La Agencia Tributaria tiene abiertas inspecciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas, Alba y Laura, así como al empresario Julio Martínez Martínez y ha preguntado al juez que les investiga en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, si paraliza estos procedimientos.

La Agencia Tributaria en Madrid y en Comunidad Valenciana han enviado sendos escritos al juez que investiga el caso Plus Ultra para indicar que tienen inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, desde 2021 a 2024 a varios de los acusados e indicando que, si las paraliza, se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria.

Sin embargo, estos organismos de Hacienda solo pueden suspender los procedimientos inspectores abiertos por una "prejudicialidad penal" con orden del órgano jurisdiccional.

En respuesta a ambos escritos, con fecha 29 de junio, Calama ha dictado una providencia en la que traslada esta cuestión a la Fiscalía para que informe.

En ampliación

Hacienda investiga desde hace un año a Fernando Camino Maculet, el directivo del gigante sanitario Quirón vinculado a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En una comunicación remitida al Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid, a la que ha accedido infoLibre, la Agencia Tributaria informa que las "actuaciones de comprobación e investigación inspectora" relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2020 se iniciaron en junio del año pasado. Además, en otro informe aportado a la causa, cifra en 4,3 millones de euros la cantidad que el empresario Alberto González Amador facturó a Quirón Prevención entre 2021 y 2023.

Con la pieza principal –la del fraude fiscal y la falsedad documental– ya lista para juicio, la pareja de Ayuso aún arrastra una segunda línea de investigación judicial en su contra. Los hechos, que investiga el magistrado Antonio Viejo, se centran en la compra por parte de González Amador de todas las participaciones de Círculo de Belleza –que luego pasaría a llamarse Masterman & Whitaker– a Gloria Carrasco, mujer de Camino. El empresario pagó, en diciembre de 2020, 499.836 euros por una sociedad que, según la Fiscalía, tenía poco valor: "No tenía inmuebles a su nombre; no tenía (ni había tenido en los años anteriores) trabajadores; y su activo material estaba compuesto por un ordenador portátil sin valor y tres aparatos de depilación y remodelación corporal".

"Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", sostenía el fiscal cuando solicitó la intervención de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso.

Aquella sociedad se constituyó el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta compañía dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano, con un 20%. Y su esposo con otro 20%. Camino es, desde hace años, directivo de Quirón Prevención, filial del gigante sanitario que fue durante años principal cliente de González Amador. Y era consejero de Mape, la empresa para la que intermedió la pareja de Ayuso en una operación de compraventa de mascarillas con FCS que le reportó 1,97 millones de euros.

En el marco de esta causa, en la que por el momento han declarado como investigados la pareja de Ayuso y Carrasco, la Agencia Tributaria hizo llegar el pasado mes de febrero al instructor una comunicación avisándole de que hace un año inició "actuaciones de comprobación e investigación inspectora" contra el directivo de Quirón Prevención en relación al IRPF de 2020. "Como quiera que las personas físicas y entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa, la determinación o imputación de las obligaciones tributarias [...] podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados [...] en el ámbito penal", explica.

Hacienda, por tanto, considera que "concurren circunstancias de prejudicialidad penal" que permitirían dejar en stand by el procedimiento inspector mientras se desarrolla la investigación judicial –interrumpiéndose, además, los plazos de prescripción–. Pero esa decisión corresponde al órgano judicial, al que piden dar el paso. En caso de que lo haga, solicita que el juez les comunique la "sentencia firme" que recaiga para "poder reanudar" los "procedimientos" de inspección.

La Agencia Tributaria argumenta que no es "lógico" que la "la instrucción e investigación de unos mismos hechos" la realicen "varios órganos judiciales y administrativos distintos". También recuerda que en la vía penal tienen "mayores y más intensas facultades investigadoras". O que "la posible existencia de duplicidades" podría generar "conclusiones" contradictorias. Y señala que "la determinación de unos hechos probados" a nivel penal "condiciona la calificación e imputación de las posibles rentas en vía administrativa".

"Si no se procediera a suspender las actuaciones inspectoras por prejudicialidad penal, tendrían que finalizarse las mismas en vía administrativa con los hechos acreditados en el expediente administrativo (presumiblemente de mucha menor solidez probatoria que las que se recaben en vía penal, por encontrarse dicha documentación en el juzgado), de lo que podría derivarse un riesgo de calificaciones contradictorias en vía penal y administrativa", completa el escrito de Hacienda.

No es el único procedimiento inspector que la Agencia Tributaria pide dejar en stand by. En otro documento remitido al juzgado a finales de mayo, al que también ha accedido este diario, solicita la "suspensión" de aquellos seguidos también en relación con Quirón Prevención y Helios Healthcare Spain en relación con el Impuesto de Sociedades entre 2020 y 2023 o por el IVA de marzo de 2021 a diciembre de 2023. Eso sí, solo en lo relativo a la "comprobación" de las prestaciones de servicios realizadas por Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker.

Dichas operaciones, recoge el informe, consistieron en "servicios de consultoría estratégica y organizacional" o "prestaciones de servicios orientadas al desarrollo de los negocios" de Quirón Preveción en Latinoamérica. La facturación conjunta de ambas entidades a la filial del gigante sanitario desde 2021 a 2023, completa la Agencia Tributaria, se situó en 4,43 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias información financiera respecto al PSOE y el PSC de los años 2024 y 2025, así como respecto al exdirigente socialista Gaspar Zarrías, entre otros, dentro del llamado caso Leire. De este modo, el magistrado atiende a la solicitud de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en ese sentido, han indicado a EFE fuentes jurídicas.

En un oficio fechado el 1 de junio, la UCO pide que se reclame "información adicional tributaria y bancaria" del partido, de varias empresas, como Zaño Sociedad, propiedad de Zarrías, así como de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, investigados en el denominado caso Leire Díez.

Los investigadores quieren así bucear en las cuentas de algunos de los investigados de una supuesta trama que perseguía desestabilizar causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE, presuntamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez y que, según la UCO, habría estado financiada por el partido.

En total, los agentes quieren que la Agencia Tributaria aporte información respecto a casi una quincena de personas físicas o jurídicas, entre las que también figuran empresas de comunicación, el medio 'Crónica Libre' o varias sociedades del abogado Oliver.

La UCO pretende conocer las cuentas bancarias, cobros, disposiciones, rentas, fondos de inversión, valores, seguros, bienes muebles o inmuebles, relaciones societarias, bienes en el extranjero, facturas, donaciones, fondos de pensiones, operaciones intracomunitarias, cajas de seguridad alquiladas, situación tributaria o declaraciones fiscales, entre otros datos.

Y reclama asimismo al juez que pida a las entidades bancarias que aporten "cuanta información, movimientos y saldos obren en sus bases", de 2024 hasta la actualidad, relativas a cuentas corrientes o de ahorro del PSOE, de ocho cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, de los dos abogados investigados —más de 60 vinculadas a Ismael Oliver— o del medio 'Crónica Libre', entre otros.

Los agentes también solicitan al juez que reclame a las entidades del Grupo IKI que informen de las "relaciones comerciales" mantenidas con el PSOE y con el PSC en 2024 y 2025, mediante la aportación de contratos, facturas o justificantes de pago.

La UCO quiere así profundizar en el supuesto pago de 20.000 euros por parte del PSOE que habría autorizado el exdirigente socialista Santos Cerdán al medio 'Crónica Libre' a través de una tercera agencia "enmarcando el pago dentro de una campaña publicitaria" en Cataluña en el marco de las elecciones al Parlament del 2024.

El oficio explica que se han hallado "relaciones económicas" de 'Crónica Libre' con la sociedad IKI Group Communications por 18.125 euros en 2024. Añade, asimismo, que durante el requerimiento de información que la UCO cursó al PSOE la semana pasada "se identificaron operaciones comerciales" del partido con la sociedad IKI Media Solutions. Por todo ello, la UCO ve "necesario profundizar en las operaciones económicas que se pudieran haber mantenido tanto con el PSOE como con el PSC"

El caso que ha llevado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero tiene una historia procesal larga y compleja. La Fiscalía Anticorrupción lo inició tras recibir comunicaciones internacionales sobre una presunta red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos en la que aparecía Plus Ultra. La querella que el colectivo ultraderechista Manos Limpias presentó en diciembre de 2025 —de siete páginas, construida sobre recortes de prensa y con errores— llegó después. La Audiencia Nacional explicó el pasado 19 de mayo que el caso acabó en ese tribunal por la dimensión internacional —con pesquisas abiertas en Francia y Suiza— que había adquirido la investigación, una secuencia que deja poco espacio al papel impulsor de la querella ultra.

El auto de 85 páginas que el juez José Luis Calama dictó el pasado 18 de mayo y que ha supuesto la imputación de Zapatero se apoya en varios pilares, como las comunicaciones intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, los dispositivos electrónicos incautados en la operación de diciembre de 2025 o la colaboración de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Sin embargo, la parte contable del auto se estructura a través de un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) —dependiente de la Agencia Tributaria— fechado el 25 de febrero de 2026. Este documento es el que le pone cifras exactas a la presunta trama de tráfico de influencias.

El informe analiza el entramado societario bajo control de Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino identificado por el juez como lugarteniente principal de la red y administrador único de Análisis Relevante SL, la consultora que, según el juez, actuó como nodo central de distribución de fondos. 

La ONIF concluye que Martínez Martínez controló en el periodo de 2020 a 2024 un total de 39 mercantiles, la mayoría inactivas o sin actividad económica real acreditada. Buena parte de esas empresas figuran dadas de baja en la Agencia Tributaria, no presentan declaración del Impuesto de Sociedades o tienen una cifra de negocio nula, y varias de las que sí declaran actividad carecen de empleados o acumulan retribuciones por debajo de los 10.000 euros en todo el periodo. 

Tres de ellas, sin embargo, —Afitta Capital SLU, Rentas Emeritenses SL y Zenzap SL— combinan esa aparente inactividad con movimientos bancarios significativos. La estructura, concluye el informe, no responde a una lógica empresarial real sino instrumental.

Uno de los hallazgos más llamativos es el análisis de Inteligencia Prospectiva SL —antes denominada Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada—, administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. La ONIF concluye que entre 2020 y 2025 esta sociedad, cuyos ingresos declarados son nulos o inferiores a 35.000 euros anuales, movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias, una cifra que el auto califica de "absolutamente incongruente" con su actividad declarada. 

El organismo concluye que “Inteligencia Prospectiva carece de actividad económica efectiva y funciona como punto de entrada de fondos del extranjero, simulados como ampliaciones de capital, para redistribuirlos hacia otras sociedades del entramado mediante contratos ficticios de asesoría”. Los principales destinatarios: Análisis Relevante (368.258 euros), Whathefav (561.440 euros) y Gate Center (266.200 euros).

El informe de la ONIF cuantifica los flujos que parten directamente de Plus Ultra hacia el entramado. El volumen total declarado asciende a 598.910 euros, distribuidos entre tres receptoras —todas ellas sociedades de Julio Martínez Martínez—: Análisis Relevante (301.290 euros), Voli Analítica SL (141.773 euros) e Iot Domotic Europe (155.847 euros). Sin embargo, las cuentas bancarias de dos de estas mercantiles reflejan discrepancias con los importes declarados: las transferencias reales desde Plus Ultra a Voli Analítica ascendieron a 119.993 euros, y a Iot Domotic a 126.807 euros. Todas estas sociedades carecían de trabajadores en los ejercicios en que perciben los ingresos.

Los contratos que justifican formalmente esos pagos reproducen, en los tres casos suscritos entre Análisis Relevante y Plus Ultra en 2020, 2023 y 2025, un objeto prácticamente idéntico: informes mensuales sobre la situación política, económica y social del mundo, asesoramiento sobre países y organizaciones internacionales, y apoyo a la preparación de discursos. La retribución pactada oscilaba entre 5.000 y 6.000 euros mensuales más IVA. Durante su comparecencia en el Senado, Zapatero admitió haber cobrado 430.000 euros de Análisis Relevante en seis años por asesorías e informes —que en ocasiones eran “orales”—, según el expresidente. 

Los informes, según el auto, los redactaba Sergio Sánchez, propietario al 25% de Análisis Relevante. Whathefav SL —la sociedad de las hijas del expresidente— se encargaba de su maquetación y distribución, “sin aportar un valor técnico propio”, según el juez.

Más allá de los flujos directos desde la aerolínea, la ONIF analiza también los pagos que llegan al entramado desde entidades sin vinculación aparente con Plus Ultra. Dos concentran especial atención. Gate Center —think tank presidido por Daniel Romero-Abreu Kaup, también al frente de la consultora Thinking Heads, y del que Zapatero es presidente del consejo asesor— recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva y habría transferido 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav. El grupo Thinking Heads —Thinking Heads Group SL y su sucursal estadounidense Thinking Heads Americas LLC— habría abonado por su parte 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a sus hijas a través de Whathefav. 

La empresa ha emitido un comunicado aclarando que el auto no la vincula con ninguna trama delictiva y que sus pagos responden a servicios de consultoría efectivos desde 2014. Cabe señalar también que Thinking Heads actúa como agencia de conferenciantes (speakers bureau) de los también expresidentes Felipe González y José María Aznar, gestionando su contratación para eventos, conferencias corporativas y actos públicos.

Sumados todos los flujos identificados por la ONIF y recogidos en el auto, el destino final apunta al entorno del expresidente. Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. Gate Center, otros 352.980 euros al expresidente y 171.727 euros a Whathefav. Thinking Heads, 681.318 euros adicionales a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. 

Las cuentas personales de Laura Rodríguez Espinosa habrían recibido 247.191 euros de Whathefav entre abril de 2021 y diciembre de 2025, y las de Alba Rodríguez Espinosa, 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas figura como autorizado el propio expresidente. En conjunto, el auto contabiliza casi dos millones de euros canalizados hacia el entorno directo de Zapatero entre 2020 y 2025.

La ONIF no es la única fuente de Hacienda que alimenta el auto. La propia Agencia Tributaria, de la que depende la ONIF, certifica que, a fecha de febrero de 2026, no consta en España ningún pago en ejecución del contrato por el que Idella Consulenza Strategica —sociedad de Julio Martínez Martínez— pactó cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra. Esa ausencia de trazabilidad en territorio español es uno de los elementos que llevan a Calama a concluir que la sociedad offshore constituida en la zona franca del aeropuerto de Dubái ocho días después de la aprobación del rescate —cuya existencia verificaron infoLibre y OCCRP— habría sido creada para recibir ese pago fuera del alcance del fisco español. El patrón, razona el auto, encaja con las modalidades de blanqueo mediante “sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia”.

La ONIF existe desde 1998, cuando la presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la creó para coordinar los esfuerzos de la inspección tributaria frente al fraude organizado. Depende del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y su función no es perseguir el fraude fiscal menor sino actuar allí donde la complejidad societaria o la presencia de estructuras criminales organizadas lo exigen. Tiene capacidad para elaborar informes técnicos a petición de la fiscalía o de los juzgados y actuar como auxiliar de la jurisdicción penal, suministrando al proceso la radiografía financiera que los investigadores policiales no siempre pueden construir con la misma precisión. 

A diferencia de unidades investigativas de la policía o la Guardia Civil, como la UDEF o la UCO, la ONIF no ejecuta registros, ni intercepta comunicaciones ni detiene a los investigados. La unidad de la AEAT no actúa en la calle sino sobre los balances, los registros mercantiles, las declaraciones tributarias y los movimientos bancarios, explican a infoLibre fuentes jurídicas. 

El PSOE niega que el secretario adjunto de Organización y responsable de Transparencia y Acción Democrática, Borja Cabezón, tenga algún tipo de acción o participación "directa o indirecta en sociedad mercantil extranjera": "Su ámbito siempre ha sido España".

"Sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados", señalan fuentes de Ferraz después de que El Confidencial haya publicado que Cabezón controló durante años una estructura mercantil diseñada para ocultar sus ingresos y escapar de la Agencia Tributaria.

Según esta información, Cabezón habría utilizado durante años una estructura societaria administrada por testaferros diseñada para evadir impuestos con ramificaciones en Reino Unido y Costa Rica que ocultaban su identidad.

Desde el PSOE niegan que tenga algún tipo de acción o participación en una sociedad mercantil extranjera. Cabezón es ahora mismo uno de los dirigentes más fuertes del partido desde que Pedro Sánchez lo integró en un puesto clave en la Comisión Ejecutiva Federal en la remodelación que hizo en julio del año pasado para reestructurar el equipo de Ferraz tras el caso Cerdán.

Cabezón es una de las manos derechas de la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró. Antes de ocupar este puesto en la dirección, el socialista madrileño ha sido consejero delegado de ENISA, embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional de la COVID-19 y la Salud Global del Gobierno de España, director general de Asuntos Nacionales del Gabinete del Presidente del Gobierno de España y diputado en la Asamblea de Madrid.

Un informe de Hacienda cifra en casi un millón de euros la cantidad que Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, cobró entre 2011 y 2020 de empresas gasísticas, camuflados en parte como "prima de éxito", coincidiendo con avances en las reformas legislativas que las beneficiaban.

Así consta en un informe de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso EFE, que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez de Tarragona que investiga si Montoro -ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasísticas a cambio de pagos a su despacho Equipo Económico, del que fue socio fundador y presidente.

Hacienda pide en su informe al juez que requiera más informaciones sobre cuentas vinculadas a Montoro, los socios de su despacho y sus cónyuges, pero, con la información que ya tiene en su poder, sostiene que los pagos a Equipo Económico vinculados a las reformas legislativas que beneficiaban a las gasísticas ascenderían a 991.613 euros.

Esos pagos de las gasísticas, según Hacienda, "se producirían coincidiendo temporalmente con los avances en la pretendida modificación legislativa", a medida que "se fueran violentando los resortes legislativos del Estado para introducir mediante modificaciones administrativas las reformas de los textos legales que permitieron conseguir los beneficios fiscales".

El informe advierte también de que no pueden descartarse otras "transferencias adicionales a las localizadas", que puedan estar "veladas" tras cheques y facturas que no han podido ser analizados.

Según el informe, de más de 250 páginas, los pagos de las empresas estarían "fragmentados", no solo respecto a su pagador e importe, sino también en distintas cuentas bancarias y sociedades "por las que trasiegan dichos fondos para desembocar, entre otros, en consumos o utilidades" de socios del despacho, personas y cuentas bancarias o activos de los que no se ha podido hallar información.

Esa fragmentación de pagos, mantiene Hacienda, "sería indiciariamente instada por el despacho investigado" y presuntamente se diferían "bajo la cobertura formal de una prima de éxito que permitiría distanciar a los mismos de su origen temporal".

A raíz del análisis de los correos y las actas del despacho intervenidas en la causa, las gasísticas investigadas eran "conscientes, pagaban y se vanagloriaban muchos antes" de obtener lo pactado.

El informe detalla también pagos fragmentados, "al albur de facturas que formal e indiciariamente permitirían frente a terceros justificar y desligar dichos fondos contaminados de su verdadera causa".

De hecho, el informe señala casos en los que en las cuentas bancarias controladas por los socios del despacho, exsocios, cónyuges y sus sociedades, los fondos se destinarían a "mínimos consumos" para ser después agrupados y transferidos a "otras cuentas desconocidas, bajo conceptos bancarios genéricos o que impiden la identificación de los destinatarios".

Por ese motivo, la Agencia Tributaria plantea al juez que emita un nuevo mandamiento o requerimiento a las entidades bancarias para solicitar esos datos "de forma ampliada, con el máximo detalle del que se disponga sobre el origen y destino de los fondos". 

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que prorrogue seis meses la causa ante la necesidad de practicar nuevas diligencias, informa EFE.

Así lo solicita la fiscala Carmen García Cerdá al juez de Tarragona que investiga al exministro del PP y a una treintena de personas más acusadas de beneficiar a empresas gasísticas, propiciando reformas legislativas a cambio de pagos. Una causa que se ha prolongado durante siete años bajo secreto de sumario.

La fiscala, según el escrito al que ha tenido acceso EFE, interesa la prórroga de las diligencias por un periodo de 6 meses, "ya que la necesidad de la práctica de diligencias que requiere llevar a buen fin la investigación impide que pueda finalizar la instrucción antes del día 29 de enero de 2026", recalca.

Recuerda que en junio de 2025 se levantó el secreto de las actuaciones y se acordó dirigir el procedimiento contra Montoro y el resto de personas en calidad de investigados, que deben declarar sobre los hechos investigados.

Según la fiscala, la propia investigación demanda nuevas diligencias, entre estas las que se deriven de la propia personación de los investigados, la declaración de testigos u otras diligencias recomendadas por la Unidad de Apoyo a la Fiscalía de la Agencia Tributaria, que analiza las cuentas bancarias de los investigados.

La Fiscalía Anticorrupción ha defendido la "escrupulosa" investigación del caso de Montoro, que en su opinión se ha llevado cabo sin "injerencias" y ha destapado "actuaciones graves de corrupción, que no entienden de ideología política alguna". En un escrito avanzado por La Vanguardia y eldiario.es y al que ha tenido acceso EFE, la fiscal Carmen García se opone a los recursos que han presentado las defensas para pedir la nulidad de la causa, entre otros motivos porque consideran que tienen un "notorio cariz político".

En la causa, que se ha prolongado durante siete años bajo secreto de sumario, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona investiga al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a una treintena de personas más acusadas de beneficiar a empresas gasísticas, propiciando reformas legislativas a cambio de pagos.

Para la fiscal, la causa "ha seguido un escrupuloso y exquisito comportamiento" para respetar tanto las normas procesales como los derechos de los investigados, "evitando injerencias y daños colaterales". El escrito insiste en "dejar claro y sentado desde este momento" que algunos correos intervenidos en el marco de la causa "lo que revelaban no eran hechos de marcado cariz político, sino actuaciones graves de corrupción realizadas desde Tarragona, que no entienden de ideología política alguna".

Según Anticorrupción, los informes de los Mossos y la Agencia Tributaria aportados a la causa "constatan la indiciaria existencia de una organización" y pagos efectuados por las empresas gasísticas al despacho Equipo Económico que dirigía Montoro, antes de resoluciones administrativas favorables.

También apuntan esos informes, según el Ministerio Público, a que el reglamento de la ley de impuestos especiales que afectaba a las empresas gasísticas se elaboró "a la carta de aquellas mercantiles", eliminando la exigencia de acreditar el cumplimiento de determinados requisitos para obtener beneficios fiscales.

La Fiscalía reprocha asimismo a las defensas que mediante la batería de recursos presentados no busquen "la averiguación de la verdad" o solicitar pruebas de descargo, sino "conseguir la nulidad de las actuaciones practicadas con total profesionalidad y respeto a los principios procesales y constitucionales".

También defiende el Ministerio Público la competencia de los Mossos d'Esquadra para investigar los hechos, lo que cuestionaban las defensas, ya que a su parecer la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Estatuto de Autonomía de Cataluña "legitiman" su intervención como policía judicial.

De hecho, en su escrito, la fiscal confiesa que le "llama la atención" que los recursos impugnen "la actuación de uno de los cuerpos policiales designados como policía judicial, en detrimento de otro".

Respecto al cuestionado secreto de sumario, que el juez prorrogó durante siete años, la fiscal recuerda que era necesario por la "importancia que el análisis de la documentación y correos" que constan en la causa ha tenido para "avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus partícipes".

El impuesto a las grandes fortunas, la tasa Zucman, la escasa factura fiscal de las grandes tecnológicas… El debate sobre la contribución a las arcas comunes de quienes más tienen está revestido de números, pero también de un diálogo político y social que tiene mucho que ver con la desigualdad. Ya sea como horizonte deseado, como gancho político, como utopía o como amenaza, la fiscalidad es un tema recurrente a izquierda y derecha del arco político. A nivel nacional, según las estimaciones de Fedea, el 1% más rico soporta una presión tributaria total del 24,1%, inferior a la que paga el 10% con menos ingresos (un 27,5%) y muy por debajo de los grupos intermedios, que abonan un 39%.

En España, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF) se planteó para corregir parte de este desfase, aunque los datos aún indican desigualdad en las contribuciones. “El impuesto a las grandes fortunas cumple un papel importante, aunque es relativamente modesto, porque no tiene un tipo elevado y lo que se ha buscado es, sobre todo, corregir las bonificaciones de las comunidades autónomas”, explica Juan A. Gimeno, catedrático emérito de Economía y coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal. Para él, cuando se dice que este tipo de medidas no tendrán un efecto recaudatorio fuerte, se está cometiendo un error: "Primero, porque las rentas altas son las que más pueden aportar; y segundo, porque es una cuestión de justicia social que así sea", independientemente del monto recaudatorio.

“Las tasas medias efectivas de todas las prestaciones (pensiones, prestaciones por desempleo, asistencia social, etc.) disminuyen a medida que aumenta la renta, lo que quiere decir que benefician proporcionalmente más a los hogares con menos renta. Este resultado está indicando que las prestaciones son, individualmente y en conjunto, progresivas”, señala un estudio del think tank económico Funcas. Aunque hay una salvedad que sigue rompiendo con la progresividad: “Llamativamente, los hogares pertenecientes al 1% más rico soportan la carga tributaria relativa más reducida de toda la escala de renta”, recoge en un artículo publicado por Julio López Laborda, catedrático de la Universidad de Zaragoza. Además, señala, “las rentas del capital tienen un trato de favor frente a las del trabajo”.

En el análisis reconocen la importancia de la fiscalidad en el reparto de la riqueza, de forma que, según Funcas, los impuestos reducen en un tercio la desigualdad de renta en España “aunque el saldo neto de la intervención pública en España deja de ser progresivo en la parte superior de la escala de rentas brutas”. ¿Por qué ocurre esto?

En los hogares más ricos, las rentas del capital, es decir, las que proceden de activos invertidos, tienen gran peso en la composición de su riqueza, y la fiscalidad reducida que disfrutan estas inversiones es lo que produce esa variación en el tramo más alto de la tabla. 

En la tabla que se muestra abajo, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el último quintil (Q5) se descompone en tres partes más pequeñas (decil 9, centil 91-99 y centil 100) para ver cómo es la fiscalidad de los que más tienen.

Si se observa la composición porcentual en cada grupo, vemos que en el escalón más bajo (Q1) las prestaciones sociales y las rentas del trabajo son los elementos que más peso tienen. En cambio, en el centil con más dinero, son las rentas del capital las que más aportan a sus carteras (un 62%). “Si tú tienes una vivienda y no declaras alquiler, se te imputa un 2% en renta, pero si tienes una gran fortuna en finanzas no pagas nada”, señala Gimeno.

En España se han dado algunos pasos para corregir este efecto. El Gobierno de coalición aprobó a finales de 2022 el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF), aunque de acuerdo con el Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha), no ha tenido un efecto corrector suficiente. Y esto es así porque de los más de 934.000 millones de euros declarados como patrimonio por los 228.000 ciudadanos más ricos, casi la mitad (un 44,3%), no se tiene en cuenta para el cálculo del impuesto de patrimonio. La razón es que muchas participaciones empresariales de las grandes fortunas están exentas, como también ocurre con las acciones.

“Las rentas del capital tienen un trato privilegiado en el impuesto sobre la renta porque gozan de un tipo máximo del 28%, mientras que las del trabajo pueden llegar al 48%. Ahí lo lógico sería que las rentas del capital tuvieran el mismo trato que las rentas del trabajo. El objetivo es solo que los ricos paguen como si trabajaran”, explica el economista.

En Francia se ha abierto un debate sobre si es posible un impuesto efectivo sobre los grandes patrimonios. Algo que vaya más allá de los horizontes o de los discursos políticos. “Estamos asustando a una parte del país con impuestos que nunca se implementarán”, señaló hace unas semanas el primer ministro francés Sébastien Lecornu en un foro empresarial.

Gimeno remarca que sí hay formas realistas de hacer más justo el sistema. “Una de las cuestiones fundamentales es revisar todas las bonificaciones y beneficios fiscales que existen en los impuestos: en renta, pero sobre todo en sociedades”, explica. Sobre todo, remarca, si esas bonificaciones van destinadas a rentas altas, como por ejemplo la que atañe en Madrid a la compra de uniformes escolares “más habituales en colegios concertados y privados” o a la compra de bicicletas eléctricas “que por su precio, no están al alcance de las rentas bajas”, concluye.

Otro punto, explica el experto, sería intervenir fiscalmente en las grandes herencias a través del impuesto de sucesiones, ya que también se ha dado una competencia la baja entre comunidades autónomas. “Las grandes herencias, que son las que explican el 70% de la desigualdad en España, deben tener un impuesto, como vía para avanzar un poco más hacia la igualdad de oportunidades”, explica. Y propone un mecanismo que compense la baja fiscalidad que se da en algunas de ellas.

Sobre la dificultad de poner sobre la mesa medidas efectivas, el coordinador de la Plataforma por la Justicia Fiscal señala que las presiones desde “lobbies potentísimos” o la retórica de que la fiscalidad atenta contra la capacidad de crecimiento del país, son algunas de las cuestiones que enturbian el debate.

“La cifra de personas con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares ha crecido a un ritmo anual del 10% en las últimas décadas, pasando de 140 personas en los años 80 del siglo XX a 2.781 milmillonarios en la actualidad”. Con ese aviso a navegantes comienza el análisis sobre riqueza, desigualdad y recaudación que firman Kane Borders, Panayiotis Nicolaides y el economista francés Gabriel Zucman. Este último es, además, quien da nombre a la polémica tasa Zucman, una propuesta económica que plantea un impuesto mínimo del 2% a los patrimonios más altos y que ha generado una gran polémica en Francia al proponer una tasa que afectaría a los capitales de más de 100 millones. Su nombre está por todas partes y la razón es que pide más presión fiscal para los más ricos.

Las conclusiones de Zucman son rotundas: “A los milmillonarios se les aplican tipos impositivos efectivos inferiores a los de la población general, de modo que el aumento de la disparidad patrimonial exacerba las desigualdades a nivel mundial”. Así concluye uno de sus estudios, publicado por el Instituto Elcano y titulado El impuesto a los milmillonarios: dinámica de la riqueza y recaudación de un impuesto mínimo global.

Las voces en contra de estas tasas —entre las que se levanta la del empresario francés Bernard Arnault, con un patrimonio de 188.600 millones, según Forbes— dicen que subir impuestos provocará fugas de capital y que las rebajas fiscales pueden compensarse por su capacidad para atraer o retener capital inversor. En el otro extremo, otras voces responden que bajar impuestos daña gravemente la capacidad de invertir en lo que es de todos y exacerba la desigualdad al premiar a quienes más tienen.

Entre estos márgenes del debate se reparten partidarios y detractores de una medida hacia la que la Unión Europea (UE) ha dado algunos pasos. Y Zucman mete el dedo en la llaga: "Se calcula que los 499 milmillonarios europeos tienen un patrimonio de 2.418 mil millones de dólares [2,4 billones de dólares, ndr]. Un impuesto sobre el patrimonio del 2% generaría 48.400 millones en ingresos para los Estados", señala en un estudio del Observatorio Fiscal de la Unión Europea.

Para José María Mollinedo, economista del Sindicato de Técnicos Hacienda (Gestha), una reforma fiscal que desborde los márgenes de una región o abarque el ámbito europeo ayudaría "indudablemente" a reducir los movimientos de evasión y las fugas de capital. Para Gestha no son tan habituales como se quiere hacer creer, pero las diferencias en cuanto a fiscalidad también exacerban las desigualdades entre regiones. "Una regulación así, acabaría incluso con los movimientos de capital entre comunidades, en el caso de España", concluye.

Dos ejemplos a nivel nacional de esta problemática macroeconómica son Madrid y Andalucía. "En el caso de Madrid —que es además donde están el 60% de las fortunas de más de 10 millones de euros— existía una bonificación de este impuesto de patrimonio al 100%. Después, otras comunidades comenzaron a anunciar medidas similares, como es el caso de Andalucía", explica el economista de Gestha. Esta forma de dejar inoperativo el gravamen es lo que llevó al Gobierno a crear el conocido como impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (ITSGF). Además, es esta dinámica la que anima propuestas como la de Zucman, que, en uno de sus análisis, constata "que la mayor parte de la población de un país paga entre un 25% y un 50% de sus ingresos en impuestos a lo largo de toda la distribución de la renta, mientras que los milmillonarios y cienmillonarios pagan entre el 20% y el 25%".

Así, en Europa el debate en torno a la forma en que cotizan las grandes fortunas ha ido ganando espacio. En el caso de Francia, se ha propuesto desde la izquierda y los verdes como respuesta a su elevado déficit fiscal, pero ha desatado la ira de algunas fortunas, como es el caso del multimillonario Bernard Arnault.  El nuevo impuesto que plantea la izquierda gala propone una tasa mínima del 2% o el 3% que se aplicaría a todas las fortunas superiores a 100 millones.

Sin embargo, la propuesta lleva tiempo resonando. El pasado mes de marzo el Parlamento Europeo volvía a poner sobre la mesa la posibilidad de aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas. Una idea que había prendido a raíz de una propuesta ciudadana liderada por el antiguo presidente de la región belga de Valonia, Paul Magnette y en la que también participaba el economista Thomas Piketty, de cuya escuela es discípulo Zucman.

"La propuesta europea funcionaría como un tipo mínimo común del 2%, aplicable a nivel de la UE", explica el Rubén Gimeno desde el Consejo General de Economistas. "En el caso de países que ya gravan el patrimonio (como España), podría existir compatibilidad entre la tasa europea y el impuesto nacional, de modo que lo ya pagado en el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas se tendría en cuenta para alcanzar ese mínimo", concluye.

A nivel nacional, el debate sobre la fiscalidad de las grandes fortunas tiene un recorrido reciente. En 2022 el Gobierno de coalición aprobó el ITSGF para evitar que las bonificaciones y exenciones de las comunidades lo dejasen a cero. En el caso español, los tipos impositivos son de un 1,7% para patrimonios entre 3 y 5,3 millones; de un 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones y de un 3,5% para patrimonios superiores a los 10,6 millones. "Por tanto, un contribuyente con un patrimonio superior a 100 millones de euros en España tributaría al tipo marginal del 3,5%, muy por encima del 2% que plantea la tasa Zucman", remarca Gimeno.

Sin embargo, el sistema español no es tan duro como pueda parecer. Si se toman las exenciones, las bonificaciones y las reducciones de cuota que se pueden dar a nivel autonómico y nacional, el impuesto efectivo vigente en España está por debajo de los tipos que marca el gravamen de solidaridad. En concreto, Gestha lo cifra en un 0,2%. Y esto es así porque de los más de 934.000 millones de euros declarados como patrimonio por los 228.000 ciudadanos más ricos, casi la mitad (un 44,3%) no se tiene en cuenta para el cálculo del impuesto. ¿La razón? Muchas participaciones empresariales de las grandes fortunas están exentas, como también ocurre con las acciones. A esto se sumaría, explica Mollinedo, el hecho de que algunas comunidades autónomas amplíen las bonificaciones. "Solo en Madrid dejan de ingresarse 787 millones de euros por la regulación que la Comunidad hace del impuesto", concluye el fiscalista de Gestha. Así, una posible aplicación de la tasa Zucman sería más efectiva si salvase todas estas bonificaciones, concluye.

Los cálculos de Gestha en torno a la baja presión fiscal real que existe sobre las grandes fortunas encajan en los cálculos del economista galo: "Los milmillonarios del mundo tienen unos tipos impositivos efectivos muy bajos, de entre el 0% y el 0,5% de su patrimonio", señala en un estudio publicado en el Observatorio Europeo de Fiscalidad.

El ITSGF recaudó en 2023 (último dato definitivo) un 58% más que en 2022, de acuerdo con los datos de Gestha. En total, la contribución a las arcas públicas alcanzó los 1.970 millones de euros en 2023, frente a los 1.250 millones del año previo, cuando la recaudación se vio afectada "las bonificaciones adoptadas por algunos gobiernos regionales surgidos tras las elecciones autonómicas, siguiendo la estela que marcó la Comunidad de Madrid", concluyen los Técnicos de Hacienda.

Con la inesperada fama de Zucman, el debate se traslada ahora a Europa, aunque su vocación sea mucho más amplia y trate de abordar, sobre todo, el problema de la desigualdad y de la progresividad de los sistemas fiscales.

La querella por cinco delitos fiscales presentada por un grupo de juristas, catedráticos y periodistas el pasado noviembre contra Juan Carlos I por la supuesta comisión de cinco delitos contra la Hacienda Pública sigue viva. Sus promotores, entre los que se encuentra el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo o los periodistas Josep Ramoneda y Pilar del Río, han presentado ante la Sala de lo Penal del alto tribunal –la misma que archivó el caso el pasado mayo– un incidente de nulidad de actuaciones. Se trata del último trámite antes de la elaboración de un recurso de amparo para presentarlo ante el Tribunal Constitucional.

Los hechos denunciados se ciñen a las actividades que realizó presuntamente el rey emérito mediante dos fundaciones, Zagatka, con sede en Liechtenstein y Lucum, en Suiza, con el objetivo de ocultar sus ingresos y así evitar pagar impuestos en España. Según expone la querella, con estas fundaciones, Juan Carlos I habría financiado gastos personales, como por ejemplo viajes de lujo, vuelos e incluso la compra de armas. La cuantía total de esos delitos sería de más de tres millones y medio de euros, divididos entre cinco ejercicios fiscales y significarían unas penas de cárcel que irían de los 2 a los 6 años por cada uno de los delitos además de tener que pagar en concepto de multa seis veces el importe defraudado.

El escrito encuadra la actividad ilegal del rey emérito entre los años 2014 y 2018, es decir, con posterioridad a su abdicación, la cual se produjo el 19 de junio de 2014. De esta forma, los hechos que exponen no se encontrarían amparados por la inviolabilidad que llevaba aparejada su condición de Jefe de Estado y que ha hecho en el pasado descarrilar otros procedimientos en su contra. Aún así, y pese a su abdicación, Juan Carlos I sigue disfrutando de condición de aforado por su título de rey emérito, lo que hace que solo le podría juzgar el Tribunal Supremo. En este sentido, en el caso de ser admitida la denuncia, los querellantes solicitan la declaración de Juan Carlos I, la cual podría llevarse a cabo mediante videoconferencia desde su residencia en Abu Dhabi.

Tras recibir la querella, la Sala pidió informe a la Fiscalía que, el pasado marzo reclamó la inadmisión de la querella y su archivo al considerar que no aportaba "ni hechos ni fuentes de prueba distintos" de los que ya tuvo en cuenta el Ministerio Público en 2022 para archivar las diligencias que había abierto contra el padre de Felipe VI. Dos meses después, el tribunal archivó el caso al considerar que los hechos "no constituyen ilícito penal, se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributaria". Los magistrados acusaron a los querellantes de hacer una "selección fragmentada e interesada" de las diligencias que en su día elaboró y archivó la Fiscalía. "Nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal", mantuvieron.

El incidente de nulidad presentado ahora por los querellantes acusa a la Sala de haber incurrido en "incongruencia omisiva", un vicio procesal consistente en dejar de responder las pretensiones de las partes. Ese vicio, según el escrito habría conculcado el derecho a la tutela judicial efectiva de los juristas y escritores autores de la iniciativa. Los magistrados, según el documento, habrían vulnerado ese mismo derecho fundamental al denegar las pruebas que se solicitaron: las diligencias de investigación de la Fiscalía archivadas en 2022, las notificaciones enviadas a la representación del emérito avisándole de la existencia de esas diligencias, un informe de Hacienda sobre la fecha en la que se detectó la existencia de posibles delitos cometidos por el monarca y otro sobre las medidas adoptadas por la Agencia Tributaria para depurar responsabilidades administrativas o penales.

El previsible rechazo a este último recurso dará fin la vía penal ante los tribunales ordinarios y abrirá la posibilidad de actuar ante el Tribunal Constitucional mediante la interposición de un recurso de amparo. El objetivo es que el órgano de garantías aprecie la vulneración de la tutela judicial efectiva que denuncian los querellantes y obligue al Supremo a admitir e instruir la querella.

La jefa de la inspección tributaria en Madrid, Mercedes Urbano, que inició en mayo de 2022 la investigación sobre el empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, detalló el pasado marzo en un juzgado los indicios que le llevaron a denunciar el caso a la Fiscalía por fraude fiscal: "Se utilizan facturas falsas". Además, añadió que González Amador "hace la regularización cuando ya le han pillado". El País, la Cadena Ser y elDiario.es publican este jueves la declaración de dos horas y media de la inspectora que explicó ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, con argumentos técnicos, el caso por defraudar, presuntamente, 350.951 euros.

La jefa de la inspección tributaria detalló ante la jueza el trabajo que realizó entre mayo de 2022 y enero de 2024, antes de que se conociera el caso. Durante ese año y medio examinó las declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021 de las dos consultoras sanitarias de González Amador. Al comprobar que los hechos cumplían con los dos requisitos del delito de fraude fiscal —superaba los 120.000 euros defraudados por año y existía intención de delinquir— remitió a la Fiscalía el expediente de 187 páginas que incluía las 15 facturas que consideró falsas.

"Aquí tenemos dos delitos en contra de la Hacienda Pública. Un primer delito del ejercicio 2020 por el que se acusa a la sociedad Maxwell Cremona de haber defraudado una cuota de 155.000 euros. Y un segundo delito en contra de la Hacienda Pública, igual por el Impuesto sobre Sociedades de 2021, al mismo obligado tributario, por un importe de 195.591 euros. Entendemos que hay dos delitos en contra de la Hacienda Pública, aunque los dos ejercicios están muy relacionados porque se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria", explicó la inspectora según se recogen en los audios publicados.

La jefa de la inspección tributaria también detalló los motivos por los que saltaron las alarmas en la Agencia Tributaria: los números de Maxwell Cremona no cuadraban. "Lo que detectamos es que había un incremento muy considerable de los ingresos en 2020 respecto de 2019. En concreto, tiene unos ingresos de 2,3 millones de euros, aproximadamente", explica la inspectora a la jueza al tiempo que detalla que "el hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo": "Lo que es llamativo es que baja la tributación, lo que no nos resulta lógico. Si tengo 375.000 euros de ingresos en 2019 y paso a 2,3 millones en 2020, pues tendré que incrementar la cuota tributaria. Y, por el contrario, nosotros verificamos que no".

En concreto, se trata de la justificación de varios trabajos con abultados ingresos: uno en México y otro en Costa de Marfil. En el país americano no encuentran el trabajo por el que la sociedad de González Amador había facturado supuestamente 620.000 euros en 2020. Y lo mismo sucede con el otro que era un encargo de una empresa por 900.000 euros.

"Cuando hemos detectado esta irregularidad, es el momento en que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura. Una factura que ya estaba recogida en su contabilidad, que ya se la había deducido fiscalmente dentro de sus declaraciones. Entonces, vamos a decir, esta regularización, la hace cuando ya me ha pillado la Agencia Tributaria, cuando ya he necesitado procedimiento inspector [...]. Es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación", explica la jefa de la inspección tributaria.

Uno de los abogados de González Amador aprovechó su interrogatorio para preguntarle a la inspectora sobre cuándo tiene conocimiento de que es la pareja de Ayuso. "Esto es un tema personal que yo no tengo por qué responder", responde la inspectora que repite esta idea ante las repreguntas del letrado.

El mismo día que declaró esta inspectora de Hacienda, también declaró durante cuatro minutos otra inspectora que fue la encargada de redactar el informe jurídico tras las averiguaciones de la primera.

El pasado 29 de mayo, la jueza dictó auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, en el marco de la pieza principal. González Amador recurrió en reforma ante la jueza pero esta rechazó su recurso al sostener que los indicios contra él se basan en informes de la Agencia Tributaria y en una serie de documentos que "ponen de manifiesto la extensa y pormenorizada investigación llevada a cabo por peritos imparciales".

A la vez, continúa investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios con Quirón Prevención, en la que las acusaciones que ejercen Más Madrid y el PSOE sospechan que pagó a la mujer de un directivo de esta empresa una comisión encubierta de 499.836 euros.

La economía de Juan Carlos de Borbón parece ir viento en popa en la Perla del Desierto. Y la liquidación de la abultada deuda que mantenía con su círculo más cercano da buena cuenta de ello. Un lustro después de su aterrizaje en Abu Dabi, donde huyó en plena investigación sobre su fortuna, el rey emérito ya ha devuelto todo lo que le prestó su círculo cercano para saldar las deudas con Hacienda. Millones generados, según dicen en su entorno, con la venta de algunos derechos y algunas operaciones comerciales en las que participa el emérito a miles de kilómetros de distancia del fisco al que defraudó.

El monarca abandonó España en el verano de la pandemia. Lo hizo, según dejó escrito en una carta, para facilitar la labor a su hijo, Felipe VI, ante "la repercusión pública" que estaban generando "acontecimientos pasados de mi vida privada" –eufemismo para referirse a la aparición de la fortuna que ocultó al fisco–. Lo cierto es que por entonces la situación en Zarzuela se había convertido en insostenible, con un goteo continuo de informaciones sobre negocios oscuros y cuentas en paraísos fiscales. Tan a podrido olía todo que Felipe VI anunció su renuncia a la parte que le correspondiera de la herencia y a retirar la asignación económica anual a su padre.

Para comenzar su nueva vida, el emérito eligió la península arábiga. Justo, el epicentro de su fortuna oculta. En 2008, la autocracia saudí le transfirió 65 millones de euros a una cuenta opaca en Suiza. Y dos años después, el sultán de Baréin le regaló otros 1,4 millones. Pero el exjefe de Estado no eligió ninguno de estos dos Estados. Prefirió instalarse en Emiratos Árabes Unidos, donde también tiene un buen círculo de amistades plagado de jeques y príncipes. Y es desde ese pequeño país del golfo pérsico desde donde ha seguido el desarrollo y la culminación de las investigaciones que le han perseguido.

Pese a todo, el monarca ha esquivado el mazo de la justicia. Y una investigación penal contra él por fraude fiscal ya se torna imposible, a la luz del cerrojazo impuesto hace unos meses por el Tribunal Supremo. Lo cual no quiere decir, sin embargo, que no se haya encontrado reproche alguno en sus acciones. Si el emérito se ha librado ha sido, más bien, por una combinación de prescripción, inviolabilidad y regularización fiscal. Porque la investigación realizada en su día por la Fiscalía del Alto Tribunal puso de manifiesto que Juan Carlos de Borbón ocultó durante años parte de su fortuna al fisco.

Así, el decreto de archivo del Ministerio Público puso de relieve que el emérito "no incluyó" en sus autoliquidaciones de IRPF "rentas y rendimientos obtenidos en las cuentas abiertas" en un banco suizo por la fundación Lucum, cuyo titular real era el exjefe de Estado. Y llegó a cifrar en hasta 56 millones de euros lo que defraudó entre 2008 y 2012. Pese a estos hechos contrastados, la Fiscalía no presentó querella porque "los posibles delitos fiscales" cometidos hasta 2011 "estarían prescritos" y el de 2012 "no sería susceptible de reproche penal" porque "estaba protegido por la inviolabilidad" –su abdicación no se produjo hasta 2014–.

Más allá de su etapa como jefe de Estado y de Lucum, la investigación también abordó el uso de fondos de un empresario mexicano amigo suyo para "gastos particulares" del monarca o los "cuantiosos gastos por el uso de aviones privados y servicios de alojamientos" originados por Juan Carlos I y abonados por la Fundación Zagatka, constituida en Liechtenstein por su primo. En ambos casos, al verse ya acorralado, el monarca decidió regularizar su situación con el fisco, lo que implica reconocer la deuda con Hacienda, para librarse del delito. En el primero, pagó 678.393,72 euros. En el segundo, 4,41 millones de euros.

Esta última cantidad, según se recoge en el decreto de archivo del Ministerio Público, procedía de los préstamos que le hicieron una docena de personas físicas y jurídicas. Un dinero que, según ha adelantado este miércoles el diario El Mundo, ya ha sido devuelto por el monarca. Esto supone que el emérito ha conseguido a lo largo de estos cinco años desde Abu Dabi recaudar más de cuatro millones para liquidar la deuda que tenía con el círculo de empresarios y aristócratas de confianza que le hicieron los préstamos para regularizar su situación fiscal.

Parte de esos ingresos proviene de la venta de sus derechos de imagen para la elaboración de un documental. Pero no solo eso. También, siempre según el citado medio, de su intermediación en operaciones comerciales. El papel del monarca como comisionista siempre ha sido un secreto a voces. Desde los últimos compases del franquismo, cuando en plena crisis del petróleo el dictador pidió ayuda al príncipe para que intercediese ante sus hermanos árabes. "A cambio de estos servicios, cobró una comisión y a todo el mundo le pareció muy normal", relata la periodista Rebeca Quintans en Juan Carlos I, la biografía sin silencios (Akal, 2015).

Unos negocios, sin embargo, realizados desde la más absoluta opacidad. En 2023, el emérito dejó de ser residente fiscal en España, si bien sus visitas al país son cada vez más frecuentes. Y esto le permite seguir engordando su fortuna lejos de la lupa del fisco español al que un día defraudó. O no dar explicaciones sobre quién financia los aviones en los que viaja o quién costea su vida en Abu Dabi. En este sentido, no obstante, la normativa de regalos de la Casa Real deja claro que los miembros de la Familia Real, a la que pertenece el emérito, "no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones".

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) asumirá a partir de 2028 algunas funciones en la gestión del IRPF y su identidad visual comenzará a utilizarse en comunicaciones con los contribuyentes, según consta en el plan director del organismo hecho público este jueves por el Govern catalán y recoge EFE. La intención inicial, según el pacto entre el PSC y ERC que dio a Salvador Illa la presidencia de la Generalitat, era de que “a lo largo de 2026″, Cataluña asumiera parte de esas competencias.

La Generalitat de Cataluña encargó a principios de este año a la consultora Minsait, del grupo tecnológico Indra, la redacción de una hoja de ruta para la primera fase del despliegue de la hacienda catalana, con el objetivo de que la ATC "en el futuro acabe asumiendo la recaudación de todos los tributos, empezando por el IRPF", ha señalado en un comunicado el departamento de Economía.

El plan prevé que en 2027 la agencia esté en condiciones de asumir por completo la asistencia en la campaña de la renta -ahora la ATC colabora en esa atención con la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria)- y contempla que el organismo necesitará contratar más personal y abrir más oficinas.

Con relación a este anuncio, la consellera de Economía, Alícia Romero, defiende que la Agència Tributària de Catalunya debe avanzar "poco a poco" en la gestión del IRPF, pero hacerlo de forma "sólida" y "segura", para evitar "fugas de fraude fiscal" en esta transición en las tareas que ahora lleva a cabo la AEAT.

En declaraciones a EFE, Romero ha recordado que el IRPF supone un gran reto para la ATC porque se trata de un impuesto masivo y esta agencia apenas tiene unos 850 trabajadores, frente a los 4.400 de la AEAT en Cataluña.

La consellera ha asegurado que, de entrada, el Govern necesita que se aprueben "los cambios legales" pertinentes en el Congreso para poder gestionar al completo este impuesto.

En particular, el plan admite que la ATC debe ser capaz de desarrollar una plataforma tecnológica propia "a medio plazo" y que para gestionar el IRPF se deberán aprobar primero cambios en varias leyes estatales, entre ellas la ley orgánica de financiación de las comunidades.

El plan hecho público este jueves no facilita un calendario estimativo sobre cuándo podría llegar la ATC a asumir al 100% la gestión del IRPF, pero sí expone una hoja de ruta para la primera fase de despliegue de la Hacienda catalana.

El pacto entre PSC y ERC preveía arrancar la gestión de impuestos estatales con el IRPF, y en este punto la primera fase de transformación de la ATC prevé tres hitos.

El primero, que la ATC "prestará información y asistencia en la campaña de la renta de 2025, la que se hará en 2026, a los solicitantes de cita previa".

Sin embargo, el propósito de la Generalitat es que la ATC pueda acabar "asumiendo la totalidad de la asistencia de la campaña del IRPF en el año 2027", es decir, durante la campaña de la renta del ejercicio fiscal de 2026.

Para conseguirlo, el plan director prevé que el año 2026 se incorporen más de 400 agentes de refuerzo -en la campaña de la renta de 2024, la que se acaba de terminar, se han incorporado 102-.

Y de cara a asumir toda la asistencia de la campaña de la renta, en 2027 haría falta contratar temporalmente "más de 700 agentes, con la previsión de llegar a 360.000 contribuyentes", y para entonces se necesitarían también nuevas oficinas temporales y tener lista la adaptación técnica y de contenidos para facilitar dicha asistencia.

El segundo hito en esta fase inicial de despliegue de la ATC es que en la campaña de la renta de 2025, es decir, en el año 2026, la ATC debería "estar presente en la documentación que se facilita a los ciudadanos".

Finalmente, el tercer hito de esta fase inicial es que la ATC -a través del trabajo en red-, "colaborará en la aplicación de tributos y en la revisión de las actas y que tendrá presencia de identidad visual en las comunicaciones y actos administrativos dirigidos a los consumidores", precisa el comunicado del departamento de Economía. El objetivo es lograrlo en la campaña de la renta de 2027, es decir, en 2028.

El exministro del PP Rodrigo Rato ha pedido al juez de Tarragona que revoque su decisión inicial y le permita personarse como acusación en la causa a Cristóbal Montoro, al concluir que el acceso por parte del exministro de Hacienda a datos fiscales que le afectaban es "palmariamente delictiva", según informa EFE.

El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, que investiga una supuesta trama corrupta en Hacienda en la etapa de Montoro, acusada de modificar leyes para beneficiar a empresas a cambio de dinero, ha rechazado la personación de Rato y del exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, entre otros, al no ver delito en que el exministro recibiese correos de su equipo con datos fiscales de otros políticos.

En un recurso, al que ha tenido acceso EFE, Rato discrepa del juez -que sostiene que Montoro, debido a su cargo y funciones, estaba "plenamente autorizado" y "legitimado" para recibir este tipo de datos-, y advierte de que la transmisión de información fiscal reservada al entonces ministro de Hacienda "es palmariamente delictiva". "El acceso a dicha información está funcionalmente restringido a quienes participan en el concreto procedimiento tributario", apunta el recurso, firmado por la abogada de Rato, María Saló, del despacho Martell.

Por este motivo, Rato pide que el juez revoque su decisión inicial y le permita personarse en la causa como acusación particular, como "perjudicado" por unos hechos que considera son constitutivos de un delito de revelación de secretos.

"Por supuesto que un ministro de Hacienda tiene la responsabilidad política para orientar la actuación de la Agencia Tributaria y fijar las finalidades hasta en los Planes de Inspección y sus prioridades sectoriales y hasta de riesgo fiscal", admite el recurso de Rato. Pero por el contrario, puntualiza, el ministro "no tiene facultad ni derecho a conocer en el ejercicio de sus competencias la identidad concreta del contribuyente, ni los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria sobre su perfil fiscal".

Según Rato, el cargo de Hacienda reveló "ilegítimamente" estos datos reservados "a quien no podía conocerlos por razón de su función", ya que no estaba llamado a intervenir en el expediente tributario, por lo que el ministro accedió "ilegítimamente" al "secreto".

"Ni el ministro de Hacienda, ni su jefe de Gabinete, tienen cobertura normativa habilitante para acceder al dato reservado, pues no están llamados a intervenir en el expediente tributario de un ciudadano singular, ni en fase de inspección, gestión o sanción y, en cuanto no llamados a intervenir, tienen vedado normativamente su posibilidad de acceso", apunta.

Según el recurso, la "existencia y circulación" de este tipo de información, "fuera de los estrictos cauces legalmente previstos", supone una "vulneración de sigilo funcional y del principio de confidencialidad tributaria -secreto-" establecido en la ley tributaria y el reglamento de inspección.

En este sentido, insiste que el ministro de Hacienda "no tiene competencia en materia de comprobación, inspección, gestión o sanción tributaria" y sostiene que cualquier uso de los datos fiscales fuera del procedimiento "legalmente previsto" comporta una "intromisión ilegítima en la intimidad personal" y una "infracción del principio de legalidad".

"El ministro de Hacienda es el máximo responsable político del ministerio y desarrolla la acción de gobierno y la potestad reglamentaria de su departamento, pero no forma parte de ningún órgano técnico encargado de ningún procedimiento tributario concreto, como sí lo son los funcionarios competentes de la Agencia Tributaria (AEAT), custodios (garantes) del secreto", remarca el recurso.

En este sentido, subraya que los funcionarios que custodian estos datos fiscales no deben comunicarlos ni cederlos a nadie que no esté "específicamente habilitado por ley": "Y el ministro no lo está".

"Este estricto marco de confidencialidad y sigilo es el lógico correlato de las exorbitantes competencias que ostenta la Administración Tributaria para investigar la conducta fiscal de los ciudadanos", expone.

Según Rato, cuando Montoro recibió el correo, accedió a los datos, sin que conste que lo rechazara ni instara a perseguir penalmente a quien le hizo una "cesión ilegítima" de información reservada, por lo que podría ser, a su juicio, cooperador necesario por omisión por no haber ejercido los "deberes legales que le concernían" para evitar que se le suministrara "una información cuando era evidente que no podía recibirla legalmente".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que el Ejecutivo hará un análisis exhaustivo de las leyes con las que supuestamente el exministro Cristóbal Montoro benefició a empresas para revertir los efectos y los privilegios que hubieran podido obtener. El líder del Ejecutivo se ha referido a la situación de Montoro, imputado entre otros delitos por cohecho, fraude, prevaricación y tráfico de influencias, en una conversación informal con los periodistas que han seguido su gira por el Cono Sur y que ha concluido en Paraguay, según informa EFE.

Tal y como hizo el día anterior en rueda de prensa en Uruguay, el jefe del Ejecutivo remite a la justicia en este caso, pero incide en que evidencia una forma de gobernar de las administraciones del PP, ya que Montoro fue ministro tanto con José María Aznar como con Mariano Rajoy.

Lo que el Gobierno prevé hacer, tal y como se había apuntado desde Hacienda y ha garantizado Sánchez, es un análisis detallado, exhaustivo, de las leyes que impulsó Montoro con la intención de favorecer a determinadas empresas. Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, el objetivo es revertir los efectos y los privilegios que hayan podido obtener esas empresas como consecuencia de esas decisiones.

El juez que ha imputado al exministro Montoro investiga si los socios del bufete que fundó, Equipo Económico, crearon un "entramado societario" para desviar fondos obtenidos con su presunta actividad delictiva, que la Guardia Civil y los Mossos sospechan fue más allá de favorecer a empresas gasistas.

En un auto de mayo de 2024, que consta en el sumario, el juez apunta, en base a los informes policiales, que la "operativa mostrada con el sector de las gasistas", consistente en contratar supuestamente a Equipo Económico para la "buena consecución" de reformas legislativas a su favor, "podría haberse dado con otras empresas de diferentes sectores, como pudieran ser Madrid Network, Ferrovial o Abengoa".

Sánchez ha insistido en que los gobiernos de Aznar y Rajoy hicieron una utilización espuria de las instituciones, en este caso de la Agencia Tributaria, para beneficiar a una élite. Ha recordado asimismo que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó en el último congreso de su partido la labor de los dos expresidentes, cuando se ha conocido poco después el caso en el que está imputado Montoro.

Ante el hecho de que vuelva a hablarse ahora de corrupción en el PP después del caso Cerdán en el PSOE, recalca que no es una cuestión de empatar en esta materia, porque en ella aseguró que el Partido Popular gana por goleada

En esta misma conversación informal, Sánchez ha asegurado estar fuerte y "con las pilas cargadas" para seguir afrontando el resto de la legislatura tras la crisis provocada por el caso Cerdán, que lamenta que pueda opacar los logros del Ejecutivo en medio de una situación internacional difícil y en minoría parlamentaria. El presidente del Gobierno traspasa el ecuador de la legislatura, al que se ha llegado este miércoles, determinado a seguir y "sudando la camiseta".

Respecto a la situación de Cerdán, ha reiterado que es el momento de la justicia y hay que dejar que trabajen los jueces, pero sí ha hecho hincapié en que él ha actuado rápido y ha tomado decisiones contundentes. Ante la incertidumbre de que pueda haber más sobresaltos en el PSOE por casos de corrupción, ha insistido en manifestar su absoluta tranquilidad por el hecho de haber respondido con esa contundencia y determinación.

Después de que asegurara tras estallar el caso Cerdán que pensó todas la opciones, incluido dimitir, ha afirmado que él esta bien, fuerte, "con las pilas cargadas", y ha tenido tiempo de poner en valor las cosas y hacer un balance de todo lo logrado. Sí ha llegado a confesar que le da rabia que este tipo de casos puedan provocar desconfianza y opaquen la labor que está haciendo el Gobierno. En concreto, ha puesto en valor los buenos datos económicos y los avances sociales en un difícil contexto internacional y con países como Francia anunciando recortes.

También ha admitido que no está siendo fácil sacar adelante las iniciativas legislativas al estar en minoría y sufrir derrotas como la de este martes al no prosperar en el Congreso el real decreto ley antiapagón. Pero ha asegurado que el 45% de los objetivos previstos para los cuatro años de mandato ya se han materializado y que se ha conseguido ganar el 86% de las votaciones en la Cámara baja. Un porcentaje que ha recordado que no está lejos del 90 % de la legislatura en la que triunfó en 2018 su moción de censura, ni del 89% de la legislatura posterior.

Entre las iniciativas que han visto la luz en la presente, no hay ningún nuevo presupuesto del Estado, pero el jefe del Gobierno recalca que hay cuentas prorrogadas y, además, unos fondos europeos que están permitiendo cumplir con su hoja de ruta en materia de política social. Perder alguna votación lo enmarca en la normalidad de un Gobierno en minoría que tiene que pelear cada iniciativa en un Congreso que ha recalcado que no tiene mayoría de izquierdas ni de derechas pero en el que sólo existe un grupo, el socialista, capaz de articular en positivo políticas para el país.

Frente a los logros del Gobierno, Sánchez ve un PP de disco rayado, de oposición destructiva y anuncios apocalípticos continuos, y ha lamentado los ataques personales que afirma que está sufriendo por parte de Feijóo. Unos ataques que cree que lo que demuestran es que cuando se cae en esa crítica y no en la de carácter político, se carece de argumentos y evidencia su frustración y la impotencia de construir una alternativa. Además, ha augurado que si esa es la estrategia que va a mantener el Partido Popular, perderá las próximas elecciones.

Que el PP se oponga a iniciativas como el real decreto ley antiapagón cree que hace palpable que su objetivo es destruir, pero castigando no solo al Gobierno, sino también a las empresas y los ciudadanos. Sobre ese decreto, ha vuelto a mostrarse convencido de que se aprobará en el Congreso cuando se presente de nuevo, aunque no ha concretado si se hará en septiembre o más adelante.

Ante la posibilidad de que acometa una crisis de Gobierno a la vuelta del verano, se ha limitado a afirmar que está muy contento con la composición de su Ejecutivo, y lo que ha explicado que va a ocurrir en septiembre es que va a seguir habiendo un país que avanza, con medidas que sigue logrando sacar adelante el Gobierno y, enfrente, un Partido Popular que patalea.

El presidente del Gobierno ha restado importancia a las encuestas que muestran un desgaste del Ejecutivo, y ha emplazado al momento en el que haya que ir a las urnas y cuando los ciudadanos se respondan a las preguntas que tengan que hacerse entonces.

Raquel Catalá, hermana del exministro de Justicia y exmiembro del consejo de administración de Codere, Rafael Catalá, aparece en el sumario del caso Montoro por su papel como delegada de la Agencia Tributaria (AEAT) en el ‘sablazo’ de Hacienda a las operadoras de juego extranjeras.  

La hermana del exdirigente del PP, según la propia Agencia Tributaria, también le facilitó a uno de los imputados de la trama, entonces director de la AEAT, datos fiscales sobre los también imputados socios de Equipo Económico, el despacho de Cristóbal Montoro en el centro de la trama. 

A petición del juzgado de Tarragona que instruye la causa, la AEAT entregó en junio de 2023 un informe sobre la participación de algunos de sus funcionarios en la “red de influencias” que presuntamente tramitó reformas legislativas para favorecer a clientes del despacho de Montoro. 

Según este informe, en noviembre de 2017, Raquel Catalá, entonces delegada especial de la AEAT en Madrid, envió a Santiago Menéndez Menéndez, en aquel momento director de la AEAT, e imputado en la causa, un correo con cuatro documentos adjuntos con datos fiscales de los cuatro principales socios de Equipo Económico: Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, Salvador Ruiz Gallud y Francisco Piedras Camacho, todos ellos imputados en la causa. 

La persona destinataria de ese email, Santiago Menéndez, según un informe de los Mossos d’Esquadra contenido en la causa, al que ha tenido acceso infoLibre, recibió entre 2010 y 2011, 4.700 euros del entorno de Equipo Económico. 2.200 euros procedían directamente del despacho y otros 1.500 de la empresa Econodos, propiedad de Martínez Rico a través de Falumar Inversiones SL. Martínez Rico es el actual presidente de Equipo Económico y fue secretario de Estado con Montoro. El informe no detalla el motivo de los pagos. 

El contenido de los archivos adjuntos enviados por Raquel Catalá a Santiago Menéndez no es accesible, según declara la AEAT en su informe, pero el texto del correo hace referencia a “datos con fechas liquidadas y datos de recaudación y de tribunales". La AEAT asume que los documentos son “relativos a procedimientos dirigidos frente a los principales socios de Equipo Económico” y sugiere al juzgado “indagar sobre su trazabilidad, contenido y finalidad, considerando la coincidencia temporal con los procedimientos de inspección” a los socios del despacho. 

Como delegada especial, Catalá tenía acceso a toda la base de datos fiscales de contribuyentes, aunque estaba "sujeta al mismo sistema de control que todos los funcionarios de la agencia, y podía ser auditada y tener que justificar los accesos", según aclaran fuentes de la AEAT. Este medio se ha puesto en contacto con Raquel Catalá para consultar sobre el contenido de los adjuntos que envió, pero a fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta. 

En la causa también se cita a Raquel Catalá por su participación en la maniobra de Hacienda mediante la cual se gravó a las operadoras de juego extranjeras, que fue ejecutada por la delegación especial de Madrid, de la que Catalá fue jefa de 2012 a 2018. La causa recoge un correo electrónico enviado por Catalá a Santiago Menéndez con las previsiones de cifras a liquidar por parte de las empresas extranjeras. 

La decisión de Hacienda de gravar a las operadoras radicadas fuera de España con más de 150 millones de euros fue recogida por la agencia estadounidense Bloomberg, que hizo notar que Codere, cliente de Equipo Económico y de cuyo consejo de administración formó parte Rafael Catalá, era la “principal potencial beneficiada”. El artículo desencadenó el rechazo del Ministerio de Hacienda, que solicitó a Bloomberg una rectificación, según consta en la causa. El medio estadounidense, lejos de corregir su información, la respaldó en un burofax enviado al ministerio, en el que volvió a hacer hincapié en el beneficio que la medida suponía para Codere.

Otro informe de los Mossos d’Esquadra recogido en la causa recoge un correo de Raquel Catalá enviado en abril de 2017 en el que propone a una trabajadora del ministerio para el puesto de jefa regional de aduanas. Según el informe, en mayo de 2019, cuando cambió de destino, la trabajadora ocupaba el cargo para el que Catalá la había propuesto.

Los Mossos citan este correo junto a otros cinco ejemplos bajo el epígrafe “Contratación de personas afines en puestos de relevancia dentro de la Administración”, de lo que se desprende que consideran a Raquel Catalá parte de la trama investigada. En ese email en concreto llama la atención la respuesta de Santiago Menéndez, que pide que “no le envíen ese tipo de correos”. 

Conversaciones de 2019 entre Juan Vicente Bonilla, el exagente de la UCO fichado por Ayuso para dirigir la seguridad corporativa del Servicio de Salud, y su confidente e investigado en la trama de los hidrocarburos, José Luis Caramés, hacen referencia a una posible interacción de los hermanos Catalá con las empresas investigadas en dicha trama. Según una información publicada por Canal Red y amplificada en X por José Luis Ábalos, Catalá ofreció a empresas de la trama hablar con su hermana Raquel, supuestamente para lograr un trato de favor de la AEAT. 

Sin embargo, tanto el artículo de Canal Red como el post de Ábalos presentan a Raquel Catalá como delegada especial de la AEAT de Madrid en 2019, cuando tuvo lugar la conversación que publica el medio. Pero en esa fecha y desde 2018, ese puesto lo ocupaba Soledad Fernández Doctor y no Raquel Catalá, que había sido cesada.  

Hubo un tiempo en el que Fernando Peña Álvarez lo fue todo. O casi todo. Con un brillante currículo, tan solo le quedó ocupar un despacho ministerial. Llegó a ejercer funciones de asesor dentro del Gobierno. Y con el paso de los años se convirtió en uno de los asesores fiscales más cotizados por la jet set. Pero aquellos días de vino y rosas ya no son más que un recuerdo del pasado. El mazo de la justicia acaba de bajarlo directo a los infiernos. Quien fuera en su día todo un referente en materia tributaria, hoy no es más que el protagonista de una de las mayores condenas impuestas a un fiscalista. Ochenta años de cárcel. Una pena que, en su mayor parte, se deriva de los acuerdos alcanzados por sus clientes con Fiscalía.

Peña mostró interés por los impuestos desde su juventud. De ahí que se convirtiese en inspector financiero y tributario del Estado, siendo el primero de su promoción. De su enorme proyección de futuro da buena cuenta su papel como jefe del Servicio de Asesoramiento Técnico en el gabinete del Ministerio de Hacienda. O como asesor de asuntos financieros en Presidencia del Gobierno. Pero a finales de los ochenta decidió dar el salto al sector privado. No parecía contento con el sueldo de los empleados públicos. "La Administración debería cuidar el posible mantenimiento de los funcionarios, dándoles una buena carrera administrativa y unas mejores retribuciones", decía a comienzos de los noventa en televisión.

Fue a mediados de aquella década cuando echó a andar Nummaria, el despacho de asesoría fiscal y contable que ha sido su perdición. Ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital, llegó a contar con varios centenares de clientes. Algunos de ellos, vip. Pero todo se torció en la primavera de 2016, cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron el bufete en el marco de unas pesquisas por un supuesto fraude fiscal. Nacía así el caso Nummaria, en el que se han visto implicadas más de una treintena de personas y que ha culminado esta semana con el duro golpe de la Audiencia Nacional.

La sentencia considera probado que el exinspector de Hacienda "realizaba" actividades "ilícitas" bajo la "cobertura de la asesoría fiscal". Y que para evitar ser detectado "creó un entramado" de sociedades en España y fuera de nuestras fronteras. Una compleja maraña de estructuras jurídico-económicas "diseñadas, implementadas y gestionadas" por el despacho cuya dirección "ejercía" Peña. Estas estructuras fueron utilizadas "para facilitar la opacidad de las operaciones", tanto de dicho bufete como de sus clientes, "bien frente a la Hacienda Pública, bien frente a otras terceras personas físicas y jurídicas" que ostentaban algún derecho de crédito contra aquellos.

El mecanismo utilizado para evitar la tributación del Impuesto de Sociedades, el IVA o el IRPF consistía, normalmente, en el siguiente esquema. Las rentas de las personas físicas o de las sociedades operativas se desplazaban hacia un primer grupo de entidades –UTE o comunidades de bienes– que "tributan en régimen de transparencia", las cuales son titularidad (con un alto porcentaje de participación) de Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE). Estas últimas, a su vez, están participadas en su mayor parte por sociedades residentes en Reino Unido –las limited–. Y un gran número de estas, al mismo tiempo, por un puñado de sociedades costarricenses.

Una cadena, en definitiva, para el "transporte" de "rentas" desde "donde habrían debido tributar" hacia "donde no tributan". La sentencia vincula al fiscalista con un grupo de 22 sociedades, 6 comunidades de bienes, una sicav –sociedad de inversión de capital variable– y una fundación, todas ellas domiciliadas en Madrid y utilizadas tanto para esconder el patrimonio de Peña u ocultar las "cuotas tributarias de la actividad de asesoría fiscal y contable" como para utilizar de "instrumento polivalente" en las "estructuras de fraude" que el bufete diseñaba y comercializaba a sus clientes. Y con otras tres AEAI y una UTE.

En el extranjero, el fiscalista, que ha estado representado por el abogado y ex ministro del Interior Antonio Camacho –el mismo letrado que lleva la defensa de la mujer del presidente del Gobierno–, utilizaba para "ocultar parte de su patrimonio y de las rentas generadas por su actividad" sociedades, todas ellas "bajo su control", ubicadas en Suiza –Newbury Services SA y Dacsa International SA–, Panamá –Kingman Group SA, Bernina Overseas SA o Dollhouse SA– Costa Rica –Faverty Trading SA– o Portugal –Esferaguda Lda e Indicecardinal Lda–. La sentencia, del mismo modo, también vincula a Peña con otras en Canadá, Luxemburgo o Uruguay.

Algunas sociedades fueron empleadas en adquisiciones inmobiliarias. La costarricense Faverty Trading, por ejemplo, para la compra de "varios inmuebles" en Uruguay. Y las portuguesas Esferaguda o Indicecardinal para la adquisición de dos apartamentos en el país vecino. Y para "ocultar" que "poseía el control y la verdadera titularidad" de estas últimas, el capital social de las mismas era detentado por otras dos inglesas –Tanswell Trading Limited y Coralmead Trading Limited–, que a su vez pertenecían a las sociedades costarricenses Hillside Finance SA y Dudley International SA –en el caso de la primera– y a las uruguayas Parknaor SA y Keynes SA –en el caso de la segunda–.

Peña presentaba anualmente sus declaraciones por el IRPF y el IVA. El problema es que los importes declarados en las mismas resultaban "incongruentes con la verdadera dimensión" de la actividad profesional de asesor fiscal que realizaba en el despacho. "Incongruentes, asimismo, con los ingresos anuales que él mismo declara obtener de su actividad ante la entidad suiza UBS de 1.250.000 euros anuales y, también, con el elevado patrimonio que titulariza a través de sociedades, tanto en España como en el extranjero", recoge el fallo de la Audiencia Nacional, que llega a hablar de "más de cincuenta inmuebles".

Los magistrados cifran en cerca de 16 millones de euros lo defraudado por el fiscalista entre 2010 y 2015, ambos ejercicios incluidos –9,86 millones por el IRPF y 5,84 millones por el IVA–. Y es ahí, precisamente, donde radica casi la mitad de su condena: 32 años de cárcel por una docena de delitos contra la Hacienda Pública. "No nos encontramos con que el acusado tratara de buscar dentro de la legalidad la forma más favorable de tributar, lo que resulta legítimo en el ámbito de una economía de opción, sino de sortear esa legalidad acudiendo a un sistema que distorsionaba la realidad del hecho imponible hasta hacerla irreconocible", concluye el tribunal.

Los otros 48 años restantes, sin embargo, le han caído como cooperador necesario por los delitos cometidos por los clientes condenados en el mismo procedimiento. Precisamente, aquellos que evitaron dar la batalla judicial y reconocieron los hechos a cambio de penas más suaves. Cada conformidad alcanzada con la Fiscalía y cada condena derivada de la misma ha engordado más y más la pena contra el fiscalista, que, no obstante, no cumpliría más de nueve años de cárcel en caso de ratificarse la sentencia, contra la que aún cabe recurso. El Código Penal fija que "el máximo de cumplimiento efectivo" de la condena "no podrá exceder del triple del tiempo" por la pena más grave –tres años en este caso–.

El de Imanol Arias es uno de esos casos que ha arrastrado aún más hacia el fondo al asesor. El Ministerio Público pedía 27 años de cárcel para él. Y el actor decidió no arriesgar. De la mano del abogado José Antonio Choclán, especialista en conformidades, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Arias reconoció haber defraudado dos millones de euros a cambio de una pena de dos años y dos meses de prisión –si bien no ingresará en la cárcel–. Cinco delitos fiscales confesados por el actor que, al mismo tiempo, engordan en ocho años la condena impuesta al asesor en concepto de cooperador necesario.

La sentencia considera probada la participación del despacho Nummaria "en el diseño y funcionamiento" de la estructura empleada por Arias "para eludir el pago de impuestos por las rentas": "Peña no se ha limitado al mero asesoramiento jurídico mediante actos neutros ajenos a la dinámica de la comisión de los delitos tributarios; sino que sus actividades han sido decisivas en relación con la ideación y ejecución de esos delitos". Una "maniobra fraudulenta" que en el caso del actor consistía en la utilización de un "entramado societario" y el "uso fraudulento de la figura de la renta vitalicia" con el objetivo de aplicar una reducción en la tributación.

Ana Duato también recurrió a una estructura creada por Peña para transformar parte de las rentas de su trabajo como actriz en renta vitalicia, obteniendo una reducción de su tributación. Pero a diferencia de Arias, ella no pactó. Se enfrentaba a una petición de 32 años. Y ha salido absuelta. "No concurre acreditación suficiente de que la acusada conocía que estaba incumpliendo su deber de contribuir conforme a lo dispuesto en el ordenamiento tributario", recoge el fallo.

El mazazo judicial contra el asesor fiscal podía haber sido mucho mayor. La Audiencia Nacional ha librado a Peña del delito de organización criminal, por el que le pedía seis años de prisión –y que podría haber situado mucho más arriba la barrera de la pena máxima a cumplir–. Los magistrados no consideran probado que el despacho se pusiera en marcha para la comisión de delitos o que su funcionamiento evolucionase "hacia una actividad consistente principalmente" en ello. El único respiro para quien un día se codeó con las élites y hoy se ve en la cuerda floja. Un ingreso en prisión que, sin embargo, no será una realidad mientras no adquiera firmeza la condena impuesta.

La Agencia Tributaria (AEAT) ha devuelto ya 9.100 millones de euros a 12.577.000 contribuyentes al término de la campaña de la declaración del IRPF correspondiente a 2024, lo que supone un crecimiento del 5,8% respecto al importe devuelto al cierre de la campaña de hace un año, según ha informado EFE.

Estas cifras suponen que ya se han abonado el 78,9 % de las devoluciones solicitadas en número y el 66,5% de los importes reclamados, según explica la AEAT este miércoles en un comunicado.

A la conclusión de la campaña se han presentado 24.570.000 declaraciones, un 2,3% más que el año pasado, de las cuales 15.932.000 son con resultado a devolver y 6.934.000, a ingresar.

El plan "Le Llamamos" de asistencia telefónica personalizada ha sumado 1.188.000 declaraciones presentadas, un 5,3% más que el año anterior, y un año más ha sido el principal sistema de presentación.

La asistencia en oficinas ha crecido a un ritmo similar, con 873.000 declaraciones presentadas, un 5,1% más que el año pasado.

A través del servicio web "Renta directa", más ágil para rentas simples que no requieren modificación del borrador, se han presentado 1.019.000 declaraciones, mientras que a través de la aplicación móvil se han registrado 696.000 declaraciones, un 7,6% más.

Hasta el momento, se han presentado 44.900 declaraciones complementarias de contribuyentes que han rectificado su declaración a partir de la carta remitida por la Agencia, evitando de esa forma una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.

Este año se ha mantenido la campaña de envío de cartas -además de los avisos en la web y en la aplicación- a los contribuyentes que presentaron su declaración modificando información aportada por la AEAT, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información.

En paralelo a la campaña de renta se ha desarrollado también la correspondiente al impuesto sobre el patrimonio, a cuyo término se han contabilizado más de 226.000 declaraciones. El importe a ingresar ha alcanzado los 2.133 millones de euros.

La declaración la tienen que hacer los contribuyentes con cuota a ingresar, tras deducciones y bonificaciones, así como aquellos sin cuota a ingresar que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los dos millones de euros.

El plazo para presentar la declaración de la renta de 2024 termina este lunes para todos los contribuyentes y todos los canales -internet, teléfono y presencial en oficinas-, según el calendario disponible en la página web de la Agencia Tributaria.

La campaña de la renta comenzó el pasado 2 de abril para la presentación de declaraciones por internet, un canal al que se añadió la posibilidad de presentar la liquidación por teléfono a partir del 6 de mayo y, desde el 2 de junio, de manera presencial en oficinas.

Todas estas opciones continúan abiertas hasta este lunes -siempre que se cuente con cita previa en el caso de la atención telefónica y la presencial-, así como la posibilidad de rectificar una declaración ya presentada si se ha detectado algún error.

La Agencia Tributaria espera recibir 24,57 millones de declaraciones en esta campaña, un 3,1% más que el año pasado, de las que siete de cada diez saldrán a devolver.

En los dos primeros meses de campaña la Agencia Tributaria había devuelto 5.516 millones de euros a 7.965.000 contribuyentes, lo que supone el 73,5% de las solicitudes de devolución realizadas y el 60% de los importes a devolver que se han solicitado.

Las sanciones por no presentar la declaración de la renta a tiempo pueden ser de entre el 50% y el 150% del total de la deuda para las declaraciones que salgan a pagar, porcentaje que puede aumentar si Hacienda considera que ha sufrido un perjuicio económico o si esto ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Los asesores fiscales de TaxDown también recuerdan que si la declaración sale a devolver y no se presenta, el contribuyente podría afrontar una sanción de 100 euros si Hacienda no le notifica y de hasta 200 euros si recibe el requerimiento de la Agencia Tributaria.