eran cómplices de los golpistas. Felipe VI también quiso "transmitir" su "cercanía y solidaridad" a los ciudadanos más "golpeados" por "el rigor de la crisis económica". Y aquí se echó de menos otro paso más. No basta con transmitir "esperanza" a jóvenes y parados, o a parados jóvenes. La "España renovada" que ha dibujado el rey exige denunciar la desigualdad galopante y la responsabilidad de las élites económicas y financieras en el injusto reparto de los "golpes" de la crisis. La "cercanía" a los ciudadanos hay que demostrarla defendiéndolos y no sólo hablando de ellos.

Dudas

La llamada "cuestión catalana" era sin duda otra de las incógnitas o pruebas de fuego en el primer discurso del nuevo rey. Igual que en otros terrenos, Felipe VI se ciñó a la Constitución vigente. Se esforzó en reivindicar una España unida y diversa en la que "cabemos todos", y se refirió especialmente al "patrimonio común" de las distintas lenguas. Debió referirse a todas (castellano, catalán, euskera, gallego) como lenguas oficiales, porque lo son, y no sólo la primera, aunque defendió el "especial respeto y protección" que merecen, cosa que el ministro Wert y el gobierno de Rajoy deberían aplicarse. Finalizó el discurso dando las gracias en las cuatro lenguas.

¿Era posible un paso más? Sí, aunque rozara las limitaciones constitucionales. Entre los más reiterados elogios a la transición pilotada por el rey Juan Carlos y Adolfo Suárez figuran precisamente la "audacia", la "valentía", la capacidad de "asumir riesgos" de esos protagonistas. Caben pocas dudas de que el punto en el que se encuentra el proceso soberanista iniciado por una mayoría parlamentaria en Cataluña exige liderazgos políticos capaces de salir del "no a todo", o del "diálogo sí, pero sólo dentro de la Constitución". El mensaje más audaz que Felipe VI podría haber dado en defensa de los valores constitucionales habría consistido en poner en valor precisamente la necesidad de mejorar la Constitución. No se entiende una "España renovada" sin una Constitución "reformada". En ese y en otros puntos. Y si de las pocas funciones adjudicadas al rey la principal es la de arbitraje y motor de consensos, este jueves se ha desperdiciado una magnífica ocasión de ejercerlo. (Puede que el Gobierno, que supervisa obligatoriamente todos los discursos de la corona, no resistiera tanta "audacia").

Certezas

Por más empeño que algunas televisiones hayan puesto en elegir durante todo el día imágenes que llenaran las pantallas de entusiasmo monárquico, cualquiera que se haya acercado por Neptuno, Cibeles o Gran Vía y todo aquel que quiera fisgar un poquito en las redes sociales sabe que ese entusiasmo ha andado justito. Era un cambio de rey y parecía, como mucho, la aglomeración de una Vuelta Ciclista. No se mide así el apoyo a un régimen, sino en las urnas. Más tarde o más temprano, legitimar una "monarquía renovada para un tiempo nuevo" exige la participación ciudadana, y no sólo la cercanía o las promesas de buen comportamiento. Profundizar y mejorar la democracia consiste en que cualquiera pueda pacíficamente mostrar una bandera republicana cuando le plazca, y sería un enorme error pensar que lo que se prohíbe o se oculta, desaparece. Eso ni siquiera es cosa de reyes sino de magos.

En su primer discurso como rey, Felipe VI quiso dejar clara su impronta. No en vano insistió en ofrecer una "monarquía renovada para un tiempo nuevo". En los 25 minutos que duró pronunció hasta en trece ocasiones la palabra "ciudadanos", se refirió a las mujeres, al medio ambiente y dijo esperar que este siglo se avance en la eliminación de las discriminaciones.

Sin embargo, al igual que lo hizo su padre hace más de 38 años [ver su discurso completo, aquí], también ensalzó el sistema constitucional, hizo referencias a Europa e intentó mostrarse sensible con la difícil coyuntura económica del país. Mientras Juan Carlos I llamó a la unidad de las dos Españas herederas de la Guerra Civil y la posterior dictadura, Felipe VI defendió "todas las formas de sentirse español" en un país en que, dijo, "cabemos todos". 

infoLibre resume a continuación cuáles son las principales similitudes y diferencias que existen entre el discurso que marcó el inicio del reinado de Juan Carlos I y el que pronunció este jueves Felipe VI. 

Las similitudes

Los agradecimientos a los españoles y a sus respectivos progenitores estuvieron presentes en los discursos que marcaron el principio de los reinados de los Borbones tras la recuperación de la democracia, separados ambos por 38 años y medio. Juan Carlos I se refirió a su padre como la persona que le había enseñado que "el cumplimiento del deber está por encima de cualquier otra circunstancia". Este jueves, el recién proclamado rey alabó el, a su juicio, "legado político extraordinario" que deja el reinado de su progenitor. Y tuvo también unas emocionadas palabras para su madre, la reina Sofía, de la que resaltó su "dignidad y sentido de la responsabilidad". 

Felipe VI expresó este jueves su "compromiso como rey constitucional" y llamó a "fortalecer nuestra cultura democrática". Aunque en ningún momento su predecesor pronunció la palabra democracia, sí hizo alusiones a la "concordia nacional" y a su voluntad de liderar una institución que integrara a todos los españoles. Es importante reseñar que entonces Juan Carlos intervino ante unas Cortes franquistas hostiles a cualquier asomo de apertura. Casi todo hombres, de luto por la muerte de Franco. En ambas alocuciones hubo también alusiones al respeto al cumplimiento de las leyes que debe guardar la Corona.

Primer discurso íntegro del rey Felipe VI

Ambos hicieron también referencias a Europa. En 1975 Juan Carlos I dijo que la idea deEuropa debía contar con España, "pues los españoles somos europeos". "Que ambas partes así lo entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que se derivan es una necesidad del momento", señaló, cuando todavía ni se había comenzado el proceso de integración en la CEE. Su hijo, por su parte –que no se olvidó de los lazos históricos y económicos que unen a España con América Latina– dijo que "de la misma manera que Europa fue una aspiración de España en el pasado, hoy España es Europa" y el deber de los españoles es "ayudar a construir una Europa fuerte, unida y solidaria, que preserve la cohesión social, afirme su posición en el mundo y consolide su liderazgo en los valores democráticos". 

La realidad de los tiempos manda y Felipe VI no dejó pasar la oportunidad de deslizar señales de que es sensible a la difícil coyuntura del país. En este sentido, tuvo un recuerdo para los ciudadanos a los que "el rigor de la crisis económica ha golpeado duramente hasta verse heridos en su dignidad como personas". De hecho, hasta en trece ocasiones pronunció el nuevo rey la palabra "ciudadanos". Su padre sólo la dijo una vez. No obstante, Juan Carlos I sí se refirió a las condiciones de vida de los españoles. "No queremos ni un español sin trabajo, ni un trabajo que no permita a quien lo ejerce mantener con dignidad su vida personal y familiar, con acceso a los bienes de la cultura y de la economía para él y para sus hijos", proclamó.

Las diferencias

Era prácticamente inevitable en el actual momento histórico no hacer referencia alguna al desafío soberanista en Cataluña. En este sentido, el heredero de Juan Carlos insistió en que en España "cabemos todos" y defendió "todas las formas de sentirse español". "Los sentimientos, más aún en los tiempos de la construcción europea, no deben nunca enfrentar, dividir o excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir", aseveró. También hubo alusiones a la unidad de España en 1975, aunque el contexto era completamente diferente. En este sentido, Juan Carlos I basó su discurso en la intención de convertir la monarquía en protagonista de la integración de las dos Españas herederas de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. "Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro", remachó.

El nuevo rey acabó su discurso con una referencia a la pluralidad lingüística del Estado español al pronunciar en castellano, catalán, euskera y gallego un escueto "muchas gracias". En 1975, su padre sólo había hablado en español. Aunque se ofreció a "escuchar, comprender, advertir y aconsejar", Felipe VI dejó claro que "un rey debe atenerse al ejercicio de las funciones que constitucionalmente le han sido encomendadas", lo que se interpretó como una negativa a a las peticiones que recibió en las últimas semanas de sectores de la sociedad catalana para que medie en la crisis abierta entre los Gobiernos central y autonómico.

En el discurso de Juan Carlos I, pronunciado sólo días después de la muerte de Francisco Franco, hubo palabras de elogio para el dictador, al que el entonces recién proclamado rey se refirió como un "soldado y estadista" al que expresó su "respeto y gratitud". Por el contrario, Felipe VI se felicitó por haber superado, como sociedad, "tiempos de tragedia, de silencio y oscuridad". 

Proclamación de Juan Carlos I en 1975

Juan Carlos I, en un su primera intervención pública como monarca, pidió a Dios "ayuda" y se declaró "profundamente católico". Por el contrario, Felipe VI no hizo alusión alguna a sus creencias. Tampoco había en el Congreso ningún símbolo religioso, ni sucedió a su proclamación una misa de entronización, como sí los hubo en 1975.

Sí se refirió Felipe VI –algo que no hizo su padre– a las mujeres, de las que dijo esperar que su papel se afiance en este siglo XXI. Un momento histórico en el que, a su juicio, también debería tomar importancia el medio ambiente o la eliminación de las discriminaciones. Otro de los aspectos que llamó la atención de las palabras de Felipe VI fue su referencia a los poetas Antonio Machado, Salvador Espriu, Gabriel Aresti y Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, casi todos vinculados en cierta manera a la memoria republicana y referentes indiscutibles de las letras en las cuatro lenguas del Estado.