Los andaluces han entrado en el paraíso. Coño, era fácil: le quitas un impuestillo al cero coma algo más rico y, de la tierra, empieza a manar leche y miel. Me cuentan que es para atraer a las grandes fortunas. Me imagino una notificación en la app del Club Bilderberg avisando a los agraciados. En algún lugar del mundo hay un Rockefeller diciéndole a la parienta: «Cari, nos vamos pa’ Jaén, que hay que crear empleo».

En medio de este rosario de calamidades, la región pionera en paro juvenil, abandono escolar y trabajo estructuralmente precario vuelve a dar la campanada. ¡Desde mi exilio laboral mesetario te saludo, oh Moreno Bonilla, prócer de la libertad! Que los hijos de los ricos reciban íntegra la fortuna de papá es una medida que hará lubricar a los defensores acérrimos de la meritocracia. Gran noticia para la familia Rodríguez de la Borbolla, que ya eran caciques cuando Alfonso XII y todavía siguen chupando del bote.

Desde Madrid se ha festejado enormemente el dumping fiscal. El gobierno está que trina, y el ministro del ramo dice que hay que recentralizar el Estado. ¡Cáspita! ¡Se acabó la plurinacionalidad y el autogobierno! ¡Que tiemble la hacienda foral! Para celebrar el progreso de la clase dominante, la vicealcaldesa de Madrid ha lucido modelito y bronceado derribando unas chabolas: está a una campaña electoral de quemar indigentes en un cajero. Lametones al poderoso, mano dura contra los pobres: esta debe de ser la famosa refundación de Ciudadanos de la que tanto he oído hablar.

La verdad es que no se puede dejar a la gente viviendo bajo dos chapas, que eso da muy mala imagen y baja el precio del metro cuadrado. «¡La tierra para el que la hereda!», gritan los andaluces. «Si echas a los pobres, se acaba la pobreza», responden en Madrid. Que lo que ha unido el AVE no lo separe la justicia social.

Mientras tanto, por lo bajini, suenan campanas de indulto. ¡Griñán, presidente! La plana mayor de la Transición ha firmado un papelote pidiendo (casi) la orden del mérito civil. Expresidentes, padres de la Constitución, sindicalistas en barbecho, Iñaki Gabilondo, Maruja Torres, Soledad Gallego, tropecientos abogados, jueces en retirada y el infaltable Fernando Savater, que siempre saca un rato para estas cosillas, unidos en una causa benemérita. «¡Es un hombre honrado!» dicen, «¡solo dejó que robaran!». Estoy ansioso: se avecina media docena de tribunas explicándonos cómo toda esa corrupción fue, en realidad, por nuestro bien. Conviene guardar la listita por si alguna vez empuran a Aguirre por lo de la «responsabilidad in vigilando», que hay que reciclar.

Para colmo de desgracias, Toni Cantó ha dejado la Oficina del Español tras una labor titánica. Por lo visto, ha firmado dos convenios; exactamente el doble de lo esperado. No sé qué será de nosotros ahora que el centinela del idioma ha dejado su atalaya. Esta mañana me he cruzado con un propio hablando finés y anoche, en la cena, me trajeron la carta de vinos en mapuche. Esto es un sindiós. Leo que va a presentar un programa en una de esas televisiones que no saben hacer el balance de blancos. Le auguro el mismo éxito que en todas sus empresas anteriores. Y bueno, si la cosa va mal, siempre le quedará el programa de Risto o alguna cátedra en alguno de esos posgrados-pufo de liderazgo y emprendimiento impartidos por fracasados.

Si hay un político que no deja de sorprender con sus decisiones y giros inesperados ese es Toni Cantó, ayer jueves cuando todo el planeta tenía puestos los ojos en Inglaterra y en los últimos instantes de la monarca Isabel II decidió que era el momento idóneo para anunciar en Twitter que dejaba su cargo de director de la Oficina del Español para iniciar "un nuevo proyecto profesional".

En cuanto ha hecho pública la noticia la red social del pajarito se ha convertido en un hervidero de chistes y memes en relación al trabajo que realiza, o realizaba, el gobernante y las consecuencias que van a sufrir los ciudadanos a causa de que haya dejado su puesto, "Se nota ya la dimisión de Toni Cantó en Madrid, vayas donde vayas la gente ha empezado a decir haiga, asín, ponío, amoto y abujero", escribe @acompanado_el, "Toni Cantó se tomó en serio lo de 7 vidas", bromea @danirovira, "Acabo de entrar en un bar de Madrid y los camareros están hablando en catalán. ¡VUELVE, TONI CANTÓ!", tuitea @Xuxipc

Recopilamos las ocurrencias más graciosas de los tuiteros en este Tuitómetro: 

El director de la Oficina del Español, Toni Cantó, ha defendido este miércoles que la conquista de América supuso la liberación de miles de personas que estaban bajo un poder "salvaje y caníbal" siendo capaces de "matar en una sola ceremonia a 70.000 personas".

Así lo ha expuesto Cantó durante su comparecencia en la Comisión de Cultura en la Asamblea de Madrid donde ha acudido para rendir cuentas sobre los objetivos y proyectos de la oficina que dirige. En la misma, ha salido a colación la conquista de América, donde cree que los españoles no fueron "ni colonizadores ni conquistadores", sino liberadores.

"Quiero reivindicar con orgullo el legado histórico. No creo que seamos colonizadores ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que cuando España llegó a aquel continente liberó al continente. No la conquistaron, la liberaron, porque si no no es posible entender cómo unos cientos consiguieron liberar tantísimos miles de personas de ese continente que estaban absolutamente juzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje e incluso caníbal. Eran capaces de matar en una sola ceremonia a 70.000 personas", ha lanzado Cantó.

Por ello, ha insistido en que España les liberó de aquello y a partir de ahí se consiguió crear "una historia común, con una lengua común y un legado histórico" del que dice que es necesario sentirse "orgullosos".

"Me siento orgulloso de mi patria, de lo que llevó a cabo la iglesia católica, de ese legado y de toda la historia. Entiendo que los comunistas se avergüencen de su país pero permítanme estar en las antípodas de lo que ustedes han pensado hoy", ha lanzado a la oposición.

En declaraciones a los periodistas tras finalizar la comisión, Cantó ha explicado que en su Oficina se meterán en esta "batalla cultural, como lo llaman algunos", porque se sienten "orgullosos" de esa liberación.

Por eso, ha recordado que fueron los primeros en celebrar los matrimonios mixtos, abrir universidades y decir que los indígenas tenían los mismos derechos. "Si se compara con EEUU nos podemos sentir orgullosos", ha concluido.

Así lo ha trasladado Cantó durante su comparecencia este miércoles en la Comisión de Cultura en la Asamblea de Madrid, a petición del PSOE, para dar cuenta sobre su gestión en la Oficina que dirige. Ha dado las gracias a las "dos mujeres" bajo las que está al mando, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Cultura, Marta Rivera, ha informado Europa Press.

Cantó ha indicado que quiere posicionar a la Comunidad de Madrid como centro "incuestionable" de la enseñanza del español y ser "una referencia internacional para esos sectores culturales que tienen como eje el español, favoreciendo la riqueza y el empleo".

En este punto, ha desgranado que los últimos datos de estudiantes de español en 2019 eran 17.936. Debido a la pandemia ha indicado que en 2020 se perdió el 90% de esos estudiantes y que este año la idea es que se recupere el 40% y el que viene el 80%.

Por eso, el 80-90% del trabajo de la Oficina va a ir encaminado a atraer a estudiantes de español y en español a la Comunidad, algo que ha dicho celebran desde el sector educativo, sindicatos artísticos y culturales. "No tenemos que ver con la promoción del español fuera de las fronteras, no pretendemos decirle a los españoles cómo tienen que hablar, son libres para ir coreando nuestra lengua día a día sin que nadie de fuera intente hacer una política de diseño", ha sostenido.

Así, ha pedido a todos los grupos parlamentarios que le hagan propuestas de trabajo para esta oficina y les ha invitado a que vayan a conocerla para que les presenten sus ideas.

Durante su intervención, ha recordado que la Comunidad propuso primero esta oficina antes de que Sánchez planteara el PERTE ligado a la lengua española. "No tenemos ningún problema con que nos plagie. Sánchez copia a Ayuso, pero nos gusta que nos copien, no nos quejamos y ojalá podamos trabajar conjuntamente", ha indicado, al tiempo que ha trasladado que no entiende por qué quiere descentralizar algunas administraciones de Madrid.

En este punto, ha sugerido a Sánchez que lleve su oficina del Español a Barcelona, Valencia, Baleares o País Vasco, porque "ahí hace falta que se defienda el español con el que se están vulnerando derechos y libertades".

Por último, se ha mostrado "orgulloso" de esta Comunidad porque le está ayudando "mucho" esta Oficina a entender y sorprenderse de la diversidad que tiene la región.

Un "chiringuito" y "fruto de la improvisación", critica la izquierda

Durante su turno de palabra, el diputado de Unidas Podemos Serigne Mbaye ha señalado que esta oficina le genera "serias dudas", no tanto por lo que podría llegar a ser sino por el papel que desempeña Cantó como director. "Todos sabemos que Ayuso es fuerte con los débiles, pero es especialmente generosa con aquellos que le son leales y que le ayudan a fortalecer su imagen. Chiringuito es el nombre que mejor lo define cuando sacan el castellano de las escuelas para que los niños aprendan materia en inglés y se les impide un estudio profundo", ha lamentado.

Por su parte, la diputada del PSOE Manuela Villa cree que la creación de esta oficina debería haber sido "más reflexionada y pausada" porque es "fruto de la improvisación, creada porque Cantó se quedó "fuera de las listas en las elecciones". Así, ha censurado esta forma de "utilizar lo público" y ha criticado que el Festival de la Hispanidad solo se esté celebrando en la ciudada de Madrid y no se lleve a cabo en municipios del resto de la región.

La diputada de Más Madrid Alicia Torija ha ironizado que en la Comunidad de Madrid en muchas iniciativas ponen nombres en inglés como la OpenHouse para la semana de la arquitectura, el Madbeach, el festival Dreambeach o el pistoletazo de salida de Madrid Rockandroll. ¿Esta es la defensa del español que vamos a ver en esta legislatura?, se ha preguntado, al tiempo que le ha pedido a Cantó que inviertan en Telemadrid y que gestionen las actividades relacionadas con la producción y lo exporten al exterior.

Por último, el diputado del PP Juan Soler ha recordado que la Oficina del Español estaba también en el anterior programa electoral de los conservadores y ha afeado al Gobierno de la nación que se haya copiado de la iniciativa de Ayuso porque "no quieren perder el tren una vez más frente a las iniciativas de la Comunidad". "¿Qué les molesta del español? Da la sensación de que la izquierda cuando escucha la palabra español le entra una especie de disipela que le hace ponerse automáticamente en contra", ha zanjado el diputado.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha alertado de que la idea de que la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid liderada por Toni Cantó "lidere el castellano" en el mundo le "preocupa porque hay veces que se despiertan sensibilidades inútilmente", en relación a otros países hispanohablantes. "Si alguien dice que con la representación del 8% de un idioma quiere liderarlo, puede suponer que nos ganemos el rapapolvo de otros países como México, con más hispanohablantes. Más que liderar o ser dueño de un idioma, es conveniente ayudar a un proyecto común de idioma", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press a la salida de un acto conmemorativo por el trigésimo aniversario del Instituto Cervantes en el que portavoces y representantes de los grupos parlamentarios han leído poemas en castellano y en distintas lenguas como el catalán, el asturiano y el gallego, en reconocimiento a la labor de esta institución en la promoción internacional de todas ellas.

Pese a que Montero ha admitido que esta "declaraciones políticas" no le preocupan como "director del Cervantes", sí lo hacen "como español". En cualquier caso, ha celebrado que si esta Oficina "sirve para que la Comunidad de Madrid invierta en el español y en cultura, bienvenido sea, porque se está muy falto de inversión cultural en España". "Todo lo que sea invertir en cultura y en la lengua tendrá nuestro apoyo", ha apuntado.

Respecto al lenguaje inclusivo, García Montero ha pedido "tener sentido común". "Fuera del sentido común se pone en peligro el lenguaje con ocurrencias. 'Amigues' es una ocurrencia que suena extraña y hace daño a las buenas causas: son ocurrencias que no ayudan a todo el cambio contra el machismo que debe dar la sociedad española para que llegue luego a las palabras", ha lamentado.

El director del Cervantes, que durante el acto ha leído el I capítulo de la Constitución Española para "remarcar la pluralidad" de lenguas en España, ha recalcado la "importancia de cuidar las palabras". "La relación con la palabra es un valor fundamental de la identidad", ha concluido.

"Con la palabra debatimos y negociamos"

El acto, que ha tenido lugar en la Sala Ernest Lluch del Congreso, ha comenzado con un saludo de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet y la intervención de García Montero. A continuación, algunos diputados ha procedido a leer poemas a su elección o extractos de la antología de poesía Quiero ser todas las voces, Quiero ser todas las voceseditada por el Instituto Cervantes con motivo de los 30 años de su creación, que aprobó el Congreso en marzo de 1991.

Batet ha sido la encargada de cerrar el acto con la lectura del poema Després de soterrada la tendresa, de María Beneyto, de la mencionada antología del Instituto Cervantes, y con un discurso en el que ha puesto en valor la labor llevada adelante por esta institución, con la que el Parlamento comparte "una base común: la palabra". La presidenta del Congreso ha dicho que la palabra es "la materia prima que sustenta el Parlamento", puesto con ella se impulsan iniciativas parlamentarias, se rinde cuentas y se controla la acción pública. "Con la palabra debatimos y negociamos, se fijan las normas consensuadas que rigen nuestra sociedad, conseguimos acuerdos constitucionales y pudimos redactar los artículos de la Constitución", ha enumerado.

Pero ha apuntado que con la palabra "también se manifiesta el disenso" para reconocer, "con pesar", que en la política y, singularmente en el Congreso, se esté "imponiendo" un clima de "polarización" y "descalificaciones personales" que, a su juicio, "se alejan absolutamente de los canones deseados para una Cámara de Representantes". "Es deber de todos respetar la palabra, defenderla y mimarla -ha manifestado-. Las palabras constituyen las lenguas y éstas los puentes de diálogo de todas las personas. Compartir la palabra es el modo de hacer enriquecedor el pluralismo en la cultura y tambióen en la política".

Si a cualquiera de nosotros nos pide la autoridad autonómica que afloje 75.000 euros para que Toni Cantó, el popular galán maduro fichado por la intrépida presidenta madrileña, pueda seguir viviendo de la política, nos funden. Para eso está lo público. A cada contribuyente madrileño le dan una pequeña sisa y ni lo notamos. El activista cultural, Toni Cantó, sí que lo notará. ¿Qué sabrá de lengua española, la aprobaría en la EGB con suficientes, algún necesita mejorar y poco más? Habrá que mirar los papeles del colorín.

A él lo que se le da es sacar rendimiento en las tablas y pantallas al palmito que natura regaló, que si se lo hubiera negado… a Salamanca habría tenido que acudir, a estudiar para ganarse la vida como cualquier tío sin gracia en las facciones que le dieron el día del reparto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se podía haber estirado un poco más, pensará Toni, como hacía la Aguirre con el épico capitán de las mesnadas de Vox, cuando hacía la travesía del desierto rumiando una modesta mamandurria de 80.000 euros al año, que tampoco es gran cosa, pero más que lo mío y encima no me compensará de las befas con que los españoles afilarán su mala leche a mi costa. Qué tendrá el chapo vigoréxico ese que no tenga yo.

Se conoce que esta, como procede de la secretaría de la mascota de Aguirre, encargada de toda confianza de las relaciones en redes sociales perrunas y confidenciales, se cree que con una buena cadena, un pienso equilibrado y un par de bonitos collares de quita y pon ya está cubierto el expediente.

El caso es que la presidenta actual debió hacer un muy buen trabajo de becaria del perrito, la propia Aguirre quedó muy contenta con el gracejo de Ayuso escribiendo tuits de perro a otros perros y mascotas de los líderes del PP, entonces en la cúpula del partido y a niños o a los Reyes Magos… Ayuso por entonces era sólo una promesa de las jóvenes generaciones del Frente de Juventudes del PP y desde ese modesto puesto supo servir a España y ahí la tienes que en cuanto Casado pierda el paso, ¡zas!, lo retractila y lo franquea para su capital de provincia a la consulta dental o ginecológica o lo que sea, de su señor padre. Yo debo estar atento a la pisotada e ir a rebufo de la presidenta al Parnaso de la política del PP tan creativa dentro de las limitaciones que la ubicación de jueces en lugares clave aparentemente permite.

El avezado político continúa elaborando con certera precisión el programa que urde su mente de agitador cultural, que no sabía que le tocaría ser el gallardo paladín del español como a Ayuso le tocó ser el alter ego de una mascota. Asuntos que, como demuestra la experiencia, bien trasteados rinden frutos, dan dinero, si no que se lo digan a él, que a partir de su nombramiento, vive de la lengua española como si fuera un académico, pero sin perder el tiempo en estudiar que tiene más mérito; o que se lo digan a la presidenta que empezó por caerle en gracia a un perrito y hoy es la mascota más querida de los madrileñosmascota. Tanto como para que los madrileños y las madrileñas se saquen de la parpusa o el mantón correspondientes 75.000 euros del ala para darle a Toni algo para que vaya pillando y a cambio les parezca descacharrantemente divertido dejar a un par de sanitarios o maestros o 100 becas o los respectivos servicios públicos en la inopia y a sus desvalijados ciudadanos rascándose las llagas con una teja.

Una teja probablemente de las casas que la alcaldesa Botella enajenó a los madrileños que no levantan al año ni 75.000 euros. Los del Foro se dejaron arañar otro poquito para que todos pudiéramos tener alguien que nos sostenga cuando haga falta, o una pared a la que arrimarse y poder llamar casa. De la oficina de un perrito salió la actual presidenta. La defensa del español es el perrito de Toni. Muy mal se tiene que dar para no ser el próximo presidente de la Comunidad o fundar su propio partido con la cantidad de guapos que hay en provincias que saben llevar un traje.

Tengo que pensar en un nombre. Luego dicen, la defensa del español es un no parar.

                       Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre

“En el desfile, yo no pondría un cojo”, dijo cierto día la presidenta de la Diputación de Alicante, la malograda María Luisa Lillo, en clara referencia a limpiar de dudosos o imputados las listas de notables en los partidos.

Cojo y cojera son, normalmente, también expresiones metafóricas para denotar chanchullería, inestabilidad, falta de resolución o de capacidad. Y hemos de recordar que el cojo es una figura mítica o legendaria a lo largo de la historia, al igual que el tuerto o el manco, por aquello de que el personaje en cuestión debe suplir con otras cualidades la falta física sufrida, así el pirata pata de palo, el mariscal de ojo torcido, el sabio ciego...

Aunque se delataba una cierta incapacidad, los dimes y diretes clásicos nos ponían sobre aviso: “Mujeres castas, guardaos de los cojos”, es decir, de aquel que aparenta que no puede, pero que después sacará todas sus otras artes no vistas. La Ley antigua prohibía el sacrificio de animales cojos o con defecto. No era leal. No era ni estético ni ético. La cojera parecía llevar aparejadas connotaciones peculiares, y es así como se retrata, por ejemplo, al demonio, liante y festero: el diablo cojuelo en la literatura castellana.

De ser cierto todo esto, deberíamos estar tomando precauciones ante quien ha cojeado entre tantos partidos políticos. Estamos hablando de Toni Cantó (UPyD, Ciudadanos, PP...). ¡Claro!, cojo-cojeando, hasta la siguiente parada. Es lo de esperar. Es para lo que sirve uno. Lo malo es que no se den cuenta. Y, así,¡quien con cojos anda, al año cojo y medio! Todo se pega. O es que uno es igual al otro. Aunque “se cae antes el marrullero que el cojo”.

Y, paradojas de la vida, en los tiempos de hoy, la figura del cojo resulta que atrae, bien por pirata, bien por demonio que todo lo enreda. Miren qué nos dice Joaquín Sabina (o pongan, si quieren, a la Ayuso):

Entre todas las vidas, yo escojo

la del pirata cojo

con pata de palo

con parche en el ojo,

con cara de malo,

el viejo truhán, capitán

de un barco que tuviera

por bandera

un par de tibias y una calavera.

Jesús Moncho es socio de infoLibre

Isabel Díaz Ayuso ha creado la Oficina del Español. ¡Bien hecho! Estaba TripAdvisor llenito de reseñas de turistas que, más o menos, venían a decir que sí, que Madrid muy bien, pero que echaban de menos una oficina del español. Por ejemplo, Dimitar Velikova, un búlgaro que tras pasar dos días en la capital se marchó asegurando que no volvería a Madrid si no se creaba la citada oficina. Pues bien, Dimitar acaba de confirmar que llega el martes. Lo hizo a través de una reserva en el Hotel-Fonda José Luis, un elitista establecimiento que ha manifestado al señor Velikova que le acogerán con los brazos abiertos siempre y cuando le acompañen en su vuelta las dos toallas que se llevó.

La decisión de crearla fue anunciada en rueda de prensa por Enrique Ossorio –consejero de Educación y portavoz del gobierno autonómico–, quien afirmó que la intención de tal medida era "convertir a Madrid en la capital europea del español", lo cual no parece difícil habida cuenta de que es la única capital europea donde se habla. Personalmente, creo que en Düsseldorf lo tendrían más complicado, pero no puedo asegurarlo.

Ossorio, preguntado por el cometido de la institución, pudo dar la equivocada impresión de que podría tratarse de un chiringuito a través del cual compensar a Toni Cantó –su futuro director– por haberse quedado fuera de las listas del PP. Sobre todo cuando dijo que la oficina se entregaría a la búsqueda de "sinergias" con "entidades culturales internacionales" para "realizar acciones de puesta en valor" del idioma y la gestión de "informes" y "encuentros" que "fomenten" el "debate" en torno a la "potencialidad" del español. Ossorio debería saber que, en comunicación política, si juntas en un mismo párrafo términos como "sinergias", "puesta en valor", "potencialidad" e "informes", no hace falta tener la nariz del perfumista de Dior para percibir el aroma a chiringuito.

Afortunadamente, la sospecha carece de fundamento si tenemos en cuenta que Ayuso expresaba manifiestamente en el programa electoral con el que concurría a las elecciones –página 64, punto 108–, su intención de fomentar "el estudio del español […] potenciando la Comunidad de Madrid como destino para aprender español y espacio de referencia del Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española". O, lo que es lo mismo, Ayuso pretende que en un par de años los turistas extranjeros que acudan a Madrid sepan pedir hasta quince bebidas alcohólicas en castellano.

¿Podemos culparla por cumplir algo que anunciaba en su programa? No. Aunque habrá quien se pregunte por qué el punto 108 adquiere de repente una prioridad que no parecen tener los 107 restantes. Me temo que es una pregunta sin respuesta. La privilegiada cabeza de Ayuso –o, como yo la llamo, la Hipatia de Chamberí–forma parte de un universo libre, conservadoramente anárquico, donde no son bien vistas las imposiciones, ni siquiera la del orden numérico. Lo que Ayuso nos está diciendo es "puede que en tu vida el 7 vaya antes que el 8, pero la verdadera libertad es ponerlo después". Inapelable.

En todo caso, descartada la hipótesis de que la Oficina del Español sea un chiringuito, la segunda cuestión que preocupa a medios como este donde escribo mientras encuentro algo mejor es: ¿ha acertado Ayuso poniendo al frente de la oficina a un actor en lugar de un filólogo? Plenamente.

Quienes critican en Toni sus veleidades ideológicas y la facilidad con que cambia de partido buscando figurar en un puesto de relevancia ignoran, precisamente, que es actor. No persigue el cargo, sino el personaje. Nadie se hace actor para interpretar a Reinaldo, el criado de Polonio. Ni siquiera para hacer de Polonio. Uno se hace actor para dar vida a Hamlet. O a su equivalente en la vida real, el director de la Oficina del Español. Toni ha luchado como nadie por conseguir ese papel.

Los castings son duros. Y en política mucho más porque trascienden el entorno cerrado de una sala. El aspirante tiene, además, que emplearse a fondo en la esfera pública. Así lo ha hecho Toni desde hace meses. Consciente de que ni sus aptitudes, ni su formación, ni su currículum son los más indicados para optar al papel en juego, se ha decantado por ese otro método que, en ocasiones, te facilita entrar en el elenco: la perseverancia. En este caso, perseverancia en la adulación.

Toni se ha volcado en el elogio a Díaz Ayuso. No había día en el que en Twitter no piropeara su gestión, no celebrara una declaración de la presidenta o se entregara sin pudor a enaltecerla. Toni hubiera matado por el papel de director de la Oficina del Español. Ayuso lo sabía y se lo ha dado para evitar la muerte de un filólogo.

Hay quienes afean a Toni que vaya a embolsarse algo más de setenta y cinco mil euros anuales por desempeñar el cargo. En julio de 2016 tuve ocasión de asistir al Festival de Teatro de Mérida (capital europea del calor) y verlo en el montaje de Aquiles, el hombre. Créanme, si logras mantenerle alejado del teatro, setenta y cinco mil euros no es dinero. Yo llegaría a los cien mil.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este jueves que no valora las encuestas del CIS porque no cree en él, sugiriendo que el organismo presidido por José Félix Tezanos "es menos útil en estos momentos" que la Oficina del Español que dirigirá Toni Cantó, según informa Europa Press.

"Si va a ser un organismo dirigido por políticos a lo mejor va siendo hora de darle carpetazo. Tanto que se ofenden con la Oficina del Español, a lo mejor el CIS es menos útil en estos momentos", ha declarado ante los periodistas, tras inaugurar la nueva sede judicial de San Lorenzo de El Escorial.

En este contexto, Ayuso ha defendido que la Oficina del Español no es un "chiringuito" porque no lo ha creado expresamente para su recién nombrado director, Toni Cantó, y se ha mostrado sorprendida de que se mire "con tanta lupa".

"Sería un chiringuito si yo lo hubiera creado para él pero yo en todas mis intervenciones hace dos años estoy anunciando que quiero crear un proyecto como esté. Lo hice en el inicio del curso universitario hace dos años, en el debate de investidura, en los distintos programas (electorales)... en todas mis intervenciones", ha sostenido.

Ayuso ha subrayado que si ella crea "un puesto en un organismo político para un político" no ve "descabellado" que lo encabece "un político que además pertenece al mundo de la cultura".

A la dirigente madrileña le sorprende que se mire "con tanta lupa", director a director, toda la composición del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no se haga con el resto de las comunidades autónomas o con el propio Gobierno de España.

El Gobierno "incrementa un 27% en cargos"

En este sentido, ha puesto el foco en que este jueves se ha conocido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha batido el récord en cargos de confianza con 764 asesores, superando el máximo histórico" de su propio Gobierno y suponiendo "un incremento del 27% en cargos".

Además, ha incidido en que actualmente el 90% de los ministerios están ocupados por socialistas y ha recordado que son 23 los ministerios. "Creo y quisiera que se mirara con la misma lupa todos los nombramientos que se hacen en todas las administraciones, empezando por los amigos del presidente, los compañeros de clase del presidente y todos los nombramientos que se están haciendo en otras comunidades", ha declarado.

Ayuso ha incidido en que a veces percibe "que la diana se está poniendo porque se trata del español porque si fuera para otras prácticas probablemente no tendría tanto interés". Para la dirigente regional, "en un momento en el que se atacando y se está ocultando el papel del español como idioma creo que interesante que la capital del país estudie como seguir difundiendo y promoviendo esta lengua".

Funciones "complementarias" a las del Instituto Cervantes

La conservadora ha sostenido que las funciones del Instituto Cervantes "son complementarias" a las que pueden desarrollar desde las comunidades autónomas que tienen competencias en universidades, cultura, turismo y, sobre todo, en las aulas.

"Hoy la capital del español en el mundo en la producción audiovisual está en los Estados Unidos, siendo una industria de gran peso. Es la lengua más extendida a través de la música y no tiene el epicentro en su propia capital. Además, las universidades españolas y en concreto la de Madrid van a recibir cada vez más y mejores estudiantes de todos los rincones del mundo pero especialmente de los lugares con los que tenemos lazos de hermanamiento", ha manifestado.

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, se ha referido este jueves al exmiembro de Ciudadanos y UPyD y recién nombrado director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Toni Cantó, como "un mierda que va a vivir a costa de los españoles, cobrando un sueldo de 75.000 euros al año por no hacer nada".

Así lo ha aseverado el regidor vallisoletano este jueves, en declaraciones recogidas por Europa Press, al ser preguntado por varios mensajes que ha publicado a primera hora de la mañana en la red social Twitter en los que ya llamaba "mierda" a Cantó y aseguraba que va a cobrar 75.000 euros por "rascarse los huevos".

Puente ha recalcado que "no es ningún calentón", por lo que no se "corta" y reitera el descalificativo, pero la segunda afirmación descriptiva prefiere no repetirla.

"Efectivamente, es un mierda, no me corto ni medio pelo a la hora de decirlo. Y es un mierda que va a vivir a costa de los españoles y a cobrar 75.000 euros al año por no hacer nada", ha apostillado.

El alcalde ha recordado que en su momento se calló cuando, en enero de 2020, cuando su hermana, Sofía Puente, fue nombrada directora general del Ministerio de Justicia, le acusó "de nepotismo, de haberla enchufado".

Óscar Puente ha defendido que su hermana tiene "una trayectoria inmaculada" ya que ha sido "número dos en su carrera fiscal cuando sacó la oposición", que fue directora general del Centro de Formación de Fiscales y Jueces.

Por todo ello, ha considerado que hoy, con el nombramiento para ese cargo dependiente de la Comunidad de Madrid, se revela "quién es este tipo".

Cantó defiende el departamento

Toni Cantó, por su parte, ha defendido este jueves que este nuevo departamento, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes que encabeza Marta Rivera de la Cruz, no es "un chiringuito" como acusa con "virulencia la izquierda", de quien ha señalado que no le sorprenden sus ataques al no gustarles nada "lo que tiene que ver con el español".

En una intervención en Telecinco, recogida por Europa Press, Cantó se ha mostrado "ilusionado" y agradecido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por ponerle al frente de esta nueva oficina creada para que se ayude a coordinar "el trabajo de todo lo que tiene que ver con el español para la creación de riqueza y empleo".

"No me sorprende la virulencia con la que la izquierda ha recibido este nombramiento porque todo lo que tenga que ver el español, por desgracia en nuestro país, ha sido siempre muy atacado por el PSOE, sus aliados nacionalistas y por Podemos. No esperaba que se recibiera este proyecto con cariño", ha subrayado.

Así, ha señalado que el español "puede ayudar a Madrid a que siga siendo el motor económico de España" mientras otras regiones como la Comunidad Valenciana está "arrinconando el español empobreciendo a los ciudadanos".

"Está bien que Ayuso haga lo contrario. Otros países hacen de la enseñanza de la lengua un gran motor económico y queremos potenciar cosas que tienen que ver con la cultura o con proyectos audiovisuales", ha detallado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha situado al frente de la Oficina del Español al exportavoz de Ciudadanos en Valencia, Toni Cantó. Este es un nuevo departamento dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, según informa Europa Press.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por la dirigente madrileña ha aprobado este miércoles su nueva estructura, según han informado fuentes del Ejecutivo madrileño.

"La lengua española es un activo cultural, social y económico que compartimos con casi 600 millones de personas en todo el mundo y que tiene un potencial extraordinario que la Comunidad de Madrid va a explotar. El objetivo es hacer de Madrid la capital del español en Europa. Lograrlo tendría grandes beneficios no sólo en el ámbito cultural y académico, también en el turístico, económico y empresarial", han destacado estas mismas fuentes.

Entre los fines de la Oficina del Español se encuentran "la promoción de la Comunidad de Madrid como capital europea del español, interlocución con instituciones para impulsar las oportunidades económicas del español y la colaboración activa con entidades dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid que trabajan por el impulso del español". 

También se buscarán sinergias con entidades culturales internacionales para realizar acciones de puesta en valor del español, y se gestionarán informes y encuentros que fomenten el debate en torno a la potencialidad del español, ubicando en la Comunidad de Madrid el encuentro de expertos y líderes de opinión.

Apoyo a Ayuso desde marzo

Cantó abandonó a mitad de marzo Ciudadanos, en el Comité Ejecutivo del partido convocado con urgencia tras la fallida moción de censura presentada en Murcia y la convocatoria de elecciones en Madrid.

A su salida, en declaraciones a los medios, el exdirigente naranja criticó duramente las decisiones adoptadas, apostó porque su formación y el PP concurrieran juntos a las elecciones madrileñas y arremetió contra el exvicepresidente regional, Ignacio Aguado, a quien consideraba uno de los responsables de la ruptura del Ejecutivo.

Días después Cantó ya empezó a hacer campaña activa por la presidenta madrileña. Aseguró en numerosas entrevistas televisivas que la admiraba desde hacía tiempo y que eran quien mejor defendía los intereses de los trabajadores.

Ayuso y el exportavoz de Ciudadanos en Valencia, que ya se conocían de antes y habían llegado a comer juntos con la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, se reunieron en la Puerta del Sol a mitad de marzo para tratar su posible inclusión en la lista electoral.

Toni Cantó, exdirigente de Ciudadanos y ahora uno de los mayores valedores de Isabel Díaz Ayuso en la campaña de las elecciones del próximo 4 de mayo, fue hasta finales de 2020 apoderado de una empresa dedicada a "actividades de distribución cinematográfica y de vídeo", circunstancia de la que no informó a las Cortes Valencianas cuando adquirió la condición de parlamentario un año y medio antes, cargo que ejerció hasta hace pocas semanas. infoLibre se ha puesto en contacto con el actor y político, que asegura que no había sido "consciente" de haber mantenido tanto tiempo ese vínculo con la sociedad y que "ni siquiera recordaba" haber sido apoderado.

Según la documentación que obra en el Registro Mercantil, Birmarkit S.L. fue constituida en 1999 con domicilio social en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares y como administradora única figura la actriz Mar Regueras, expareja de Cantó, el cual fue apoderado entre 2006 y finales de 2020. La empresa tuvo mayor actividad durante los primeros años, por ejemplo, en 2003 declaró un importe neto de la cifra de negocios de 116.577 euros; peor en los últimos años han descendido considerablemente sus ingresos, hasta situarse en 28.099 euros en 2017 y no declarar ninguno en 2018 y 2019. A nombre de la sociedad figura una vivienda en pleno centro de Barcelona adquirida en el año 2005, tal y como consta en el Registro de la Propiedad de la Ciudad Condal.

Al ser preguntado por este periódico por qué no incluyó el apoderamiento en su declaración de bienes y actividades de las Cortes Valencianas, Cantó ha explicado que "no era consciente" de haber mantenido hasta finales del año pasado el apoderamiento de la empresa y que "ni siquiera recordaba haber sido apoderado", pues de su inclusión hace ya quince años, cuando "no tenía actividad política".

El exdiputado dice haber consultado con su expareja sobre este extremo, después de que infoLibre se pusiera en contacto con él para recabar su versión, y que ella le ha explicado que fue efectivamente en 2020 cuando se dio cuenta de que no había elevado a comunicación pública del Registro Mercantil que él no figuraba en las escrituras de la sociedad desde que se separaron, por lo que fue entonces cuando hizo el trámite. "La relación acabó hace esos quince años y lo único que pasó es que ella no lo elevó a público", sostiene Cantó.

En un primer momento, el pasado viernes, el exdiputado explicó que no recordaba si había sido copropietario de Bimarkit S.L. en algún momento y que la vivienda de Barcelona es propiedad de Mar Regueras. Al ser consultado de nuevo este lunes sobre este extremo, aseguró que ha podido comprobar que "nunca" fue copropietario de la empresa, por lo que "nunca" fue copropietario del inmueble sito en la Ciudad Condal.

Una candidatura anulada por el Constitucional

Toni Cantó fue hasta hace poco más de una semana número 5 en la lista del PP madrileño a las elecciones del 4 de mayo, en la que fue incluido sólo diez días después de dejar su escaño en la Cámara valenciana, en la que había sido portavoz de Ciudadanos. Su candidatura, junto con la del exalcalde de Toledo Agustín Conde, fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, que les consideró "inelegibles" al haberse inscrito en el censo electoral fuera de plazo. El Tribunal Constitucional confirmó esta decisión al determinar que la condición de elector es "esencial" para ser candidato. No obstante, todas las fuentes del partido conservador consultadas coinciden en señalar que Díaz Ayuso sabrá premiar este contratiempo y daría a Cantó un puesto destacado en la estructura de un posible gobierno.

A pesar del vínculo claro con la empresa Bimarkit S.L. durante catorce años, Cantó no lo reflejó en la declaración de bienes y actividades que presentó en las Cortes Valencianas cuando fue elegido diputado tras las elecciones autonómicas de abril de 2019. En dicha declaración, presentada como el resto de parlamentarios en junio de ese año y consultada por este periódico, figuran cinco inmuebles en Madrid, Torrelodones (Madrid), Oropesa (Castellón) y Santa Eulalia (Ibiza), así como un vehículo, el saldo bancario y dos préstamos hipotecarios. Pero ni rastro de la empresa de la que en ese momento era apoderado, circunstancia que debería haber reflejado en su declaración de actividades. Lo único que hizo constar Cantó es que, "eventualmente", ha realizado "alguna actuación de teatro". 

El artículo 21.1 del Reglamento de las Cortes Valencianas establece como requisito para adquirir la plena condición de diputado la presentación de una declaración de actividades y una declaración de sus bienes patrimoniales. Durante su mandato, los parlamentarios deben comunicar las modificaciones que se produzcan en las citadas declaraciones e, igualmente, deben realizar una declaración final de estas al concluir su mandato. En la parte de actividades, los diputados deben incluir "todas las actividades que ejerzan y que, conforme a lo establecido en la legislación vigente, puedan constituir causa de incompatibilidad y, en general, las que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos". Cantó no realizó ninguna modificación de la declaración inicial que registró. La declaración final del exdiputado aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Cámara autonómica porque la actualización se lleva a cabo en enero de cada año, de modo que no se conocerá hasta principios de 2022.

La figura del apoderado de una empresa no debe confundirse con la de administrador. El apoderado, frente a las amplias facultades que confiere la ley al administrador, únicamente podrá desempeñar las funciones determinadas en el poder que le fuera conferido, por lo que se le puede otorgar el apoderamiento para una tarea muy concreta o conferirse un poder general y amplio para gestionar la marcha cotidiana de la empresa. En el Registro Mercantil se especifican siempre los pormenores del apoderamiento.

Invocar un derecho amparado en la Constitución no puede implicar saltarse las leyes que lo regulan. Es el mensaje que lanza el Tribunal Constitucional al PP tras el recurso de amparo que presentaron Toni Cantó y Agustín Conde después de que fueran excluidos de la candidatura que lidera Isabel Díaz Ayuso para las elecciones en la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. Según las leyes electorales citadas por el tribunal de garantías, para poder ser elegido en Madrid se debe estar inscrito en el censo electoral, lista que se cerró el 1 de enero de 2021, una condición que deja clara de forma "muy precisa" la normativa electoral vigente.

Para el tribunal de garantías, no cabe en el caso de Conde y Cantó cambiar esta conclusión alegando el principio de interpretación más favorable a la efectividad del derecho fundamental que ambos invocan "insistentemente" en el recurso de amparo. Y es que hay que tener en cuenta que "los derechos de participación reconocidos en la Constitución han de ejercerse en el marco establecido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que los desarrolla y concreta, de modo que los límites establecidos en ella no pueden enervarse ni alterarse por la vía de la interpretación más favorable al derecho fundamental pues, si así fuera, quedaría en manos del intérprete y no en las del legislador" que redactó la norma.

En el supuesto del exdirigente de Ciudadanos y del exalcalde de Toledo, subraya el Constitucional, "existe una normativa electoral muy precisa, de la que se deriva claramente en qué términos han de ejercerse los derechos de sufragio activo y pasivo, por lo que no ha lugar a desvirtuar o dejar sin ningún efecto las reglas establecidas por el legislador so pretexto de la invocación del principio de interpretación más favorable".

La sentencia del tribunal de garantías, con ponencia de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, clarifica así las condiciones que debe reunir un candidato para poder ser incluido en una candidatura electoral y confirma que la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid del domingo pasado no vulneró el derecho de Cantó y Conde a ser sujetos de sufragio pasivo, "en la medida en que realizó una interpretación de la legalidad aplicable a las elecciones a la Asamblea de Madrid absolutamente acorde con las exigencias del artículo 23 de la Constitución".

Los dos excandidatos alegaban este derecho fundamental que otorga la Carta Magna, que establece que "los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal" y que "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes". Pero esa igualdad, dice el Constitucional, "ha de verificarse dentro del sistema electoral que libremente sea determinado por el legislador, impidiendo las diferencias discriminatorias, pero a partir de las reglas del sistema y no por referencia a otro".

Condiciones que se aplican a todos los ciudadanos por igual

Es decir, el tribunal no niega el derecho fundamental que emana de la Carta Magna, ni mucho menos, pero explica que de ese derecho emanan unas leyes, en este caso las electorales, que establecen los requisitos para poder participar, como sujeto activo o pasivo, en unos comicios. Esas condiciones legales se aplican "a todos los ciudadanos por igual, sin obstáculos para que todos ellos concurran en unas mismas elecciones y en unos mismos distritos o circunscripciones en idénticas condiciones y sin que existan diferencias injustificadas o irrazonables en aplicación de las condiciones legales". "Así pues, el derecho de acceso a los cargos públicos que se recoge en el artículo 23 de la Constitución es, inequívocamente, un derecho de igualdad, como taxativamente se afirma en el propio precepto constitucional, de modo que el derecho mismo resultaría violado si se produjera cualquier género de discriminación o preterición infundada en el proceso de acceso al cargo público representativo", añade la sentencia.

Como cuerpo legislativo a tener en cuenta, el Constitucional cita la Ley Electoral de Madrid, que considera que no se cumple en los casos de Cantó y Conde, pues como ya expuso el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en su artículo 2.2 "exige de manera indispensable para el ejercicio del derecho de sufragio activo la inscripción en el censo electoral vigente, expresión esta última que ha de ser puesta en conexión con lo que determina el artículo 39.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) sobre que “el censo electoral vigente será el cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria”.

Para el tribunal de garantías, esta redacción no da pie a que "quepan ulteriores incorporaciones con posterioridad" a la fecha que establece la LOREG, pues esta misma ley determina que "no serán tenidas en cuenta para la elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una circunscripción a otra realizado con posterioridad a la fecha de cierre del censo para cada elección, debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio anterior”. "Esa carencia que presentan los candidatos recurrentes implica, según la legislación electoral aplicable y la doctrina constitucional, que no pueden ser elegibles, porque para ello sería necesario que tuvieran la condición de elector", remarca.

La condición de elector es, insiste la sentencia, "esencial" para ser candidato. "Esta carencia priva de virtualidad a su representatividad, porque difícilmente pueden identificarse y representar los objetivos de un grupo electoral al que no pertenecen, cuyo derecho de sufragio activo se ha de proteger", afirma.

La LOREG, además, fue reformada en el año 2011 para prohibir la incorporación de electores de quienes cambien de residencia después de la fecha del cierre del censo de cada elección, es decir, dos meses antes de unos comicios, una modificación que trataba de dar "cumplimiento a la exigencia de reforzar las garantías para impedir que los denominados empadronamientos fraudulentos o de conveniencia con fines electorales consigan su objetivo".

Las leyes están llamadas a ser respetadas

Cantó y Conde trataban de "soslayar" su tardía inscripción en el censo alegando que el artículo 4.2 de la Ley Electoral de Madrid manifiesta que "los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del censo electoral vigente podrán serlo, siempre que con la solicitud acrediten de modo fehaciente que reúnen todas las condiciones exigidas para ello". Pero "tal interpretación no puede admitirse", dice el Constitucional, pues "cuando el legislador ha establecido, legítimamente, el requisito de la inscripción censal, su previsión está llamada a ser respetada y a exigirse en los procesos electorales, pues ello resulta acorde con la exigencia de que las normas electorales sean cumplidas en cuanto constituyen garantía del correcto desarrollo de la elección, de modo que culmine con la proclamación de los candidatos que hayan sido preferidos por el cuerpo electoral”.

Al momento que determina la LOREG para estar inscritos en el censo, ni Cantó ni Conde estaban "en situación de obtener la vecindad de la Comunidad de Madrid ni, por supuesto, de quedar inscritos en dicho censo en tal condición de ciudadanos de la comunidad autónoma, pues se inscribieron en el padrón de habitantes de la ciudad de Madrid con posterioridad a la convocatoria de las elecciones a la Asamblea autonómica, en concreto, en fechas 22 y 26 de marzo de 2021, respectivamente".

Aparte de todo esto, el Tribunal Constitucional recuerda "una circunstancia añadida en este caso, que debe tenerse presente", y es que "aquí no se encuentra comprometido solamente el derecho de sufragio pasivo de los recurrentes, sino que concurre con el mismo, al unísono, otro derecho estrechamente entrelazado con él, el proclamado en el art. 23.1 de la Constitución a favor de los ciudadanos para participar en los asuntos públicos directamente o mediante representantes libremente elegidos". Dar la razón a Cantó y Conde cuando no resultan elegibles según la legislación electoral "daría lugar a la postergación" del derecho a sufragio activo de los electores, que "se vería sacrificado" en beneficio de los excandidatos del PP. "Todo lo cual, por extensión, implicaría una clara distorsión de la representación política, que no respondería en este caso a los presupuestos y fines que le son propios", concluye.

Un magistrado discrepante ve en la sentencia un "elitismo fuera de lugar"

Esta sentencia del tribunal de garantías, que salió adelante gracias al voto de calidad del presidente de la institución, el conservador Juan José González Rivas, cuenta con tres votos particulares de tres magistrados del sector considerado conservador, para quienes se debió hacer una interpretación más favorable de las leyes. Uno de ellos es Andrés Ollero, quien durante diecisiete años fue diputado del PP en el Congreso. Este magistrado no está de acuerdo con las conclusiones de la sentencia al entender que "la especial transcendencia constitucional del problema no es compatible con un intento de solución formalista", y considera que la interpretación de las leyes debió hacerse del modo "más favorable" a Cantó y Conde al tratarse del "ejercicio de un relevante derecho fundamental".

Va más allá e incluso advierte un "sesgo populista" en la resolución contencioso-administrativa que les sacó de la lista del PP popular. Es más, afirma que tanto Cantó como Conde reúnen "la característica de haber logrado por su trabajo profesional y experiencia parlamentaria un notable grado de conocimiento", por lo que cree que "habría que preguntarse si su posible incidencia mediática y arraigo social va en desdoro sólo de una popularidad quizá malentendida desde un elitismo fuera de lugar".

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado mantener a Toni Cantó y a Agustín Conde fuera de la lista de la candidatura encabezada por Isabel Díaz Ayuso a las elecciones del próximo 4 de mayo, han informado a Europa Press fuentes del tribunal de garantías.

La votación muestra a una Sala "fracturada" al salir empate a tres, siendo resuelto a favor de la desestimación con el voto de calidad emitido por parte del presidente de la Sala, Juan González Rivas.

La Sala, que admitió el pasado martes el recurso, está integrada por una mayoría de magistrados del sector conservador de este órgano, que son el presidente, Juan José González Rivas y los magistrados Andrés Ollero –ex diputado del PP–, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya. El tribunal se completa con los progresistas Cándido Conde-Pumpido y María Luis Balaguer, que es la ponente de este asunto.

La Fiscalía solicitó ayer mantener a sendos candidatos fuera de la lista del PP al no reunir los requisitos que establece la Ley electoral madrileña para poder ser elegibles.

En las alegaciones se sigue el criterio del juez de lo Contencioso-Administrativo que acordó apartarles al no cumplir con los requisitos de empadronamiento previo al cierre censal, fijado el 1 de enero de 2021.

El fiscal esgrime que para el ejercicio del derecho de sufragio activo en la Comunidad de Madrid es "indispensable, con arreglo al artículo 2.2. de la ley, la inscripción en el censo electoral vigente, que será cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria".

Los conservadores decidieron acudir al tribunal de garantías al "no ser cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo", un extremo que "jamás se ha exigido hasta este caso".

Antes de que el juez acordara excluir a sendos candidatos, la Junta Electoral Provincial validó la candidatura de Ayuso al haber aportado Cantó y Conde sus DNI constando ambos domicilios en Madrid. Pero el juez entendió a instancias de un recurso del PSOE que ambos empadronamientos no cumplían con la normativa en base a que la Ley madrileña establece que no puede presentarse "quien no esté domiciliado en Madrid antes del 1 de enero de 2021".

El PP impugnaba en su recurso "la interpretación restrictiva del derecho fundamental de participación política" que hace el juez de instancia, así como la imposición de "un requisito restrictivo no amparado por la ley ni por la doctrina" en relación a la exigencia de empadronamiento previo al cierre censal.

Cantó respeta la decisión e insiste en que se dedicará "en cuerpo y alma" a que Madrid "siga siendo libre"

El exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha mostrado su respeto a la decisión del Tribunal Constitucional.

"Como mantuve desde el primer momento, eso no era lo principal. Lo importante es que el 4M Madrid siga siendo libre. Y es a lo que me voy a dedicar en cuerpo y alma esta campaña", ha escrito en sus redes sociales, tras conocer el fallo.

Por su parte, en un acto que mantuvieron juntos ayer por la tarde él y la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, la dirigente madrileña aseveró que pasase lo que pasase Cantó siempre sería uno de los suyos.

"Tú ya has ganado porque te has ganado un espacio en el corazón de todas las personas que forman parte de este proyecto popular", le dijo directamente la jefa del Ejecutivo madrileño.

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional que mantenga a Toni Cantó y a Agustín Conde fuera de la lista del PP a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

Tras admitir el recurso del PP contra la exclusión de sendos candidatos de la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, el Constitucional daba ayer traslado del asunto a la Fiscalía y al PSOE para que presentarán alegaciones.

En las alegaciones se solicita que se mantenga su exclusión de la lista, siguiendo el criterio del juez de lo Contencioso-Administrativo que acordó apartarles al no cumplir con los requisitos de empadronamiento previo al cierre censal, fijado el 1 de enero de 2021.

El Constitucional acordó admitir a trámite el recurso del PP al entender que concurre "una especial trascendencia constitucional", dado que "el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina" en relación al derecho de participación política.

Los magistrados afirmaban en la providencia que el asunto trasciende el caso concreto "porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales" ante las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

Los populares decidieron acudir al tribunal de garantías al "no ser cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo", un extremo que "jamás se ha exigido hasta este caso".

Antes de que el juez acordara excluir a sendos candidatos, la Junta Electoral Provincial validó la candidatura de Ayuso al haber aportado Cantó y Conde sus DNI constando ambos domicilios en Madrid. Pero el juez entendió a instancias de un recurso del PSOE que ambos empadronamientos no cumplían con la normativa en base a que la Ley madrileña establece que no puede presentarse "quien no esté domiciliado en Madrid antes del 1 de enero de 2021".

El PP impugnaba en su recurso "la interpretación restrictiva del derecho fundamental de participación política" que hace el juez de instancia, así como la imposición de "un requisito restrictivo no amparado por la ley ni por la doctrina" en relación a la exigencia de empadronamiento previo al cierre censal.

Proporción de cuatro a dos. Cuatro magistrados del sector considerado conservador del Tribunal Constitucional y otros dos del progresista forman parte de la Sala que deberá decidir si se vulneraron los derechos de Toni Cantó y Agustín Conde, y en extensión del PP, después de que un juez de lo Contencioso-Administrativo de Madrid les excluyera de la lista que lidera Isabel Díaz Ayuso para las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo.

Según la providencia del tribunal de garantías en la que se admite a trámite el recurso de amparo presentado por el partido conservador, los magistrados que estudiarán el caso son el presidente del órgano, Juan José González Rivas –nombrado a propuesta del PP en el Congreso–, además de Andrés Ollero –a propuesta del PP en el Congreso–, Santiago Martínez-Vares –a propuesta del ala conservadora del CGPJ–, Alfredo Montoya –a propuesta del PP en el Senado–, Cándido Conde-Pumpido –a propuesta del PSOE en el Senado– y María Luisa Balaguer –a propuesta del PSOE en el Senado–. Balaguer será la ponente de la resolución, según han informado fuentes jurídicas.

Todos ellos son juristas de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional, aunque se da la circunstancia de que más de uno ha tenido contacto, más o menos cercano, con la política. Andrés Ollero fue durante diecisiete años diputado del PP en el Congreso, entre 1986 y 2003, donde ocupó, entre otros cargos, la portavocía de Educación y Justicia. Cándido Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado en los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

El bloqueo político que se mantiene desde hace meses para renovar órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el propio tribunal de garantías provoca que en la Sala designada para resolver el futuro electoral de Cantó y Conde haya dos magistrados que ya han finalizado oficialmente su mandato y estén, por tanto, en funciones: se trata del presidente González Rivas y de Ollero. Ambos fueron elegidos en la terna de cuatro magistrados correspondiente al Congreso de los Diputados y deberían ser sustituidos con el acuerdo y el apoyo de casi todo el arco parlamentario, incluidos Vox o el PP, para alcanzar los tres quintos necesarios.

Los magistrados tienen un plazo de tres días para resolver el recurso de amparo presentado por el PP, por lo que será entre el jueves y el viernes cuando se anuncie su decisión final, según estiman las fuentes consultadas. Comenzarán a reunirse el jueves, una vez tengan ya encima de la mesa las alegaciones que pueden presentar tanto la Fiscalía como el PSOE, que fue el partido que impugnó la inclusión de Conde y Cantó en la lista de Díaz Ayuso. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid dio la razón a los socialistas al considerar "inelegibles" a los dos candidatos por no estar inscritos en el censo electoral vigente, que se cerró el pasado 1 de enero.

El fallo recoge que Cantó se empadronó en Madrid, por cambio de residencia, el 22 de marzo de 2021 y Conde el 26 de marzo de 2021, pero incide en que "el hecho de que reúnan, actualmente, la condición de vecindad administrativa de ciudadanos de la Comunidad de Madrid no les confiere el derecho a ser elegibles a las presentes elecciones a su Asamblea Legislativa". Y es que, según recoge la sentencia, la Ley Electoral de Madrid "dispone en su artículo 2 que para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente". Además, en su artículo 3 se recoge que "será elegibles los ciudadanos que posean la condición de elector".

Flexibilizar o atenerse al literal de la ley

Desde el primer momento en que se conoció esta sentencia, el PP anunció su recurso ante el Constitucional, en el que asegura que la exclusión de Cantó y Conde se basa en una "interpretación restrictiva" de la ley, incluido el artículo 23 de la Constitución, por lo que pide que se declaren vulnerados "el derecho fundamental al sufragio pasivo y el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos". Es más, acusa al juez de lo Contencioso-Administrativo de "fabricar jurisdiccionalmente, ex novo, un requisito no establecido por la ley ex novoni amparado por interpretaciones previas de la misma".

Para los conservadores, la situación que se ha presentado después de que incluyeran a Cantó y Conde en la lista que lidera Díaz Ayuso y las dudas que este hecho ha suscitado "no es baladí". Y efectivamente así lo creen también los magistrados del tribunal de garantías al admitir a trámite el recurso de amparo, pues, tal y como exponen en su providencia, en el conflicto generado "concurre una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales".

Y es que la resolución que adopte el Constitucional en los próximos días será trascendental, pues las leyes aquí concernidas van más allá de la Ley Electoral de Madrid, sino que también afecta a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que rige en toda España. En su artículo 6.1, esta norma establece que "son elegibles los españoles mayores de edad que poseyendo la cualidad de elector...". Lo que dice la normativa está claro, lo que tendrá que aclarar el tribunal de garantías es si se debería permitir la flexibilidad que pide el PP para candidatos que se hayan inscrito más tarde de lo debido en el censo.

En una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados del tribunal de garantías entienden que concurre "una especial trascendencia constitucional", dado que "el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina".

Además, afirman los magistrados del TC que el asunto trasciende el caso concreto "porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales" ante las próximas elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

El PP impugna en el recurso "la interpretación restrictiva del derecho fundamental de participación política" que hace el juez de instancia, así como la imposición de "un requisito restrictivo no amparado por la ley ni por la doctrina" en relación a la exigencia de empadronamiento previo al cierre censal.

Ante ello, los letrados reclamaban al tribunal de garantías que complete su jurisprudencia sobre el derecho fundamental del artículo 23.1 de la Constitución Española, dando respuesta a diversos asuntos.

Entre ellos, si se vulnera el derecho fundamental al sufragio pasivo "la creación ex novo, por parte de un órgano jurisdiccional, de un requisito de elegibilidad no establecido expresamente por parte de la LECM —Ley de Enjuiciamiento Criminal— y LOREG —Ley Orgánica del Régimen Electoral General—, que consiste en la mutación del tiempo en que se han de reunir los requisitos por los candidatos y su traslación desde al momento de la presentación de la candidatura al más restrictivo momento del cierre del censo electoral".

También preguntan si "constituye una contravención del principio de interpretación más favorable al derecho fundamental el que, ante una situación de duda respecto de la existencia —o no— del referido requisito, no establecido de forma clara por la LECM ni la LOREG, el órgano jurisdiccional se decante por la opción más limitativa para el derecho fundamental del artículo 23.1 CE".

Señalan los letrados del PP que "resulta evidente la especial trascendencia constitucional al ser el objeto del mismo una cuestión jurídica de relevante" y "generar repercusión política".

El documento judicial, al que tuvo acceso Europa Press, solicita el amparo ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 que acuerda excluir a sendos candidatos de las listas por ser "inelegibles" al empadronarse fuera de plazo.

Y que se declare vulnerado "el derecho fundamental al sufragio pasivo y el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos (23.2 de la Constitución Española) procediendo, "a la revocación de la misma, por cuanto ha desconocido y vulnerado el citado derecho fundamental, y, en consecuencia, acuerde revocar la misma".

La resolución recurrida, dictada tras validar la Junta Electoral Provincial la candidatura del PP, recoge que Cantó se empadronó en Madrid, por cambio de residencia, el 22 de marzo de 2021 y Conde el 26 de marzo de 2021 pero incide en que "el hecho de que reúnan, actualmente, la condición de vecindad administrativa de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, no les confiere el derecho a ser elegibles a las presentes elecciones a su Asamblea Legislativa, del próximo 4 de mayo de 2021".

Frente a ello, los letrados del PP aluden a "una interpretación restrictiva" del artículo 23 de la Carta Magna, al entender que "la mención al censo electoral vigente no depende del momento en el que deba verificarse, sino que se refiere exclusivamente al cerrado el día primero del segundo mes anterior a la convocatoria electoral".

Entienden que la resolución vulnera "el derecho fundamental sufragio pasivo mediante la imposición ex novo, por la sentencia, de un requisito restrictivo no amparado por la ley y contrario a la doctrina de la interpretación más favorable al derecho fundamental, como el derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos electivos (23.2 CE)".

"La especialidad de la situación no es baladí dado que se fabrica jurisdiccionalmente por el Juzgado de lo Contencioso, ex novo, un requisito no establecido por la ley ni amparado por interpretaciones previas de la misma (el de que deben reunirse los requisitos para ser candidato no el día de presentación de la candidatura sino el día de "cierre censal"), requisito que sirve para excluir a determinados candidatos y que, por lo demás, condicionará la presentación de futuras candidaturas en las elecciones autonómicas a celebrar en la Comunidad de Madrid", afea el recurso.

Completar la jurisprudencia 

Ante ello, los letrados reclaman al tribunal de garantías que complete su jurisprudencia sobre el derecho fundamental del artículo 23.1 de la Constitución Española, dando respuesta a diversos asuntos.

Entre ellos, si se vulnera el derecho fundamental al sufragio pasivo "la creación ex novo, por parte de un órgano jurisdiccional, de un requisito de elegibilidad no establecido expresamente por parte de la LECM –Ley de Enjuiciamiento Criminal– y LOREG –Ley Orgánica del Régimen Electoral General–, que consiste en la mutación del tiempo en que se han de reunir los requisitos por los candidatos y su traslación desde al momento de la presentación de la candidatura al más restrictivo momento del cierre del censo electoral".

También preguntan si "constituye una contravención del principio de interpretación más favorable al derecho fundamental el que, ante una situación de duda respecto de la existencia --o no-- del referido requisito, no establecido de forma clara por la LECM ni la LOREG, el órgano jurisdiccional se decante por la opción más limitativa para el derecho fundamental del artículo 23.1 CE".

Señalan los letrados del PP que "resulta evidente la especial trascendencia constitucional al ser el objeto del mismo una cuestión jurídica de relevante" y "generar repercusión política".

"Nos encontramos ante la necesidad de pronunciamiento de este Tribunal Constitucional, garante máximo de la supremacía constitucional, habida cuenta de que el Juzgado está introduciendo, sin base alguna en el tenor de la ley, una inexistente exigencia restrictiva e infundada a través de la cual se muta el momento temporal al cual se debe atender al examinar el cumplimiento de los requisitos para ser candidato, interpretación que altera en todo modo los requisitos necesarios para concurrir a las elecciones", recoge el fallo.

Requisito de empadronamiento 

Fuentes del PP de Madrid hacen hincapié en que "no es cierto que exista un requisito de empadronamiento previo al cierre del censo" e inciden en que "jamás se ha exigido hasta este caso, que un juzgado unipersonal decida así contraviniendo a la Junta Electoral Provincial".

Según apuntan, tanto Cantó como Conde han sido "discriminados frente al resto de candidatos en el presente y pasado". "Se ha creado jurisdiccionalmente un requisito que no consta en la ley, mediante una intervención vulneradora del principio de interpretación más favorable al derecho fundamental", han apuntado agregando que "en caso de duda" hay que estar a favor del "ejercicio del derecho fundamental de participación política".

A primera hora de la mañana, el recurso aún no había llegado al tribunal de garantías, han indicado a Europa Press fuentes del TC. Una vez que sea registrado, los magistrados tendrán tres días para deliberar sobre la impugnación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido esta mañana que cuenta con el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, aunque no vaya en la lista electoral. Pero espera que el Tribunal Constitucional haga prevalecer su derecho individual a la participación.

Cantó aviso anoche que aunque no esté en la candidatura encabezada por Isabel Díaz Ayuso se dejará "hasta el último aliento" por la libertad. "El PSOE ya intentó que los madrileños no votaran este 4-M. Ahora trata de excluirme de la lista de Isabel Díaz Ayuso", escribió en sus redes sociales.

En una resolución conocida este domingo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid dictamina excluirle de la lista al considerarlo "inelegible" por no estar inscrito en el censo electoral vigente, tras una denuncia de los socialistas.

El fallo recoge que Cantó se empadronó en Madrid, por cambio de residencia, el 22 de marzo de 2021 y Conde el 26 de marzo de 2021 pero incide en que "el hecho de que reúnan, actualmente, la condición de vecindad administrativa de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, no les confiere el derecho a ser elegibles a las presentes elecciones a su Asamblea Legislativa, del próximo 4 de mayo de 2021".

Y es que, según recoge la sentencia, "la Ley Autonómica 11/1986, de 16 de diciembre, dispone en su artículo 2 que para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable la inscripción en el Censo Electoral vigente". Además, en su artículo 3 se recoge que "será elegibles los ciudadanos que posean la condición de elector, no estén incursos en causa de inelegibilidad".

Es decir, se especifica que para poder ser candidato ha de reunirse la condición de elector, es decir, que se esté inscrito en el censo electoral "vigente", en este caso el del 1 de enero de 2021.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid, Ramón Fernández Flórez, considera que Toni Cantó y Agustín Conde, números 5 y 23 de la lista del PP en la Comunidad de Madrid son "inelegibles" porque ninguno de los dos estaba inscrito en el censo en fecha y, por lo tanto, no pueden concurrir a los comicios del próximo 4 de mayo, por lo que ordena a la Junta Electoral Provincial que les excluya de la candidatura que lidera Isabel Díaz Ayuso.

La sentencia, a la que ha tenido acceso infoLibre [aquí la puedes leer íntegra], da la razón así al PSOE, que había impugnado las candidaturas de Cantó y Conde después de que la Junta Electoral avalara la inclusión de ambos en la lista del PP fiándose de la dirección que consta en sus respectivos DNI y sin comprobar el empadronamiento. Los socialistas comprobaron que tanto Cantó como Conde habían renovado casi a la vez y sólo unos días antes de que se registrara la candidatura sus documentos de identidaden los que consta domicilio en la región.

Fernández Fórez concluye que "no es difícil concluir que Cantó y Conde ostentan, actualmente, la condición de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, ya que han decidido cambiar su domicilio a la Comunidad de Madrid; puesto que, están empadronados en uno de sus municipios, tal y como se desprende de los DNI renovados los días 26 y 29 de marzo de 2021 y los volantes de empadronamiento en la ciudad de Madrid de 22 y 26 de marzo de 2021". Sin embargo, subraya que "el hecho de que reúnan, actualmente, la condición de vecindad administrativa de ciudadanos de la Comunidad no les confiere, per se, el derecho a ser elegiblesper se a las presentes elecciones a su Asamblea Legislativa", mostrándose contrario al criterio marcado por la Junta Electoral.

El PP de Madrid ya ha anunciado su intención de presentar, en un plazo máximo de dos días, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el único órgano judicial al que cabría dirigirse, ya que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo es firme. "El PSOE quiere ganar en los tribunales lo que las urnas le van a negar. Seguimos", recalcan los conservadores.

Por su parte, el PSOE, a través de la coordinadora de la campaña electoral del PSOE en Madrid y número 6 de la lista, Mónica Carazo, ha celebrado que la Justicia haya demostrado que el PP "ha intentado hacer trampas": "La Ley es clara y la libertad no es saltarse la democracia ni la ley". A su juicio, esta sentencia es "un revés más" para el PP al dejar acreditado que Cantó y Agustín Conde deben ser excluidos de su lista y determina que "el PP miente una vez más, como en los datos de la pandemia, en la candidatura y sistemáticamente", por lo que ha sugerido que el nuevo lema de los 'populares' debe ser "mentira o libertad".

Se incumple la Ley Electoral de Madrid

El magistrado cita la jurisprudencia del Tribunal Constitucional para tomar su decisión, en concreto una sentencia de 2004 que establece que el derecho de sufragio pasivo –el derecho a ser elegido– es "un derecho fundamental de configuración legal, en el que el legislador tiene gran libertad para configurar la forma en que ha de desarrollarse, siempre que se respete el principio de igualdad y los limites esenciales del mismo".

Así, considera que en el caso de Cantó y Conde se ha incumplido la Ley Electoral de Madrid, cuyo artículo 2 establece que para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable “la inscripción en el Censo Electoral vigente”, mientras que en su artículo 3 dictamina que serán elegibles los ciudadanos que posean la condición de elector, que "no son otros que los que figuran en el censo electoral vigente". "Es decir, para poder ser candidato ha de reunirse la condición de elector, es decir, sea de esta inscrito en el censo electoral vigente”, concluye el juez.

La sentencia afirma que "vistos los volantes de empadronamiento aportados por el Partido Popular, se reputa acreditado que el empadronamiento en la Comunidad de Madrid de los candidatos Cantó y Conde ha sido en fecha posterior al cierre del censo electoral vigente", es decir, después del 1 de enero de 2021, que es la fecha en que se cierra el censo para poder ejercer el derecho de sufragio activo en la región y, por tanto, para poder presentarse a los comicios.

"Resulta, como se alega por el Ministerio Fiscal, y este juzgador coincide, que para el ejercicio del derecho de sufragio es indispensable ostentar la condición de elector. Los candidatos Cantó y Conde, por haber cambiado sus domicilios desde otras circunscripciones electorales a la de Madrid con posterioridad a la fecha de cierre del censo electoral aplicable para las presentes elecciones, no ostentarían, en modo alguno, la condición de elector, que es un requisito insoslayable para poder concurrir a las elecciones como candidato", remarca el magistrado.