El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha revocado parcialmente la sentencia por la que en julio de 2020 fue absuelto el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, condenándole a un año de cárcel por un delito de revelación de secretos por entregar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y al CNI un "pendrive" con datos personales y empresariales para la causa relativa a la familia del ex presidente catalán Jordi Pujol.

En una sentencia que se ha conocido este viernes, la Sala Civil y Penal del TSJM ha estimado el recurso de apelación presentado por Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del clan, condenando a Pino, además de a la pena de prisión, al pago de una multa de 7.200 euros y a indemnizar a Pujol Ferrusola en la cantidad de 2.000 euros.

Los magistrados entienden, en contra de lo fijado por la Audiencia Provincial de Madrid, que Pino sí incurrió en un ilícito penal cuando facilitó al CNI, a la UDEF y al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional un "pendrive" con información de Pujol Ferrusola sin advertir "en ningún momento a la autoridad judicial del origen ilícito de la prueba".

El TSJM ha revisado el fallo por el que se absolvió a Pino después de que en agosto de 2020 Pujol recurriera la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid y pidiera que se condenara al ex alto mando de la Policía a hasta dos años de cárcel por un delito de revelación y descubrimiento de secretos.

La decisión del tribunal tiene lugar después de que el pasado febrero Pino asegurara en sede judicial que "no hubo ninguna intencionalidad de perjudicar a la familia Pujol" con su entrega a la unidad policial que participaba en las pesquisas llevadas a cabo en la Audiencia Nacional sobre el origen del patrimonio del clan.

"No hubo ninguna intencionalidad de perjudicar a la familia Pujol, simplemente es recoger la prueba y remitirla a la autoridad judicial a través de mis subordinados", dijo durante la vista convocada en el TSJM para estudiar el recurso de apelación.

En una breve intervención, Pino ratificó la versión que ofreció en el juicio desarrollado en 2020 en la Audiencia Provincial de Madrid. Así, explicó que el "pendrive" se lo entregó un "comisario principal" y ordenó que se reenviara a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con miras a que fuera finalmente el entonces juez instructor, José de la Mata, quien valorara la prueba.

Por su parte, el abogado de Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, defendió que, si bien coincidía con la sentencia en que Pino no podía ser condenado a la pena de dos años y medio de cárcel que solicitaba inicialmente por un delito del artículo 198 del Código Penal, sí debía serlo por lo que considera el "tronco común" de la revelación y el descubrimiento de secretos del 197, sancionado hasta con dos años de prisión.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la apertura de juicio oral contra el ex presidente catalán Jordi Pujol y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su posición política, y ha pedido al clan que deposite 7,5 millones de euros para cubrir las eventuales responsabilidades civiles, según informa Europa Press.

Pedraz lleva al banquillo de los acusados a toda la familia, a excepción de la mujer del expresident, Marta Ferrusola —a la que exoneró por su estado de salud después de que la defensa presentara un informe médico en el que alegaba que sufría demencia sever—-, así como a otras once personas, entre ellas Mercé Gironés, la exmujer del primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, y varios empresarios.

Les imputa presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, delito de frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. Para garantizar las posibles responsabilidades civiles por estos últimos, pide a Jordi Pujol Ferrusola que deposite 7,5 millones de euros y a su ex mujer, otros 400.000 euros, en el plazo de diez días.

No obstante, el juez ha ratificado la situación de libertad de todos los procesados al considerar que "no existe la necesidad de asegurar la presencia de los acusados en las sesiones del juicio oral" que se seguirán en la Audiencia Nacional. Además, Pedraz ha dado un mes, hasta el 16 de julio, a los acusados para que presenten escrito de defensa ante las acusaciones formuladas, un lapso de tiempo que entiende "proporcional" a "la complejidad de la causa".

De esta forma, el magistrado ha seguido el camino señalado por la Fiscalía Anticorrupción, que en su escrito de acusación se dirigió contra todo el clan, al estimar que actuaron conjuntamente, mientras que Abogacía del Estado apuntó solo al primogénito, su ex mujer y otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, aunque destacó el papel de Jordi Pujol Jr y su madre en la "dirección operativa" de esta presunta organización criminal.

El Ministerio Público solicitó 9 años de cárcel para el ex president, 29 para su hijo mayor, 14 para Josep y 17 para Gironés por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para los demás -Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola-, reclamó una pena de 8 años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Los Servicios Jurídicos del Estado, en un escrito conocido el martes, pidieron una pena de 25 años de cárcel para Jordi Pujol Jr, así como de 17 años y medio para su ex mujer y 4 para Josep, por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, falsificación en documento mercantil y frustración a la ejecución, exonerando al resto de la familia.

Las acusaciones habían exigido además que se aseguraran importantes cuantías. Así, Abogacía estimó que el mayor de los Pujol y su ex mujer deben depositar 7.768.127 euros por la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la Hacienda Pública, importe que Anticorrupción fijó en 6,84 millones para él y 668.000 para Gironés, pidiendo también 204.000 euros al ex presidente catalán y 932.000 euros a su hijo Josep.

Se aprovecharon de una "posición privilegiada"

En el auto con el que José de la Mata puso fin a la instrucción en julio de 2020, después de ocho años, el juez propuso juzgar a la familia al completo por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

De la Mata dio por acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003, aunque se habrían prolongado más allá de su salida del cargo, generándoles "cantidades millonarias" que desvinculó de la herencia familiar del abuelo Florensi Pujol esgrimida por los acusados.

El instructor situó origen del dinero en los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en su mayor parte vinculadas a distintas empresas, que realizaban entregas millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando paraísos fiscales y fórmulas contractuales. Y ello a cambio de una "contraprestación" que pasaba por que los Pujol ejercieran "concretas influencias" para adjudicaciones y concesiones "a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán".

De la Mata concretó el papel que cada miembro de la familia habría desempeñado en esta operativa. El liderazgo estaba "encarnado" en Jordi Pujol y Marta Ferrusola, que se autodenominaba la madre superiora de la congregación. En el siguiente escalón estaba Jordi Pujol Jr, el capellán de la parroquiael capellán de la parroquia, que siguiendo las instrucciones de sus padres "asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas" dentro del grupo familiar. El resto de los hermanos -Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia-, sin perjuicio de su participación individual en determinados negocios u operaciones, "seguían las instrucciones" del mayor, "abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran distribuidos" por el primogénito y "tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito".

La investigación judicial sobre el patrimonio oculto de la familia Pujol Ferrusola ya ha concluido y está a la espera de juicio. De momento, las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción están claras: un entramado delictivo que se extendió en el tiempo durante décadas y que estaba organizado a tres niveles. El primero, la obtención de la enorme fortuna que manejaron, que los fiscales sitúan en el cobro de comisiones ilegales; el segundo, la creación y gestión por parte del primogénito de una compleja red de empresas sin actividad para mover ese dinero; y el tercero, la apertura de cuentas bancarias en Andorra a nombre de la mujer del expresidente catalán y los siete hijos para ocultar los fondos al fisco español.

Así lo explica el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso infoLibre, en el que los fiscales del caso exponen el papel que tuvo cada miembro del clan en una trama que considera una organización criminal dirigida al enriquecimiento y la ocultación de una fortuna de la que, sin embargo, no se ha podido establecer un origen concreto. El escrito comienza con el comunicado que Jordi Pujol envió a los medios de comunicación en verano de 2014 en el que hablaba de una supuesta herencia que su padre habría dejado a su mujer y sus hijos en 1980 y de la que "nunca se encontró el momento adecuado para regularizar". De la investigación posterior, tal y como concluye Anticorrupción, no hay ni rastro de esa herencia y sí muchas actividades supuestamente ilícitas que implican posibles delitos de blanqueo de capitales, fraude a la Hacienda Pública y falsificación de documentos, entre otros.

Aunque el comunicado del expresident Pujol es de julio de 2014, la familia ya era objeto de titulares por la denuncia que había presentado un año y medio antes la examante del primogénito. Ahí radica el origen de la investigación que ha acabado con el clan al completo a punto de ser enviado al banquillo en la Audiencia Nacional –el juicio se hará esperar un poco más–. Tal y como recuerda Anticorrupción en su escrito, en diciembre de 2012 Victoria Álvarez denunció que Jordi Pujol Ferrusola "disponía de grandes cantidades de dinero en efectivo y en billetes de alto valor que introducía en España desde Andorra", que "tenía negocios en países como Andorra, el Reino Unido, Argentina y México", y que había escuchado conversaciones entre el hijo mayor, su esposa y su madre "sobre dinero que se encontraba en el extranjero”.

Administraciones controladas por Convergència

Para la Fiscalía, la historia se enmarca en los tiempos en que Pujol ejerció como presidente de la Generalitat de Cataluña, diputado en el Parlament y presidente del partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC), cargos con los que "aprovechó" para tejer una "red de clientelismo" con la que construyó un "entramado" a través del cual tanto él como "determinados empresarios afines" a la formación política se repartieran "sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC". Los fiscales no concretan desde qué año hasta qué año estuvo en marcha esa red clientelar, pero sí destacan que Pujol estuvo en lo más alto de la política catalana durante más de treinta años.

"Así consiguió un patrimonio, ajeno a sus ingresos legales, que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y, en particular, a la sociedad catalana", explica el escrito. He aquí donde entran el resto de miembros de la familia, con cuya "connivencia" y de forma "coordinada" a lo largo de "muchos años" se mantuvo un entramado para "ocultar el auténtico origen del dinero", a través de cuentas bancarias en Andorra, y "disfrutar del mismo, una vez oscurecido su origen". En la cúspide de esa trama, el propio expresident, su esposa, Marta Ferrusola; el hijo mayor de ambos, Jordi Pujol Ferrusola, y la mujer de éste, Mercé Gironés. El resto se dedicaron a beneficiarse "directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a ocultarlas".

Pero si hay un verdadero protagonista del escrito de acusación de la Fiscalía es el primogénito. Jordi Pujol Ferrusola aparece como el artífice de las operaciones bancarias y societarias que mantuvo durante años para ocultar el patrimonio familiar, con la participación de su entonces esposa y siempre "en cumplimiento de lo acordado por sus padres". No en vano, Pujol Ferrusola es el único del clan que ha pasado por prisión provisional, donde estuvo ocho meses en 2017, y es el que se enfrenta a una petición más alta de pena: 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el padre, Anticorrupción pide nueve años y para el resto de los hijos, entre 8 y 17 años. Marta Ferrusola no ha sido acusada al habérsele archivado las diligencias por enfermedad.

Contrataciones ficticias con ingentes ingresos

En lo que respecta a la ocultación del dinero en Andorra, los miembros del clan y la esposa del primogénito fueron "titulares y/o dispusieron de fondos en cuentas bancarias" desde 1990 en la entidad Andbank y después en la Banca Privada de Andorra (BPA) "que al tiempo de cumplimentar la solicitud ya habían sido canceladas, a excepción de cuentas de Josep Pujol Ferrusola". Y en lo referente a las sociedades mercantiles investigadas, todas tenían como socios, apoderados o administradores a Pujol Ferrusola y Gironés. Del análisis realizado en los ocho años de pesquisas, los fiscales concluyen que no había diferenciación alguna de actividades entre ellas y no reflejan ninguna justificación económica y jurídica de las operaciones que declaraban realizar. En resumen, la Fiscalía habla de "contrataciones ficticias" con las que Pujol Ferrusola y Gironés percibieron "ingentes ingresos".

Esas sociedades, que Anticorrupción analiza una por una, no tenían personal –a excepción de una de ellas, una única trabajadora en muy corto periodo de tiempo– y los servicios que afirmaban prestar eran los de “asesoramiento/consultoría e intermediación” en "conocimientos en ingeniería, construcción, inmobiliaria, incluso industria fotovoltaica". Las empresas a las que supuestamente prestaban asesoramiento sí tenían capacidad tanto material como de personal cualificado para realizar tales funciones y todas presentaban una característica común: habían resultado adjudicatarias de contratos con las administraciones públicas de Cataluña.

"La realidad es que la actividad de esas sociedades se confunde con la de los propios acusados. Y todo ello significa que tanto los intereses como sus patrimonios se confunden con los de los propios acusados, acreditado ello al actuar los acusados Jordi Pujol Ferrusola y Mercé Gironés bajo el principio de unidad de caja, consiguiendo de esta manera tributar a través del Impuesto de Sociedades, lo que la realidad ha determinado que son actividades imputables a las personas físicas. La finalidad de las sociedades, por tanto, no era el ejercicio de sus propias actividades mercantiles, por lo que las ganancias obtenidas por las sociedades deben imputarse a estos a razón de su participación en las mismas", explican los fiscales.

Millones en euros, pesetas, libras, marcos y dólares

En lo que respecta a las cuentas en Andorra, el Ministerio Público estima que los Pujol llegaron a amasar al menos 38,79 millones de euros, más de 8 millones de dólares, más de 2,7 millones de marcos y más de 95.000 libras. Es lo que se ha conseguido acreditar. El escrito refleja las numerosas entradas y salidas de dinero que se han podido acreditar con la información facilitada en las comisiones rogatorias enviadas al Principado. Entradas y salidas que, según el año, aparecen tanto en pesetas como en dólares, marcos, libras o euros. En una de las cuentas, por ejemplo, la Fiscalía expone que "se produjeron numerosos abonos millonarios, algunos por transferencias internas de la propia entidad, otros por transferencias desde Suiza, así como ingresos en efectivo o bien ingresos de cheques", aunque "de la mayoría se desconoce su origen". En los ingresos cuyo origen sí se pudo determinar, se ha podido establecer en algún caso la procedencia del cobro de comisiones ilegales.

En muchas ocasiones había "repartos" entre las cuentas de los miembros del clan Pujol Ferrusola, y en esos casos utilizaban en las órdenes de transferencia entre ellos y su gestor bancario la nomenclatura “SAGRADA FAMILIA””. La misma operativa se repetía con origen en una cuenta que recibía una gran cantidad de dinero, tras lo cual las demás recibían exactamente los mismos fondos, haciendo un reparto equitativo entre los hermanos y los padres. Unas cuentas estaban abiertas dos años; otras, más de diez. Aparte de las cuentas de Andorra, Jordi Pujol Ferrusola fue titular de una cuenta en Suiza entre 2002 y 2004 que se abrió con más de siete millones de euros que sirvieron para adquirir un fondo de inversión al que transfirió 4,4 millones más. El fondo fue cancelado y se tranpasaron tanto títulos como dinero a cuentas en Delaware y a otras en Luxemburgo y Ginebra.

La Fiscalía Anticorrupción solicita nueve años de cárcel para el expresidente catalán Jordi Pujol por los delitos de organización criminal o asociación ilícita y blanqueo de capitales. El Ministerio Público dirige su acusación para toda la familia Pujol, salvo para la mujer del expresidente, Marta Ferrusola, para quien se han archivado las diligencias por enfermedad. 

El que más petición de pena acumula es el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para quien Anticorrupción solicita una condena de 29 años de prisión por asociación ilícita, blanqueo de capitales, cinco delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documento mercantil y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el resto del clan, las penas van de los 17 años a los ocho. Así, para la exmujer del hijo mayor, Mercé Gironés, interesa una pena de 17 años, mientras que para Josep Pujol la petición es de 14 años de prisión. Tanto para Pere como para Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, solicita ocho años de cárcel.

Todos ellos actuaron conjuntamente, según el Ministerio Público y ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, presunto producto del favorecimiento a  determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana. A esos empresarios implicados en la trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil y se piden penas de dos y tres años de cárcel por delitos de falsedad en documento mercantil en relación medial con un delito de blanqueo de capitales y les impone multas que van desde los 200.000 euros a los ocho millones de euros.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la fiscal, Jordi Pujol aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual el propio expresidente y determinados empresarios afines al partido que este lideraba, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de esa formación política.

Multas de hasta 6,84 millones

En cuanto a las multas para el clan Pujol, el Ministerio Público interesa la más alta para el mayor de los hermanos, para el que pide 6,84 millones de euros, sobre todo por delitos contra la Hacienda Pública, mientras que para su ex mujer interesa la cantidad asciende a 668.000 euros. Para Josep Pujol, reclama 932.000 euros y para el patriarca, la petición asciende a 204.000 euros. A estas cantidades hay que añadir las reflejadas en el apartado de blanqueo de capitales, en el que Fiscalía indica que la multa debe ser de las cantidades de las que dispusieron todos ellos (los siete hermanos, el padre y Gironés), que ascendieron a 38,7 millones de euros, 8,17 millones de dólares americanos, 2,73 millones de dólares mexicanos y 95.344 libras esterlinas.

Tras siete años de investigación, la Fiscalía concluye que el expresidente catalán acordó con su esposa que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de esta y de sus siete hijos en la Banca Reig, que luego se fusionaría con Banc Agrícola dando lugar al Andbank. Los padres acordaron que fuera su primogénito Jordi quien gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia.

Así, el patrimonio ilícitamente obtenido de las mordidas que pagaban los empresarios fue ocultado al fisco y aflorado después mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las que intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años. Unos, Jordi Pujol y Marta Ferrusola, dirigiendo las operaciones de ocultación y afloramiento; otros, Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés Riera y Josep Pujol Ferrusola, gestionando los beneficios de la actividad descrita; otros, finalmente, beneficiándose directa y conscientemente del producto de las conductas anteriores, coadyuvando a su ocultación.

Entre estas mecánicas, la creación de numerosas sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuentas abiertas a nombre de terceras personas y múltiples transferencias e ingresos en efectivo, permitieron a la familia Pujol Ferrusola repartir los fondos ilícitos y disponer de ellos mediante cargos en sus cuentas en Andorra, tal y como se relata detalladamente en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción.

Para el juez que instruyó la causa, la procedencia del patrimonio proviene de distintas fuentes que también en algún caso es desconocida, si bien destacaba que existen "indicios sólidos" que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florenci Pujol. El juez llegó a tiladar de "paradójico" que los investigados nieguen tener "conocimiento del lugar donde estuvo el legado, la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado, el momento y forma en que llegó a Andorra y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido (más allá de meras generalidades)".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado sacar a subasta pública la flota de doce vehículos de lujo propiedad Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de la familia, que ha sido procesado junto con sus seis hermanos y sus padres por delitos de organización criminal, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y falsedad documental relacionados con el gran patrimonio que llegó a reunir el clan.

Entre los vehículos requisados destacan los de las casas Ferrari, Lamborghini, Porche, Jaguar y Mercedes Benz que han sido tasados en más de dos millones de euros.

En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez señala que los vehículos serán sometidos a subasta electrónica por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal (BOE), y añade que el producto obtenido con la venta "se conservará íntegramente hasta la finalización del procedimiento judicial", que se encuentra actualmente en fase intermedia.

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contiene una advertencia, pues los turismos no podrán ser enajenados por un precio inferior al cien por cien de su valor a efectos de subasta. Contra esta decisión, que se notificó al fiscal el pasado miércoles, cabe recurso de reforma y también de apelación ante la Sala del lo Penal de la Audiencia Nacional.

La resolución detalla el modelo y precio tasado de los turismos de los que Pujol Ferrusola no puede disponer desde 2015 por orden judicial y que son los siguientes: Ferrari Testarrosa (tasado en 120.000 euros); Lotus Elan (tasado en 14.400 euros); Lamborghini Miura (tasado en 816.000 euros); Ferrari (tasado en 300.000 euros); Mercedes Benz (tasado en 56.500 euros); Lamborghini (tasado en 250.000 euros); Ferrari (tasado en 77.500 euros); Jaguar E-Type 3.8 Roadster (tasado en 148.000 euros) y Mercedes-Benz SLR McLaren 0128-DSN (62.725 euros).

La lista se completa con otros tres vehículos aún pendientes de tasar y que también se someterán a subasta en los mismos términos que los anteriores, y que son un Porsche 356 B un Seat 600 Abarth y otro Porsche 911 S TARGA.

Familia procesada

El pasado 16 de julio el juez José de la Mata predecesor de Pedraz en el juzgado, propuso enviar a juicio al expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

En el auto que puso fin a la pieza principal de este caso, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 procedía contra toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado procede también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

Según el auto, la investigación, que se ha alargado más de siete años, ha acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

La procedencia del patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que en algún caso son desconocidas, si bien destaca que existen "indicios sólidos" que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florensi Pujol.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado sacar a subasta pública la flota de doce vehículos de lujo propiedad Jordi Pujol Ferrusola, primogénito de la familia, que ha sido procesado junto con sus seis hermanos y sus padres por delitos de organización criminal, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y falsedad documental relacionados con el gran patrimonio que llegó a reunir el clan, según informa Europa Press. 

Entre los vehículos requisados destacan los de las casas Ferrari, Lamborghini, Porche, Jaguar y Mercedes Benz que han sido tasados en más de dos millones de euros.

En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez señala que los vehículos serán sometidos a subasta electrónica por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal (BOE), y añade que el producto obtenido con la venta "se conservará íntegramente hasta la finalización del procedimiento judicial", que se encuentra actualmente en fase intermedia.

La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional contiene una advertencia, pues los turismos no podrán ser enajenados por un precio inferior al cien por cien de su valor a efectos de subasta. Contra esta decisión, que se notificó al fiscal el pasado miércoles, cabe recurso de reforma y también de apelación ante la Sala del lo Penal de la Audiencia Nacional.

La resolución detalla el modelo y precio tasado de los turismos de los que Pujol Ferrusola no puede disponer desde 2015 por orden judicial y que son los siguientes: Ferrari Testarrosa (tasado en 120.000 euros); Lotus Elan (tasado en 14.400 euros); Lamborghini Miura (tasado en 816.000 euros); Ferrari (tasado en 300.000 euros); Mercedes Benz (tasado en 56.500 euros); Lamborghini (tasado en 250.000 euros); Ferrari (tasado en 77.500 euros); Jaguar E-Type 3.8 Roadster (tasado en 148.000 euros) y Mercedes-Benz SLR McLaren 0128-DSN (62.725 euros).

La lista se completa con otros tres vehículos aún pendientes de tasar y que también se someterán a subasta en los mismos términos que los anteriores, y que son un Porsche 356 B un Seat 600 Abarth y otro Porsche 911 S TARGA.

Familia procesada

El pasado 16 de julio el juez José de la Mata predecesor de Pedraz en el juzgado, propuso enviar a juicio al expresidente catalán Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrusola y sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

En el auto que puso fin a la pieza principal de este caso, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 procedía contra toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado procede también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

Según el auto, la investigación, que se ha alargado más de siete años, ha acreditado que parte de esas "actividades corruptas" que habría cometido la familia coincidieron en el tiempo con la Presidencia de la Generalitat de Cataluña que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

La procedencia del patrimonio, señala el juez, proviene de distintas fuentes que en algún caso son desconocidas, si bien destaca que existen "indicios sólidos" que acreditan que no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia familiar del abuelo Florensi Pujol.

Así lo dice el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el auto por el que pone fin a ocho años de investigación sobre el origen del patrimonio de la familia Pujol y por el que propone juzgar al expresidente catalán, a su mujer Marta Ferrusola y a sus siete hijos por formar presuntamente una organización criminal para, aprovechándose de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas", acumular un "patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas".

En la resolución, de 509 páginas, de la que informa Europa Press, el magistrado instructor destaca que existen "indicios sólidos" que acreditan que la fortuna no procede, como alegan desde el principio los miembros de la familia, de una herencia del abuelo Florensi Pujol, sino que se trata de una estrategia de ocultación de fondos liderada por el matrimonio y dirigida por el hijo mayor.

Dinero en cuentas andorranas

Sobre Jordi Pujol Ferrusola, el juez instructor recalca que "habría concedido su aval personal a operaciones de financiación ilícita del partido político Convergencia Democrática de Cataluña –condenado en firme por el caso Palau por el cobro de más de 6 millones de euros por comisiones ilegales– con liquidez suya propia en cuentas andorranas".

El magistrado indica que por las fechas en las que se desarrolló la operativa, "parece que pudo relacionarse con una campaña electoral, las elecciones generales de marzo del 2000". "Por tanto, la liquidez gestada en virtud de las líneas de crédito podría haberse utilizado para obtener recursos con los que pagar servicios al partido CDC, relacionados con esa campaña electoral", dice el auto.

El juez De la Mata explica que CDC propuso a las sociedades Hispart, Altraforma y Winner Graph, con las que venía contratando servicios de publicidad y propaganda para campañas electorales, proceder al pago de estos servicios mediante "procedimientos opacos, simulando la existencia de determinadas operaciones de préstamos a cada una de estas empresas".

Los préstamos serían concedidos formalmente por Fibanc, entidad financiera con la que ninguna de las tres mercantiles tenía "relaciones comerciales o bancarias previas, ni de financiación ni de ninguna otra clase", sino con Pujol Ferrusola, pues disponía cuentas personales en dicho banco. Según el juez, la elección de Fibanc por parte del hijo mayor del matrimonio Pujol Ferrusola para llevar a cabo esta operativa "no parece casual", ya que tenía conexión con las cuentas andorranas desde las cuales se realizaba el aval para ejecutar la financiación.

Mecanismos ilícitos

Así, los representantes de las tres empresas acudieron a instancias de CDC a firmar la solicitud y el contrato de préstamo, quedando el partido político oculto, aunque el abono mensual de los recibos del préstamo sería atendido por la formación "mediante mecanismos también ilícitos".

Para apuntalar esta tesis, el juez recoge una carta firmada por Jordi Pujol Ferrusola el 16 de diciembre de 1999 dirigida al representante de la banca Reig Josep María Pallerola Segon, pidiendo que le conceda una serie de avales, a través de Fibanc, para garantizar "facilidades crediticias" a las siguientes empresas y por las cuantías especificadas: Hispart por importe de 168 millones de pesetas; Altraforma por 56 millones de pesetas; y Winner Graph por la cuantía de 112 millones de pesetas.

El magistrado concluye que la simple observación de las partidas económicas" de las tres empresas "sugiere que, de no ser por el aval concedido por Banca Reig a través de Jordi Pujol Ferrusola, las líneas de crédito parece difícil que se hubiesen conseguido en el volumen descrito".

Además, subraya que los movimientos en cada unas de las cuentas corrientes vinculadas a las operaciones de préstamos, "ponen de manifiesto determinados patrones en la operativa implementada que no parecen ajustarse a la finalidad, idéntica, por cierto, anunciada por las mercantiles en cuento al uso del crédito solicitado: 'financiación para pago a distintos proveedores'".

La Agencia Tributaria atribuye a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente catalán Jordi Pujol, un fraude fiscal de más de 16,6 millones de euros en concepto de IRPF entre los años 2002 y 2012, según el "informe definitivo" entregado por el organismo público al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga el origen de la fortuna de la familia.

Este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, sustituye al entregado en otoño del año pasado al haberse tenido conocimiento, en respuesta a dos comisiones rogatorias, de la existencia de dos cuentas en Ginebra (Suiza) a nombre de Jordi Pujol Ferrusola.

Tal y como explica el organismo público, el informe se ha elaborado "en base a los datos que obran en la base de datos consolidada de la Agencia Tributaria, a los informes emitidos por la UDEF, a la documentación que obra en la causa y a los hechos detallados en todos los informes que se han elaborado hasta esta fecha".

El objetivo del informe, de 230 páginas y elaborado por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), es "determinar las cuotas dejadas de ingresar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas" por Jordi Pujol Ferrusola y por su exmujer Mercé Gironés Riera en los ejercicios desde 2002 hasta 2012.

Varios ejercicios prescritos a efectos penales

Al ir desgranando la cuota de IRPF que el hijo de Jordi Pujol habría dejado de abonar en todos esos años, la Agencia Tributaria reconoce que los ejercicios fiscales contenidos entre 2002 y 2006 están prescritos a afectos penales. A partir de 2007, el primogénito del expresidente catalán habría defraudado más de 9 millones de euros.

En concreto, el informe analiza "la naturaleza de determinadas facturas" emitidas por las entidades IMISA, Project Marketing CAT y Active Traslation SA, las tres supuestas sociedades pantalla creadas por Pujol Ferrusola, a una serie de empresas constructoras en los ejercicios 2004 a 2012, ambos inclusive.

Según la Agencia Tributaria, estas empresas habrían tenido uno o ningún trabajador en nómina y habrían declarado que los servicios "han sido realizados directa y personalmente por Jordi Pujol Ferrusola". De la tercera, afirma que "no ha ejercido ninguna actividad real de ningún tipo, ya que no tiene compras a proveedores ni ventas a clientes ni costes asociados al ejercicio económico".

El informe también examina la participación del hijo mayor de Jordi Pujol, a través de sociedades interpuestas, en el vertedero de Cruïlles (Girona), "préstamos ficticios" realizados por el ciudadano mexicano Bernardo Domínguez Moreno a Pujol Ferrusola;, así como cantidades ingresadas por éste en cuentas bancarias de la entidad panameña Claremont Commercial Corp.

En cuanto a Mercé Gironés, la Agencia Tributaria también ha revisado las cuotas defraudadas durante el mismo periodo y ha cuantificado entre 2004 y 2012 un fraude fiscal de más de dos millones y medio de euros.

Josep Pujol, uno de los hijos del expresidente Jordi Pujol, llegó a ingresar en una de las cuentas que la familia tenía en Andorra casi dos millones y medio de euros entre los años 1993 y 2000 a través de 69 movimientos que incluyen ingresos en efectivo de origen desconocido, según un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que también ha identificado una nueva fundación del clan radicada en Panamá y en la que se llegaron a inyectar 600.000 euros.

Según el nuevo informe policial incorporado al sumario de la causa que investiga el origen de la fortuna de la familia Pujol, de 193 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, Josep Pujol fue quien realizó la transferencia a la denominada 'Fundación Paty', de la que era su "primer beneficiario".

La UDEF ha redactado este informe en base a la documentación que se le ha remitido desde Andorra en respuesta a la comisión rogatoria emitida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que es el que instruye este caso.

Según el documento, alguno de los ingresos que suman dicha cantidad fueron realizados en efectivo por el propio Josep Pujol, pero también por el que fuera director de la antigua banca Reig Antoni Zorzano y por María Pallerola, a quien la Policía vincula con otras operaciones realizadas por el primogénito del clan y presunto 'cerebro' de la trama familiar, Jordi Pujol Ferrusola.

De hecho, alguno de los ingresos analizados en este informe, como uno por importe de 244.953,16 euros, se realizaron en cuentas en las que figura como titular el propio Jordi.

En otro de los puntos del informe, y como contestación a una de las comisiones rogatorias internacionales impulsadas por el juez De la Mata, se ha podido constatar que una de las transferencias realizadas en 1997 fue ordenada por la sociedad Colil Capital NV desde la entidad Banco Zaragozano. Añade que la entidad Bank of New York actuó como banco corresponsal de la operación.

Dicha mercantil se encuentra domiciliada en Curaçao, territorio autónomo de los Países Bajos y que la UDEF identifica como paraíso fiscal en el que la banca offshore offshorecontinúa siendo un importante sector de su economía. El director general de la compañía se identifica en el informe como Juan Manuel Rosillo.

Promotor hallado muerto en Panamá

Según recuerda la UDEF, esta persona fue un empresario que se introdujo en España representando a la promotora inmobiliaria Kepro para desarrollar el barrio de Diagonal Mar en Barcelona, cuando tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, siendo condenado a más de 6 años de cárcel en 1999 por delitos relacionados con un fraude inmobiliario masivo en la compra de terrenos. Huyó de España y se le localizó en Panamá, donde fue encontrado muerto en octubre de 2007 en el Hotel Ambassador.

La Policía destaca las conexiones entre Jordi Pujol Ferrusola y el conocido como 'John Rosillo' que aparecen referenciadas en publicaciones de prensa escrita, blogs de Internet e incluso en la sentencia en la que Rosillo fue condenado en España, puesto que el asesor fiscal de la familia Pujol fue testigo en la citada causa.

En otras de las subcuentas analizadas en este informe figuran abonos o cargos, contabilizados bajo el concepto 'Arbit', que generan una serie de cargos por comisión de cambio de divisa y que la policía identifica con algún tipo de moneda que no puede precisar.

Posible préstamo ficticio

Los investigadores dan especial importancia en su informe a un movimiento en especial, un supuesto préstamo de 2009 que, según la propia declaración de Josep Pujol, realizó al empresario Jorge Barrigón, dueño de Cat Helicopters, compañía que habría obtenido contratos públicos a cambio de trasladar "en múltiples ocasiones" a la familia Pujol a Andorra, según la Policía.

Pues bien, ese préstamo por importe de 960.000 euros, de los cuales 900.000 iban a ser empleados para una opción de compra de las acciones de una sociedad andorrana denominada Heliand S.A., es puesto en duda por la UDEF en su informe, ya que sospecha que fue ficticio y su fin verdadero era el blanqueo de capitales.

Según la UDEF, el objetivo era "dificultar y ocultar el origen y destino de los movimientos de dinero" que iban a quedar registrados en la cuenta de BPA que usaba Josep Pujol así como en dos cuentas de su hermano mayor Jordi, ya que el mismo día que el primero retiró el efectivo para el supuesto préstamo el segundo recibió en su cuenta una cantidad idéntica.

A pesar de que tanto Josep Pujol como Jorge Barrigón han tratado de justificar estos movimientos, los investigadores sospechan que "el destinatario final de esos 900.000 euros podría haber sido Jordi Pujol Ferrusola".

El préstamo, añaden, permite a ambos hijos de Jordi Pujol desvincular el dinero ingresado en sus cuentas del Andbank, cuyo origen es desconocido, para ingresarlo en la cuenta del BPA de Josep, justificando dichos ingresos a través de las dos devoluciones del préstamo, cuando en realidad "no procedería de la devolución del préstamo, sino de una serie de ingresos y retiradas de fondos cuyos orígenes son desconocidos y que intentan enmascararlos gracias al citado préstamo, el cual genera la cobertura necesaria para desvincular y ocultar la procedencia real de los ingresos realizados en la cuenta del BPA", resume el informe.

Sobre la 'Fundación Paty', la UDEF ha concluido que en la dirección de la misma figura la sociedad panameña Gesfund INC, en la que figuraban como apoderados Josep Rodríguez Valldepérez, Lluis Alfons Kinder Espinosa, Salvador Capdevila Pallarés y Manuel Domingo Narvarte, todos ellos "vinculados en los órganos sociales de las entidades andorranas Neith y Advocats i Consultors Associats".

En la cuenta de la fundación, añade el informe, se contabilizó el abono mediante transferencia de 600.000 euros, cantidad cuyo origen radica en la cuenta que Josep Pujol tenía en Andbank.

El clan de los Pujol, al frente del cual se situaban el expresidente catalán y su primogénito, impuso su modus vivendi de corruptelas y negocios ilegalesmodus vivendi mediante la coacción a muchas personas a las que tuvieron atemorizadas durante años y no quisieron denunciar porque "estarían muertos civilmente" si lo hacían y "les sería imposible continuar con su modo de vida". Así resume la UDEF según recoge Europa Press el sistema de sobornos que estableció la familia Pujol en Cataluña desde 1980, cuando Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalitat, hasta mucho después de que éste abandonara el cargo, pues para eso "fue introduciendo a su hijo Oriol, quien sucesivamente fue ganando cuota de poder" en las instituciones catalanas.

Y mientras Oriol Pujol ascendía en el plano político, la investigación ha acreditado el papel esencial del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, "en el desarrollo de un sistema espurio, la financiación de partidos políticos con capitales adulterados". Y es que "sus propias cuentas en Andorra, alimentadas con comisiones ilícitas, sirvieron para financiar campañas electoras de CDC, que además en gran parte finalmente se pagaron con dinero procedente de empresas adjudicatarias de concursos públicos".

Es más, el informe de la UDEF, entregado en la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso Europa Press, pone de manifiesto que Pujol Ferrusola "ha jugado un papel relevante en la transformación de CDC como un sitio cerrado, opaco, y en la creación de un organigrama con entidades satélites que ha favorecido la corrupción, como las fundaciones conexas" al partido. "Esta conexión de alto nivel permitió a la familia Pujol Ferrusola la formulación de políticas, obtener información estratégica y garantizarse una protección sólida, siendo además la lucha contra este tipo de conexiones muy difícil desde dentro de la propia administración autonómica", explica el informe.

En este sistema, añade el inspector que firma el documento, "las redes se solidifican porque hay un entorno que tiende a aceptar y excusar la corrupción, aún cuando la propia corrupción genera un entorno que tiende a justificarla o disculparla".

Durante todos los años en que el sistema se mantuvo activo, se impuso una "forma de coacción en el ámbito civil". De hecho, el inspector subraya que "se han recabado muchos testimonios de personas que han manifestado su temor, que no han querido denunciar conductas porque desde entonces estarían 'muertos civilmente' y les sería imposible continuar con su modo de vida en Cataluña". Se trataba, al fin y al cabo, de "utilizar la administración para dificultar la vida de quienes se opusieran a su 'modus vivendi'", lo cual "ha sido la práctica diaria" que "se ha venido dando desde antaño" en la administración autonómica catalana.

Según la UDEF, estas "actitudes coercitivas" también se han visto en otro procedimiento judicial que igualmente investiga la Audiencia Nacional, como es el caso conocido como 3%, con "coacciones hacia los funcionarios para cumplir con los designios políticos y favorecer a empresas que pagaban comisiones". "La coacción constituye un medio de desarrollo tradicional de los grupos criminales y su utilización tiene diversos objetivos, atendiendo a las victimas u objetivos a quienes va dirigida", apunta el inspector.

Corrupción constante durante 30 años

Y es que, según el informe, de más de 200 páginas, "las conexiones a lo largo de más de 30 años con actividades de corrupción han sido una constante", pues "han sido innumerables los procedimientos judiciales en los que han estado inmersos no sólo los miembros del núcleo familiar, sino inclusive los colaboradores más cercanos, como era el caso de los más cercanos partícipes en la actividad política de Jordi Pujol". "No han sido acciones delictivas ocasionales y oportunistas, sino una metodología implantada que ha venido funcionando de forma recurrente y que ha impregnado la actuación de múltiples representantes públicos", añade.

A través de este sistema, la UDEF estima que la familia Pujol llegó a amasar al menos 290 millones de euros en cuentas en paraísos fiscales. El inspector atribuye al primogénito, como viene siendo habitual en la investigación, el papel principal en la gestión de la fortuna de la familia, denominándole incluso "paladín familiar en la organización delictiva" que era el clan y cuyas actividades encuadrarían "dentro del concepto de crimen organizado".

Según el informe policial, "todos los ingresos" de Pujol Ferrusola responden a la prestación de servicios ficticios de asesoría justificados con facturas falsas de un complejísimo entramado societario con el que iba blanqueando los ingresos ilícitos. Aunque "la mayoría de las acciones criminales son fruto de una acción individual o particionada" por el primogénito, explica el inspector, "en todas ellas hay detrás una voluntad implícita de acciones planificadas y estructuradas que comparten los miembros de la familia, si bien no se trata "de la tradicional visión de las organizaciones criminales tipo mafia".

Pujol Ferrusola llegó a ejercer funciones de tesorero de CDC

También consta en el informe de la UDEF que Jordi Pujol Ferrusola habría llegado a ejercer funciones atribuibles a un tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) con la recaudación del 3% en comisiones ilegales a cambio de la concesión de contratos públicos. Buena parte de este dinero la habría destinado a engordar la fortuna de su familia. El informe atribuye al hijo mayor de Jordi Pujol, como viene siendo habitual en la investigación, el papel principal en la gestión de la fortuna de la familia, denominándole incluso "paladín familiar en la organización delictiva" que era el clan Pujol.

La UDEF afirma que el primogénito "habría desarrollado las funciones atribuibles" al que fuera el tesorero del partido Andreu Viloca "en cuanto a la recaudación del 3% u otros porcentajes" de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos en los primeros gobiernos autonómicos catalanes, aunque "habría derivado una parte sustancial del dinero al patrimonio de la familia".

Y así, tras la detención de Viloca el 21 de octubre de 2015 por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) –el primer juzgado que investigó la causa del 3%; ahora está en manos del mismo juez que instruye el caso de los Pujol en la Audiencia Nacional, José de la Mata– mantuvo varias conversaciones con entonces dirigentes del partido.

Uno de los "contactos" que mantuvo Pujol Ferrusola fue, a las cinco y media de la tarde del día posterior a la detención, con el exconsejero Joaquim Forn, quien entonces era primer teniente de alcalde de Barcelona, con quien comentó vía mensajes "la actuación judicial", según explica el informe policial. Forn se encuentra actualmente en prisión provisional a la espera de sentencia por su presunta participación en el proceso independentista en Cataluña. La Fiscalía pide para él una condena de 16 años de cárcel por delitos de rebelión y malversación.

Pujol Ferrusola también guardaba en su teléfono móvil, añade el informe de la UDEF, "varios mensajes en los que se alude a hechos vinculados con el caso 3%" y en uno de ellos comentaba "alarmado qué contenido tendrán los correos electrónicos intervenidos a Viloca".

Según los investigadores, Pujol Ferrusola ha mantenido una "íntima relación pasada y actual con CDC", la cual es, además, "transversal a todas sus estructuras, abarcando desde los puestos más representativos, con la presencia de dirigentes históricos como Josep María Cullel, considerado junto a su padre uno de los fundadores del partido, hasta Artur Mas", sucesor de Jordi Pujol al frente del partido y también expresidente de la Generalitat.

Pero también mantenía relación con personas de la "base" del partido, como el caso de un trabajador "con quien mantuvo muchas impresiones el día que se estaría registrando la sede" de la formación, el mismo día de la detención de Viloca por el 3%.

En el informe policial también se destacan otras conversaciones que Pujol Ferrusola habría mantenido con Germá Gordó y Francesc Sánchez Vera, exgerente y excoordinador de CDC, respecticamente, ambos también investigados en el caso del 3%. Por tanto, para la UDEF "no resulta sorprendente la presencia entre los contactos" del teléfono de Pujol Ferrusola, "con sus datos privados, de personas cuya relación con el investigado ya se ha acreditado con amplitud en la presente causa, siendo el caso de Lluís Badía y Xavier Trías, ambos personas representativas en el organigrama de CDC".

En el caso del primero, además, "se le atribuye la participación directa en negocios conjuntos con Jordi Pujol Ferrusola, e incluso la adopción de decisiones cuando dirigía el Puedo de Tarragona que favorecieron sus intereses".

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha librado una comisión rogatoria a las autoridades de Luxemburgo en la que pide información sobre cuentas bancarias en las que el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol movió hasta 8 millones de euros desde una cuenta abierta en Suiza. Así se explica en un auto con fecha del pasado 12 de agosto, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pide dicha información para "seguir la trazabilidad de los fondos atribuidos a Jordi Pujol Ferrusola en las cuentas abiertas en Suiza".

La petición la hace a raíz de la información enviada desde Suiza sobre los fondos de la familia Pujol, que están siendo investigados desde diciembre de 2012 por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil, así como de un posible delito de organización criminal. En dicha resolución se explica que Pujol Ferrusola solicitó en septiembre de 2004 "el traspaso de todos los activos" almacenados en la entidad bancaria helvética JP Morgan a las cuentas bancarias de Banque Pictet & Cie de Luxemburgo, un montante que ascendió a 8.002.162,47 euros.

El juez De la Mata afirma en su resolución que estas facturaciones millonarias realizadas "a través de las sociedades instrumentales asociadas a Jordi Pujol Ferrusola no tienen justificación material alguna", ya que no se sustentan "en ningún caso en la prestación real de servicio alguno asociado al concepto que se trasladó a las facturas".

Por ello concluye que "ha quedado reiteradamente acreditado" que el primogénito del hijo del expresidente catalán ha utilizado la jurisdicción suiza y otras para realizar distintas operaciones "encaminadas a la ocultación y blanqueo de capitales ilícitamente obtenidos, a su vez ocultos en Andorra y otras jurisdicciones".

"La familia Pujol se ha aprovechado de su posición"

Asimismo, el magistrado instructor reitera que la familia de Jordi Pujol y Marta Ferrusola se ha aprovechado de su "posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social, económica catalana para acumular a lo largo de los años un patrimonio desmedido por sus miembros, directamente relacionado con percepciones económicas fruto de conductas corruptas".

El juez De la Mata detalla la operativa de este movimiento concreto y comienza explicando que la "operación que cuantitativamente es más importante, con bastante diferencia" es la que se lleva a cabo el 27 de septiembre de 2002, en la que se transfieren 4,409.212,43 euros desde una cuenta andorrana a la de JP Morgan, cuyo beneficiario es el depósito a nombre de Selecta Fund Ltd./Amigo, con sede estatutaria en las Islas Vírgenes Británicas. Para afrontar la salida de este dinero, prosigue el instructor, ese mismo día se traspasa desde otra cuenta de Andorra el importe de 2.025.774,25 €, además de dos ingresos en efectivo de 1.131.243,44 euros y 40.754,74 euros.

De hecho, estas dos últimas cantidades en realidad son dos reintegros que constan en otros dos cuentas andorranas, de las cuales una de ellas había sido inicialmente abierta a nombre de Oleguer Pujol Ferrusola, quedando más tarde su hermano Jordi como único titular, y en la que siempre estuvo como apoderada su expareja Mercé Gironés, recuerda.

"El manejo de esta operación pone de relieve el principio de unidad de caja con el que funciona la familia y todas las cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola", señala De la Mata, al mismo tiempo que hace hincapié en que de la información enviada por las autoridades helvéticas se desprende que en la cuenta de JP Morgan también están autorizados Gironés y el empresario Carles Tusquets Trias de Bes.

El juez hace hincapié en que este fondo llegó a acumular 17.935.861,97 millones de euros en marzo de 2004. Sin embargo, tan solo hace alusión a la petición de transferencia de 255.193,52 euros que el representante de Selecta Fund, Augusto Berni, pide a JP Morgan que haga a una de las dos cuentas que la mercantil había abierto en Luxemburgo. Se da la circunstancia que las autoridades suizas destacan como "relevante" que el fondo de esta empresa consta a nombre de Pujol Ferrusola y Tusquets.

Por otro lado, el auto constata que Jordi Pujol Ferrusola además tenía otra cuenta personal abierta en la entidad JP Morgan, en la que también están autorizados su exmujer y el empresario catalán, en la que consta que en septiembre de 2004 había alcanzado 8 millones de euros, que se transfieren íntegramente a Luxemburgo. Aunque el magistrado no hace alusión a si los fondos pudieron ser transferidos entre las cuentas de Pujol Ferrusola en el banco suizo, sí apunta que el representante de Selecta, Augusto Berni, envió en febrero de 2004 una carta en nombre de la empresa a JP Morgan" solicitando la transferencia de todos los fondos" de la cuenta personal a la aperturada en Luxemburgo.

"Dominio total" del primogénito

"La conclusión es que no cabe duda alguna respecto al dominio total de la operativa bancaria por parte de Jordi Pujol Ferrusola en colaboración con Carlos Javier Tusquets Trías de Bes, posicionándose en última instancia como beneficiarios de los activos inyectados en las cuentas objeto de análisis", dice el juez De la Mata.

Por todo ello, solicita al Banque Pictet & Cie de Luxemburgo que remita la información del contrato de apertura de las cuentas bancarias, identificando a sus titulares, autorizados y beneficiarios, además de los extractos de movimiento con "el mayor nivel de detalle", pues interesa que se señale las cuentas de origen y de destino de las transferencias que han tenido lugar desde 2004 hasta la actualidad.

Esta no es el único auxilio judicial que ha hecho recientemente el juez de la Audiencia Nacional, pues el pasado 7 de agosto, envió una nueva comisión rogatoria a las autoridades de Andorra para que reclamen a cuatro bancos de Principado información sobre seis cuentas bancarias que presuntamente tenía el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a través de un testaferro, el exdirector de la Radio Televisión de Andorra Francesc Robert Ribes.

La decisión la tomó después de la reclamación de la Fiscalía Anticorrupción y tras conocer un último informe de la Agencia Tributaria, que afirma que el hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola traspasó más de nueve millones de euros entre empresas de México y Panamá, que procedían de "ingresos sin justificar" y supuestamente con el objetivo de invertir en negocios de casinos en el primer país.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha librado una nueva comisión rogatoria a las autoridades de Andorra para que reclamen a cuatro bancos de Principado información sobre seis cuentas bancarias que presuntamente tenía el hijo primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol a través de un testaferro, el exdirector de la Radio Televisión de Andorra Francesc Robert Ribes.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de librar un nuevo auxilio judicial a las autoridades andorranas, en concreto la número 22, para que reclame a los bancos Andbank, Credit Andorrá, Banc Sabadell d'Andorra y Banca Privada de Andorra numerosa documentación bancaria de cuentas a nombre de Ribes.

Todo ello se enmarca en la causa que sigue el juez De la Mata desde diciembre de 2012 en relación con el origen de la fortuna de la familia Pujol por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, delitos de falsedad en documento mercantil, así como de un posible delito de organización criminal.

Según explica el auto del magistrado instructor, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que Jordi Pujol Ferrusola podría tener dinero escondido en seis cuentas bancarias abiertas en las cuatro entidades mencionadas a nombre del exresponsable de la televisión andorrana. Ello se desprende de la información facilitada por la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional en julio del año pasado a raíz de la practica de otras comisiones rogatorias emitidas a Andorra.

Cuenta el detective Francisco Marco, durante años director de la agencia Método 3, que la misma mañana del 7 de junio de 2007, el día en que el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar fue detenido en Barajas a instancias de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), el comisario José Villarejo le había aconsejado no viajar a España. Este fue su aviso: "No sé, mi nariz me dice que hay algo que no va bien", escribe Marco en la página 73 de su libro El Método y corroboran con exactitud las actas del proceso que condujo a Al Kassar a una prisión para cumplir 30 años de condena por su intento de vender armas a las FARC colombianas [Puedes leerlo aquí yendo a la página 26 del documento original].

Nadie sabe si, transcurridos 10 años y cinco meses, la nariz de Villarejo le dijo el 3 de noviembre de 2017 que esa jornada, la de su arresto, había de marcar el punto de inflexión definitivo en una dilatadísima trayectoria profesional de más de cuatro décadas donde, a tenor de lo que se va conociendo, el chantaje se solapa una y otra vez con los "servicios al Estado". "Servicios" prestados desde el subsuelo, las alcantarillas, las cloacas o como se quiera llamar a ese pantanoso territorio que investigan ahora la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea.

El magistrado acaba de rechazar otra vez la puesta en libertad del comisario, que se ha negado desde su ingreso en prisión a facilitar las claves que permitan desencriptar los más de 30 terabytes de archivos que le fueron intervenidos. La sospecha de los investigadores –en realidad, certeza– de que Villarejo ha ocultado copias de ese ingente botín informativobotín informativoplanea sobre la escena política como una permanente espada de Damocles. Según el diario El País, el policía jubilado, hoy principal imputado en la denominada Operación Tándem, ha transmitido un mensaje a través de los reclusos con los que comparte rejas en la cárcel madrileña de Estremera: si no recupera la libertad, habrá "traca final" antes de Navidades.

Entre las miles de grabaciones incautadas hay una que vuelve a enlazar hoy los nombres del policía preso y de Al Kassar, que había colaborado con la inteligencia española y cuyo plan con las FARC ignoraba Villarejo, viene a decir la sentencia estadounidense. Y, a modo de confirmación del modelo Villarejo, los enlaza a través del –presunto– chantaje. Entre los archivos requisados tras su detención había un vídeo de contenido sexual grabado en 2007 y protagonizado por el juez de Marbella que en ese momento instruía una querella del empresario sirio contra un rival. Según elespanol.com, ese juez, que ahora ejerce la abogacía, ya ha declarado ante el juez De Egea.  

Aunque aparentemente secundario en las actividades de la organización que, según Anticorrupción, lideraba Villarejo y que durante los últimos 15 años operó "incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía", el episodio del exjuez marbellí avala lo que policías y fiscales entienden ya como un axioma indiscutible: que el chantaje es el hilo mugriento y poderoso que hilvana una carrera profesional sostenida bajo los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP. Una carrera en cuya defensa –incluido en el lote las empresas privadas con las que, según los datos disponibles, Villarejo se enriqueció– acaban de enviar sendas cartas al juez De Egea nada menos que sus tres últimos jefes en la Policía, según publicó este jueves el diario El Mundo. 

De Garzón a Corinna

Desde el llamado Informe Véritas, que a mediados de los noventa, y con la investigación judicial sobre el GAL como telón de fondo, intentó destruir al entonces juez Baltasar Garzón con acusaciones falsas como que participaba en orgías o esnifaba cocaína, hasta las revelaciones de Corinna sobre las supuestas cuentas opacas del rey emérito, la acumulación de datos capaces de aniquilar reputaciones o colocar incluso a los espiados en el banquillo de los acusados se constata como la principal herramienta de trabajo del ya jubilado comisario. En una entrevista concedida en 2017 al programa Salvados de La Sexta, Villarejo lanzó una de sus bombas contra políticos. Esta vez, arremetió contra la actual ministra de Defensa: "Margarita Robles me dio la orden para hacer el informe contra Baltasar Garzón"

Entre esos dos extremos temporales, el de Véritas y el de las grabaciones de Corinna, emergen otros dos casos de gran calibre: la denominada Operación Cataluña, destinada a frenar el proceso independentista mediante acciones de espionaje a dirigentes soberanistas y filtración de acusaciones contra ellos a través de medios de comunicación "amigos"; y el caso del ático del expresidente madrileño Ignacio González que forzó su abandono de la vida política dos años antes de que se convirtiera en el principal imputado por graves –y presuntos– delitos de corrupción en el caso Lezo.

La difusión de nuevas grabaciones sobre el almuerzo que en octubre de 2009 reunió a Villarejo y otros mandos policiales de su entorno con Baltasar Garzón y la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha traído al frente del escenario el uso de prostitutas como técnica privilegiada de chantaje. El audio divulgado por la recién nacida web moncloa.com muestra cómo Villarejo se vanagloriaba, divertido y consciente de que sus palabras quedarían grabadas, de esa técnica de extracción de "información vaginal": "Gente dura, correosa en los consejos de administración, le ponías una chorbita, se la tiraba y (…) y muerto. (...) Además, es que es lo importante y contaban las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas. Y claro (….) de verdad, de verdad, fíjate qué cosa tan tonta: era la información vaginal que yo decía. Era una cosa absurda".

Pero, más allá de si determinados audios han sido o no manipulados –la ministra de Justicia asegura que lo está al menos el que le afecta directamente– la existencia del chantaje plantea un problema de enorme dimensión y todavía irresuelto: el de qué hacer con las informaciones de relevancia potencial que Villarejo ha hecho aflorar y cuya obtención parece estar ligada de forma indisoluble al plan de chantaje, tanto si los destinatarios de la extorsión son individuos concretos como, sobre todo, si el misil busca tensionar al propio Estado. A eso se añade un segundo problema: el de discernir dónde acaba la verdad de relevancia pública –y penal– de las grabaciones y dónde comienza la mentira o la manipulación de todos esos informes sonoros y audiovisuales que Villarejo fue almacenando sobre políticos, empresarios, jueces, fiscales y, más que probablemente, también periodistas. 

A punto de cumplirse un año de la detención de Villarejo, esos dos dilemas se condensan en una pregunta aún abierta: ¿en qué se va a traducir la promesa del presidente de que bajo ningún concepto aceptará "ningún chantaje al Estado"? Lo sucedido con las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein es la punta de lanza de esa incógnita. En los audios, la empresaria sostiene que Juan Carlos de Borbón, con quien durante años mantuvo una amistad íntima, la usó como testaferro, ocultó dinero en Suiza a través de cuentas opacas y con la ayuda de un pariente y cobró comisiones del AVE a la Meca. Todo indica que la grabación –en 2015– y su difusión –o en julio de 2018, a través de elespanol.com y okdiario.com– conforman un chantaje en toda regla urdido desde las llamadas cloacas. ¿Inhabilita eso al Estado para perseguir los eventuales delitos destapados por Corinna?

El juez ha archivado ya esa pieza bajo el argumento de que la ruptura de la relación que les unía desacredita el relato de la lobbista sobre el monarca, argumento que no había esgrimido la Fiscalía. El magistrado dictó el archivo sin tomar declaración a Corinna y sin que Hacienda hiciera otra cosa que certificar que en sus bases de datos no consta que el rey emérito tenga declarada ninguna cuenta en el extranjero. Anticorrupción ha anunciado que, no obstante, investigará fuera de la Operación Tándem lo relativo a las supuestas comisiones del AVE.

Los investigadores no descartan que el padre de Felipe VI pudiera terminar quedando dentro del perímetro de esa investigación si surgieran indicios no ya de corrupción en las transacciones internacionales sino de un blanqueo de capitales posterior a su abdicación, aunque, a tenor de lo que sostienen las fuentes consultadas por este periódico, esa hipótesis se presenta a día de hoy solo como un futurible lejano e improbable.

La extorsión como coartada 

A menor escala, sucede otro tanto con lo ocurrido con dos clanes políticos de envergadura: el de los Pujol y el del expresidente madrileño Ignacio González, que ya estaban sido investigados desde mucho antes de la detención de Villarejo. Pero en ambos casos, los investigados enarbolan la –presunta– ilegalidad de la actuación de Villarejo en su intento por dinamitar la instrucción judicial.

Villarejo ya ha admitido ante un juez durante la instrucción del caso del pequeño Nicolás, su participación en la Operación Cataluña, en la que se inscriben dos pasajes sustanciales: el primero, la elaboración, a finales de 2012, del primer informe o "borrador" de la UDEF sobre los millonarios manejos –presuntamente– ilegales de la familia del expresidente catalán y la demoledora y subsiguiente denuncia de Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol hijo que destapó buena parte de la operativa de blanqueo;  el segundo pasaje conectado a la Operación Cataluña no es otro que la grabación de 2014 que certificó cómo Jorge Fernández Díaz y Daniel Alfonso, entonces ministro del Interior y jefe de la Oficina Antifrau de Cataluña respectivamente, conspiraban para llevar a los tribunales a políticos independentistas. 

En lo que respecta a Ignacio González, la pauta es similar. Como hacía con amigos y enemigos, Villarejo grabó la conversación en la que, en noviembre de 2011, él mismo y su entonces aliado, el también comisario Enrique García Castaño, El Gordo, le contaron a Ignacio González que un implicado en el caso Gürtel había revelado que el ático del que el político y su mujer disfrutaban en Estepona era en realidad una comisión ilegal en especie. González, todavía vicepresidente de la Comunidad de Madrid en el Gobierno de Esperanza Aguirre, dio la siguiente respuesta: "Ya, el tema es que si sale... eso es lo que yo no quiero".

Uno de los hijos del expresidente catalán, Josep, le escribió en mayo a Villarejo una carta en la que le pedía que desvelase quién le encargó la Operación Cataluña. El comisario ni contestó.

Ignacio González optó por otra táctica, pero igualmente destinada a minar la investigación sobre su ático y evitar que se una a la Operación Lezo: esgrimir que ha sido víctima de una extorsión y que la causa abierta sobre el ático tras la denuncia del sindicato mayoritario de la Policía, el SUP, está viciada en su origen. En junio, sus abogados remitieron un escrito a la Audiencia de Málaga en el que subrayan lo siguiente: que la grabación de 2011 –publicó vozpopuli.com– se hizo "sin autorización judicial" y que fue "manipulada" y "cortada".

Ahora, y otra vez con Garzón como destinatario del ataque, una grabación más de las difundidas por moncloa.com ha animado a condenados del caso Gürtel a emplear la misma estrategia: tanto la defensa de Pablo Crespo como la del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega se proponen interponer una querella contra el exjuez bajo el argumento de que en uno de los audios se oye a Villarejo decir que se reunió con él el día antes de que ordenase abrir las diligencias de lo que luego fue conocido como el caso Gürtel.

Su objetivo, como el de los Pujol y el de Ignacio González, lograr que el caso quede sepultado gracias a la ristra de ilegalidades y extorsiones que –presuntamente– perpetró durante años el comisario Villarejo. Al menos en lo que respecta a Gürtel, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico creen remota la posibilidad de que el Supremo anule la causa.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo inadmitió a trámite el recurso de casación planteado por Joan Antón Sánchez Carreté, ex asesor fiscal del clan de los Pujol, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó la desestimación de su demanda contra Google Spain para que retirase de sus indexaciones la información personal sobre la condena que se le impuso por delito contra la Hacienda Pública (por hechos cometidos en 1991) y el indulto que le concedió el Gobierno en el año 2009, informó Europa Press.

En su recurso, el exasesor de los Pujol, que figuraba en la denominada lista Falciani facilitada a las autoridades españolas por el ingeniero informático suizo, señalaba que Google había cometido una intromisión en su intimidad y honor y que debía indemnizarle con 12.000 euros por daño moral.

La Audiencia de Barcelona, en la sentencia ahora ratificada, destacó que el caso planteado por el recurrente no estaba amparado por el "derecho al olvido" porque se trata de un "personaje público", ya que compareció en la Comisión de Investigación sobre Fraude Fiscal del Parlament de Cataluña y figuraba en la lista Falciani.

De hecho, Sánchez Carreté compareció en varias ocasiones ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el patrimonio de los Pujol. La última vez que lo hizo fue el pasado mes de julio, cuando afirmó que él no tuvo conocimiento de la existencia de un patrimonio del clan en el extranjero hasta que fue convocado a una reunión con los abogados de la familia el 7 de julio de 2014, apenas 18 días antes de que el exmandatario reconociera la existencia de este patrimonio sin declarar, mediante un comunicado público.

En un auto, el Supremo inadmite el recurso porque su único motivo carece manifiestamente de fundamento, por no atender a la verdadera razón de decidir de la Audiencia de Barcelona. En ese sentido, el Supremo destaca que la sentencia recurrida declaró que no era pertinente acceder a la petición del recurrente, ya que lo trascendente era establecer si podía considerarse "un personaje público, atendiendo a los hechos sin duda de interés público en los que se vio inmerso".

Personaje público

"No puede dudarse –indicó la Audiencia de Barcelona– de la trascendencia pública de la Comisión Investigadora sobre Fraude Fiscal, constituida en el Parlament de Cataluña y del interés que suscitó su desarrollo y el nombre de los que acudieron a la misma, entre los que se encuentra el apelante, lo que siendo objeto de la debida cobertura por los medios de comunicación, coloca a la (parte) recurrente en la situación de personaje público y justifica la publicación de los hechos a que alude el apelante, sobre su pasado en cuanto a la comisión del delito contra la Hacienda Pública, que no vienen centrados sin más en los años 90", ya que la sentencia al respecto de la Audiencia Provincial fue de 2003, la definitiva del Supremo de 2006, y el indulto de 2009.

El asunto investigado en la Comisión era público y de trascendencia general, concluyó la Audiencia. Añade que la inclusión del apelante en la lista Falciani le puso nuevamente en el punto de vista público.

Para el alto tribunal, "el recurso no puede ser admitido, porque se construye en base a sus propias valoraciones, sin sustento en infracción normativa y eludiendo, en definitiva, su "ratio decidendi" o razón decisoria. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial aprecia los hechos objeto de enjuiciamiento y valora jurídicamente los mismos, atendiendo a la jurisprudencia constitucional y a la doctrina de esta Sala".

La Audiencia de Barcelona, confirmada ahora, se basó en la doctrina del Supremo, fijada en sentencia de de 15 de octubre de 2015, que estableció que "el llamado 'derecho al olvido digital', que es una concreción en este campo de los derechos derivados de los requisitos de calidad del tratamiento de datos personales, no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos".

El TS dijo en la misma sentencia que el derecho al olvido ampara que el afectado, "cuando no tenga la consideración de personaje público", pueda oponerse al tratamiento de sus datos personales que permita que una simple consulta en un buscador generalista de Internet, utilizando como palabras clave sus datos personales tales como el nombre y apellidos, haga permanentemente presentes y de conocimiento general informaciones gravemente dañosas para su honor o su intimidad sobre hechos ocurridos mucho tiempo atrás, de modo que se distorsione gravemente la percepción que los demás ciudadanos tengan de su persona.

Jordi Pujol Ferrusola abandonó antes de la 19.00 horas de este miércoles la prisión madrileña de Soto del Real, en la que ha permanecido ocho meses, tras abonar la fianza de 500.000 euros. Juntos después, se dirigió directamente hacia la Audiencia Nacional, donde el juez José de la Mata había requerido su presencia.

El primogénito del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol salió a pie la cárcel, ataviado con una cazadora, un gorro de lana y portando unas bolsas, por lo que pasó desapercibido para muchos de los medios de comunicación que esperaban en la puerta. Después se subió a un todoterreno que le llevó hasta la sede judicial, situada en Madrid capital.

Una media hora después, Pujol Ferrusola se bajó del coche, ya sin el gorro de lana, y entró rápidamente en el edificio principal de la Audiencia Nacional, donde se encuentra la sede de los juzgados centrales de instrucción. Allí permaneció unos 10 minutos en los que el juez José de la Mata le trasladó el requerimiento de que tiene prohibido realizar cualquier gestión con respecto a su patrimonio.

Además, le comunicó las medidas cautelares que ahora pesan contra él: comparecencias semanales en un juzgado, la prohibición de abandonar el país y la retirada del pasaporte.

A las 19.40 horas, el hijo mayor de Jordi Pujol y Marta Ferrusola abandonó la Audiencia Nacional y, al percatarse de ello, los medios gráficos le siguieron para tratar de captar la imagen. Sin embargo, Pujol Ferrusola echó a correr por la calle Génova de Madrid, dirección a la Plaza de Colón para tratar de darles esquinazo, ya que el coche que le trajo desde la cárcel no estaba esperándole en la salida del tribunal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga el presunto origen ilícito de la fortuna de la familia del expresidente catalán, rebajó la semana pasada la fianza de Pujol Ferrusola de tres millones a 500.000 euros debido a los avances en la investigación.

El hijo mayor de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, que tiene embargados la mayoría de sus bienes y cuentas bancarias, tardó casi una semana en reunir la nueva cantidad.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el presunto origen ilícito de la fortuna de la familia Pujol, ha acordado rebajar de tres millones a medio millón de euros la fianza impuesta al primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, para que pueda salir de prisión, en la que lleva desde el pasado 25 de abril, informa Europa Press.

En caso de que deposite la fianza, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 le impone la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de abandonar el país. De la Mata ha atendido así la petición que había hecho la defensa del investigado, pese al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que había vuelto a oponerse a su excarcelación al entender que esto podría poner en riesgo la investigación.

El magistrado investiga al expresidente catalán Jordi Pujol, a su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos por el presunto origen ilícito de su fortuna y, en el marco de esta instrucción, ordenó en abril el ingreso en prisión del hijo mayor por los delitos de blanqueo continuado de capitales, fraude fiscal y falsedad documental.

En concreto, el juez le acusa de ocultar al fisco más de 30 millones de euros como resultado de una estrategia con la que se puso en marcha una estructura societaria para evadir el capital al extranjero y de controlar las cuentas de los demás miembros de la familia.

El hijo mayor del expresidente catalán trabajó con distintos testaferros y/o fiduciarios que le permitieron disponer de cuentas corrientes en otras jurisdicciones como México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Panamá, así como realizar inversiones utilizando diversas compañías instrumentales.

Nueva documentación sobre operaciones en América

En su auto, De la Mata explica que desde que Pujol Ferrusola ingresó en la cárcel de Soto del Real "se ha podido recabar nueva documentación sobre las operaciones realizadas en otras jurisdicciones, ampliar la información disponible sobre las mismas y profundizar el conocimiento y naturaleza de algunas de estas operaciones mediante la emisión de nuevos informes".

Así, indica que "se ha podido recibir declaración a distintas personas que actuaron en operaciones con Jordi Pujol Ferrusola en México, a las que ya se hacía referencia en la resolución judicial que ahora se modifica, así como a personas que participaron en Andorra, Estados Unidos y Panamá en algunas de las actividades de blanqueo de capitales" desarrolladas por el investigado en Estados Unidos y, fundamentalmente, en México.

Estas comparecencias se han ido sucediendo hasta hace pocos días, según el juez, y "todo ello incide, naturalmente, en la evaluación que de modo permanente se lleva a cabo sobre la necesidad de la situación de prisión provisional" del hijo del expresidente catalán.

Según el magistrado, "continúan siendo aplicables" los argumentos que se esgrimieron para ordenar la prisión provisional de Pujol Ferrusola, pero considera que ahora "resultan compatibles, de acuerdo con los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, con la rebaja de la fianza establecida a la de 500.000 euros".

Medida proporcionada por la gravedad de los hechos

Para De la Mata, esta medida "resulta proporcionada a la gravedad de los hechos y a las circunstancias concurrentes", al tiempo que la ve "estrictamente necesaria sin que tenga, desde luego, finalidad punitiva alguna o se imponga para causar perjuicio personal o profesional al investigado".

Y es que, según recuerda, la investigación contra el clan Pujol "continúa teniendo por objeto la comprobación de la posible participación de los implicados en hechos supuestamente constitutivos de delitos graves (falsedad documental, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y organización criminal, sin perjuicio de ulterior calificación)".

Además, remarca que "la gravedad de estas conductas investigadas exige garantizar que el Juzgado Central de Instrucción realice un control más efectivo" de Pujol Ferrusola, y que resulta "imprescindible" continuar asegurando que el investigado "no interferirá en la práctica de las actividades de auxilio judicial internacional en las jurisdicciones en que ha desarrollado actividades y mantiene contactos y relaciones".

En un segundo auto, De la Mata ha acordado el bloqueo de una transferencia por valor de 2,6 millones de dólares a una cuenta de CaixaBank procedente de una mercantil, Inter Rosario Port Services, vinculada a Pujol Ferrusola desde 2007 con cuya cantidad pretendía afianzar su libertad provisional.

El juez rechaza esta pretensión y acuerda el bloqueo del dinero porque, según recuerda, en un auto de octubre de 2015 ya ordenó el "inmediato bloqueo y embargo preventivo de los saldos de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones, deuda pública, contenido de cajas de seguridad, seguros u otros activos financieros existentes a favor, entre otras personas y sociedades, de Inter Rosario Port Services", la cual está titularizada por Active Traslation, propiedad al cien por cien de Pujol Ferrusola.

Otros bloqueos desde hace casi dos años

De la Mata hizo entonces la indicación expresa de que las entidades bancarias que recibieran abonos o transferencias desde dicha mercantil a partir de la fecha del bloqueo las debían aceptar "a fin de garantizar el cumplimiento del conjunto de responsabilidades pecuniarias inherentes a los delitos objeto de investigación en la causa".

De hecho, el magistrado explica que esto mismo es lo que ha venido ocurriendo en otras ocasiones en los últimos meses, con sucesivas transferencias recibidas en la cuenta de CaixaBank de Pujol Ferrusola: un millón de euros en marzo de 2016, 599.987 euros en enero de 2017, 84.987 euros en febrero de 2017 y 2,6 millones el pasado 18 de diciembre.

Para De la Mata, "la operación propuesta por la representación de Pujol Ferrusola únicamente pone de manifiesto una vez más la confusión de intereses existente entre él mismo y todas sus sociedades, así como la dudosa procedencia de los recursos utilizados para su adquisición".

Esas sociedades, dice el juez, no realizaban "actividad mercantil real, razón por la que no resulta admisible la operación propuesta por la representación de Pujol Ferrusola de proseguir sus prácticas habituales, ahora mediante esta actuación que pretende de auto concesión de préstamo societario, validando así una estrategia societaria que está sometida precisamente a investigación en este procedimiento".

Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña, no ha recurrido la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) tras trapichear reiteradamente con tarjetas de teléfono de otro interno en el módulo 4 de esta prisión, han informado a Europa Press fuentes penitenciarias.

El hijo mayor de Jordi Pujol ha sido castigado formalmente 60 días por utilizar los códigos de teléfono de otro preso, W.A.O.L, que fue tiempo atrás su compañero de celda. Este interno ingresó en 2016 en Soto del Real y manifestó ante la Jefatura de Servicios que cedió a las exigencias de Pujol Ferrusola, con quien reconoce que "discrepaba en muchos aspectos".

El compañero de celda de Pujol Ferrusola explicó ante los responsables de Soto del Real que ambos discutían, por ejemplo, cuando veían la televisión, ya que el hijo del expresidente catalán le "coaccionaba para cambiar de canal cuando salían informaciones relativas a España".

A pesar de que fueron separados de celda, luego accedió a cederle parte de su cupo de llamadas (diez por semana) y, a cambio, Pujol Ferrusola le regaló una tarjeta de teléfono de cinco euros y otra con saldo ya utilizado.

El intercambio de tarjetas de teléfono es un comportamiento irregular dentro del régimen disciplinario de los centros penitenciarios, de ahí que el hijo mayor de Pujol haya sido castigado una vez que los funcionarios lo sorprendieron el pasado 7 de agosto llamando con códigos de teléfono de otro interno en las cabinas de la planta primera y segunda del módulo cuatro, a pesar de que él ocupa celda en la primera.

Pujol Ferrusola reconoció los hechos ante los funcionarios de la prisión tras ser pillado in fraganti en el uso de los códigos de otro preso. No obstante, esa misma tarde volvieron a sorprenderle haciendo uso de los códigos de otro preso.

Por estos hechos, el hijo mayor de Pujol ha sido sancionado con dos faltas graves que implican la suspensión de actos recreativos durante 60 días. En este tiempo no podrá disfrutar de actividades culturales ni deportivas. Las dos faltas se han justificado por incumplir sus obligaciones como interno y por haberse concertado de forma fraudulenta con otro interno.