El 15 de abril de 2020, aún con los españoles encerrados en casa, el Congreso acogió un debate, a propuesta del Partido Popular, para que el Gobierno diera cuenta de la destrucción de empleo histórica que se había producido el mes anterior, con el brote de coronavirus. En apenas tres semanas, la Seguridad Social había perdido de golpe 900.000 afiliados. El diputado de Vox Juan José Aizcorbe estaba criticando la “falta de técnica” y la “intencionalidad ideológica” de los decretos que el Gobierno estaba aprobando, cuando de repente, se fue la luz en la sala. “Supongo y espero”, continuó el portavoz de Vox, a oscuras, con la sala iluminada solo por los focos de emergencias, “que la luz se haga al final del camino, no como aquí”.

Si el “camino” es la legislatura, el final ya está aquí. Tres años después, la debacle del empleo provocado por el confinamiento ha quedado superada. Algunos datos han conseguido récords y otros no, pero han recuperado niveles previos a la crisis financiera. La cifra de cotizantes ha alcanzado por primera vez los 20,8 millones. El dato de desempleados sigue siendo alto, de 2,7 millones de trabajadores, pero es una cifra no vista desde antes de la crisis y muy por debajo de los seis millones que se alcanzaron en su epicentro. 

Y también mejora la calidad: “El 44% del empleo es indefinido, cuando tradicionalmente era el 9%. Para los laboralistas es una realidad que la reforma laboral ha conseguido que esto funcione”, explica Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha. “Es un elemento extraordinariamente positivo, cualquiera persona que mire estos datos desde fuera diría que son francamente buenos”, añade el académico.

En aquella comisión a oscuras de abril de 2020, ya con la luz de vuelta, tomó la palabra la diputada del PP Pilar Marcos, que leyó un titular del diario El País: “Rajoy se despide con un récord de creación de empleo en mayo y el paro en el nivel de finales de 2008”. Se estaba dirigiendo a la portavoz socialista, que había criticado las políticas de empleo de los conservadores durante los gobiernos del PP. En ese mayo de 2018, el último de Rajoy, hace cinco años, hubo 18,9 millones de cotizantes. Ahora, el objetivo la serie histórica está a las puertas de llegar a los 21 millones.

"Hace un año hablábamos aspiracionalmente de si llegábamos a los 20 millones”, ha recordado el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, este viernes, durante una entrevista en TVE. “Es que desde que empezó la pandemia, desde antes de la pandemia, hemos creado 1,3 millones de empleos. Con una pandemia, una guerra de Ucrania, la subida de los precios de la energía, es decir, la capacidad que hemos desarrollado de resiliencia y de absorción de perturbaciones de la economía española no tiene parangón y al final el resultado es lo más tangible, más empleos y mejores empleos para los españoles", ha subrayado el ministro. 

En mayo, respecto a abril, se han añadido 36.800 cotizantes, hasta alcanzar la cifra de 20.715.284. Escrivá estima que el umbral de los 21 millones se cruzará en junio o julio. De ser en el primer mes, el dato se conocerá en los primeros días de julio, antes de las elecciones, por lo que será un hito que el Gobierno exprimirá en la campaña electoral para promocionar el éxito de sus políticas de empleo. 

“Es que en antes de la crisis financiera nunca se llegó a eso, el récord estuvo en torno a los 19,5 millones. Luego, tras las políticas de austeridad y la liberalización de los despidos, la cifra cayó en su punto más bajo a los 16 millones. Y en la recuperación, antes de la pandemia, nunca se alcanzaron los 20 millones. En 2020 tuvo un bajón enorme, pero gracias a los ERTE se controló. Hoy la situación es muy buena,”, explica Antonio Baylos. 

En cuanto al desempleo, hay 2,7 millones de personas, unas 200.000 menos de las que había en mayo de 2022 y 300.000 menos en mayo de 2019, antes de la perturbación que produjo la pandemia. La tendencia, así, continúa la senda decreciente de la recuperación. Aunque la cifra sigue siendo alta, ya queda muy lejos de los 4,89 millones que se registraron en mayo de 2013. Ese año se registró la cifra histórica más alta, 6,2 millones. Una década después, la cifra está por debajo de la mitad. 

“Hay que fijarse especialmente en el paro juvenil, hay muy buenos datos. Se ha conseguido el menor número de jóvenes en paro desde el inicio de la serie histórica”, expresa el catedrático Antonio Baylos. Según las cifras difundidas por la Seguridad Social este viernes, en mayo hubo 188.043 menores de 25 años en desempleo, un 3,69% menos que en abril, es decir, 7.208 jóvenes. Es la cifra más baja desde 1996, cuando se empezó a registrar este dato.  

“Hemos estado mucho tiempo sufriendo las ideas de los puristas que creen que la flexibilidad del mercado es lo que hace crecer el empleo. Que fortalecer las garantías del empleo conllevaría destrucción de puestos de trabajo. Yo creo que es evidente que se ha demostrado que son reflexiones muy ideológicas, que no se sostienen con datos”, añade Baylos. “Aún recuerdo unos tuits de Luis Garicano en esa línea…”, reflexiona.

El académico se refiere a un hilo de 17 mensajes que publicó en Twitter el ex gurú económico de Ciudadanos en noviembre de 2021, en plena negociación de la reforma laboral. “La reforma que propone el Gobierno llevará a un mercado laboral más rígido, en el que será más difícil crear empleo”, aseveró. Hace unos días, el diario ABC desveló que Feijóo ha fichado a Garicano para la fundación del PP.

“Hay un gravísimo problema en estas elecciones”, advierte Antonio Baylos. “Y es que yo no sé qué quiere hacer el PP en materia de empleo. Ni lo que quiere hacer Vox. Si seguimos las intervenciones públicas, lo único que sabemos es que quieren derogar el sanchismo. Eso me ha quedado claro, pero no sé qué quiere decir eso”, lamenta el catedrático.

A falta de conocer los programas de PP y Vox para las elecciones generales, hay algunas menciones al empleo en el programas marco de las elecciones autonómicas. El de Vox se limitó a proponer acabar con el “infierno burocrático” y las “imposiciones ideológicas”. El Partido Popular se extiende más y defiende la “máxima libertad económica”, con el fin de lograr la “creación de empleo estable, garantizando derechos y las condiciones dignas de los trabajadores”. No especifica cómo.

Sí propone varias medidas varias medidas en torno a la formación, como potenciar la FP y crear puentes con las universidades. También reforzar las políticas activas de empleo, redoblar la ayuda a los autónomos, incentivos para contratar al primer trabajador, ayudas a la digitalización y simplificación burocrática. Pero no explica por qué marco regulatorio apuesta. Cabe esperar que quede definido en el programa para el 23-J. 

“La izquierda en su día proponía derogar la reforma laboral. Como todo el mundo sabe, estos eslóganes son muy sencillos y luego siempre tienen una complicación: luego vimos que derogar la reforma laboral implicaba volver a la reforma previa… Pero es que en este caso, el eslogan del PP es incomprensible. Que el sanchismo es inmoral y que hay que abolirlo. Pero, ¿en qué consiste? ¿Qué quiere hacer con el marco laboral? ¡Es que lo pregunto de verdad!”, concluye el académico.

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2022 arrancará el próximo 11 de abril con la presentación de las declaraciones por internet, de acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria recogido por Europa Press.

La Campaña de la Renta de este año, que se corresponde con los ingresos obtenidos en 2022, se prolongará entre el 1 y el 30 de junio de manera ordinaria, pero previamente, desde el próximo 11 de abril se podrán presentar ya las primeras declaraciones del IRPF y de Patrimonio a través de internet, un medio que ya utilizan nueve de cada diez contribuyentes.

Asimismo, desde el próximo 5 de mayo y hasta el 30 de junio la declaración del IRPF se podrá presentar también por teléfono, y entre el 1 y el 30 de junio, coincidiendo con el periodo ordinario de la Campaña, los contribuyentes podrán presentar su declaración en las oficinas de la Agencia Tributaria. Con resultado a ingresar y con domiciliación bancaria, el plazo concluye el 27 de junio.

La Agencia Tributaria ya ha habilitado la descarga de los datos fiscales y parte de los contenidos informativos de la próxima Campaña de Renta 2022, con el objetivo de adelantar las gestiones en las declaraciones.

Entre las novedades de esta Campaña destaca que la aportación individual máxima a los planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF se reduce hasta 1.500 euros anuales.

Por el contrario, las aportaciones máximas a los planes de empresa con derecho a deducción suben a los 8.500 euros para 2022. Entre ambas, la aportación total con beneficios fiscales se mantiene en 10.000 euros anuales.

En el caso de actividades económicas en estimación objetiva, se aumenta la reducción general sobre el rendimiento neto de módulos del 5% al 15% para el período impositivo 2022, medida aplicable a todos los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo a este método.

Adicionalmente, para las actividades agrícolas y ganaderas, con la finalidad de compensar el incremento del coste de determinados insumos, el rendimiento neto previo podrá minorarse en el 35% del precio de adquisición del gasóleo agrícola y en el 15% del precio de adquisición de los fertilizantes, en ambos casos, necesarios para el desarrollo de dichas actividades.

Asimismo, también se van aplicar en el período impositivo 2022, los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica.

Debido a las consecuencias de las erupciones volcánicas ocurridas en la isla de La Palma, los contribuyentes que desarrollen sus actividades económicas en esta isla podrán reducir su rendimiento neto de módulos en un 20%, reducción que se aplicará tanto en 2022 como en 2023.

También habrá de tenerse en cuenta, de cara a la presentación de la declaración, las modificaciones de las escalas del gravamen del IRPF aprobadas con efectos retroactivos para 2022 por algunas comunidades autónomas, con el objetivo de paliar la subida de precios registrada a lo largo del año.

Además, en esta Campaña la Agencia Tributaria ha habilitado una casilla dentro de la presentación del modelo de declaración para registrar las ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales.

En las modificaciones más destacables dentro de las ganancias y pérdidas patrimoniales, se recoge, asimismo, el desglose en tres subapartados del apartado denominado Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales.

Uno, para declarar las derivadas de la transmisión de inmuebles y derechos reales sobre bienes inmuebles; otro para declarar las transmisiones o permutas de monedas virtuales y un apartado de carácter residual para 'Otros elementos patrimoniales'.

Todo ello, según explica Hacienda, con la finalidad de facilitar la cumplimentación de estos apartados, ya que en modelos anteriores se debía cumplimentar un código para identificar el tipo de elemento patrimonial que se transmitía. Además, la separación en subapartados específicos, permite individualizar las casillas específicas de determinados elementos patrimoniales para el cálculo de la ganancia patrimonial.

Los gestores administrativos piden a los ciudadanos que revisen sus borradores de la renta, ya que el 35% de ellos contiene errores.

Todos los contribuyentes que lo deseen podrán obtener el borrador de la declaración a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración (Renta Web), tras aportar determinada información que la Administración les solicitará.

Un año más se mantiene el mecanismo de obtención del número de referencia para acceder al borrador y/o a los datos fiscales, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, o bien utilizando certificados electrónicos reconocidos y el sistema Cl@ve PIN, y mediante la aplicación app para dispositivos móviles.

La confirmación de los borradores o la presentación de las declaraciones debe realizarse obligatoriamente por internet: ya no es posible obtener la declaración en papel impreso, ni siquiera en el formato generado a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de la AEAT. Lo que sí puede obtenerse en formato papel es, en su caso, el documento para el ingreso de la deuda tributaria directamente en una entidad financiera.

Los gestores administrativos recuerdan la importancia de revisar los datos del borrador, ya que los declarantes son los "únicos responsables" de haber presentado mal la declaración. En caso de tener dudas recomiendan acudir a un profesional.

"Si su empresa se ha olvidado de incluir algún pago, no crea que está liberado de declararlo; si posteriormente su empresa lo declara, será usted el único responsable de haber hecho mal la declaración. Asimismo, se puede encontrar que le han calculado mal las deducciones. Paciencia, lea con detalle, haga sus cálculos correctamente y dele al botón cuando esté seguro, y si tiene dudas, acuda a un profesional", aconseja Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente de los gestores administrativos.

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha señalado que es "imprescindible" mejorar la Ley de Empleo para impulsar políticas de empleo más eficaces que acaben con la situación que viven los parados de larga duración.

El sindicato, a través de un comunicado, ha apostado por llevar a cabo políticas que se adapten a "la realidad específica de cada persona" y lograr así "su rápida reinserción laboral". En concreto, han expresado que, a su juicio, la actual Ley de Empleo es "insuficiente", ya que no cuenta con el diálogo social y no incluye medidas "eficaces".

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), 1,5 millones de personas llevan más de un año buscando un empleo y más de 600.000 lo hacen desde hace más de cuatro años. "A pesar de las excelentes cifras de paro, el dato de los parados de larga duración es alarmante. Una sociedad justa, inclusiva y desarrollada no puede asumir una cifra de más de dos millones de personas sin la esperanza de un desarrollo digno de su Estado de Bienestar", han expresado desde UGT.

Así, entre las medidas que proponen se encuentra un incremento de la financiación hasta niveles "adecuados y suficientes" e incluir criterios "vinculantes" para la aplicación de dicha Ley en los distintos territorios del país.

Además, el sindicato ha denunciado que los dos instrumentos de las políticas activas de empleo (servicios y programas) son "esenciales" para saber las necesidades de cada una de las personas desempleadas y, sin embargo, en la práctica no se están poniendo en marcha.

El mercado de trabajo continúa ofreciendo datos positivos, según se desprende de la Encuesta de Población Activa correspondiente al segundo trimestre y publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. El paro desciende por primera vez por debajo de los tres millones de personas, un dato no visto desde noviembre de 2008, en plena escalada del desempleo durante la crisis financiera. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha calificado los datos de “extraordinarios”, durante una entrevista en ‘Las Mañanas’, de Radio Nacional de España, aunque pide prudencia, al detectar el Gobierno “incertidumbres” en el mercado de trabajo.

En concreto, el paro ha bajado en 255.300 personas entre abril y junio de este año, que es el mayor descenso de un segundo trimestre desde 2018. El total de personas paradas se sitúa en 2.919.400 personas. "Los datos son extraordinarios que nos colocan en una tasa de paro del 12,4% y hay que mirar hacia el año 2008 para tener una cifra semejante", ha subrayado la vicepresidenta segunda.

La ocupación aumentó en 383.300 puestos de trabajo hasta alcanzar la cifra de 20.468.000 personas, un dato que no se alcanzaba desde el tercer trimestre de 2008 y que se acerca a los máximos de 2007. Es un aumento del 1,91%, si se compara con los datos entre enero y marzo. 

En los últimos 12 meses, la cifra asciende a 782.100 personas en el sector privado y 14.300 en el público. El Gobierno ha valorado en un comunicado que esto es producto de las medidas de protección adoptadas durante la pandemia para proteger el tejido empresarial español. Más del 95% de los empleos creados son a tiempo completo.

La disminución de la tasa del paro al 12,48% supone un descenso de más de un punto en relación al dato del primer trimestre del año. La tasa de actividad subió dos décimas, hasta el 58,71%, tras aumentarse el número de activos en 128.800 personas entre abril y junio (+0,5%). 

En el último año el paro ha caído en 624.400 personas, lo que supone una caída del 17,67%, mientras que se han creado más de 796.400 empleos (+4,05%). El volumen de activos ha aumentado en más de 171.900 personas. 

El descenso de la tasa de paro femenina ha sido más pronunciada que la masculina, quedándose en el 14,1%, aunque sigue lastrada tres puntos más. La tasa de paro juvenil ha disminuido 1,7 puntos en el trimestre, situándose en el 28,5%, todavía muy por encima de la media europea. Según los últimos datos disponibles, relativos a 2021, la media de desempleo juvenil en la UE fue del 16,6%, frente al 34,8% que presentó España.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha considerado, en una nota de prensa enviada este jueves, que estos datos ponen de manifiesto "los efectos positivos de la reforma laboral". A esta iniciativa le atribuyen la aceleración del empleo indefinido. En el último año ha más de un millón de ocupados más con este tipo de contrato.

Esta semana comienza en Castilla-La Mancha la recogida del ajo, una campaña en la que cada temporada se emplean unos 10.000 jornaleros, la mayoría rumanos, aunque también los hay marroquíes, búlgaros o senegaleses. Este año, sin embargo, el cierre de fronteras y las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia van a impedir que se cubran las necesidades de mano de obra de un cultivo que exporta el 70% de las 156.579 toneladas anuales que produce. Al menos ése es el temor de las organizaciones agrarias, que alertan del peligro que correrán a partir de junio y por el mismo motivo otras campañas, desde la siembra del tomate en Extremadura hasta la recolección del albaricoque, la nectarina o el melocotón en el Valle del Ebro y Lleida. Sólo en Aragón, cada temporada se contratan 15.000 jornaleros para recolectar fruta de hueso y 8.000 trabajadores más en los almacenes. De ellos, el 30% suelen ser extranjeros.

Al menos hasta ahora, y pese a los malos augurios, las actividades agrícolas se han desarrollado “con bastante normalidad”, aseguran los empresarios, sobre todo gracias a la ayuda inesperada del mal tiempo: una primavera fría y lluviosa que ha mermado el volumen de fruta a la espera de ser recogida, además de retrasar su recolección. Aun así, las organizaciones agrarias se adelantaron al posible desastre de las próximas campañas creando bolsas de empleo para todo aquel que quisiera trabajar en el campo supliendo a los extranjeros retenidos en sus países de origen. El Ministerio de Agricultura cifra en hasta 80.000 trabajadoreslas necesidades totales de mano de obradesde finales de marzo hasta finales de septiembre.

En total, unas 140.000 personas se han apuntado hasta el momento en las bolsas abiertas por las tres principales organizaciones de agricultores. La más numerosa ha sido la de Asaja, que dice haber recibido hasta la fecha solicitudes de empleo de 123.560 personas. COAG ha registrado 8.000 sólo en Aragón y UPA, unas 3.000. Según los datos recopilados por Asaja, de donde más peticiones le han llegado es de Madrid, 13.613 –el 11%–, casi tres veces más que las enviadas desde Barcelona, 5.356. A Madrid le siguen Alicante, con 10.397, y dos provincias andaluzas, Sevilla –9.961– y Málaga –9.847–. Valencia y otras tres provincias andaluzas, Granada, Córdoba y Cádiz, han sido las más interesadas. Las menos, Lugo y Ourense, con sólo 186 y 143 solicitudes de empleo. Lo mismo dicen en COAG y UPA: las consultas y demandas de trabajo desde Madrid han sido las más numerosas. También desde zonas turísticas de costa donde se prevé un pinchazo de la actividad este verano.

Así, el 20% de los inscritos en la bolsa de Asaja, 24.600, estaban hasta ahora empleados en la hostelería y el turismo, 7.015 más en el comercio y 3.573 en grandes almacenes, precisamente los sectores más castigados por la parálisis del covid-19. El 40%, de hecho, carecen de experiencia previa en las faenas del campo. No obstante, un número también significativo, 22.798, ya trabajaban en la agricultura y la ganadería.

Desde luego, no todos son españoles. Aunque las cifras difieren dependiendo de la bolsa. Mientras UPA calcula que las solicitudes se reparten al 50% entre nacionales y extranjeros, y Asaja no pregunta a los candidatos por su nacionalidad, COAG precisa que el 90% de los inscritos son foráneos y, de ellos, otro porcentaje similar admiten estar en situación irregular, lo que les impide acceder a un puesto de trabajo. Según los requisitos establecidos por el Gobierno, sólo pueden optar a estas ofertas desempleados, autónomos en cese de actividad, trabajadores con contratos suspendidos, migrantes cuyo permiso de trabajo concluye entre el 9 de abril y el 30 de junio y a los que se permite su ampliación, y jóvenes de terceros países entre 18 y 21 años que se encuentren en situación regular en España.

2,5 euros la caja de ajos, 25 cajas al día

Para aumentar el atractivo de un trabajo considerado duro y no muy bien pagado, el Gobierno permite compatibilizar ese salario –nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 950 euros netos al mes– con la prestación de desempleo –siempre que no se cobre por un ERTE de fuerza mayor–, el subsidio agrario o el cese de actividad de los autónomos. En principio, el real decreto-ley que regula estos contratos habla de un máximo de dos meses y 20 días de duración. Pero las campañas agrícolas no terminan el 30 de junio, sino que, dependiendo de las zonas y los cultivos, pueden extenderse hasta octubre, como es el caso del melocotón en Aragón. De hecho, el Ministerio de Agricultura acaba de prorrogar seis meses todas las autorizaciones de residencia y trabajo que venzan durante el estado de alarma.

Según Asaja, sólo el 13% de los inscritos en su bolsa de empleo cobran una prestación pública, apenas el 4% son migrantes a los que se les pueda ampliar el permiso de trabajo y no llegan al 3% los jóvenes de países no comunitarios.

Recoger ajo “no es un trabajo físico, sino pesado, muy mecánico”, precisa Miguel Esponera, secretario general de UPA Cuenca. En realidad, la recolección se lleva a cabo con máquinas. Tras una semana aireándose en el campo, donde se han ido amontonando los manojos, una vez secos los ajos se cortan los tallos y las barbas con tijeras de podar. Y ése es el trabajo que llevan haciendo años miles de temporeros extranjeros. A destajo. A razón de 2,5 euros la caja. “Un jornalero experto puede hacerse hasta 25 cajas al día”, asegura Esponera. Dice que vienen de Rumania familias enteras, muchos de ellos gitanos. Los mismos cada año. La mayoría no han llegado aún, sin embargo, por culpa del coronavirus. “Ya en Córdoba [donde la recogida comienza antes] hubo problemas de mano de obra”, añade, que se solventaron contratando trabajadores de la zona.

Pero en Cuenca va a ser imposible. En Las Pedroñeras, la capital del ajo, sólo viven 6.600 personas, insuficientes para tanta faena. “Y no hay plan B”, lamenta el responsable de UPA, “si los ajos se quedan en el campo, una vez arrancados el seguro no cubre la pérdida”. Con el millar de personas que se han apuntado en la bolsa de empleo del servicio público de empleo, el centenar que lo ha hecho en los ayuntamientos de la zona y los que han acudido a UPA en busca de trabajo, será imposible cubrir las necesidades de mano de obra. “Muchos españoles prefieren trabajar en las naves, no quieren hacerlo al aire libre porque piensan que es más duro”, resume.

Cuarentena en origen, pruebas del virus en España

Pero no se trata sólo de que los españoles sean reacios a volver al campo. También, y en ese punto coinciden las organizaciones agrarias, los empresarios prefieren trabajar con las cuadrillas que llevan más de 10 años contratando. No hace falta enseñarles y son más rápidos. “No es sólo un problema de cuántos son, sino también de cómo organizar el trabajo”, aclaran en UPA. En Calanda (Teruel) recogen desde hace años el melocotón de octubre temporeros de Pakistán. En Huelva, la campaña de los frutos rojos –arándanos, frambuesas– la están salvando las mujeres marroquíes que recogieron la fresa antes de que estallara la pandemia y a las que se les ampliaron los permisos de trabajo, apuntan en Asaja. Todos defienden la contratación en origen y recelan del rendimiento y el apego de los españoles por este tipo de trabajo: o no aguantan toda la temporada o, si encuentran otro empleo en la ciudad, no dudarán en dejar el tajo. Y todos reniegan de la mala imagen que les han dejado las operaciones de la Guardia Civil que han descubierto auténticas situaciones de explotación de los jornaleros. Esponera advierte de que la Inspección de Trabajo está “muy encima”, controlando la documentación de los trabajadores y evitando la actuación de las “mafias”. Óscar Moret, responsable de COAG en Aragón, cree que los temporeros deberían ser quienes “fijaran la población en el mundo rural”: “Si se les proporcionaran viviendas dignas, traerían a sus familias y se quedarían”.

En Italia el Gobierno ha concedido una regularización temporal, durante seis meses, a jornaleros que hasta ahora trabajaban sin papeles. infoLibre ha preguntado al Ministerio de Agricultura si prevé una medida similar en España, pero no ha obtenido ninguna respuesta. UPA, por su parte, cree que “no es necesaria ninguna regularización”. Tampoco contesta Agricultura cuando se le pregunta si van a ser necesarias autorizaciones especiales como la concedida a los 250 esquiladores uruguayos a los que se permitió viajar a España para ocuparse de una tarea tan especializada que sólo ellos podían llevarla a cabo de forma eficaz. El ministerio se limita a explicar que los esquiladores “disponían con antelación de un visado de larga duración”.

Las organizaciones agrarias quieren que los jornaleros extranjeros puedan repetir este año, pero piden que la cuarentena la pasen en sus países de origen y después, en España, se les haga la prueba del coronavirus. Agricultura tampoco revela si están dispuestos a permitirlo. Los empresarios agrícolas temen una segunda pandemia: el aumento de los costes laborales –un 30%, calcula COAG– y de producción por los equipos de protección, las mayores necesidades de alojamiento de los jornaleros y los problemas para transportarlos debido a las nuevas exigencias de distancia física.

Por ejemplo, el Gobierno de Aragón ha creado un servicio de autobuses para trasladar a 82 jornaleros desde Zaragoza hasta diferentes municipios de la provincia, situados a más de 50 kilómetros de distancia de sus lugares de residencia. En Lleida, por el contrario, los temporeros que han llegado sin contrato están encontrando problemas para encontrar vivienda, protesta Moret, que cifra en un 20% el déficit de mano de obra para recoger la fruta en Aragón.

Espárrago sin cortar, fresa arrancada, cereza rajada

Y es que el relato que el sector hace de este 2020 es un rosario de calamidades. Parte del espárrago se quedó sin cortar en Guadalajara por falta de los trabajadores búlgaros que lo recogían otros años. Los empresarios de la fresa de Huelva han terminado arrancando entre un 30% y un 40% de las plantas, tras la caída del consumo por el confinamiento –es un fruto muy perecedero– y el hundimiento de los precios en origen. Y ello pese a que cubrieron la recolección prorrogando los contratos a 6.600 jornaleras marroquíes que ya se encontraban en España antes del estado de alarma, para suplir a las casi 12.000 que no pudieron desplazarse desde su país. Las lluvias rajaron la cereza de Mequinenza (Zaragoza), que se quedó sin salida comercial. Lo mismo ha ocurrido con los albaricoques, “que no se han recolectado por falta de calidad”, destaca Óscar Moret. Pero haciendo bueno el refrán de que no hay mal que por bien no venga, al haber dado menos frutos los melocotoneros este año por culpa del mal tiempo, las labores de aclareo –eliminar algunos de ellos para permitir que el resto crezca hasta alcanzar un tamaño adecuado– han necesitado menos trabajadores estos dos últimos meses. Así que no ha llegado a notarse la ausencia de los extranjeros porque los empresarios han podido dilatar las tareas en el tiempo, explica de nuevo Óscar Moret. Sólo los invernaderos de Almería y Murcia, que encadenan cultivos todo el año y por tanto, mantienen a sus jornaleros hasta ocho y 10 meses, han escapado de las penurias.

Ni siquiera el aumento del consumo de frutas y hortalizas instado por el confinamiento les ha aliviado. Las organizaciones agrarias se quejan de que la subida de precios que ha sufrido el consumidor no ha llegado a los productores. “Incluso hemos estado cobrando por debajo de costes en el caso de la cebolla, la sandía y el melón”, advierten en COAG. La cebolla, resaltan, a sólo siete céntimos. “Las grandes superficies llenan los lineales de productos de terceros países, en el caso de la cebolla de Nueva Zelanda y Perú, durante los primeros 15 días de cada campaña, y sólo empiezan a comprar producto nacional cuando cae el precio”, se quejan. COAG calcula que el diferencial de precio entre el campo y la mesa del consumidor durante el confinamiento se disparó al 1.700%.

De momento, las fronteras están cerradas hasta el 15 de junio, pero en la orden ministerial que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE) se permite la entrada en el país a quienes vengan con un “motivo exclusivamente laboral, incluidos los trabajadores de temporada”. Si la desescalada sigue su curso y la actividad económica vuelve gradualmente a la normalidad, las recolecciones de ajo, fruta de hueso y las siembras de melón, sandía y tomate pueden ser las últimas que sufran la falta de jornaleros. Porque el campo no para y es intensivo en mano de obra. En septiembre empezará la vendimia. En octubre, la aceituna.

Las personas de entre 35 y 43 años que durante la crisis fueron expulsadas del mercado de trabajo durante al menos tres años podrán recuperar hasta dos años de cotizaciones a través de un convenio especial con la Seguridad Social, según una Orden Ministerial que está diseñando el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para su aprobación "en el menor plazo posible".

La norma, que se encuentra en trámite de consulta pública, tiene por objetivo reducir el impacto negativo de la crisis que se desató en 2008 en las pensiones a percibir en el futuro por quienes, al quedarse en paro durante al menos tres años, vieron reducidos sus periodos cotizados y, por tanto, el importe de sus futuras pensiones.

La Orden desarrolla una disposición del Real Decreto-ley para la revalorización de las pensiones públicas aprobado por el Gobierno en diciembre de 2018. En dicha disposición se prevé una nueva modalidad de convenio especial con la Seguridad Social para los afectados por la crisis.

En concreto, a través de dicho convenio especial, las personas de 35 a 43 años que acrediten una laguna de cotización de al menos tres años entre el 2 de octubre de 2008 y el 1 de julio de 2018 podrán recuperar un máximo de dos años de cotizaciones. Dichas cotizaciones computarán exclusivamente a los efectos de las prestaciones de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia.

Dado el tiempo transcurrido hasta la aprobación de la norma que regula este convenio, Trabajo permitirá también suscribirlo a quienes hayan cumplido 44 años de edad dentro de los tres meses anteriores a su entrada en vigor.

Esta modalidad de convenio especial para afectados por la crisis económica tendrá una vigencia temporal, ya que se extinguirá una vez transcurra el plazo establecido con carácter general para que quienes acrediten los requisitos exigidos lo suscriban.

Según publica este martes el diario Expansión, los beneficiarios podrán recuperar hasta dos años de cotizaciones con un coeficiente reductor sobre el tipo de cotización que se aplica a la base correspondiente, siendo el tipo efectivo del 21,81%. De esta forma, ejemplifica, para una base mínima de 1.050 euros, la aportación que tendría que realizar el trabajador sería de 281 euros mensuales.

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El Ministerio de Trabajo no renovará el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación que firmó y prorrogó el anterior Gobierno para encontrar trabajo a los parados, en competencia con los servicios públicos de empleo. Así lo han avanzado a infoLibre fuentes oficiales del departamento dirigido por Magdalena Valerio. El acuerdo, que empezó a funcionar en 2014, llegó a su fin el pasado 16 de junio.

En estos cuatro años, el Gobierno ha pagado a las agencias privadas de colocación un total de 681,7 millones de euros. El triple de lo que ha destinado en ese mismo plazo a mejorar y modernizar las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 215 millones, según se desprende de las partidas que cada ejercicio han destinado a las agencias privadas los Presupuestos Generales del Estado.

La puesta en marcha de este modelo de colaboración público-privada fue accidentada. Aunque el decreto que regula la actividad de las agencias de colocación se remonta a diciembre de 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo marco que sustentaba el modelo no se aprobó hasta agosto de 2013. En las comunidades autónomas empezaron a trabajar con los desempleados en 2014, pero las del concurso nacional no se pusieron a ello hasta enero de 2016. La razón fueron los sucesivos recursos interpuestos por las agencias que competían por los contratos, que paralizaron el concurso una y otra vez.

Después, el SEPE ha prorrogado el acuerdo marco dos veces, hasta hoy. Mientras, algunas comunidades autónomas han terminado descolgándose del modelo: Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y Baleares. Cataluña, País Vasco y Andalucía se desentendieron desde el primer momento.

Ya en septiembre de 2017, la Conferencia Sectorial de Empleo, que reúne a las comunidades autónomas, acordó eliminar el desempeño de las agencias privadas de colocación como uno de los indicadores que deciden el reparto de los fondos para las políticas de empleo. Se lo habían pedido a la ministra Báñez 10 comunidades autónomas, a cambio de darle su apoyo a la aprobación del Plan Prepara, que había sido anulado por el Tribunal Constitucional por invadir las competencias autonómicas.

Según explica el ministerio, el planteamiento ahora es “dar más flexibilidad a las comunidades autónomas para que contraten con las agencias que ellas elijan el servicio de colocación de sus desempleados. “En la Conferencia Sectorial se distribuirán fondos para políticas activas de empleo, pero no habrá partidas específicas para agencias privadas de colocación como hasta ahora”, precisan fuentes del departamento.

Este nuevo modelo es del agrado de las pequeñas agencias de colocación. La asociación que las agrupa, ANAC, siempre se ha quejado de que el acuerdo marco estableció un “filtro-embudo” al seleccionar sólo a 80 agencias de las 1.728 autorizadas por el ministerio. Y de ellas, sólo podían operar en una comunidad las que estaban radicadas en ese territorio. De forma que el número de las que han estado funcionando estos años al amparo del acuerdo marco no superan las 40, asegura ANAC. “Nos parece adecuado que se descentralice el sistema y que cada comunidad autónoma elija con qué agencia quiere trabajar, en concurrencia competitiva, como ya está haciendo Castilla-La Mancha, y que no se prime el volumen de facturación, sino el de inserción de trabajadores o con qué experiencia en determinados colectivos cuenta una agencia”, explica su presidenta, Yojana Pavón. De esta forma, añade, las pequeñas agencias tienen alguna posibilidad de competir frente a los gigantes de la gestión de recursos humanos, como Manpower, Adecco, Randstad y Eulen.

Al secretario general de Adecco, Santiago Soler, tampoco le disgusta que se descentralice la colaboración público-privada en materia de inserción laboral. Es más, se queja de las “muchas deficiencias” que poseía el acuerdo marco, “una experiencia muy mejorable”. Soler es muy crítico con los resultados de estos cuatro años: “Tengo una biblia de incidencias”, asegura, en alusión a cómo tuvieron que desarrollar su trabajo. De manera que el resultado, subraya, “ha sido peor del deseado por nosotros, dista mucho de la intermediación que podría haberse realizado aunque, en términos objetivos, ha sido mejor para el ciudadano”. En cualquier caso, dice que no se puede dudar de que sus tasas de intermediación son “superiores” a las conseguidas por los servicios públicos de empleo.

Adecco se hizo cargo de uno de los lotes del segundo contrato, el que incluía a parados con entre tres y seis meses sin empleo. Pero ha desistido de participar en buena parte de los concursos convocados por las comunidades autónomas. “No compartíamos el modelo”, revela Soler. Eso sí, teme que cada comunidad autónoma implante un sistema distinto y terminen reproduciéndose los problemas sufridos hasta ahora. El acuerdo marco, no obstante, “es lo de menos”. “Queremos participar en el diseño del modelo de colaboración público-privada, con acuerdo marco o sin él”, se ofrece, “y compartir nuestro diagnóstico con todos los implicados para corregir el modelo anterior y sentar una bases nuevas”.

El programa electoral del PSOE prometía crear una Agencia Pública de Empleo y Cualificación “para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema, con la sustitución automática del actual SEPE, y una mayor coordinación con las comunidades autónomas”. A este nuevo organismo le debería corresponder “una verdadera acción pública de colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras”. El argumento que esgrimía el anterior Gobierno para recurrir a las agencias privadas de colocación era el bajo nivel de eficacia de los servicios públicos de empleo, que sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de empleo.

A juicio de Santiago Soler, “no es incompatible” que se apueste por reforzar el servicio público y se mantenga la colaboración con las agencias privadas. “Aunque parezca paradójico, estamos de acuerdo en que el SEPE necesita refuerzos en muchas cosas, y una parte de ese refuerzo pueden ser las agencias privadas de colocación”, apunta.

La breve y complicada historia de las agencias privadas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suscribió dos contratos con las agencias privadas de colocación. El primero, prorrogado por dos años el 13 de mayo de 2016, fue adjudicado a seis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara en todo el territorio nacional y a los desempleados de Ceuta y Melilla. El segundo se lo concedió a otras cuatro para que encontraran empleo a parados distribuidos según el tiempo que llevaran sin trabajar.

Pero hasta ese momento, el camino estuvo jalonado de tropiezos. Primero fue la lista de las 80 agencias de colocación seleccionadas la que sufrió cambios, entre acusaciones de las grandes ETT y las pequeñas agencias. Después los problemas se repitieron en el concurso convocado por el SEPE para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara y a los parados de Ceuta y Melilla. La lista de adjudicatarios sufrió hasta cuatro vuelcos, como consecuencia de los recursos presentados por las empresas que habían sido excluidas.

En un primer momento el SEPE dejó fuera a las empresas de formación que consiguieron liderar el concurso tras hinchar supuestamente su red de oficinas hasta superar en algunos casos el millar de sucursales. Ese número era el criterio determinante para la adjudicación.

Después fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos –Manpower, Eulen y Adecco–, además de las divisiones de formación de Telefónica y la ONCE, que se habían hecho con la concesión provisional. Finalmente, fueron seis empresas dedicadas a la formación las se quedaron con los lotes: Grupo Adalid Inmark el de Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, el de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, Aragón y Cataluña; Consultora San Román, Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecom 2003, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Vértice, Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, se les encargó atender a 11.000 parados.

En vista de los problemas acumulados con la primera convocatoria, el SEPE optó por un concurso negociado sin publicidad para adjudicar el segundo contrato. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplían ese requisito: Eulen, Manpower y la Asociación Salesiana. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitió acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

A estas tres grandes ETT y a los salesianos, las ganadoras, se les encomendó atender a 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estaban inscritos en el paro: Adecco se encargaba de quienes sólo llevaban de tres a seis meses sin trabajar; Eulen, de quienes hubieran pasado entre seis meses y un año sin empleo; los salesianos, de desempleados con entre uno y dos años de antigüedad en los registros de los servicios públicos, y Manpower, de quienes superaran los dos años.

Las vencedoras de este último concurso ofrecieron rebajas de hasta el 60% sobre las tarifas iniciales establecidas en el acuerdo marco, que ya permitía un descuento del 30%. Los precios originales oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros por parado colocado, dependiendo del grado de dificultad de la inserción.

Prórroga con una evolución incompleta

También fue controvertida la evaluación a la que están obligadas a someterse las agencias privadas de colocación. Pese a que legalmente debería haberse elaborado un informe sobre su desempeño y sometido a una comisión de seguimiento, la prórroga del primer contrato se suscribió antes de que esa comisión llegara a constituirse y con un informe que sólo era provisional. El segundo se prolongó cuando la comisión de seguimiento del acuerdo marco no se había reunido aún por segunda vez. El SEPE debería este verano presentar la segunda evaluación del trabajo de las agencias privadas.

De momento, los datos que el SEPE ha facilitado sobre la actuación de las agencias privadas no son detallados. Según constaba en el primer informe, hasta 2016 el SEPE remitió a las agencias los nombres de 189.879 parados –en España aún hay 3,79 millones, según la última EPA–, de los que sólo atendieron a 81.635, el 43%. La gran disparidad entre ambas cifras la explica el organismo público por el hecho de que los datos de que disponía sobre muchos de esos desempleados eran erróneos. Así, por ejemplo, las agencias privadas tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de ellos. En un buen número de casos, el SEPE les envió listados tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

De esas 81.635 personas atendidas, sólo 8.051 encontraron un trabajo durante al menos seis meses en un plazo de ocho. Son el 4,2% del listado remitido por el SEPE y el 9,8% de los que fueron atendidos. Estas cifras le sirvieron al SEPE para elogiar el trabajo de las agencias, por cuanto el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%.

En cualquier caso, los porcentajes también eran dispares, según la comunidad autónoma o el contrato. Murcia fue la que mejores resultados obtuvo, con un 25,6% de personas con empleo. En Castilla y León fueron el 10,5%. En los dos contratos firmados por el SEPE para el Plan Prepara, Ceuta y Melilla, y el distribuido según el tiempo que los parados llevan sin trabajar, el grado de éxito ha sido del 13,3%. El organismo no dio más detalles ni desagregó los datos por perfiles de parados, ni dijo qué tipo de empleos se ofertaron.

Sí precisó que las agencias manejaron 65.746 ofertas de empleo, realizaron 84.334 “acciones de información”, sin explicar en qué consistieron; 129.852 acciones de orientación y 16.212 acciones de formación.

Incidencias

Las agencias privadas tenían la obligación de comunicar cualquier tipo de “incidencia” que surgiera con los desempleados a los que atendían. Así, decían que 9.330 parados no comparecieron tras ser llamados, 1.138 rechazaron las acciones de orientación que les propusieron, 106 rechazaron las de formación y 287 rechazaron los puestos de trabajo ofrecidos. Los desempleados están obligados a aceptar una “oferta de empleo adecuada” si no quieren perder la prestación o el subsidio que cobran.

El SEPE considera “oferta de empleo adecuada” la profesión que demanda el desempleado, la que desempeñaba habitualmente u otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. También la última que ejerció si duró al menos tres meses. No obstante, si ha cobrado prestaciones, se entenderá que es adecuada cualquier profesión. Finalmente, la oferta de empleo no podrá suponer un desplazamiento a más de 30 kilómetros de distancia.

En el caso de los programas de ayudas ligados a formación, como el Plan Prepara, los beneficiarios no pueden rechazar los cursos que les ofrecen.

Además, el acuerdo marco permitía a las agencias cobrar un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubrieran percibiendo indebidamente la prestación y fuera sancionado por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, el informe provisional del SEPE no hacía mención alguna a este tipo de incidencia.

Seis millones y medio de hogares tienen como principal fuente de ingresos una pensión, ya sea contributiva –como las de jubilación, invalidez o viudedad– o no contributiva. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares, el 35,1% de los hogares –de los que hay un total de 18,5 millones, según la Encuesta de Población Activa– vivían de un pensionista en 2017. Este porcentaje es 2,4 puntos superior al de 2012 y 4,4 puntos mayor que antes de la crisis. Es decir, el número de familias que dependen de una pensión ha crecido un 7,34% en los últimos cinco años y un 14,33% desde 2007.

La Encuesta de Presupuestos Familiares constata que en el 28,7% de los hogares el “sustentador principal” es un jubilado o prejubilado: 5,3 millones de familias dependen de los ingresos de alguien que ya no trabaja. Esa cifra ha crecido un 6,3% desde 2007.

También viven a expensas de una prestación por desempleo o un subsidio social un 4,3% de lo hogares, 796.777 familias, un poco menos de la mitad que en 2012, pero aún casi el doble que en 2007, cuando sólo eran el 2,3%. De hecho, un parado es el sustento principal del 6% de los hogares, igualmente el doble que antes de la crisis. Que dependan de un inactivo –un estudiante o una persona dedicada a las labores del hogar– son aún más, el 7,2%, un porcentaje que apenas ha variado desde 2012 y ha crecido siete décimas desde 2007.

Entre las familias que tienen a un ocupado como principal fuente de ingresos, el 81,7% depende de un asalariado. Esta cifra no ha dejado de aumentar desde 2006, el año más antiguo del que ofrece datos la encuesta: un 4%. Por el contrario, el porcentaje de empresarios sin asalariados es ahora el menor de los últimos 11 años, un 12,2%. Desde 2006 ha caído 1,8 puntos, un 14,7%. Y desde 2012, pese a las campañas e incentivos diseñados por el Gobierno para promover el emprendimiento, la proporción de autónomos se ha reducido un 7,5%, el doble de lo que ha disminuido el porcentaje de empresarios, un 3,7%.

3,8 millones de hogares no llegan a mileuristas

La encuesta revela también que el 41,2% de los hogares españoles ingresa menos de 1.500 euros netos al mes: 7,63 millones de familias. Y de ellos, 3,8 millones –el 20,7%– viven con menos de 1.000 euros mensuales, lo que supone que su peso ha caído en la escala salarial un 5,6% durante la crisis. Otro 41,1% percibe entre 1.500 y 3.000 euros, lo que se traduce en un recorte del 2,8% desde 2007.

El grupo de familias que tiene más de 3.000 euros de ingresos mensuales representa el 17,8%, después de haber crecido casi tres puntos desde 2007: son un 18,6% más que antes de la crisis. Y, entre ellos, los hogares que viven con más de 5.000 euros netos al mes son los que más han aumentado su peso proporcional: un 47,8% desde 2012 y un 21,4% desde 2007.

La encuesta también permite conocer el nivel educativo de quienes aportan el sustento principal de las familias españolas. En casi la mitad de ellas, el 48,7%, se trata de alguien que no ha superado el bachillerato o la FP de grado medio. En el 28,5% de los hogares, el grupo más numeroso, el mayor aportador de ingresos no tiene más que la primera etapa de la ESO. De un licenciado, ingeniero o doctor dependen el 14,9% de los hogares, y de un diplomado o ingeniero técnico, un 8,6%. De un trabajador con una FP de grado superior, un 9%. El peso de estos tres últimos grupos no ha dejado de crecer en la última década. El que más, el de los titulados de FP de grado superior, nada menos que un 45% desde 2006. Los licenciados e ingenieros han aumentado su proporción en un 33%.

Las diferencias de gasto

Las familias gastaron una media de 29.188 euros en 2017, un 2,4% más que el año anterior descontada la inflación. Pero esa cifra esconde grandes disparidades. Así, el 20% de los que menos renta disponen para gastar dedicaron el 60% de su presupuesto a pagar la vivienda, el agua, el gas y la luz, así como la alimentación, casi el doble de lo que destinó el 20% de las familias con mayor potencia de gasto, un 36%. Por el contrario, estos últimos invirtieron el doble que los más pobres a transporte –un 16,7%– y restaurantes y hoteles –12,1%–.

Otro tanto ocurre con el gasto en las comunidades autónomas. El mayor gasto medio por persona correspondió en 2017 al País Vasco, con 14.175 euros mensuales, así como a Madrid –13.708 euros– y Navarra –13.325 euros–. El gasto medio de los vascos es un 20,9% mayor que la media nacional, mientras que el de Extremadura resulta ser un 21,1% inferior. Esa comunidad tiene el menor gasto medio de todo el país, 9.257 euros al mes.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo —antiguo Inem— bajó en febrero en 6.280 desempleados respecto al mes anterior (-0,18%), impulsado sobre todo por el sector servicios, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y recoge Europa Press.

El volumen total de parados alcanzó a finales de febrero la cifra de 3.470.248 desempleados, su nivel más bajo de los últimos nueve años, según ha destacado Empleo.

Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de febrero no ha seguido la misma tónica. En 13 de los 23 febreros de la serie se registran descensos del desempleo, frente a diez meses de aumentos.

La bajada de febrero de este año es inferior a la registrada en 2017 (-9.355 desempleados), pero contrasta con la subida de 2.231 personas experimentada en febrero de 2016. En 2015 el paro bajó en febrero en 13.538 personas y en 2014 lo hizo en 1.949 desempleados. En los últimos diez años, la subida media del paro en los meses de febrero es de 50.696 personas.

En términos desestacionalizados, el paro bajó en febrero en 23.139 personas y en los últimos doce meses se ha reducido en 280.628 desempleados (-7,5%).

El paro disminuyó en febrero en servicios (-15.133 desempleados), industria (-4.010) y construcción (-3.800) y subió en agricultura (+10.846 parados) y en el colectivo sin empleo anterior (+5.817 parados).

El desempleo aumentó en febrero en seis comunidades autónomas, lideradas por Andalucía (+7.473 parados) y Madrid (+1.731) y bajó en once regiones, principalmente en Cataluña (-4.685 desempleados), Baleares (-3.338) y Comunidad Valenciana (-2.045).

La mayor cifra de contratos fijos en una década

El número de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.546.402, cifra un 6,4% superior a la del mismo mes de 2017.

En febrero de 2018 se registraron 174.287 contratos de carácter indefinido, el 11,3% del total y la cifra más alta en diez años, con un incremento del 15,4% sobre igual mes del ejercicio anterior.

Empleo ha destacado que con este aumento de la contratación indefinida se encadenan 49 meses de incrementos interanuales.

La Seguridad Social ganó en febrero una media de 81.483 afiliados (+0,4%), su segundo mejor dato en un mes de febrero en diez años, sólo superado por el de 2015, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Al finalizar el mes pasado, el total de ocupados se situó en 18.363.514 cotizantes.

Educación, hostelería y construcción fueron los principales responsables del avance de la afiliación en febrero al ganar, respectivamente, 32.013, 21.312 y 21.015 ocupados, respectivamente.

Sin el componente estacional, la afiliación aumentó en febrero en 62.006 personas y, en valores interanuales, en 623.150, su mejor dato desde 2007, según Empleo.

En el segundo mes del año 2018 el Régimen General ganó 64.643 afiliados, un 0,4% más que en enero, hasta un total de 15.090.156 cotizantes.

Por su parte, el Régimen de Autónomos (RETA) ganó 16.027 ocupados en febrero (+0,5%), hasta un total de 3.209.919 afiliados.

En el último año, la Seguridad Social acumula un repunte de 615.8259 afiliados, un 3,47% más, su mejor dato interanual en once años.

Aumenta el paro juvenil 

El paro bajó en febrero en ambos sexos casi por igual. Así, el desempleo masculino retrocedió en 3.109 desempleados (-0,2%) y el femenino en 3.171 paradas (-0,1%), situándose el total de mujeres en paro en 1.997.878mujeres en paro y el de varones, en 1.472.370.

Por edades, el desempleo aumentó en 8.348 personas entre los menores de 25 años (+3,1%) y bajó en 14.628 personas entre los mayores de dicha edad (-0,4% respecto a enero).

La mayor cifra de contratos fijos en una década

El número de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.546.402, cifra un 6,4% superior a la del mismo mes de 2017.

En febrero de 2018 se registraron 174.287 contratos de carácter indefinido, el 11,3% del total y la cifra más alta en diez años, con un incremento del 15,4% sobre igual mes del ejercicio anterior.

Empleo ha destacado que con este aumento de la contratación indefinida se encadenan 49 meses de incrementos interanuales.

Dentro de los contratos fijos, 105.980 fueron a tiempo completo, un 16,1% más que en febrero de 2017, y 68.307 fueron a tiempo parcial (+14,1%).

El Ministerio ha resaltado que el crecimiento de la contratación indefinida casi triplica el aumento de la contratación temporal (+5,2%).

En el segundo mes del año se realizaron más de 1,3 millones de contratos de carácter temporal, de los que el 26,8% eran de obra o servicio a tiempo completo y el 25,8% eventuales por circunstancias de la producción, también con jornada completa. Por su parte, los contratos temporales con jornada a tiempo parcial supusieron el 29,6%.

El Gobierno cambió el sistema de formación profesional para el empleo en una reforma que presentó como urgente en 2015 y que ha arrancado con retraso –el decreto que la desarrolla no se aprobó hasta el pasado mes de julio– y con todo tipo de problemas: la Audiencia Nacional anuló la convocatoria de subvenciones de 2014 y tiene pendiente pronunciarse sobre la de 2016, tras ser denunciadas ambas por la patronal y los sindicatos, además de que un juzgado de lo Contencioso acaba de anular parte de esta última.

El Ministerio de Empleo ha publicitado como uno de los cambios más importantes de la reforma la “apertura de la gestión de los fondos” para financiar los cursos de formación a la “concurrencia competitiva”. Sindicatos y patronal dejaban de ser “juez y parte” en el reparto del dinero. Y las empresas de formación pasaban a impartir directamente los cursos, tras competir entre ellas por las subvenciones, en lugar de ser subcontratadas por los agentes sociales como antes.

El pasado mes de mayo se aprobó la lista provisional de adjudicatarios de las ayudas y aún no se ha cerrado el procedimiento. Pero desde entonces un buen número de empresas han renunciado a las subvenciones que les fueron concedidas. Según los datos a los que ha tenido acceso infoLibre, a fecha del pasado día 15 de noviembre han devuelto o renunciado a un total de 9,71 millones de euros en subvenciones. De los 402 planes de formación con propuesta de aprobación, 28 han quedado en el cajón. El plan de 2016 ascendía a un total de 250 millones de euros, pero sólo se han aprobado 198,6 millones. Es decir, más de 52 millones de euros han terminado en el limbo. Fuentes de la CEOE, además, calculan que al final del procedimiento el importe de los desestimientos puede dejar pequeños los 9,7 millones de euros actuales y superar los 20 millones.

El pasado octubre, el sindicato CCOO ya avanzó que el 26% de los sectores productivos se habían quedado sin cursos de formación en la convocatoria de 2016 porque no habían concurrido empresas de formación interesadas en impartirlos. CCOO advertía igualmente de que el 48% de los sectores han perdido casi 50 millones de euros que no se pudieron adjudicar por falta de solicitudes.

Riesgo de perder dinero

“Somos empresas que tienen una actividad económica pero nos han puesto bajo el paraguas de las subvenciones, el sistema que funcionaba para los agentes sociales, aunque para nosotros no tiene sentido”, lamenta María Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, consejera delegada de Adams, una de las grandes consultoras de formación. Las subvenciones impiden a los adjudicatarios obtener un beneficio económico: tienen que justificar hasta el último céntimo que reciben. El 90% del dinero debe ser destinado a sufragar los costes directos –profesores, instalaciones, material–. El problema, explican las empresas con las que ha hablado este periódico, es que el 10% reservado a costes indirectos es insuficiente. Antes era el 20%. Los costes “comerciales” –de captación de alumnos, por ejemplo–, que son “imprescindibles”, subraya María Jesús Pérez, pueden llegar a suponer “un 20% o 30%” de la cuantía percibida y quedan excluidos de esa partida mínima de costes indirectos. De manera que corren a cargo de la propia empresa, que asume así un “riesgo tremendo”. No es que no ganen dinero, sino que incluso temen perderlo aceptando la subvención. “Gastando tanto dinero en la captación de alumnos se pone en riesgo la calidad de la ejecución y nosotros nos ponemos en riesgo económico de sufrir pérdidas importantes”, advierte el responsable de otra empresa que ha renunciado a la convocatoria y pide el anonimato.

Además, el sistema de penalizaciones aplicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), responsable de la concesión de las ayudas, resulta “muy agresivo” e incluso “irracional”, protestan las empresas de formación. Los incumplimientos les suponen minoraciones “altísimas” en la cuantía de la subvención percibida. “Aunque haya ejecutado ya el 80% del plan, y por tanto habiendo invertido muchísimo dinero, puedo tener que devolver la ayuda íntegra”, destacan. Ya sea porque no han cumplido los porcentajes establecidos de participantes pertenecientes a colectivos prioritarios –mujeres, mayores de 45 años, parados de larga duración…– o porque no han conseguido alumnos en todas las comunidades autónomas, por ejemplo.

Las empresas recalcan mucho la importancia de la labor de captación de alumnos que deben hacer. “La tasa de abandonos es tan alta que debemos calcular siempre un 20% más de los alumnos previstos para cumplir con el 100%”, explica la responsable de Adams. Además, el SEPE ha prescindido de los desempleados como participantes en los cursos, pese a que la convocatoria establece que puedan incluirse hasta un 30% de parados. “Diseñamos los planes contando con ese 30%, al desaparecer nos los han descabalado, lo que puede suponer que incurramos en desviaciones [de los objetivos] o incumplamos el principio de territorialidad”, apunta María Jesús Pérez, “y eso nos puede obligar a devolver toda la subvención”.

“Todos somos sospechosos”

Todas las empresas consultadas coinciden en que el SEPE los trata como a “sospechosos”. Y culpan a los “abusos anteriores” que sindicatos, patronal y algunas empresas infligieron al sistema de formación de que Empleo haya optado por unos “criterios tan puramente intervencionistas”. La CEOE habla de criterios “intransigentes e inflexibles”. “Las bases son imposibles de cumplir”, sentencian las empresas.

Otra de las quejas repetidas se refiere al pago de la subvención. El abono anticipado tiene un límite máximo del 25% del importe concedido. Una vez empiezan los cursos, se les paga un 35% adicional. El último plazo, el 40% final, sólo se hará efectivo al acabar los cursos y tras justificar la actividad, sin más precisión. El retraso en el ingreso de la subvención provoca “tensiones de tesorería por valor de ese 40%”, advierten las empresas de formación, que se ven “en la práctica, financiando a la Administración”. Los costes financieros tampoco pueden incluirlos en la justificación de las subvenciones.

Como ejemplo de la “inseguridad” que supone participar en la convocatoria con la actual regulación, las empresas recuerdan que este mes el SEPE ha empezado a pagar el primer plazo de las subvenciones de la convocatoria de 2014, aprobadas en marzo de 2016. “Es decir, un año y ocho meses después”, destacan, “y eso, naturalmente, nos parte por la mitad”.

El resultado es que una de las empresas con las que este periódico ha hablado, y que se presentó en un programa agrupado junto con otras 14 más, sólo va a ejecutar uno de los cinco planes inicialmente adjudicados, “el más seguro”. También que no sólo empresas especializadas sino también patronales y sindicatos que se habían presentado a la convocatoria han desistido de impartir cursos. Es lo que ha ocurrido con el Instituto Superior de Estudios Empresariales, el centro de formación de la CEOE, al que se le concedieron dos subvenciones por un importe total de 2,58 millones de euros. Y con Confemetal, la patronal del sector del metal, que ha renunciado a parte de los 1,28 millones de euros que le fueron adjudicados en cuatro subvenciones.

“Esta convocatoria ha sido un suplicio”, señala la responsable de una de las empresas consultadas. “Un drama”, abundan las fuentes de la CEOE. Por eso piden que se cambien las subvenciones por “módulos económicos”, sugiere María Jesús Pérez, o por concursos públicos o por el cheque de formación, que permite altrabajador canjearlo por la formación que desee. “No tiene sentido que las empresas de formación seamos las beneficiarias del sistema”, añade, “deben serlo los alumnos”. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, Empleo eliminó los incentivos para el uso del cheque de formación, presionado por las comunidades autónomas. Tampoco cuenta con el apoyo de los sindicatos.

Cambio en la dirección del SEPE

El Ministerio de Empleo quita hierro al problema reduciéndolo a “quejas por motivos burocráticos”. “Todos los años se producen renuncias y desestimientos”, responde a infoLibre. “En esta ocasión ha podido influir la coincidencia con convocatorias autonómicas”, apunta un portavoz del departamento dirigido por Fátima Báñez.

Pese a que el ministerio no reconoce oficialmente el problema, las empresas de formación aseguran que le han puesto encima de la mesa todo el catálogo de dificultades que les supone la normativa, y que están dialogando para encontrar nuevas fórmulas. El relevo en la dirección del SEPE el pasado enero, cuando Julio Martínez Meroño sustituyó a Reyes Zatarain, ha supuesto un cambio de actitud considerable, coinciden todas las fuentes interpeladas. “Ahora hay buena disposición, con la anterior dirección era imposible”, resaltan. Aunque una de las empresas matiza que los cambios incluidos en el borrador de la convocatoria de 2017 son “mínimos”, por lo que sólo participarán después de estudiar detenidamente los requisitos y comprobar cuáles van a ser las penalizaciones.

En estos momentos, los agentes sociales negocian con Empleo las condiciones de la convocatoria de formación en competencias digitales, presupuestada en 60 millones de euros, que la ministra anunció hace sólo tres semanas. CEOE alaba el cambio de comportamiento que ha advertido en el SEPE en esta mesa. “Pedimos más libertad en la ejecución”, resume una de las empresas. “Flexibilización de los criterios”, insiste la CEOE, algo indispensable para que sobreviva un sector que, según dice, “está agonizando”. Menos interés en la “auditoría y el control, en perseguir a los alumnos” y más valorar la calidad de las empresas y la ejecución”, propone otra consultora.

El ministerio sólo responde que ya se han pactado mejoras para próximas convocatorias y que, en cualquier caso, “el sistema está en permanente revisión y mejora técnica en el marco del diálogo con el patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) [encargada de coordinar la ejecución de los planes de formación] y en las mesas de negociación con los agentes sociales”.

España reembolsó a la Comisión Europea más de 1,3 millones de euros en 2015 y 2016 no utilizados de ayudas solicitadas del Fondo de Ajuste a la Globalización de la UE en 2011 para recolocar a personas que perdieron su empleo por la crisis económica y el cierre y deslocalización de empresas por efectos de la globalización, según se desprende de las cifras publicadas este martes por Bruselas, recogidas por Europa Press.

En concreto, España devolvió 564.932 euros, el 43,5% de los cerca de 1,3 millones de euros del Fondo concedidos para ayudar a recolocar a 1.106 parados del sector del metal en el País Vasco. Las ayudas europeas beneficiaron a 366 personas, según los datos del informe sobre las intervenciones del Fondo en 2015 y 2016, publicado este martes.

Las autoridades españolas también devolvieron 411.040 euros no utilizados, el 20,3% de los 2,03 millones de euros otorgados para ayudar a 878 personas que perdieron su empleo en el sector del metal en Galicia a encontrar otro empleo o formarse para otra actividad profesional. En este caso, 454 personas fueron beneficiadas por las ayudas europeas.

Según recoge el informe, España también devolvió 145.466 euros equivalentes al 11,2% de los 1,3 millones concedidos para ayudar a recolocar a 788 trabajadores que perdieron su empleo en el sector de la construcción en Aragón. Las ayudas del fondo beneficiaron a 320 personas.

Igualmente, devolvió 100.452 euros, el 6,1% de algo más de 1,6 millones otorgados del Fondo para ayudar a recolocar a 1.138 parados del sector de la construcción en la Comunidad Valenciana. Las ayudas europeas, solicitadas en 2011, beneficiaron finalmente a 423 personas.

Finalmente, España reembolsó al presupuesto comunitario 108.254 euros no utilizados, el 6,6% de los 1,6 millones de euros concedidos para recolocar a 876 trabajadores que perdieron su empleo en el sector del calzado en Valencia. Las ayudas europeas beneficiaron en este caso a 423 personas.

Se trata de cinco de 34 casos de ayudas solicitadas años atrás en catorce países —España, Dinamarca, Francia, República Checa, Bélgica, Irlanda, Grecia, Portugal, Países Bajos, Suecia, Italia, Finlandia, Rumanía y Polonia— que se resolvieron en 2015 y 2016 para tratar de ayudar a recolocar a 42.695 personas que perdieron su empleo.

Según los datos publicados, un total de 24.778 personas se vieron beneficiadas por ayudas del Fondo, que concedió casi 143 millones de euros aunque los Estados miembro reembolsaron 60,6 millones de euros, el 42,4% del total.

España, con casi 47,8 millones de euros que han beneficiado a 14.468 trabajadores y ninis, es el sexto país más beneficiado por el Fondo entre 2007 hasta finales de 2016. Sólo Francia (89,8 millones), Irlanda (67,7 millones), Dinamarca (63,7 millones), Italia (60,5 millones) y Alemania (52,9 millones) han recibido más ayuda del fondo.

Zapatelas, la tienda que abrió la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en el número 39 de la calle Malasaña para la integración laboral de personas en riesgo de exclusión, fue atracada el pasado jueves, según informó Europa Press.

El atraco fue narrado en la cuenta de Facebook del propio establecimiento. Según indicaron, el atracador portaba un cuchillo con el que, tras cerrar la puerta de la tienda, "asustó" a la dependienta que se encontraba trabajando en ese momento.

"Ayer nos han atracado, en la tienda, cuando estaba una socia ayudando, estaba sola, el atracador entró con un cuchillo, cerró la puerta detrás suyo y la asustó tanto que se defendió, el atracador la hizo daño, mucho, la asustó muchísimo y todo para llevarse unos pocos billetes", explicaron en la tienda.

Además, indicaron que la dependienta está ya "fuera de peligro" tras haber vivido "un punto de descontrol, de egoísmo, de locura". "Todas las personas que formamos este proyecto estamos afectados y tristes por este suceso", aseveraron.

Tal y como adelantó el diario El Mundo, la socia que se encontraba en ese momento en Zapatelas era la hija del exvicepresidente del Gobierno, el general Manuel Gutiérrez Mellado, Ana Gutiérrez Mellado.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en febrero en 9.355 desempleados respecto al mes anterior (-0,2%), su segundo mejor registro en un mes de febrero desde 2005, informó este jueves el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y recogió Europa Press.

El volumen total de parados alcanzó a cierre del mes pasado la cifra de 3.750.876 desempleados y continúa en los niveles más bajos de los últimos siete años.

Dentro de la serie histórica comparable, que arranca en 1996, la evolución del paro en los meses de febrero ha sido desigual, con descensos en doce meses y aumentos en nueve de ellos, la mayoría concentrados en el periodo 2008-2013.

El descenso de febrero de 2017 es el segundo más pronunciado de los últimos doce años, sólo superado por el de 2015, cuando el desempleo bajó en 13.538 personas. En febrero de 2016 el paro subió en 2.231 personas y en los últimos ocho años ha aumentado en una media de 57.863 desempleados.

En términos desestacionalizados, el paro bajó en febrero en 32.711 personas.

En el último año el paro ha bajado en 402.110 personas, su mayor descenso en este mes de toda la serie histórica, según destacó el Ministerio, que resaltó además que la tasa anual de reducción del paro (-9,68%) es la más pronunciada en un mes de febrero desde 1999.

El número de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.452.528, la cifra más alta de la serie histórica en un mes de febrero y un 5,4% superior a la del mismo mes de 2016.

En febrero de 2017 se han registrado 151.072 contratos de carácter indefinido, el 10,4% del total, con un incremento del 8,4% sobre el mismo mes del ejercicio anterior.

La Seguridad Social gana 74.080 cotizantes

La Seguridad Social ganó en febrero una media de 74.080 afiliados (+0,4%), su segundo mejor dato en este mes desde 2008 tras el logrado en 2015, cuando la afiliación creció en 96.909 personas.

En febrero del año pasado se ganaron 63.355 cotizantes, menos de los registrados este año. De este modo, al finalizar el mes pasado, el total de ocupados se situó en 17.748.255 cotizantes.

En febrero, el Régimen General ganó 68.506 afiliados, un 0,4% más que en enero, mientras que el Autónomos (RETA) sumó 4.041 nuevos cotizantesRETA (+0,1%).

En el último año, la Seguridad Social acumula un repunte de 580.543 afiliados, un 3,38% más, la mejor tasa desde 2007.

Las prestaciones públicas como las pensiones de jubilación o las ayudas a parados reducen la desigualdad entre las familias en un 28,9%, mientras que los impuestos la reducen en un 2,97%, según el segundo informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos entre los hogares españoles publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) con datos de 2014, los últimos disponibles.

El estudio de Fedea concluye que la desigualdad de la renta después de impuestos, medida por el Índice de Gini, disminuyó entre 2013 y 2014 de 0,4023 a 0,4015, a pesar de que el IVA y los impuestos especiales son globalmente más regresivos en 2014 que un año antes, y el Impuesto sobre Patrimonio, menos progresivo.

A cambio, las cotizaciones sociales reducen su regresividad en este periodo y el IRPF refuerza "notablemente" su progresividad, lo que permite que en 2014 el conjunto de los impuestos aumente su efecto redistributivo, ya que si en 2013 reducía la desigualdad de la renta en un 2,82%, en 2014 lo hacía en un 2,97%.

Sin embargo, el estudio de Fedea pone de manifiesto que lo que realmente reduce las desigualdades entre las familias son las prestaciones públicas (pensiones de jubilación y supervivencia, prestaciones por desempleo, las de invalidez y las de enfermedad, estudios, asistencia social, ayudas familiares y a la vivienda), que lo hacen en un 28,9%, y un 80% de ese efecto se debe al impacto redistributivo de las pensiones de jubilación y supervivencia.

Agregando los dos instrumentos de la intervención de los poderes públicos (impuestos y prestaciones), la desigualdad se reduce en un 30,98% en 2014, pero las prestaciones públicas fueron responsables del 93% de este efecto global, cifras muy similares a las de 2013.

Crece el tipo medio efectivo

En el caso concreto de los impuestos, Fedea indica que el tipo medio efectivo (cociente entre los impuestos pagados y la renta bruta) crece con la renta, al igual que sucedía en 2013, con una salvedad: el tipo que soporta el 20% de los hogares más pobres solo es superado por el que soporta el 10% de los hogares más ricos, debido fundamentalmente al mayor peso que alcanzan los impuestos indirectos entre las familias con menos recursos, en especial el IVA y las cotizaciones sociales, sujetas estas últimas a bases mínimas de cotización.

Y esto es así porque todos los impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales) se comportan de forma regresiva. De hecho, agregadamente estos tributos aumentan la desigualdad de la renta de los hogares un 4,45% y el IVA es el que más contribuye a este efecto debido a su elevado volumen recaudatorio. Este impuesto, por su parte, eleva la desigualdad de la renta bruta de los hogares en un 3,41%. Informa Europa Press.

Por lo que respecta a los impuestos directos, el IRPF y el Impuesto sobre Patrimonio son globalmente progresivos, mientras que las cotizaciones sociales son regresivas, debido a la existencia de bases mínimas y máximas de cotización. En concreto, la aplicación del IRPF reduce en un 8% la desigualdad en la distribución de la renta bruta de los hogares, lo que permite que el conjunto de los impuestos directos tenga también un efecto igualador del 7,42%.

Sólo crece la renta entre los hogares más ricos

El estudio de Fedea también pone de manifiesto que la comparación de los resultados para 2014 con los obtenidos para 2013 muestra que el leve crecimiento del 0,31% experimentado por la renta bruta se concentra casi exclusivamente en el 1% de los hogares con mayor renta. De hecho, los hogares del decil más rico han visto crecer su renta bruta un 7,6% en 2014.

Sobre la evolución de la presión fiscal, todos los tramos de renta han visto elevada su presión fiscal entre 2013 y 2014 y "muy destacadamente", los hogares situados en el 1% de los más ricos. En concreto, en 2014 el conjunto de los impuestos representaba el 27,48% de la renta bruta de los hogares, frente al 26,74% de un año antes.

Fedea apunta que detrás de este incremento del 2,77% en el tipo impositivo medio se encuentra el aumento de la renta y el consumo de los hogares, pero también algunos cambios normativos adoptados por el Gobierno (en el IRPF y los impuestos especiales) y por las comunidades autónomas (en el IRPF, Patrimonio, ITP y AJD y el Impuesto sobre Hidrocarburos).

La Audiencia Nacional ha anulado también la convocatoria de subvenciones de 2014 para que los menores de 30 años mejoren su empleabilidad y cualificación profesional, una partida de 41,33 millones de euros. Es la segunda convocatoria de subvenciones de formación para el empleo que este tribunal ha anulado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en los últimos meses. Confemetal y las patronales de la Hostelería (FEHR) y la Asistencia a la Dependencia (FED), han recurrido tres resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y, hasta el momento, la Audiencia Nacional les ha dado la razón en dos. Además de esta última sentencia, del pasado 19 de octubre, el tribunal anuló el pasado julio la convocatoria de ayudas para cursos de formación de ocupados correspondiente a 2014, que repartió 139 millones de euros. Las organizaciones empresariales y los sindicatos UGT y CCOO también han recurrido la convocatoria de 2016, que distribuye 250 millones más, pero aún esperan la sentencia.

La Audiencia Nacional repite con los cursos para menores de 30 años los argumentos por los que declaró nula la convocatoria de 2014 para ocupados. El SEPE no sometió su propuesta de distribución del presupuesto a la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, donde además de las administraciones públicas se sientan las organizaciones empresariales y los sindicatos. Ese órgano debería haber emitido un informe que los jueces consideran preceptivo y vinculante. La sentencia reprocha al SEPE que “confunda” el hecho de haber “consultado” a los agentes sociales con el de emitir un informe obligatorio. Y ordena al organismo, dependiente del Ministerio de Empleo, que subsane el error solicitando dicho documento.

Los tres recursos judiciales forman parte de la batalla que libran la patronal y los sindicatos con el departamento que dirige Fátima Báñez a cuenta de la reforma de la formación para el empleo. El ministerio ha excluido a los agentes sociales del control y la gestión del sistema. Y exigen que se les devuelva su papel. Empleo, por su parte, repite que sindicatos y patronal no pueden ser “juez y parte” en la concesión de subvenciones y que su exclusión es una decisión del Gobierno que no va a cambiar.

La tensión se traslada al Consejo General del Sistema

Así, el ministerio está estudiando cómo subsanar el error tras las sentencias, pero se niega devolver a los agentes sociales el control y gestión de las ayudas. Ha convocado para este próximo jueves el pleno del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, un órgano consultivo donde participan el ministerio, las comunidades autónomas, la patronal y los sindicatos. En ese foro pretende informar sobre cómo va a resucitar las convocatorias de subvenciones fulminadas por la Audiencia Nacional. “El trabajo está avanzado”, aseguran fuentes del ministerio.

Pero, en principio, la cita no será pacífica. Según las fuentes consultadas por infoLibre, sindicatos y patronal tienen previsto presentar un escrito en el que piden que se suspenda la reunión. Creen que el Consejo General no es el órgano competente, sino la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, precisamente el órgano de participación que ha quedado en el limbo tras ser apartados los sindicatos y la patronal del control del sistema.

Mientras dilucida cómo cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional, el SEPE ha bloqueado el pago del último plazo de las subvenciones comprometidas, unos 35 millones de euros de un total de 139 millones presupuestados para 2014. Estas ayudas se pagan en tres plazos: en el primero el SEPE anticipa el 50% de la ayuda concedida; en el segundo, abona el 25% a las empresas de formación que certifiquen que han impartido al menos el 50% del plan; y en el tercero, el 25% restante. Es este último ingreso el que ha quedado pendiente. Los perjudicados son las empresas de formación que imparten los cursos y los docentes, que acumulaban ya antes de esta paralización meses de retrasos e impagos de honorarios.

Parte del cuestionado Sistema de Garantía Juvenil

En el caso de las subvenciones para menores de 30 años, el 50% es financiado por el Fondo Social Europeo a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil. Así, la mitad de sus destinatarios podrían ser jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, una iniciativa que, en teoría, debe garantizar a los menores de 30 años el acceso a un empleo, unas prácticas o un curso de formación en el plazo máximo de cuatro meses.

Sin embargo, únicamente el 10,7% de los ninis españoles se han beneficiado de este sistema, sólo por delante de los jóvenes sin estudios ni trabajo de Hungría, Malta e Italia, según la última evaluación realizada por la Comisión Europea. Frente al 80% de los franceses o el 60% de los alemanes. Y ello pese a que el porcentaje de ninis en estos dos países es 10 puntos inferior al de España, por otra parte también el Estado miembro de la UE al que más fondos se han concedido, 1.887 millones de euros. Ni siquiera aumentar hasta los 30 años la edad de los potenciales beneficiarios –en principio el sistema estaba destinado sólo a los jóvenes de 15 a 24 años– ha conseguido impulsar la iniciativa.

Según el Ministerio de Empleo, el pasado agosto eran 314.856 los jóvenes inscritos en el sistema, de los 1,16 millones de parados menores de 30 años que hay en España según la última Encuesta de Población Activa (EPA). De los que recibieron una oferta de empleo, sólo el 37,7% seguían trabajando seis meses después: el puesto les había durado muy poco.

Buena prueba del fracaso de la Garantía Juvenil es que la Comisión Europea ha pedido a España el reembolso temporal de la prefinanciación que le había concedido, un 30% de los fondos, porque no pudo justificar a tiempo, antes del 23 de mayo pasado, un 50% de solicitudes de pago. Tampoco contaba para entonces, como le exigía Bruselas, con un sistema de gestión y control sólido aprobado por la autoridad nacional de auditoría. Así se lo explicaba la Comisión Europea a tres eurodiputados socialistas en la respuesta a una pregunta parlamentaria el pasado 15 de septiembre.

20.000 jóvenes beneficiados

En el caso de la convocatoria de ayudas para formar jóvenes anulada ahora, se presentaron 362 proyectos, de los que sólo fueron aprobados 65. Fueron subvencionados con 36,27 millones de euros y han beneficiado a un total de 20.150 menores de 30 años.

Se trata de cursos para desempleados con compromiso de contratación para al menos el 30% de los participantes –contratos de un mínimo de seis meses a tiempo completo o de 12 meses a media jornada–, cursos presenciales para obtener certificados de profesionalidad tanto para jóvenes ocupados como parados, y cursos de inglés y de tecnologías de la información y la comunicación. Todos ellos enfocados especialmente a menores de 30 años con baja cualificación.

Gobierno, sindicatos, empresarios y expertos coinciden en destacar el papel fundamental que desempeñan las políticas activas de empleo, la formación, en la lucha contra el paro. “Suponen la manera de hacer posible que la gente se emplee cuanto antes”, explicaba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el pasado septiembre en Jaén, antes de publicitar que el Gobierno iba a aumentar un 10% el presupuesto dedicado a esta partida para 2016.

Pero el desempeño administrativo desmiente las declaraciones de intenciones en la apremiante batalla contra el récord de paro. El Servicio Público de Empleo (SEPE) sólo ha ejecutado hasta el momento el 0,71% de su presupuesto anual para formar a desempleados, 892 millones de euros. La cifra aparece en la ejecución provisional del presupuesto de este organismo, el antiguo Inem, a fecha de mayo.

El motivo por el cual es tan bajo el nivel de ejecución de la partida destinada a dar cursos de formación a los casi cuatro millones de parados inscritos en el SEPE estriba en que el Consejo de Ministros no había aprobado aún una transferencia a las comunidades autónomas de 600,6 millones de euros. Y no lo ha hecho porque el Ministerio de Hacienda tampoco ha elaborado el informe favorable que es “preceptivo y vinculante”, según explica Empleo a infoLibre. El departamento que dirige Fátima Báñez justifica el retraso del de Montoro en el “gran volumen de información” que éste debe recabar de las comunidades autónomas con carácter previo. El informe, añade, “depende del cumplimiento por parte de las comunidades autónomas de los objetivos de déficit asignados”.

Todas las comunidades, excepto Galicia, País Vasco y Canarias, superaron el techo de déficit el año pasado, el 0,7% del PIB, por lo que las incumplidoras recibieron una carta del ministerio a comienzos de abril donde les exigía que aprobaran en el plazo de 15 días medidas de recorte de gasto. Lo hicieron, y el pasado día 9 Montoro anunció el desembolso de 8.816 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica para que las comunidades autónomas, a su vez, paguen a sus proveedores.

Además de la cuantiosa partida que gestionan las comunidades autónomas, el SEPE administra directamente casi 37 millones de euros para ofrecer cursos de formación a los parados. A mitad del ejercicio en curso sólo ha desembolsado el 3,12% de esa cantidad. Al término de 2015, únicamente había utilizado el 45,42% del presupuesto para ese año, y ello después de haber recortado la partida inicial, de 35,8 millones a 25,4 millones de euros.

Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Otro de los capítulos incluidos en la formación para desempleados del presupuesto del SEPE es la correspondiente al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Son 120 millones de euros, de los que sólo se ha repartido hasta el momento el 4%, 4,8 millones. El objetivo de este sistema, impulsado desde Bruselas, es que los menores de 30 años reciban una oferta de empleo, formación o prácticas en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados. Hasta el pasado mes de febrero, la cifra de inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil era de 215.289, apenas el 16,8% de los 1,27 millones de parados menores de 30 años que hay en España, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

El escaso número de jóvenes registrados ha sido muy criticado por los sindicatos, que reprochan a Empleo la opacidad del sistema. Ni siquiera ampliando de los 25 a los 30 años la edad de los posibles beneficiarios ha conseguido el ministerio que la iniciativa aumente su cobertura.

Aún sin convocatoria de subvenciones para los ocupados

En el apartado de formación a ocupados la ejecución ha sido mayor que en la ofrecida a los desempleados, pero aun así sólo representa la tercera parte del presupuesto anual destinado a este capítulo, 1.027,7 millones de euros. La razón de la parálisis en este caso también lo atribuye Empleo al Ministerio de Hacienda, que no aprobó hasta el pasado día 17 un expediente de ampliación de crédito de 32 millones de euros. Empleo dice que el SEPE no recibió “hasta hace dos semanas” el citado documento, por lo que la convocatoria de subvenciones sigue aún tramitándose pero aún no se ha publicado, casi dos meses después de ser aprobada por el patronato de la Fundación Tripartita, que la gestiona. 

A su vez, la convocatoria acumulaba ya un retraso considerable este año. En 2015 no hubo convocatoria de los planes de formación y este año acumula ya tal demora que los cursos no podrán empezar a impartirse hasta final de año. Es decir, se han quedado sin formación medio millón de ocupados y 270.000 desempleados, según las últimas cifras de participación en cursos publicadas por el SEPE.

En consecuencia, y a pesar de la importancia que se le otorga a la formación, sólo cinco de cada 100 desempleados realizaron un curso en 2013, si hay que creer a la última evaluación de calidad del sistema realizada por el propio SEPE.

Por el contrario, sí que se pagan a buen ritmo las bonificaciones a los contratos: el SEPE abona a la Seguridad Social las cuotas que las empresas deben pagar por contratar a trabajadores, las tarifas planas aprobadas por el Gobierno en estos cuatro años. Hasta mayo, ha desembolsado ya el 40,27% de los 1.635 millones presupuestados para todo el año. El año pasado el SEPE pagó por este mismo concepto un total de 1.475 millones, el 98,33% de la partida asignada.

Las ayudas de 426 euros, a menos

En cambio, continúa con una decepcionante aplicación la última ayuda creada por el Gobierno para los parados que agoten el catálogo de prestaciones públicas, y que también está vinculada a la inscripción en cursos formativos. Del Programa de Activación para el Empleo, 426 euros al mes, destinada a parados de larga duración, sólo se ha pagado hasta mayo un 15,5% de los 350 millones inicialmente consignados. Según las últimas cifras del ministerio, el pasado abril sólo percibían esa ayuda 25.068 personas, un 43% menos que un año antes.

Del programa Prepara, la penúltima ayuda de 426 euros vinculada a la realización de cursos y destinada a parados que hayan agotado el resto de los subsidios, sólo se ha desembolsado el 26,8% del presupuesto inicial  –219 millones de euros–, después de sufrir un recorte de 17,6 millones. Según explica el ministerio, esa cifra ha resultado ser “excesiva” teniendo en cuenta la “tendencia a la baja en el gasto de estas ayudas en los últimos ejercicios”. Así que la cantidad sobrante se ha dedicado a otra partida, los planes de empleo para “insertar parados en el ámbito local”.

41 millones menos para modernizar las oficinas públicas

Este año, el ministerio ha destinado 100 millones de euros a la “modernización” de los servicios públicos de empleo, la misma cantidad que el año anterior. Pero entonces recortó la partida en 41,63 millones. A preguntas de este periódico, el ministerio no explica por qué redujo el presupuesto en un 41,6% el año pasado, sólo que destinó ese dinero a orientación profesional en las comunidades autónomas de los beneficiarios del Programa de Activación para el Empleo.

El recorte de las partidas dedicadas a modernizar el SEPE ha sido una de las críticas constantes de sindicatos y expertos desde que Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, pues ha coincidido con la puesta en marcha de convenios con las agencias de colocación privadas. En 2015 Empleo reservó 140 millones para estas empresas, este año les dedica 175 millones más, el doble de lo que destinó a “modernizar” las oficinas públicas de empleo.

El Gobierno justifica el cambio de orientación del gasto en la ineficacia pública para encontrar trabajo a los parados y en el mayor rendimiento de las agencias privadas. Así, según la última EPA, sólo un 1,7% de los asalariados encontró empleo gracias a las oficinas públicas, ahora en manos de las comunidades autónomas, tres décimas menos que un año antes. Aunque la eficacia de las agencias privadas tampoco fue mucho mayor: sólo un 2,9% de los trabajadores dice haber encontrado trabajo gracias a ellas.

La Comunidad de Madrid pagará 7,5 millones de euros a cuatro agencias de colocación privadas para que busquen trabajo a 8.000 del casi medio millón de desempleados de la región. La Consejería de Economía y Empleo ha utilizado un concurso negociado y sin publicidad para adjudicar la tarea a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), la Fundación Tomillo, Eulen Flexiplan y la Asociación Salesiana. El Gobierno madrileño, cuando aún lo presidía Esperanza Aguirre, suprimió el Servicio Regional de Empleo en julio de 2011.

El Ejecutivo autonómico justificó la medida en la necesidad de “optimizar la eficacia de la Administración autonómica y avanzar en la contención del gasto público y la austeridad”, al tiempo que prometía una atención a los desempleados “más cercana y activa” y “con mejores resultados”. En su lugar creó tres nuevas direcciones generales.

Cinco años después y en el último momento, el pasado 28 de diciembre, el Gobierno de Madrid decidió movilizar su parte de los 80 millones de euros que el Ministerio de Empleo destinó en 2015 a las comunidades autónomas para que pusieran en marcha las agencias privadas de colocación. Al concurso negociado y sin publicidad invitó a 11 agencias de las 80 preseleccionadas por Empleo. En 2013 el ministerio aprobó un Acuerdo Marco que es que ha regido desde entonces un proceso lleno de sobresaltos y polémicas. De hecho, el sistema de colaboración público-privada –como denomina el Gobierno al recurso a las agencias privadas para que compitan con el antiguo Inem, hoy SEPE– sólo se ha puesto en marcha hace dos meses, con la legislatura a punto de acabar.

Esas 11 agencias invitadas fueron, además de las ganadoras ya citadas, las grandes empresas de trabajo temporal (ETT) Manpower, AdeccoAdecco y Randstad, y por partida doble, puesto que la Comunidad de Madrid también llamó a las fundaciones de estas dos últimas multinacionales. También a la Fundación Benéfica San Martín de Porres y la Asociación Cultural La Kalle. La Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), que agrupa a las agencias más pequeñas, se queja no sólo de la “falta de transparencia” del proceso, sino también de la “preferencia” que ha demostrado la Comunidad de Madrid por “las grandes multinacionales”. Y se pregunta cuál ha sido el criterio del Gobierno autonómico para invitar a esas 11 agencias de las 80 posibles.

Criterio geográfico y de especialización

Un portavoz de la Consejería de Economía y Empleo explica a infoLibre que los criterios de selección han sido “el geográfico y el de especialización”. Así, indica, en los dos primeros lotes, para insertar a personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social, se invitó a agencias que cuentan al menos con un centro de trabajo autorizado en la Comunidad de Madrid y que tienen experiencia en el trabajo con esos dos segmentos de población.

Pero lo cierto es que de las tres invitadas al lote número 1, dos son las fundaciones de Adecco y Randstad, que están autorizadas por el SEPE sólo como agencias con “medios telemáticos” y tienen ámbito nacional. La ganadora, Cocemfe, sí que posee autorización para trabajar de forma “presencial” y sólo en la Comunidad de Madrid. En el lote número 2, tanto las invitadas –La Kalle y San Martín de Porres– como la adjudicataria, Fundación Tomillo, cumplen los requisitos de prestar atención presencial y ser de ámbito madrileño.

Para las invitaciones a los lotes 3 y 4, se eligió, según la consejería, a agencias que cuentan al menos con cinco centros de trabajo en la Comunidad de Madrid y acrediten experiencia en la inserción de parados de menos de 30 años y desempleados de larga duración –más de un año sin trabajo–, respectivamente. Sin embargo, las cinco invitadas –son las mismas para ambos lotes– están autorizadas por el SEPE sólo para actuar con “medios telemáticos” y su ámbito es nacional.

Es decir, de las 11 agencias invitadas, sólo dos están autorizadas a trabajar de forma presencial con los parados y son de ámbito autonómico. Y cinco son grandes ETT y la Asociación Salesiana, también una de las mayores agencias de colocación españolas.

Por partida doble

A juicio de la asociación ANAC, el criterio utilizado por la Comunidad es “confuso” puesto que la autorización del SEPE sólo permite actuar a estas grandes agencias por medios telemáticos –internet– y desdeña “el valor de centros de formación profesional para el empleo que tradicionalmente gestionan contratos de formación y aprendizaje o programas de formación con compromiso de contratación”. También critican las pequeñas agencias que se haya duplicado la invitación a las multinacionales Adecco y Randstad. Se da la circunstancia de que Randstad declinó las invitaciones a los tres lotes a los que fue llamada. Tampoco mostró interés en los concursos de ámbito nacional convocados por el SEPE.

ANAC expresa además su desconcierto por el hecho de que la Comunidad de Madrid haya otorgado exactamente la misma puntuación a todas las ofertas presentadas en todos los lotes: 20 puntos. Hasta el 60% de la nota final corresponde a la valoración técnica obtenida por cada agencia de colocación en el Acuerdo Marco; es decir, la concedió en su día el SEPE. El resto se reparte entre el precio ofrecido y los puntos que recibe el sistema de evaluación de los resultados de su trabajo que acredite cada agencia. Y éstos han sido 20 para todas. Según la Consejería de Economía, es así porque para obtener esa puntuación a la agencia le basta con acreditar que dispone de un “enlace web con acceso identificado y protocolo seguro” para enviar datos al sistema informático de la Dirección General de Empleo. ANAC recuerda que todas las agencias incluidas en el espacio telemático común del SEPE tienen ese acceso.

El caso es que la Comisión de Contratación de la Asamblea de Madrid estudiará la adjudicación de las agencias privadas en su próxima reunión del día 10. Tanto Podemos como Ciudadanos han solicitado ya el expediente completo de la contratación y la comparecencia de la consejera de Economía y Empleo, Engracia Hidalgo.

Los dos concursos nacionales 

Desde que se firmó el Acuerdo Marco en 2013, el SEPE ha convocado dos concursos para que las agencias privadas de colocación. El primero estuvo empantanado durante más de un año por los sucesivos recursos de las agencias excluidassucesivos recursos de las agencias excluidas. Hasta cuatro veces rehízo la lista de adjudicatarios el SEPE.

Finalmente, seis pequeñas agencias consiguieron el concurso: UTE Adalid Inmark y T de Talento, Ibecón 2003, Master cum Laudem, San Román Escuela de Estudios Superiores y Fundación Vértice. En uno de esos vuelcos de lista fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos: Adecco, Manpower, Eulen y la orden salesiana, además de Telefónica y la Once.

Esa primera convocatoria fue un procedimiento abierto y ordinario; el segundo, negociado y sin publicidad. Sólo fueron invitadas cinco empresas: Eulen, Manpower, Adecco, la Asociación Salesiana y la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–. Esta última declinó presentar una oferta. Es decir, se hicieron con el segundo concurso las grandes empresas que habían quedado excluidas del primerosegundo concurso. Prácticamente las mismas que fueron invitadas por la Comunidad de Madrid a su propia convocatoria.

La última decisión de Engracia Hidalgo

El concurso negociado y sin publicidad del SEPE fue una de las últimas decisiones tomadas por Engracia Hidalgo, entonces secretaria de Estado de Empleo, antes de dejar el ministerio. Fue convocado en junio del año pasado y resuelto en poco más de un mes. El 26 de junio Hidalgo abandonó el departamento que dirige Fátima Báñez para regresar a la Comunidad de Madrid, donde ya había sido consejera de Hacienda y de Familia. Desde entonces es la responsable de Economía, Empleo y Hacienda. Aquí ha repetido concurso, procedimiento y empresas.

Según los datos del mes de enero, en Madrid hay 460.330 parados registrados. La Encuesta de Población Activa (EPA) cuenta hasta 563.000 a 31 de diciembre de 2015. El pasado mes, el paro aumentó en 7.978 personas en la Comunidad, la segunda en que más creció sólo detrás de Andalucía. Es casi la misma cifra de desempleados que las agencias privadas tendrán que colocar a lo largo de este año por encargo del Gobierno de Cristina Cifuentes, a cambio de 7,5 millones de euros. Cobrarán un 85% del erario público por cada trabajador al que encuentren empleo –un contrato de al menos seis meses– y el 15% restante por las “labores de intermediación, asesoramiento y orientación” que hayan realizado previamente con ese trabajador. El precio de licitación para cada uno de los tres primeros lotes es de 1,5 millones de euros. El del cuarto, los parados de larga duración, los más difíciles de devolver al mercado de trabajo, se ofertó por el doble: tres millones de euros.

La legislatura está a punto de concluir y el Ministerio de Empleo aún no tiene garantizado que las agencias privadas comiencen a buscar trabajo a los parados. Acaba de enviar los primeros listados de desempleados a las empresas que se encargarán de encontrar empleo a los inscritos en el Plan Prepara, una vez resueltos los múltiples recursos que han bloqueado este primer concurso hasta ahora. Pero el segundo, convocado y resuelto en tiempo récord el pasado mes de junio, ha tropezado de nuevo con el mismo obstáculo que dejó empantanado el anterior durante dos años. El gigante Randstad presentó el pasado jueves un recurso en el Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, en el que pide que suspenda y anule la adjudicación a sus competidoras Adecco, Manpower y Eulen, así como a la orden salesiana.

Decida el tribunal suspender o no la concesión, como le pide Randstad, en cualquier caso éste no resolverá el recurso antes de un mes. De momento, las adjudicatarias y el propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, tienen cinco días para presentar alegaciones.

A diferencia del primer concurso, y para evitar que se repitieran sus múltiples problemas, el segundo fue negociado y sin publicidad. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplen ese requisito: Eulen, Manpower y los Salesianos. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitó acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

Randstad carece de oficinas en Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha, según consta en la relación de centros de trabajo que figura en el Sistema Nacional de Empleo, por lo que quedó fuera del procedimiento. Ahora pide que se anule la adjudicación alegando que el criterio geográfico no es válido.

En su momento, el Ministerio de Empleo justificó la elección de un concurso negociado y sin publicidad en que el Acuerdo Marco con las Agencias de Colocación y la Ley de Contratos del Sector Público se lo permite para “agilizar los procedimientos administrativos”. En efecto, la ley incluso exime a la Administración de convocar a una nueva licitación a los candidatos preseleccionados para participar en el Acuerdo Marco. O bien, “justificándolo debidamente en el expediente”, le permite no extender la consulta “a la totalidad de los empresarios que sean parte del Acuerdo Marco, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres de ellos”.

Según fuentes conocedoras del recurso, la multinacional no duda en presentar el segundo concurso como una “compensación” del SEPE a las grandes ETT por haber sido excluidas de la primera licitación. Tanto Randstad como Adecco, Manpower y Eulen son miembros del patronal Asempleo. El recurso ha generado malestar en estas grandes ETT, que no dudan en hablar de “traición”. Randstad no ha querido hacer declaración alguna sobre el recurso a infoLibre.

Seis pequeñas, cuatro grandes

Hay que recordar que el concurso para los parados del Plan Prepara acaba de resolverse en firme tras sufrir la lista de adjudicatarios provisionales hasta cuatro vuelcoscuatro vuelcos, consecuencia de los recursos que las empresas excluidas fueron presentando desde 2013. En uno de esos giros fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos antes citadas, además de las divisiones de formación de Telefónica y la Once.

Finalmente, tras el accidentado y largo proceso, serán seis pequeñas empresas de formación las encargadas de competir con el antiguo Inem en la búsqueda de empleo a los inscritos en el Plan Prepara –más de un año sin trabajar, prestaciones y subsidios agotados–: Grupo Adalid Inmark lo hará en Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, en Aragón y Cataluña; Consultora San Román, en Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecon SL, en Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Grupo Vértice, en Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, deberán atender a casi 11.000 parados.

A las grandes ETT y los salesianos se les encomendaron 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estén inscritos en el paro: Por ejemplo, Adecco se encargará de quienes sólo llevan de tres a seis meses sin trabajar; Manpower, de quienes superen los dos años. A cambio, las cuatro adjudicatarias se repartirán 41,7 millones de euros. El mismo importe se llevarán las seis empresas de formación ganadoras del primer concurso.

Según el ránking elaborado por la consultora DBK, Randstad es la primera ETT por su facturación e España, 495 millones en 2013, un 21% más que el año anterior. La segunda es Adecco, que ingresó 394 millones, un 2,2% más que en 2012. Le sigue Manpower, con una cifra de negocio de 225 millones, un 2% más que el ejercicio precedente. Y la cuarta es Flexiplan, la ETT del Grupo Eulen, que ingresó 92 millones, un 19% más respecto a 2012.

España contó con un total de 1,8 millones de personas que no reciben ningún tipo de prestación por desempleo en el mes de julio. Según el boletín mensual de Asempleo, la tasa de cobertura se redujo hasta el 58,5% en este mes.

La mayor disminución se produjo en quienes percibían una prestación contributiva, los parados de larga duración y quienes reciben una prestación asistencial. Así, en el segundo trimestre de 2015, 2,7 millones de ocupados se encontraban en su puesto de trabajo desde hacía menos de un año, mientras que en 2013 eran unos 2,2 millones.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 planean un gasto en prestaciones por desempleo un 21,7% inferior al programado el ejercicio anterior. Este porcentaje disminuirá, según las previsiones de Asempleo, no tanto por el descenso en el número de desempleados como por el recorte en este área de gasto.

No obstante, el gasto en fomento del empleo crecerá casi un 10% interanual, así como el de la bonificación para la contratación de parados (+9%) y el de formación (+5,9%).

En el Sur de España se concentran las mayores tasas de paro y la mayor cobertura por desempleo, como son los casos de Jaén, Córdoba o Cáceres, con tasas paro que rondan el 30% y una cobertura media del 70%.

En este escenario, el 80% recibe una prestación asistencial, una renta activa de reinserción o una prestación del programa de activación para el empleo. Por lo tanto, es muy probable que el nivel de renta percibido no sea suficiente para cubrir los gastos básicos, recordó Asempleo.

Desaceleración en la creación de empleo. 

La tasa interanual de afiliación en el mes de agosto fue del 3,2%, lo que refleja una caída de 134.289 afiliados, debido en gran parte a los efectos estacionales. Este dato muestra las primeras señales de la desaceleración de la creación de empleo, según Asempleo.

Así, según los datos de la asociación apuntan a que en los próximos meses se producirá una desaceleración en el crecimiento interanual de la ocupación. De esta manera, se mantendría un ritmo interanual de crecimiento del 2,6%, lo que llevaría a cerrar el tercer trimestre del año con unos 18 millones de ocupados.

La reducción del empleo el pasado mes de agosto fue mayor que la registrada en el mismo mes del ejercicio anterior. Aún así, la tasa interanual también es relevante, con un 3,4%. La ralentización de crecimiento afecta también al número de contratos, aunque todavía presenta una tasa interanual por encima del 10%.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 74.028 personas en julio, su mayor descenso en este mes desde 1998, hasta situarse en 4.046.276 personas, la cifra más baja desde septiembre de 2010, según informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y recogió Europa Press.

Con el recorte de julio, el paro encadena seis meses de descensos tras haber bajado en febrero, marzo, abril, mayo y junio en 13.500, 60.200, 119.000, 118.000 y 94.727 desempleados, respectivamente. Además, la caída del paro registrada en julio de este año ha sido más del doble a la experimentada en este mismo mes el pasado año, cuando se redujo en 29.841 personas.

Gracias a la llegada del verano y a los contratos de temporada, julio es tradicionalmente un buen mes para el empleo. En todos los meses de julio desde el inicio de la serie histórica, en 1996, ha descendido el paro registrado, salvo en 2005, cuando subió en casi 14.557 desempleados, y 2007, que registró un incremento del desempleo en 4.469 personas. En los últimos siete años, el paro registrado se ha reducido en julio una media de 37.000 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado cayó en 44.286 personas en el mes de julio, la mayor reducción de la historia en el séptimo mes del año.

El Departamento que dirige Fátima Báñez destacó que durante los últimos doce meses, el desempleo se ha reducido en 373.584, con lo que la tasa interanual se ha situado en el 8,5%.

El paro bajó en julio en todos los sectores económicos. El sector servicios fue el que registró el mayor recorte del paro, con 44.303 desempleados menos (-1,65%), seguido de la industria (-11.281 parados, -2,82%), la construcción (-10.511, -2,25%), el colectivo de personas sin empleo anterior (-5.608, -1,54%) y la agricultura (-2.325, -1,15%).

El desempleo se redujo en julio en 16 comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (-19.319 parados), Galicia (-12.691) y Cataluña (-9.162)

En julio se registraron 1.795.713 contratos, un 9,2% más que en el mismo mes de 2014, y el mayor número de contrataciones en un mes desde octubre de 2007. La contratación indefinida crece un 8,56% respecto a la registrada hace un año, y la contratación indefinida a tiempo completo lo hace en un 10,07%.

El nuevo secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, destacó que los datos de julio "demuestran que la mejoría del mercado laboral se consolida e incluso se intensifica".

La Seguridad Social gana 59.792 afiliados

La Seguridad Social ganó en julio una media de 59.792 afiliados (+0,34%) respecto al mes anterior, lo que situó el número de ocupados en 17.315.188 cotizantes, según informó este martes el Ministerio de Empleo, que destacó que "el sistema sigue ganando afiliados a ritmo sólido y constante".

No obstante, el repunte de julio es superior al registrado el pasado mes, cuando la afiliación creció en 35.085 personas.

En términos interanuales, la tasa de ocupados creció un 3,39%, lo que se tradue en 568.085 personas más en el sistema. Esto supone que ya se ha podido recuperar más de un tercio de los ocupados (1.164.411) que la crisis hizo desaparecer.