Una ofensiva del PP ha dejado en precario la mayor alcaldía de Cs en España, la de Granada (230.000 habitantes), en una crisis en la que el partido naranja ve reaparecer su mayor pesadilla, las fugas de cargos públicos.

Dos de los cuatro ediles de Cs en la ciudad de la Alhambra, siguiendo los pasos de los seis del PP, salieron este martes del Gobierno de Luis Salvador, que queda en una situación insólita, con el apoyo de un solo edil y obligado a gobernar mediante decretos de alcaldía. Es como suena: en una corporación de 27 concejales, el Gobierno de Salvador se limita a él mismo y a otro fiel. La dirección mantiene el apoyo a Salvador y pide que rectifique al PP, que desató la crisis este martes con la salida de sus seis ediles del Gobierno granadino. Edmundo Bal instó al PP a no usar el voto de "tránsfugas", en referencia a los dos ediles de Cs, que pasan al grupo de no adscritos, según explica oficialmente el consistorio a infoLibre.

En plena crisis granadina, se produjo este martes una relectura del pacto antitransfuguismo firmado por PP y Cs en marzo. El ala del PP en el Gobierno andaluz señala que su compromiso de no fichar cargos de Cs admite "excepciones" a nivel local. Es una declaración que puede ser importante, dado que el ámbito local es el más propicio para los desmoronamientos en Cs, en declive desde la moción fallida en Murcia y la desaparición en Madrid.

La crisis de momento no se ha trasladado al Gobierno andaluz, donde todos hablan de "estabilidad" y de alargar la legislatura hasta diciembre de 2022. Pero la solidez de Cs, que Vox pone en duda para exigir elecciones adelantadas, vuelve al punto de mira.

"Excepciones" al pacto PP-Cs

La alusión a las "excepciones" la realizó el consejero de Presidencia del Gobierno andaluz, Elías Bendodo (PP). El también portavoz del Ejecutivo afirmó este martes que el acuerdo entre su partido y Cs para evitar fichajes, firmado en marzo tras la moción de censura fallida en la Región de Murcia y el fichaje por el PP de Fran Hervías, admite "excepciones" en el ámbito local. Dicho acuerdo entre los partidos de Juan Manuel Moreno (PP) y Juan Marín (Cs) recoge lo siguiente: "Respeto a la autonomía de los dos partidos que integran el Gobierno andaluz, con el compromiso de que no se produzca ningún trasvase [...]". En plena crisis en Granada, Bendodo fue preguntado sobre la aplicación o no de este artículo a nivel local. Respondió: "Salvo excepciones, se debería reproducir". No hubo más detalles.

El acuerdo no especifica si está ceñido al ámbito autonómico, donde PP (26 diputados) y Cs (21) gobiernan juntos gracias al apoyo de Vox (11), o se extiende a lo local. Juan Marín (Cs) siempre ha dejado claro que sí, sin que el PP lo haya desmentido. "Se entiende que las direcciones locales tienen que respetarlo también", es la versión oficial del ala del PP en el Gobierno. Es importante que la cuestión quede clara, dado Cs está en un proceso de descomposición que donde más riesgo presenta es en los ayuntamientos.

Descomposición

Esa descomposición se ve ya en Granada, donde Cs tenía 4 concejales. Dos de ellos, Manuel Olivares y Lucía Garrido, han dimitido este martes del Gobierno local que lidera un alcalde de su propio partido, Luis Salvador, pero mantienen sus actas y pasarán a ser ediles no adscritos. 

El PP, que precipitó el movimiento de los dos ediles al sacar a sus seis concejales del Gobierno local, trata ahora de arrebatar la alcaldía a Salvador, al que le queda un solo edil fiel. Para ese asalto al poder en Granada, la mayor alcaldía de Cs en España, el PP necesitaría, a priori, a esos dos ediles naranjas.

Bendodo, mano derecha de Juan Manuel Moreno en el Gobierno andaluz, evitó este martes todo lo que pudo responder a las preguntas sobre Granada formuladas en el Palacio de San Telmo tras la reunión del Consejo de Gobierno, invitando a realizarlas en la sede del partido, a apenas un paseo de cinco minutos, en la calle San Fernando. El también portavoz del Gobierno andaluz reiteró, en un mensaje secundado por Génova, que el pacto de PP y Cs en Andalucía "goza de muy buena salud". Sobre el acuerdo para evitar fichajes, presentado en marzo como la garantía de continuidad de la legislatura hasta diciembre de 2022, afirmó que se refiere a que no se van a "producir trasvases" de cargos públicos, algo que "no tiene nada que ver con la ruptura de un acuerdo puntual en un municipio", en este caso Granada. Y añadió que si las direcciones regionales pactaron ese acuerdo, "salvo excepciones, se debería reproducir" en el ámbito municipal. Desde Cs no hubo comentarios a ese "salvo excepciones".

El laberinto granadino

Está por ver si Granada acaba siendo una de las "excepciones". Allí el PP, a pesar del intento de Inés Arrimadas de parar el asalto, sigue presionando para forzar la dimisión del alcalde, Luis Salvador (Cs). De momento, Salvador se queda. Una de las hipótesis para dar salida a esta situación "surrealista" –en palabras del líder socialista en Granada, Francisco Cuenca– , es que Salvador acabase encajando en un cargo autonómico como recompensa por su salida. Bendodo, preguntado al respecto, afirmó que no le constaba algo así.

El sudoku granadino no se resolvería, en cualquier caso, sólo con un fichaje del PP a los dos concejales de Cs separados del alcalde. Si Salvador decide seguir, y de momento insiste en quedarse, no hay posibilidad de una mayoría del bloque PP-Cs-Vox. La otra alternativa sería una moción de censura que tendría que incluir al PSOE, Adelante Granada y un concejal tránsfuga del PP, el expresidente provincial Sebastián Pérez, que se fue del PP en mayo al considerar que le tocaba ser alcalde en virtud de un acuerdo que Luis Salvador no reconoce. "Ahora mismo", señalan desde el PSOE, la hipótesis de la moción de censura con Pérez no se contempla. A esta hora, Salvador sigue en la alcaldía en clarísima minoría, y con todos los demás absolutamente en contra. ¿Cómo gobernar así?

Matemáticamente hay más opciones, pero implicarían acuerdos entre bloques. Desde el PP deslizan la idea de que Salvador, que fue militante del PSOE, busca ahora apoyarse en el PSOE para continuar, algo que niegan los socialistas, que no quieren saber nada del regidor. La situación es kafkiana. Salvador sólo tiene un concejal en su gobierno, su teniente de alcalde José Antonio Huertas. "Granada funcionará con normalidad" gracias a "los funcionarios", insistía este martes el alcalde, Luis Salvador, que lanzó una carga de profundidad contra el PP al atribuir a uno de los concejales de Cs que lo han abandonado, Manuel Olivares, proximidad con Fran Hervías, el exsecretario de Organización de Cs fichado por Teodoro García Egea. Desde el entorno del alcalde insisten en que las competencias de los concejales son delegadas, y que el ayuntamiento puede seguir funcionando con un regidor y los funcionarios, a la espera de que el PP rectifique. Nada indica que tal cosa vaya a ocurrir.

La extrema derecha concluye su rearme político tras su entrada en las instituciones. La III Asamblea General de Vox, el órgano supremo del partido, se cerró este fin de semana con la aprobación de unos nuevos estatutos, la renovación de la dirección y la reelección de Santiago Abascal como presidente de la formación para los próximos cuatro años. El cónclave, celebrado en Vistalegre, no estuvo exento de polémica. Primero, por la decisión del aparato de impedir la entrada al congreso al sector crítico. Segundo, por la ausencia de una votación específica para la designación del nuevo líder, único candidato. Y tercero, por la falta de transparencia alrededor de los sufragios emitidos en la toma de otras decisiones. Sombras que, a priori, podrían chocar con la obligación, establecida tanto en la Constitución como en la Ley de Partidos Políticos, de que tanto la estructura como el funcionamiento interno de las formaciones sean plenamente democráticos. Algo sobre lo que, sin embargo, no hay apenas pronunciamientos judiciales. El principal motivo de esto son las escasas denuncias –y el corto recorrido que tienen– que se interponen contra los partidos.

La Asamblea General de la ultraderecha, que se hizo coincidir con la celebración del 8M, fue un auténtico paseo triunfal. Santiago Abascal renovó su liderazgo hasta 2024. Y lo hizo sin oposición interna. El único que pretendía dar la batalla con una lista alternativa bajo el nombre Habla Vox, el canario Carmelo González, no consiguió reunir los avales necesarios –fijados en el 10% de los afiliados– para enfrentarse al presidente. Según anunció a finales de febrero el Comité Electoral, no superó ni siquiera las 200 firmas, frente a las 4.941 que eran necesarias. Sin embargo, desde la candidatura alternativa han denunciado en todo momento la existencia de un pucherazo. Por eso, González, que fue cesado como responsable de comunicación del partido en Las Palmas en cuanto anunció su intención de concurrir a las primarias, decidió solicitar al Comité Electoral del partido de extrema derecha “toda la información” sobre el proceso al considerar que se habían vulnerado “los principios establecidos” en la Constitución y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos “en cuanto a los derechos y respeto por la democracia interna”.

Vox ha defendido en todo momento la limpieza del proceso. Pero la lista alternativa está dispuesta a acudir ante la justicia. Un primer frente relacionado con el cónclave al que se le podría otro próximamente. El pasado sábado, la formación impidió la entrada a la Asamblea General al sector crítico. Desde el partido se escudaron en el aforo para aseverar que al cónclave sólo podían acceder los cargos públicos y orgánicos, una condición que a día de hoy no tiene González. En total, algo más de un millar de personas. Sin embargo, el canario puso de manifiesto que Vistalegre tenía capacidad para acoger a unos 15.000 asistentes. “Este partido, si quiere consolidarse como alternativa seria y formal de poder en este país, tiene que cambiar la forma de gestionar, porque se están instaurando tics autoritarios que están fuera de lugar”, explicó el líder de los críticos. Un sector, el que se aglutina bajo la marca Habla Vox, que ya está estudiando los estatutos para intentar impugnar un cónclave al que no se les permitió acceder ni siquiera en condición de afiliados.

Reelección sin votación

La falta de rivales permitió al partido, además, justificar la reelección de Abascal como presidente sin que se produjera ninguna votación al respecto. De hecho, el anuncio oficial de que el expolítico del PP continuaría otros cuatro años más al frente de los ultras llegó a través de una nota de prensa, en la que además se especificaba la composición de la nueva dirección nacional, en la que Javier Ortega Smith y Jorge Buxadé serán los números dos y tres, respectivamente. Los afiliados, sin embargo, sí que emitieron su voto en cuestiones como la renovación del Comité de Garantías, el Reglamento Interno de Procesos Electorales o el Reglamento Interno de Procesos de Comité de Garantías. Sin embargo, la formación sobre los porcentajes, sin revelar ni la participación ni el número de votos que se emitieron. Lo mismo sucedió en el caso de las cuentas de 2019, que fueron aprobadas con un 95,9%. La extrema derecha logró cerrar el ejercicio pasado con unos beneficios de 5,25 millones de euros. Un incremento que es fruto, principalmente, de las ayudas públicas recibidas: 9,93 millones de euros.

Tampoco se dio a conocer participación o sufragios en el caso de la modificación de estatutos. Sólo se sabe que recibieron el respaldo del 92,5%. Las nuevas normas internas refuerzan el poder central. Así, según informó Europa Press, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) estará facultado para emitir instrucciones “de obligado cumplimiento para todos los órganos” de la formación. Además, este órgano podrá disolver directamente los comités provinciales en caso de que considere que no se están ciñendo a las directrices enviadas desde Madrid. Abascal, por su parte, tendrá a partir de ahora la facultad de apartar a miembros del CEN sin necesidad de convocar a la Asamblea General, aunque los sustitutos que se nombren por esta vía no podrán superar en número a los originales. Además, se crean un par de órganos más en la estructura interna: el Comité de Gestión y el Comité de Acción Política. El primero se encargará de los asuntos económicos. El segundo, de la estrategia política y de marcar la línea oficial que seguirá Vox.

Las sombras democráticas puestas de manifiesto durante Vistalegre III podrían chocar, como se ha expuesto desde el sector crítico, tanto con la Constitución como con la Ley de Partidos Políticos. La primera, en su artículo 6, establece que la estructura interna y el funcionamiento de las formaciones “deberán ser democráticos”. La segunda, en su precepto 10.2 b), recoge que “la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente” cuando “vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos, conforme a lo previsto en los artículos 7 y 8” de la norma. Es decir, deben establecer “fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos que recojan sus estatutos”, tener “una asamblea general del conjunto de sus miembros” o sus órganos directivos tienen que ser “provistos mediante sufragio libre y secreto”, entre otros. Aspectos, todos ellos, que se recogen en las normas de la formación de extrema derecha. Otra cosa, sin embargo, es que todos ellos se cumplan a rajatabla.

Fernando Flores, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, explica en conversación telefónica con infoLibre que si bien las formaciones cuentan con “libertad de organización interna”, están limitadas por la Ley de Partidos Políticos. Sin embargo, explica el experto, esta norma, cuya aprobación se remonta a 2002, fue concebida con carácter “antiterrorista”. “El objetivo era impedir que los herederos de Herri Batasuna pudieran presentarse. Desactivar el elemento político y, con él, la financiación con dinero público del entramado de ETA”, señala. Es decir, en su opinión la ley no buscaba “vigilar el funcionamiento de los partidos” ni exigirles “un mejor funcionamiento democrático”. Dicho esto, Flores recuerda que al militante de un partido se le puede exigir una “lealtad mínima”. Ahora bien, el afiliado también tiene derecho a que la formación política a la que pertenece cumpla con los estatutos y las normas. “Si tiene derecho, conforme a los estatutos, a formar parte de la Asamblea General, no puede una decisión de la Ejecutiva, sin una justificación muy clara, impedirlo”, argumenta.

“Ninguna jurisprudencia”

Para el profesor de Derecho Constitucional, por tanto, “la democracia interna tiene que ser la normativa”. En el caso de Vox, sus estatutos establecen como uno de los derechos de sus militantes el “participar en las actividades del partido, en los órganos de gobierno y representación, y en la Asamblea General”. De hecho, en su artículo 11, se establece que el órgano supremo de la formación estará constituido “por el conjunto de los afiliados, que actuarán personal y directamente”. En este sentido, Flores explica que habría que analizar si a los críticos se les prohibió asistir “por la vía de hecho” o si fue por una “decisión” perfectamente motivada del órgano pertinente y en base a la normativa interna. Además, dice, si se les impidió entrar alegando que sólo podían asistir cargos orgánicos y públicos de la formación, debería estudiarse si al cónclave asistieron personas que no entraban dentro de esos grupos. “Si había gente con su mismo estatus a la que sí se le dejó, se habría vulnerado su derecho a la igualdad. Pero eso lo tienen que demostrar”, asevera Flores.

El experto tampoco ve muy clara la designación de Abascal sin necesidad de votación. “La designación por aclamación impide, por ejemplo, la abstención. Por lo tanto, no es muy democrático y sería impugnable”, señala el constitucionalista, que recuerda que puede haber militantes que quieran mostrar su descontento con la figura del nuevo presidente no dándole su respaldo. Del mismo modo, y preguntado por la falta de transparencia en relación con la participación y el número de votos emitidos, Flores es tajante: “antes o después se demandará a Vox por vulneración del derecho a la información”. “Mientras no recibía dinero público, uno podría hasta pensarse si tenía o no la obligación de informar. Pero en el momento en el que lo recibe, está obligado. No es una asociación privada que pueda elegir qué información facilita y cuál no. El hecho de que no la den, teniendo interés público, es absolutamente ilegal. Lo tengo clarísimo”, asevera en conversación con este diario.

La Ley de Partidos Políticos ha tenido mucha influencia en materia antiterrorista. Sin embargo, dice el jurista, no ha generado “ninguna jurisprudencia” en relación con la democratización interna de las formaciones políticas. En primer lugar, explica, porque “hay muy pocas denuncias de los militantes contra los partidos políticos”. Y, en segundo lugar, porque las que hay terminan quedándose en “primeras instancias”. “Los tribunales no se atreven a entrar en el comportamiento de los partidos”, apostilla. Y eso es un obstáculo que dificulta la aplicación del precepto 10.2 b) de la citada norma. “El artículo dice que se tiene que vulnerar ‘de forma continuada, reiterada y grave’ la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos. Eso implica que exista una reiterada condena de determinados actos”, sostiene Flores. Y, para ello, sería necesario que existiera una “organización” cuyo “objeto” fuera “demandar a partidos políticos por esos comportamientos” y unos tribunales abiertos a controlar los excesos de las formaciones a nivel interno.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha registrado este lunes en el Congreso una reforma de la vigente Ley de Partidos Políticos para ilegalizar a todas las formaciones separatistas y a las que promovieron el proceso independentista catalán de 2017, lo que incluye a Esquerra (ERC), Junts per Catalunya (JxCat), la CUP y EH Bildu, entre otros.

Según ha explicado en rueda de prensa en el Congreso, lo que pretenden es ilegalizar "a todos los partidos que pretendan la destrucción de las unidad nacional", y si el PNV o el BNG también pretenden ese objetivo, se verán afectados igualmente por su reforma.

La proposición de ley de Vox se basa en exigir a los partidos políticos que recojan expresamente en sus estatutos el acatamiento de la Constitución de 1978, y en caso contrario se pueden ver abocados a la ilegalización.

Ciudadanos exigiría el 3% del voto nacional

Ciudadanos ha señalado este lunes que la reforma electoral que plantea, que exigiría al menos el 3% del voto nacional para poder tener representación en el Congreso, dejaría fuera de esta Cámara a partidos independentistas a los que ahora Vox propone ilegalizar.

Así ha respondido la portavoz de la Comisión Gestora de Cs, Melisa Rodríguez, en rueda de prensa en la sede del partido a la que ha tenido acceso Europa Press, cuando le han preguntado por la última proposición de ley registrada por Vox en el Congreso.

Rodríguez no ha dicho si a Cs le parece adecuada esta iniciativa, pero ha afirmado que su partido seguirá defendiendo que se reforme la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que solo puedan obtener representación en el Congreso las formaciones que obtengan al menos un 3% de los votos a nivel nacional. Actualmente, para las elecciones generales, el porcentaje mínimo que se exige es provincial.

Eso "garantizaría que el Parlamento nacional trabaja en base a criterios de ámbito nacional y de interés común y no a pequeños intereses que acaban coartando el principio" de que "todos los ciudadanos de nuestro país son iguales independientemente del territorio donde estén", ha indicado la portavoz de la Gestora. Además, ha manifestado que si la reforma de Ciudadanos se aprobara, "dejaría fuera del Congreso a algunos de los partidos que indica Vox".

Como sabemos, la cuestión de la ilegalización de los partidos políticos está establecida en la Ley de Partidos Políticos (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio), concretamente en su artículo 9 y siguientes. Para la interpretación de este precepto, contamos además con varios pronunciamientos de los tribunales españoles, tanto del Tribunal Supremo como del propio Tribunal Constitucional. Adicionalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido la ocasión, también, de pronunciarse si no sobre la ley, si sobre un asunto específico que afectaba a la ley, como fue el de la ilegalización de Batasuna.

El núcleo esencial de la anterior jurisprudencia (me refiero ahora a la jurisprudencia nacional, dejo a un lado por el momento la del TEDH) se puede resumir en dos puntos: 1) la ley española de partidos políticos admite, en consonancia con el propio espíritu de la Constitución española de 1978, que todas las opciones ideológicas puedan defenderse en el marco político español, incluso aquellas que vayan en contra del mismo; 2) ello se puede hacer siempre que se realice a través de medios políticos. Por tanto, lo que queda excluido, y determinaría en su caso la ilegalización de un partido político, son las actividades efectivamente contrarias al marco constitucional que un determinado partido político pueda desarrollar.

Este planteamiento fue, como sabemos, clave en la ilegalización de Batasuna. Lo que determinó, por tanto, la ilegalización de Batasuna, fue no tanto su ideario político, sino su propia actividad material, que dio una cobertura directa a la perpetración de atentados terroristas por parte de ETA. Más concretamente, de acuerdo con el Tribunal Supremo, quedó probada la “identidad sustancial entre –Batasuna y ETA– en los ámbitos mencionados (personal, de fines, de estrategias y de actividad), y, asimismo, un riguroso control de –Batasuna– por la citada banda criminal” (STS, 27 de marzo 2003). Por su parte, para el Tribunal Constitucional, “sólo incurre en causa de disolución el partido que,

no en su ideología, sino en su actividad, persiga efectiva y actualmente 'deteriorar o destruir el régimen de libertades'” (STC, 48/2003, de 12 de marzo) como ocurre en el caso de un partido político que colabora con una banda terrorista.

Por tanto, el estándar empleado por nuestros tribunales de justicia en relación con la disolución de un partido político, es un estándar de la máxima exigencia. Se evita con ello la defensa de lo que se denomina “democracia militante” (streitbare Demokratie en alemán,) por la que se impone “no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución” (STC 48/2003, de 12 de marzo). No quedarían fuera de nuestro sistema político-constitucional, por tanto, aquellas opciones políticas que fueran en contra de nuestro orden constitucional, pero cuyas actividades materiales permanecieran dentro del mismo.

La conclusión fundamental que se extrae no tanto de la ley de partidos políticos, sino más bien de la forma en la que nuestros tribunales de justicia la han interpretado, es que habría que esperar a que las actividades de un partido político confirmen con sus acciones su propia ideología y planteamientos, contrarios al orden constitucional vigente, para establecer su ilegalización.

Sin embargo, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en, precisamente, la sentencia de Batasuna, nos ha advertido ya de lo extremadamente exigente que es dicho estándar. En efecto, de acuerdo con este Tribunal, “el Estado no está obligado a esperar, antes de intervenir, hasta que un partido político (…) haya empezado a dar pasos concretos dirigidos a implementar una política que sea incompatible con los estándares de la Convención Europea de Derechos Humanos y de la democracia, cuando el peligro de tal política esté suficientemente establecido y sea inminente. El Tribunal entiende que cuando dicho peligro haya sido establecido por los tribunales nacionales, el Estado puede razonablemente “prevenir” la ejecución de dichas políticas” (Asunto Batasuna v. España, de 30 de Septiembre de 2009). Es decir, el estándar del Tribunal de Derechos Humanos es mucho más laxo que el empleado por nuestros propios tribunales: no se exige la existencia de una actividad que vaya en contra del orden constitucional vigente, sino que el peligro de la realización de dicha actividad (el peligro de la ejecución de dicha política, dice el Tribunal) sea suficientemente claro como para prevenir la acción de dicho partido político, ilegalizándolo si fuera necesario.

La pregunta es, naturalmente, si la policy de Vox (de acuerdo con las palabras del Tribunal Europeo) se puede incluir o no en el supuesto de hecho que configura el TEDH. ¿Suponen los planteamientos políticos de Vox un “peligro” real e inminente para el orden constitucional español, independientemente de que sus actividades concretas sean o no contrarias a dicho orden? La cuestión queda naturalmente abierta a la interpretación. Yo simplemente les invito a que examinen no solamente el programa político de Vox, sino las acciones y declaraciones políticas de sus líderes, las del pasado, por supuesto, pero sobre todo las que se van a producir a partir del momento en el que se constituya un gobierno progresista en nuestro país, formado por el PSOE y Podemos, para que saquen sus propias conclusiones sobre la ilegalización de este partido político de acuerdo con nuestro sistema legal vigente. ___________________

Antonio Estella es profesor de Derecho de la UC3M.

Vox guarda bajo llave la composición de su órgano encargado de velar por el respeto de los derechos y obligaciones estatutarias. Además de resistirse a desvelar en su propia página web el nombre de los cinco letrados que conforman su Comité de Garantías, como adelantó El País, la formación que preside Santiago Abascal tampoco ha facilitado estas identidades al Ministerio del Interior, a pesar de que la Ley de Partidos Políticos establece que las formaciones “deberán comunicar” al Registro de Partidos “la composición de sus órganos de gobierno y representación”. Según señalan a infoLibre fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, “no consta” en la base de datos información sobre las personas que integran este Comité. Preguntado por este diario, Vox rechaza dar los nombres y se niega a confirmar si el órgano continúa integrado por los mismos cinco letrados que lo componían tras la asamblea general que el partido ultraderechista celebró el 18 de octubre de 2015 en el madrileño Teatro Luchana: Marta Castro, Juan Cremades, José María Figaredo, Gema Monroy y Jesús Riosalido.

El Comité de Garantías es uno de los órganos que conforman la estructura de Vox. Es el encargado, según los estatutos de la formación, de “velar para que se respeten los derechos estatutarios de los afiliados y para que cumplan sus obligaciones estatutarias”, incoando expedientes disciplinarios cuando sea necesario e imponiendo las oportunas sanciones –pueden ir desde la amonestación por escrito hasta la expulsión–. Tal y como marcan las normas del partido, el Comité de Garantías estará integrado por cinco miembros, que deben ser licenciados en derecho, elegidos por mayoría simple de los asistentes a la Asamblea General –órgano supremo de Vox– a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional y que “no podrán pertenecer simultáneamente a ningún órgano ejecutivo del partido” salvo que expresamente acepten inhibirse respecto de las decisiones que afecten a éste último. Todos ellos, además, conformarán el denominado Comité Electoral, que es el que garantiza “la transparencia, objetividad y eficacia” en los procesos electorales internos.

El Comité de Garantías será el encargado, por ejemplo, de estudiar el caso de José Antonio Ortiz Cambray, detenido a comienzos de marzo por presuntos abusos sexuales a menores discapacitados y al que las cuentas de redes sociales de Vox Lleida presentaban como presidente de la formación de extrema derecha en la provincia. En este mismo órgano se resolvió también el expediente que en 2016 se abrió al entonces vicepresidente primero del partido, Juan Jara, por supuesta “difamación y agresión”. Un asunto que se cerró con la expulsión de militancia del ex alto cargo y con un mensaje de Jara en redes sociales cuestionando el funcionamiento del órgano, al que acusó de “amistad manifiesta” con el secretario general, Javier Ortega Smith. “El escrito [con la resolución de su expediente] es anónimo”, señaló en Twitter el exvicepresidente primero, que criticó que no se incluyeran los nombres y apellidos de los letrados del Comité de Garantías que habían resuelto su caso.

Una ley que "deja espacio a la interpretación"

La Ley de Partidos Políticos recoge, en su artículo 8.4 c), el derecho de los afiliados a una formación a conocer la composición de sus “órganos directivos y de administración”. Una obligación de transparencia que también tienen que cumplir en su página web y ante la Administración. “Los partidos deberán comunicar al Registro de Partidos Políticos –dependiente del Ministerio del Interior– cualquier modificación de sus estatutos y de la composición de sus órganos de gobierno y representación en el plazo máximo de tres meses desde dicha modificación y, en todo caso, durante el primer trimestre de cada año. Deberán además, publicarlos en su página web”, señala la norma. Pero el partido que preside Santiago Abascal sólo facilita a día de hoy en su web la identidad de todas aquellas personas que forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano de dirección de la formación de extrema derecha. Sobre el Comité de Garantías o el Electoral, sólo resume lo establecido en los estatutos y facilita un par de correos electrónicos genéricos.

El partido tampoco ha comunicado estos datos al registro de formaciones políticas. Desde el Ministerio del Interior explican a infoLibre que “no consta” que Vox haya aportado información sobre la composición del órgano que se encarga de velar por el respeto de los derechos y obligaciones estatutarias. No obstante, explican que la Ley de Partidos “deja espacio a la interpretación”. “La norma dice que las formaciones deben informar sobre la composición de órganos de gobierno y representación, pero no detalla si los comités de garantías entran o no dentro de ese grupo”, apuntan estas mismas fuentes.

En este sentido, algunos expertos en la materia interpretan que aunque la ley no haga ninguna referencia explícita, el Comité de Garantías estaría incluido en ese conjunto de órganos de cuya composición debe informarse. Con esa interpretación, el partido podría haber incumplido la ley al no desvelar esos datos en su página web y al no habérselos comunicado al Registro de Partidos.

Abogados y candidatos

Vox rechazó, a preguntas de este diario, facilitar los nombres de las personas que conforman en la actualidad el Comité de Garantías. También se negó a aclarar si el órgano continúa integrado por los mismos cinco letrados que lo conformaban tras la asamblea general que el partido ultraderechista celebró el 18 de octubre de 2015. Un cónclave que, precisamente, tenía como uno de los puntos del orden del día la aprobación de dos nuevos miembros del Comité de Garantías en sustitución de Javier de Andrés y Rodrigo Álvarez de León, que tuvieron que “declinar su responsabilidad” que hasta el momento habían tenido en el órgano “por motivos profesionales”, según indicó entonces la secretaria de Relaciones Institucionales de Vox, Mazaly Aguilar. Con más de un 90% de votos a favor, la Asamblea aprobó entonces que ambos fueran sustituidos por Marta Castro y Juan Cremades, que junto con Jesús Riosalido, José María Figaredo y Gema Herrero conformaron el Comité de Garantías que salió de ese cónclave.

La presidencia del órgano la ocupaba entonces Riosalido, doctor en derecho islámico, exembajador de España en países como Siria o Kuwait y candidato de Vox por Madrid en las elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016. En aquellos comicios, compartió lista con Figaredo y Herrero, que ya habían probado suerte con el partido de extrema derecha en las elecciones municipales celebradas pocos meses antes –el primero fue como número tres para la Alcaldía de Madrid y la segunda como número dos para el Ayuntamiento de Arroyomolinos–.

También el abogado Juan Cremades, que forma parte del equipo legal de la formación en el juicio del procés, intentó dar el salto a la política municipal como número siete de la lista presentada por la coalición Vox-Partido Familia y Vida (Vox-PFYV) para la Alcaldía de Barcelona. De Castro, lo poco que se sabe es que es licenciada en Derecho por el CEU San Pablo y que su especialidad es el derecho empresarial, según se especificó en la asamblea de octubre de 2015.

El poder real, ese que emana del dinero, el que ostenta la unión de las corporaciones que gobiernan este mundo, que ha creado una nueva religión que se llama neoliberalismo y que tiene como artículo primero y único la libertad, entendiendo como tal la vigilancia y lucha contra los estados intervencionistas, que consiste en negar la soberanía de los gobiernos para impedir el expolio de sus conquistas sociales, y la condena del pueblo soberano a una pobreza absolutamente innecesaria, a una explotación de los trabajadores que raya en el feudalismo, y a una asimetría fiscal que permite a las grandes sociedades transnacionales eludir el pago de impuestos, que recae sobre los hombros de los asalariados, ese poder omnímodo, inmisericorde y cruel, arrasa con la esencia de la democracia.

Se da la paradoja de que este sistema llamado democrático convierte al pueblo soberano en testigo de su propia aniquilación a manos de aquellos gobernantes que él mismo elige y que ni siquiera tienen entre sus obligaciones el cumplimiento del programa con el que concurren a las elecciones. Es un sistema incompleto y decadente que ampara la estafa desde el poder. Esa versión del Sistema Democrático provoca que la corrupción se convierta en sistémica y sea atenuada y encubierta por los que deberían perseguirla. La Justicia no puede con ella. Le mete mano, pero no con la contundencia que merecen muchos de los casos por el inmenso quebranto social que causan. En nuestro país hemos visto cómo el rescate bancario se llevaba una parte muy importante del dinero que se resta a necesidades perentorias. El Gobierno se niega a colaborar con la Justicia. Destruye pruebas, niega informes, datos, requisitorias, facturas, evita la acción de los peritos que requiere la magistratura. Sabotea y entorpece su acción cuando afecta al partido al que pertenecen. A veces los fiscales actúan como defensores de la parte juzgada. El Gobierno nombra al fiscal general del Estado que, al dirigir un cuerpo jerárquico, puede ordenar el archivo de casos que, como el de Jordi Pujol en su día, por orden de Eligio Hernández, pasó a mejor vida para ser activado cuando interesó a los mismos que en su día lo cerraron porque CiU se metió en la cosa de la independencia de Cataluña.

Según conversaciones telefónicas grabadas al ministro de Interior, éste parece alardear de tener fiscales a su servicio. Así estamos. Los máximos representantes de la judicatura y del poder judicial son nombrados por políticos. El presidente del Tribunal Constitucional era militante del PP, dato que ocultó a los que tenían que aprobar su nombramiento. Preside el Tribunal Constitucional a pesar de mentir para acceder al cargo. Todo vale.

Los grupos xenófobos, de extrema derecha, no tienen problemas para concurrir a las elecciones con los demás partidos, o incluso ganarlas y tomar posesión de la presidencia. No hay filtro que impida a los enemigos del Sistema Democrático participar en el mismo para desmontarlo desde dentro.

En España se aprobó una ley conocida como Ley de Partidos para impedir “que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas”. Se hizo para ilegalizar a la izquierda abertzale y sus diferentes ramificaciones. Fue una ley a la carta con ese único fin. La excusa, la de siempre: perseguir actividades terroristas, coartada que sirve para restringir las libertades cada vez que conviene, y metieron al racismo y la xenofobia de rondón, para que no se diga, siempre queda bien, como si les importara algo esa cuestión a aquellos que ordenaron disparar bolas de goma a personas que se estaban ahogando y, además, consintieron la denegación de auxilio de la patrullera que intentaba evitar su llegada a tierra y lo consiguió viendo como aquellos pobres hombres se sumergían para siempre bajo las aguas a escasos metros de la orilla. Se negaron los hechos y sólo las grabaciones de las cámaras que estaban allí dejaron constancia del grado de humanidad, de la categoría moral de estos seres que nos gobiernan. Sacan una ley para impedir estas grabaciones y operar en la impunidad. Lo llaman democracia.

Ahora bien, como surja una fuerza que se oponga a la expansión de la riqueza por encima del bienestar de los ciudadanos y que esté dispuesta a legislar contra maniobras que provoquen irremisiblemente la pobreza de un sector amplio de la población, o que generen una catástrofe en la salud pública, entonces se crea un conjuro que la democracia no prevé para destruir esa formación. Ya no se respeta la libertad de los ciudadanos para decidir por quién quieren ser gobernados. La primera obligación de estos neoliberales es exterminar a esos populistas de extrema izquierda que elige el pueblo soberano. Hacia él dirigirán su artillería, sus servicios opacos dependientes de la policía, y los medios de comunicación que, previamente, han comprado a pesar de ser un negocio ruinoso.

Todo este espectáculo que ha dado el PSOE este fin de semana a raíz del anuncio por parte de Pedro Sánchez de que iba a intentar formar una opción alternativa al gobierno del PP es el paradigma de esto que afirmo.

Una vez más se ha echado por tierra la voluntad democrática de elección de sus candidatos de la que tanto alardean, en contraposición con el PP que elige a su secretario general a dedo. Ellos lo eligen democráticamente y si no sale la candidatura oficial, la anulan. El caso de Borrell, que hizo campaña a su aire, en algún caso dando un mitin en la calle porque le negaban la entrada en la sede local del partido, y ganó, ha vuelto a ser recordado. También apareció Tomás Gómez, silenciado durante estos meses, elegido por la militancia y apartado por la dirección. Vino a demostrar que el que ríe el último ríe mejor.

El defenestrado secretario general olvidó que esto del PSOE, por más que se empeñen en disfrazarlo de partido que respeta la democracia interna, es una empresa familiar. Es mucho más grave engañar a Felipe González en una cena privada, que engañar a la militancia, los medios de comunicación y por extensión a todos los españoles. Y dice Felipe, en un acto de humildad que le engrandece, que no es dios. Todos los saben, pero él convierte esa afirmación en un acto de renuncia. Pues ya puestos yo voy a revelar un secreto: no soy Einstein.

Nunca, en ningún momento, en todos estos meses se le ha oído decir a Pedro Sánchez que se iba a abstener en la investidura de Rajoy, ni siquiera como posibilidad. ¿Por qué no salió entonces Felipe González denunciando el engaño de que había sido objeto? Porque mientras Pedro Sánchez mienta a todo el mundo para conseguir apoyo de los ciudadanos, pero se guarde un comodín en la manga para perpetrar el engaño cuando llegue el momento, cuando nadie pueda evitarlo, todo va bien. Él sabe mucho de eso. Ya lo hacía antes de la Transición cuando se negaba a colaborar con los diferentes grupos de la oposición a la dictadura porque no quería contraer compromisos con la izquierda de este país que le pudieran pasar factura cuando llegara a gobernar. Eran los tiempos en los que viajaba en el avión de Carlos Andrés Pérez, presidente de aquella Venezuela idílica, la que mató a dos mil ciudadanos en una sola noche, y que murió en el exilio huyendo de la justicia por corrupto. Siempre lo defendió. El día de su muerte escribió un panegírico como si hubiera sido un político ejemplar. También contaba con el respaldo de Willy Brandt, a la sazón presidente del PSD y canciller de Alemania. Aprendió cómo se hace la política moderna en aquellos tiempos y, sobre todo, cómo servir a los intereses del poderoso mientras se denuncia lo contrario públicamente. Su aversión a la izquierda era terrible y su anticomunismo enfermizo. Esa labor rindió sus frutos. Ha conseguido ser alabado por la prensa de la extrema derecha como un estadista ejemplar. Esa prensa que condena y difama a tanta gente decente. Algo habrá hecho mal. A pesar de definirse como un jarrón chino que nadie sabe dónde poner, dicta las consignas que reciben con entusiasmo sus compañeros de Andalucía para evitar devaneos concupiscentes con la izquierda de este país, ordenando la toma de Ferraz desde su atalaya de semidios.

En sus tiempos estas cosas no pasaban. Tenía a Alfonso Guerra ejerciendo de comisario político dentro del partido, en aquel tiempo en el que “el que se movía no salía en la foto”. Una autoridad incuestionable que no consentía la menor réplica, nunca tuvo disidencia interna, ni siquiera con el 23F, donde todo se tapó y quedó como el capricho de un guardia civil loco al que se le fue la olla. Borraron todas las conversaciones telefónicas que se hicieron desde el Congreso aquella noche para que nunca pudiéramos saber la verdad. Todo se empezó a complicar cuando se pelearon por cuestiones de corrupción. Alfonso tuvo un hermano, Juan, que se enriqueció muy rápido y fue usado por la oposición para atacar al partido. Obligaron a dimitir a Alfonso. Nunca lo perdonó. Fue un disidente en la sombra, pero sin dejar el partido y cobrando todos los meses de su vida como diputado.

Esta pareja de socialistas ejemplares volvieron a saltar a la palestra cuando apareció la competencia que representaban los movimientos ciudadanos. Felipe, para denunciar los escraches como maniobra del nazismo y Alfonso, para cuestionar el amplio eco que le daban los medios de comunicación al que él llamaba El Coletas, pretendiendo que silenciaran una fuerza política emergente en un Estado de derecho donde debe prevalecer la libertad de expresión. Estas maneras delatan.

Las puertas giratorias también tienen un precio que, ese sí, pagamos todos, a diferencia de Hacienda según versión de aquella memorable abogada del Estado dando la cara por la infanta Cristina en sede judicial, a la que exponía como un ejemplo de ciudadana que tributa.

No hay que marear tanto la perdiz. Las posibilidades son las que son. Si el PSOE no quiere gobernar con la izquierda ni con los nacionalistas, sólo le queda una posibilidad: una alianza por acción u omisión con el PP. No hay más.

No es una crisis de la izquierda. Han salido a la calle a hacer su trabajo. No es otro que evitar el cambio necesario que dé algo de oxígeno a los ciudadanos. La situación es dramática.

Tal vez haya llegado la hora de que el PSOE se defina, se sincere con sus militantes y deje paso a un partido socialista que esté del lado de los ciudadanos.

El secretario general de Ciudadanos (C's), Matías Alonso, ha defendido que el partido "está absolutamente limpio de cualquier conato de corrupción" y ha descartado que la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la posible financiación ilegal de la formación vaya a prosperar, al tiempo que ha cargado contra los medios de comunicación por publicar noticias al respecto sin contrastar la información con el propio partido.

"No es una cosa nueva. Es una cosa que viene ya de semanas. Nos consta que se había presentado ante Fiscalía una denuncia, desconocemos si ha prosperado o no. Creemos que no tiene visos de prosperar en absoluto", ha explicado en declaraciones a los medios desde Bruselas, preguntado por la denuncia que interpuso, según ha publicado El Mundo, la Plataforma por las Garantías Ciudadanas, que aglutina a afiliados y ex militantes críticos del partido, por posible financiación ilegal.

Alonso ha cargado contra "algunos medios de comunicación" por publicar "informaciones que previamente no han sido contrastadas en el partido". "Hay algunos titulares que se han visto en los últimos días en los medios de comunicación (que) ni si quiera se han tomado la molestia de descolgar un teléfono y de preguntar qué es lo que había al respecto", ha criticado.

"Es mucho especular lo que hay en medios, pero no hay absolutamente nada sólido y desde luego estamos muy tranquilos", ha zanjado. El secretario general de C's ha dejado claro que "no hay nada de lo que se está diciendo en absoluto" y ha defendido que el partido es "absolutamente transparente", "está absolutamente limpio de cualquier conato de corrupción" y "siempre" ha reaccionado "de una forma contundente frente a cualquier atisbo de incumplimiento de las normas básicas respecto a la limpieza y a la corrupción".

Fiel a su fama de persona independiente, con voz propia y poco aficionado a lo políticamente correcto, Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) no deja de subrayar en su extenso y bien documentado libro que la corrupción en España hunde sus raíces en una tolerancia social hacia ese tipo de conductas ilegales. Algo, por cierto, que pocos se atreven a decir en voz alta. No en vano la literatura española, como señala el escritor Julio Llamazares, ha inventado dos géneros: la picaresca y el esperpento.

“Ahora bien”, señala este juez que fue apartado de la carrera tras ser inhabilitado por prevaricación en 2010, “conviene dejar bien claro que la picaresca y la tolerancia social frente a la corrupción surgen de la necesidad, del hambre, de la pobreza… Las pequeñas corruptelas de muchos ciudadanos responden todavía hoy a la urgencia de defenderse frente a los poderosos. Es aquello de con IVA o sin IVA. De todos modos, es verdad que existe una relajación que disculpa muchas veces al corrupto. De ahí, por ejemplo, la amplitud de la economía sumergida en nuestro país o que los defraudadores sean ensalzados como héroes. Basta con acordarse de un personaje como Mario Conde para avalar esta tesis”.

"Puro maquillaje"

Sin embargo, Garzón tiene muy claro que durante la Transición no se adoptaron medidas contundentes para que la corrupción impune y generalizada de una dictadura no se extendiera a un sistema democrático. “No hubo leyes enérgicas de transparencia y que se cumplieran”, señala ele jurista, acreedor de un gran prestigio internacional, “y, además, no se practicó una pedagogía democrática entre los ciudadanos. En definitiva, la lucha contra la corrupción no ha sido ni es, lamentablemente, una prioridad de los gobiernos de la democracia. De hecho, las recientes leyes del PP contra la corrupción no dejan de ser puro maquillaje”.

Se muestra muy crítico Garzón con el papel de la derecha, pero tampoco ahorra dardos contra la izquierda. El jurista está indignado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por atemorizar a la sociedad con la llegada de advenedizos. “¿Las manos que han gobernado los últimos años son las únicas fiables? Pues menuda garantía a la vista de los escándalos de los últimos años. En realidad, la derecha sigue atemorizando con aquello tan antiguo de o yo o el caos”.

En cualquier caso, la izquierda tampoco planteó una lucha a fondo contra la corrupción y, en opinión de Garzón, “se dejó encandilar en la Transición con la OTAN, con la UE…” Duda un instante cuando se le pregunta si la derecha resulta, en general, más corrupta que la izquierda y responde: “Digamos que históricamente la derecha ha gozado de más oportunidades para ser corrupta. Los poderosos siempre cuentan con más posibilidades para corromper”.

Tras reconocer que no sabe odiar y que nunca se deja guiar por un rencor, Baltasar Garzón enumera las múltiples actividades en las que está ocupado desde que fuera apartado de la carrera judicial y que van desde su bufete de abogados hasta la fundación FIBGAR, que dirige su hija María, pasando por el asesoramiento jurídico de organismos internacionales. Así pues, desde su polémica suspensión como juez de la Audiencia Nacional por su investigación de los crímenes del franquismo ha batallado en muchos frentes y está especialmente satisfecho de su fundación que ya cuenta con sedes en Madrid, Buenos Aires, México y Colombia.

El papel de la justicia

Habla sin pausas el exjuez, en la sede de la editorial Debate, con un discurso muy articulado, sin papeles delante y con una memoria prodigiosa que exhibe al recordar constantemente fechas y datos. Con el paso de los años, el prestigio que alcanzó en todo el mundo con causas como el caso Pinochet ha convertido a Garzón en un jurista reclamado para diversos cargos y tareas en muchos países.

Desde su larga trayectoria en la judicatura Garzón afirma que “algunos jueces y fiscales son ahora la última frontera en la lucha contra la corrupción”. Implicados los partidos políticos en una tela de araña de corrupción, maniatada buena parte de la prensa y con una mayoría social tolerante frente a estos delitos, el jurista afirma: “No debería ser así, pero lo es. Jueces y fiscales representan en la actualidad una garantía para castigar la corrupción. Además, cuando el ciudadano pierde la confianza en la Justicia, ya está todo perdido. No obstante, la suma de la corrupción y una terrible crisis económica ha derivado en un clamor de indignación y en la aparición de nuevas fuerzas políticas y sociales. No hay más que ver las últimas encuestas del CIS y el aumento de la preocupación social sobre la corrupción”.

Una y otra vez, repite el autor de El fango, que lleva por subtítulo Cuarenta años de corrupción en España, que la batalla contra la corrupción y en favor de la transparencia debe ser una tarea constante El fango, Cuarenta años de corrupción en España, que pasa por la aprobación de leyes de limpieza democrática y por su aplicación a rajatabla. A lo largo de las páginas de El fango, que abarca no sólo la historia reciente de la corrupción sino la presencia de estos delitos en todos los ámbitos políticos, económicos y judiciales, Garzón atribuye las principales causas a la financiación ilegal de los partidos y a la especulación urbanística. “Hay que darse cuenta”, apunta el jurista, “que la ausencia de una normativa social y responsable del suelo y la burbuja inmobiliaria impulsada por los gobiernos de José María Aznar han derivado en un expolio de lo público en beneficio de lo privado”.

Preocupado desde que era un joven licenciado en Derecho por la Administración de Justicia en España, Garzón critica la eterna lentitud judicial. “No basta”, afirma con vehemencia, “con crear más plazas de jueces si esos magistrados no disponen de más medios humanos y técnicos para desarrollar su labor. Una de las razones que explica que sólo unos 30 condenados por delitos de corrupción estén en la cárcel, entre cientos de imputados, es la falta de medios y el retraso en las sentencias firmes”. Garzón se queda pensativo tras sus gafas y concluye: “Una justicia tardía no puede considerarse justicia”.

El presidente del órgano fiscalizador comenzó su exposición en el Congreso reiterando que el compromiso de la institución que dirige es acortar los tiempos, trabajar más rápido. Así, está ya "muy avanzada" la tramitación de la fiscalización ordinaria de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, y se pretende que se apruebe en octubre el informe, todo con el fin de que "la fiscalización de la contabilidad de los partidos se sitúe en el próximo ejercicio dentro de los plazos previstos en la normativa". Álvarez de Miranda señaló que se "han reforzado los recursos personales asignados a la unidad de partidos políticos significativamente con el fin de acelerar los trabajos de fiscalización".

Los grupos no fueron especialmente agresivos con la enorme demora acumulada. Ricardo Sixto, de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), calificó el informe de "antiguo", y recordó que en aquel año la financiación de los partidos no estaba "bajo el objetivo de los medios y la opinión pública", cosa que hoy no ocurre "por otros acontecimientos", señaló, en implícita referencia al caso Bárcenas. El socialista Ciprià Císcar admitió que ya es "recurrente" la queja por la dilación del TCU, pero "es cierto, y sería injusto no reconocerlo, que el tribunal ha realizado un esfuerzo considerable para ir poniendo al día lo que estaba pendiente" y por acoplarse a la "exigencia" ciudadana de "mayor prontitud y rapidez". Eloy Suárez, del PP, agradeció igualmente el "esfuerzo" del órgano por agilizar sus labores. 

Por lo demás, Álvarez de Miranda resumió, en su intervención inicial ante la Comisión Mixta Congreso-Senado, el contenido del informe (consúltalo aquí) aprobado por el pleno del TCU en junio de 2013 y que hace referencia al primer ejercicio, el de 2008, en el que estaba ya en vigor la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos aprobada por el Gobierno socialista en 2007. Algunos asuntos detectados: ninguna de las 32 formaciones analizadas envió una auditoría interna; existen donaciones "no identificadas" por un total de 293.451 euros –y el artículo 5 de la ley veta taxativamente las donaciones anónimas– que afectan a IU Andalucía (52.055 euros), UPyD (28.476 euros) y Partido Aragonés (212.920 euros); nueve fuerzas políticas que recibieron donaciones privadas que no identificaron a sus donantes como marca la ley (entre ellas, el PP, ERC y Convergència Democràtica); 15 formaciones con patrimonio neto negativo (seis de ellas con más de dos millones de agujero); deuda con los bancos de 223,9 millones de euros, de la que 136,2 millones correspondían a deuda con garantía hipotecaria... En total, la financiación pública recibida por los partidos en 2008 fue de 299,5 millones de euros (y 4,7 millones en gastos de seguridad).

Las 36 fundaciones asociadas a los partidos recibieron 9,1 millones de euros. De ellos, 1,7 millones las captaron las vinculadas al PP (FAES, por sí sola, casi 1,6 millones), el doble de las que percibieron las del PSOE (870.000 euros).  

Que vuelva el tope máximo de donaciones a fundaciones

Al referirse a las prescripciones, Álvarez de Miranda no hacía sino reproducir una conclusión que el propio informe hace: la ley de 2007 estableció un régimen sancionador, sí, pero "omitió la tipificación de las infracciones susceptibles de sanción, así como la posible prescripción de las infracciones y sanciones, lo que hace sumamente difícil e insegura tanto la incoación de los procedimientos sancionadores como su propia tramitación" por parte del TCU. Es más, esa omisión hace, explicó, que el plazo de prescripción que debería contar sería "el más corto, el aplicable a las infracciones leves", de seis meses, razón por la que no tenía sentido abrir expedientes sancionadores. 

La reforma de 2012, ya con el PP en el poder, sí estipuló una prescripción de cuatro años, pero sólo será aplicable para el ejercicio de 2013 y siguientes. Pero la modificación de Mariano Rajoy fue regresiva en algún aspecto, como dijo también el presidente. Este pidió recuperar el tope de 150.000 euros anuales para las donaciones particulares a fundaciones vinculadas a los partidos que figuraba en la disposición adicional séptima de la norma socialista. Ese máximo legal quedó totalmente suprimido hace un año. 

El presidente se quejó de que el tribunal repetido "de forma continuada" que sería "necesario" que los expedientes sancionadores quedaran interrumpidos por el inicio de los procedimientos fiscalizadores, no por el inicio del expediente sancionador, como sucede en la actualidad". O sea, que "la propia realización de fiscalización fuera elemento suficiente para que quedaran paralizadas las prescripciones asociadas a esos ejercicios".

Durante el debate, sobrevoló el caso Bárcenas, sin que se mentase expresamente el nombre del extesorero del PP. Hasta el punto de que el portavoz de los conservadores, Eloy Suárez, acusó a los socialistas de presunta "financiación irregular" por haber logrado la condonación de "36 millones de euros" de su deuda con los bancos. El presidente del TCU le corrigió: nunca la institución llegó a calificar las condonaciones de "financiación irregular". "No teníamos claro si podíamos establecer ese criterio. Lo que decíamos es que era una financiación no contemplada en la ley, y lo estuvimos diciendo muchísimos años". Respecto a la cifra dada por el diputado, simplemente indicó que efectivamente existieron "condonaciones importantes" a los partidos. "Pero la cuenta debería hacerse para todos los partidos", enmendó.

Reproches cruzados de UPyD, IU y PP

Irene Lozano, diputada de UPyD, se quejó de la politización del tribunal, razón por la que no ha sido tan "cariñoso" con su formación. La parlamentaria se quejó de cómo el PP ha hecho sangre por los 28.476 euros de donaciones no identificadas. Los números son ciertos, asumió, pero se debe a que en muchas ocasiones los donantes no se identifican y el personal de los bancos no lo requiere, pero constatada la cifra, el partido dio órdenes de no disponer de ese dinero. A su vez, Sixto, de IU, también juzgó "innegable" que su organización "ha tenido problemas en algunas federaciones para presentar cuentas", pero hay "propósito de enmienda" y esas disfunciones se van corrigiendo. Igual que la deuda de más de nueve millones, que se contrajo en los tiempos de Julio Anguita, por los malos resultados electorales, y que explica el patrimonio negativo. Esta también se está reconduciendo, dijo.

El portavoz del PP fustigó a ambos portavoces. A la primera, por "cuestionar y poner en tela de juicio" la labor del TCU. Y al segundo, por pedir cuentas a Mariano Rajoy por el caso Bárcenas. "Cuando uno oye a Cayo Laya diciendo esas cosas a Rajoy, es evidente que hay un doble discurso. IU no está en condiciones de hablar de transparencia por su persistencia contumaz en no rendir cuentas". Álvarez de Miranda, por su parte, defendió la imparcialidad de la institución y calificó de "profundamente injusto" que se la acuse de "lavar la cara al bipartidismo", protesta dirigida por Lozano.

Císcar, por su parte, subrayó que las cuentas de los partidos requieren "veracidad y transparencia", que todo euro que entre en una fuerza política "debe aparecer en sus cuentas" oficiales, las entregadas al TCU. "Gran parte de la ciudadanía puede pensar que lo que analizamos no se corresponde con la realidad", sostuvo, refiriéndose, sin nombrarla, a la presunta contabilidad B del PP que aparece en los papeles de Bárcenas y que, lógicamente, escapó al control del órgano fiscalizador. Ello llevó a la acusación de Suárez de "financiación irregular" del PSOE por el perdón bancario. Císcar devolvió el tiro y recordó que a una "formación que se refundó" –o sea, cuando Alianza Popular pasó a ser el PP– se le "condonaron todas las deudas y créditos pendientes". 

La Constitución Española (CE) de 1978, en su artículo 117.1 dice: "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Según la RAE, emanar es: "Proceder, derivar, traer origen y principio de algo de cuya sustancia se participa". Quiero entender que este emanar es el deseo del pueblo, para que en la Justicia se establezca un diálogo de ideas, que se reflexione sobre un tema debatiendo posteriormente cada respuesta. Pensando con la facultad que proporciona la inteligencia. Decidiendo con voluntad y el propósito de justicia y ética, yendo de la apariencia a la realidad.

Los clásicos griegos la definieron de la siguiente forma. Aristóteles, decía que lo justo será lo que es conforme a la ley y a la igualdad y lo injusto será lo ilegal y lo desigual. Pero no es una virtud absoluta y puramente individual; es relativa a un tercero. Y esto es lo que hace que la mayoría de las veces se la tenga por la más importante de las virtudes. El hombre más perfecto no es el que emplea su virtud en sí mismo; es el que la emplea para otro, cosa que es siempre difícil. Y así, la justicia no puede considerársela como una simple parte de la virtud, es la virtud entera.

Platón, definía la Justicia como algo de carácter interno; una condición del alma, no una característica de los actos individuales. No es una propiedad de las acciones sino una propiedad de los agentes, llevar a cabo un acto bueno no es equivalente a ser justo. Si bien la Justicia es esencialmente una disposición interna del alma, esa disposición se exhibe y se exterioriza en el obrar humano. Justicia del individuo y justicia de la ciudad no son sino dos caras de una misma moneda.

Esta última definición de Platón nos lleva a considerar que la Justicia emanada del TC, no es la de los clásicos ni la del artículo 117.1 de la CE desde el momento que en su artículo 159.1 establece que "el Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial". Este artículo define al TC como un órgano bajo la primacía del poder político en lugar de estar bajo la de los técnicos (jueces), la elección de jueces vía partido político presenta dificultades concretas, ya que la ley de los partidos políticos prohíbe la actividad política de los magistrados, derogando implícitamente las prohibiciones que tienen los jueces para realizar actividad política, quedando sujetos al financiamiento de los partidos políticos.

Los abogados y jueces deberían elegir a sus representantes igual que los parlamentarios eligen los suyos, deben ser representantes que sean capaces de inhibirse en casos de conexión suya o de familiares con partidos políticos, confesiones religiosas y sean sancionados o expulsados de la judicatura si no lo hacen, también deberían exigir la modificación de la Constitución en su artículo 159.1, para que sea efectivo el 117.1, la manera más eficaz para la independencia de la judicatura, porque un estado de derecho en el que hay una ley fundamental, o constitución, fuente suprema de autoridad que establece las necesarias limitaciones al poder del gobernante y de cada facción social para salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Y siendo el TC garante del cumplimiento de la Constitución, debería evitar las contradicciones de leyes o de la propia Constitución, como ocurre también en uno de estos dos artículos:

Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 56.3: La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

“Difficile est tenere quae acceperis nisi exerceas” (Plinio el Viejo).

El desconcierto expresado por una afiliada socialista al final del acto de presentación de la plataforma de Juan Mesquida, cuando ya habían transcurrido más de 40 minutos, era bastante sintomático: "Estoy confusa. No entiendo mucho. Soy una militante de base. Tienes ideas que me parecen muy buenas, pero al ser del partido, del PSOE, no sé si estás en una plataforma distinta o es que en realidad más adelante quieres decir que sí, que te quieres presentar a las primarias. Y es lo que yo quiero, pero como no contestas claramente a nadie...". 

No quedaba claro porque Juan (o Joan) Mesquida, exsecretario de Estado de Turismo (2008-2010) y ex director general de la Policía y la Guardia Civil (2006-2008) bajo los Gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, no lo dijo en ningún momento. Este martes presentó en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, la plataforma de la que es portavoz, formapartedelasolucion.es, un foro de diálogo de "ciudadanos corrientes", con "ideologías distintas", que pretende un "objetivo mucho más ambicioso" que servir de trampolín a unas "hipotéticas primarias", que busca "canalizar la indignación hacia la acción" y "recibir ideas para aportar soluciones". Una plataforma pues, del mismo tipo que otras que están surgiendo –"complementaria" a ellas, dijo–, sin mucha concreción todavía en las propuestas. Por eso una cierta estupefacción dominó la sala. ¿Se presentará o no a las primarias? "No es el momento de plantear una candidatura a ningunas elecciones. Llegado el momento, ya se verá", contestó, en respuesta a la preocupada militante, como había respondido antes a los periodistas. Un "ya se verá", por otro lado, común con otros posibles aspirantes, tipo Eduardo Madina, Patxi López o Carme Chacón.

Mesquida, que ya desde diciembre amagaba con postularse a las elecciones internas, acudió pasadas las once hacia la sala María Zambrano del Círculo. A esas horas, más allá de su equipo y de los informadores, no había caras conocidas del PSOE. Ni siquiera el exministro José Bono, cuyo nombre circulaba como uno de sus teóricos apoyos. Tampoco figuraba el logo del partido por ningún lado. El exsecretario de Estado ni siquiera mencionó al PSOE en su primera intervención porque no era "un evento del partido". Como tampoco dio los nombres de quiénes le respaldan, para no "mediatizar" el acto, para no eclipsarlo, porque sería un "contrasentido". Ni deslizó cuántos son. Sólo reveló que sus colaboradores son una treintena que trabajan como voluntarios, poniendo sus propios medios, autofinanciándose. Secretismo total. 

"Nunca he visto la erótica del poder"

El ex alto cargo del PSOE comenzó su exposición refiriéndose al desafecto ciudadano, a la sensación que tienen los españoles de que los políticos son un problema, como vienen constatando las encuestas del CIS. La solución, dijo, "pasa por el cambio radical en las estructuras de los partidos", sin plantear "terceras vías", la remoción de las fuerzas políticas, "sino taponar las vías de agua con una mayor democratización interna". "La gente quiere que los políticos no nazcan en coche oficial, que no se profesionalicen, que haya limitación de mandatos, que los partidos tengan primarias en todos los niveles. Los ciudadanos quieren meterse hasta la cocina de los partidos y quieren participar", señaló. "Ya está bien de aquello [que decía Alfonso Guerra] de que el que se mueve no sale en la foto, o la libreta azul. Los ciudadanos quieren tener la cámara de fotos, quieren decidir y tener la libreta azul, que el político mire a los ojos a los ciudadanos, no al que hace las listas". 

Segunda idea, aparte de la "participación", la "máxima transparencia" y la intolerancia contra la corrupción: el Gobierno de concentración y el traslado de los Pactos de la Moncloa de 1977. Mesquida pidió un Ejecutivo que reuniera a "la mayor inteligencia posible, a los más capaces", a los que tengan "legitimidad democrática y social". Que se olvide "la bronca" para los próximos dos años. ¿Y eso no es un Gobierno tecnocrático?, se le inquirió. "Hay gente muy buena en todos los partidos, en las plataformas sociales, en el mundo de la empresa, del asesoramiento financiero y jurídico. ¿Por qué estas personas tan brillantes no participan, por qué no se les dan canales de participación. Si yo fuera presidente, habría encerrado en la Moncloa, en el puente del 1 y 2 de mayo, a las mentes más brillantes, por ejemplo, para que fluya el crédito a las empresas. Esto es lo que está ahogando a la economía española y no saber quién se presentará a las primarias". 

¿Pero lo descarta, sí o no? Nada, agua. "No vean en este planteamiento ningún proyecto personal, no lo hay. Nunca he visto la erótica del poder, sí mucho trabajo. Hace un año me retiré de la política, tengo mi vida resuelta, pero apelaron a mí para que echara una mano". Y después: "Jamás he hecho planes de más de una semana. El objetivo es mucho más ambicioso, es remover conciencias y debatir ideas". ¿Será candidato?, se le volvió a insistir. "No va a ser un sí o no mi respuesta. Por coherencia con lo que digo". 

¿Y qué quiere decir que participan personas "de ideologías distintas"? ¿Es un proyecto al margen del PSOE? "Mi equipo está formado por más de treinta personas, y hay gente de todas las sensibilidades políticas. Hay gente con carné del PSOE. Creo que no hay nadie con carné de otro partido, pero sí con otra sensibilidades. No abordamos un problema del PSOE, sino del sistema". ¿Las ideologías han muerto? No, intentó explicar. "Nada más alejado de eso. Las ideologías están al servicio de la gobernabilidad y de los ciudadanos. Hay principios inmutables, como la constitucionalización del gasto social. Pretendemos hacer política, una política noble. Reivindicamos la política, pero se puede hacer otra política. La gente no quiere ver al político justificando actitudes calamitosas de compañeros de partido, justificando actuaciones corruptas, quiere ver al político humano, que sabe reconocer un error y pedir perdón. Hay que tratar de quitar poder a las estructuras de los partidos, reformándolos".

Rubalcaba, cree, "no será candidato"

Mesquida señaló que la plataforma Forma parte de la Solución no ambiciona convertirse en un partido: "Está descartado". Y que él mismo tiene sus "convicciones", residenciadas en el PSOE, y que seguirá trabajando "dentro y fuera" de su formación, sin que su gesto pueda ser entendido como una "agresión a nadie". "Es compatible la actividad dentro del PSOE y en un colectivo social. Soy el portavoz de la plataforma, nada más", porque así lo decidieron sus miembros, tarea que asumió "con honor y orgullo". 

La forma de trabajo de la nueva plataforma será a través de la web y de las redes sociales. Se irán "aportando las soluciones más aceptadas" y se rechazarán aquellas "que atenten contra la dignidad de las personas, o tengan un contenido xenófobo". Un veto un tanto laxo. Después, esas medidas se rebotarán a todos los partidos y se tendrá contacto "con todas las plataformas ciudadanas". 

Mesquida, hoy funcionario de carrera en el Ayuntamiento de Calvià (Baleares), aseguró que no tenía detrás ningún apoyo financiero desconocido, que los miembros de Forma parte de la Solución trabajaban como voluntarios y estaban aportando "ideas a cambio de nada", que él mismo estaba en Madrid de permiso una semana sin sueldo. 

¿Y de Alfredo Pérez Rubalcaba, qué? La pregunta eterna que siempre humea en la pistola de los periodistas y que circula dentro del PSOE desde hace meses. "Lo que vaya a hacer no me corresponde decirlo. Tengo el mayor de los respetos y de los afectos hacia él". Mesquida, a fin de cuentas, fue su subordinado en Interior. Afirmó que está "cumpliendo adecuadamente" su mandato como secretario general. Y aventuró: "Tengo la percepción de que no será candidato, pero respetaría que decidiera lo contrario". 

La pobre militante socialista que se declaraba "confusa" por la indefinición de las palabras de Mesquida le piropeó y le dijo que podría un "gran secretario general" del PSOE. Aplauso entusiasta de los colaboradores. "No estaba preparado", excusó. Pero ni por esas. Mesquida no estaba en Madrid para adelantar decisiones futuras. 

Imma Aguilar: "Es algo de lo que todo el mundo habla ahora en cualquier conversación. El convencimiento de que algo hay que hacer ya". 

Imma es periodista, asesora de Comunicación del grupo de la Entesa pel Progrés de Catalunya en el Senado. Pero es sobre todo, reconoce, una ciudadana preocupada por la política, por la marcha de la democracia. Ella y tantos otros, como los exministros Jordi Sevilla o Josep Piqué, el sociólogo José Antonio Gómez Yáñez, la catedrática de Ética Adela Cortina, el consultor político Antoni Gutiérrez-Rubí, el periodista y exdirector de Abc José Antonio Zarzalejos o el director en España de Change.org, Francisco Polo, llevaban tiempo compartiendo correos, enlaces, textos, reflexiones, apuntes sobre qué dolencias tenía el sistema democrático español. Y hace como un mes decidieron dar un "salto", pasar de la "opinión y la crítica" a la propuesta "articulada y constructiva", al servicio de los partidos políticos. El esfuerzo se llamó +Democracia y se presentó el pasado viernes en Madrid. Su gran propuesta, esta: una nueva Ley de Partidos Políticos, para hacerlos más abiertos, más transparentes y más democráticos y frenar la corrupción. 

Hoy martes, nace otra plataforma, Por una nueva Ley de Partidos. El llamado Manifiesto de los cien. Con objetivos semejantes: promover una reforma del régimen legal de los partidos, para "regular su actividad, asegurar su democracia interna, la transparencia y el control de su financiación y acercar la política a los ciudadanos". Los promotores son otros. A la cabeza, Elisa de la Nuez, jurista y editora del blog ¿Hay Derecho?; el diplomático y escritor Carles Casajuana; el profesor de la London School of Economics Luis Garicano y el economista y empresario César Molinas, ensayista que aplicó en España la teoría de las élites extractivas, que denuncia la consolidación de una casta política que se resiste al cambio, que prima su interés particular sobre el colectivo y que ha replicado el caciquismo tradicional.

La plataforma se presentará hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y defenderá su manifiesto. "Los partidos políticos tienen un papel insustituible en todo sistema democrático –asegura el texto–. A diferencia de lo que ocurre en otras democracias avanzadas, en España el marco legal vigente no facilita la depuración de los partidos cuando ello se revela necesario. Los partidos españoles se autorregulan: los congresos y órganos de dirección se reúnen cuando conviene a sus dirigentes; el método habitual de selección de cargos internos y de candidatos a cargos representativos es la cooptación; y el control de las cuentas se encomienda a un organismo, el Tribunal de Cuentas, fuertemente politizado, cuyos miembros acceden al cargo por cuota política y cuyo último ejercicio auditado es 2007".

"Que florezcan mil flores"

Molinas y sus compañeros plantean así una reforma de la Ley de Partidos como "condición necesaria para poder abordar con garantías un proceso de reforma institucional mucho más amplio", que comprendiera cambios en la Justicia, la regulación de los lobbies o la "separación estricta" de cargos políticos y puestos administrativos. ¿Qué puntos contendría esa reforma? Congresos de los partidos "cada dos años como mínimo", reunión de las ejecutivas con fecha fija, composición de los cónclaves y órganos de control "proporcionales al número de afiliados o de votos", limitación de mandatos, elección de órganos de dirección mediante el voto de "afiliados o delegados", elección de candidatos por primarias, mandato limitado de tesoreros, auditorías anuales independientes y constitución de comisiones que verifiquen los gastos de las campañas. 

En el caso de +Democracia, los objetivos son concurrentes: reconocimiento de la "pluralidad y tradición" de los partidos, medidas que impulsen la "participación de los afiliados, simpatizantes y electores", principio de "publicidad", límites de gastos electorales, buenas prácticas y rendición de cuentas, funcionamiento interno democrático (paridad, primarias abiertas para elegir candidatos, primarias entre militantes para elegir líder...) y responsabilidad (que los programas sean un compromiso "vinculante" entre ciudadanos y electorales). 

Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), es promotor de +Democracia y ha suscrito el manifiesto de Por una nueva Ley de Partidos. "En ambos casos se cuenta con personas que son muy representativas de sus campos profesionales y académicos. No me preocupa que haya dos o tres o más plataformas". Como dice otro miembro de +Democracia, "que florezcan mil flores", ya que "cuanta más gente contribuya con más propuestas y más críticas y más se vea la necesidad de reforma, mejor". 

Desde fuera y desde dentro del sistema

Ni una ni otra, sin embargo, debutan en estas reivindicaciones. La conciencia social despertó y estalló con el 15-M. "Su gran valor radica no tanto en las propuestas, sino en el grito que significó", asegura Vallespín. "La reforma de la Ley de Partidos o de la democracia se plantea desde distintos frentes, la constatación de que los partidos tal como están no sirven para resolver los problemas de la gente es muy compartida", señala Aguilar. 

Varios manifestantes se concentraron el pasado 12 de mayo para conmemorar el segundo aniversario del 15-M en Sol | EFE

Pregunta de cajón: ¿hay diferencias con el 15-M? Sí. Y las reconocen unos y otros. Los indignados, sigue Aguilar, plantean una "democracia más directa", son muy "críticos" con el sistema. +Democracia, como el Manifiesto de los cien, son plataformas "integradas en el sistema", que piden "autoregenerar la democracia desde dentro". Según Vallespín, el 15-M plantea propuestas que no son "tan traducibles de facto", y de lo que se trata es "mantener el orden institucional pero oxigenándolo". Por una nueva Ley de Partidos rehusó que uno de sus promotores hiciera declaraciones, a la espera de la presentación de hoy. 

Kike Castelló, miembro de Democracia Real Ya (DRY), coincide. "Nuestro objetivo es una mayor participación, referendos vinculantes que puedan ser pedidos por los ciudadanos, que sean necesarias menos de 500.000 para presentar iniciativas legislativas populares, que haya mayor poder para el pueblo... En cuanto a la democracia interna de los partidos, brilla por su ausencia. Deberían ser mucho más participativos". Castelló ve además otra diferencia: que las dos plataformas que están surgiendo estos días están integradas por "viejas glorias", políticos "que ejercieron cargos institucionales" –referencia que va por el socialista Jordi Sevilla y por el exministro de José María Aznar Josep Piqué–, mientras que las iniciativas de los indignados "surgen de las bases". "Ahora bien, todo el mundo debe poder rectificar y que se planteen estas cosas es un salto cualitativo importante. Bienvenido sea".

Aportar material, no organizar movilizaciones

+Democracia subraya que su riqueza reside precisamente en su "pluralidad", en que integra "a personalidades de procedencias muy diversas, de estilos muy diferentes y que persiguen un objetivo común". "Nada es incompatible, claro que no", señala uno de sus promotores. "Que el 15-M exista es una buena noticia, y que sea crítico. Eso significa que hay esperanza. El problema es cuando todo el mundo tira la toalla", completa Aguilar. 

Los procedimientos también son distintos. Porque +Democracia quiere nutrirse de las aportaciones de aquellos que se sumen al foro para después llevarle una propuesta "articulada" y concreta a los partidos, como un material que les pueda ser "útil" y que sirva para "animar el debate". Ahí acabará su trabajo. No se piensa en movilizaciones en la calle. "Queremos ayudar, empujar desde fuera y dar más legitimidad a los cambios que vayan a hacer. Los partidos ya tienen expertos que les hacen papeles, pero lo que queremos es que tengan una legitimidad ciudadana", recalca Aguilar. Ella y Vallespín inciden en que hay que partir de la base de que los partidos son el "cauce natural" de comunicación de ciudadanos y poder, que hay que "creer" en ellos. Pero hoy ya no se pueden demorar los cambios. "Hay que solucionar los problemas desde dentro. La antipolítica no es la mejor compañera de viaje", por el peligro del "populismo". 

¿Por qué se pone el acento en la Ley de Partidos? Como decía Sevilla en su presentación del viernes, la reforma del marco legal que rige a las fuerzas políticas es el "nudo gordiano", porque buena parte de los problemas está "condicionado" por un funcionamiento deficiente de las formaciones que en lugar de pretender "soluciones", buscan "enfrentamientos". +Democracia no persigue "empezar de cero", una "catarsis" de todo el sistema. Partir de la democracia representativa para mejorarla, hacer uso de las nuevas tecnologías, fomentar la participación. No ir a la democracia directa. Lo advierte Vallespín: "Los referendos funcionan bien en lugares como Suiza, pero en otros sitios no tanto. ¿Y si el pueblo decide en caliente que hay que expulsar a los gitanos?". Ventilar el sistema de partidos. Reconstruirlos. A partir de ahí, cabrá profundizar en más reformas. Esto sólo es un paso. 

Los votos obligarán a cambiar

Vallespín reconoce que el principal problema que aleja a los ciudadanos de sus representantes es la sensación de que quien manda es la economía. Ese es el pozo de desafección. Pero eso es harina de otro costal, porque en una economía globalizada "dependes de Europa, de Estados Unidos, de otros países". "Esto, reformar la Ley de Partidos, sí está en manos de los ciudadanos". Y si algo ha quedado claro con las últimas luchas sociales, como el combate a los desahucios, añade, es que "sí se pueden" cambiar ciertas cosas. Castelló es más contundente en el diagnóstico: "La democracia española y europea está acabada. No hay democracia. Los Gobiernos son títeres de la troika". 

Otro matiz importante: las dos plataformas piden que los cambios afecten a todos los partidos, por igual. "Hacer imposible que haya nuevos Luis Bárcenas, que haya primarias, que se controle al aparato, que haya rendición de cuentas...", enumera Aguilar. ¿Aprecian el giro de fuerzas como el PSOE, que ha importado incluso propuestas del 15-M en su nuevo proyecto? "El PSOE, para empezar, tiene una crisis de liderazgo. Estos cambios no van a ocurrir de un día para otro, pero si los dirigentes ven que no les votamos porque no nos gusta su forma de funcionamiento, estarán obligados a cambiar. Los ciudadanos tenemos un papel importante: les podemos presionar y reprobar con los votos". Castelló, por su parte, aprecia que IU o Equo sí que están "más en la línea" de lo que reclama el 15-M. 

Lo que está claro es que la política vende, interesa, implica. Como decía Aguilar, es de lo que se habla en los cafés, en cualquier tertulia, en la tele a todas horas. La culpa de todo la tiene una recesión que no calla ni para ni da tregua. "La presión de abajo se está notando, y que ahora se lancen manifiestos –analiza Castelló– es un efecto de ese empuje social. El 15-M está siendo una universidad popular de democracia". "Antes vivíamos en un coche cama y la política se veía lejana. Pero con la crisis, las cosas han empeorado y ya viajamos en un coche de tercera. Cuando a la gente le aprietas el cinturón, la gente reacciona, se preocupa y se siente más implicados, se moviliza, se da cuenta de que muchas decisiones vienen impuestas desde fuera", tercia Vallespín, que para rematar vuelve a la cuna de la democracia. A Grecia: "Vivimos en un contexto donde quien no se implica en política es un idiota, como decían los griegos, porque las cosas están mal". 

"Los socialistas sentimos la imperiosa necesidad de ofrecernos a toda esa sociedad indignada, maltratada, reivindicativa, que expresa quejas concretas y comprensibles para ser el partido de su defensa y de sus esperanzas". 

La frase, llena de reminiscencias del 15-M, del cuestionamiento de la democracia, del desafecto ciudadano hacia los políticos, abre el borrador del documento Recuperar la confianza en la política y los partidos. Mejorar la calidad de la democracia en Europa. El texto que la cúpula del PSOE someterá a debate el próximo sábado en Oviedo y que contiene numerosas propuestas de regeneración del sistema y del propio partido. Algunos ejemplos: que los ciudadanos puedan solicitar la convocatoria de referendos y que se "amplíen los supuestos" en los que puede celebrarse una consulta popular, que se dinamice el control parlamentario al Gobierno y el papel del diputado, que se desbloqueen (con restricciones) las listas electorales o que una comisión ética constituida en el seno de los partidos pueda decidir la caída de un cargo público imputado en un caso de corrupción. La charla temática sobre democracia de Oviedo será el cuarto foro monográfico de este tipo que organiza Ferraz después de las miniconvenciones sobre Europa (el pasado febrero), crecimiento económico (marzo) y reforma fiscal (abril). Aun habrá dos más (sobre igualdad y sobre mantenimiento del Estado del bienestar, las dos en junio) antes de enfilar hacia la Conferencia Política del otoño, la encargada de sancionar finalmente la renovación del proyecto socialista. 

El documento, colgado desde ayer martes en la web, de 52 páginas, es sólo un resumen del texto completo que Alfredo Pérez Rubalcaba presentará oficialmente el día 18 en Asturias. Y que adolece de falta de concreción justo en las propuestas más delicadas: las que hacen referencia a la reconstrucción y oxigenación del PSOE. O sea, las cuestiones orgánicas: primarias abiertas a la ciudadanía para elegir candidatos, primarias para elegir al líder o sistemas de elección de los órganos de dirección. En el texto hecho ya público en Internet se propone "abrir una reflexión colectiva" sobre estos asuntos, sin entrar en mayores detalles. Fuentes oficiales del PSOE apuntaron a este diario que el secretario general se reservará el anuncio de medidas de mayor calado para el sábado, si bien ningún debate quedará "cerrado" hasta que no se celebre la Conferencia Política de octubre. 

Los socialistas tocan en su borrador varios palos: partidos políticos, reformas en el sistema parlamentario, cambios en la Ley Electoral –otro capítulo que desarrollará previsiblemente más Rubalcaba–, mejora de la transparencia, mecanismos de participación y Gobierno abierto, lucha contra la corrupción y modificaciones orgánicas. La idea no es "replantear la democracia", ni caminar hacia una democracia "asamblearia", sino "corregir" el funcionamiento de la actual democracia representativa. A continuación, las propuestas más llamativas en cada uno de esos campos.

01. MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El PSOE se abre a una de las reivindicaciones primeras del 15-M: implicar a los ciudadanos más en la política. Y plantea para ello varias reformas: 

02. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Los socialistas llaman a "erradicar la financiación opaca de las organizaciones políticas", a garantizar que su conducta "se ajusta a derecho", haciéndolos "más transparentes y aumentando la rendición de cuentas". Pero quieren que evite la "criminalización de los partidos", posición que "siempre han apoyado los totalitarismos". 

Fuentes cercanas a Jáuregui reconocían que hay un "debate abierto" en el seno del PSOE acerca de cómo resolver el problema de los imputados, y que no existe una "solución fácil". "Hay unos que rechazan que sea posible la inhabilitación por un juez, por problemas de encaje jurídico. En cualquier caso, esa inhabilitación tendría que ser temporal si la imputación decae o si el juez absuelve. Por eso se ha propuesto esta fórmula de la comisión ética, previo acuerdo de un código de conducta de los partidos". 

03. REFORMAS EN EL PARLAMENTO

Para paliar las "anomalías" de funcionamiento del sistema parlamentario, el PSOE sugiere bastantes cambios. Hace un aparte con la reforma del Senado. El documento no entra en demasiadas honduras en este punto, porque todo el desarrollo del modelo de Estado recaerá en el Consejo Territorial del verano. Sí apunta una de las modificaciones que Ferraz avanzó hace algunas semanas: que se asegure la "presencia" de las comunidades autónomas en el Senado. ¿Cómo? Que sus miembros los elijan los gobiernos regionales, o los parlamentos autonómicos o ambos. Respecto al resto del funcionamiento de las Cámaras...

04. MÁS PROPORCIONALIDAD EN LA LEY ELECTORAL

No hay mucha concreción en este punto. Se sugiere discutir el sistema electoral, "estudiando mejoras de la proporcionalidad [una reivindicación histórica de IU y UPyD, los más perjudicados] e incluyendo la posibilidad de introducir cambios en las circunscripciones para acercar las candidaturas a los electores". Ya en precampaña de las elecciones generales de 2011, Rubalcaba decía que le gustaba el sistema alemán, en la medida en que permitía acercar a los aspirantes a los ciudadanos. 

Más: obligar a los partidos a elegir a sus candidatos a presidente del Gobierno por primarias "debidamente ordenadas y reguladas por la Ley Electoral", un anuncio que ya hizo Jáuregui hace menos de un mes. 

En último término, el PSOE propone una apertura limitada de las listas. Un desbloqueo tibio. Así, se reconocería a los electores a primar a un candidato de una lista en las circunscripciones en las que se eligen menos de 10 diputados, o a dos si los distritos tienen más de 10 escaños. Así, si un integrante de la lista es muy premiado por los votantes, podría ascender puestos en ella. Los socialistas rechazan una apertura total porque en distritos grandes los ciudadanos directamente "no ordenarían" los miembros de la candidatura –pensemos en Madrid, que eligió en las últimas generales a 36 parlamentarios–. 

05. UNA MAYOR TRANSPARENCIA

La Ley de Transparencia sigue todavía paralizada en el Congreso. Pero ya Rubalcaba ha dicho que su negociación sea uno de los ejes del gran pacto de Estado que tanto ambiciona su formación. ¿Qué puntos contendría?

06. NUEVA LEY DE PARTIDOS

El PSOE desea una modificación de la actual Ley de Partidos, para que todas las modificaciones conciernan a "todos ellos". Una reforma para que "sean más participativos y democráticos en la toma de decisiones internas y en la elección de sus dirigentes", para que sean más paritarios, para que se vean más fiscalizados y más transparentes en su gestión. Medidas: 

07. ESBOZO DE LOS CAMBIOS EN EL PSOE

Es otro de los apartados del documento más difusos... y de los que más confrontación genera. Las grandes ideas del texto son las siguientes: 

Una aseveración quiere el PSOE que resuma el espíritu de todo su documento. Y es prestada del socialdemócrata alemán Willy Brandt. Esta: "Atrevernos a más democracia". A darle más calidad, argumenta, a hacerla "más participativa, más transparente", para "mejorarla" y para "reforzar su legitimidad y aprecio ciudadano". 

Es una más en un total de 75 propuestas, y apenas ocupa dos líneas. Pero, indudablemente, la medida tiene una relevancia clara por el momento y el contexto. Es esta: "Elección del secretario general a través del sistema de primarias entre sus militantes". 

La iniciativa es del Partido Socialista del País Valencià (PSPV-PSOE) y está recogida en un documento de 28 folios, Propuesta de reacción democrática, adelantado este miércoles por Europa Press y al que ha tenido acceso infoLibre. El texto fue presentado el pasado lunes en la permanente del partido, mañana viernes se acaba el plazo para elevar enmiendas y el sábado lo debatirá y validará definitivamente el máximo órgano a nivel autonómico, el Comité Nacional. Después, Valencia lo enviará a la sede federal, a Ferraz, para contribuir así al debate político que los socialistas están promoviendo, y que culminará en la Conferencia Política de octubre. 

El texto –todavía sujeto a cambios–, se divide en tres bloques (transparencia y lucha contra la corrupción, reforma de los partidos y reconversión institucional) y plantea 75 medidas en tres ámbitos (en el del PSPV, en el del PSOE y en el espacio institucional). Una de ellas es la de la articulación de primarias para elegir al líder, iniciativa muy a cuento de la polémica nacida con los socialistas gallegos. El líder del PSdeG, Pachi Vázquez, ya ha dicho una y mil veces que no cederá y que mantendrá hasta el final su idea de convocar una consulta abierta a los afiliados el 1 de junio para designar al nuevo secretario general. Un mes después, en el congreso autonómico del 6 de julio, los delegados nombrarían formalmente a su número uno. Y Ferraz, a su vez, ya le ha trasladado que si quiere modificar las reglas del juego debe pedirlo al Comité Federal, que se reúne el 20 de julio, después de todo el proceso electoral y congresual gallego. 

Primarias para elegir candidatos de todos los partidos

El PSPV defiende en su borrador, pues, que los afiliados tengan la potestad de elegir a su líder. Un alineamiento con la postura del PSdeG. Pero con importantes matices, porque los socialistas valencianos proponen que primero se cambien los estatutos y luego se dé vía libre a los referendos internos. Y no al revés. Ximo Puig, el secretario general del PSPV –y próximo a Carme Chacón–, ya reivindicó este planteamiento en el congreso federal de Sevilla, como hicieron otras federaciones como la madrileña. Su postura fue derrotada. "Pachi, de hecho, votó en contra. Y ahora cree en las primeras como si fuera San Pablo caído del caballo. Queremos que se haga bien, y que se respete la legalidad democrática interna. En el partido cada uno debemos cumplir nuestra misión", aseguraban a este diario en el círculo de Puig. 

El PSPV aboga por más medidas en el ámbito de las fuerzas políticas. Por ejemplo, que se modique la Ley de Partidos Políticos para que los candidatos de todas las formaciones se elijan por un sistema de primarias abiertas a todos los ciudadanos. Medida que precisamente Puig ya planteó a principios de marzo. El sistema se haría extensible a los cabezas de lista de municipios de más de 20.000 habitantes, presidencia de comunidad autónoma y al Gobierno de la nación. 

Entre las iniciativas para una mayor transparencia de los partidos, estas: cuantificación de las medidas incluidas en los programas electorales en términos económicos, rendición de cuentas de ejecución de los programas y de todos los cargos públicos; contabilidad detallada de las fuerzas políticas (donde se consignen ingresos, gastos, donaciones, subvenciones...); prohibición de la condonación de las deudas; aprobación de un techo de gasto para los partidos; prohibición de donaciones de empresas; incorporación de una carta de derechos y libertades de militantes y simpatizantes o la puesta en marcha de una Oficina del Diputado. 

Mejora de los mecanismos de participación

En el bloque de "reconversión institucional", el PSPV pide "adecuar" la estructura de la Administración del Estado "al diseño constitucional de las autonomías", reduciendo su tamaño y evitando duplicidades. También propone convertir el Senado en una Cámara de representación territorial de los gobiernos autonómicos –que Ferraz ya adelantó el lunes– o permitir a las comunidades que decidan si suprimir o no las diputaciones de su territorio. Respecto a la Generalitat Valenciana, quiere rehacerla bajo los principios de "austeridad, eficacia y sostenibilidad financiera", suprimir 147 altos cargos del Consell, recuperar los servicios públicos privatizados o limitar la externalización. 

En los tres niveles de la Administración –Estado, CCAA y ayuntamientos–, el PSPV reclama reformar los reglamentos parlamentarios para reforzar las funciones legislativa, de control y de participación de los ciudadanos, transformar la Comisión de Peticiones –para que se pueda recibir a los solicitantes–, facilitar la creación de comisiones de investigación, dar más poder al parlamentario y a las minorías, poner en marcha una Oficina de Control Presupuestario, publicar todos los documentos y contratos de la Administración o relajar las condiciones para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular.

Cree el PSPV que debe endurecerse el régimen de incompatibilidaes de los miembros del Gobierno y de los diputados, que debe crearse un registro de lobbieslobbies, que han de regularse los debates electorales o impulsar el Gobierno abierto. Los miembros de diferentes organismos del Estado o de la Administración autonómica deberían elegirse por mayoría parlamentaria "sensiblemente reforzada" –no por mayoría absoluta–.

Facilitar los referendos en todos los niveles del Estado

El borrador ahonda en la mejora los mecanismos de participación. Así, se propone "facilitar las consultas en referéndum sobre temas importantes, en todos los niveles territoriales del Estado", establecer mecanismos de consulta directa o elegir al alcalde mediante un sistema de doble vuelta. Los concejales se designarían en listas cerradas no bloqueadas, para que los ciudadanos pudieran ordenar a sus favoritos o tachar a los que no le gustasen. Los socialistas valencianos también sugieren un cambio de la Ley Electoral, que combine la elección de candidatos individuales en distritos uninominales y las listas cerradas de candidatos en distritos más amplios en los comicios autonómicos o al Congreso. Un modelo que recuerda al paradigma alemán. 

El último gran bloque lo conforman las medidas de transparencia y anticorrupción. Entre ellas, la publicación de las declaraciones de renta y de patrimonio de todos los cargos estatales y autonómicos, la prohibición del pago de sobresueldos, la publicidad de los contratos laborales de alta dirección, el refuerzo del papel fiscalizador del Tribunal de Cuentas, la aprobación de una ley que protejan a los que denuncien prácticas corruptas (los whistle-blowers), la suspensión provisional de sus responsabilidades a los imputados por corrupción, el impulso de cambios legales en el sistema de aforamiento, la ampliación a 15 años de la prescripción de los delitos por corrupción, la agilización de los procesos judiciales contra la corrupción, la limitación de los indultos (validación a través del Parlamento), la obligación a todas las administraciones de poner en marcha un portal de la transparencia, la publicación de las agendas oficiales de todos los miembros de los gobiernos o la creación de consejos de lo audiovisual que garanticen el respeto al derecho a la información (sin periodistas, no hay democracia). Asimismo, sugiere modificar el Código Penal para regular la responsabilidad penal de los órganos de dirección de los partidos y la tipificación como delito de la financiación ilegal de la actividad política y electoral. 

1ª.- La situacion sólo se arregla cambiando la política económica.

2ª.- Para eso es necesario un gobierno que use el sentido común y la lógica económica, no hace falta ni ser inteligente, está todo escrito, basta leer a Krugman, Stiglitz, o en España a J.L. Sanpedro, V. Navarro o J. Estefanía, por ejemplo). Sólo hay que saber leer y ser honesto.

3º.- Ese gobierno no vendrá nunca de los políticos "profesionales" (para que alguien sea considerado un profesional de algo ha de estar formado en ello y saber hacer bien su trabajo y estos, en general, ni lo uno ni menos lo otro).

4º.- Los de partidos de izquierda que sí podrían, son minoritarios. Y lo seguirán siendo, aunque estén creciendo, por el miedo secular "al rabo de los comunistas" que sigue existiendo en muchos mayores. Más ahora que se repiten los mantras de que "el modelo comunista ha fracasado", y que esos son “unos radicales”.

5º.- Quienes otorgan el gobierno no son los afiliados, ni siquiera los simpatizantes fervientes, sino la gran mayoría de gente del normal, de "centro", que hasta ahora sólo se sentía abrigado en los dos grandes partidos.

6ª.- La gran mayoría de esta gente ya está desencantada de ellos (en las encuestas el PP baja y el PSOE no sube).

7º.- Nuestra actual ley electoral castiga a los menores y los partidos menores nunca subirán lo suficiente para tener mayoría.

8º.- En España no hay izquierda, sino izquierdas, (más bien "microizquierdas") a cual más purista, con lo que un hipotético "Frente de izquierdas" es prácticamente imposible.

9º.-Esa mayoría está además absolutamente indignada con los partidos en general (el "no nos representan" no va solo por los dos monstruos, sino por todos los políticos en general) y en gran medida con "la política" (cada vez es menor la participación). Lamentablemente los sindicatos, unos por ser gremialistas y los de clase por otros errores, están metidos en el mismo saco de desprestigio y, a veces, no sin razón.

10º.- Quienes mantienen algo de prestigio son los "intelectuales y profesionales".

11º.- La situación es absolutamente desesperada. No vamos a salir de esta con las medidas que se aplican. Cada vez estamos peor y estaremos aún peor en 2015. Véanse los procesos de Grecia o Portugal.

12º.- La única solución real que mi amigo y yo encontramos es una absoluta regeneración política. Un salto hacia una nueva democracia, en su sentido más etimológico, un gran pacto popular. Un pacto sobre los principios de honestidad, trabajo y austeridad en toda política pero también en el país en general. Promovido por intelectuales, profesionales, periodistas, técnicos artistas, etc.

13º.- Sería necesario un gran programa que recogiera las medidas que las personas normales consideran de sentido común (aunque hoy algunas de ellas están en sintonía con la derecha), por ejemplo minorar subvenciones a partidos y sindicatos (y por supuesto eliminar a asociaciones empresariales, iglesias, etc.) o cuestiones en politica judicial o penitenciaria, como que un terrorista no salga sin arrepentimiento o un corrupto sin devolver lo trincado) y las de política económica de la izquierda (y algunos de derecha no neocom). Aunque nos escueza mucho a la izquierda, es la única forma de lograr un gran consenso "de centro", suficiente para obtener el gobierno. No podemos pretender "abrir los ojos" al resto de españoles para esta ocasión, aunque si se logra ese gran pacto, tiempo habrá de trabajar en ello.

14º.- Sería una gran coalición de personas "honestas por el bien común", no de políticos profesionales, aunque alguno pudiera haber estado en política, que alguno horrado siempre ha habido. No de partidos, aunque pudiera haber personas de partidos que la apoyaran o participaran. Seguro que tendríamos a la casta político-económica y todos sus voceros en contra, pero al pueblo y las TIC. a favor. Como ha demostrado la experiencia del 15M. ¿Existe en la gente la generosidad de la renuncia a algunos puntos de las ideas de cada uno, y la voluntad de unión? ¿Es posible un gran Coalición del Sentido Común?

El PP rechazó este martes en el pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que contemplaba un completo catálogo de medidas contra la corrupción, entre las que destacan la imposición de más penas a los corruptos y a los corruptores, mayor vigilancia de los contratos públicos y límites más estrictos a las donaciones a partidos políticos. Y los conservadores dijeron no bajo el argumento de que se trata de unas recetas "oportunistas, poco rigurosas y sin consistencia".

Cayo Lara, el coordinador federal de Izquierda Unida, una de las formaciones tradicionalmente más beligerantes contra los escándalos de corrupción, justificó la presentación de esta iniciativa ante la "inacción" del Gobierno frente a la corrupción, una lacra que, a su juicio, se ha convertido en "un problema de Estado", puesto que "el goteo de irregularidades" en las distintas administraciones públicas y en la clase política está "dañando" la credibilidad de las instituciones, "socavando" las bases del sistema democrático, generando "escándalo social" y provocando "desafección" política. Por ello, y ante la necesidad de tapar los "agujeros" que existen en la legislación, como así se ha puesto de manifiesto sobre todo a raíz del caso Bárcenas –"El caso más grave de supuesta corrupción de la democracia española", dijo–, Lara puso de relieve las reformas que la Izquierda Plural ve necesario acometer para atajar esta problemática.

Código Penal y otras siete leyes

En concreto, IU-ICV-CHA proponía una mejor tipificación e incremento de penas por delitos relacionados con la corrupción, una mejora de la transparencia en la gestión y la contratación pública, y reformas legales en los procesos urbanísticos susceptibles de generar plusvalías y en el control de la financiación de los partidos políticos. Para ello plantea modificar el Código Penal y otros siete leyes, entre ellas la de Financiación de Partidos Políticos, la de Contratos del Sector Público o la Ley de Bases del Régimen Local.

Las medidas de la Izquierda Plural sí fueron avaladas por otros los grupos de la oposición pero el PP, por boca de Arturo García-Tizón, comenzó echando en cara a Lara que su grupo no apoyara la resolución que se aprobó en el marco del debate sobre el estado de la nación con medidas anticorrupción y de regeneración democrática y que ahora pretenda que el resto de fuerzas políticas apoyen su "particular" proposición. García-Tizón, presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, censuró que la Izquierda Plural pretenda sumar apoyos a una propuesta que no ve "seria" ni "posible", que es "oportunista, poco rigurosa y sin consistencia", que impide articular un conjunto de medidas para combatir la corrupción y que deja "en el aire" muchas cuestiones "importantes". "El PP quiere continuar avanzando en la lucha contra la corrupción y contribuir al acuerdo entre todos, pero no apoyará las aventuras de una fuerza minoritaria que pretende dictar los tiempos y las fórmulas con un apresurado ejercicio que sólo busca hacerse con un titular informativo", aseveró.

La necesidad de una "catarsis"

El resto de fuerzas parlamentarias sí respaldó la iniciativa del grupo parlamentario de Lara. Así, desde el PSOE la diputada Meritxell Batet subrayó la necesidad de empezar "de inmediato" a tomar medidas "concretas" contra este tipo de prácticas ante la "pasividad" y el "silencio" del Gobierno y del PP que, en su opinión, "no quieren ser conscientes de la gravedad del asunto". Batet cree que el PP debería mostrar "más ambición y generosidad" frente a la corrupción, un problema que "afecta y desprestigia" a "todos", e impulsar "ya" cuantas medidas sean necesarias para poner fin a estas prácticas porque, según defendió , si bien desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se hizo "mucho" para acabar con la corrupción, se ha demostrado que no fue suficiente.

En nombre de CiU, Feliu-Joan Guillaumes mostró su preocupación por que un país como España tenga como "uno de sus héroes nacionales al Lazarillo de Tormes" para llamar la atención sobre la necesidad de solucionar la "catarsis" en la que está sumida la clase política ante los continuos casos de corrupción que le afectan y para poner en el acento en la urgencia de dotar de más medios materiales a la Justicia para que esta actúe con mayor rapidez. En todo caso, los nacionalistas de CiU optaron por la abstención, al igual que los diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias.

Por su parte, la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, exhortó a sus señorías a estar ahora "a la altura" y "a no tener miedo" a hablar de la corrupción pero, sobre todo, para acordar soluciones y propuestas –"La gente ha dicho basta ya"– e insistió en la necesidad de que la sociedad "no se muestre comprensiva ni perdone" a quienes se corrompen desde un cargo público. "Sólo cuando sintamos que nos toman por la solapa, aprenderemos a comportarnos", verbalizó.

El escándalo de las dietas de Caja Navarra

El diputado del PNV Emilio Olabarria, quien presumió de que en su partido no hay sospechas de actuar "con contundencia" contra las prácticas corruptas, avanzó su voto favorable a la iniciativa de la Izquierda Plural que, según remarcó, persigue poner fin a una corrupción que en España se ha tornado "sistemática" y que produce "náusea". Y puso como ejemplo el cobro de dietas de Caja Navarra por parte de sus consejeros, entre ellos la presidenta de la Comunidad foral, Yolanda Barcina, para subrayar al PP que también es corrupción "en el sentido antropológico" mantenerla al frente de ese Gobierno.

Por último, desde el Grupo Mixto, el diputado de Esquerra Republicana (ERC) Joan Tardà recriminó al PP y al PSOE que no estén tomando las medidas adecuadas para "castigar" la corrupción de sus cargos y para resolver este "cáncer en estado de metástasis" que, a su juicio, está poniendo en jaque mate al sistema democrático. Es más, sostuvo que la gravedad del momento exigiría que los cargos electos imputados abandonen su responsabilidad institucional, "se apelliden Pujol o Blanco", aunque pudiera incurrirse en una "injusticia". "Tolerancia cero", apostilló.

Su compañero de grupo y diputado de Amaiur Sabino Cuadra defendió por su parte que la separación de instituciones y partidos políticos de la ciudadanía promueve "un caldo de cultivo" sobre el que se "apoyan" las prácticas corruptas, y también sacó a colación el escándalo de las dietas de Caja Navarra para agradecer irónicamente a Barcina y a su antecesor, Miguel Sanz, su trabajo en favor de la privatización de una entidad "en la que han florecido corruptelas de todo tipo" y que han vuelto a colocar a la comunidad en los primeros puestos de ranking de escándalos de corrupción.