Un informe emitido el pasado 25 de julio por la Cámara de Cuentas de Madrid ha venido a reforzar las sospechas de juego sucio en uno de los mayores contratos de publicidad que investiga la Audiencia Nacional dentro de la Operación Púnica. Relativo al Canal de Isabel II, el dictamen del órgano fiscalizador concluye que la empresa de aguas adjudicó en enero de 2014 a una misma compañía –Arena Media, del grupo Havas– 5,56 millones por una amalgama de servicios publicitarios que se agruparon sin que nadie explicase el porqué, lo que lesionó el principio de transparencia. Y que se cuantificaron en un importe multimillonario (4,6 millones sin IVA) sin que tampoco nadie se molestara en dejar en el expediente administrativo una sola pista de cómo se había alcanzado esa cifra.

¿Es este uno de los contratos públicos que, supuestamente, utilizó la Comunidad de Madrid durante los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González para financiar campañas del PP? El interrogante sigue hoy abierto, pero es justamente el que alimenta la investigación judicial sobre la millonaria adjudicación del contrato bautizado como de "Servicios de gestión de compra de medios y diseño de campañas y acciones de comunicación de Canal de Isabel II Gestión SA". El contrato, de 15 meses de duración e "incorrectamente" prorrogado –denuncia la Cámara–, se extendió hasta 2015. Su ejecución coincidió por tanto con dos años electorales: 2014, en que se celebraron comicios europeos; y 2015, en que hubo elecciones autonómicas y municipales en mayo y, finalmente, generales en diciembre.

Como desveló infoLibre, el expediente administrativo lleva desde el otoño de 2016 en manos de la Oficina Antifraude de la UE (OLAF). En el escrito con el que reclamó la documentación del contrato, la OLAF hizo constar que "posiblemente" se había cofinanciado con dinero europeo.

Ante el juez del caso, el que en 2014 era director general de Arena Media, David Colomer, ya admitió como testigo que ignora "si tiene sentido" que un gobierno dedique una partida de semejante envergadura a propaganda mediática sobre el uso racional del agua.

Cuando el magistrado le interpeló sobre por qué el Ejecutivo regional había externalizado la tarea de insertar anuncios en lugar de encomendársela a su Dirección General de Medios, el testigo respondió así: "Buena pregunta".

El ejecutivo negó no obstante que los fondos se hubieran usado para financiar al PP. Y descartó que parte de los trabajos hubieran sido subcontratados a Alejandro de Pedro, el experto en reputación online que, según la investigación, lavó en internet la imagen de diversos dirigentes del PP con cargo a contratos públicos de teórica índole institucional .

Expertos en publicidad consultados en su día por este periódico explicaron que cuando una central de medios contrata publicidad a gran escala en periódicos, radios o televisiones, suele obtener espacios gratuitos en esos mismos medios. Y esos espacios puede dedicarlos, si quiere, a insertar anuncios de sus clientes prioritarios. 

El mensaje del conseguidor Alejandro de Pedro

El porqué de las preguntas que tanto la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) como el juez formularon al exdirector general de Arena Media sobre Alejandro de Pedro tiene su explicación en las conversaciones interceptadas en la Operación Púnica. En uno de los sms cruzados entre el empresario y la que durante la etapa de Aguirre y González fue directora general de Comunicación, Isabel Gallego, constata que De Pedro le pidió que le transmitiera un mensaje a Salvador Victoria, en 2014 número dos del Gobierno de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, apenas dos semanas después de que Arena Media hubiese obtenido el contrato.

El mensaje decía literalmente esto: "Isa solo una cosa me imagino que estarás en la asamblea [de Madrid]. Podrías decirle a salva si puede desayunar conmigo, sé q han adjudicado el tema pero yo sigo igual, sin noticias. Quería q me pusiera ya la reunión con arena".

El exdirector de Arena confirmó en su declaración que se había reunido con Salvador Victoria antes de que la adjudicación se formalizara. Pero le restó importancia al asunto: Victoria quería conocer la empresa para saber simplemente cómo había podido hacer una oferta que Colomer vino a definir como muy buena.

Pero si los investigadores de Púnica ya albergaban dudas sobre el objetivo real de ese contrato, el informe de la Cámara de Cuentas madrileña desgrana ahora los puntos que oscurecen esa adjudicación. Constituye, dice el documento [pincha aquí y ve a la página 270 del pdf], "un ejemplo de la falta de determinación precisa y de justificación adecuada de la naturaleza y extensión de las necesidades que el contrato iba a atender".

Las "carencias del somero informe de necesidad e idoneidad" –añade el informe– impiden "conocer las razones por las que un conjunto de prestaciones heterogéneas se agrupan en un solo contrato frente a la situación anterior y a la posterior". Es decir, que ni antes se había seguido ese método ni después volvió a aplicarse.

El órgano fiscalizador cita, aplicando su contenido a este caso, una Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (RTACRC) que dispara al núcleo del problema: "La amalgama de tan distintas prestaciones, la indefinición deben llevarnos a concluir que efectivamente se vulnera el principio de transparencia".

Pero hay más aún. Al abordar el aspecto de la cuantificación del contrato, la Cámara dice esto: "El expediente declara en diversos de sus trámites que el presupuesto máximo de licitación es de 4.600.000 euros (IVA excluido) pero carece de cuaqluier justificación o explicación de cómo ha llegado a determinarse dicha cantidad o de su adecuación a las necesidades previstas, al objeto del contrato, a la duración del mismo o al mercado".

El colofón final del informe se refiere a la duración del contrato. El pliego de condiciones, recuerda la Cámara, "declaraba expresamente que el plazo de ejecución del contrato era de 15 meses y que no era procedente la prórroga del mismo". Pese a ello, "el órgano de contratación aprobó incorrectamente la prórroga del contrato".

La agenda secreta de Francisco Granados incautada por la Guardia Civil en su domicilio durante los registros de la Operación Púnica constata que el exdirigente del PP ideó "un powerpoint" sobre "corrupción socialista" en el otoño de 2010, en pleno escándalo sobre la fundación Fundescam. Esa fundación, cuya existencia había pasado inadvertida durante años, fue la utilizada por el PP para financiar con no menos de 1,3 millones de euros las campañas de Esperanza Aguirre en 2003 -las del tamayazo- y 2004.

El apunte dice literalmente lo siguiente: "Lista de sedes para powerpoint s/ corrupción socialista (Salva Victoria)". No está datado pero las fechas de las anotaciones que le preceden y le siguen indican que fue hecho entre octubre y noviembre de 2010. En aquellas fechas Granados era el número dos del PP de Madrid: hoy ha cumplido ya dos años en prisión provisional por presuntos pero graves delitos de corrupción y bajo la sospecha de que aún oculta grandes cantidades de dinero. Por lo que respecta a Salvador Victoria, ahora también imputado en Púnica, ya presidía el comité jurídico de la organización madrileña cuando Granados hizo su anotación sobre aquel "powerpoint".

En octubre de 2010, un año después de que una investigación periodística destapase en mayo de 2009 cómo Fundescam se había nutrido de fondos aportados por adjudicatarios de contratos públicos de la Comunidad de Madrid, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán y Arturo Fernández -el primero, ya preso y, como el segundo, ahora también en el banquillo por las tarjetas black-, trascendió una noticia que zarandeó políticamente al PP cuando ya se preparaba para las elecciones autonómicas de mayo del año siguiente. Esa noticia fue que un informe policial incorporado al caso Gürtel había verificado el uso de Fundescam como vía de financiación irregular del partido.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción consideró que "los delitos [electorales y de falsedad en documento mercantil correspondiente a los años 2003 y 2004] mencionados se encontrarían prescritos no procediendo, en consecuencia, una más profunda investigación". Ahora, y en el contexto de la Operación Púnica, la Guardia Civil investiga los contratos públicos que Arturo Fernández obtuvo en Madrid, entre ellos los asignados concurso tras concurso para la gestión del bar de la Asamblea regional.

Victoria: ni diapositivas ni ronda de 'briefings'

En conversación con infoLibre, Salvador Victoria ha asegurado que nunca habló con Granados sobre ningún powerpoint de corrupción. Y que no cree que lo que el exdirigente conservador estuviera preparando fuese una "ronda" de briefings o sesiones informativas por sedes del PP para ilustrar a los dirigentes locales sobre aquellos casos que afectaban al PSOE. "Ni se hizo powerpoint ni ninguna ronda de sedes", dice Victoria.

¿Y qué puede significar entonces esa anotación? "Que Granados quisiera hacerse una visión de conjunto sobre los casos que afectaban al PSOE y que hablara de sedes en referencia al municipio donde el partido hubiera planteado la denuncia en cada caso". "Como yo era el responsable jurídico del partido por eso incluiría mi nombre", sostiene Victoria,  que fue consejero de Presidencia en el Gobierno de Ignacio González.

El 13 de diciembre de 2010, Salvador Victoria protagonizó como presidente del comité jurídico del PP madrileño una rueda de prensa donde acusó al entonces secretario regional socialista, Tomás Gómez, de estar convirtiéndose "en el líder de la corrupción socialista en la Comunidad de Madrid". Victoria enumeró varios casos de supuesta corrupción que afectaban al PSOE: el proceso abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, condenada por el tribunal madrileño y en 2012 absuelta por el Supremo; a las "amistades inexplicables" del alcalde de Collado Villalba, José Pablo González, con constructores, denunciado en 2011 por el PP y Manos Limpias y finalmente archivado; a la citación por parte de un juzgado del concejal de Infraestructuras, Obras y Servicios del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Alberto López; o a la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de Leganés y diputado por el Grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, José Luis Pérez Ráez, por el caso Cuadrifolio, en el que resultaron absueltos.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) pidió en junio a través de su enlace en el Gobierno español datos sobre un contrato millonario investigado en la Operación Púnica. Se trata de un contrato de publicidad que adjudicó por 4,6 millones más IVA la empresa pública Canal de Isabel II en enero de 2014, durante la etapa de Ignacio González como presidente de la Comunidad de Madrid. Así consta en documentos incorporados al sumario del caso y a los que ha tenido acceso infoLibre. 

Relativo a la gestión de compra de medios -un servicio mayorista para la colocación de paquetes de publicidad del mismo anunciante en medios de comunicación- y al diseño de campañas, el contrato fue adjudicado a uno de los grandes del sector: Arena Media Communications España SA, del grupo Havas. La adjudicación se produjo el 29 de enero de 2014 tras un concurso abierto. 

El papel del Canal de Isabel II en los manejos de la trama Púnica ya viene siendo investigado desde el inicio de la operación. En junio de 2015, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, ya dictó un auto en el que afirmaba que la empresa madrileña de aguas había sido uno de los vehículos utilizados por el exconsejero madrileño de Presidencia, el hoy imputado Salvador Victoria, para ordenar pagos fraudulentos a las empresas de Alejandro de Pedro. Experto en reputación online, a Alejandro de Pedro le consideran los investigadores ¡uno de los grandes conseguidores de la trama. Su hermano Adrián ya declaró en octubre de 2014 que la Comunidad de Madrid estaba abonando a las empresas Eico y Madiva, mascarón de proa empresarial de De Pedro, "facturación ficticia" a través del Canal de Isabel II. 

Sobre el contrato de Arena Media giraron hace ya más de un año, en mayo de 2015, varios interrogatorios efectuados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a directivos de Arena Media en calidad de testigos.  Tres preguntas repetidas a lo largo de los interrogatorios a los testigos de Arena Media delatan qué buscaban y buscan los investigadores. La primera de esas preguntas fue la de si alguien había presionado a Arena Media o le había dado instrucciones para que subcontratara a Alejandro de Pedro, cuyo papel ha ido creciendo a ojos de los investigadores a medida que han avanzado las pesquisas sobre la presunta financiación ilegal del PP. Esa parte de caso continúa bajo secreto de sumario. 

La segunda pregunta de relieve versaba sobre si Salvador Victoria, que en 2014 ostentaba dos cargos heredados de Ignacio González -no solo era consejero de Presidencia en Madrid sino que también presidía el Canal de Isabel II-, intervino de algún modo en la adjudicación de aquel contrato. Y la tercera, si los superiores jerárquicos del testigo en cuestión o alguien del Canal de Isabel II le habían sugerido alguna vez que realizase "facturación ficticia" o pagos por trabajos que no se correspondían con los derivados del contrato. Ninguno de los testigos aportó ninguna respuesta comprometedora para el Canal de Isabel II o para Alejandro de Pedro.

"Posiblemente" cofinanciado por Europa

La OLAF, a la que la Guardia Civil respondió el 15 de julio para comunicarle que el análisis sobre ese contrato aun no había finalizado, reclama los informes para determinar, a la vista de su contenido, si debe abrir una investigación propia. Y ello porque, según el escrito por el que solicita los datos, aquel contrato fue "posiblemente" cofinanciado con fondos europeos.

"La investigación a día de hoy no se ha concluido -se lee en el oficio que la Guardia Civil envió el 15 de julio al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para que lo hiciera llegar a la OLAF- a fecha de hoy no se ha concluido, quedando por aportar el análisis y conclusiones del mismo ante el Juzgado competente de la Audiencia Nacional".

Transmitido al citado juez por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude del Ministerio de Hacienda, el escrito de la OLAF había trazado semanas antes un relato detallado del porqué del interés de la Oficina Antifraude: "La OLAF -dice el texto- está procediendo al análisis de la información disponible, de cara a la posible apertura de una investigación en caso de haber una sospecha suficiente de fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión Europea".

"El fundamento de la intervención de la OLAF en este caso -prosigue el escrito- es la posible cofinanciación, con fondos procedentes de la Unión Europea, del mencionado contrato público o de otros contratos adjudicados por la empresa en cuestión que estén siendo objeto de investigación".

La oposición en la Comunidad de Madrid sigue presionando para conocer posibles irregularidades en el Canal de Isabel II. Este jueves, la Asamblea de Madrid se reunirá en sesión plenaria y en ella se interpelará al Gobierno por los negocios de la empresa en Latinoamérica, puestos en cuestión al revelarse que el Canal pagó en 2013 alrededor de 21 millones de euros por una empresa brasileña que, al cabo de un año, valía cuatro veces menos. En aquel entonces, al frente de la compañía pública estaba el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, hoy imputado en el marco de la operación Púnica, y el presidente autonómico era Ignacio González.

Hace unos días, Eduardo Gutiérrez, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, denunciaba en la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Asamblea la compra en el año 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por parte del Canal de Isabel II. La adquisición, sin embargo, no la hizo el Canal directamente, sino que se produjo a través de una serie de entidades propiedad total o parcialmente de la compañía pública.

Así, Canal Extensia –una compañía participada al 100% por el Canal que se encarga de "la gestión de sociedades participadas"– constituyó en 2013 la empresa Soluciones Andinas de Agua junto a Inassa, una sociedad participada en un 81%, a su vez, por Canal Extensia. Fue Soluciones Andinas quien, en noviembre de ese mismo año, adquirió el 75% de Emissao Engenharia e Construçoes, por un total de 21,6 millones de euros, tal y como figura en la memoria de 2014 de Canal Extensia, que también revela que esa sociedad dependiente del canal prestó a Soluciones Andinas e Inassa dos créditos por un valor total de más de 22 millones de euros para acometer esta compra.

El problema es que, pese a que la compra de Emissao Engenharia e Construçoes –que, en última instancia, se pagó con dinero público– se efectuó por más de 21 millones de euros, la memoria de 2014 de Canal Extensia revela que la empresa tenía un patrimonio neto de tan sólo 10,2 millones a finales de 2013, y su valor había descendido hasta los 5,1 millones de euros en diciembre de 2014. Ese será uno de los temas a tratar este jueves en la Asamblea de Madrid a raíz de la interpelación que ha registrado la diputada socialista Mercedes Gallizo, que quiere conocer la "política general del Consejo de Gobierno en relación con la presencia de Canal de Isabel II en América". Gutiérrez aprovechará su intervención posterior para preguntar al Gobierno sobre el tema.

Richmond será destituida

La sospechosa operación tendrá, en todo caso, sus repercusiones en la cúpula del Canal de Isabel II. Fuentes de la empresa pública aseguraron a infoLibre que María Fernanda Richmond, directora financiera y de desarrollo de negocio de la compañía y responsable última del Área de Consolidación y Participadas –la que se ocupa de las empresas del Canal en América–, ha sido destituida de su cargo este mismo miércoles, pocos días después de regresar de un viaje profesional en el que, entre otros países, visitó Brasil. Oficialmente, el Canal niega que Richmond haya sido cesada, aunque extraoficialmente fuentes de la empresa admiten que "los plazos para sustituirla son cortos".

Las posibles irregularidades en la compra de esta empresa ya han saltado en la Asamblea de Madrid y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes –que en 2013 era vocal del Consejo de Administración del Canal en representación de la Administración–, se ha comprometido a llevar ante la Fiscalía la documentación de la que dispone. Según adelantó el diario El Confidencial, una investigación interna llevada a cabo por parte del nuevo director gerente del Canal, Rafael Prieto, ha revelado que la adquisición se realizó a través de unos pagos que pasaron por bancos suizos.

Este no es el único escándalo que salpica al Canal de Isabel II en los últimos meses. Hace algo más de un mes, Cifuentes decidió destituir al hasta entonces presidente ejecutivo de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, cuyo nombre había aparecido en los papeles de Panamá como directivo de tres empresas radicadas en Hong Kong –considerado un paraíso fiscal hasta 2012– y creadas por el bufete Mossack Fonseca. Además, tal y como publicó infoLibre, el Canal tiene colocados en cargos de dirección a al menos seis personas del círculo más estrecho de Aguirre y González, entre ellos María Fernanda Richmond, que además de directora financiera es esposa del consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, imputado en la trama Púnica y amigo íntimo, a su vez, del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, imputado en el caso Púnica, solicitó autorización al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para desplazarse durante tres días a Guinea Ecuatorial para asesorar al Gobierno en un "proyecto cinematográfico" de promoción turística del país africano.

Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que el magistrado solicitó a Victoria que detallara el objeto de este desplazamiento que reclama antes de decidir si lo autoriza o no.

Según indicó en un escrito, Victoria, contra el que pesa la prohibición de abandonar España, pidió desplazarse a Guinea este jueves y regresar el sábado "para el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos profesionales".

Recordó que desempeña ahora su labor en la empresa Activate 2 y reclamó autorización judicial con "carácter urgente". Agregó que fue "expresamente" llamado por el Gobierno que dirige Teodoro Obiang y sólo él puede "única y exclusivamente" asistir al acto.

Victoria aportó una carta fechada en Malabo el pasado 5 de mayo y firmada por el director general de Centros Culturales y Cines en el que se explicaba que el Ejecutivo guineano está desarrollando acciones "con el fin de fomentar el sector turístico y expandir la cultura" para mejorar su proyección internacional.

Asistencia profesional

La misiva detalló que durante la próxima semana tendrá lugar el primer rodaje cinematográfico por parte de una productora internacional con la que se suscribió un acuerdo. "Estaremos muy interesados en su presencia durante los próximos 12 y 13 de mayo para asistirnos profesionalmente", añadió.

Victoria dimitió de todos sus cargos en la Comunidad de Madrid el pasado 4 de junio. El juez consideró que dispensó un "trato de favor" al empresario Alejandro de Pedro, uno de los conseguidores de contratos de la trama presuntamente liderada por el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, y ordenó al menos cinco pagos en negro para remunerar sus trabajos de reputación on line para altos cargos.

El juez creyó que Victoria habría adjudicado a las empresas de De Pedro contratos de influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos, así como contratos de publicidad que se otorgaron de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos.

Así consta en el sumario de la trama presuntamente liderada por el ex secretario general del Partido Popular (PP) madrileño, Francisco Granados, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que aparece el testimonio que Adrián de Pedro, hermano del informático y "estrecho colaborador" en sus negocios, prestó el 27 de octubre de 2014.

En su declaración "ni se cita a Indra ni se citan supuestos pagos a Indra; tan sólo se cita que la facturación ficticia que se está pagando a Eico y Madiva se está haciendo a través del Canal de Isabel IICanal de Isabel II".

Anotar "a cuenta"

La encargada de facturación de dichas mercantiles, Guadalupe Caballero, también mencionó en la declaración que prestó en calidad de testigo el 5 de febrero de 2015 que Alejandro De Pedro le pidió anotar "a cuenta de la deuda con la Comunidad de Madrid" que se han abonado 14.000 euros. En esa comparecencia, señaló que "la deuda que tenían las empresas de De Pedro con la Comunidad de Madrid de 140.000 euros le indicaron que la iba a pagar el Canal de Isabel IICanal de Isabel II", añade.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco subrayó en un auto dictado el pasado junio que el exconsejero madrileño Salvador Victoria ordenó pagar a De Pedro y los traspasos de efectivo se realizaron "por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio OrtegaCanal de Isabel II, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid".

De hecho, la Guardia Civil preguntó en octubre de 2014 al experto en redes sociales, Alejandro de Pedro, por los tres sobres con 82.500 euros que habían sido localizados en su domicilio, dentro de dos chaquetas. El respondió que 2.500 euros, en billetes de cincuenta, procedían de un supuesto pago que le había hecho Indra y el resto eran ahorros suyos y de su mujer.

A través de Indra

Además, explicó que el que fuera consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás, le indicó que parte de la deuda que el Ejecutivo regional tenía con sus empresas, que ascendía a 140.000 euros, se haría a través de Indra. En este sentido, mostró su "sorpresa" por el hecho de que una persona de dicha mercantil le entregó un sobre con 10.000 euros en un vehículo en La Moraleja sin entregarle factura alguna.

En el caso Púnica se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el 30 de octubre de 2014 a prisión por formar parte de una "organización criminal".

Aguirre, que llegó a la Asamblea pasadas las ocho de la mañana, no compareció hasta poco antes de las dos de la tarde. Nada más llegar, ante numerosas cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, lanzó sus primeras andanadas contra Podemos, un partido que según la expresidenta de la Comunidad tenía intención de llamarla "corrupta" y "vieja" en relación a la trama Púnica.Púnica

Pero la propia Aguirre tuvo que reconocer que la comparecencia siguió otros derroteros: "El señor Espinar se ha comportado de una forma educadísima conmigo, aunque no quiero lanzarle el capote para el segundo turno, que yo sí soy muy taurina", aseguró la dirigente del PP a preguntas del parlamentario de la formación morada Ramón Espinar.

Zafra, de Ciudadanos

Pero pese a responder a casi todas las preguntas de los grupos de la oposición, en sus contestaciones Aguirre se lavó las manos. Como por ejemplo cuando el muy incisivo diputado de Ciudadanos César Zafra le preguntó por la conversación en la que el exconsejero habría instado a que Indra pagara 10.000 euros al empresario Alejandro de Pedro, al que el PP encargaba labores de posicionamiento online, alegando que era algo que se hacía "toda la vida".

A este respecto, Aguirre aseguró que le "chocaba", y precisó que cuando ocurrió, ella " no estaba en política". "Estaba en el PP de Madrid, pero no en la Comunidad", apostilló.

"No escuché si Victoria dijo eso. Yo estoy muy en desacuerdo. Nunca que yo haya sabido, se ha hecho semejante cosa y me parece indignante. Estoy en desacuerdo, no lo he visto jamás y espero no verlo. No sé lo que hizo el señor Victoria", ha remarcado Aguirre, que ha asegurado que es algo que "no se ha hecho en la vida".

Amparo de la mesa

"¿Qué estaba haciendo?", insistió varias veces el diputado de Ciudadanos, quien criticó por "extraño" que la presidenta del PP de Madrid no supiera lo que estaba pasando y que se estaba usando [la empresa de informática] ICM "como una tómbola".

Entonces Aguirre pidió amparo a la mesa afirmando que ella no venía a comparecer para explicar lo que hacía en esos años, y sin responder directamente a la pregunta continuó hablando sobre el tema diciendo que ella no había nombrado a Victoria, pero es una persona que tenía "toda" su confianza". "Sí, de momento sí. Si se demuestra que ha hecho algún ilícito dejará de tenerla", afirmó la expresidenta, que sufrió la contestación de Zafra: "Como usted diría no me cuente mamandurrias".

"La mano en el fuego"

Por quién sí puso Aguirre "la mano en el fuego" fue por otras dos investigadas en la trama que investiga en la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco. "Yo le pedí que se viniera conmigo al Ayuntamiento de Madrid, pero decidió abandonar la política", resaltó Aguirre, que defendió a la exconsejera de Educación.

Pero la defensa más cerrada de Aguirre fue la que hizo a su exjefa de prensa Isabel Gallego. "Es una periodista que no ha cometido ningún ilícito penal y que no está imputada sino investigada", aseguró la dirigente del PP, a preguntas de la diputada del PSOE Encarnación Moya.

Al ser preguntada por lo que ha hizo la expresidenta para evitar la corrupción, aseguró que en el momento que tuvo conocimiento "del menor indicio cesarle, a él y a todos". Aunque en ese momento Aguirre tuvo que oir que su jefa de prensa Isabel Gallego está imputada y sigue siendo su jefa de prensa: "Hay imputaciones e imputaciones. No son cosas iguales".

"Yo no intervine en su nombramiento"

La diputada del PSOE Encarnación Moya, que realizó preguntas de gran calado, se interesó por los motivos por los que nombró a Cándido Cerón al frente de la agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), cuyo nombre aparece en el sumario de la Púnica, ya que adjudicó contratos por 5 millones de euros a la empresa Avanzit, con la que estaba vinculado. Pero Aguirre volvió a repartir responsabilidades: "Cerón lo nombra [la actual consejera] Engracia Hidalgo. Y en Caja Madrid lo nombra o el consejero de Hacienda [Antonio] Beteta o Engracia Hidalgo. Yo no intervine en su nombramiento", espetó la dirigente del PP.

"¿Pero entonces de dónde le podría venir ese poder a Cerón, que acabó en Caja Madrid?", le espetó la diputada del PSOE, que sólo obtuvo la respuesta: "A mí me lo contaron a toro pasado".

También llamó la atención de los partidos de la oposición la defensa que hizo Aguirre de la conocida como Ciudad de la Justicia. Un conjunto de edificios en la zona norte de Madrid en los que el Gobierno autonómico invirtió más de 100 millones de euros: "De este asunto me he enterado al leer las declaraciones del señor [Silvano] Corujo. Lo que pasó ahí es que a partir de 2008 decidimos suspender la idea de la Ciudad de la Justicia, que usted puede considerar que era una obra megalómana y no le quitaría la razón, pero que no le iba a constar ni un euro a los contribuyentes", dijo Aguirre.

La duración de la crisis

Pero ante la insistencia de la diputada Moya de por qué siguieron invirtiendo en esas obras cuando ya sabían que la iban a parar, Aguirre pasó de repente a defender estas infraestructuras: "Los ciento y pico millones de euros no están tirados, están ahí. En todas las carreteras que están preparadas. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos lo que iba a durar la crisis económica", se defendió la que fuera ministra de Sanidad del Gobierno de José María Aznar.

Aguirre aprovechó las preguntas del diputado del PP Alfonso Serrano para apuntar la responsabilidad del ex secretario general del PSOE madrileño en la trama Púnica. "Yo estoy aquí, pero [el número dos de la trama] David Marjaliza aportó las facturas de que le pagó la campaña a Gómez, pero no le han querido llamar a la Asamblea".

33 años en política

La que fuera también presidenta del Senado, también fue interpelada sobre las encuestas que investiga el juez Velasco como parte de la financiación irregular: "Las encuestas que encarga el PP de Madrid las paga el PP de Madrid", salió al paso la expresidenta madrileña, que aseguró que ha podido cometer muchos errores ya que ha permanecido 33 años en política y ha manejado "más de 200.000 millones de euros. Yo he nombrado a más de 500 altos cargos, y dos me han salido rana, Francisco Granados y Alberto López Viejo".

Aguirre, que hasta en tres ocasiones lamentó la lentitud de la justicia, contestó al diputado de Podemos Ramón Espinar, que la había comparado con el expresidente italiano Silvio Berlusconi, por defenderse atacando a los jueces, que siempre calificaba de comunistas: "Por cierto, y en este caso todo el mundo sabe que el juez [Eloy Velasco] fue alto cargo del PP. Y ahí lo dejo", espetó la líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid.

Esperanza Aguirre no se mueve. Sigue defendiendo su gestión al frente de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid y señala que su política de 'fichajes' sólo ha fallado en un par de ocasiones. Una vez más, en esta ocasión en el marco de su comparecencia en la comisión sobre corrupción de la Asamblea regional, la presidenta de los conservadores madrileños defendió al grueso de los cargos públicos con los que ha trabajado. “He nombrado a más de 500 altos cargos y dos me han salido rana”, señaló. Se refería concretamente a los exconsejeros Francisco Granados y Alberto López Viejo.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre entró en la Asamblea regional apuntando a la formación liderada por Pablo Iglesias. "Hay partidos como es el caso de Podemos, que no ha tenido poder y ya tiene casos. Hay un integrante que ha cobrado sin ir a trabajar en la Universidad [por Íñigo Errejón], Monedero cobró de Venezuela y ahora se está investigando la financiación de Irán", aseguró la presidenta del PP regional.

La dirigente del Partido Popular explicó que no le han llamado desde la dirección nacional de su partido después de los registros que tuvieron lugar este jueves en la sede de la formación madrileña en el marco de la Operación Púnica y que se siente respaldada. "Hombre, cómo no", dijo.

En sus primeras declaraciones ya en el seno de la comisión de investigación, Aguirre puntualizó que el exconsejero Salvador Victoria no era el máximo responsable de la empresa de informática implicada en la Púnica: "No lo nombré yo, yo nombré a Engracia Hidalgo y a Ignacio González". Aguirre manifestó su confianza en Salvador Victoria y la exconsejera de Educación Lucía Figar, investigados en el caso Púnica.

Sin embargo, mostró su rechazo al supuesto comentario que Victoria hizo al considerado "conseguidor" de la Púnica, el empresario Alejandro de Pedro, al decirle que los pagos en negro se habían hecho "toda la vida" y "nunca" había pasado nada, según revelaron unas grabaciones.

"No escuché si el señor Victoria dijo eso, no sabía que se hiciera semejante cosa y me parece indignante. Yo no lo he visto jamás y espero no verlo", dijo en su comparecencia. Asimismo, explicó que tanto como Victoria como Figar "declinaron la posibilidad" de ir en la lista del PP para la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones regionales. Ambos presentaron su dimisión tras ser imputados en la Púnica para no ser un impedimento a que Cristina Cifuentes fuera investida presidenta con el apoyo de Ciudadanos.

Al contrario que a López Viejo y Granados, Aguirre sí defendió a su jefa de prensa, Isabel Gallego, y a la exconsejera Lucía Figar: "Hay imputaciones e imputaciones. pongo la mano en el fuego por la señora Figar y la señora Gallego". En concreto, Aguirre ha asegurado que Gallego, contratada por el Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, "no ha cometido ningún ilícito penal".

En el interrogatorio de Victoria desarrollado el pasado 25 de septiembre, a cuya grabación ha tenido acceso infoLibre, Velasco llega a asegurar: Víctor Torres dijo que "recibió sobres de usted en dinero negro, que él entregó en el Hotel de las Artes a Alejandro de Pedro". El magistrado da especial relevancia a este testimonio: "Ya es distinto a Indra, esto es que un segundo señor viene al Juzgado a confesar que, por orden de usted, se han hecho pagos en negro al señor Alejandro de Pedro y especificó hasta el sitio...".

Velasco se refiere en la declaración al hasta ahora pago conocido en sobres, que tal y como reconocieron los implicados, se realizó en un coche en La Moraleja (Madrid). El propio De Pedro reconoció haber recibido "de un señor de Indra" 10.000 euros en un sobre a instancias de Salvador VictoriaSalvador Victoria. Pero el juez también aporta el dato gracias a la declaración del empresario Víctor Torres, que está imputado en el caso.

"Amigo personal de Victoria"

Según el juez, Torres le reconoció que "esto no estaba bien hecho", pero que lo hizo porque "un amigo personal de Victoria", que era Sergio Ortega Hernando, le subcontrataba a él los trabajos que le adjudicaba previamente Victoria. Por eso aceptó el encargo de Ortega para que entregara los sobres a De Pedro. "En teoría era lo que le daban a Alejandro de la Comunidad de Madrid por lo que le debían -dice-. [Sergio] me dijo que era dinero que le debían a Alejandro", explicó Torres al juez en su declaración del pasado septiembre.

"¿Qué tiene que decir a esto?", le preguntó entonces Velasco al exconsejero madrileño, que contestó: "Eso carece de la más mínima prueba, que es falso, que yo a ese señor no le he visto en mi vida, que no he encargado nada a nadie y mire usted, el uso que hagan de mi nombre, que habrán hecho en miles de ocasiones, es ajeno a mi".

"Ponía los micrófonos"

Pero en el interrogatorio, Velasco aporta datos de la investigación realizada al empresario Sergio Ortega Hernando, supuesto amigo de Victoria: "¿Usted no ha procurado trabajo a Imagen de Síntesis Digital?. Es la que ponía los micrófonos, los ordenadores y los altavoces en los actos" de la Comunidad de Madrid", relató el juez a Victoria, que contestó de forma escueta: "Es que yo no me ocupo de estos temas".

Y el instructor siguió con el interrogatorio, planteando la "hipótesis" de que si Victoria hubiera decidido que estos actos se adjudicaran a la empresa de Sergio Ortega Hernando, "y hace muchos actos, al final empezará a ganar dinero...".

"Ya", interrumpió el consejero, que echando balones fuera reiteró que él no se ocupaba de la contratación: "Y recuerdo que hicimos hasta un concurso público de celebración de actos para ese tipo de cosas y lo montaba una empresa, que no sé qué empresa es, que yo no he visto en mi vida, no la he visto en ningún trabajo".

184.000 euros

Velasco añade entonces la información recabada de la Comunidad de Madrid sobre la facturación de la empresa de Sergio Ortega Hernando, a quién se le considera "amigo" de Victoria: "Imagen Síntesis Digital facturó con la Comunidad de Madrid en 2009 unos 30.000 euros; 53.000 euros en 2010; 42.000 en 2011; y 65.000 en 2012. Y he empezado a mirar el Canal de Isabel II Gestión [presidido por Salvador Victoria], y solo en 2014 facturó un total de 184.000 euros. Para ser una empresa que pone dos altavoces y dos ordenadores...".

En este punto del interrogatorio, Velasco le vuelve a hacer una pregunta directa a Victoria. "¿Entonces no le ha procurado trabajo a cambio de adjudicaciones de la Comunidad al señor Ortega, que lo ha realizado sin embargo el señor Torres? ¿Le ha pedido que le cubra trabajos que han realizado ellos a través de facturación falsa al señor Torres?¿No le ha pedido el señor Víctor Torres...?". Y ante esta última interpelación, Salvador Victoria interrumpió al instructor: "Es que yo con el señor Torres no he hablado en mi vida. No sé quién es". 

"¿Entonces no es verdad que le hayan llegado sobres de usted para pagarle a Alejandro de Pedro y que ha intervenido el señor Torres?", replicó Velasco a Victoria, que dijo: "Ni este señor ni nadie. No es verdad que le haya dado ningún sobre por orden, mediación o indicación mía, a nadie, es falso".

Borja Sarasola

En el interrogatorio, Velasco se interesó también sobre los contratos del PP. En concreto, sobre si el propio Victoria o el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Borja Sarasola habían contratado a las empresas vinculadas a la Púnica para realizar encuestasPúnica con la intención de conocer la opinión de los madrileños sobre el Partido Popular de esta Comunidad.

Pero Victoria volvió a recurrir al recurso de asegurar que él no era el responsable de contratación del PP madrileño: "Yo no tengo ninguna facultad para contratar en el PP de Madrid. Yo he estado coordinando las actuaciones judiciales del PP, yo no contrato a nadie".

Asimismo, Velasco se interesó sobre si tenía algún dato sobre los contratos del PP a la empresa Demométrica para realizar encuestas: "Una vez me comentó Borja Sarasola que se estaba haciendo una encuesta en la primavera de 2014, y contacté con la empresa para ver si me podía comentar algo, pero me dijo que no lo podía hacer". 

Y el magistrado interrumpió a Victoria para preguntar: "¿Quién contrató y cómo se pagó?". "De la Comunidad... que yo sepa no, las pagaría el PP, de la Comunidad de Madrid en absoluto", contestó el imputado al juez.

Complicado reconocer su voz

Pero a lo largo de la declaración, y tras la lectura de una de las conversaciones, Victoria, que dijo que era "muy complicado" reconocer su voz en las grabaciones, reconoció haber "pecado", porque Alejandro de Pedro le agobiaba ya que le debían dinero.

Y Victoria explicó su versión de una conversación grabada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que leyó el juez, en la que se comprometía a pagar al considerado como conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro.

"Yo cuando le contestaba al teléfono sabía que podía hacerle llegar un mensaje de tranquilidad. ¡Oye!, ¡qué sabemos que estás agobiado!, no te preocupes que algo haremos. [El jefe de informática de la Comunidad José] Martínez Nicolás me acababa de contar que estaba presionando, de alguna manera a Indra... presionando no ilegalmente, para que le recibieran. Y bueno, yo lo que a lo mejor sí pequé fue de exagerado al decir que se vea que estamos intentando a ver si le puede recibir alguien de Indra", dijo el exconsejero madrileño, en relación a su supuesta intermediación con la empresa Indra para que ésta abonara dinero en negro al conseguidor de la Púnica.

Velasco, que trata de determinar si el Partido Popular de la Comunidad de Madrid se financió de forma irregular, preguntó a Victoria por su relación con personas que ayudaban al PP en las elecciones. Pero el exconsejero de la Comunidad de Madrid le aseguró que él desconocía que hubiera "pagos a gente que ayude a ganar las elecciones".

Leer una conversación

Velasco, que en todo momento recurrió a las transcripciones de las grabaciones para apuntalar su interrogatorio, le contestó: "Luego le leeré una conversación en la que usted dijo unas palabras a una persona que parece que ha ayudado, que la gente se asusta cuando hay que poner dinero para ganar las siguientes [elecciones], ahora se lo leeré".

Pero Victoria replicó: "Los únicos pagos que hay son los que permite la Ley Electoral General, y que se declaran...". Pero Velasco entonces le vuelve a interrumpir: "Eso lo legal, yo estoy hablando de pagos ilegales, en dinero, sin contraprestación y sin contrato...". Y Victoria dijo entonces: "Yo nunca he conocido ningún pago ilegal".

184.000 euros

El interrogatorio también incluyó nuevos datos sobre la empresa pública Canal de Isabel II, que según el juez podría haber sido utilizada para pagos irregulares. En concreto se trata el abono de 184.000 euros a la empresa Imagen de Síntesis Digital: "¿Qué se le compra a este empresa por un valor de 184.00 euros anuales?", interpeló Velasco a Victoria, que le espetó: "Lo desconozco".

Y para justificar su ignorancia sobre esta inversión, pese a la importante cuantía de la misma, Victoria alegó que el consejo de administración del Canal de Isabel II, que él presidía, solo se reunía una vez al mes, y que en esa reunión solo se aprobaban las inversiones de mayor cuantía, de hasta millones de euros.

Velasco también aludió a otros temas, como por ejemplo los supuestos pagos en negro de Indra que tuvieron como destino, según el sumario, al considerado conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro. Pese a las evidencias, Victoria negó cualquier vinculación con el abono en sobres, descargando toda la responsabilidad en el exresponsable del área de informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, que fue detenido en la primera fase de la operación Púnica.

Que Indra le hiciera "algunos favores". Eso era lo que buscaba el ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, según aseguró el consejero delegado de la multinacional tecnológica, Javier De Andrés, en su declaración como imputado en la operación Púnica ante el juez Eloy Velasco. De Andrés aseguró al togado que le pareció "extraño" que Victoria –uno de los principales implicados en la trama– le hiciese esa petición, y la calificó incluso de "situación irregular" que le pareció "rara".

La explicación de De Andrés se produjo en la declaración realizó en calidad de imputado el pasado 24 de abril ante el juez Velasco en el marco de la investigación de la red de corrupción Púnica, unos audios a los que ha tenido acceso infoLibre. De Andrés está acusado de haber participado, supuestamente, en el encubrimiento de pagos irregulares a la sociedad que usaba la trama para prestar a políticos servicios de mejora de su reputación en internet.

Según apunta la investigación, Alejandro De Pedro –el conocido como el conseguidor de la Púnica– habría realizado este tipo de trabajos a cambio de pagos en dinero negro que dirigentes de la Comunidad de Madrid le hacían llegar a través de empresas participadas por la Administración. De hecho, el propio De Pedro afirmó en su declaración ante la Guardia Civil, tras ser detenido el 28 de octubre de 2014, que el Gobierno madrileño le pagó a través de Indra 10.000 de los 140.000 euros que le debía por su trabajo, algo que confirmó el también imputado José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid, que supuestamente fue quien pidió a Indra que realizase este pago.

En el interrogatorio a De Andrés, Velasco le pregunta si la Comunidad de Madrid "le ha pedido apoyo económico" a la empresa "para algún asunto". El directivo de Indra admite que el Gobierno regional sí que solicitó a la compañía que abonase un pago de 10.000 euros por los trabajos de mejora de la reputación en internet que llevó a cabo para dirigentes de la Comunidad, y le atribuye esta información a Santiago Roura, de quien dice que le aseguró "que no llegó a entregar ningún tipo de dinero".

Victoria llamó por teléfono a De Andrés

Pero no fue la única vía por la cual, según De Andrés, la Comunidad de Madrid trató de que Indra abonase dinero de manera irregular a De Pedro. Según le explicó el consejero delegado al juez, el mismísimo Salvador Victoria le insinuó que la empresa debería "colaborar" con él. "En el mes de junio de 2014, Victoria vino a que le hicieramos una presentación sobre los sistemas anti incendio [...], y al final, en un apartado, me dijo 'vosotros deberíais colaborar con nosotros, deberíais hacernos algunos favores', y lo hizo en un contexto extraño que me sorprendió, porque nunca me había encontrado en una situación así", señalaba De Andrés.

"Lo que me estaba pidiendo era, de una manera muy genérica, que les teníamos que ayudar en algunos temas", argumentó el consejero delegado de Indra, que no obstante aseguró que Victoria no le concretó "ni cantidades ni personas" destinatarias de estas ayudas, ni tampoco cómo se canalizaría. "Simplemente me lo pidió y yo salí como pude de la conversación", sostuvo De Andrés, que al ser preguntado por Velasco sobre por qué no rechazó de forma tajante la petición señaló que la situación le pareció "irregular".

"¿Consideró usted que esto no era una petición de patronazgo para actividades, sino de financiación?", preguntó tras la explicación el juez Velasco a De Andrés. Y la respuesta fue clara: "No, sinceramente me pareció algo raro, no sé para qué, no sé si para el partido, para la Comunidad o para nada, porque fue todo genérico". No fue, en cualquier caso, la única vez que Victoria se puso en contacto con De Andrés, según admite éste en su declaración. Y es que tres meses después, en septiembre de 2014, el ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid habría llamado al consejero delegado de Indra por teléfono.

En esta llamada, según De Andrés, Victoria se quejó de que Santiago Roura –el responsable de Operaciones de Indra, la persona a la que, supuestamente, se pidió que pagase irregularmente 10.000 euros a De Pedro– no era "muy diligente" y no estaba "respondiendo a lo que le estaban pidiendo". "También es una situación en la que me sentí realmente incómodo", aseguró el consejero delegado de Indra, que sin embargo afirmó no recordar que Victoria le concretase "cantidades ni personas" y admitió que no lo reportó a su superior.

Martínez Nicolás da otra versión

El juez Velasco preguntó finalmente de forma directa a De Andrés si "dio órdenes a Santiago Roura para que efectuase un pago de 10.000 euros a Alejandro De Pedro". La respuesta del directivo de Indra es igual de tajante: "No, nunca", y además el pago "no se hizo", según lo que le contó el propio Roura. La versión, sin embargo, difiere de la que José Martínez Nicolás –quien supuestamente, a instancias de Victoria, pidió a Roura que efectuase la transacción– ofreció al juez en la ampliación de su propia declaración, en la que sostuvo que la petición del ex consejero de Presidencia había sido aceptada por el propio Roura.

En este segundo interrogatorio con el juez, que se produjo el 13 de febrero –la primera declaración data de octubre–, Martínez Nicolás confirma el encuentro que mantuvieron en la sede de Indra tanto Victoria como otra serie de cargos de la Comunidad de Madrid con De Andrés. De igual manera, el exconsejero delegado de ICM certifica la llamada que Victoria realizó al consejero delegado de Indra, y asegura que en esa conversación el político le espetó a De Andrés que "si ayudan, bien, pero si no, que lo digan y no pasa nada: nos ayudamos, o no nos ayudamos".

"No se habló de nada en concreto, del pago en concreto, simplemente de la colaboración y estas cosas", concretó en su declaración Martínez Nicolás, que no obstante afirmó que "al cabo de una semana o dos" De Pedro le comunicó que "ya había cobrado".

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lleva imputadas desde octubre pasado a 90 personas y tres sociedades en la investigación de la trama de corrupción Púnica, que se adjudicó contratos en tres comunidades autónomas, una diputación y una decena de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Europa Press detalla quiénes son los encausados:

Los líderes

- Francisco Granados, exconsejero de Transportes, Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Exsecretario general del PP madrileño.

- David Marjaliza, constructor, amigo de la infancia de Granados y socio de este en varios negocios.

- Alejandro de Pedro, empresario informático experto en reputación online y presunto conseguidor de la trama.

Los miembros de la red

- José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena (PSOE) y socio de De Pedro.

- Ana María Ramírez, secretaria personal de Marjaliza y "mano derecha" del constructor.

- Antonio Cándido Ruiz, presunto testaferro de Marjaliza.

- Eduardo de la Peña, presunto testaferro de Marjaliza.

- Antonio Serrano, presunto testaferro de Marjaliza.

- José Luis Huerta, dueño de Waiter Music.

- Ramiro Cid, constructor y promotor inmobiliario vinculado a Granados y Marjaliza.

- José Manuel Rodríguez Talamino, guardia civil que advirtió a Granados de la existencia de la investigación judicial.

- Adela Cubas, esposa de Marjaliza.

- Ana María Marjaliza, hermana del constructor.

- Juan José Sánchez Barceló, joyero de Marjaliza.

- Olga Sánchez Barceló, joyera de Marjaliza.

- Nieves Alarcón, esposa de Granados.

- María del Carmen Arcas, secretaria de Granados.

Los cargos de la Comunidad de Madrid

- Lucía Figar, exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid.

- Salvador Victoria, exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid.

- Manuel Pérez Gómez, exconsejero y exviceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid.

- José Martínez Nicolás, exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) de la Comunidad de Madrid.

- Isabel Gallego, ex directora general de Medios de Comunicación de la Comunidad de Madrid.

- Edelmiro Andrés Galván, exasesor de Granados en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Valdemoro.

Los cargos de la Región de Murcia

- Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia.

- Mariola Martínez Robles, ex directora general de Turismo de la Región de Murcia.

- José Fidel Saura, ex jefe de Gabinete del consejero de Turismo e Industria de la Región de Murcia.

- Reyes Samper, ex directora del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

- Jesús Norberto Galindo, secretario técnico del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

Los cargos de la Diputación de León

- Martín Marcos Martínez, expresidente de la Diputación de León.

- Manuel Jesús Sánchez, ex interventor general de la Diputación de León.

Los alcaldes

- Agustín Juárez, exalcalde de Collado Villalba (PP).

- Gonzalo Cubas, exalcalde de Torrejón de Velasco (PP) y cuñado de Marjaliza.

- David Rodríguez, exalcalde de Casarrubuelos (PP).

- José María Fraile, exalcalde de Parla (PSOE).

- José Carlos Boza, exalcalde de Valdemoro (PP).

- José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro (PP) y ex diputado regional.

- Antonio Sánchez, exalcalde de Serranillos del Valle (UDMA).

- Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio (PP).

- Mario Utrilla, exalcalde de Sevilla La Nueva (PP).

Los concejales y los trabajadores municipales

- Alejandro Utrilla, concejal de Medio Ambiente de Móstoles (PP).

- Victoria Muñoz Agüera, exconcejal de Obras Públicas de Parla (PSOE).

- Antonio Borrego, exjefe de Gabinete del Ayuntamiento de Parla.

- Avelino Pérez, asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Parla (IU).

- Elena María Fernández Pérez, ingeniera municipal de Parla.

- José Javier Hernández Nieto, exconcejal de Hacienda de Valdemoro (PP).

- Juan Fernando Prado, exconcejal de Cultura de Valdemoro (PP).

- José Luis Navarro Soto, arquitecto municipal de Valdemoro.

- Alfredo Ovejero, exjefe de Gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro.

- Alberto Sánchez Caballero, segundo teniente de alcalde y concejal de Obras de Collado Villalba (PP).

- Teresa Martín, ingeniero municipal de Moraleja de Enmedio.

Los directivos de empresas

- Didier Roger Maurice, director general de Cofely.

- Constantino Álvarez, jefe comercial de Cofely.

- Pedro García Pérez, miembro del departamento comercial de Cofely.

- José Antonio Hernández, jefe de Operaciones de Cofely.

- Víctor Manuel Ortega, supuesto intermediario de los pagos a Cofely en Collado Villalba.

- Manuel Casado, supuesto intermediario de los pagos a Cofely en Collado Villalba.

- Javier Susan, director general de Servicios de Cofely.

- Javier de Andrés, consejero delegado de Indra.

- Santiago Roura, director general de Operaciones de Indra.

- Ana Mayoral, empresaria de Valdemoro.

- Alfonso Ferrón, dueño de Alfedel, promotora de colegios concertados.

- Francisco Colado, presidente de Normetal S.A.

- Julián Giménez de los Galanes, consejero de Normetal S.A.

- Alfonso Luna, empresario.

- Francisco Eduardo Ruiz, empresario adjudicatario de concursos de la Diputación de León.

Resto de imputados

Antonio Brosed, Juan Luis Aguilera, Ramón Serrano Morales, José Torres Torres, Eduardo Cubas Naranjo, María Magdalena Navarro Castillo, Carlota Amor Moreno, Elena Moreno Pascual, Juan José Amor Moreno, Luis Moreno Torres, Carla Sánchez Hernández, Esther Giménez Pastor, Francisco Javier Fernández Ayala, Benjamín Fernández Ayala, Alberto Francisco Sanjurjo Álvarez, José Ramón Carabante Aguilera, Miguel Ángel Díaz Baeza, Francisco Javier Díaz Baeza, Víctor Manuel Sobrino, Roberto de Francisco Garrido, José Antonio Hervías León, María Luis González del Olmo, Víctor Torres Martínez y Sergio Ortega Hernando.

Sociedad imputadas como personas jurídicas

- Cofely España Sociedad Unipersonal.

- Madiva Editorial Publicidad.

- EICO Online Reputación Management.

El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha levantado este miércoles el secreto de la operación Púnica desvela que entre los imputados figura Javier de Andrés, consejero delegado de IndraIndra, la primera multinacional tecnológica española y donde el Estado posee una participación del 20% a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Con 39.000 empleados, el gigante tecnológico facturó 2.914 millones de euros en 2013. 

Hasta ahora, se conocía la imputación del ya ex director general de la compañía, pero no la del consejero delegado, que mantuvo el cargo después de que el anterior presidente, Javier Monzón, fuese sustituido por Fernando Abril Martorell en enero. 

Además de De Andrés, también permanece imputado el director general de Operaciones de Indra, Santiago Roura, dato que ya trascendió al comienzo del caso.

Secreto de las rogatorias

La resolución del juez Velasco, al que ha tenido acceso infoLibre, confirma que el instructor ha decidido mantener todavía secreta una parte del caso, en concreto la relacionada con las comisiones rogatorias.

Sobre la presunta implicación de Javier de Andrés y Santiago Roura en la trama corrupta, la resolución del juez Velasco destaca cómo ambos, Javier de Andrés y Santiago Roura, participaron en el supuesto encubrimiento de pagos a la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), con la que los imputados Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa prestaban a políticos de distintas administraciones, entre ellas la Comunidad de Madrid, servicios de mejora reputacional en internet.

“Respecto a la línea de investigación vinculada a Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa en la Comunidad de Madrid –dice el auto–, se patentiza la realización de trabajos o encargos a Alejandro de Pedro por parte de altos funcionarios de dicha comunidad, no abonados ni justificados de manera contable y la articulación de formas de pago encubiertas, utilizando adjudicaciones de contratos en vigor como el de Indra, con la participación de los imputados Santiago Roura Lama y Javier de Andrés González, director general de Operaciones y consejero delegado de dicha empresa respectivamente”.

El sustituto provisional de Fígar, también imputado

El auto contiene una segunda imputación desconocida hasta la fecha: la de Manuel Pérez Gómez, quien sustituyó por poco más de tres semanas a Lucía Figar cuando la antaño poderosa consejera de Educación se vio forzada a dimitir por su implicación en el caso y para no entorpecer las negociaciones del PP con Ciudadanos para la investidura de Cristina Cifuentes.

Viceconsejero con Figar y consejero solo entre el 4 y el 27 de junio, cuando los integrantes del Gabinete de Cifuentes tomaron posesión de sus cargos, Pérez Gómez había ocupado distintos puestos de segundo nivel en distintos gobiernos de Esperanza Aguirre y, luego, de Ignacio González.

La inclusión de Pérez Gómez en la nómina de imputados empeora el panorama para el PP madrileño en una investigación que sitúa al hasta hace días número dos del Gobierno regional, Salvador Victoria, como uno de los ejes de la trama de cobro de comisiones a cambio de contratos en la Comunidad. Son los también imputados José Martínez Nicolás, exjefe de la Agencia de Informática de Madrid, y el empresario Alejandro de Pedro, quienes implican al exdirigente en la trama.

Según Nicolás, Victoria ordenó cobrar 120.000 euros en negro a la empresa Indra, y también habría entregado 10.000 euros en B a De Pedro. El ya exconsejero de Presidencia niega los hechos. Este lunes, el juez Velasco acordó prohibir la salida de Victoria de España.

La también ya exconsejera Lucía Figar, por su parte, contrató supuestamente servicios de las empresas Madiva y EICO –propiedad de De Pedro– por un coste total de 80.000 euros entre 2012 y 2014. Estos contratos tenían como objetivo mejorar el posicionamiento de las noticias que afectaran a la consejera en internet. También acordaron la creación de una página web que divulgase en el extranjero los estudios universitarios que pueden seguirse en Madrid.

Reputación de Aguirre

De la importancia de las relaciones de la trama con el Gobierno madrileño de Ignacio González habla el siguiente dato, adelantado en exclusiva por infoLibre este martes: la red generó decenas de noticias para mejorar la reputación en internet de Esperanza Aguirre, y así lo confirma un informe de EICO, cuyo propietario es el conseguidor de la red corrupta, Alejandro de Pedro, al que ha tenido acceso este diario.

El contrato entre EICO y la Comunidad de Madrid, que generó un mínimo de 120.000 euros de beneficio a la red Púnica, se firmó en abril de 2012. Y la responsable en el Gobierno madrileño era Isabel Gallego, la directora general de Medios en la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre y después de Ignacio González. Gallego, que aseguró al juez Eloy Velasco que no guardaba ninguno de estos informes, está imputada por el contrato.

Este periódico trató, sin éxito, de contactar con la empresa Indra para incluir su versión de los hechos en la información.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prohibido al exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria salir del territorio nacional y ha ordenado la retirada de su pasaporte tras imputarle cuatro delitos por el "trato de favor" que habría dispensado al presunto conseguidor de la red Púnica Alejandro de Pedro, informaron fuentes jurídicas y recogió Europa Press.

El magistrado señaló en un auto dictado este lunes que Victoria está relacionado con pagos en efectivo supuestamente ilícitos que habrían hecho varios empresarios y sociedades como Indra a los que habría procurado contratación en la Administración regional a cambio de la realización de encuestas y otros trabajos de interés político.

Velasco también señaló que el ex número dos del Gobierno de Madrid adjudicó a las empresas de De Pedro contratos de reputación online e influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos así como contratos de publicidad otorgados de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos.

El magistrado, que también impuso al exconsejero la obligación de comparecer todos los meses en el juzgado más próximo a su domicilio, le imputa indiciariamente los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Sólo en esta semana, el Partido Popular ha visto cómo daban un paso atrás Lucía Figar y Salvador Victoria en Madrid, Alfonso Rus en Valencia y Francisco Javier León de la Riva en Valladolid. Todo en un contexto de intensas negociaciones del partido, sobre todo con Ciudadanos, para formar gobiernos municipales y autonómicos en los próximos días.

En el PP hablan de cambio de ciclo, de salto de una etapa en la que se era menos contundente con los escándalos de corrupción a una etapa en la que la respuesta es más rápida, aunque algunos de estos escándalos llevasen años coleando. Un giro cuyo mérito atribuyen "al compromiso del partido y del Gobierno contra la corrupción y a la asunción de responsabilidades por parte de los afectados".

Pero no pasa inadvertido que estos anuncios de renuncias o dimisiones se producen en medio de la demanda de Ciudadanos de que cualquier formación que quiera su apoyo debe cumplir una serie de condiciones en las que la asunción de responsabilidades políticas ante cualquier caso de corrupción es clave. Y tampoco pasa inadvertido que las dimisiones anunciadas anteriormente han estado precedidas en la mayor parte de los casos de presiones de las respectivas direcciones regionales para que diesen un paso atrás por el bien del partido.

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Alfonso Rus, alcalde en funciones de Xátiva (Valencia) y presidente de la Diputación en funciones. Antes del inicio de la campaña, el PP le suspendió de militancia después de que se filtrase la grabación de una conversación en la que supuestamente se le podía escuchar contando dinero en un coche. Pero él se aferró al cargo y continuó como cabeza de lista de su ciudad. Y aguantó hasta este miércoles, cuando renunció a ser candidato de la lista municipal del PP. Es decir, a recoger el acta.

Si en algún momento tuvo alguna duda sobre si los ciudadanos le iban a dar su apoyo cuando el escándalo que le afecta estaba en plena ebullición, el 24-M recibió un duro golpe de realidad: el PP de Xátiva, cuya lista fue encabezada por él, pasó de ser el favorito a ser la tercera fuerza tras PSPV y EUPV.

Con su marcha, el PP se ahorra las tensiones que iba a haber entre él y el resto de integrantes de la lista el próximo sábado, día en el que se constituirán los ayuntamientos. La dirección nacional del partido insistía en que en campaña no podía tomar ninguna medida contra él, sólo cruzar los dedos para que se marchara. Pero que la reacción llegaría en el momento de la constitución del consistorio. No va a hacer falta. El propio afectado ha dejado el camino despejado.

Las fuentes conservadoras consultadas por infoLibre admiten que les habría gustado que Rus diese un paso atrás antes del inicio de la campaña para evitar dar munición al adversario político, pero sostienen que hay que quedarse con lo "positivo" y que lo "positivo" es que la formación se va desprendiendo de determinados dirigentes que no encajan en lo que necesita el PP de cara a las elecciones generales. "Los escándalos ya no los podemos borrar", señala un dirigente provincial.

En este sentido, mantienen que estos ceses o dimisiones hay que entenderlos más en el contexto global, aunque luego tengan mayor repercusión en los territorios en los que ocurren. "A la hora de buscar las causas de nuestros resultados del 24-M no podemos pasar por alto los escándalos de corrupción que nos han afectado en los últimos años. Los ciudadanos tienen que percibir que algo ha cambiado, que nuestro compromiso por la regeneración va en serio", recuerda.

La caída de De la Riva

Un día después del anuncio de Rus fue el turno de Francisco Javier León de la Riva. El veterano alcalde de Valladolid y el hombre que volvió a encabezar la lista al consistorio castellanoleonés pese a que cuando la dirección nacional del partido le ratificó como candidato ya se conocía de su delicada situación, decía adiós este viernes y dejaba su puesto de alcalde en funciones en manos de la primera teniente de alcalde.

León de la Riva no estaba en disposición de recoger su acta de concejal porque está inhabilitado para el ejercicio del cargo de edil o regidor municipal por una sentencia que le condena por un delito de desobediencia al no adaptar a la legalidad un edificio.

La pelea por el Gobierno de Madrid

De todas las renuncias la que cobra mayor valor a día de hoy es la de Salvador Victoria, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, y Lucía Figar, consejera de Educación. Estas allanan el camino a Cristina Cifuentes, candidata del PP de Madrid a la Comunidad, para acceder a la presidencia del Gobierno regional.

La exdelegada del Gobierno en Madrid necesita del apoyo de Ciudadanos para ser investida y una de las condiciones de Rivera a la candidata del PP es que prescinda de imputados y rompa con la etapa de Esperanza Aguirre.

La situación del PP de Madrid preocupa mucho en el partido, sobre todo porque es de las pocas formaciones regionales que puede salir un Gobierno. El gesto de Figar y Victoria no ha sido todavía suficiente para que Ciudadanos dé el sí a Cifuentes. De hecho, desde la formación de Rivera sostienen que, de momento, pese a reconocer el avance, están ubicados en el no.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisado este viernes al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de que si no puede apoyar al PP valenciano "con la misma lógica" tampoco puede apoyar al de Madrid, porque ambos "han estado sometidos a la misma correa, la de la Gürtel".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Sánchez ha redoblado así la presión a Ciudadanos, después de que dos consejeros madrileños imputados en la trama Púnica, Salvador Victoria y Lucía Figar, hayan renunciado a sus cargos para allanar las negociaciones de la candidata del PP a la Comunidad, Cristina Cifuentes, con el partido que lidera Rivera.

A la trama Púnica ha aludido también el líder socialista, recordando que su cabecilla, Francisco Granados, fue "una persona de la máxima confianza" de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre. Por eso, preguntado si la marcha de Figar y Victoria facilita el camino a Cifuentes, ha respondido: "Ciudadanos dice que quiere regenerar la vida democrática en Madrid y la mejor forma es mandar al PP a la oposición".

Gabilondo, "irreprochable"

Además, ha recordado que Cifuentes tuvo responsabilidad en el PP de Madrid con Aguirre y también en la Asamblea madrileña, y por todo ello ha pedido a Ciudadanos que pase "de las palabras a los hechos" y elija entre el PP de Madrid y "una figura irreprochable como Ángel Gabilondo", el candidato socialista a la Comunidad.

Sánchez ha asegurado que no se alegra de que Gabilondo –su apuesta personal para la Comunidad– sacase mejor resultado en Madrid que el candidato a la alcaldía, Antonio Miguel Carmona, con quien ha dicho tener una buena relación personal y del que ha destacado que "conoce perfectamente la realidad de Madrid".

Eso sí, ha reconocido que el PSOE tiene un problema en las grandes urbes, empezando por Madrid, Barcelona y Valencia, que deben ser "objeto prioritario del nuevo PSOE".

Así, pese a que considera que el PSOE sale de estas elecciones habiendo demostrado que es la alternativa al PP, ha insistido en que su intención no es "gobernar a cualquier precio" ni "echar a nadie", de manera que allí donde es tercera fuerza le corresponderá a otros gobernar, como es el caso de la ciudad de Madrid. "No vamos a permitir que la señora Aguirre sea la alcaldesa de Madrid, por múltiples motivos", ha avisado.

Este es, a grandes rasgos, el PP en el que tiene que apoyarse Cifuentes para lograr ser investida presidenta y no sólo ella. También es el PP en el que tiene que apoyarse Mariano Rajoy en su carrera hacia revalidar otro mandado en la Moncloa. Tradicionalmente, para los conservadores, la movilización del partido en Madrid ha sido clave en escenarios de elecciones generales.

Con todos estos elementos en la coctelera, dirigentes nacionales, diputados regionales y miembros del Gobierno consultados en los últimos días por este diario consideran que el presidente del PP debería tomar el control del partido en Madrid mediante una gestora hasta principios de 2016, cuando la dirección nacional tiene previsto dar luz verde a las direcciones regionales para sus respectivos congresos. "Un partido presidido por Aguirre y González son todo lo contrario a la refundación prometida por la propia Aguirre en la primera rueda de prensa que dio tras las autonómicas. La necesidad de cambio es un clamor", mantiene un diputado nacional.

A nivel regional, el PP sólo ha dado luz verde a una gestora recientemente. Hace un años puso Pablo Zalba al frente de la creada en Navarra tras la marcha del que fuera presidente del PP de la comunidad foral, Enrique Martín de Marcos.

El eterno debate de la gestora en Madrid

En las filas del PP de Madrid, y especialmente a su presidenta, la palabra "gestora" les suena mucho. Y la temen. En los últimos años, la dirección nacional del partido ha barajado esta posibilidad en, al menos, dos ocasiones.

La primera vez tuvo lugar en septiembre de 2012. Esperanza Aguirre anunció que se retiraba de la primera línea de la política y que dejaba el Gobierno en manos de su mano derecha, Ignacio González. Fuentes conocedoras de lo que pasó puertas adentro del partido por estas fechas aseguran que horas después del anuncio,María Dolores de Cospedal, secretaria general llamó a la lideresa para exigirle un paso atrás en el partido. La idea que Génova intentó trasladar a Aguirre fue la de que era ilógico que ella siguiera al frente del partido cuando la tradición del PP marca que los presidentes regionales sean los presidentes o los candidatos a la presidencia de las comunidades autónomas.

Aguirre dijo no. Y se anotó un tanto.

Este mismo argumento fue resucitado por Cospedal hace unos meses, cuando, por orden de Rajoy, ofreció a Aguirre la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. El acuerdo era el siguiente: si era cabeza de lista, tenía que dejar el partido en manos de una gestora. Y otra vez ganó Aguirre: fue candidata y no hubo gestora de por medio. Tan sólo un pacto consistente en que si llegaba a la Alcaldía de Madrid daría el paso atrás en el siguiente congreso del partido. 

Transcurridas las elecciones, Aguirre ha ganado, pero las cuentas no le salen para ser alcaldesa. A priori esto no tendría que ser un problema. En circunstancias normales, el PP de Madrid podría aguardar hasta 2016 para su congreso. Pero los escándalos de corrupción, unidos al permanente papel desafiante de Aguirre hacia a Génova hacen pensar a un nutrido grupo de dirigentes y cargos públicos que ahora ya no hay excusas para la gestora.

Génova no quiere conflictos de cara a las generales

Otra cosa piensa la dirección nacional del partido. Salvo cambios de última hora, en Génova, sede del partido, impulsar una gestora en Madrid no pasa por ser una de las prioridades.

Para el entorno de Rajoy sería "complicado" actuar para sustituir a Aguirre y no hacer nada para relevar a los presidentes regionales del PP a Aragón (Luisa Fernanda Rudi), Baleares (José Ramón Bauzá) y Comunidad Valenciana (Alberto Fabra). Días después del 24-M, los tres anunciaron su intención de dejar sus respectivas presidencias regionales en la formación. Bauzá, de hecho, mantuvo que lo haría antes de las vacaciones de verano y la dirección nacional del partido ya le ha frenado más de una vez asegurando que ni él ni nungún otro compañero tendrá permiso para convocar un congreso regional hasta 2016, cuando Rajoy ya se haya examinado ante las urnas.

En el partido explican que es natural que este tipo de procesos se vean envueltos en polémicas o agitados por partidarios de uno u otro candidato –en los casos en los que hay más de uno– y que estos ambientes no son los idóneos para un partido que tiene mucho que trabajar de cara a las generales dado que este 24-M ha perdido todas las mayorías absolutas en las comunidades y 2,4 millones de votos en las municipales.

A este respecto, la secretaria general del PP se reunió el pasado martes en la sede del partido con responsables regionales y provinciales del partido. Además de pedirles responsabilidad y no hacerse "daño" entre ellos, aprovechó para recordarles que ahora toca formas gobiernos regionales y ayuntamientos. 

Otra cosa sería que la propia Aguirre dé un paso atrás y deje el partido. Se trata, no obstante, de un escenario que no encaja en ella según quienes la conocen. Y que, por el contrario, si encajaría en la forma de Rajoy de abordar los conflictos. Es lo que los que conocen llaman el 'método Rajoy'. "Consiste en acabar con sus problemas y rivales a base de indiferencia", relata un dirigente regional. En los últimos años hay muchos ejemplos de ello: Jaime Mayor Oreja, Ana Botella o Alberto Ruiz-Gallardón anunciaron su retirada al no sentirse apoyados por el presidente del Gobierno y del PP.

¿Qué haría Aguirre si fuera Rajoy?

Los cada vez menos apoyos con los que cuenta Aguirre aborrecen la idea de una gestora. Prefieren un congreso en el que medir sus fuerzas. Mientras, fuentes de la dirección nacional del PP reclaman a Aguirre que se ponga en el lugar de Rajoy y reflexione sobre qué haría ella si fuera presidenta nacional del partido y tuviese una formación regional como la de Madrid, tan agitada por la corrupción y con miembros de su dirección en el punto de mira de la Justicia. Desde 2009, cuando estalló la Gürtel a día de hoy, han sido muchos los excargos de confianza de la presidenta que se han tenido que apartar por su implicación en este tipo de escándalos. Nombres como los de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco, Alfonso Bosch Tejedor, Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega, Francisco Granados... han estado ligados al PP de Madrid.

La situación del PP de Madrid preocupa mucho en el partido, sobre todo porque es de las pocas formaciones regionales que puede salir un Gobierno, el de Cristina Cifuentes en este caso. Algunas de las fuentes consultadas tienen miedo de que nuevas imputaciones en la Púnica o poca contundencia con la corrupción echen por los suelos las conversaciones con Ciudadanos, el partido presidido por Albert Rivera. Por eso, en la mañana de este jueves, cuando Victoria y Figar anunciaron que se marchaban por el bien de los pactos, más de uno en el PP sintió un alivio.

Pese a que ambos vincularon su decisión al hecho de no hacer daño al partido en un momento tan delicado, en el partido recuerdan que ambos estaban cumpliendo con la exigencia de Aguirre en la primera fase de la Púnica: político imputado, cargo que renuncia. 

Sin pistas sobre la decisión que Rajoy tomará sobre Madrid y el momento en el que lo hará, en el partido sí tienen claro que el relevo de Aguirre en el PP de Madrid es Cristina Cifuentes. 

Quién le iba a decir a Figar, que lloró por la marcha de su mentora Esperanza Aguirre, terminaría saliendo de la política antes que la lideresa:

A quien corresponda, todo el PP está en el punto de mira de la Justicia:

¿Dónde se ha metido la candidata a alcaldesa?

Dimisiones escalonadas en el seno del Gobierno saliente en la Comunidad de Madrid, en manos del Partido Popular. El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, presentó este jueves su renuncia a Ignacio González. Su marcha se produce dos días después de ser llamado a declarar por el juez Eloy Velasco en la segunda fase de la Operación Púnica y en un momento en el que se agota el plazo para que la candidata del PP a la Comunidad en las pasadas elecciones, Cristina Cifuentes, logre una mayoría suficiente para gobernar. Ciudadanos, la formación de la que espera conseguir apoyos, ha puesto como condición a Cifuentes un claro compromiso contra la corrupción y la ruptura con el PP de Esperanza Aguirre.

Minutos después, la consejera de Educación, Lucía Figar, siguió sus pasos. Al igual que Victoria, esta misma semana fue llamada a declarar en calidad de imputada.

Según informó en un comunicado, Salvador Victoria presentó igualmente su dimisión en los cargos del PP de Madrid que ostenta.

El hasta ahora consejero de Presidencia reitera su honestidad política en todos los aspectos de su gestión como cargo público de la Comunidad de Madrid, negando cualquier hecho del que se le acusa. Así figura en el comunicado.

Al margen de estas circunstancias, Salvador Victoria ya anunció el pasado 9 de abril su intención de abandonar de manera temporal la política por motivos estrictamente familiares y personales, tras más de doce años vinculado al gobierno de la Comunidad de Madrid. En estos momentos ya se había visto salpicado es este escándalo de corrupción, concretamente en la investigación abierta para dilucidar si cargos del PP de Madrid o del Gobierno regional habían utilizado medios públicos para mejorar su imagen personal en internet.

Por su parte, Figar, que también había anunciado que dejaba la primera línea de la política, señaló que no tiene "ningún apego" a su cargo y que no quiere beneficiarse "ni un segundo de su aforamiento".

"Quiero ir a declarar cuanto antes", dijo al tiempo que aseguró que aún no sabe de que le acusa el juez. También avanzó que estaría dispuesta a dejar también sus cargos en el PP de Madrid.

Miedo en el PP de Madrid

Las imputaciones de Victoria y Figar eran temidas en el PP de Madrid. Pero no eran las únicas esperadas. Los conservadores madrileños, en manos de Esperanza Aguirre, tienen miedo de que la segunda fase de la Operación Púnica se lleve por delante, además, a otros alcaldes de la Comunidad de Madrid que, a diferencia de Figar y Victoria, sí figuraban en la lista de Cifuentes.Reacción de Ciudadanos. "Están cambiando las cosas"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, valoró con "satifacción" las dimisiones de los consejeros madrileños. "Es evidente que el PP y el PSOE están cambiando las cosas, no porque les guste ni porque les apetezca enfrentarse a los suyos, sino porque si no se gobierna", dijo.

No osbtante, señaló que "no hay negociación" y su grupo "está de momento en el no a esa investidura" de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, quien para convencer a su partido debe "romper con el pasado, tomar medidas económicas y sociales" y pronunciarse sobre las propuestas anticorrupción formuladas por C`s.

La consejera en funciones de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, cree que es "injusto" que se cuestione la gestión del consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, y de la consejera de Educación, Juventud y Deporte, Lucía Figar, tras su imputación en el marco de la investigación sobre la operación Púnica.

Ante preguntas de los medios sobre la imputación de sus dos compañeros, al término de la presentación de la programación de la próxima temporada de los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, Mariño dijo: "Pobrecillos, es injusto".

Por su parte, el presidente del Gobierno regional, Ignacio González, rehusó hacer declaraciones a este respecto. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco citó a declarar como imputado a Victoria por tres supuestos pagos en negro que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra, y a Figar, por contratos con dos empresas del presunto conseguidor de la red Púnica, Alejandro de Pedro