Del 'caso Cerdán' al juicio de la 'Kitchen': PSOE y PP afrontan un turbulento nuevo año judicial

Si el que cierra ha sido uno de los años más intensos que se recuerdan a nivel judicial, con procedimientos y sentencias nunca antes vistas, el que está por venir se espera igual de turbulento. Gobierno y oposición surcarán el 2026 con la mirada puesta en los tribunales, cuya actuación, como hasta ahora, marcará la agenda política nacional. Los primeros, enredados en una hidra de investigaciones que conectan entre sí y que salpican a quienes fueran en su día auténticos pesos pesados socialistas. Y los segundos, metidos de lleno en un juego perverso que pasa por aprovechar esa munición judicial para disparar contra el Ejecutivo mientras tratan de obviar las diferentes causas que aún les salpican de una u otra forma.

El mayor desafío al que se enfrenta el PSOE y, por ende, la parte socialista del Gobierno es el derivado de la llamada Operación Delorme, –popularmente conocido, primero, como caso Koldo y, después, como caso Cerdán–. La primera rama de la investigación, el origen de todo, ya está concluida. Hace unos días, el instructor del caso en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, dictó auto de apertura de juicio oral contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por los contratos de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción pide para los dos primeros 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente. La celebración del juicio se prevé para la próxima primavera. Pero antes, el Alto Tribunal deberá decidir si mantiene en prisión al exasesor y extitular de Transportes, a quien se acusa de percibir dádivas por parte de los empresarios implicados –desde el disfrute de una casa en Cádiz en el verano de 2021 al arrendamiento de un piso en pleno centro de Madrid para quien fuera su pareja–. A mediados de enero, la Sala de lo Penal del Supremo revisará las apelaciones de ambos contra su entrada en prisión provisional.

Las pesquisas continúan, por su parte, en la otra pieza de la causa: la que se centra en el supuesto pago de mordidas a cambio de contratos de obra pública. Derivada en la que emerge como protagonista principal quien hasta hace no mucho fuera hombre fuerte de los socialistas: Santos Cerdán, el sustituto de Ábalos como secretario de Organización del partido. La investigación sitúa al exdiputado, en libertad desde mediados de noviembre, en el corazón de una trama de la que se habría beneficiado, sobre todo, el gigante Acciona, cuyo exdirector de Construcción y dos antiguos subordinados se encuentran imputados en el procedimiento.

El instructor considera que los indicios contra Cerdán se han ido reforzando a medida que han avanzado las pesquisas. De hecho, en su último informe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil daba por acreditado que Servinabar, pequeña empresa navarra situada en el epicentro de la trama, había desviado 181.000 euros a Cerdán y su entorno –ya sea mediante gastos con una tarjeta de crédito, abono de arrendamientos o contratación de familiares–. No obstante, los investigadores aún tienen pendiente de entregar al instructor un exhaustivo estudio patrimonial de la familia. Las pesquisas, por el momento, están extendidas hasta marzo.

Pagos en el PSOE, Leire Díez o 'caso Begoña'

Gobierno y socialistas también están pendientes, en estos momentos, de lo que se cuece en la Audiencia Nacional. Allí, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº2, Ismael Moreno, tiene abierta una pieza secreta centrada en la información aportada por el PSOE sobre pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024, un asunto que deriva de lo contenido en uno de los informes elaborados por la UCO en la investigación anterior. Y el titular del Juzgado Central de Instrucción nº5, Santiago Pedraz, otra causa que aún sigue bajo secreto y en la que se investigan cinco grandes operaciones de concesión de ayudas y adjudicaciones por casi 133 millones de euros.

En esta última se entremezclan algunos nombres ya mencionados. Entre los investigados en relación al llamado grupo Hirurok figura, por un lado, el empresario Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar. También el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, quien entre junio de 2021 y abril de 2023 percibió de la anteriormente citada sociedad navarra, en la que estuvo contratado, 128.092,80 euros. O la exmilitante socialista Leire Díez, que saltó a la fama tras la filtración de unas grabaciones en las que pedía información comprometedora de mandos de la UCO o fiscales.

Causas de enorme impacto mediático que se suman a las que ya llevan tiempo marcando la agenda política. Por ejemplo, el caso Begoña, investigación que persigue desde hace año y medio a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la Audiencia de Madrid ha tenido que ir acotando ante los excesos del instructor del caso, Juan Carlos Peinado, quien ha alargado la instrucción hasta el próximo mes de abril. O el caso de David Sánchez, hermano del líder del Ejecutivo, cuyo juicio por las supuestas irregularidades en su contratación por parte de la Diputación de Badajoz arrancará a finales de mayo.

Los equilibrios del PP

Un año que, no obstante, también se espera revuelto para el principal partido de la oposición. En enero, se enjuiciará en la Audiencia Nacional una de las ramificaciones de la Púnica: la relativa a la contratación a la empresa Waiter Music por eventos en diferentes localidades madrileñas. En el banquillo, el exconsejero madrileño Francisco Granados y exalcaldes de diferentes localidades de la comunidad. En abril, Kitchen, la supuesta operación parapolicial para hacerse con documentación comprometedora que pudiera tener el extesorero del PP Luis Bárcenas y que sentará en el banquillo a la cúpula de Interior de la era Rajoy. Y se espera que este año también puedan quedar vistas para sentencia dos piezas del caso Lezo.

A los conservadores, del mismo modo, les persiguen otras tantas investigaciones judiciales aún vivas. Una de ellas es la causa penal sobre la gestión de la dana, que provocó la muerte de 230 personas en la provincia de València. El próximo 9 de enero, deberá declarar como testigo en la causa el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para aclarar si el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, le informó en "tiempo real" de la situación. Y tres días más tarde, está previsto un careo entre la exconsellera Salomé Pradas y el jefe de Gabinete de Mazón, ante las contradicciones entre las declaraciones de la investigada y el testigo.

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Otra es el caso Montoro, donde se investiga, entre otros, al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por, supuestamente, beneficiar a empresas gasistas con cambios legislativos a cambio de "importantes pagos" a Equipo Económico, despacho del que fue socio fundador y presidente. Por el momento, el caso se encuentra en stand by, a la espera de que la Audiencia de Tarragona resuelva el tsunami de recursos que busca anular la causa.

En uno de sus últimos informes, la fiscal Anticorrupción rechazaba que las pesquisas escondan alguna motivación política. Y cargaba contra la UCO, a la que reprochaba que solo hubiera analizado diez de las doscientas cuentas bancarias que se pusieron sobre la mesa. La instrucción se encuentra prorrogada hasta finales de enero. Por el momento, no se ha tomado aún declaración a la treintena de investigados.

A la espera de la unidad de élite de la Guardia Civil se encuentra también parte de la investigación que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El pasado mes de junio, la jueza, atendiendo "a la complejidad" de los hechos y al "carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva" ofició a la UCO para que investigase la compra por parte del empresario por medio millón de una sociedad sin valor aparente a la esposa de un directivo de Quirón, operación tras la que, a ojos del Ministerio Fiscal, se podría esconder el pago de una comisión.