El expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha respondido al Tribunal Supremo que la revisión de su condena por la reforma del Código Penal que deroga la sedición no "repara" lo que él considera que ha sido la vulneración de una serie de derechos fundamentales e insiste en que seguirá con su demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según ha informado Europa Press. 

En un escrito la defensa se dirige a los magistrados del tribunal que juzgaron la causa del procés y que impusieron la condena de 9 años de prisión a Cuixart por el delito de sedición. El Supremo había dado 8 días a las defensas y a las acusaciones para que se pronunciaran sobre el impacto de la reforma penal en las condenas fijadas en octubre de 2019.

En cinco folios, Cuixart alega que la derogación del delito de sedición "no implica en modo alguno un reconocimiento de que el encarcelamiento y la sucesiva condena" que le impuso el Supremo "vulneró" sus derechos a un juez establecido por la ley, a un tribunal imparcial e independiente, a la legalidad penal, a la libertad de reunión, a no ser objeto de detención arbitraria y a la desviación de poder.

En el marco del escrito, la defensa incide en que "a pesar de la apertura del presente expediente de revisión" considera que "sigue sin reconocerse la vulneración" de dichos derechos fundamentales.

"No se repara y no se fijan garantías de no repetición", subraya al tiempo que asegura que "hasta que ello no se produzca, la condena del Reino de España ante el Tribunal de Estrasburgo sigue siendo absolutamente procedente y necesaria", en referencia a la demanda que presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Cuixart explica, a este respecto, que la citada demanda "se halla pendiente de resolver, con el fin de que sea declarada y reconocida la vulneración de sus derechos fundamentales por el Reino de España, al tiempo que se le garantice la preceptiva reparación y garantía de no repetición".

"De entrada, precisamente las vulneraciones relativas al tribunal mal pueden ser reconocidas cuando es el mismo tribunal al que reprochamos en su momento su falta de jurisdicción e imparcialidad, una concreta composición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el que va a resolver ahora sobre la revisión de la sentencia, perpetuando las vulneraciones invocadas", denuncia.

En lo referido a "las cuestiones de fondo, esto es, al carácter delictivo de los hechos enjuiciados", Cuixart apunta que las menciones que se realizan en la reforma legislativa "a la falta de respeto a la legalidad penal y a la libertad de reunión de la legislación anterior como justificación para la derogación del tipo penal de sedición son totalmente genéricas y contradictorias".

Esta situación, alega, "dificulta enormemente restablecer la vigencia de los derechos fundamentales que en este procedimiento han sido vulnerados y todo ello porque el presente expediente de revisión no va dirigido a enmendar las propias argumentaciones de esta Sala Segunda sobre la interpretación de estos derechos fundamentales".

"Así, aunque se proceda a la revisión de la sentencia seguirán siendo consideradas jurídicamente válidas las conclusiones de este Tribunal Supremo sobre los contornos del derecho de reunión pacífica, por ejemplo, cuando resolvía sobre la responsabilidad del señor Cuixart en estos términos", afirma el escrito.

El mismo incide en que el hecho de "que se declare que estos hechos constituyen un ejercicio de un derecho fundamental, más allá del debate estricto de legalidad penal, es una necesidad democrática presente y futura".

"Esa es la fuerza jurídica que contiene una declaración de vulneración de derechos fundamentales que parece que no va a producirse en el presente expediente de revisión, al tiempo que supone una primera reparación para el ciudadano que la ha sufrido", añade su defensa.

Para Cuixart, con la reforma del Código Penal no se producirá esta reparación ni en forma de declaración ni en forma restauración de los perjuicios que dice haber sufrido por haber permanecido encarcelado 3 años y 8 meses hasta que le fue aplicado un indulto parcial.

Por último, y en cuanto a las garantías de no repetición, Cuixart sostiene que se encuentra ante "una situación similar" en tanto que la modificación legislativa "no adopta medida alguna en cuanto a la tan reiterada e invocada desviación de poder perpetrada en la presente causa especial". "Por lo tanto no establece garantía alguna para que la misma no vuelva a producirse en un futuro", apostilla.

El tribunal del procés deberá revisar las penas impuestas en 2019 para aplicar el Código Penal más favorable a los condenados, tal y como fija la propia norma en su artículo 2. Aunque el Supremo ha emplazado a las partes a que se pronuncien, será el tribunal —presidido por el magistrado Manuel Marchena— quien decida finalmente cómo queda la sentencia.

Entre gritos de "Independencia", a las 17.14 horas, evocando el año 1714, miles de personas han iniciado en la avenida Paral·lel de Barcelona la tradicional manifestación de la Diada que este año se celebra marcada por la ausencia del president de la Generalitat, Pere Aragonès, y de los consellers de ERC, y por la división independentista. Una hora después, la cabecera de la protesta convocada por ANC ha llegado en la avenida del Marquès de l'Argentera, según informa Europa Press.

La manifestación, bajo el lema "Tornem-hi per vèncer: Independència (Volvamos para vencer: Independencia"), ha estado encabezada por la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, sin ningún dirigente de partidos independentistas en la primera fila. La ANC ha cifrado los asistentes en 700.000 personas, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona ha bajado la cifra a 150.000.

Durante su paso por delante de la Capitanía Marítima de Barcelona, sede de la Inspección General del Ejército en la ciudad, algunos de los asistentes han pitado y han proferido gritos de "Fora, fora, fora la bandera espanyola (Fuera, fuera, fuera la bandera española)" mientras avanzaban por el paseo de Colón en dirección a la Estación de Francia. Cuando un helicóptero ha sobrevolado la zona han coreado "1 d'Octubre, ni oblit ni perdó (1 de Octubre, ni olvido ni perdón)".

Durante el turno de los discursos, Feliu ha asegurado que "los falsos diálogos no engañan a nadie" y ha reivindicado la independencia de Cataluña por medios pacíficos y democráticos. "Intentan que no nos manifestemos, que seamos pocos y no se nos oiga ni se nos vea. Que lo mantengamos escondido en un rincón de nuestra mente y corazón. No nos harán callar, queremos la independencia", ha afirmado.

Feliu ha recordado que el independentismo lleva ya diez años manifestándose en grandes movilizaciones: "No más engaños. Pedimos sinceridad, valentía y decisión para hacer la independencia. Si no lo hacen ellos, estamos determinados a hacerlos nosotros. Con nuevos actores, si es necesario". "Si el Govern y el Parlament se ponen de espaldas, hay un grueso de personas para hacer una lista cívica para ganar la independencia. Está en nuestra manos cambiar las reglas del juego", ha avisado, y entre los asistentes han sonado gritos de "Govern dimissió"-

Por su parte, Antich ha asegurado que "mucha gente trabajaba" para que la manifestación de la Diada no llenara las calles, y ha añadido textualmente que ni la represión ni la frustración han impedido que el independentismo se haya movilizado esta Diada. "Continuamos teniendo la determinación de siempre, la determinación que en 2017 hizo temblar un Estado y levantar al Borbón de su siesta", ha dicho, y el público lo ha seguido con gritos de "Fora el Borbó". Antich ha sostenido que resignarse a seguir como hasta ahora no es una opción, por lo que ha pedido no confundirse de enemigo y que no crezcan las batallas, en sus palabras: "Esto no va de buscar culpables, sino de conseguir cómplices para la independencia".

El presidente de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Jordi Gaseni, ha recordado la jornada del 1-O, y ha lamentando que no fuera posible hacer efectiva la independencia entonces, aunque ha llamado a no lamentarse ni "buscar culpables". Ha defendido el trabajo que realiza la AMI en coordinación con los ayuntamientos y como correa de transmisión con la sociedad, y se ha dirigido a los asistentes: "No quedaréis descontentos. Somos mucha gente, y seremos todavía más".

Aragonès ha decidido no asistir porque considera que la manifestación se ha convocado contra los partidos y contra el Govern, cuando cree que esta presión se debería dirigir al Estado, y de la misma manera los consellers de ERC y los máximos dirigentes del partido tampoco han ido. Sí han asistido el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró; los consellers Gemma Geis y Josep Maria Argimon; el portavoz de Junts, Josep Rius, y el presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, junto a otros diputados de Junts, entre otros.

También ha acudido el secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha criticado que "no puede ser que, cuando tienes el resultado en las urnas, te olvides de las calles, porque justamente la calle es la que ha dado la gran fuerza del independentismo". Aunque no ha querido pronunciarse sobre las ausencias de ERC, ha reiterado: "Lejos de criticar a la gente que no está satisfecha, lo que hay que hacer es estar aquí, es ver como podemos explicarnos mejor, dar salida al clamor de la calle", y ha argumentado que estar en la manifestación y hacerlo de forma unitaria es la mejor manera de desbordar de forma democrática al Estado, en sus palabras.

Una decena de encapuchados han quemado este domingo por la tarde, en la manifestación de la Esquerra Independentista por la Diada, una gran foto de Aragonès, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cuando la manifestación avanzaba por un lateral del paseo de Sant Joan de Barcelona, los encapuchados han exhibido la foto de ambos en una de las reuniones que han mantenido el último año, y la han quemado.

La movilización de la Esquerra Independentista ha comenzado sobre las 18.50 en plaza Urquinaona y ha reunido a unas 1.500 personas, según cifras facilitadas por la Guardia Urbana a Europa Press.

La manifestación de Girona con motivo de la Diada ha congregado este domingo por la tarde a unas 1.200 personas en calles del centro de la ciudad. La marcha ha empezado sobre las 17.00 horas ante la sede de Correos, en la avenida de Ramon Folch, y ha acabado en la plaza del Lleó, sin incidentes.

La pancarta unitaria de encabezamiento decía "Independència" y ha contado con la exconsellera de la Generalitat Dolors Bassa.

Las principales instituciones, partidos y entidades catalanas han arrancado este domingo la Diada con la tradicional ofrenda floral a Rafael Casanova. El independentismo afronta este domingo con más división que los últimos años, justo cuando se inicia la conmemoración del quinto aniversario del 1-O de 2017. A pesar de este clima de tensión, los partidos y entidades independentistas han animado a la ciudadanía a participar en los actos de este 11 de septiembre, según recoge Europa Press.

En declaraciones a los medios tras participar junto al resto del Govern en la tradicional ofrenda al monumento de Rafael de Casanova por la Diada, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llamado este domingo a "acumular fuerza" en esta Diada para avanzar en la resolución del conflicto y lograr un referéndum de autodeterminación.

También ha pedido a la ciudadanía expresarse "en toda su pluralidad" y enfocar este 11 de septiembre con el objetivo de que Cataluña pueda escoger libremente su futuro. "Hoy es un día de reivindicación, de mostrarnos orgullosos de la nación que somos, una nación diversa y plural pero determinada en decidir en absoluta libertad su futuro", ha asegurado.

El Govern y el resto de formaciones han sido abucheados por unas 50 personas que protestaban por la precariedad en el Servicio de Ayuda a Domicilio en Cataluña. Aunque la pitada más sonora se la ha llevado la delegación de ERC que ha sido recibida con una pitada y gritos de "Fuera". Encabezados por su presidente, Oriol Junqueras, y la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, los republicanos han llegado a la ofrenda gritando "Independencia", mientras recibían una pitada de la gente concentrada cerca del monumento.

Ya en el acto previa del sábado por la noche en el Fossar de les Moreres se vivieron momentos de tensión con gritos y pitos hacia varias delegaciones políticas, como la de ERC, a su llegada y durante los discursos. 

Por su parte, la presidenta de Junts, Laura Borràs, ha llamado este domingo a la movilización en la Diada: "Solo nos ganaremos la libertad si somos capaces de defenderla". También ha afirmado que el 11 de Septiembre conmemora la "pérdida de libertades" de Cataluña en 1714 pero también es un día de esperanza para poder recuperarlas. Por eso, ha emplazado a la ciudadanía a mantener la esperanza para "convertir Cataluña en una nación libre de Europa, con todos sus derechos y deberes pero con la libertad completa y plena".

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha pedido acudir a la manifestación para demostrar que la gente es "el motor hacia la independencia". También ha insistido en que "será la fuerza de la gente la que moverá los escenarios políticos hacia la independencia". "Hago un llamamiento a salir para que se nos escuche en el mundo, en España, que habitualmente no nos hace caso, los partidos y el Parlament", ha concluido.

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha defendido que movilizarse este 11 de septiembre es "la mejor respuesta contra la guerra sucia del Estado y su estrategia del miedo" contra el independentismo, que ha definido como un movimiento plural y democrático. Junto a los presidentes de Acció Cultural País Valencià (ACPV) y Obra Cultural Balear (OCB), Anna Oliver y Joan Miralles, ha resaltado los vínculos lingüísticos, históricos, culturales y políticos entre los tres territorios.

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha pedido que Cataluña celebre una Diada "de respeto", que manifieste la pluralidad de la ciudadanía y que ayude a fomentar la convivencia. En respuesta al mensaje institucional de Aragonès, en el que afirmó que volverá a votar un referéndum, Illa ha replicado que ya hace tiempo que la ciudadanía vota a sus gobernantes y lo seguirá haciendo, pero que lo importante es que haya un Govern que gobierne "en vez de pelearse" entre los socios del Ejecutivo.

Illa ha estado acompañado por los dirigentes del PSC, como la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, y el expresidente de la Generalitat José Montilla, entre otros.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado este domingo que el curso político haya empezado "demasiado marcado por las batallas entre partidos de Govern" y ha pedido al Ejecutivo catalán centrarse en la respuesta a la inflación y los precios de la energía. 

En declaraciones a los medios tras participar junto a miembros del Ayuntamiento en la tradicional ofrenda al monumento de Rafael de Casanova por la Diada, ha urgido a la Generalitat a explicar su "plan de choque y hoja de ruta ante la crisis" y para reforzar la vivienda pública, la sanidad y las renovables. Colau ha sostenido que la Diada es un día de celebración de la lengua, la cultura y los "elementos que hermanan dentro de la diversidad", y ha defendido que todos los catalanes la celebren como consideren mejor.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha anunciado este viernes que deja la presidencia de la entidad tras seis años en el cargo y que será relevado por el filósofo Xavier Antich si así lo ratifican los socios. En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que se le acaba el mandato y que tanto él como el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, han decidido no presentarse a la reelección.

Cuixart, que en junio salió de la cárcel al ser indultado tras más de tres años encarcelado, ha asegurado que seguirá haciendo de activista pero que no tiene ninguna voluntad de entrar en política, y ha defendido la necesidad de crear "nuevos liderazgos" en el independentistmo distintos a los del 2017.

Preguntado por qué ha decidido no continuar en el cargo, ha afirmado que junto a Mauri han coincidido en que era el mejor momento porque Òmnium está en una buena situación con una estrategia y estructura consolidada: "Me parece que es el momento de pasar el testigo a Xavier Antich y al resto de compañeros de la Junta".

Cuixart ha subrayado la necesidad de crear nuevos liderazgos en el independentismo porque cree que en el contexto actual hay una "incapacidad manifiesta de trazar una estrategia compartida", que ve imprescindible. "La graduación de las gafas de 2017 para 2022 se tiene que volver a ajustar", ha ilustrado, y ha sostenido que el mejor servicio que podrían hacer los líderes independentistas que tuvieron protagonismo en 2017 sería fortalecer sus organizaciones.

Para él, unos nuevos liderazgos "propiciarán mucho más una estrategia compartida que liderazgos anteriores", aunque cree que figuras como el expresidente Carles Puigdemont o el líder de ERC Oriol Junqueras siguen siendo referentes importantes.

Preguntado por si su renuncia a continuar en el cargo debería ser seguida por los líderes de los partidos independentistas, ha asegurado que se le hace difícil decir qué debe hacer cada persona pero que ve necesario "dejar espacio" para que puedan aflorar nuevos líderes. "Será el mejor servicio que podamos hacer al país", ha dicho, y ha argumentado que el movimiento independentismo no va de personas y que la prioridad debe ser tejer una estrategia conjunta para que los catalanes puedan votar en un referéndum de autodeterminación.

Asimismo, ha explicado que solo ha comunicado su decisión a los trabajadores y dirigentes de Òmnium, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a Puigdemont, Junqueras y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, y que este viernes por la tarde hablará con el expresidente y con el presidente de ERC para explicarles "el alcance de la decisión, que es de carácter interno pero que interpela" a todo el independentismo.

La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha explicado que el recurso contra su condena por sedición que presentó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene entre sus principales argumentos que el activista sufre una "limitación abusiva de derechos fundamentales", y lo señala como una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), según informa Europa Press. 

Lo han explicado en rueda de prensa este martes el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; el abogado Olivier Peter y la representante internacional de la entidad, Elena Jiménez, junto a miembros de colectivos y ONGs de derechos humanos.

El recurso reprocha varias vulneraciones de derechos, y Peter ha destacado como "la más interesante" la que hace referencia al artículo 18 del CEDH, que regula las restricciones permitidas a derechos y libertades fundamentales.

"Es posible limitar el derecho a manifestación si es por un interés público, como la seguridad. Lo que no se puede hacer es limitar el derecho a manifestación por voluntad política", ha explicado el abogado, que ha afirmado que en el caso de Cuixart se usó para apartarle de las protestas.

El escrito que el también abogado de Cuixart Benet Salellas presentó el martes pasado también alega vulneraciones del derecho a tener un tribunal predeterminado por la ley, del derecho a un juicio justo y una defensa efectiva, y de la prohibición de la detención arbitraria.

Peter confía en que el TEDH falle a su favor en esta causa, "porque si Europa tolera que un defensor de los derechos humanos pase nueve años en prisión por organizar manifestaciones pacíficas, el futuro de todos y todas será muy oscuro".

Afectará a los derechos de "toda la ciudadanía europea"

Mauri ha señalado "evidencias que auguran la derrota internacional" de España en esta causa, y ha nombrado los apoyos internacionales que ha recibido Cuixart y los votos particulares de dos magistrados del TC al resolver su recurso, y los ha tachado de fisuras claras.

Ha asegurado que la condena de Cuixart "afecta a todos los movimientos sociales y toda la ciudadanía no solo de Cataluña y el Estado sino de toda la ciudadanía europea", y ha llamado a seguir trabajando para una amnistía para todos los enjuiciados por el 1-O.

En el mismo sentido, Jiménez ha señalado la importancia del recurso ante el TEDH porque la condena a Cuixart "puede abrir la puerta a criminalizar a los que ejercen el derecho a protesta en otros países".

"Si se permite en una situación así en una democracia, países más autoritarios tendrán una sensación de cierta legitimidad" al restringir libertades, y ha recordado que el grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de la ONU pidió la liberación de Cuixart, y también ha remarcado los apoyos de Amnistía Internacional, el PEN internacional, Front Line Defenders, la Organización Mundial Contra la Tortura y de International Trial Watch, entre otros.

La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha registrado este miércoles en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el recurso a su condena a nueve años de prisión por sedición en la sentencia del 1-O, según informa Europa Press. 

En un comunicado, Òmnium Cultural ha explicado que ha registrado el recurso en catalán y acompañado de unos 60 informes que ocupan 2.009 páginas, entre ellos los pronunciamientos de organismos internacionales que han pedido la liberación de Cuixart y resoluciones de otros tribunales europeos sobre el caso.

El miércoles 2 de junio, el Tribunal Constitucional (TC) adelantó el fallo en el que desestimaba el recurso de amparo de Cuixart contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) por el 1-O, con el voto discrepante de dos magistrados. La sentencia completa se publicó el martes y la defensa de Cuixart ha presentado el recurso ante el Tribunal de Estrasburgo 24 horas después: "Hay una persona encarcelada y no queremos ser nosotros quien dilate más esta situación", ha expresado el abogado de Cuixart, Benet Salellas, en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press.

Salellas ha señalado que llevaba meses preparando el recurso y lo ha presentado en cuanto ha podido, una vez el TC ha publicado su sentencia, y al conocerse el fallo del tribunal de garantías Cuixart ya anunció que recurriría su condena ante el TEDH para "acusar al Estado".

El TC también ha tumbado los recursos de amparo del secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y de los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, y Cuixart ha sido el primero de los presos del 1-O en presentar el recurso ante la justicia europea.

La relatora general de defensores de derechos humanos del Consejo de Europa, Alexandra Louis, ha considerado en un informe que el presidente de Òmnium Cultural encarcelado por el 1-O, Jordi Cuixart, sufre "represalias e intimidación". Así lo recoge el informe Situación de los defensores de los derechos humanos en los Estados miembros del Consejo de Europa consultado este sábado por Europa Press, que muestra ejemplos de casos que "no han mejorado", destacando conflictos en Rusia, Turquía y Azerbaiyán.

El informe también asegura que las condiciones de vida de Cuixart han empeorado a causa de la pandemia del coronavirus, de forma que llega a estar "hasta 23 horas al día aislado en su celda".

También sostiene que "según sus abogados, el juicio tuvo un carácter político y Cuixart no debió haber sido juzgado por el Tribunal Superior (TS), que tiene jurisdicción para juzgar a los cargos electos y no a activistas de la sociedad civil".

Òmnium Cultural se ha hecho eco del informe y ha asegurado en un comunicado que la crítica del Consejo de Europa "se añade a la larga lista de instituciones y entidades de prestigio que se han posicionado en contra de su encarcelamiento".

Los Mossos d'Esquadra han desalojado a la veintena de personas que se han concentrado este viernes por la mañana en el puente de la Plaça 19 de Martorell (Barcelona) –que pasa por encima de la autopista AP-7–para protestar por la visita del rey Felipe VI a la fábrica de Seat.

ANC y Òmnium cultural habían convocado la concentración a las 9.30 horas de la mañana, y un poco antes han colgado una pancarta que decía "Cataluña no tiene rey", visible desde la autopista, y han exhibido desde el puente carteles con la misma frase.

Al ver los carteles, algunos vehículos han comenzado a pitar y hasta les han gritado algunos insultos y, sobre las 10 de la mañana, miembros de ANC y Òmnium se han quejado de que los Mossos habían ordenado retirar tres de las cuatro pancartas de distintos puntos de Martorell donde también se estaban celebrando concentraciones.

Pero, en este punto en concentro, los agentes de los dos furgones de Mossos que les han acompañado les han permitido mantener la pancarta, aunque les han pedido que se retirasen de la parte central del puente para no causar afectaciones en el tráfico.

Poco después, han comenzado a retirar a los concentrados hacia una parte del puente, ante lo que han respondido al grito de "fora les forces d'ocupació" (fuera las fuerzas de ocupación) y enseñándoles los carteles.

Posteriormente, un grupo de manifestantes ha colgado este viernes una pancarta con el mismo lema frente a la entrada principal de la sede de Seat en Martorell (Barcelona). Algunos de los concentrados se han desplazado frente la puerta principal a la espera de que el rey saliera de su visita. La protesta cuenta con la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.

Manifestación de CDR

Al margen de la manifestación de Òmnium y ANC, a las 9.00 de este mismo viernes estaba convocada otra protesta en la plaza Joan Serrats de Martorell también en contra de la visita del monarca que ha reunido a otra veintena de personas.

A esa hora han salido de la plaza, han comenzado a caminar por el arcén de la AP-7 sin cortar la vía, hasta que se han topado con dos agentes que les han impedido el paso y han dado la vuelta y se han disuelto.

Medio centenar de personalidades internacionales vinculadas a la política y la cultura han reclamado la amnistía de los condenados por el 1-O, en el manifiesto impulsado por Òmnium Cultural Dialogue for Catalonia, y que publican este lunes The Washington Post y The Guardian.

Entre los firmantes están la expresidenta de Brasil Dilma Roussef, el político irlandés e impulsor del proceso de paz en Irlanda del Norte Gerry Adams, la artista Yoko Ono y el escritor Irvin Welsh, informa la entidad en un comunicado, que ha recogido Europa Press. 

También apoyan la reivindicación cuatro premios Nobel de la paz y uno de literatura: la abogada iraní Shirin Ebadi, el pacifista argentino Adolfo Pérez Esquivel, la activista americana Jody Williams, la activista por la paz en Irlanda del Norte Mairead Corrigan, y la escritora austriaca Elfriede Jelinek.

El manifiesto sostiene que "una gran mayoría de catalanes ha expresado repetidamente la voluntad de ejercer democráticamente el derecho a decidir de su futuro político", que consideran que debe decidirse votando siguiendo los precedentes de los referéndums en Escocia (Reino Unido) y Quebec (Canadá).

"La judicialización para resolver una crisis política ha conllevado una represión creciente y ninguna solución", y añade textualmente que las condenas a los dirigentes independentistas condenados solo agravan el conflicto.

Apelan al diálogo

Según los firmantes, esta situación ha sido criticada por "las principales organizaciones de derechos humanos del mundo", entre las que el texto destaca el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU.

El manifiesto termina apelando al diálogo entre las autoridades para encontrar "una solución política que permita a la ciudadanía decidir su futuro político", y reinvidicando la amnistía para poner fin a lo que tachan de represión.

Otros firmantes

También han suscrito el manifiesto los exrelator especial de la ONU Michel Forst y Benn Emerson, el exministro danés de Asuntos Exteriores Holger K. Nielsen, el expresidente de Eslovenia Clayborn Cason, el exalcalde de Ginebra (Suiza) Rémy Pagani, y la cofundadora de las Madres de la Plaza de Mayo Mirta Baravalle.

Entre otras personalidades destacadas del ámbito cultural, lo han firmado los dramaturgos latinoamericanos Sergio Blanco y Rafael Spregelburd y el británico Simon Stephens, además del artista chino exiliado Ai Weiwei y el escritor turco Burhan Sönmez.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima la investigación abierta al rey emérito por posible cobro de comisiones irregulares y su ocultación en paraísos fiscales, que previsiblemente será cerrada sin solicitar al alto tribunal la apertura de causa penal alguna, según adelanta El Confidencial y recoge Europa Press.

La clave estaría en la aplicación extensiva de la inviolabilidad prevista en la Constitución, de la que gozó hasta su abdicación en junio de 2014 y que podría ser aplicada a los hechos investigados.

Las últimas noticias que habían trascendido desde el Ministerio Público podrían haber hecho pensar en un movimiento contrario, ya que el fiscal de Sala que dirige la investigación, Juan Ignacio Campos, admitió en un informe dado a conocer el pasado 1 de octubre que la comisión rogatoria solicitada a la Fiscalía de la República y Cantón de Ginebra, pese a que en dichas fechas no había sido cumplimentada en su totalidad-, abría "nuevas perspectivas" y la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias, "que sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar" en dicho momento.

Campos realizó estas manifestaciones en un escrito en el que solicitaba la inadmisión a tramite de la querella presentada el pasado mes de julio por la asociación independentista Òmnium Cultural contra Juan Carlos I por presuntos delitos de corrupción, de blanqueo de capitales y de fraude fiscal relacionado con el origen de su presunta fortuna en cuentas en el extranjero.

Según la información conocida este viernes, el equipo de fiscales que analiza este asunto ya habría llegado a una conclusión, contraria a judicializar este asunto, y trabaja en un informe que será muy duro en el relato de hechos atribuidos al padre de Felipe VI, si bien concluiría que hay que aplicar en todo caso el principio de inviolabilidad.

Ello puede ser por dos motivos, o bien los hechos presuntamente delictivos -relativos al cobro de comisiones relacionadas con el AVE a la MecaAVE a la Meca y otras operaciones, así como a la gestión opaca de dichos fondos- se cometieron antes de la abdicación, por lo que no generan responsabilidad penal; o bien se opta por aplicar a este asunto lo señalado por el dictamen del Congreso de los Diputados que calificó de "absoluta" y con "efectos permanentes" la irresponsabilidad penal del exmonarca.

En su día, según recuerda el diario digital, dicho informe le sirvió al PSOE para oponerse a la constitución de una comisión de investigación parlamentaria sobre los negocios del rey emérito que había sido solicitada por los grupos parlamentarios de ERC, JxCAT, PNV, Bildu, BNG, Más País, Compromís y la CUP. En todo caso, aún se estarían practicando diligencias menores, pero la idea es que el informe pueda notificarse antes de Navidad.

La investigación fiscal está dirigida a establecer la participación de Juan Carlos I en hechos penalmente relevantes ocurridos con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al Jefe del Estado". Una parte importante ha estado también dirigida a estudiar si las actividades presuntamente delictivas están o no prescritas.

Equipo reforzado en la Fiscalía 

El pasado mes de julio, la Fiscalía reforzó el equipo de fiscales que investigan al rey emérito. A los cuatro fiscales del Supremo especialistas en delitos económicos bajo la dirección del fiscal de Sala Juan Ignacio Campos se sumaron Rosa Ana Morán, que dirige la Unidad Especializada en Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado (FGE). Completan el equipo de expertos Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig.

Para su análisis, los fiscales españoles han contado con parte de la investigación remitida por las autoridades suizas por posibles delitos relacionados con un depósito de 100 millones de dólares ingresados en la cuenta de la fundación panameña Lucum, vinculada al rey emérito.

Se trata de documentos relativos a las declaraciones ante la Fiscalía del país helvético del gestor de cuentas Arturo Fasana, del abogado Dante Canónica y de la que fuera amante del monarca Corinna Larsen, a la que Juan Carlos I acabó donando gran parte de dicha cantidad.

La documentación responde a la comisión rogatoria emitida desde España hace ya varios meses solicitando información sobre este asunto, aunque no ha llegado todo lo reclamado.

En todo caso, lo que se investigan son posibles conductas cometidas después de la abdicación de Don Juan Carlos, en junio de 2014, relacionadas con el movimiento del dinero y que podrían constituir delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Las finanzas del rey Juan Carlos llevan años bajo sospecha, si bien a mediados del pasado mes de marzo, apenas decretado el estado de alarma por la pandemia, este asunto volvió a primera línea informativa tras diversas informaciones publicadas en la prensa suiza y británica, provocando que la Casa Real anunciara que Felipe VI renuncia a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual.

De la cuenta vinculada a la fundación Lucum salieron los casi 65 millones de euros transferidos a otra cuenta de Bahamas a nombre de Corinna Larsen y que ella en su declaración ante la Fiscalía suiza enmarca en una donación, en un "regalo no solicitado" para ella y su hijo por el "cariño" que les tenía.

Barcelona retira la Medalla de Oro del rey emérito

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes retirar la Medalla de Oro de la ciudad al rey emérito Juan Carlos I, tal como se aprobó en el pleno extraordinario de agosto, con los votos favorables de Bcomú, ERC y JxCat, y los votos en contra de PSC, Cs, PP y BCN Canvi. La propuesta superó el primer trámite en la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención del pasado 15 de octubre con el mismo posicionamiento de los grupos municipales.

Òmnium Cultural ha anunciado la presentación de una querella criminal ante el Tribunal Supremo contra el rey emérito Juan Carlos I por presuntos delitos de corrupción, de blanqueo de capitales y de fraude fiscal para que se investigue la procedencia de su "fortuna" en cuentas en el extranjero.

En una rueda de prensa este viernes, el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, ha considerado que en España se intenta hacer "un blindaje de la corona por parte de los poderes del estado", y pide que, como pasa con cualquier otro ciudadano, se admita la querella y se investigue, pese a que ha reiterado que no confían en la justicia española, según iforma Europa Press.

Mauri ha explicado que lanzan "una ofensiva política y jurídica contra los poderes del Estado para acabar con una monarquía corrupta, que ha jugado un papel clave legitimando la violencia del 1-O contra la ciudadanía".

Mediante una nueva campaña titulada ¡Hagámosla caer! Denuncia contra la monarquía española, Òmnium asegura que el exjefe de Estado supuestamente utilizó su rol institucional con la voluntad de ganar dinero de manera privada y critican el "silencio" de los poderes del Estado ante ello.

El vicepresidente de la entidad ha indicado que presentan esta querella para "fiscalizar a la Fiscalía española y, cuando se demuestre que los fiscales hacen una simple operación de maquillaje, Òmnium estará allí para denunciarlo".

Bloqueo de cuentas

En una acción jurídica paralela, Òmnium ha pedido a Suiza que bloquee las cuentas del rey emérito porque hay "indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción" y porque la fiscalía helvética también lo está investigando.

La entidad ha enviado un informe político-jurídico al Consejo Federal Suizo y a su presidenta, Simonetta Sommaruga, y ha solicitado congelar las cuentas, en base al mecanismo legal previsto en la ley federal de congelación y restitución de valores patrimoniales de origen ilícito de 2016.

El informe se ha presentado a la Dirección de derecho internacional público del Departamento federal de asuntos extranjeros. La experta en Derechos Humanos Neus Torbisco ha explicado en la rueda que esta acción internacional es importante, que se hace de forma preventiva y también ha lamentado que los poderes públicos utilicen "mecanismos corruptos para amasar grandes fortunas".

La campaña tendrá más acciones que se anunciarán durante las próximas semanas y serán de ámbito estatal e internacional.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha salido este jueves a las 19.30 horas de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), por su primer permiso penitenciario, de 48 horas, informa Europa Press.

Cuixart ha salido a pie de la prisión hacia un coche que le esperaba para trasladarle, y ha saludado sonriente a la prensa haciendo el signo de victoria con la mano antes de subirse y abandonar el centro penitenciario.

Se trata de la primera vez que el líder soberanista preso dispondrá de un permiso penitenciario, concedido por el Servicio de Clasificación de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, tras cumplir la cuarta parte de su condena de nueve años por sedición, dictada por el Tribunal Supremo (TS) tras el juicio por el proceso soberanista.

Según ha informado Òmnium Cultural en un comunicado, durante este permiso de dos días Cuixart no tendrá agenda pública, y reitera que está haciendo uso de sus derechos que le corresponden como "preso político a los que no renunciará".

La entidad recalca que no se acogerá a ninguna medida concebida como reinserción o que implique el reconocimiento de "ningún delito basado en el ejercicio de derechos fundamentales que avalan diferentes posicionamientos internacionales".

Asimismo, hacen hincapié en que Cuixart ha entrado en prisión como presidente de Òmnium "y, si así lo quieren sus socios, saldrá como presidente de la entidad".

El Servicio de Clasificación resolvió este miércoles favorablemente la propuesta de dos días de permiso penitenciario formulada por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Lledoners para Cuixart, así como para el expresidente de la ANC y el diputado de JxCat Jordi Sànchez.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que deje de "menospreciar" las demandas y posicionamientos del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que pide la liberación inmediata de Cuixart, del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, y del presidente de ERC, Oriol Junqueras.

"España se sitúa en el nivel de países de dudosa calidad democrática cuando hace caso omiso a las peticiones de organismos internacionales de derechos humanos", ha criticado, coincidiendo con el final del plazo de seis meses que la ONU dio al Estado para que informara sobre si habían atendido a sus recomendaciones sobre la liberación de los líderes encarcelados, ha informado Òmnium este miércoles en un comunicado.

Cuixart considera que la ausencia de respuesta de Sánchez al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU incumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos y "atenta contra unos derechos que afecta al conjunto de la ciudadanía".

Ha lamentado que el Gobierno "no escuche a los organismos internacionales de referencia en derechos humanos, y que tampoco haya mostrado interés en lo que dice Amnistía Internacional", por lo que ha reclamado a Sánchez que de cumplimiento inmediato a los posicionamientos de la ONU y de Amnistía sobre su liberación.

El presidente de Òmnium ha recordado a Sánchez que los Estados democráticos tienen la obligación moral de cumplir con las resoluciones de la ONU, y ha asegurado: "Es necesario que España abandone esta deriva antidemocrática".

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha autoinculpado este jueves en el marco de la campaña de Òmnium Cultural y otras entidades en respuesta a la sentencia del 1-O, y al salir de los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona ha afirmado: "Cada derecho negado lo volveremos a ejercer".

En declaraciones a los periodistas tras presentar el escrito en los juzgados con dirigentes como el conseller Damià Calvet y la candidata de JxCat al Congreso, Laura Borràs, Torra ha asegurado que la acción ha sido en solidaridad con los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo (TS) y que están en la cárcel.

"Hicieron sencillamente lo que muchos miles de ciudadanos de Catalunya les pidieron: que llevaran adelante un referéndum de autodeterminación", ha defendido el presidente de la Generalitat.

Torra ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la campaña de autoinculpación y, preguntado por la prensa, ha recordado que él también se autoinculpó por el proceso participativo del 9N, pero ha asegurado que desconoce qué consecuencias puede tener para él la actual campaña: "Creo que nadie puede tener ninguna certeza de qué puede hacer la justicia española".

Ha insistido en que no hay que temer ejercer derechos, según él, de protesta, concentración, autoinculpación y desobediencia: "Lo que tampoco no nos puede dar ningún tipo de miedo son las consecuencias de ejercer nuestros derechos".

El presidente de la Generalitat ha llegado este jueves poco después de las 8 horas a la Ciudad de la Justicia para participar en la campaña de autoinculpaciones junto al conseller Damià Calvet, la candidata de JxCat al Congreso, Laura Borràs; el portavoz de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol; los diputados del partido en el Parlament Francesc de Dalmases y Josep Maria Forné, y la vicepresidenta del PDeCAT, Miriam Nogueras, entre otros dirigentes que también han participado en la campaña de autoinculpación.

Torra y el resto de dirigentes han llegado a la Ciudad de la Justicia poco después de las 8 horas y han esperado en el exterior a la apertura del juzgado a las 9.00 horas para presentar la denuncia de autoinculpación.

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha apelado este lunes a los ciudadanos a secundar la campaña de autoinculpaciones por el 1-O que han impulsado para que sea "la más masiva de la historia de Cataluña", informa Europa Press.

"Esperamos que sea la autoinculpación más importante de la historia de Cataluña. Tenemos tradición en autoinculpaciones, como en la época del servicio militar obligatorio cuando insumisos y objetores de conciencia fueron condenados y muchas personas se autoinculparon", ha recordado en declaraciones tras haberse autoinculpado en los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Mauri ha entrado en el edificio judicial después de Pepe Beúnza, que fue el primer objetor de conciencia no violento del Estado y que ha sido el primero en acceder al recinto para autoinculparse, y se puede hacer lo mismo en los juzgados de Tarragona, Lleida y Girona.

Desde las 9 horas de este lunes, a raíz de esta campaña, un centenar de personas hacían cola ante las puertas de la Ciudad judicial para autoincupalrse, y entre ellos estaba la exdiputada de la CUP Gabriela Serra, los actores Pep Cruz y Pep Planes, la actriz Carme Sansa, el payaso Jordi Pesarrodona y la chef Ada Parellada.

Desde que empezaron la campaña, más de 10.000 ciudadanos se han descargado el formulario para autoinculparse en hotornaremafer/autoinculpacions, un gesto "de compromiso personal, solidaridad y de reafirmación de que, ninguno de los delitos que imputan a Jordi Cuixart y al resto de presos políticos, se puede aguantar", según Mauri.

Al preguntársele si este gesto puede acarrear consecuencias penales, Mauri lo desconoce y ha añadido: "La desobediencia civil implica asumir las consecuencias que pueda haber por injustas que puedan ser".

Según Mauri, el registro de autoinculpaciones va con celeridad en Barcelona pero el ritmo va más lento en los juzgados del resto de capitales de provincia, "donde puede que sólo admitan 25 personas en función de la capacidad de los juzgados".

Sobre Grande-Marlaska

También ha censurado que el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, afirme que la violencia en Cataluña fue de "mayor impacto"que en Euskadi, y ha pedido de nuevo que dimita y pida disculpas por ello.

A su juicio, sus declaraciones son un insulto "al independentismo, a los ciudadanos de Cataluña y sobre todo a las víctimas del terrorismo, muchas de ellas también catalanas".

El TSJC limita la presentación de autoincupaciones de Òmnium en los juzgados

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó el 15 de noviembre limitar en los juzgados catalanes la presentación diaria de denuncias de autoinculpación por el 1-O, campaña impulsada por Òmnium Cultural.

En un comunicado, el TSJC ha informado este lunes de que la Sala de Gobierno fijó una ratio de presentación de denuncias de 25 diarias para que los juzgados de guardia de Cataluña puedan atender todas sus tareas, una limitación que no se aplica en el caso de Barcelona, porque "dispone de cuatro juzgados de guardia diarios que pueden atender todas las cuestiones asignadas".

Todos los partidos judiciales de Cataluña, excepto el de Barcelona, disponen de un único juzgado de guardia que, además de ser los receptores de las autoinculpaciones, "tienen asignadas otras tareas de carácter urgente como puede ser la toma de declaración a detenidos y víctimas, asistencia en situaciones de emergencia, levantamiento de cadáver".

Partidos y entidades soberanistas se manifestarán este sábado en Barcelona para expresar de nuevo su rechazo a la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo en una marcha convocada por la ANC y Òmnium que busca ser la movilización más "masiva y transversal" contra las condenas.

Bajo el lema "Llibertat", la manifestación empezará a las 17.00 horas en la calle Marina con Ramon Turró y avanzará hasta el cruce de la primera calle con la avenida Icària, donde se instalará un escenario y se celebrará un acto. El emplazamiento de la manifestación –la calle Marina– es simbólico, ya que es el mismo de la movilización que ANC y Òmnium convocaron el 11 de noviembre de 2017, días después del encarcelamiento de los exconsellers del Govern que impulsaron el 1-O, que se sumaron a los del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y expresidente de la ANC Jordi Sànchez, que ya estaban en prisión desde el 16 de octubre.

Así, las entidades independentistas buscan repetir una manifestación como la de hace dos años, en este caso días después de que los presos soberanistas hayan sido condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre nueve y trece años de cárcel. Más de un centenar de entidades se han adherido a la marcha, a la que se desplazarán más de 400 autocares desplazados desde diferentes puntos del territorio para trasladar a personas contra la "represión del Estado español en las calles" y en defensa de los derechos fundamentales.

Marcha transversal y plural

Los convocantes prevén que la manifestación reúna a una amplia representación de entidades sociales, culturales, políticas y sindicales, y aseguran que se trata de una marcha transversal y plural contra la sentencia y a favor de los derechos y libertades individuales y colectivos.

Así, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, han llamado a participar en la manifestación, porque consideran que la libertad interpela a todos los ciudadanos, a los que anima a defender de forma unitaria y transversal los derechos y libertades. Ambos han participado este viernes en un encuentro, al que ha tenido acceso Europa Press, para hacerse una fotografía con representantes de las más de 115 entidades que se han adherido a la marcha, a la que ambos han pedido acudir de forma "masiva".

La manifestación tendrá lugar casi dos semanas después de la sentencia, durante las que se han producido diversas acciones de protestas, algunas de las cuales han concluido con disturbios con heridos tanto entre los manifestantes como en cuerpos policiales. Por el momento, la movilización más masiva, con 525.000 personas según la Guardia Urbana, fue la del viernes de la semana pasada en la que se unieron la huelga general convocada por los sindicatos Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), y la llegada de las Marchas por la Libertad que recorrieron durante tres días 100 kilómetros desde cinco puntos diferentes de Cataluña para protestar contra el fallo del Supremo.

Entidades y familares de presos en la cabecera 

La cabecera de la manifestación estará formada por representantes de las entidades y familiares de los encarcelados, mientras que los partidos políticos estarán presentes en otro espacio pero no en la cabecera, ha explicado este viernes Mauri.

Entre los asistentes, estarán el presidente de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresidente, Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y diputados y dirigentes de ERC, JxCat y la CUP. En el ámbito sindical, CC.OO. de Cataluña ha descartado participar como organización –aunque da libertad a sus afiliados–, y sí se ha sumado a la manifestación el secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, cuya central sindical ha animado a acudir.

La marcha coincide con el día en que estaba previsto que se celebrara el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid en la capital catalana, que se ha aplazado, y Tsunami Democràtic –que ha anunciado acciones para la nueva fecha, el 18 de diciembre– ha avanzado que en la manifestación habrá personas con códigos para poder acceder a su aplicación. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará el servicio de Metro con más trenes y más personal por la manifestación, que afectará la circulación de varias líneas de autobús, que verán limitado o modificado su recorrido.

ANC y Òmnium impulsarán cinco marchas de tres días en Cataluña el día que se conozca la sentencia del juicio del 1-O, que recorrerán unos 100 kilómetros cada una y confluirán en Barcelona, informa Europa Press.

Las cinco columnas —llamadas Marxes per la Llibertat— saldrán de Girona, Tarragona, Tàrrega (Lleida), Vic, Berga (Barcelona), y se realizarán en cinco etapas de 20 kilómetros, han detallado las entidades en un comunicado conjunto este viernes.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, han explicado esta primera acción unitaria para responder a la sentencia del juicio, que se conocerá en los próximos días.

El mismo día en que el Tribunal Supremo (TS) haga pública la sentencia también se convocarán varias concentraciones a las 20.00 horas en diversos municipios, han resaltado ambas entidades.

Pernoctación y comidas

El primer y el segundo día de las marchas habrá dos etapas —una por la mañana y otra por la tarde—, y el tercer día sólo habrá la matutina, ya que se prevé llegar a la capital catalana a mediodía.

La voluntad es también "retornar a la ciudadanía el papel protagonista de las movilizaciones", según la ANC, que ha detallado que no habrá limitaciones para participar y que cada etapa empezará y terminará en un núcleo urbano.

Se ofrecerán desayunos, comidas y cenas populares, y se podrá pernoctar en los municipios en los que termine la etapa diaria de forma gratuita para poder proseguir la marcha al día siguiente, algo que requerirá reserva en una web que se abrirá este mismo viernes.

Las entidades han destacado que la iniciativa está inspirada en marchas pacíficas históricas y que quiere ser una "respuesta de país en favor de la libertad" de los dirigentes independentistas encarcelados y pretende involucrar a todo el territorio de forma transversal y plural.

Las relaciones entre los distintos actores y organizaciones que conforman el bloque independentista en Cataluña no pasan por su mejor momento cuando falta poco más de un mes para el 11 de septiembre, fecha en la que el secesionismo quiere hacer una nueva demostración de fuerza coincidiendo con la Diada. Los movimientos para conformar mayorías en los ayuntamientos y las diputaciones, así como las diferentes posiciones adoptadas ante la votación de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso, no han hecho más que constatar el alejamiento experimentado en los últimos tiempos por Junts per Catalunya y ERC. Pero las desavenencias no solo se dan entre ellos, y buena muestra de ello son los duros reproches que se han lanzado entre sí la ANC y ERC en los últimos días: el partido ha acusado a la entidad de "actuar como contrapoder" y la ANC ha criticado la "piel fina" de ERC.

Todo el bloque está de acuerdo en que el inicio del nuevo curso político, en septiembre, será un momento clave para el secesionismo, y en que la Diada del 11 de septiembre debe ser una demostración de músculo que funcione como antesala de la sentencia contra los principales líderes independentistas por el juicio del 1-O, prevista para principios de otoño. Asimismo, tanto los partidos como las asociaciones secesionistas coinciden en pedir que la respuesta a esta sentencia sea unitaria. Pero desde hace meses cada uno defiende una estrategia contrapuesta. A grandes rasgos, dentro del independentismo conviven dos almas: los que insisten en no dar por muerta la vía unilateral y los que apuestan por acumular fuerzas rehuyendo el choque frontal con el Estado.

El president de la Generalitat, Quim Torra, que representa al sector de Junts per Catalunya más próximo a las tesis de Carles Puigdemont, es uno de los representantes de quienes se niegan a dar por zanjada la vía unilateral y, en junio, aseguraba estar "convencido" de que se volverá a declarar la independencia. Pero ERC rechaza de plano esta posibilidad y cree que mantener una actitud frentista es contraproducente para los intereses del secesionismo. La estrategia de los republicanos, según han expresado en multitud de ocasiones, pasa por tratar de atraer a sus posiciones a todos aquellos que desean que se celebre un referéndum de autodeterminación aunque no sean independentistas, lo que a efectos prácticos se traduce en intentar hacerse con una parte del espacio que ahora mismo ocupan los comuns.

Para ello, ERC ha desplegado en los últimos meses una hoja de ruta que busca acumular cada vez más fuerzas para que acabe siendo inevitable la convocatoria de un referéndum pactado y reconocido internacionalmente. Así se explica, por ejemplo, su buena disposición a prestar sus votos en el Congreso para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, lo que les permitiría llevar la batuta de una eventual interlocución con el Ejecutivo central si finalmente la legislatura se desbloquease. Una posición opuesta a la que decidió tomar Junts per Catalunya, que se mostró en todo momento opuesta a colaborar con sus votos a la investidura argumentando que Sánchez no había hablado con ellos y llegó a pedir infructuosamente a ERC que también votase no a Sánchez.

La ANC carga contra ERC y Tardà la acusa de "contrapoder"

Pero es la Assemblea Nacional Catalana (ANC), junto a Òmnium la principal entidad cívica del independentismo, el actor del bloque independentista que se ha mostrado más crítico con el proceder de los partidos y el peligro de una deriva "autonomista", en lo que algunos dirigentes de ERC han considerado una crítica dirigida especialmente contra los republicanos. Hace unos días, ANC y Òmnium exigieron a las formaciones políticas "una estrategia conjunta" de cara al próximo otoño. Y, aunque no mencionaron expresamente cuál debe ser esta hoja de ruta, la apuesta de la ANC volvió a quedar clara a principios de julio, cuando quiso dar "un toque de atención a Junts per Catalunya y ERC" por pactar en algunas instituciones con el PSC. "Ningún pacto con el 155 y no investir a Pedro Sánchez", exigió.

Aunque la crítica de la ANC y su exigencia de mantener una posición dura contra el Estado se dirigió contra las dos principales formaciones del independentismo por sus pactos con el PSC –Junts per Catalunya en la Diputación de Barcelona y ERC en ayuntamientos–, no puede obviarse que su posición es exactamente la contraria que la que plantea ERC. De ahí que algunos exdirigentes republicanos –como los exconsellers Josep Huguet y Anna Simó– hayan anunciado que no irán a la manifestación de la próxima Diada, que según Huguet "una panda de exaltados quiere convertir en un aquelarre purificador contra los traidores". Y de ahí también que el exportavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, denunciase hace unos días que la ANC "se equivoca" en su forma de actuar.

"La ANC se equivoca. Se ha convertido en un contrapoder. En lugar de facilitar la acumulación de fuerzas, creo que está pervirtiendo la voluntad diáfana del independentismo de ser flexible, abierto", criticó el pasado martes Tardà en los micrófonos de RAC1, en los que también lamentó que la entidad haya "abandonado" su "ADN" inicial "de trabajar para desvelar inquietudes, socializar aspiraciones y rentabilizar energías". El dirigente, asimismo, volvió a defender la línea de ERC en contraposición a la de la ANC: "¿Habrá que volver a desobedecer? Es posible. ¿Es posible que tengamos que volver a escenarios de unilateralidad? Es posible. Pero no es el objetivo prioritario", afirmó.

Las palabras de Tardá fueron rápidamente contestadas por la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que acusó a ERC de tener la "piel fina" ante las críticas. "La esencia de la ANC es, desde su nacimiento, condicionar la agenda política desde la sociedad civil", respondió Paluzie, que recordó que la entidad también ha criticado en los últimos meses a Junts per Catalunya por su pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona y sostuvo que la ANC "ha sido cuidadosa para mantener su neutralidad y su apartidismo". "Quizás [Tardá] tiene un desconocimiento de lo que ha hecho la ANC el último año y quizás se está dejando llevar por los titulares en las redes sociales", deslizó la presidenta de la organización.

Un discurso "transversal" o hacer España "ingobernable"

Este intercambio de reproches, lejos de ser un incidente aislado, refleja el clima de tensión que existe entre los dos polos del independentismo, el que apuesta por la vía posibilista y el que quiere adoptar una actitud frentista. Fuentes de ERC insisten en que el próximo otoño el independentismo debe dar "una respuesta masiva y transversal" a la sentencia del juicio del procés, lo que implica atraer "a todos los soberanistas preocupados por la judicialización" del problema territorial "sean o no independentistas". Abandonar esta estrategia "mayoritaria" por una que apele solo a los secesionistas "será gestionar una derrota", advierten estas fuentes, que advierten de que cuanto más se apele al independentismo "puro", "más honda se va a cavar la tumba del soberanismo".

Por el contrario, la ANC lo dejó claro en su comunicado de principios de julio: "El movimiento político independentista ha de entender que el mejor mensaje que se puede dar al mundo es que España es ingobernable si no se resuelve el conflicto catalán", y por tanto no se pueden entregar "las instituciones al 155" o investir "gobiernos que reprimen, humillan, niegan el derecho a la autodeterminación y ni siquiera aceptan Cataluña como un sujeto político". "Los partidos están enredados en declaraciones, en tirarse los trastos a la cabeza, y lo que hace falta es que se pongan las pilas", argumentan fuentes de la entidad independentista en la misma línea que la propia Paluzie hace unas semanas, cuando indicó que se había "comprobado de forma muy cruda el regreso al partidismo y la disputa por espacio de poder autonómico y local".

Ante este enquistamiento, vender una imagen de unidad del independentismo para el próximo otoño parece una quimera, aunque tanto la ANC como ERC plantean precisamente eso: la necesidad de un discurso "unitario" y sin fisuras. La sentencia del juicio del procés del próximo otoño puede ayudar a que todos los actores del bloque independentista se compacten en torno al futuro de los presos, especialmente si son declarados culpables. Pero parece complicado que las diferencias, de calado y relativas a la estrategia a largo plazo, desaparezcan, especialmente cuando en el horizonte se avecinan problemas como la posición a tomar por el independentismo en una repetición de las elecciones generales o la eventual convocatoria de comicios autonómicos, que ERC pide pero que Junts per Catalunya rechaza.

Lo que todo el mundo tiene claro es que el fin del juicio es "la etapa final del procés" tal y como ha sido hasta ahora, en palabras de un dirigente de ERC, o que, al menos, "marcará el final de una etapa y el inicio de otra", según señaló hace unos días Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium. Y cómo gestione el independentismo esa fase será clave para su futuro, como planteaba hace días Paluzie: "Nos jugamos que los partidos independentistas cumplan con su compromiso hacia el país y evitar que el independentismo quede dormido por años".

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha escrito una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para expresar varias "quejas y solicitudes" en relación con el informe realizado por un grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que ha emitido un informe favorable a los encausados por el procés Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras. Según recoge Europa Press, los argumentos del Gobierno se refieren a "posibles circunstancias producidas en el trabajo de ese grupo que inducen a pensar que algunos de sus miembros no deberían seguir participando en sus actividades", ha dicho Borrell durante una rueda de prensa con motivo de una reunión con su homólogo libanés, Gebran Basil.

Las quejas españolas se han comunicado por teléfono, por notas verbales -el instrumento habitual de comunicación entre diplomáticos- y ahora también en una carta del ministro a Bachelet. De hecho, Borrell ha dicho que, por cortesía, no quería detallar esas quejas hasta tener la seguridad de que la destinataria ha recibido la carta, pero ha dejado claro que "hay circunstancias que deben ser corregidas". Eso sí, Borrell ha avanzado que una de ellas se refiere a la forma en la que se ha producido la "filtración" del informe: a su modo de ver, "no debería haber trascendido sino canalizado por los medios adecuados" y eso indica "cierta connivencia o correlación entre quien emite la opinión y quien la comunica a la opinión pública".

Previamente el embajador de España en Ginebra había protestado ante la ONU este viernes por los "errores" y "distorsiones" que contiene elsobre detenciones arbitrarias de esa organización, en el que se tilda de "arbitraria" la prisión de tres políticos presos del procés, y pide su "inmediata liberación". También ha presentado otra nota verbal en la que protesta porque no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores. El Ejecutivo español tendría que haber recibido el pasado miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes.

Así lo ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, preguntada por la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El embajador ha presentado una comunicación oficial o nota verbal, una para solicitar la revisión de esa "opinión" porque incluye "errores y distorsiones", y otra en la que alega que ha habido conflicto de intereses.

Con respecto a la primera, Celaá ha asegurado que los redactores del trabajo "parecen desconocer el delito" por el que los políticos catalanes están siendo procesados, "desconocen aparentemente la separación de poderes" y que su situación está en manos del Poder Judicial. Entiende también el Gobierno que el documento supone además una "interferencia clara" en el trabajo judicial, porque llega "justo antes" de que el Supremo cierre el juicio oral y deje el asunto visto para sentencia.

Para ocultar la sentencia del TEDH

Borrell cree que, "probablemente", esta opinión del grupo de trabajo se ha dado a conocer "para ocultar la importancia y tender una cortina de humo" sobre otra decisión que, según ha destacado, sí tiene "una importancia extraordinaria". Se trata de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechoe Humanos (TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional español de suspender el pleno del Parlament del 7 de octubre de 2017, en el que entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, iba a valorar las consecuencias del referéndum declarado ilegal del 1-O.

Sobre esta sentencia, ha destacado que estaba "extraordinariamente bien argumentada" y que "justificaba plenamente" la actuación del Constitucional. "Distingan por favor, una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos y una opinión de un grupo de trabajo de Derechos Humanos de la ONU", ha remachado.

Por su parte, la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, sí ha sido algo más precisa sobre las quejas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Celaá ha alegado que los redactores del trabajo "parecen desconocer el delito" por el que los políticos catalanes están siendo procesados, "desconocen aparentemente la separación de poderes" y que su situación está en manos del Poder Judicial.

Entiende también el Gobierno que el documento supone además una "interferencia clara" en el trabajo judicial, porque llega "justo antes" de que el Supremo cierre el juicio oral y deje el asunto visto para sentencia. Además, en una de las notas verbales presentados por el embajador español ante los organismos de la ONU en Ginebra, protesta porque no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores. El Ejecutivo español tendría que haber recibido el pasado miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes.

En cuanto a los miembros que han despertado las sospechas del Gobierno, ha detallado que dos de los cinco miembros del grupo de trabajo han tenido "estrechas relaciones" con Ben Emmerson, el abogado que ha presentado la queja y que fue relator especial de la ONU. El Ejecutivo señala a José Antonio Guevara Bermúdez (México) y a Seong-Phil Hong (Corea del Sur), cuyo contacto con Emmerson "hubiera exigido su abstención", según el Gobierno. Los relatores son uno de los llamados "procedimientos especiales" de la ONU para derechos humanos, como también lo son los grupos de trabajo.

En su comparecencia, Borrell ha querido subrayar que el Gobierno español apoya estos procedimientos especial de la ONU "de forma totalmente leal" y ha añadido que, por eso mismo, considera especialmente importante "que se doten de mecanismos de financiación transparentes y claros, que incluyan un sistema de rendición de cuentas y control" que garantice que no pueden ser objeto de manipulación. Para ello, ha dicho, España está dispuesta a contribuir. El titular de Exteriores ha dejado claro que no estaba hablando de la financiación de este grupo en concreto, sino del funcionamiento, con carácter general, de todos estos procedimientos especiales. De hecho, España también quiere transparencia y control de calidad en los casos en que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publica informes u opiniones que hacen ONG que colaboran con ella.

Una ONG de Sri Lanka

Según ha dicho, en su lista hay más de 4.000 ONG y éstas emiten informes que "sin más control de calidad ni más trámites ni más advertencias se publican en la página web". Eso, ha proseguido, hizo que hace unos días "los medios independentistas anunciaron a bombo y platillo" que la ONU había emitido una condena a España por este asunto, cuando en realidad era "una ONG de Ceilán" (Sri Lanka) que había publicado una opinión en la web de la Oficina del Alto Comisionado". "Eso no se puede presentar a la opinión publica como que las Naciones Unidas han condenado a España", ha dicho, sino que es la opinión de una ONG de un país lejano, con un "gran e inusitado interés por lo que pasa en España" que no sabe a qué se debe.

Con todo, preguntado si el Gobierno va a pedir a Bachelet que dé el informe por no emitido o a tomar alguna otra medida, ha respondido que el Ejecutivo tampoco quiere darle al informe más trasdencencia de la que tiene, porque es "cocerles el fuego a los que quieren una cortina de humo para que no se hable del Tribunal de Estrasburgo".

Por su parte, la ministra Celaá, cuando se le ha preguntado por qué el Gobierno no sé movilizó antes para contrarrestar al grupo de expertos, ha respondido que "el Gobierno trabaja, se activa ante hechos, no ante posibilidades". Y que la opinión de este grupo el Gobierno la ha recibido ahora, no antes.

En todo caso, cuando el Gobierno conoció la denuncia de los tres encausados ante este organismo de la ONU, sí presentó alegaciones, 55 páginas elaboradas por la Abogacía del Estado. De hecho, una de las quejas del Ejecutivo es que esas alegaciones han quedado reducidas a dos páginas -e ignoradas por el grupo de trabajo- en el informe final.

El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, jefe de la policía judicial a cargo de la investigación sobre la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ha calificado de "insurreccional" el clima en Cataluña a partir de las actuaciones en Unipost —donde el Instituto Armado se incautó de miles de tarjetas censales— y sobre todo de la operación de registros del 20S en diferentes sedes del Govern. "Aquello era literalmente un polvorín", ha dicho.

Así lo ha señalado este testigo clave ante la sala que juzga el procés en el Tribunal Supremo, incidiendo en la existencia de un antes y un después en el ambiente que rodeó las investigaciones que su equipo de policía judicial llevaba a cabo por orden primero de la Fiscalía de la Audiencia Nacional —desde noviembre de 2015— y después raíz de las diligencias iniciadas en marzo de 2017 por el juez de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer.

"Detectamos las cartas de Unipost y ahí ya fue un golpe duro", ha señalado, para añadir que un día después, con motivo de la operación del 20 de septiembre, hubo que montar un dispositivo especial para que los registros no fueran conocidos con anterioridad y las pruebas que se buscaban pudieran ser "difícilmente obtenibles". "A partir de ahí nos poníamos en un clima que podríamos calificar, por objetivos y por número de acciones, de insurreccional", ha añadido.

Dentro de este clima de acciones dirigidas contra la investigación, el teniente coronel ha señalado que se contabilizaron un total de 88 actuaciones contra la Guardia Civil, tan sólo dos dias antes del 20-S, 84 entre esa fecha y la aplicación del artículo 155 de la Constitución y de nuevo tan solo dos después de dicho momento. Ha dicho también que la celebración del referéndum no era solo el objetivo, sino "la piedra angular sobre la que pivotaba todo un proceso, la condición sine qua non para la declaración de independencia o para poner al Estado en una situación de conflicto".

A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal —cuyo interrogatorio ha merecido varias protestas de las defensas por la terminología utilizada, como la mención a "asedios" cuando el testigo había mencionado escraches—, el teniente coronel ha situado el periodo de "máxima conflictividad" entre el 20 de septiembre y el "paro de país" del 3 de octubre de 2017.

Así, en cuanto a los escraches, el testigo ha contabilizado un total de 47 durante dichas fechas en casas cuarteles de la Guardia Civil, en las que viven los agentes junto a sus familias y hay niños, según ha subrayado a requerimiento de la fiscal, añadiendo que uno de los casos, en Igualada (Barcelona), se llegó a arrojar una prenda con líquido inflamable. Los cortes en carreteras y vías férreas, sin embargo, fueron más numerosos a raíz de la aplicación del 155 según este testigo —se contabilizaron un total de 193—. Lo que cambió radicalmente tras la intervención del Gobierno de Mariano Rajoy fue la respuesta que encontraron cuando acudían a las sedes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) o a Ómnium Cultural para ejecutar alguna diligencia, ya que entonces no se encontraban con la resistencia ciudadana que en jornadas anteriores era la tónica general.