La Audiencia de Sevilla ha acordado plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso ERE y suspender su ejecución, según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recoge EFE.

En un auto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla plantea dicha cuestión prejudicial en relación con las sentencias del TC que estimaron parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados en el denominado caso ERE, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán

El amparo otorgado por el TC, que conllevó que se anulara la pena de cárcel a condenados como Griñán y que se rebajara el castigo al también expresidente Manuel Chaves, ordenaba a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia sobre los ERE que respete el derecho fundamental a la legalidad penal que el Constitucional consideró vulnerado.

La Fiscalía Anticorrupción desaconsejó a la Audiencia acudir a la Justicia europea y le trasladó que, en este caso, podía resolver ella misma sus dudas conforme al Derecho interno y que la corte española de garantías "no se ha extralimitado al anular una resolución judicial".

Sin embargo, en el auto, fechado el 14 de julio y contra el que no cabe recurso, la Audiencia de Sevilla considera "imprescindible" esta cuestión prejudicial para "evitar que se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares" y para "salvaguardar los intereses financieros de la UE". El tribunal suspende la tramitación de la causa “en lo que se refiere a la ejecución de los mandatos contenidos en las sentencias” del TC “hasta obtener la respuesta demandada” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los magistrados hacen un repaso en el auto de las sentencias dictadas por el TC, que estimó parcialmente los recursos de amparo presentados por una decena de ex altos cargos de la Junta, declaró la nulidad parcial de las sentencias dictadas por la Audiencia y por el Supremo y ordenó a la Audiencia de Sevilla que dictara "un nuevo pronunciamiento respetuoso con el derecho fundamental a la legalidad penal que considera vulnerado".

En el auto, la Audiencia señala que no puede descartar que las sentencias del TC "sin haber llevado a cabo ponderación alguna de los intereses de la UE en juego, resulten contrarias al Derecho de la Unión y los Tratados y a la interpretación que de ellos ha realizado la jurisprudencia del TJUE, atenten contra el principio de primacía del Derecho de la Unión y generen una interpretación desigual en materia de protección de los intereses financieros de la UE y una falta de aplicación uniforme del Derecho de la UE en la materia”.

Según expone, las sentencias del Constitucional imponen "una interpretación restrictiva de la legalidad penal ordinaria interna respecto a los delitos relacionados con la corrupción" y generarían "un evidente espacio de impunidad en la persecución de la corrupción”.

Los magistrados añaden que el hecho de que los proyectos de ley de presupuestos en los que se sustentaron las ayudas a los ERE fraudulentos fueran aprobados por el Parlamento andaluz no es obstáculo para atribuir relevancia penal a las resoluciones y que "resulta irrelevante" que la Cámara legislativa "no detectara la ilegalidad".

La Audiencia de Sevilla agrega que las sentencias del TC "imponen a los tribunales ordinarios españoles una interpretación restrictiva del concepto de fraude que afecta a los intereses financieros de la UE respecto del delito de malversación sobre fondos públicos", una interpretación que, "al entrañar una absolución o rebaja casi integral de las penas impuestas a los condenados, permite un escenario de impunidad de los delitos cometidos entre 2000-2009 por los altos cargos y responsables políticos de la Junta (...) y sus cooperadores".

A juicio de los magistrados de la Sección Primera, tampoco se puede soslayar la consideración de que los miembros del Gobierno de una comunidad autónoma "no son irresponsables y no gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar y aprobar los anteproyectos de leyes de presupuestos".

Según expone, esta "conclusión de irresponsabilidad pudiera provocar un riesgo sistémico de impunidad respecto a las infracciones de fraude grave, con el consiguiente incumplimiento por España de sus obligaciones con la UE de luchar contra el fraude".

La Sección Primera agrega que las sentencias del TC pudieran haber irrumpido en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantado la función del Supremo como máximo intérprete de la ley y, como consecuencia de ello, pudieran haber ocasionado "un daño institucional difícilmente reparable, al anular las sentencias".

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha confirmado este jueves que va a pedir que le vuelvan a dar de alta como militante con carné del PSOE para ponerse "a disposición" de lo que la dirección del PSOE andaluz quiera, después de que el Tribunal Constitucional (TC) le haya exonerado parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, la primera que ofrecía después de "muchos años", como él mismo ha puesto de relieve, y a la que han asistido el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas; el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, y el secretario de Organización, Jacinto Viedma, entre otros cargos socialistas andaluces, además de numerosos periodistas, Manuel Chaves ha valorado las decisiones que en las últimas semanas ha venido adoptando el TC en relación a los recursos de amparo de condenados por el caso de los ERE, y ha considerado que marcan "un punto de inflexión" en la política andaluza, y "el principio del fin" de gobiernos del PP en la comunidad autónoma.

Y es que, según ha defendido, hubo "una evidente relación entre los ERE con los resultados de las elecciones" de 2018 que permitieron al PP-A llegar al Gobierno de la Junta por primera vez en la historia de la autonomía andaluza, y gracias a los pactos que alcanzó con Ciudadanos (CS) y con Vox, porque los conservadores obtuvieron sus peores resultados en las urnas andaluzas, según ha remarcado.

Manuel Chaves ha argumentado que, al darles "la razón" a condenados como él y a otros como el también expresidente José Antonio Griñán, "podemos limpiar el lodo que han echado sobre nosotros", y el PP ha cosechado una "derrota" en su "operación política de borrar 30 años de gestión socialista" en Andalucía.

"El pueblo andaluz es sabio cuando vota", y, "en una democracia, el pueblo nunca se equivoca, nos guste o no el resultado de las urnas", ha manifestado Chaves antes de agregar que tiene "la impresión", con "absoluta convicción", de que las sentencias del TC, "la actitud que ha tenido el PP, la que hemos tenido nosotros (los socialistas) de respeto a las instituciones y a las sentencias y a los tribunales, marca un punto de inflexión en la política andaluza", de forma que "empieza el principio del fin del ciclo de gobierno del Partido Popular en Andalucía", ha apuntado.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado este martes las condenadas de los expresidente andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la mayoría del Pleno han avalado los borradores de las ponencias de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que proponía anular sus condenas y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicten una nueva sin tener en consideración la posible prevaricación cometida entre 2000 y 2001 en el caso del primero y el delito de malversación en el caso del segundo.

Como en los casos anteriores relativos a los ERE, la votación se ha cerrado con siete votos a favor y cuatro en contra. La sentencia cuenta con los votos particulares de los cuatro magistrados del ala conservadora: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.

En concreto, en el caso de Chaves, el tribunal de garantías lo exonera de parte de la prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

El tribunal ha informado que sus magistrados han declarado que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y por ello ordena retrotraer las actuaciones para que se "dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos".

Por su parte, en el caso de Griñán, exonera al expresidente andaluz toda la malversación por la que fue condenado a seis años de cárcel por el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

Cabe recordar que aunque fue condenado a pena de cárcel, su ingreso en prisión quedó suspendido por el cáncer que padece. Al exonerarle del delito de malversación, el TC aleja la posibilidad de que el expresidente andaluz ingrese en un centro penitenciario.

Como ya hiciera sentencias anteriores de los ERE, el TC borra la malversación al considerar que se vulneró el derecho de Griñán a la presunción de inocencia al no precisarse en las sentencias condenatorias en qué medida participó en los hechos que se le atribuyen. Respecto al delito de prevaricación por el que también fue condenado en concurso medial con el de malverasción, el tribunal insiste en que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de un delito de prevaricación.

El Tribunal Constitucional también ha acordado por unanimidad desestimar el recurso de amparo que presentó el exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez Contreras contra la sentencia de los ERE por la que se le condenó a tres años de cárcel y siete años y medio de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Según ha informado la corte de garantías, el Pleno ha considerado que no se ha vulnerado la presunción de inocencia de Márquez Contreras en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos.

Este es el segundo recurso que el tribunal desestima de todos los estudiados hasta ahora relativos a los ERE. El primero fue el del exconsejero de Empleo de Andalucía José Antonio Viera, quien fue condenado a siete años de cárcel por el delito de prevaricación en concurso con malversación. Los magistrados desestimaron el recurso de Viera al considerar un "defecto insubsanable" que no haya argumentado correctamente su petición. Según el TC, el recurso de Viera se expresaba en "términos genéricos" sin explicación alguna o desarrollo argumental, cuando su deber proporcionar una fundamentación jurídica y fáctica que soportase su petición.

En las últimas semanas, el Tribunal Constitucional ha explicado en sus resoluciones relativas a los ERE las diferencias entre las actuaciones cometidas entre 2000 y 2001 y las relativas al periodo 2002 y 2009. A diferencia de las del primer tramo, las últimas contaron con el paraguas legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos que se aprobaron en el Parlamento de Andalucía.

Esta interpretación se traduce en una eventual rebaja de las penas, que tendrán que ser acordadas por la Audiencia de Sevilla al limitarse a condenar los hechos relativos a 2000 y 2001.

El tribunal ya dijo en la sentencia relativa a la exconsejera de Economía andaluza Magdalena Álvarez que el proyecto de ley —mientras es proyecto— no puede someterse a un juicio de legalidad y una vez que se ha aprobado, al haberse convertido en ley, el único juicio que cabe es el de constitucionalidad.

Así las cosas, como el Constitucional no llegó a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma porque no se recurrió ante el tribunal de garantías, se presume su legalidad y ampara las actuaciones de quienes actuaron bajo su paraguas. En este sentido, el tribunal reitera que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no pueden ser constitutiva de un delito de prevaricación.

La corte de garantías ha abordado los recursos de Chaves y Griñán después de haberse pronunciado sobre otros siete. De momento, sus sentencias han supuesto la libertad de cinco ex altos cargos de la Junta: la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo —que ya gozaba del tercer grado penitenciario—; el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector del IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar; el exconsejero de Empleo Antonio Rodríguez; y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

El Tribunal Supremo ha asegurado que el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán tenía "conocimiento de la ilegalidad" del criterio que se siguió con los ERE al tiempo que ha destacado su "pasividad" ante el "despilfarro y la arbitrariedad" con la que se concedieron las ayudas, según consta en la sentencia de 1205 folios que ha recogido Europa Press y cuyo fallo había sido adelantado el pasado 26 de julio.

Así, el Alto Tribunal ha confirmado la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

En la resolución, consta que se mantiene la pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves. Para Griñán, por su parte, se confirman los 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, aunque su familia ya ha presentado la petición de indulto ante el Ministerio de Justicia.

La decisión de la Sala cuenta con el voto particular discrepante de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes han considerado que se deberían haber estimado parcialmente los recursos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.

El tribunal, sin embargo, ha concluido que Griñán "tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos". "Es razonable presumir un alto nivel de conocimiento de estas normas así como de los problemas que pudieran suscitarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios", añade el fallo.

Los magistrados del Supremo han coincidido con el criterio de la Fiscalía, que durante una vista celebrada el pasado mayo pidió que se confirmaran las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos expresidentes. El Ministerio Público defendió que había quedado probado que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control", propiciando un sistema "prevaricador" donde "cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto".

En aquellas vistas, la defensa de Griñán pidió al tribunal que le absolviera de los delitos de prevaricación y malversación al considerar que en los hechos probados no constaba "ninguna irregularidad" del entonces consejero de Hacienda ni que tuviera conocimiento de ello ni tampoco "ánimo de lucro". "No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", dijo su abogado.

La defensa de Chaves solicitó igualmente su absolución del delito de prevaricación escudándose en sentencias anteriores del Supremo para defender que los dos acuerdos relativos a los anteproyectos de los Presupuestos andaluces -que aprobó cuando estaba en el Consejo de Gobierno- no pueden considerarse actos administrativos sino actos políticos, por lo que -a su juicio- no sería aplicable el delito de prevaricación.

Al margen de las respuestas a Chaves y Griñán, el Supremo ha estimado totalmente tres recursos de casación y ha acordado absolver del delito continuado de prevaricación administrativa a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina. Los dos primeros fueron condenados a 9 años de inhabilitación especial, mientras que ella recibió la misma pena en la cuantía de 8 años, 6 meses y 1 día.

El tribunal, además, ha estimado parcialmente el recurso formulado por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, condenándole por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, pero apreciando la atenuante de reparación del daño. Así, su pena pasa de 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta a 3 años de prisión, otros tantos de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta.

El Supremo también ha ratificado las restantes condenas, incluidas las de ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía que recibieron penas de cárcel que oscilaban entre los 6 y los 8 años de prisión dentro de la pieza política del caso ERE.

Los portavoces andaluces y federales del PSOE lo repiten, palabra arriba o abajo, desde que se hizo público el fallo del Tribunal Supremo: "Griñán no se ha llevado ni un céntimo". Y es cierto, a tenor de la verdad judicial establecida, que no recoge un enriquecimiento ilícito. Ni tampoco que sus actos favorecieran a familiares, amigos, allegados o compañeros de partido. No están los elementos de la corrupción a los que estamos acostumbrados: el pinchazo telefónico delator, el sobre con la mordida, el paraíso fiscal, el pelotazo... Pero, al mismo tiempo, tanto la Audiencia como el Supremo coinciden en una conclusión: José Antonio Griñán Martínez cometió un delito de malversación, por lo que debe pagar con seis años de prisión. ¿Por qué se le condena, si sus actos no encajan a priori con lo que usualmente entendemos por corrupción? ¿Sólo por formar parte del Consejo de Gobierno? Evidentemente, no. Siempre hace falta –en un Estado de derecho– algo más que pasar por allí para recibir una condena.

La pena se basa en una serie de responsabilidades atribuidas a Griñán y recogidas en una sentencia de la Audiencia de Sevilla de 2019 que fijó 19 condenas, 16 de las cuales –la del expresidente incluida– mantiene el Supremo. Si las actuaciones imputadas al que fuera también presidente del PSOE constituyen o no delitos –y cuáles– es materia sobre la que cualquiera puede opinar. Pero sólo es vinculante la palabra de la justicia. A lo largo de la instrucción, han creído que la actuación de Griñán implicaba malversación los jueces instructores Mercedes Alaya y Álvaro Martín, la Fiscalía Anticorrupción, los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia y tres de los cinco de la Sala II del Supremo. En cambio, el juez del Supremo Jorge Barreiro, que instruyó el caso cuando Griñán era aforado, descartó la malversación. Tampoco ven este delito dos magistradas del Supremo, que preparan sendos votos particulares. No obstante, estas posiciones han quedado en minoría. La malversación es firme.

A muchos les parece una paradoja que Manuel Chaves, que era presidente de la Junta cuando se creó en 2000 el sistema de reparto de hasta 680 millones sometido a escrutinio judicial, sufra sólo una condena de inhabilitación por prevaricación, y en cambio Griñán, que entonces era diputado en el Congreso, pueda incluso ir a la cárcel. Pero hay un porqué. La mayor condena a Griñán se basa en su papel como consejero de Economía y Hacienda, cargo que desempeñó entre abril de 2004 y abril de 2009, y no como presidente hasta septiembre de 2013, cuando cedió el testigo a Susana Díaz.

Es en el ejercicio de ese cargo durante cinco años, el de consejero, donde los magistrados de la Audiencia creen que la responsabilidad de Griñán pasa al terreno penal para convertirse en malversación de caudales públicos. Una frase anotada en la página 1.467 de la sentencia sintetiza la conclusión del tribunal: "El acusado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó,. Según los magistrados, Griñán actuó "asumiendo la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados". "Asumiendo la eventualidad": son las palabras exactas.

En efecto, los magistrados de la Audiencia no condenan a Griñán por –como se dice coloquialmente– llevarse el dinero, ni tampoco por dárselo a otros, sino porque entienden que con su forma de actuar engordó una partida económica a sabiendas de que de dicha partida podrían salir sin control fondos con destinos ajenos a los que le eran propios. Era una "eventualidad", es decir, una posibilidad, pero Griñán –sostienen los magistrados, Griñán lo niega– conocía esa posibilidad. La idea de que el entonces consejero desconocía que con su actuación favorecía el descontrol de los fondos parece a los magistrados "contraria a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia". Para Griñán, la Audiencia incurre en una generalización abstracta, sobre la cual apoya la mera suposición de una conducta delictiva.

La explicación de las complejidades del papel que la Audiencia atribuye a Griñán, como todo en este caso, dista de ser sencilla. Hay que ir 22 años atrás para trazar un hilo que permita entender las cosas. La sentencia establece que el sistema de reparto de ayudas sociolaborales que la Junta tuvo hasta 2000, por ejemplo para sofocar crisis industriales con ayudas públicas, era tan burocrático que en la práctica no garantizaba la "paz social". Por ejemplo, no era capaz de evitar las movilizaciones de trabajadores de Cárnicas Molina, en Jaén, terreno especialmente sensible para el PSOE. Entonces el Gobierno andaluz estableció "un sistema ágil" para dar "una respuesta rápida a grandes conflictos sociolaborales", si bien "tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos", siempre según la sentencia.

Empezó a emplearse para el pago de las ayudas la partida 440 del conocido como programa 31L, lo que más tarde se conocería como el "fondo de reptiles". El tribunal expone cómo la Junta introdujo una serie de cambios en el funcionamiento del sistema para sortear controles, lo que favoreció a determinadas empresas y trabajadores, en ocasiones próximas al PSOE. El sistema de reparto descrito en la sentencia se apoya en varios pilares. Uno es un convenio firmado en 2001 entre el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego Agencia IDEA, en adelante IFA-IDEA), Antonio Fernández, para el pago de las ayudas. A raíz del convenio IFA-IDEA pagaba las ayudas por orden del que era director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, a pesar de que no tenía "competencia legal". El sistema permitía además ocultar el flujo de dinero a la Intervención de Empleo.

¿Y qué papel asigna la sentencia a Griñán? Los magistrados consideran que, como responsable de los presupuestos, entre 2005 y 2009 mantuvo –no creó– el uso de las llamadas "transferencia de financiación" desde la Consejería de Empleo a IFA-IDEA, para que realizase los pagos. Según los magistrados, esta figura sólo sirve legalmente para cubrir pérdidas, en ningún caso para pagar subvenciones. En este caso, en cambio, se utilizó para "hacer figurar en IFA-IDEA gastos ficticios que originaran pérdidas, logrando así el necesario equilibrio presupuestario" y ocultando el sistema. Griñán, señala la sentencia, conocía que IFA-IDEA consignaba el dinero que le llegaba como "otros gastos de explotación". "Y ello a sabiendas de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos, pues únicamente se limitaba a pagar", añade la sentencia

El entonces consejero, como destinatario de los informes de control financiero de las empresas públicas, debió tener conocimiento de las deficiencias detectadas en este mecanismo, que impedían la adecuada fiscalización, siempre según los magistrados. ¿Y por qué debía saberlo? "Pues, aun admitiendo hipotéticamente que no tuviera conocimiento directo de ello, resulta contrario a las reglas de la lógica y las máximas de experiencia que no fuera informado de dichas irregularidades por los cargos inferiores, entre otros, el director general de Presupuestos y la viceconsejera, que formaban parte de los grupos de trabajo de alto nivel", señalan en el fallo, que también afirma que "resulta contrario a la lógica y al desempeño mínimamente diligente de la alta función pública que la viceconsejera no informara".

Griñán ve inexplicable una condena con estos mimbres, que ve armados con simples suposiciones. En su libro Cuando ya nada se espera (Galaxia Gutenberg, 2022), explica que al conocer fallo quedó "conmocionado", porque no se le condenaba por "actuaciones concretas", sino por un "juicio de inferencias" a partir de una supuesta "inacción". A su juicio, que sea "impensable" que no conociera las irregularidades es una "opinión" del tribunal. Griñán recurrió su condena alegando una vulneración de su derecho de defensa. La sentencia, dice su recurso, ofrece "una descripción general, abstracta [...], que causa graves dificultades de comprensión".

Ahora, una vez confirmada su condena, su defensa se plantea un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, que podría ser del derecho de defensa o de la tutela judicial efectiva, según el abogado de Griñán, José María Calero.

De momento al presidente le toca esperar. El martes el Supremo hizo público su fallo, pero no la sentencia. ¿Por qué? Porque, aunque la sentencia ya está redactada, faltan los dos votos particulares, por lo que el tribunal temía que pudiera producirse una filtración del fallo, indica un portavoz del Supremo. Ahora se conoce el fallo, pero nada más. Las magistradas que preparan votos particulares pretenden tenerlos listos en septiembre, pero no hay certeza. La sentencia saldrá cuando estén listos los votos particulares.

Había temor en el entorno del expresidente, un vitalista al que el caso ha ido consumiendo, sobre cómo encajaría una condena del Supremo. A lo largo del proceso había hecho comentarios "de derrota y claudicación" y sufrido fuertes altibajos anímicos, según cuenta una persona que conoce la evolución de su estado de ánimo. Pero los peores temores no se han confirmado, al menos nada más conocerse el fallo. Aunque es obvio que está "profundamente afectado", se muestra "entero", agradecido por el "cariño" que está recibiendo. Los comentarios fatalistas sobre lo que supondría su entrada en prisión han sido sustituidos por un actitud más estoica. En caso de tener que ir a prisión, habla de "escribir". Y no pierde la esperanza en el recurso de amparo ante el Constitucional, añade esta persona.

En el momento más bajo, el golpe más duro. Con el PSOE andaluz en su mínimo electoral histórico, con sólo 30 escaños frente a los 58 de la mayoría absoluta del PP, el partido que ahora lidera Juan Espadas recibió este martes un nuevo mazazo, que liga en firme su nombre al de la corrupción y ratifica la culpabilidad de dos de sus mayores iconos. Esta vez, el palo es judicial. Pero con graves implicaciones políticas. El PSOE andaluz, con Espadas al frente, tomó este martes una decisión de profundo calado para encarar la situación: mantener la defensa de la "honorabilidad" de Manuel Chaves y José Antonio Griñán pese a su condena firme en un caso de corrupción.

El Tribunal Supremo anunció –con división interna– la ratificación de 16 de las 19 condenas de la sentencia de la Audiencia de Sevilla del caso de los ERE, entre ellas las de dos expresidentes de la Junta, exministros y expresidentes del PSOE, que suman 23 años al frente del Gobierno andaluz: Chaves (1990-2009), por prevaricación, que no tendrá que entrar en prisión; y Griñán (2009-2013), por prevaricación y malversación, que ve confirmada su sentencia de 6 años y se ve abocado a ingresar en la cárcel, a no ser que su defensa sea capaz de evitarlo con una difícil maniobra de última hora.

José María Calero, abogado de Griñán, explica a infoLibre que hay dos posibles vías para evitar que Griñán, de 76 años, entre en prisión: 1) La petición de un indulto; 2) La solicitud de la suspensión de la ejecución de la pena por parte del Tribunal Constitucional mientras resuelve un recurso por posible vulneración de derechos fundamentales. Calero aclara que la decisión de la vía a adoptar no está tomada. Podría ser una, la otra o las dos.

Además de Griñán, hasta otros ocho ex altos cargos más –entre ellos, cuatro exconsejeros– podrían entrar en prisión, al seguir condenados por malversación. Ello supondría una imagen de una dureza inusitada para el partido que gobernó Andalucía durante cerca de 37 años, logrando una identificación casi plena entre sus siglas y la propia autonomía del sur.

Da idea de la gravedad del caso la celebración de una rueda de prensa extraordinaria por parte de Espadas. Serio y triste, con "profundo dolor", Espadas defendió en nombre de la dirección del PSOE andaluz la "honorabilidad" de Chaves, Griñán y el resto de personas que "han dedicado toda su vida al servicio público". "Se habrán producido errores, sin duda, pero nadie puede afirmar que se hayan llevado a su bolsillo ni un solo euro", afirmó, mostrando "toda nuestra solidaridad" con quienes "se han dejado la piel" por Andalucía. Espadas recalcó que el PSOE no se ha financiado de forma ilegal.

El secretario general del PSOE afirmó que "acata" el fallo, pero mostró su disconformidad con el mismo y con la "indefensión" que genera conocerlo antes de la argumentación jurídica de la sentencia. El líder socialista recalcó que dos magistradas de los cinco preparan votos particulares en los que se oponen a la condena a Griñán por malversación, luego hay "controversia jurídica" sobre lo ocurrido.

De modo que esos son los dos elementos a los que se aferra Espadas: que Chaves y Griñán no robaron; que no hay unanimidad jurídica en la condena de prisión a Griñán. Además, afirmó que el procedimiento para solucionar crisis industriales que dio lugar al caso era "mejorable", pero que quienes se beneficiaron indebidamente de ello fueron "individuos" con "conductas reprobables", no el PSOE, ni el Gobierno andaluz. Espadas recordó que el sistema "permitió salvar una buena parte del tejido productivo" afectado por crisis industriales y proteger a "6.000 personas" con un sistema de prejubilaciones, "como bien saben en la Cuenca Minera". Recalcó que el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno sigue pagando esas prejubilaciones. Y afirmó incluso que la Junta usó el "mismo marco normativo" que otras comunidades, donde, "si se hubiera mirado con la misma lupa, se hubieran apreciado errores o deficiencias parecidas".

Espadas reconoció que el caso de los ERE ha sido un "calvario" para el PSOE durante "diez años" y se mostró convencido de que el PP querrá hablar del tema "por los siglos de los siglos". "También nosotros hablaremos de sus tres condenas por financiación ilegal", avisó Espadas, que no tuvo relación con el caso pero al que Moreno recuerda que fue consejero de Vivienda entre 2008 y 2010, con Chaves y Griñán como presidentes. Es la forma de Moreno de poner bajo sospecha a Espadas, que incluso con el PSOE ya en la oposición ve cómo el caso continúa castigando al socialismo andaluz.

La posible salvación de Griñán del delito de malversación era la principal incógnita que pesaba sobre la sentencia del Supremo. Ha habido diversos enfoques de la cuestión. Griñán confiaba en que se impusiera la tesis de que no puede haber malversación sin enriquecimiento. El propio magistrado del Supremo Jorge Barreiro, que instruyó el caso durante una etapa en la que Griñán fue aforado, descartó la malversación en 2015. En cambio, el tribunal de la Sala II del Supremo –compuesto por los magistrados Juan Ramón Berdugo como Presidente, Ana Ferrer, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres como ponente– anunció este martes que mantiene esa condena. Otra vez, llegó una decisión judicial en un día políticamente grande para Andalucía, con la toma de posesión del nuevo Gobierno, en este caso del PP. Ironías del destino, toma posesión como consejero de Presidencia Antonio Sanz, uno de los estrategas de la ofensiva política y judicial del PP en este caso.

El tribunal hizo público este martes tórrido que ya ha deliberado sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia de noviembre de 2019 de la conocida como pieza política del caso de los ERE. Como hace con los casos de gran "relevancia pública", anunció el contenido de su fallo antes de la sentencia, que queda pendiente de publicación y a la que se opondrá el voto discrepante de Ana Ferrer y Susana Polo, que consideran que deberían haber sido estimados parcialmente cinco recursos, entre ellos el de Griñán, y que todos ellos deberían haber sido absueltos de malversación.

El fallo, resuelto así por tres votos a favor contra dos, estima totalmente tres recursos y parcialmente uno, desestimando los demás, por lo que cambian sólo estos elementos: se absuelve a tres exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo del delito de prevaricación, el único por el que habían sido condenados; se concede la atenuante por reparación de daño a un exdirector general de Trabajo, condenado por malversación y prevaricación, con lo que rebaja su pena de prisión a siete a tres años. Las demás condenas no se tocan. Quedan ratificadas 16 penas, justificadas por unos hechos descritos en una sentencia de la Audiencia de 1.821 páginas, con Juan Antonio Calle como ponente, que unen una década de poder socialista a la corrupción.

El problema para el PSOE no es sólo la condena de Griñán y Chaves y el resto. Es el relato de hechos. La sentencia de la Audiencia que establecía las penas era demoledora para el PSOE. El fallo describía como verdad judicial un sistema de corrupción estable en el tiempo de reparto de ayudas sin control que llegó a la cúspide de la Junta. Se daba por probada la creación de un fraude conocido, mantenido, engordado y ocultado por la cúpula del poder socialista, con complicidades que abarcaban no sólo las consejerías de Empleo y Economía y Hacienda, sino al propio Consejo de Gobierno. Era la peor hipótesis para el PSOE, porque el fraude, según el fallo, no fue cosa de unos pocos aprovechados que se colaron por las rendijas de un sistema defectuoso, como defendían los socialistas, sino una compleja orquestación delictiva. Quedaba así avalada la instrucción iniciada por la jueza Mercedes Alaya y concluida por Álvaro Martín, así como la posición de la Fiscalía Anticorrupción.

La sentencia vio probado que en 2000 la Junta creó un sistema ilegal de ayudas para el reparto de ayudas sociolaborales. El tribunal considera que se generaron las condiciones idóneas para el reparto opaco de fondos, al evitar la fiscalización de su entrega. Se buscaba, establecía el fallo, mantener la "paz social" mediante un sistema irregular, una afirmación de una enorme gravedad que daba cobertura a la acusación del PSOE de haberse mantenido en el poder gracias una red clientelar.

El sistema permitió ocultar el flujo de dinero a la Intervención, siempre según la sentencia. La operativa contable irregular, según el fallo, duró un hasta 2009 y permitió un reparto indebido de los fondos a empresas y trabajadores –los conocidos como "intrusos"– que no cumplían los requisitos. El tribunal cuantificaba en 680 millones los fondos entregados mediante el procedimiento irregular. Esto no significa que 680 millones sea dinero malversado. Lo que esta sentencia consideraba ilegal era el sistema de reparto, lo cual no obsta para se le diera dinero a quien tenía derecho al mismo.

El fallo señalaba a la Consejería de Economía y Hacienda como responsable de la indebida presupuestación de las transferencias de financiación. Ahí radica la importancia del papel atribuido a Griñán, que fue consejero de Economía y Hacienda de 2004 a 2009. Su condena era más grave que la Chaves no por su etapa como presidente, sino por su etapa como consejero desde 2005 a 2009, por facilitar incrementos presupuestarios de las partidas irregulares siendo consciente –según la sentencia– de la ilegalidad. Ahí se apoyó la condena de seis años por malversación a Griñán.

El fallo era más benévolo con Chaves, culpable en la medida en que fue parte –y cabeza principal– de gobiernos que aprobaron las ayudas. Su condena fue por prevaricación. A Chaves le tocaron nueve años de inhabilitación especial.

En total, hubo 19 condenados –diez por prevaricación y malversación y nueve sólo por prevaricación– y sólo dos absueltos. Entre los penados, había seis exconsejeros, dos por prevaricación –Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez– y cuatro por prevaricación y malversación –José Antonio Viera, Antonio Fernández, .Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo–. Todos ellos siguen condenados. La sentencia condenaba también a Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo de (1999 a 2008) a siete años y 11 meses de cárcel por malversación y 19 años y medio de inhabilitación por prevaricación. Era la condena más dura. Guerrero murió en 2020.

El Tribunal Supremo (TS) confirmó este martes la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Ambos fueron declarados culpables de un delito continuado de prevaricación, si bien el también ex consejero de Economía y Hacienda fue condenado además por malversación, recibiendo pena de cárcel, informa Europa Press. La defensa de Griñán ya ha anunciado que acudirá ante el Tribunal Constitucional.

Así lo avanzó el Supremo en una nota de prensa, si bien el fallo emitido por los magistrados Juan Ramón Berdugo (presidente), Ana Ferrer García, Susana Polo, Carmen Lamela y Eduardo de Porres (ponente) se conocerá en los próximos días. El caso, sin embargo, ha roto por la mitad al Alto Tribunal. Ferrer y Polo han anunciado un voto discrepante.

Ferrer y Polo consideran que se deberían haber estimado parcialmente los recursos presentados por Griñán, Miguel Ángel Serrano, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez, en el sentido de haber sido absueltos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.

Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que la ejecución de la sentencia, que implicaría la entrada de Griñán en prisión, compete a la Audiencia Provincial de Sevilla, que fue el órgano jurisdiccional que dictó la condena confirmada ahora por el TS.

Sin embargo, para ello deberá recibir el fallo íntegro del Supremo, un texto que no se espera que esté redactado y notificado antes de septiembre, debido al habitual parón de agosto en el ámbito judicial.

Además, apuntan las citadas fuentes, hay que tener en cuenta que los condenados podrían solicitar al TS una aclaración de la sentencia, lo que retrasaría aún más la materialización de las penas impuestas.

El abogado de Griñán, José María Calero, ha anunciado este mismo martes, en declaraciones a Europa Press, que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC) y, en última instancia, solicitarán el indulto.

De ser así, para acudir a la corte de garantías tendrá que completar antes un último trámite ante el Supremo, planteando un incidente de nulidad que tendrá que resolver la Sala de lo Penal, por lo que su eventual entrada en la cárcel se seguiría dilatando.

Las fuentes explican que junto al recurso de amparo podrá pedir al TC que suspenda la ejecución de la condena. No obstante, el Constitucional no suele frenar la entrada en prisión cuando la pena supera los cinco años de privación de libertad, como es el caso.

En un reciente auto del pasado 16 de junio, el TC expone que esto es así porque las penas superiores a cinco años se consideran "graves", aunque añade que la jurisprudencia constitucional también tiene en cuenta otros criterios como "la gravedad y naturaleza de los hechos enjuiciados y el bien jurídico protegido, su trascendencia social".

"Circunstancias que expresan la reprobación que el ordenamiento asigna al hecho delictivo y, por consiguiente, la magnitud del interés general en su ejecución", indica el Tribunal Constitucional en dicho auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

El TC aclara que "existen algunos supuestos en los que excepcionalmente se ha accedido a su suspensión, atendiendo al tiempo de cumplimiento efectivo que reste por el cumplimiento previo de una parte sustancial de la pena impuesta".

En 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán a 6 años y 2 días de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y 2 días, mientras que Chaves fue sentenciado 9 años de inhabilitación especial.

Durante la vista celebrada los días 4 y 5 de mayo para estudiar los recursos de casación, la Fiscalía pidió al Alto Tribunal que confirmara las condenas impuestas a casi una veintena de ex cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los dos ex presidentes.

Para el Ministerio Público, ha quedado probado que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control", propiciando un sistema "prevaricador" donde "cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto".

En aquellas vistas, la defensa de Griñán pidió al Supremo que le absolviera de los delitos de prevaricación y malversación al considerar que en los hechos probados no consta "ninguna irregularidad" del entonces consejero de Hacienda ni que tuviera conocimiento de ello ni tampoco "ánimo de lucro". "No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", dijo su abogado.

La defensa de Chaves solicitó igualmente su absolución del delito de prevaricación escudándose en sentencias anteriores del Supremo para defender que los dos acuerdos relativos a los anteproyectos de los presupuestos andaluces –que aprobó cuando estaba en el Consejo de Gobierno– no pueden considerarse actos administrativos sino actos políticos, por lo que, a su juicio, no sería aplicable el delito de prevaricación.

El TS ha estimado totalmente tres recursos de casación acordando absolver del delito continuado de prevaricación administrativa a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina. Los dos primeros fueron condenados a 9 años de inhabilitación especial, mientras que ella recibió la misma pena en la cuantía de 8 años, 6 meses y 1 día.

Además, ha estimado parcialmente el recurso formulado por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, condenándole por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, pero apreciando la atenuante de reparación del daño. Así su pena pasa de 7 años de cárcel y 18 de inhabilitación absoluta a 3 años de prisión, otros tantos de inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo y 7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta.

El Supremo también ha ratificado las restantes condenas, incluidas las de ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía que recibieron penas de cárcel que oscilaban entre los 6 y los 8 años de prisión dentro de la pieza política del caso ERE.

El Tribunal Supremo se ha dado más tiempo para dictar la sentencia relativa al caso ERE dada la complejidad de la causa y teniendo en cuenta el número de recurrentes y los motivos formulados.

En un auto notificado esta semana, los magistrados de la Sala de lo Penal han explicado que han considerado necesario acordar una ampliación del plazo para dictar su resolución, por lo que han prorrogado el término ordinario de diez días establecido en la ley a 60 días hábiles a contar desde el pasado 23 de mayo.

Fuentes jurídicas han subrayado a Europa Press que la prórroga expira hacia mediados de septiembre, pero que el tribunal puede no agotar el plazo o dictar un nuevo auto en el que se aplace de nuevo el periodo para comunicar la sentencia.

El Supremo ya había postergado su fallo para no influir en las elecciones andaluzas del pasado domingo, según explicaron a esta agencia de noticias fuentes cercanas al procedimiento, si bien esta prórroga supone una dilación mayor.

Tal y como ha recordado el tribunal, la vista de los recursos de casación de esta causa se celebró en el Supremo los días 4 y 5 de mayo. En aquellas sesiones, la Fiscalía pidió al tribunal que confirmara las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

El Ministerio Público ratificó las irregularidades cometidas en el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales que recoge la sentencia que dictó la Audiencia Provincial de Sevilla del denominado caso ERE, por la que se condenó a exaltos cargos de la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación y malversación.

Para la Fiscalía ha quedado probado que "se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control". Según defendió, "son patentes las ilegalidades" cometidas y "todos eludieron sus responsabilidades" y "eran conscientes de que la partida no era adecuada".

El Ministerio Fiscal aseguró que las ayudas concedidas no cumplieron con los requisitos previstos: ni relación de beneficiarios ni justificación de la finalidad pública ni acreditación de cumplimiento de dichas finalidades. Al hilo, insistió en que "no es posible" que esto sucediera durante 10 años y los acusados no tuvieran conocimiento de ello.

Además, ratificó que "todo el sistema era prevaricador" y que "el elemento de ilegalidad está perfectamente descrito en la sentencia" que ahora impugnan los condenados. Según subrayó, "cada uno de ellos colabora para la consecución del fin conjunto".

En aquellas vistas, la defensa del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán pidió al Supremo que le absuelva de los delitos de prevaricación y malversación a los que fue condenado al considerar que en los hechos probados no consta "ninguna irregularidad" del entonces consejero de Hacienda ni que tuviera conocimiento de ello ni tampoco "ánimo de lucro". "No puede malversar quien no puede decidir sobre el destino de los fondos", dijo.

La defensa del expresidente de la Junta Manuel Chaves también solicitó al Alto Tribunal que acordara su absolución del delito de prevaricación por el que fue condenado. Se escudó en sentencias anteriores del Supremo para defender que los dos acuerdos relativos a los anteproyectos de los Presupuestos andaluces —que aprobó cuando estaba en el Consejo de Gobierno— no pueden considerarse actos administrativos sino actos políticos, por lo que —a su juicio— no sería aplicable el delito de prevaricación.

Como ellos otra veintena de condenados expusieron sus argumentos ante los magistrados en dos sesiones que se extendieron durante mañana y tarde. Ahora, están pendientes de que el Supremo dicte sentencia.

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha anunciado a la Audiencia Provincial de Sevilla su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia de la 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), en la que se le condena a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. En el escrito asegura que lo hace por "errores" en la apreciación de la prueba y por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, según informa Europa Press. 

En el recurso, tal y como recoge el escrito, consultado por Europa Press y presentado ante la Sección Primera de la Audiencia, su abogado, Pablo Jiménez de Parga, considera que la sentencia "no es ajustada a Derecho" y "gravemente perjudicial" para sus intereses.

Por todo ello, anuncia este recurso basándose en siete motivos: infracción de precepto constitucional, por vulneración del artículo 24.2 de la Constitución, que reconoce el derecho a la presunción de inocencia; por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías; por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y sin indefensión; por infracción de ley, y por "error en la apreciación de la prueba" de acuerdo con una serie de documentos que obran en autos.

Además, lo hace por aplicación indebida del artículo 404 del Código Penal; de preceptos penales sobre autoría y participación y, por último, por aplicación indebida de preceptos sustantivos de leyes y normas, tanto estatales como autonómicas.

Otros recursos al Supremo

El pasado 19 de noviembre la Audiencia de Sevilla condenó a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en el caso ERE, mientras que sólo dos, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, fueron absueltos de todos los delitos que le imputaba la Fiscalía Anticorrupción, tras la celebración de este juicio en más de 150 sesiones durante un año.

El pasado 26 de diciembre fue el letrado de Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, el primero de ex altos cargos condenados en anunciar a la Audiencia su recurso de casación ante el Tribunal Supremo basándose en tres motivos principales, uno por infracción de precepto constitucional y dos por infracción de ley.

También lo han hecho el expresidente José Antonio Griñán; el exsecretario general de Empleo Juan Francisco Sánchez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano, y el plazo para hacerlo culmina este jueves, mientras que la Fiscalía Anticorrupción decidió no recurrir.

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha calificado este miércoles la Proposición no de Ley (PNL) que registró Adelante Andalucía para reprobar, tras la sentencia de la pieza política de los ERE, a los gobiernos socialistas presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a Susana Díaz y a su Ejecutivo, con el único rechazo del PSOE-A, según informa Europa Press.

No obstante, su debate ante el Pleno no se sustanciará hasta el próximo año ya que su admisión a trámite por el órgano rector de la Cámara la ha dejado fuera de plazo para que pudiera incluirse en la sesión de la semana que viene.

Así las cosas, la iniciativa ha sido calificada a pesar de que la semana pasada el informe jurídico sobre la misma que había solicitado la Mesa ante la duda de que la Cámara autonómica pueda reprobar a gobiernos enteros, concluyera que estos puntos no deben ser admitidos a trámite por "pretender una reprobación genérica" o también porque el Parlamento no puede reprobar a un diputado o diputada" ya que "sería como reprobarse a sí mismo".

En cambio, fuentes de la confluencia han informado a Europa Press de que la iniciativa, en los mismos términos que fue registrada, ha sido sometida a votación en la Mesa este miércoles para su admisión a trámite, de modo que ha superado este procedimiento con el voto a favor del PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, y el único rechazo del grupo parlamentario del PSOE-A.

Las mismas fuentes precisan que el informe del letrado no es vinculante y que las decisiones que adopta la Mesa son "políticas", no de carácter jurídico.

De este modo, la PNL de Adelante pide que el Parlamento andaluz repruebe a los gobiernos de Chaves y Griñán por haber "ideado y aplicado un sistema reputado ilegal de concesión de dinero público" y a Susana Díaz y a su Ejecutivo por "abandonar la causa de la pieza política de los ERE, decisión que dificulta, dilata y limita la recuperación de los fondos públicos utilizados al margen de la ley".

La confluencia registró la iniciativa tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a 19 exaltos cargos de la Junta, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial y a Chaves a nueve años de inhabitación especial.

La formación que dirige Teresa Rodríguez defiende que "la actuación política de los gobiernos cuyos presidentes Chaves y Griñán ya han sido condenados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Sevilla junto a consejeros y otros cargos públicos es reprobable", pero advierte de que "no lo es menos la actuación del anterior Ejecutivo, presidido por Susana Díaz, que con su decisión de retirar a la Junta de la causa judicial que contaba con inequívocos visos de resultar condenatoria, hizo dejación de la defensa del interés general al que se debía y a la recuperación de los fondos ilegalmente utilizados que era su obligación recobrar".

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, ha acordado abrir diligencias previas para investigar al expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías –ya condenados a nueve años de inhabilitación en la causa de 'la pieza política' de los ERE– y a 13 personas más, de ellos ocho ex altos cargos, en relación a un préstamo de 5,8 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.

Según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, el juez ha dictado un auto en el que atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción quien ha solicitado que estas 15 personas, entre ellas Chaves y Zarrías, declararan en calidad de investigados por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos.

Entre los ex altos cargos se encuentran el exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez, los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector de Trabajo Javier Guerrero; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el expresidente del IFA Salvador Durbán y el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar y cinco personas relacionadas con la citada empresa.

En concreto, Anticorrupción ha pedido al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 que abriera una nueva causa separada para investigar el citado préstamo que, en cualquier caso, "no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA", y el juez ya ha abierto las diligencias.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, en el que solicita que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías –ya condenados a nueve años de inhabilitación en la causa de 'la pieza política' de los ERE– declaren, en calidad de investigados, en relación a un préstamo de 3,7 millones de euros concedidos en 1999 a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina (Hamsa), ubicada en Jaén, luego Campocarne y Primayor.

Según recoge el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, en total Anticorrupción reclama la declaración como investigados de 15 personas, de las cuales diez son ex altos cargos y las otras cinco, directivos de la compañía, por unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación en concurso medial con otro delito de malversación de caudales públicos, ha adelantado el Diario de Sevilla.

Entre los ex altos se encuentran el exconsejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez o los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo; el exdirector de Trabajo Javier Guerrero; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el expresidente del IFA Salvador Durbán y el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Anticorrupción pide al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana que abra una nueva pieza separada para investigar el citado préstamo que, "en cualquier caso, no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA".

Así, sería una nueva investigación que no quedaría afectada, según ha señalado el Ministerio Público en el escrito, por la exclusión de los ex altos cargos juzgados en la causa de la "pieza política" acordada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla al aplicar el principio non bis in ídem.

La Fiscalía asegura en el escrito que realiza esta petición tras examinar toda la documentación que la Junta de Andalucía engeneral y la agencia IDEA en particular han entregado a este juzgado tras sucesivos requerimientos, tanto en la causa principal, como luego en esta pieza separada, relativa al expediente de las ayudas recibidas tanto por la extinta Hamsa como luego por la empresa Primayor, y observar que ya en el año 1999 por parte de la Junta se conceden ayudas sociolaborales tendentes a costear los planes de prejubilación de trabajadores de la citada empresa.

Al respecto, el fiscal precisa que "estas ayudas se tramitan de manera general conforme a normativa reguladora de las subvenciones, constando en esa documentación que una de las ayudas sociolaborales destinadas a cubrir el plan de prejubilación de siete extrabajadoresde Hamsa fue reparada en dos ocasiones por la Intervención de la Junta de Andalucía, dando lugar a que no se pudiera pagar".

Tras entrar en suspensión de pagos, en el año 1995 la Junta de Andalucía decidió intervenir en la gestión a través del IFA para evitar o paliar las consecuencias sociales que supondría el despido de todos sus empleados como consecuencia del cierre empresarial. En ese mismo año, remarca el fiscal, el IFA adquiere la nuda propiedad de las acciones y entre el año 1993 a 1997 la empresa Hamsa obtuvo numerosas ayudas públicas del Estado en forma de avales, préstamos, aportaciones de capital y condonación de deudas, que la Comisión Europea llegó a anular, en concreto las condonaciones de deuda.

Anticorrupción subraya en el escrito que se observa que, "de manera paralela en el tiempo" el Gobierno andaluz decidió otorgar otras ayudas "formalmente a modo de anticipo bajo la figura de un préstamo puente" por un importe máximo de 970 millones de pesetas (5,8 millones de euros) con un plazo de amortización de seis años y tres de carencia, una circunstancia que el Consejo Rector "adoptó por unanimidad y a expensas de su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno". Al respecto, el fiscal remarca que, según recoge la documentación examinada, "de quedar alguna cantidad pendiente de amortización, ésta pasará automáticamente aconvertirse en préstamo participativo, hasta su total amortización.

Por tanto, a la Fiscalía le llama la atención que "no se recoja ninguna de las condiciones, como plazo, garantías ni tipo de interés de tal préstamo participativo".

Además, destacan los fiscales que el 2 de diciembre de 1999 se firmó un acuerdo entre Gaspar Zarrías y el presidente entonces de Campocarne, por el que la Junta adquiría el compromiso de abonar 471 millones de pesetas para la creación de empleo, un dinero con el que se cancelaría parcialmente el préstamo de 970 millones de pesetas. Por su parte, la empresa Campocarne se comprometía a amortizar el resto, 629 millones de pesetas, 3,7 millones de euros, que no abonó.

Fondos públicos "sin control"

Por todo ello, Anticorrupción solicita al juez que incoe una nueva pieza cuyo objeto sería "determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad" que advierten en la concesión de ese crédito puente, ya que "podría deducirse que bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a Campocarne e, indirecta y posteriormente, a Primayor".

Para los fiscales, "este préstamo nunca tuvo voluntad de ser cobrado y que en todo caso al menos en febrero del 2005 no había sido amortizado, desconociéndose su situación actual y por tanto si se hicieron efectivas las previsiones fijadas en las cláusulas de la escritura pública de otorgamiento del mismo".

De hecho, remarcan en el escrito que en la documentación "se ve que a fecha 12 de febrero de 2003 el préstamo no había sido pagado y que la única amortización que constaba al Instituto de Fomento era la derivada de la ayuda dada por la Consejería de Empleo, cifrándose en 3.707.643,67 euros el principal pendiente de vencimiento".

Pasa de "activo a pérdida"

Por todo ello, Fiscalía considera que "al no haberse amortizado el préstamo en el año 2005 y teniendo en cuenta que para su pago finalizado el plazo de carencia iba del año 2002 al 2008, la posible malversación de los fondos públicos derivada de la disposición de los mismos mediante una posible utilización fraudulenta de un préstamo se consuma cuando el importe del préstamo deje de ser considerado un activo para el Instituto y pase a ser una pérdida".

Esta circunstancia, explica Anticorrupción, tiene importancia en la determinación de la posible prescripción de los hechos, ya que al tratarse del tipo agravado de malversación el plazo es de 15 años y el préstamo aún "no había supuesto un gasto" para la agencia pública el 1 de febrero de 2005, por lo que el delito prescribiría a partir de febrero de 2020.

Adelante Andalucía ha registrado una proposición no de Ley en la que pide que el Parlamento andaluz repruebe tras la sentencia de la pieza política de los ERE a los gobiernos socialistas presididos por Manuel Chaves y José Antonio Griñán por haber "ideado y aplicado un sistema reputado ilegal de concesión de dinero público" y a Susana Díaz y a su Ejecutivo por "abandonar la causa de la pieza política de los ERE, decisión que dificulta, dilata y limita la recuperación de los fondos públicos utilizados al margen de la ley".

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que se debatirá en un Pleno posterior al que se celebra esta semana, se produce tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a 19 exaltos cargos de la Junta, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial y a Chaves a nueve años de inhabitación especial.

La formación que dirige Teresa Rodríguez defiende que "la actuación política de los gobiernos cuyos presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán ya han sido condenados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Sevilla junto a consejeros y otros cargos públicos es reprobable", pero advierte de que "no lo es menos la actuación del anterior Ejecutivo, presidido por Susana Díaz, que con su decisión de retirar a la Junta de la causa judicial que contaba con inequívocos visos de resultar condenatoria, hizo dejación de la defensa del interés general al que se debía y a la recuperación de los fondos ilegalmente utilizados que era su obligación recobrar".

"Enorme responsabilidad" de Susana Díaz En este sentido, Adelante Andalucía subraya la "enorme responsabilidad" de Susana Díaz porque "fue durante su mandato en la legislatura anterior cuando decidió que la Junta de Andalucía debía retirarse como acusación particular en el proceso judicial del caso ERE, llegando incluso a pedir al juez el archivo de la causa". En su opinión, "si la Junta de Andalucía hubiera hecho entonces su trabajo, si hubiera representado a toda la ciudadanía, podría haber tenido la legitimidad para exigir la devolución de hasta el último euro defraudado", mientras que "ahora, para recuperar todo ese dinero malversado la Junta de Andalucía tiene que iniciar, uno a uno, los expedientes de devolución, en un proceso que puede dilatarse durante muchos años".

La petición de reprobación subraya la "gravedad" de la sentencia de la pieza política del caso ERE, que cifra en torno a 680 millones de euros "el montante total defraudado de un dinero que no estaba sometido a ningún tipo de control público, para cuya utilización fraudulenta se introdujeron cambios que dificultaran o imposibilitaran su control, y con el que se financiaron ERE en empresas elegidas sin criterios objetivos, se incorporaron personas ajenas a sus plantillas que resultaron beneficiarias de prejubilaciones que en modo alguno les correspondían, se abonaron comisiones exorbitantes y se otorgaron ayudas directas, todo ello obviando reiterados reparos legales que advertían de la ilegalidad manifiesta de las decisiones políticas adoptadas y de su ejecución". Adelante subraya que, "más allá de los hechos juzgados y de las personas condenadas por la justicia, y con independencia de los recursos ante el Supremo", el "trasfondo político" de la sentencia "retrata una época y una manera de operar desde lo público por sucesivos gobiernos del PSOE-A, años en los que la arbitrariedad y el perjuicio al interés general fueron evidentes y que, de un lado, permitieron al PSOE tejer una red clientelar por toda Andalucía, el partido que abría o cerraba el grifo de las ayudas públicas y que con esas prácticas 'fidelizaba' apoyos sociales y electorales en zonas deprimidas, en las que el desmantelamiento de sus estructuras productivas dejaba a sus habitantes pendientes de la tabla de salvación que el PSOE les lanzaba desde las instituciones autonómicas que por aquel entonces hegemonizaba".

Junto a ello, la formación morada critica que "este proceder con el que se regaba de dinero público algunas zonas a las que volvía la paz social, quedaban desprovistas de inversiones que las hicieran recuperar su pujanza económica de antaño tras las deslocalizaciones y los cierres de empresas", por lo que advierte de que mientras "los gobiernos socialistas y sus terminales provinciales y comarcales con una mano resolvieron el presente, con la otra taponaron el futuro de los hijos de aquella generación de trabajadores esforzados, que a partir de entonces sólo contaron con sus pensiones para asegurar el porvenir de sus familias a cambio de su desarraigo, ya que los y las más jóvenes engrosan buena parte de las listas deprimentes de nuestra Andalucía vaciada".

"Más allá del duro golpe que provoca la reciente sentencia, también resulta preocupante que a día de hoy no se haya puesto en marcha ningún tipo de medida para evitar que esta situación vuelva a repetirse", añade Adelante, que censura "la inacción tanto del actual Gobierno como del anterior, que no han tomado decisiones adecuadas para que esto no vuelva a ocurrir" y considera "indignante que tampoco exista un mecanismo eficaz para recuperar todo el dinero malversado".

En este sentido, la iniciativa también insta a la Junta a "adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar procedimientos limpios y transparentes en la adjudicación de ayudas públicas y la absoluta imparcialidad de los criterios para su otorgación y cálculo de sus cuantías", para lo que reclama que presente antes de tres meses en el Parlamento "un informe detallado de los cambios operados en cumplimiento de los informes de la Cámara de Cuentas emitidos a tales efectos, y de todos aquellos cambios adoptados o previstos para mejorar los procedimientos ilegales y opacos identificados en estos años de corrupción, que garanticen la salvaguarda del interés general y el uso debido de los recursos públicos".

Por último, Adelante también insta a la Junta a reclamar al Gobierno de la Nación que impulse "las reformas legislativas necesarias para garantizar la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos cuyos miembros hayan sido condenados en firme por delitos relacionados con la corrupción, en los casos en los que el partido político en cuestión se haya beneficiado".

Nada es sencillo en el caso ERE. El Gobierno andaluz anunció este martes que continuará pagando las prejubilaciones acordadas, a pesar de la sentencia que establece que el reparto del dinero fue ilegal. ¿Por qué? El Ejecutivo que lidera Juanma Moreno (PP) tendría difícil cualquier otra opción, dado que la Junta tiene compromisos adquiridos con prejubilados con derecho a las ayudas y no han tenido ninguna responsabilidad en el fraude. Y son la mayoría. Además, la sentencia que condena a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros 17 ex altos cargos cuantifica el montante repartido mediante un sistema ilegal, 680 millones entre 2000 y 2009, pero no el dinero defraudado. Es decir, con la sentencia en la mano no puede decirse que todo el dinero del fraude sea dinero malversado, sino dinero repartido mediante un procedimiento basado en la prevaricación y la malversación. No es lo mismo, aunque pueda parecerlo.

La cuantía del fraude se tendrá que determinar a lo largo de al menos 150 juicios en los que se verá cuánto se defraudó con cada ayuda, qué intruso se benefició, qué empresa no cumplía los requisitos, qué comisión fue abonada por encima del valor de mercado... La Junta reclamará el dinero, según dijo ayer el vicepresidente Juan Marín, a los "intrusos", las empresas que hayan recibido el dinero sin derecho a recibirlo y a los "amiguetes". La semana pasada, en la cadena Ser, el presidente Moreno afirmaba que los 6.000 beneficiarios eran "personas allegadas al Partido Socialista". Este martes, Marín cifró los "intrusos" en "más de 200". La Junta también intentará recuperar las minutas pagadas, obligatoriamente, a los abogados de los ex altos cargos que han ido a juicio. ¿Garantías de recuperar ese dinero? A día de hoy, no pueden ofrecerse. El PSOE "ha dejado tal maraña que es muy difícil", dijo Marín. Lo dicho: nada es fácil en el caso ERE. Ni siquiera es fácil para PP y Cs, pese a que es un caso que se carga sobre la espalda del PSOE.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), comparecieron este martes tras el Consejo de Gobierno con el fallo todavía coleando. La anterior reunión del Ejecutivo autonómico coincidió con la publicación de la sentencia, un tremendo golpe a la gestión socialista del que ha sido su mayor fortín autonómico, con casi 37 años en el poder. Una semana después del fallo, quedaban múltiples dudas en el aire: ¿a cuánto considera la Junta que asciende el dinero defraudado?, ¿cuántos intrusos tiene localizados?, ¿cuál va a ser el mecanismo para recuperar lo que sea posible del dinero?, ¿en qué se traduce la promesa de PP y Cs de intentar recuperar el dinero indebidamente entregado? Marín, el responsable de poner voz a la tarea de la Junta para resarcir las arcas públicas, despejó alguna equis, pero no todas. Y dejó flotando en el aire varias incógnitas nuevas.

El vicepresidente anunció que la Junta de Andalucía seguirá pagando las prejubilaciones acordadas con cargo al fondo que la sentencia considera ilegal. Marín incluso cuantificó en 37 millones lo que la Administración autonómica deberá pagar hasta 2025. Esto deja una evidencia sobre la mesa: la propia Junta, liderada ahora por PP y Cs, no considera dinero malversado los 680 millones. Ni detiene los pagos acordados, ni reclama los ya abonados. Irá a por los "amiguetes". Pero todavía no. Cuando haya sentencia firme.  Trabajadores "de buena fe"

Para explicar todos estos aparentes contrasentidos, hay que entender cómo funciona el sistema. La Junta, mediante el sistema de los ERE ahora sentenciado, acordó pagar la prejubilación a en torno a 6.000 trabajadores hasta que llegaran a la prejubilación, cuando pasa a encargarse la Seguridad Social. De esos alrededor de 6.000 trabajadores, la mayoría se limitaron a angustiarse cuando se anunció el ERE en su empresa y aliviarse cuando la Junta apareció con la billetera. ¿Su culpa en todo esto? ¿Su responsabilidad en que su ayuda de prejubilación proviniera de un fondo opaco? Ninguna. Y, a pesar de ello, muchos han vivido con preocupación todos estos años, ya que oían a todas horas que el dinero que habían cobrado había sido malversado, según la investigación de la jueza Mercedes Alaya y, ahora, según una sentencia judicial. En buena lógica, tendrían entonces que devolverlo.

Pues no. No tendrán que devolverlo los que lo han percibido con derecho a hacerlo, ni aquellos que aún lo estén cobrando tendrán que dejar de recibirlo. Marín verbalizó este martes lo que en realidad era inevitable: los trabajadores "de buena fe" no tienen por qué preocuparse. Lo contrario, exigirles ahora el dinero y dejar de abonarlo, llevaría a la Administración a enfrentarse a un carrusel de demandas. La Junta asume los 37 millones que quedan pendientes hasta 2025.

200 intrusos

Ahora bien, hay otros trabajadores en situación distinta. Trabajadores a los que no se puede atribuir "buena fe", que están cobrando las ayudas y que no deberían estar cobrándolas. Son los conocidos como "intrusos": trabajadores que no desempeñaron función alguna en las empresas por las que se prejubilaron, o que desempeñaron funciones de un nivel inferior a aquel por el que se prejubilaron. La parte del caso que afecta a los intrusos está repartida por las numerosas piezas del caso ERE. Hay 120 incoadas, más cuatro a la espera de juicio, si bien la cifra total final podría llegar a 200 o incluso más, según la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Según la investigación judicial y policial, se colaron numerosos intrusos aprovechando la opacidad del sistema, entre ellos socialistas, sindicalistas y familiares. La jueza Mercedes Alaya cuantificó en 70 el número de intrusos en 2015. A lo largo de la instrucción, la cifra superó los cien. Marín dio este martes una cifra casi redonda: "más de 200". "Hay que diferenciar entre prejubilados de buena fe y los más de 200 intrusos que colaron en los ERE. Estos intrusos sí tienen que preocuparse; vamos a perseguirlos hasta donde la justicia nos los permita para que devuelvan lo que no les corresponde", afirmó Marín.

Sin cifra oficial de fraude

La respuesta que no dio Marín es a cuántos ascienden los prejubilados "de buena fe". Tampoco señaló a una cifra global de fraude. Si no son 680, ¿a cuánto asciende el fraude? Lo cierto es que es una pregunta precipitada, porque el fraude se calculará juicio a juicio, intruso a intruso, con el detalle de cada ayuda entregada de forma delictiva, con cada sobrecomisión considerada fruto de una malversación.

El vicepresidente Marín, de hecho, insistió en que se han oído ya demasiados "se supone" en cuanto a la cifra del fraude y se negó a dar ninguna. Aseguró que el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), está hilando fino para ofrecer mayor número de certezas a la opinión pública la semana que viene. "Queremos presentar datos reales, objetivos y certeros, porque lo demás es seguir especulando y el Gobierno no va a hacer esto con asunto tan serio", dijo Marín. Hasta ahora, las cifras que más frecuentemente circulan sobre la cuantía del fraude han rondado los 130 millones, que es lo que la Junta intentaba recuperar en 2017. Pero en ningún sitio está escrito que esto tenga que ser lo que, después de todos los juicios que quedan, se demuestre judicialmente como dinero defraudado.

Reclamación a las empresas, no a los trabajadores

Tanto Marín como Bendodo lamentaron que el Gobierno andaluz, en la etapa de Susana Díaz, concretamente en 2016, pidiese el archivo de la pieza política del caso al considerar que los acusados eran todos inocentes y renunciase a pedir responsabilidades civiles. El vicepresidente asegura que, de no haberse comportado así y haber mantenido una acusación y una petición de dinero, la sentencia establecería una responsabilidad, se habría mantenido la petición de fianzas... Es decir, que la Junta tendría más facilidades para recuperar la parte del dinero defraudada. Pero, como sabe Marín, desde el Gobierno no se puede sólo atacar la gestión anterior, sino que también hay que explicar la futura. Sobre los pasos a dar para resarcir las arcas públicas, Marín afirmó que la Junta acudirá a la vía civil una vez que haya sentencia firme en el Tribunal Supremo.

El vicepresidente reiteró que el Gobierno andaluz hará todo lo posible por reunir el máximo dinero posible, pero también insistió en que no tiene la menor garantía de lograr nada. Es más, aunque aseguró que la Junta "perseguirá" a los intrusos para reclamarles el dinero, también admitió que, como la sentencia considera que son las empresas y no los trabajadores los beneficiarios reales de las ayudas, es a las empresas a las que tendrá que pedir el dinero. ¿Y si ya no existen o son insolventes? No conviene forjar elevadas expectativas sobre la recuperación del dinero.

El 19 de enero de 2011, tirando del hilo de la extraña inclusión en el ERE de la empresa mixta Mercasevilla de un militante socialista de Baeza (Jaén) que no había trabajado nunca en la lonja sevillana y de la declaración ante la policía de un director general de Trabajo que afirmaba que había dispuesto de un cuantioso fondo de dinero para empresas en crisis, la jueza Mercedes Alaya abrió las diligencias 174/11.

Aquello fue lo más parecido al big-bang que ha ocurrido en la política andaluza. Los pedazos en los que reventó todo siguen multiplicándose y expandiéndose. Y llegan mucho más allá de lo enjuiciado y condenado en este primer juicio y en esta primera sentencia que han arrasado casi una década de poder socialista en Andalucía.

Alaya, mientras iba comprobando que en múltiples ayudas sociolaborales entregadas por la Junta aparecían "intrusos" y que el reparto estaba marcado por el descontrol, desplegó una ambiciosa investigación guiada por un convencimiento: aquel caso no se limitaba al director general Francisco Javier Guerrero, que había hecho y deshecho con las ayudas sin comprobaciones previas ni verificaciones posteriores, aprovechando para regalar favores sin justificación; tampoco a los consejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, responsables del sistema administrativo que permitía el reparto de las ayudas con escaso control. El cogollo, a juicio de Alaya, no estaba en los intrusos, ni en las empresas que habían recibido ayudas sin acreditar requisitos ni justificar el empleo, ni siquiera en los conseguidores como Juan Lanzas, que habían aprovechado aquel flujo de dinero para conseguirle a las empresas ventajosos ERE a cambio comisiones.

No. El caso, a juicio de Alaya, era más que eso. Apuntaba hacia arriba. Arriba del todo.

Según la jueza, no había sólo un mecanismo opaco por el que se habían colado unos aprovechados en connivencia con el director general Guerrero para arreglarse la vida con cargo al erario público, sino una trama política a gran escala que había creado, mantenido, engordado y ocultado un sistema creado deliberadamente para defraudar, aunque el objeto no fuera necesariamente el lucro propio sino la evitación de los controles a fin de garantizar mediante el reparto de ayudas un mayor control político. Esta tesis, que exigía un concilio de voluntades de múltiples altos cargos a lo largo de una década y que apuntaba a la existencia de una red clientelar, es lo que se empezó a conocer como la "trama" de los ERE, una idea rechazada durante años por el PSOE como un exceso imaginativo de la instructora que había logrado convencer a la Fiscalía. Esta trama es de la que se ha ocupado la conocida como "pieza política" –en su etiqueta mediática– o del "procedimiento específico" –en su nombre más jurídico–, que fue desgajada de la causa matriz en 2015 y que el martes puso una sentencia sobre la mesa. La trama es ahora el relato judicial de unos hechos probado, aunque es cierto que aún queda el Supremo.

124 piezas incoadas y más esperando

Pero el caso no se limita a esta trama. Mientras Alaya horadaba hacia arriba, también lo hacía hacia abajo: cada ayuda irregular llevaba su propia investigación, a las que se sumaba otra específica sobre las conocidas como "sobrecomisiones"... Las irregularidades afloraban en aluvión. La comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, que tuvo lugar en 2012, con el caso en sus inicios, ya detectó 196 irregularidades, entre ellas 71 intrusos más 60 trabajadores que no habían acreditado todos los requisitos. En junio de 2015, Alaya envió al Tribunal Supremo –que había entrado en escena porque Manuel Chaves y José Antonio Griñán eran aforados– un listado con 70 intrusos, que se elevaron por encima de 100 a lo largo de la instrucción de las distintas piezas. La sentencia de la pieza política cuantifica en 270 los expedientes analizados en la causa. Un auto de noviembre de 2015 cifraba ya en 270 el número de piezas en que debía dividirse la causa, si bien no se ha alcanzado esa cifra.

¿En cuántas piezas ha quedado el caso? Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las cifra así: 120 en el juzgado de instrucción 6, más cuatro en la Audiencia Provincial, ya a la espera de juicio. No obstante –como todo en este caso–, la cosa no es tan sencilla. La Junta de Andalucía asegura que está personada como acusación en "casi 200". "En todas, salvo en la pieza política", subrayan desde la Consejería de Presidencia. El desfase entre 124 y casi 200 obedece, según coinciden TSJA y la Junta, a que hay piezas que todavía no han sido formalmente incoadas tras la presentación del atestado. Es decir, cuando todas estén incoadas el número podría estar cerca de 200, aunque es pronto para asegurarlo. Porque es necesaria una aclaración más: que llegue a haber cerca de 200 piezas, si se incoan todas, no significa que haya igual número de juicios. Las cálculos apuntan a un mínimo de 150. Hay que recordar que también hay archivos. En algunos casos, por prescripción. La Audiencia ha establecido el criterio de que las actuaciones por las ayudas inferiores a 450.000 euros cuyos beneficiarios fueran imputados hace más de diez años estarían caducadas, por lo que el reloj hace tic-tac. También puede haber archivos si, simplemente, a lo largo del procedimiento se considera que no hay indicios de delito.

500 imputados, cifra orientativa

El TSJA no ofrece un número exacto de imputados. No hay cifra cerrada, es la respuesta oficial. Fuentes conocedoras del caso coinciden en que está en torno a 500, aunque subrayan que es un número que va cambiando. Un auto de finales de 2018 de Núñez Bolaños, precisamente el que cierra la causa matriz abierta en 2011 de la que se desgajaron todas las demás, cifraba en 507 el número de imputados y en 187 las piezas en total, si bien desde el TSJA aclaran que se trata de una cifra "orientativa".

Lo seguro es que el número de imputados va creciendo. Hace tres años rondaban los 250. Los ERE han supuesto una primavera del negocio de la defensa penal en Sevilla.

Los detalles del fraude

Si la pieza política, con su condena a 19 ex altos cargos –entre ellos dos expresidentes y seis exconsejeros–, ofrece el titular de primera plana del caso ERE, en el maratón de juicios por venir se escribirá el cuerpo del texto con todos sus detalles. La sentencia de la pieza política ofrece un relato sobre el marco general: un sistema estable en el tiempo –2000-2009– que permitió el reparto irregular de 680 millones de euros, para lo que diez condenados cometieron malversación y prevaricación y nueve prevaricación. Lo que no hace el fallo es especificar cuál es la cuantía efectivamente defraudada. A la espera de comprobar si el Tribunal Supremo aporta algo en este sentido, los juicios de todas las piezas que quedan sí deberán ir haciéndolo. Porque ahí sí se juzgarán fraudes concretos. No un marco general para la defraudación, sino una salida indebida de dinero de la caja pública a un bolsillo concreto. Eso es lo que le queda al caso ERE: una inmensidad de letra pequeña para rellenar los espacios en los que no entra la primera sentencia.

El sistema, dice la sentencia, en una de sus frases más afiladas, "permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado". Queda por determinar en otros juicios esas empresas, cuánto se ahorraron. Y muchos más detalles, que afectan a intrusos, comisionistas y, por supuesto, también a excargos de la Junta.Siguiente juicio en septiembre de 2020

Siguiente juicio en septiembre de 2020 Esa letra pequeña no se va a escribir de hoy para mañana. Los próximos juicios serán, lógicamente, los de las cuatro piezas que la jueza María Núñez Bolaños ha enviado a la Audiencia Provincial. Núñez Bolaños es precisamente la responsable de la división en múltiples piezas de la causa –en contra del criterio de Alaya–, al considerar que como macrocausa era ineficiente e inmanejable. El primer juicio tendrá lugar, como muy pronto, en septiembre de 2018, señala el TSJA. Concretamente, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha fijado su el inicio del juicio el 9 de septiembre de 2020.

Núñez elevó a la Audiencia los 4.529 folios de esta pieza en noviembre de 2017 con 12 acusados, entre ellos seis ex altos cargos de la Junta. Cinco de ellos ya han sido juzgados y condenados en la pieza política, entre ellos el el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. En esta pieza se han investigado ayudas de en torno a 3 millones a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco). Se trata de ayudas repartidas mediante el conocido como "procedimiento específico". Es decir, el sistema que la sentencia de la pieza política ha considerado ilegal.

Las empresas del chófer

Las otras tres piezas que esperan juicio en la Audiencia son también por ayudas a empresas: Surcolor, Cenforpre –donde está acusado el ex futbolista Pizo Gómez– y las sociedades del que fuera chófer de Francisco Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo. Esta pieza, que aún no está señalada, tendrá miga. Trujillo, además de chófer de Guerrero, era su amigo. El conductor creó dos empresas, Iniciativas Turísticas Sierra Norte y Lógica Estratégica Empresarial, con el único fin de percibir las ayudas, según estableció al inicio de esta parte de la investigación la jueza Mercedes Alaya. Logró al menos 1,4 millones en ayudas.

La relación entre Guerrero y Trujillo cobró notoriedad al hilo de una declaración de Trujillo en la que afirmó que ambos habían gastado parte del dinero de las ayudas en fiestas nocturnas. "Como contraprestación a las subvenciones concedidas por Guerrero, Trujillo entregó cierta cantidad de dinero en metálico a aquél, así como le compró múltiples regalos de antigüedades, ropa, artículos de telefonía, invitándole habitualmente a copas y a cocaína, pagando todo ello con el dinero de las ayudas públicas recibidas", anotó Alaya en un auto en marzo de 2012. Guerrero, ante la comisión de investigación parlamentaria que funcionó en 2012, negó haberse pagado vicios privados con dinero público. "Me tengo por una persona jovial, no he sido un putero ni me he dedicado a la drogodependencia, que no está en mi terrero, estoy dedicado a otras cosas. Me tomo las copas que me apetecen, cuando me apetecen y donde quiero".

Es previsible que en los próximos meses sigan llegando piezas a la Audiencia. El caso no avanza a buen ritmo. Ni mucho menos. Anticorrupción ha denunciado a la jueza Núñez Bolaños ante el Consejo Generar del Poder Judicial por lo considera un "retraso injustificado". Previsiblemente los casos irán llegando con cuentagotas, primero a la Audiencia, luego a juicio, pieza a pieza, ayuda a ayuda, empresa a empresa: Tartessos Car, Fabricantes de Encimeras para Europa, Explotaciones Agrícolas Plantasur, Escayolas Saavedra.. El muestrario es amplio.

Sierra Norte y sobrecomisiones

En una pieza se investigan las ayudas a un grupo de empresas vinculadas al corcho. En otra, las recibidas por Cespa y FCC. Por supuesto, están las partes más sonadas, como la Faja Pirítica de Huelva o Boliden. En las piezas sobre las distintas empresas puede haber, además de ayudas irregulares, intrusos, según el caso. No hay una regla general, más allá del descontrol del reparto. También hay piezas por las ayudas a ayuntamientos... El reparto de ayudas abarca también a la Sierra Norte, que es en sí misma un caso, porque empresas de esta comarca, en la que estaban radicados políticamente Guerrero y el ex consejero de Empleo Viera, fueron agraciadas con una cantidad aparentemente desproporcionada de ayudas. Un grupo de empresas –algunas de ellas, meras pantallas– fue especialmente favorecido, el formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, empresarios de El Pedroso, que acabaron recibiendo más de 30 millones de euros, según puso de relieve la investigación judicial.

Otra de las patas del caso, que lleva una pieza propia, son las sobrecomisiones. Según la instrucción judicial, hubo empresas intermediadoras, singularmente Vitalia y Uniter, que cobraron comisiones por encima del valor del mercado por intermediar entre las empresas, los sindicatos y la Junta a lo largo de la tramitación de los ERE. Un exdirigente de UGT en Andalucía, Juan Lanzas, actuaba supuestamente como conseguidor de ERE, poniendo de acuerdo a empresas que querían cerrar o recortar su personal y a la Junta de Andalucía, concretamente en la persona de Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Empleo. Lanzas, al que Alaya responsabiliza de la inclusión de numerosos intrusos en los ERE –entre ellos él mismo, familiares suyos y sindicalistas allegados–, cobró por sus trabajos de intermediación comisiones de hasta 13 millones de euros, según calculó Alaya durante la instrucción. Todo eso está aún por demostrar como hecho probado en una sentencia. En realidad, los únicos hechos probados hasta ahora son los recogidos en el fallo de la pieza política.

'Non bis in idem'

Queda mucha tela por cortar en el caso. Y muchas dudas jurídicas por despejar. Una de las principales tiene que ver con la aplicación del principio non bis in idem, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. En las cuestiones previas del juicio, el tribunal rechazó la petición de la la Fiscalía de agrupar todo el caso. Ahora quedan por juzgar numerosos hechos protagonizados por personas ya condenadas que rozan los ya abordados en el primer juicio. Pero, ¿los invaden? ¿Se repiten?

"La sección séptima de la Audiencia Provincial viene diciendo que no pueden ser juzgados por los mismos hechos", señalan desde el TSJA, aunque añaden que "no está claro" cómo quedará al final la situación en relación con cada alto cargo ya juzgado en la pieza política en cada uno de los juicios por venir. "Habrá que ver en cada pieza si esos hechos ya se han visto en el juicio de la pieza política", apunta el TSJA.

En febrero de 2019, había ya más de 50 autos avalando la exclusión de diversas piezas de los ex altos cargos ya enjuiciados en la parte política, como informó Diario de Sevilla tras un repaso de las resoluciones que bombea continuamente la Audiencia Provincial. De momento, no hay uniformidad. Guerrero, Viera, Fernández, Márquez y otros condenados suman a sus penas por la pieza política la incertidumbre sobre posibles nuevos juicios.

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, respondió este martes a las informaciones que dan cuenta de que, siendo ella máxima representante del Ejecutivo autonómico, los servicios jurídicos pidieron el archivo de la conocida como "pieza política" del caso ERE, con lo que la Junta renunció a reclamar en esta pieza el posible dinero defraudado, aunque reservándose la opción de acciones civiles tras una hipotética condena [ver aquí la la noticia en infoLibre]. Esta decisión de la Junta de Andalucía, al trasluz de la sentencia que condena a diez ex altos cargos por malversación y prevaricación y a nueve sólo por prevaricación por el reparto irregular de 680 millones en ayudas públicas entre 2000 y 2009, se ha convertido ahora en un flanco débil de Díaz. PP, Cs y Adelante Andalucía piden su dimisión como diputada. Y la expresidenta se ha revuelto contra las críticas. Este jueves Díaz ofreció su versión en el programa Al rojo vivo, en La Sexta, donde presentó en su defensa un escrito de 69 folios que merece una mirada en detalle.

¿Qué alegó Díaz? En síntesis, afirmó que dicho escrito, dirigido por los servicios jurídicos de la Junta al juzgado que instruía la pieza política en octubre de 2016, demuestra que la Administración autonómica, que era parte acusadora y perjudicada en la pieza, pidió el archivo de esta parte de la causa para incrementar sus posibilidades de recuperar el dinero. La expresidenta, que insistió en que la relación de la Junta con los servicios jurídicos es similar a la del Gobierno central con la Abogacía del Estado, dio lectura para apuntalar esta idea a extractos literales del escrito. Pero es el propio escrito el que da una explicación incompleta. Es decir, el escrito afirma que de haber presentado la Junta acusación contra Chaves, Griñán y el resto de altos cargos, hubiera limitado su opción de presentar acusaciones en otras piezas. Pero no aclara el porqué.

Díaz leyó dos puntos del escrito, que forman parte de la argumentación de los servicios jurídicos –dependientes entonces de la Consejería de Presidencia y Administración Local– para explicar los "serios obstáculos" existentes para "formular acusación en la presente causa", es decir, en la pieza política. Estos puntos están en las páginas 67 y 68 de un escrito de 69 páginas, firmado por los letrados de la Junta de Andalucía María Victoria Gálvez Ruiz y e Ignacio Carrasco López. Los dos puntos explicando los "obstáculos" para formular acusación en la pieza política que repasó Díaz son:

Así los leyó Díaz. En realidad, el punto segundo era más largo. También añade en su literalidad: "Por tanto, la imputación de disposición arbitraria de los fondos públicos y de concesión de ayudas, sin la previa determinación de si son constitutivas o no de delito por haberse destinado los fondos públicos a un fin ajeno a la función pública, así como en esencia, la falta de cuantificación de los importes defraudados y la ausencia de identificación concreta de quienes se han lucrado indebidamente, nos llevaría a formular una acusación incompleta, señaladamente respecto del delito de malversación, lo que nos llevaría a solicitar una responsabilidad civil de cuantía indeterminada, frustrando así las legítimas expectativas de recuperación de los fondos públicos".

Díaz, ya sin ceñirse a la literalidad, resumió esta parte así: "Si [la Junta] ejerce esta acusación de esta manera indeterminada, lo que puede conseguir es que no haya recuperación de los fondos públicos".

Hay mucho intríngulis en el escrito de los servicios jurídicos de la Junta. Y especialmente en los extractos seleccionados por la expresidenta. Sobre todo en este punto: "Como se expondrá, la vinculación de esta acusación al principio de legalidad impide acusar en esta pieza para no cercenar el derecho de esta parte a acusar en las piezas concretas que tengan por objeto la concesión de las distintas ayudas y/o subvenciones". ¿Por qué hay intríngulis? Porque el escrito no detalla después por qué acusar en esta pieza "cercena el derecho de esta parte" a presentar acusación en otras piezas.

En realidad, la lógica jurídica del escrito ya indica por qué no es posible "acusar" en esta pieza. El escrito dedica las primeras 66 páginas a explicarlo: porque los servicios jurídicos no creen que haya delito en esta pieza. No creen que José Antonio Griñán, Manuel Chaves y el resto de procesados tengan responsabilidad penal, ni por malversación ni por prevaricación. Por eso pide el archivo y, en consecuencia, no puede solicitar compensación económica. Adopta esta postura ateniéndose, es cierto, al "principio de legalidad". Pero lo que supone una cabriola es afirmar que es este "principio de legalidad" lo que "impide acusar en esta pieza para no cercenar el derecho de esta parte a acusar" en otras piezas. Al principio de la frase, los letrados dicen "como se expondrá", dando a entender que habrá un desarrollo argumentativo. Pero luego no queda expuesto por qué una hipotética acusación en esta pieza la impediría en las otras.

Una acusación defendiendo

El escrito, pese a estar formulado por la Junta como acusación, parece un escrito de defensa. "No existen pruebas que avalen el presunto conocimiento que los encausados pudieran tener de las irregularidades", señala en su página 53. "Esta parte no encuentra prueba de cargo alguna que permita afirmar que se ha implantado un procedimiento específico para la concesión de determinadas ayudas y/o subvenciones y con una finalidad ilegítima", consigna en la 48. Por eso pedían los letrados el archivo de la pieza. Esa es la clave del escrito. La Junta no veía delito en la pieza política de los ERE, en la que ahora, algo más de tres años después, han sido condenados 19 ex altos cargos. Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz argumentaban que no había un solo delito en las conductas examinadas en la conocida como "pieza política". Ese es el motivo por el que, ateniéndose al "principio de legalidad", piden el archivo. La introducción postrera del argumento según el cual presentar acusación lastraría el margen para actuar como acusación en otras piezas no viene acompañada de un razonamiento que la complete.

Los servicios jurídicos del Gobierno andaluz, en el escrito dirigido al juzgado, cargan con dureza contra el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), clave en el caso, y contra el auto de transformación en procedimiento abreviado de mayo de 2016, que asume las principales tesis de los peritos del IGAE. Los letrados de la Junta llegan a cuestionar la capacitación técnica de los peritos. "Sólo uno de ellos es licenciado en Derecho", señalan sobre los autores del informe del IGAE, al que la Junta atribuye "nulo valor probatorio y escaso valor científico".

Los servicios jurídicos de la Junta consideran que la idea de que existió un "procedimiento específico" para repartir las ayudas sociolaborales es un error del auto de mayo de 2016, al que acusa de describir un "magma procedimental" que en realidad no existió. La Junta no sólo no ve acreditada la existencia de una "trama criminal", sino que además defiende los principales elementos del sistema: el convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía, las transferencias de financiación, las modificaciones presupuestarias... Todos estos elementos –en realidad toda la argumentación de la Junta– han sido vapuleados por la sentencia de la Audiencia Provincial.

Los letrados de la Junta reconocen en su escrito que en los hechos globales puede haber delitos, pero que en ningún caso corresponde su enjuiciamiento a la pieza política, la que afecta a los dos expresidentes, Chaves y Griñán. "No puede negarse que en la gestión de los procedimientos administrativos de concesión de subvenciones y ayudas ha habido múltiples irregularidades administrativas; tampoco que, en el momento presente, algunas de dichas irregularidades tienen indiciariamente trascendencia penal. Ahora bien, por afectar precisamente al procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas, las responsabilidades penales que pudieran subyacer han de dilucidarse en el seno de cada uno de los procedimientos que afectan a tales expedientes de subvenciones y ayudas". Este párrafo sintetiza bien el escrito. Los letrados de la Junta no descartan que haya delito –e incluso apuntan a que los cargos de la Consejería de Empleo "deberían haber tenido conocimiento" de la "llamada de atención" de un determinado informe–, pero tienen claro que en la pieza en curso no hay nada penalmente relevante. No creen que faltase fiscalización previa, ni que hubiese descontrol, ni que el Parlamento fuera tratado como un "tonto útil" para aprobar unos presupuestos irregulares... Creen que, incluso ante la "hipótesis" de que hubiera habido un procedimiento específico, su creación no sería delictiva, sino su aplicación. Es decir, insisten en la idea de que los posibles delitos estarán en otras piezas, no en esta.

La Junta, en resumen, se opone uno a uno a los argumentos del IGAE, a su vez incorporados al auto de mayo de 2016... y finalmente a la sentencia de este martes.

Varios integrantes de la conocida foto de la tortilla, en la que aparecen un grupo de políticos del PSOE que impulsaron la refundación del partido en los años 70, firman el manifiesto de apoyo a Manuel Chaves (que también aparece en la citada fotografía) y a José Antonio Griñán, tras su condena por el caso de los ERE. La instantánea fue realizada por Manuel del Valle, que luego sería alcalde de Sevilla.

La fotografía fue tomada en los pinares de Puebla del Río (Sevilla) en la primavera de 1974. En ella también aparecen Felipe González y Alfonso Guerra. El que fuera presidente del Gobierno de España durante 14 años aún no se ha pronunciado sobre la sentencia de los ERE que condena a Chaves a 9 años de inhabilitación para cargo público y a Grinán a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación. Guerra no firma el manifiesto de apoyo pero sí ha respaldado de forma pública y rotunda a ambos dirigentes del PSOE. "No se han llevado medio euro a su casa ni a su partido", ha enfatizado el exvicepresidente del Gobierno.

Isabel Pozuelo, actualmente diputada del PSOE; Pablo Juliá, ex director del Centro Andaluz de Fotografía y fotógrafo de El País y José Manuel Amores, socialista que viajó con Chaves al Congreso de Suresnes donde se eligió a Felipe González líder del PSOE en el exilio, posaron para la mítica fotografía y ahora han decidido hacer público su apoyo a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Carmen Romero, exmujer de Felipe González y exdiputada en el Congreso por el PSOE, que aparece en la foto al lado de Alfonso Guerra, también firma el manifiesto. Junto a ella rubrican el texto Luis Yáñez Barnuevo, exdiputado socialista y exsecretario de Estado en uno de los gobiernos de González, y su mujer Carmen Hermosín, exconsejera de la Junta de Andalucía.

Además, de Guerra, González y el propio Chaves, los otros integrantes del también llamado 'clan de la tortilla', que no están en este manifiesto de apoyo, son Juan Antonio Barragán, primer secretario de las Juventudes Socialistas tras la dictadura; Rosa Rodríguez hija del exiliado sindicalista Máximo Rodríguez y María Martín, esposa de Curro Rodríguez que fue senador socialista.

140 firmas

Además de los citados, ocho exconsejeros de la Junta de Andalucía bajo gobiernos socialistas han suscrito el manifiesto, que suma 140 firmas, a favor de Chaves y Griñán en la que defienden "honestidad y honradez", al punto que ponen "las dos manos en el fuego" por ambos.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, defiende, "desde el respeto y la confianza en la justicia, la honestidad y la honradez de los presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y Pepe Griñán, tras una sentencia que los condena y que, a nuestro juicio, hace coincidir la responsabilidad penal con la responsabilidad política, que ambos han pagado con creces, como otros condenados y condenadas".

En la misma línea, sostiene que "Manuel Chaves y Pepe Griñán son personas que han luchado toda su vida por la democracia, la igualdad y el Estado del Bienestar". "Lo hicieron contra el régimen de Franco y lo han hecho cada vez que han tenido responsabilidad y un cargo. Han vivido, y viven, como servidores de la comunidad, rectos e intachables", subraya el escrito.

"No juzgamos ni queremos intervenir en un proceso tan largo y tan penoso que los condenó, en la realidad, hace muchos años, pero sirvan nuestras palabras para reiterar nuestra absoluta confianza en la honestidad y honradez personal de ambos", añaden los firmantes, que destacan que "nadie como ellos –Chaves y Griñán– han sufrido porque otros hayan abusado de su confianza y cometido delitos contra los que vienen luchando toda su vida". "Hay quien asegura que no se puede poner la mano en el fuego por nadie. Nosotros ponemos las dos por los dos", concluye el escrito.

Entre los firmantes figuran otros dos condenados en la pieza políticas de los ERE, Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez y seis exconsejeros más en diferentes gobiernos socialistas: Luciano Alonso, la ya mencionada Carmen Hermosín, Evangelina Naranjo, Isaías Pérez Saldaña, Manuel Pezzi y Amparo Rubiales. Además suscriben el manifiesto la senadora por Sevilla Nieves Hernández y la exministra y exsecretaria de Organización del PSOE Leire Pajín. También el expresidente de la Diputación de Sevilla y exsecretario provincial del PSOE Luis Navarrete o exdiputados como Isabel Pozuelo o José Martínez Olmo. Al margen del ámbito político también firman el escrito periodistas como Juan Cruz, Mercedes de Pablo y Pilar del Río o el expresidente del Consejo Económico y Social (CES) de España Marcos Peña.

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido "perdón a los andaluces" este jueves por el "bochornoso y lamentable" caso de los ERE, ha defendido que sólo 219 de los 7.000 trabajadores que se beneficiaron de pólizas están en el "foco de la ilegalidad" y ha explicado por qué la Junta de Andalucía se retiró de la causa judicial durante su mandato, uno de los argumentos que esgrimen el resto de partidos para solicitar su dimisión porque dificulta la recuperación del dinero defraudado.

Díaz ha explicado que los letrados de la Junta desaconsejaron que la Administración estuviera personada en esta causa, en la que estaban procesados los responsables políticos, ya que ponía en riesgo la recuperación del dinero malversado. Es en las otras causas abiertas del caso ERE donde la acusación que ejerce la Junta está haciendo su trabajo.

"Cuando uno está al frente de cualquier gobierno tiene que tener rigor y pedir perdón si se equivoca. El presidente de la Junta tiene que decir la verdad y si no la sabe, informarse", ha señalado refiriéndose a las declaraciones de Juanma Moreno, líder del PP y presidente del Gobierno andaluz. "Llegó a afirmar que él, para recuperar el dinero, hará lo que digan los servicios jurídicos. El equivalente a la Abogacía del Estado en Andalucía son los letrados de la Junta. Y el Gobierno que yo presidí hizo lo que dijeron los letrados. Además, mintió cuando dijo que nos retiramos de la causa", ha apuntado la expresidenta. Díaz ha mostrado documentación para explicar cuáles fueron los pasos que siguió la Junta de Andalucía cuando ella la presidía. Documentos con fechas y datos que, según ella, avalan su actuación por consejo de los letrados del Gobierno andaluz.

Susana Díaz se ha pronunciado así en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de laSexta, según informa Europa Press, en lo que constituyen sus primeras manifestaciones públicas desde que el martes se conociera la sentencia del caso ERE que condena a sus antecesores en el cargo, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, a penas de prisión e inhabilitación junto a otros 17 exaltos cargos de la Junta.

La expresidenta de la Junta ha explicado que no ha valorado antes la sentencia porque "mi obligación y deber era hablar cuando conociera la sentencia" y ha criticado que el actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, "apareciera media hora después de conocerse detrás de un plasma" para hacer una declaración institucional y después "pasearse por los platós faltando a la verdad", ya que ha negado que la Junta se retirase bajo su mandato de la causa en el año 2016.

Díaz ha relatado que ha hablado tanto con Chaves como con Griñán tras conocer la sentencia, "que no esperaban" y acredita que "no se han llevado ni un duro", y ha defendido que ambos "ya asumieron su responsabilidad" con sus dimisiones "mucho antes de que la sentencia viera la luz". La secretaria general del PSOE-A ha asegurado que cuenta con el "apoyo" del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el que ha hablado varias veces en esta semana, y ha querido dejar claro que ella volverá a optar a liderar el PSOE-A y que también tiene la ilusión y las ganas de volver a optar a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

Tras ser preguntada sobre el hecho de que se haya vuelto a abrir el debate sobre su continuidad al frente del PSOE-A después de la sentencia de los ERE, Díaz ha señalado que sabe que hay gente a la que le molesta, sobre todo, en la derecha, que Pedro Sánchez y ella "remen" en la misma dirección. Ha reconocido que incluso eso le puede molestar a algún compañero del PSOE.

Tras indicar que ambos han tenido momentos "difíciles" en sus relaciones, Díaz ha señalado que ahora los dos saben que "nos jugamos mucho más que nosotros" mismos, que es España, Andalucía y el PSOE, y que en cada momento uno tiene que "ser generoso". Ha indicado que esta semana ha hablado "muchas veces" con Sánchez, incluso después de la sentencia del caso ERE, y que éste le ha trasladado todo su "apoyo" a los socialistas andaluces y a ella misma. Ha indicado que Sánchez también cuenta con todo su apoyo.

Sobre su futuro político, ha insistido en que tiene la "ilusión y las ganas" de seguir al frente del PSOE-A, sobre todo, cuando los ciudadanos dieron la victoria al partido en las elecciones autonómicas de diciembre de 2018. En cualquier caso, ha querido dejar claro que, cuando se abra ese proceso, la última palabra la tendrán los militantes andaluces, que son los que eligen. Ha recalcado que ella se va a presentar "con ganas, garra, ilusión y fortaleza", aunque también preparada para "los tirones", y no ha descartado que pueda haber otros candidatos porque así es el PSOE.

Respecto a sus relaciones con la actual ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cuyo nombre suele barajarse como posible sucesora al frente del PSOE-A, ha señalado que entre ambas hay una "buena relación" y que ella le reconoce su valía: "Si no pensara que es válida, no la hubiera tenido en mi gobierno".

En cuanto al hecho de que desde los otros partidos se exijan responsabilidades políticas a Sánchez y a ella tras la sentencia del caso ERE, ha señalado que pretender meterlos en este asunto "es algo tan irracional que hace que toda la crítica caiga por su propio peso". Ha insistido en que todos aquellos que intentan situar a Sánchez y a ella en unos hechos en los que no estaban "se desprestigian a sí mismo y pierden toda credibilidad".

El tribunal de la Audiencia de Sevilla que ha juzgado el caso, integrado por los magistrados Juan Antonio Calle Peña (ponente), Pilar Lorente y Encarnación Roca, entregó a los 21 acusados un fallo de 1.821 páginas que da por probado un fraude de casi una década creado, conocido, mantenido, engordado y ocultado por la cúpula del poder socialista andaluz, con complicidades que abarcaban no sólo las consejerías de Empleo y Economía y Hacienda, sino al propio Consejo de Gobierno.

La sentencia es un torpedo en la gestión del PSOE en la comunidad que fue su mayor fortín de poder autonómico durante casi 37 años. El fallo supone, además, un aval a la instrucción iniciada por la jueza Mercedes Alaya y concluida por Álvaro Martín, que empezó a investigar el caso en 2011, así como a la Fiscalía Anticorrupción.

La sentencia, que será recurrida ante el Tribunal Supremo, establece 19 condenas: diez por prevaricación y malversación y nueve sólo por prevaricación. Son condenados dos expresidentes que suman 23 años en el Palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz: Manuel Chaves, de 74 años, presidente de 1990 a 2009, es condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación; su sucesor, José Antonio Griñán, un año más joven, jefe del Ejecutivo de 2009 a 2013, que al igual que su predecesor fue ministro y presidente del PSOE, recibe una condena de seis años de prisión por prevaricación y malversación [ver aquí y aquí la sentencia y aquí todas las condenas].

Un sistema "ágil" para evitar trabas

El tribunal da por probado el grueso de los argumentos en los que se sustentó la instrucción de Alaya, que se resarce tras sus fracasos en la formación y Mercasevilla. La sentencia establece que hasta el año 2000, el reparto de ayudas sociolaborales por parte de la Junta, por ejemplo para sofocar crisis industriales con ayudas públicas, se hizo de forma "legal" a través de un programa presupuestario, el 22E. La vía legal requería de trámites burocráticos que ralentizaban la concesión y entrega de las ayudas, como es natural en el funcionamiento administrativo. La ralentización, que afectaba a la "paz social" de la comunidad –así lo dice la sentencia–, era aún mayor cuando la Intervención o el Gabinete Jurídico de la Junta presentaban reparos o informes desfavorables. Ante el "evidente retraso, si no impedimento", que ello implicaba, la Junta, con Chaves como presidente, estableció "un sistema ágil" para dar "una respuesta rápida a grandes conflictos sociolaborales", si bien "tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos".

El nuevo sistema, incorporado en 2000, es el que el tribunal considera ilegal. La partida que se empezó a utilizar para el pago de las ayudas empezó a ser la 440 del conocido como programa 31L, lo que más tarde se conocería como el "fondo de reptiles". El tribunal considera que las modificaciones generaron las condiciones idóneas para el reparto opaco de fondos, al evitar la fiscalización de su entrega.

El convenio y las transferencias

La sentencia se detiene en otro elemento clave: el convenio firmado en 2001 entre el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego Agencia IDEA), Antonio Fernández, más tarde su sustituto como consejero, para el pago de las ayudas. De ahí en adelante fue el IFA el que pagó las ayudas por orden del que era director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, a pesar de que no tenía "competencia legal". El sistema permitió además ocultar el flujo de dinero a la Intervención de la Consejería de Empleo.

"No fue fiscalizado ni uno sólo de los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas del programa 31L, durante el periodo enjuiciado, desde el año 2000 al 2010", señalan los magistrados, que establecen que la Junta hizo un uso ilegal de las transferencias de financiación. Según los magistrados, esta figura sólo sirve legalmente para cubrir pérdidas, en ningún caso para pagar subvenciones. En este caso, en cambio, se utilizó para "hacer figurar en IFA-IDEA gastos ficticios que originaran pérdidas, logrando así el necesario equilibrio presupuestario" y ocultando el sistema. A pesar de que la referencia a periodo sin fiscalización es de 2000 a 2010, la operativa contable irregular, según el fallo, duró un año menos, hasta 2009.

Falta de control deliberada

El resultado de todos estos elementos –partida presupuestaria nueva, convenio, transferencias de financiación– fue "una absoluta falta de control de la concesión de subvenciones sociolaborales y a empresas en crisis, al omitirse la fiscalización previa en la Consejería de Empleo, y no poderse fiscalizar [...] más que el pago, pues al no ser dicha entidad la concedente de la subvención, no obraba en poder de la misma dicho expediente".

Todo eso es lo que describen los magistrados: un sistema opaco en origen que permitía esconder el flujo del dinero. La sentencia atribuye a los condenados una intención de que ese sistema sirviera para la ocultación del reparto de dinero. Ahí hay una clave de la sentencia, según la cual hubo conductas deliberadamente orientadas a crear, mantener u ocultar el sistema. "La conclusión no puede ser otra –señalan los magistrados–: ese fue el efecto buscado con el uso de las transferencias de financiación". El fallo señala a la Consejería de Economía y Hacienda como responsable de la indebida presupuestación de las transferencias de financiación. Esto es importante: Griñán fue consejero de Economía y Hacienda de 2004 a 2009. Su condena es más grave que la Chaves no por su etapa como presidente, sino por su etapa como consejero.

Intrusos y "pagos cruzados"

Desde el año 2001, señala el fallo, el funcionamiento del reparto de ayudas está fuera del cauce legal. Una afirmación que se concreta con otra: había una "ausencia de control" sobre la pertenencia a la empresa de las personas "beneficiarias" incluidas en las pólizas de los ERE. ¿Qué supone esto? El tribunal da por bueno el carácter ilegal del sistema que permitió la entrada de intrusos en los ERE. La sentencia no afecta directamente, pero respalda las tesis de las acusaciones sobre los hechos investigados en la multitud de piezas abiertas actualmente, donde se investigan cada una de las ayudas. Los casos de los "intrusos" salen reforzados del fallo. El caso ERE aún tiene mucho recorrido –y muchos juicios– por delante.

La instrucción judicial se ve refrendada también en la descripción de los conocidos como "pagos cruzados". Dado que habitualmente el importe de las subvenciones concedidas por Empleo superaba el crédito de la partida que utilizaba para su otorgamiento, el departamento que dirigieron José Antonio Viera (2000-2004) y Antonio Fernández (2004-2010) comenzó a utilizar estos "pagos cruzados". ¿En qué consistían? Los fondos enviados a la aseguradora para el pago de una póliza anterior se utilizaban para la apertura o el pago de otra póliza distinta, de una empresa diferente. Dicho de otro modo: se pagan la prejubilación de un trabajador con los fondos de la prejubilación de otro.

Estas operaciones "no sólo quedaban al margen de cualquier procedimiento de concesión y pago de subvenciones", exponen los magistrados. "Ello provocó una carencia total de control en el pago de las ayudas, ya que los abonos así realizados no tenían reflejo contable ni en la contabilidad de IFA-IDEA, ni en la de la Consejería de Empleo", añaden.

680 millones

El tribunal cuantifica en 680 millones los fondos entregados mediante el procedimiento irregular. Año a año, estas fueron las partidas:

– 6,97 millones de euros en 2000.

– 86,02 millones 2001.

– 6653 millones 2002.

– 55,64 millones 2003.

– 42,47 millones 2004.

– 73,06 millones 2005.

– 86,59 millones 2006.

– 86,65 millones en 2007.

– 94,74 millones en 2008.

– 80,72 millones en 2009.

Esto no significa que 680 millones sea dinero malversado. Si así lo fuera, debería reclamársele a los más de 6.000 trabajadores beneficiados. Tal cosa no va a ocurrir, porque lo que se acabará considerando malversado es el dinero entregado a los conocidos como intrusos, y eso se verá en juicios que están por venir. También se considerará malversado, en futuros juicios, el dinero pagado en sobrecomisiones o en ayudas ilegales a empresas. Pero no el total. Lo que esta sentencia considera ilegal es el sistema de reparto. Un sistema, dicen los magistrados, que permitió que los fondos "fueran destinados a fines ajenos al interés público". Es decir, el sistema ilegal, lo cual no obsta para que a través de dicho procedimiento se le diera dinero a quien tenía derecho al mismo.

Así resumen los magistrados la mecánica: "La Consejería de Empleo disponía de los fondos públicos del programa 22E/31L, sin sujeción a procedimiento alguno, sin control de la Intervención, sin exigir la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda, sin necesidad de justificar el empleo o uso del dinero que se recibía. En definitiva, permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado".

Esto duró una década, según la sentencia. Y el delito abarcaba hasta la cúspide del Gobierno andaluz.

Griñán: seis años de cárcel

El fallo es especialmente demoledor, además, por la forma en que se detiene en los dos expresidentes. Como consejero, Griñán intervino en la elaboración de los presupuestos de los ejercicios desde 2005 a 2009. Según la sentencia, sabía que las transferencias de financiación eran incluidas en el apartado de “otros gastos de explotación” del presupuesto de IFA-IEA "para equilibrar las cuentas". "Y ello, a sabiendas [...] de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos, pues únicamente se limitaba a pagar", señalan los magistrados. "La presupuestación de estos gastos ficticios evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario haber presupuestado los citados gastos ficticios", establecen los magistrados, que culpan a Griñán de haber facilitado incrementos presupuestarios de las partidas irregulares.

El fallo cita la aprobación, en diciembre de 2004, del incremento del programa "Servicio Andaluz de Empleo", por importe de 2.994.876 euros, "a pesar de que los fines del programa eran ajenos a la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas". Los jueces señalan que Griñán, como destinatario de los informes de control financiero permanente de las empresas públicas, "tuvo conocimiento de las deficiencias detectadas", entre ellas: imputación presupuestaria inadecuada, falta de determinación de plazo y forma de justificación por parte del beneficiario de ayudas; omisión de la fiscalización previa, ausencia de delegación de competencias para la tramitación de subvenciones del director general de Empleo. Los magistrados señala sobre el que fue presidente de 2009 a 2013: "Era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó, asumiendo la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados".

El tribunal condena a Griñán a seis años y dos días de prisión, a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y a inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días. Además, le impone el pago de 2/37 partes de las costas procesales causadas, excluidas las de las acusaciones populares.

Chaves: nueve años de inhabilitación

El fallo es más benévolo con Chaves, culpable en la medida en que fue parte –y cabeza principal– de gobiernos que aprobaron las ayudas. "Presidía el Consejo de Gobierno cuando se empezaron articular las primeras ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial a finales de los 90 y en el año 2000. La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto", señalan los magistrados. "Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía [...]", añaden. Es "impensable", añaden, que Viera tomara la decisión de cambiar el sistema de reparto "por sí solo, máxime cuando tenía que contar con el beneplácito de la Consejera de Economía y Hacienda [Griñán], para poder utilizar la aplicación presupuestaria de transferencias de financiación. El cambio de sistema realizado entre 2000 y 2001, señala el fallo, tiene tal "trascendencia" que es también "impensable que esta decisión fuera asumida exclusivamente por la Consejera de Economía y Hacienda". "Exigió de la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves", señalan los magistrados.

Los magistrados precisan el momento del inicio del delito de prevaricación que afecta a Chaves: la modificación presupuestaria de 18 de abril del año 2000, realizada por el Consejo de Gobierno, que supuso la sustitución, "indebida e ilícita", de partidas presupuestarias a fin de dotar el fondo ahora considerado irregular. Lo siguió haciendo, reseña el fallo, durante toda su etapa como presidente, hasta 2009. Y era, dicen los magistrados, "plenamente consciente de la patente ilegalidad de los actos en los que participó". Su condena es por prevaricación. A Chaves le tocan nueve años de inhabilitación especial y el pago de 1/37 partes de las costas procesales causadas.

Seis exconsejeros

La sentencia no se queda en Chaves y Griñán. Hay 19 condenados y sólo dos absueltos.

Entre los penados hay seis exconsejeros:

– Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia (1988-1990 y 1996-2009), fue el miembro de los Gobiernos de Chaves de mayor relieve político. Solía decirse que no se movía una hoja en Andalucía sin que él lo tuviera bajo control. Es condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

– Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda (1994-2004), que más tarde fue ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, es condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

– José Antonio Viera, exconsejero de Empleo (2000-2004), secretario general del PSOE de Sevilla de 2004 a 2012, recibe una condena siete años de cárcel por malversación y 18 de inhabilitación por prevaricación.

– Antonio Fernández, exconsejero de Empleo (2004-2010), el único miembro del Gobierno andaluz que ya pasó por prisión preventiva, es condenado a siete años y 11 meses de cárcel por malversación y a 19 años y medio de inhabilitación por prevaricación.

– Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa (2004-2009), otro peso pesado de Chaves, recibe una pena de siete años de cárcel por malversación y 18 de inhabilitación por prevaricación.

– Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda y Administraciones Públicas (2009-2013), que había sido la número 2 de Griñán en Economía, recoge una condena de seis años de cárcel por malversación y 15 años de inhabilitación por prevaricación.

A todos los consejeros citados, los magistrados los ven conscientes de las irregularidades en las que estaban implicados

Malversación

La sentencia condena también a Francisco Javier Guerrero, que fue director general de Trabajo de (1999 a 2008), investigado en decenas de piezas por las ayudas repartidas. Ya condenado a cinco años y nueve meses por el caso Umax –contratación irregular de trabajadores en la Junta–, ahora a Guerrero le caen siete años y 11 meses de cárcel por malversación y 19 años y medio de inhabilitación por prevaricación.

Guerrero es el que encaja la condena más dura de todos los acusados. Su horizonte penal es el más negro. No obstante, hay más condenados por prevaricación y malversación, con penas que van de más de seis años: Juan Márquez, otro exdirector de Trabajo; Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación y exvicepresidente de IFA-IDEA; Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo; y Miguel Ángel Serrano, exdirector de la agencia IFA-IDEA.

Como se ve, el delito más grave, la malversación, no sólo alcanza a la Consejería de Empleo, es decir, a las inmediaciones de Guerrero, Viera y Fernández, sino que llega también a Hacienda e Innovación –incluido aquí el IFA, luego la Agencia IDEA–, llevándose por delante a consejeros, viceconsejeros y responsables de la empresa pública. En resumen, ni ha prosperado la tesis de las defensas de los políticos con más poder de que el supuesto fraude sería algo que ocurría lejos de su alcance, ni ha prosperado la posición de las defensas de los cargos con menos peso político de que se limitaban a seguir instrucciones. Ha habido condenas en todos los escalafones.

Prevaricación

Los demás condenados por prevaricación, con penas de inhabilitación, además de Chaves y los consejeros Zarrías y Álvarez, son: José Salgueiro, exviceconsejero de Hacienda; Jacinto Cañete, exdirector de la agencia IFA-IDEA; Juan Francisco Sánchez, ex secretario general técnico de Trabajo y exdirector de Administración y Finanzas de IFA-IDEA; Lourdes Medina, ex secretaria general técnica de Empleo; Antonio Lozano, ex director general de Presupuestos; y Javier Aguado, ex secretario general técnico de Empleo. A pesar de la condena, la sentencia supone un cierto alivio para Jacinto Cañete, Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina, que también eran acusados de malversación por la Fiscalía pero son absueltos de este delito.

El alivio completo sólo es para Francisco del Río, exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta, que era acusado de prevaricación, y sobre todo para Manuel Gómez, exinterventor general de la Junta, que era acusado de malversación y prevaricación. Los dos son absueltos y salen limpios. Quedan a salvo los dos perfiles más nítidamente funcionariales y jurídicos. El tribunal asume que ellos sí hicieron su tarea. Gómez incluso alertaba de las irregularidades por escrito. No fueron ellos los responsables, según la sentencia. Fueron los políticos los que ignoraron las alertas, aunque afirmasen que no sabían nada, que todo era legal. Según la sentencia, no lo era y ellos lo sabían.

La Audiencia de Sevilla ha condenado este martes a José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Manuel Chaves su condena es de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

De acuerdo al resumen de la sentencia al que ha tenido acceso Europa Press, elaborado por el propio juez ponente Juan Antonio Calle, en el caso de Griñán, apunta el fallo, que "la presupuestación de gastos ficticios", en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo, "evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo, pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios".

En el caso de Chaves señala la Audiencia de Sevilla que "como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009", así como le ha atribuido que como presidente del Consejo de Gobierno "participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento", circunstancia que le lleva a concluir que "conociendo que dentro del programa 31L se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA, concepto 440.51 en materia de relaciones laborales".

En la sentencia se indica los cargos ostentados por Griñán y Chaves y los periodos en que desempeñaron sus competencias. Sobre Griñán arranca apuntando su participación en la elaboración de los presupuestos de 2005 a 2009, periodo en que le atribuye el conocimiento de hechos como la inclusión en los anteproyectos de presupuestos del "uso de la transferencia de financiación al IFA dentro del programa 31L" y que éstas se destinaban "a pagar subvenciones" porque "se decía en las propias memorias de los presupuestos".

De igual forma supo el entonces consejero de Economía y Hacienda de "los PAIF (Programa de Actuación, Inversión y Financiación) de IFA" así como también recibía "las modificaciones que hubiera que hacer en los mismos". "Por ello tuvo conocimiento de cómo consignaba esta actividad el IFA-IDEA en su presupuesto", así como que se incluía esas transferencias de financiación de la partida 31L como "otros gastos de explotación para equilibrar las cuentas", continúa la Audiencia de Sevilla, "a sabiendas de que el IFA-IDEA no tenía gasto alguno, ni realizaba actividad propia con esos ingresos, pues únicamente se limitaba a pagar".

La sentencia le atribuye a Griñán que "la inclusión en los anteproyectos del uso de la transferencia de financiación al IFA era con la finalidad de conceder subvenciones por parte de la Consejería de Empleo" y le hace conocedor de que "una vez que el Interventor de la Consejería de Empleo había fiscalizado el expediente de transferencia de financiación era materialmente imposible la fiscalización previa de la concesión de subvenciones" al argumentar el fallo que "carecía de crédito presupuestario para ello por haberse consumido el crédito de transferencia de financiación".

La sentencia apunta que siendo Griñán consejero de Economía y Hacienda "se siguió haciendo este uso inadecuado de las tranferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron, incrementando el programa 31L en lo relativo a las transferencias de financiación al IFA".

La Audiencia de Sevilla atribuye a José Antonio Griñán que elevara modificaciones presupuestarias al Consejo de Gobierno en diciembre de 2004 por importe de 2,99 millones de euros para incrementar el programa 32H, Servicio Andaluz de Empleo, "a pesar de que los fines del programa 32H eran ajenos a la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas a empresas".

La sentencia asigna al entonces consejero de Economía y Hacienda el conocimiento, como "destinatario de los informes de control financiero permanente de las empresas públicas, y en particular el del IFA", de "deficiencias detectadas", entre las cuales enumera, "imputación presupuestaria inadecuada, no se debe utilizar el artículo 44, transferencias al IFA", a lo que suma "no consta solicitud presentada por los interesados y no se acredita la personalidad de las entidades solicitantes".

Entre las defiencias añade, además, que se hubiera "omitido la fiscalización previa", que no se hubiera aportado "resolución o convenio de concesión de una subvención" ni tampoco se determine "el plazo o forma de justificación por el beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la ayuda".

Chaves: La decisión de las ayudas, del gobierno en su conjunto

En el análisis de la participación de Manuel Chaves en la concesión de las ayudas sociolaborales pone de manifiesto el resumen de la sentencia que "presidía el Consejo de Gobierno cuando se empezaron a articular las primeras ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial a finales de los 90 y en el año 2000". "La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto", ha apostillado el resumen del fallo.

La Audiencia de Sevilla concluye que "cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta que afectaba a más de una Consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía".

Relata también, en el análisis sobre la figura de Chaves y el procedimiento de las ayudas sociolaborales, el cambio, "a partir del 18 de abril del año 2000" a las transferencias de financiación al IFA, una vez que hasta entonces se había empleado "la tramitación de expedientes de subvenciones excepcionales", decisión que se adopta "tras los problemas sufridos en los expedientes de ayudas a Iamasa, Hamsa, y otros expedientes".

"Este cambio no era un cambio menor, sino que suponía un cambio en la presupuestación", sostiene el resumen de la sentencia, que colige que "resulta impensable que el consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo y máxime cuando tenía que contar con beneplácito de la consejera de Economía y Hacienda para poder utilizar la aplicación presupuestaria de las transferencias de financiación".

Sigue ahondando la sentencia en la escala jerárquica y de competencias en el Gobierno andaluz para argumentar que "la transcendencia de este cambio, y su necesario reflejo en la presupuestación, hace impensable que esta decisión fuera asumida exclusivamente por la consejera de Economía y Hacienda", punto en que infiere que "exigió la decisión del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta, Manuel Chaves".

La Audiencia de Sevilla atribuye a Chaves la aprobación de "las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L, que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno", así como su participación "en la aprobación del anteproyecto de presupuestos y envío del proyecto al Parlamento", circunstancias que le lleva a concluir que "conociendo que dentro del programa 31L se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA".