Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, ha cargado con dureza contra Podemos y contra la exministra de Igualdad Irene Montero a propósito de la ley del solo sí es sí. En una conferencia del pasado 13 de noviembre, dentro de la V Semana Internacional del Compliance, el juez reprochó al partido morado que haya pretendido aleccionar a los juristas sobre el consentimiento, dando un paso más allá al lamentar que Irene Montero dé lecciones de consentimiento "desde su cajero del Mercadona", según informa El País.

El juez reprochó a Podemos que aleccionara a los juristas sobre el consentimiento: "De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás", argumentó.

El juez, que fue instructor de las tramas Púnica o Lezo, aprovechó para criticar no solo a Podemos sino también al Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar surgido tras las elecciones de 2023, del que cuestionó su legitimidad porque, en su opinión, ambos partidos “perdieron” los comicios. El magistrado centró sus críticas en la entrada de Podemos en el Gobierno. Según Velasco, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dejó a Podemos “lo que llamábamos en el colegio las asignaturas maría”.

Montero no renovó al frente de Igualdad tras la polémica por las consecuencias que tuvo en las rebajas de penas la aplicación de la norma: 1.205 reducciones de pena y 121 excarcelaciones de agresores sexuales, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La hoy eurodiputada trabajó de joven, mientras estudiaba, como cajera en un supermercado, una circunstancia laboral que a menudo ha sido aprovechada para tratar de desacreditarla.

A través de un mensaje en la red social X , Montero ha respondido al juez que la formación en perspectiva de género es una obligación legal, avalada por organismos internacionales como la ONU. “Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa”, ha escrito la eurodiputada.

El documento político final que Podemos somete a votación de sus bases subraya que la organización no se va a disolver en otro partido, en clara alusión a Sumar, y reafirma su apuesta de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, al frente del departamento, ha informado Europa Press.

También enfatiza su voluntad de mantener su "identidad diferenciadora" dentro de la izquierda y advierte que los votos de los representantes de Podemos en las instituciones durante la legislatura "se deben negociar y nunca se regalan". Y en esta línea avanza que plantearán sus propuestas "más allá de sus responsabilidades de gobierno concretas" que puedan tener en un futuro Ejecutivo de coalición.

Mientras, el documento profundiza que "en ningún caso" existe la doble militancia en Podemos por respeto también a las demás fuerzas políticas. Un enfasis de esa prohibición que se cita cuando Sumar en sus estatutos no descarta esa opción a falta de su futuro despliegue orgánico y después de que dirigentes como el secretario de Estado Nacho Álvarez, haya actuado como portavoz de la coalición en campaña y recientemente de negociador del acuerdo programático entre Sumar y PSOE, del que la cúpula del partido se ha distanciado.

Así lo recoge el texto definitivo que el partido somete desde hoy y hasta mañana a la aprobación de sus inscritos, que incorpora el 86,16% de las 2.255 enmiendas recibidas al texto inicial presentado el pasado 16 de septiembre por la cúpula de Podemos.

Este proceso culminará este sábado con el resultado de la votación y una conferencia política en la que intervendrán los principales dirigentes de la formación, con la secretaria general, Ione Belarra a la cabeza. A su vez, el partido ha avanzado que someterá también a consulta de sus bases el apoyo a la investidura del presidente del Gobieno, Pedro Sánchez.

El documento mantiene su reivindicación de la autonomía política de Podemos "sin renunciar" a estar "en ningún espacio", mención que cabe interpretar tanto a nivel de confluencia de cara a comicios como también un descarte a salir del grupo parlamentario confederal. Además, remarca su vocación de formar parte de acuerdos de unidad electoral, siempre condicionado a que se den primarias abiertas y sin vetos.

La elaboración final del texto incluye una mención a la "responsabilidad histórica" que tuvo Podemos al concurrir junto al proyecto liderado por Yolanda Díaz a los comicios del 23J, pese a que se pusieron "condiciones y vetos" nunca antes planteados a la formación, pero deja patente su reflexión "crítica" de los resultados electorales que no fueron los esperados y que supuso perder la "mayoría progresista" en el Congreso.

"La coalición electoral no mejoró resultados y se ha revelado como un error no respetar el patrimonio político de las entidades que la conforman", lanza el documento político de Podemos para alertar también de que el PSOE quiera solo un Gobierno de "prórroga" de la legislatura anterior, sin pelear que salga adelante medidas de izquierdas los próximos años. En este contexto, también alerta una "clara intención de volver al sistema bipartidista" y que hay que volcarse en evitarlo, dado que "la pluralidad debe estar la gobernabilidad".

También ensalza los avances feministas conseguidos en la anterior legislatura y, en consecuencia, el documento de Podemos define a Montero como un "referente internacional" que "debería seguir al frente del Ministerio de Igualdad".

Es más, "al margen de que Montero siga siendo ministra", la hoja de ruta que se somete a la opinión de los incritos la define como "un claro referente de Podemos que debe seguir teniendo visibilidad y un papel fundamental" en el desarrollo de la actividad de la formación, junto a Belarra.

De todas formas, la propuesta política de la dirección del partido incide en reclamar formar parte del Gobierno de coalición, pues han demostrado en la anterior legislatura impulsar las principales medidas del Ejecutivo y ser también "garantía" de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el PSOE.

Así, ahonda en que Podemos no tiene "ninguna intención de rendirse" y aspira a seguir siendo "no sólo una fuerza de Gobierno con competencias, recursos y peso específico propio sino el principal motor de las transformaciones sociales, feministas y democráticas más ambiciosas". Y en este punto pone de relieve que la acción de gobierno debe contener buena parte del programa de Podemos.

Más adelante advierte, en línea con lo ya expresado por sus dirigentes de disponer de autonomía política dentro de Sumar, que los votos de sus diputados y miembros en las instituciones se deben "negociar" y "nunca se regalan", dejando claro que plantearán sus propuestas "más allá de sus responsabilidades de gobierno concretas".

Es decir, que tendrá su posición propia durante la legislatura y se diferencia de las posiciones que pueda tener Sumar y otros actores de la confluencia.

"Podemos es una fuerza política autónoma con voz propia, que tendrá siempre su propia hoja de ruta, su programa, sus órganos de dirección y sus mecanismos de decisión protagonizados por la militancia y las y los inscritos. En ningún caso se disolverá en otro partido", sentencia el texto.

También subraya que es necesario "dar la batalla de lo cultural", "mantener la claridad ideológica" y reivindica el "ruido" sobre discrepancias con posibles socios dado que la ausencia de debates públicos sobre discrepancias solo se traducirá en un Gobierno de "retroceso".

Al hilo, remarcal que esa estrategia favorece a la ciudadanía que "siempre tiene poco que ganar en los despachos a puerta cerrada". "No debemos renunciar a alzar la voz ni a concretar un proyecto transformador y autónomo con capacidad para liderar sin doblegarse ni perder nuestra autonomía frente a otras formaciones", apostilla el dictamen del partido en referencia a Sumar.

Por otro lado, saca pecho del republicanismo de la formación tras la jura constitucional de la Princesa Leonor en el Congreso, de la que se ausentaron las ministras y diputados de Podemos, para reafirmar que su objetivo a medio plazo es que la Jefatura del Estado se elija democráticamente, en el marco de una república plurinacional y "federal".

Finalmente y ante la inminencia de una futura Ley de Amnistía, el texto de estrategia política del partido deja claro su apoyo a las "medidas que contribuyan a la desjudicialización en Cataluña".

Héctor Illueca (València, 1975) es el vicepresidente segundo del Govern y candidato de Unides Podem a la presidencia de la Generalitat. Este miércoles ha compartido mitin con la vicepresidenta Yolanda Díaz, con la que trabajó mano a mano en el Ministerio de Trabajo hasta el año 2021, cuando llegó al Consell. Asegura que está "encantado" de recibir su apoyo y lamenta que no haya sido posible una candidatura de unidad junto a Compromís. Con todo, es optimista y asegura que su candidatura recibirá más apoyo que en el año 2019. "Estas elecciones son trascendentes y van a marcar el ciclo electoral", asegura en esta entrevista con infoLibre.

¿Cómo llega a esta recta final de campaña?

Estoy un poco cansado porque la campaña electoral siempre es muy exigente y son muchas horas. Pero también es el momento en el que tienes más contacto con las bases y eso es bonito.

Según el CIS una de cada cuatro personas aún no sabe qué va a votar, ¿cómo convencería a esos indecisos? 

Les trasladaría que tenemos que constituir un nuevo gobierno progresista, no podemos dejar que el pasado nos atrape. Hemos conseguido avances muy importantes y ahora necesitamos que haya una nueva correlación de fuerzas favorable a la alternativa al PSOE. Si algo hemos constatado estos años en el Gobierno es que cada vez que se plantea una medida o un avance que puede suponer un conflicto con los intereses del poder, chocamos con el PSOE.

¿Diría que al PSOE hay que forzarle a tomar ciertas decisiones?

Todo el mundo sabe que el PSOE nunca ha querido gobernar con nosotros. Quiero recordar aquella famosa frase de Pedro Sánchez cuando afirmó que no dormiría tranquilo con Podemos dentro del Gobierno. Lo que ocurre es que la aritmética electoral le ha obligado a hacerlo. Eso va a seguir siendo así y es muy importante que tengamos fuerza para garantizar que las políticas que se llevan a cabo estén al servicio del interés general y no de los grandes lobbies que saben muy bien a quién llamar en el Consell de la Generalitat o en el Gobierno de España cuando se plantean medidas que afectan a sus intereses y que no es precisamente a nosotros a quienes llaman. 

Hemos tenido ejemplos claros esta legislatura, en el Congreso con la ley de vivienda y la presión ejercida por la patronal inmobiliaria que preside Joan Clos, el ministro socialista y exalcalde de Barcelona. Pero lo hemos vivido también en el Gobierno valenciano cuando aprobamos el decreto ley para combatir el acoso inmobiliario. Nosotros quisimos introducir obligaciones adicionales para los fondos de inversión y los fondos buitre de cara a movilizar viviendas vacías, ofrecer alquileres sociales en los casos de emergencia habitacional, pero no hubo manera. El PSOE lo bloqueó por completo y al final tuvieron que decaer para que la norma pudiera ver la luz.

¿Cree que hay diferencias ideológicas entre Ximo Puig y otros presidentes socialistas, enmarcados en el ala  más conservadora del partido, como Page o Vara? ¿Cómo ha sido su interlocución con él? 

La interlocución ha sido buena con él y todos los socios de gobierno. En el Consell hay una voluntad de diálogo para discutir las diferencias que tenemos y las tratamos de superar con acuerdos y compromisos. Me siento satisfecho con eso. Ahora bien, sobre si uno es más o menos de izquierdas, cuando las medidas han afectado a intereses de los poderosos han contado con una resistencia feroz. Pasó con el precio de los alimentos. Es evidente que se están produciendo abusos por parte de las grandes superficies, pero el PSOE se resiste a limitar el precio de los alimentos, como indica la Ley de Comercio.

¿Un sector de la política tiene miedo a criticar las prácticas de algunas empresas?

Sí, lo que ha emergido estos meses es la València profunda, la que retrató Blasco Ibáñez en sus viejas novelas. Ha emergido el miedo al cacique cuando algunos nos hemos atrevido a criticar las prácticas abusivas y monopolistas de determinadas grandes superficies. Lo que hemos visto ha sido la subordinación de la clase política valenciana a las grandes empresas. Aún me impactó que el candidato del PSOE, Ximo Puig, decretase un día de la empresa para que no se enfadara Juan Roig. El candidato del PP, el señor Mazón, dice directamente que son los héroes de la economía. El candidato de Compromís, el señor Baldoví, nos pide por favor que no critiquemos a Juan Roig. Nosotros apostamos por un modelo productivo que le dé centralidad a los auténticos creadores de riqueza, a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, a los asalariados, a nuestro tejido cooperativo.

A propósito de las grandes empresas, ha recuperado su cuenta de Twitter tras tenerla 24 horas bloqueada por realizar un anuncio electoral. ¿Aboga por regularizar esta red social? ¿Ve una intencionalidad política en esa decisión? 

La acción le corresponde fundamentalmente a los periodistas y a una ciudadanía que tiene derecho a que el voto sea informado. Lo que hemos vivido estas semanas ha sido tremendo y preveo que en los próximos días lo va a ser mucho más. Hemos sido censurados en Twitter, excluidos de debates de televisión, silenciados con un enorme escándalo público en RTVE. Nuestra candidata en las elecciones al Ayuntamiento de València, Pilar Lima, ha sufrido unas burlas absolutamente intolerables por parte de unos miserables por su condición de persona bollera y sorda. Estamos viviendo una campaña que le corresponde juzgar a los ciudadanos.

¿Le parece que las palabras de Pablo Moto y Miguel Lago sobre Pilar Lima son constitutivas de un delito? ¿Cree que es necesario denunciarlo ante la Fiscalía, como ha hecho el Ministerio de Derechos Sociales? 

Eso hay que preguntárselo a ella. Mi opinión es que si esas burlas que se han vertido sobre Pilar son constitutivas de delito, se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Lo fundamental es que haya una denuncia social de comportamientos que son inadmisibles en el siglo XXI. No es posible que se continúe haciendo mofa de personas por su orientación sexual, no digamos ya por su diversidad funcional. España ya no es así, la sociedad española y la valenciana son tolerantes.

¿Se está normalizando el insulto en política?

Sin duda, hemos abierto la puerta a una degradación del debate público. Lo he vivido muy intensamente en Les Corts como representante del Gobierno a lo largo de esta legislatura, donde todas las semanas he sufrido insultos gravísimos que no tienen por qué tolerarse en política. A mí me han llamado violento, gandul, terrorista, delincuente, comunista o Gandhi. Lo de Gandhi y violento a veces en la misma frase. Esto refleja muy bien algo que empieza a emerger en la campaña y que el día 28 se va a ver con muchísima claridad, una derecha sin proyecto, sin liderazgo, sin ideas y a la que solo le queda recurrir al insulto. 

Es decisivo que el próximo 28M superen el umbral del 5% ya que las encuestas les sitúan al límite. ¿Está jugando Unides Podem la carta del voto útil?

Encuestas hay para todos los gustos. Tenemos nuestros propios datos y sabemos que podemos no solo repetir los resultados de 2019, sino tener más fuerza en el Consell de la Generalitat. Hay una movilización que empieza a ser muy importante en nuestra base social y electoral para revalidar un tercer Botànic. Vamos a ser decisivos, por suerte el veredicto no lo van a dar las encuestas, que son un instrumento de intervención de los medios de comunicación, el veredicto lo van a dar los ciudadanos. 

¿Le gustaría repetir en la cartera de vivienda la próxima legislatura?

Me gustaría poder hacer en otras áreas lo que ya estamos haciendo en vivienda. Las fuerzas nacidas de las plazas hemos demostrado que sabemos gobernar. En mi caso yo no había tenido ni un cargo en mi comunidad de vecinos, pero hemos desplegado políticas vanguardistas en materia de vivienda, que hoy son una referencia para el conjunto del Estado y nosotros aspiramos a hacerlo en otras áreas de gestión. 

¿Le preocupa no ser tan conocido como los otros dos candidatos de la izquierda, Ximo Puig y Joan Baldoví? ¿Cree que le puede perjudicar? 

Mi perfil es el de una persona de la calle, soy inspector de trabajo y seguridad social y profesor de la Universidad de València, me debo a mi profesión. Si tengo que serle sincero, no me han gustado nunca mucho los perfiles de políticos profesionales que llevan décadas viviendo de esto. Un buen día me fui a la plaza del ayuntamiento, el 15 de mayo, a transformar la política, a democratizarla, a conseguir que la política fuera una vocación y no una profesión. Es el modelo con el que me identifico y trato de ser fiel a esta idea. Quizá soy menos conocido, pero soy fiel a mis ideas. La política profesional mata las ideas y muchas veces se acaban defendiendo cosas solo para garantizar el cargo, para sobrevivir.

¿Abogaría entonces por establecer un límite para dedicarse a la política institucional? 

Considero que la política debe ser un paréntesis en la vida profesional de las personas y no acabar convirtiéndose en un profesional que lleva décadas viviendo de esto. Desde luego que en mi caso será así. Aspiro a ser el presidente de mi tierra. Creo que tengo experiencia, ideas nobles y justas que pueden contribuir a mejorar la Comunidad.

Este miércoles le ha acompañado la vicepresidenta Yolanda Díaz en un mitin en Alicante. ¿Por qué es importante para usted recibir ese apoyo, teniendo en cuenta las discrepancias entre la dirección de su partido y Díaz?

Cuando Yolanda Díaz me planteó la posibilidad de venir a hacer campaña, le respondí enseguida que estaba encantado. Creo que puede contribuir a reforzar nuestra campaña y nos ha permitido trasladar a la ciudadanía el mensaje que nosotros pretendíamos. La nuestra es una campaña unitaria entre Podem, Esquerra Unida y Alianza Verde. Era muy importante que todos nuestros referentes apoyaran el proyecto y me parece que está despertando esperanzas en sectores importantes de la población. Me siento muy satisfecho de que nos apoye Ione Belarra, Irene Montero, Alberto Garzón y por supuesto también Yolanda Díaz. 

El candidato de Compromís, Joan Baldoví, aseguró en una reciente entrevista con infoLibre que ustedes necesitaban más el apoyo de la vicepresidenta que ellos. ¿Qué le parecen estas palabras? 

No tengo nada que decir. Para ser así su formación ha estado varios meses yendo a Madrid para tratar de lograr el apoyo de Yolanda, por cierto, sin mucho éxito. Cada uno organiza su campaña electoral lo mejor que puede y sabe. 

¿Le hubiera gustado confluir en una candidatura de unidad?

Lo importante es que cada uno intente movilizar a su base social y llevar nuestras propuestas a todos los rincones de la Comunidad Valenciana. Es verdad que nosotros hubiéramos estado cómodos en una alianza más amplia que abarcase a Compromís, pero eso no ha sido posible porque ellos han rechazado cualquier posibilidad de coalición con nosotros. Es una decisión que tengo que respetar.

El Partido Popular asegura que el cambio de ciclo empezará en la Comunidad Valenciana, ¿por qué es un enclave tan importante para todos?

Estas elecciones son trascendentes y van a marcar el ciclo electoral. Por eso es tan relevante que la izquierda revalide la Generalitat, porque supone golpear primero en un ciclo que va a ser muy complejo, tanto a nivel nacional como internacional. El Govern ha sido un laboratorio de democracia, si me permite usted la expresión, en la medida en que muchas de las políticas que hemos puesto en práctica han posteriormente inspirado la actuación del Gobierno de España. Estoy pensando, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda. La ley de vivienda lleva un sello valenciano indiscutible.

Si finalmente la derecha consigue sumar el 28M, ¿qué lección deberían extraer desde las izquierdas?

Nosotros confiamos no sólo en que vamos a poder constituir un gobierno progresista, sino que vamos a estar con más fuerza y ser más determinantes. Ese es el escenario que contemplamos y el veredicto, como le decía antes, lo darán los ciudadanos.

Entiendo perfectamente a la gente que no va a votar. Sé que esto a veces es tremendamente impopular cuando lo defiendo, porque muchas veces la gente que decide no pasarse por el colegio electoral es la que más necesita que la política la proteja, pero la realidad es que es muy razonable no querer colaborar con quien te abandona.

Ya sé que la abstención de las personas más pobres de la sociedad puede tener consecuencias mucho peores para ellos que para cualquier otro (nadie pagará más las consecuencias del deterioro de los servicios públicos que ellos y ellas), pero lo cierto es que sentir que los políticos no trabajan para ti cuando vives, por ejemplo, en el extrarradio de una gran ciudad, es simple y llanamente lo normal. Cuando ves, además, que las personas que se presentan a las elecciones no hablan como tú, no provienen de donde saliste tú o directamente te hablan con paternalismo y condescendencia cada cuatro años, no dan ganas de participar de su circo. ¿No me hacéis ver que no soy nada? Pues nada seré.

Ahora bien, hay otra gente, y ocurre sobre todo en la izquierda, que no vota por imperativo moral. Que considera que nadie es merecedor de su voto porque para ellos los partidos deben ser un taxi que les deje en la puerta y no un autobús que les pare cerca de casa. Porque siempre encuentran una excusa para no hacerlo. Porque, en el fondo, ejercen su privilegio de no votar. Otros, en cambio, "pasan" de los políticos aunque lleven años cobrando el salario mínimo y hayan visto sus ingresos, el dinero que entra cada mes en su nómina, subir exponencialmente estos últimos años. Esos, lo siento, no tienen perdón. 

Y luego están quienes no tienen en cuenta la aritmética electoral a la hora de votar. Les voy a dar una noticia: si quieren que la derecha no gobierne en la Comunidad Valenciana, los sondeos dicen que lo mejor que pueden hacer es votar a UP para que repita Ximo Puig. Si desean que la alcaldesa de Madrid sea Rita Maestre o Reyes Maroto, o simplemente que no sea Martínez Almeida, quizá lo que tengan que hacer sea votar a UP. Si se consuelan con el mal menor de que al menos Isabel Díaz Ayuso no gane con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, lo más sensato que pueden hacer es votar a UP. Y quizá no les guste, o quizá no sea el taxi que les deje en la puerta, pero votar a veces tiene que dejar de ser un sentimiento para ser un ladrillo en una pared. En estos casos, ya lo siento, no ir a votar no debería ser una opción.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha instado este domingo al PSOE a aprobar la ley de vivienda "aunque sea por electoralismo", y les ha acusado de falta de "compromiso" con los derechos sociales por llevar tres años para sacar adelante dicha norma, recoge Europa Press.

"No podemos desperdiciar el último año de legislatura despejando los balones que nos lanza la derecha. Tenemos la obligación de gobernar y aprovechar hasta el último minuto de este gobierno para abordar los problemas estructurales que tienen los españoles", ha asegurado en el acto Vivir, no sobrevivir. La vivienda es un derecho.

Hace unos días tanto la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, como la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, dijeron que quedaban "muy pocas cuestiones por cerrar" para alcanzar un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición en torno a la aprobación de la ley de vivienda que se tramita en el Congreso y que este estaba "prácticamente hecho". Sin embargo, la líder de Unidas Podemos corrigió al ala socialista del Gobierno y negó ningún acuerdo sobre este tema con el PSOE.

Belarra ha lamentado que los españoles "viven asfixiados por la vivienda" porque "el mercado se ha convertido en la ley del más fuerte", lo que ha llevado a que la vivienda "es el gran negocio español". "En España, la gente se endeuda de por vida para pagar una vivienda y esto tiene que terminar. Las casas son para vivir no para especular. Una casa es un derecho que da acceso a todos los demás derechos", ha afirmado.

Respecto a la ley de vivienda, la ministra ha sugerido que la norma está bloqueada porque "el exministro socialista Joan Clos --ahora jefe de una de las principales patronales inmobiliarias de España-- tiene una agenda de contactos muy larga". También ha planteado que hay gente que cree que la tardanza del PSOE "tiene que ver con las reuniones con los fondos buitre".

"Necesitamos seguir frenando los desahucios sin alternativa habitacional. Que toda familia vulnerable que esté en riesgo de desahucio tenga una vivienda alternativa y aumentar el parque público de vivienda con esa reserva del 30% de todas las nuevas promociones que se hagan y de todas las mejoras que se hagan", ha indicado.

En este sentido, ha recalcado que España necesita de manera "urgente" una ley de vivienda "digna", capaz de regular de manera "efectiva" los precios del alquiler en las zonas tensionadas. "El alquiler es probablemente el mayor cisma de desigualdad que existe actualmente en España. El alquiler es una bomba de extraer ingresos de la gente más humilde de nuestra sociedad hacia la gente que tiene más ingresos. Estamos detrayendo ingresos de las clases trabajadoras para dárselo a la gente que más dinero tiene en nuestra sociedad", ha denunciado.

En definitiva, Belarra ha insistido en que cuando recibió la cartera de Derechos Sociales supo que sin "atajar de raíz" el problema de la vivienda, no se podría garantizar los derechos sociales en España. "Por eso nos dejamos la piel para introducir en el escudo social las medidas de vivienda más ambiciosas que se han hecho nunca, como una intervención masiva de los precios del alquiler o las prórrogas automáticas de contratos del arrendamiento", ha detallado.

Junto a ella también han participado el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca; el candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor; la candidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto; la candidata a la presidencia del Gobierno de Islas Baleares, Antònia Jover; la candidata a la presidencia de Aragón, Maru Díaz; y la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana.

Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu han registrado una proposición no de ley para pedir la regulación del cannabis no psicoactivo o cáñamo —aquel cuyo porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC), la droga euforizante, es inferior a 1%—, con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los productores y comercializadores, según informa Europa Press.

En concreto, el partido minoritario del Gobierno y sus dos aliados independentistas instan al Ejecutivo a "avanzar en la regulación integral del cannabis no psicoactivo para dar seguridad jurídica a las actividades de producción, comercialización y consumo de productos derivados del cáñamo industrial".

Según explican, en los últimos años se han comenzado a comercializar en toda Europa productos derivados del cáñamo con valores muy reducidos de THC, conocidos comúnmente como cannabis no psicoactivo, como por ejemplo el CBD, y avisan de que mantener un enfoque restrictivo y contrario a la realidad regulatoria de la Unión Europea relega al Estado español a una situación de atraso e inseguridad jurídica para las personas que producen y comercializan esta planta y sus derivados.

Su pretensión es aprobar una norma estatal que regule todos los aspectos que afectan a las actividades del ciclo de producción del cannabis no psicoactivo, así como legislaciones autonómicas en materia de agricultura, desarrollando las directivas europeas para el cultivo de cáñamo industrial de una manera más precisa.

La iniciativa, recogida por Europa Press, reclama que esa futura regulación del cannabis no psicoactivo limite el porcentaje de THC al 1%, para así asegurar tanto la ausencia de efectos estupefacientes como un mayor rendimiento de los cultivos y su sostenibilidad conforme al Pacto Verde Europeo. De lo contrario, creen que España estaría operando en este mercado en clara desventaja clara respecto a países de su entorno.

Asimismo, piden a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que se comprometa con el orden jurisdiccional europeo realizando una declaración de conformidad con la resolución del TJUE de 19 de noviembre de 2020 relativa a la no fiscalización del CBD, al no tratarse de una sustancia estupefaciente.

Podemos e IU han criticado la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que gobierne la lista más votada tras las elecciones, al que han tildado de "analfabeto político y constitucional" que busca "recortar" la democracia y "subvertir, según informa Europa Press.

La secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, ha desdeñado la propuesta "vieja" de Feijóo, que desconoce como funciona el sistema político en España y deja patente que es un "analfabeto constitucional"

"Vivimos en una democracia parlamentaria donde al presidente del Gobierno le inviste una mayoría del Congreso. Por tanto, lo que plantea Feijóo es subvertir la Constitución por la puerta de atrás y responde únicamente al deseo del bloque de poder de sacar a Podemos del Gobierno y volver al bipartidismo", ha lanzado la dirigente de la formación morada.

Es más, ha reprochado al presidente del PP que muestra una "ignorancia suprema" con este planteamiento, dado que "caería en un saco roto al día siguiente" porque para sacar adelante cualquier ley necesitaría que cualquier fuerza le diera su apoyo.

Mientras, la portavoz federal de IU, Sira Rego, ha afeado que el supuesto plan de calidad democrática esbozado recientemente por Feijóo debería llamarse "plan de manipulación institucional".

"La propuesta no deja de ser una perversión clara de la democracia y de la expresión de la voluntad popular, porque ya es posible un gobierno de la fuerza más votada en democracia", ha razonado para agregar que Feijóo "calla" es que su plan es impedir alianzas y diálogo para constituir mayorías parlamentarias.

Es más, ha acusado al líder del PP de plantear un "claro recorte de la democracia" porque es "prisionero de los propias contradicciones", dado que de "tanto pactar con la extrema derecha", en referencia a Vox, se ha quedado sin opciones de aglutinar una mayoría parlamentaria, aunque sea conservadora.

Y ante la visión "estrecha" de Feijóo, que es una "anomalía con el resto de democracias europeas, Rego ha garantizado que su formación y el resto del espacio confederal va a apostar por la pluralidad parlamentaria para continuar ampliando derechos. Por tanto, ha reivindicado que "no hay que tener miedo" a los pactos puntuales y las coaliciones.

Por otro lado, la dirigente de Podemos ha censurado la "poca vergüenza" que mostró el PP al decir que el Gobierno de coalición carece de legitimidad tras acudir a una concentración contra el presidente, Pedro Sánchez, el pasado sábado, una movilización que ha calificado de "ultra" y en la que, según ha denunciado, había "banderas franquistas" y "simbología fascista".

Mientras, Rego ha recriminado el papel que ha jugado la derecha en esta manifestación de "supuestos constitucionalistas llena de banderas del aguilucho anticonstitucionales".

"Siguen al pie de la letra la estrategia bolsonarista y trumpista de cuestionar a un Gobierno legítimo, elegido por las urnas y por lo tanto por la voluntad del pueblo", ha zanjado.

El Gobierno incluirá en el Código Penal a las criptomonedas y otras formas de pago electrónico como medios susceptibles de cometer fraudes, según figura en uno de los puntos de la proposición de ley orgánica registrada este viernes en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos para derogar el delito de sedición, según informa Europa Press.

A juicio de los socios del Gobierno de coalición, la relevancia de los delitos informáticos ha sufrido un crecimiento exponencial a lo largo de los años, como consecuencia del incremento del ciberespacio y el consecuente aumento de la ciberpoblación en el ámbito de Internet.

Es por ello que desde PSOE y Podemos proponen adaptar el Código Penal a las directivas europeas, ya que el reglamento español atiende de manera prioritaria a los diferentes bienes jurídicos tutelados o puestos en peligro, tales como el patrimonio, la seguridad del tráfico o la fe pública y no al concreto modo de comisión.

En este contexto, se introducen los medios de pago inmateriales, y entre ellos, los soportes digitales de intercambio que permiten efectuar transferencias de dinero electrónico, de monedas virtuales y otros criptoactivos. El Gobierno aclara que en estos dos últimos casos se les aplican estos preceptos "en la medida en que puedan usarse de manera habitual para efectuar pagos".

Asimismo, la definición propuesta en el Código Penal para estos medios de pago será la de "demás instrumentos de pago distintos del efectivo", con el objetivo de que esta sea "lo suficientemente amplia" para permitir la flexibilidad necesaria para adecuarse a los rápidos avances tecnológicos.

Por otra parte, la proposición busca adaptar la normativa europea en cuanto a las penas establecidas para los delitos relativos a operaciones con información privilegiada. En concreto, la directiva europea establece penas de cárcel de duración máxima de, al menos, cuatro años, mientras que en el código penal dichas penas eran inferiores.

De su lado, en lo relativo a los programas de clemencia como instrumento eficaz para la lucha contra los cárteles secretos, la proposición sugiere traspasar un artículo de la normativa europea para que, cuando se dé una cooperación activa por parte de directivos, gestores y otros miembros del personal, actuales y antiguos, de empresas que participan en el cártel, en los términos previstos en la directiva, la consecuencia sea la exoneración de la responsabilidad penal.

El Tribunal Supremo ha anulado la condena de 80.000 euros que se le impuso al portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, por llamar violador a Manuel López Rodríguez, un joven asesinado en 1990 en un crimen por el que fue condenada como cómplice la que fuera candidata de la formación morada a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, según informa Europa Press.

En una sentencia, dictada el 13 de octubre, los magistrados han considerado pertinente absolver a Echenique al concluir que las declaraciones que realizó sí estaban amparadas por la libertad de expresión. En cambio, han acordado confirmar la condena al ex secretario de comunicación de Unidas Podemos Juan Manuel del Olmo aunque le han rebajado la indemnización de 80.000 euros a 10.000 euros por haber vulnerado la memoria del hombre asesinado.

Así, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha anulado parcialmente la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a ambos dirigentes al pago conjunto de 80.000 euros al hermano de Manuel López Rodríguez por intromisión ilegítima en el honor del fallecido.

Según consta en la resolución, los hechos se remontan al 4 de marzo de 2019, cuando Echenique —tras celebrar el consejo de coordinación de Podemos que tenía como asunto principal tratar de la huelga general de mujeres del 8 de marzo— ofreció una rueda de prensa. Aquel día, en el turno de preguntas, un periodista le preguntó sobre la información publicada en la prensa sobre la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila.

"Respecto de la pregunta por Ávila, simplemente remarcar que hablamos de hechos que tuvieron lugar hace 35 años, que se refieren a una mujer que fue violada, y que ayer Pablo Fernández, secretario general y portavoz de Podemos en Castilla y León, explicó la posición del partido a este respecto y es una posición que suscribimos de principio a fin", señaló Echenique.

Un día después, Juan Manuel del Olmo publicó un mensaje en la red social Twitter en que el que envió un abrazo a Baeza y subrayó que había sido "víctima de una violación". Su novio entonces disparó al hombre que la violó. Ella fue condenada por complicidad y pagó su deuda con la sociedad", añadió.

El Supremo ha concluido que hay diferencias entre las declaraciones de Echenique y las de Del Olmo. Según ha precisado, una es una respuesta a una periodista que "puede ser disculpable" por la "imprecisión propia de la comunicación oral", acentuada, además, por la "inmediatez exigida" en la rueda de prensa. La otra, por su parte, es una "declaración escrita" que pudo ser realizada con "detenimiento y reflexión".

Asimismo, el tribunal ha incidido en que Del Olmo no se limitó a mostrar su solidaridad con su compañera de formación política, sino que imputó directamente al asesinado haber violado a Baeza.

En este sentido, los magistrados han asegurado que las tesis políticas que pueda defender el dirigente no legitiman su conducta. "No puede confundirse la lucha contra la violencia de género, plenamente legítima, con la acusación pública y directa a la víctima de un asesinato de ser el culpable de una violación respecto de cuya realidad no existe prueba", ha subrayado el tribunal.

Así las cosas, la Sala ha considerado que la ponderación entre la libertad de expresión de Del Olmo y la memoria del fallecido "debe arrojar un resultado diferente". A su juicio, "la imputación directa al fallecido de haber cometido una violación no estaba justificada por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión".

En su recurso, Echenique y Del Olmo alegaron que con su condena se había vulnerado el convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Aseguraron que en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid se realizó una "inadecuada" ponderación en el conflicto entre el derecho a recibir información veraz y el derecho a la memoria del difunto.

El Ministerio Público consideró pertinente que se estimaran los recursos porque, a su juicio, no hubo vulneración del derecho al honor. La fiscal, al argumentar su decisión, subrayó que —tal y como apunta la sentencia recurrida— "hubiera sido más ajustado a la realidad decir que ella afirmó haber sido violada". Pero incidió en que tales manifestaciones se realizaron "claramente" en un "contexto electoral para apoyar a su candidata".

En este sentido, la Fiscalía señaló que aunque no ponían en duda la violación, en sus declaraciones no imputaban el delito a persona alguna ni la identificaban, sino que ponían el foco en la candidata de Podemos como "víctima de una violación".

Así las cosas, la fiscal aseguró que no se les podía atribuir el hecho de que la persona a la que hizo referencia pudiese ser identificada por la "amplia información" difundida anteriormente.

Este lunes, Echenique a través de su cuenta de Twitter ha reaccionado a la decisión del Alto Tribunal. "Seguro que la absolución definitiva abre los telediarios y ocupa horas de tertulias como ocurrió con las condenas absurdas en primera y segunda instancia. Seguro que sí. Porque lo contrario sería una demostración palmaria de cómo funciona el lawfare", ha señalado.

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos no se ha pronunciado sobre el fallo vinculado a su excompañero de partido.

El último informe del Tribunal de Cuentas, relativo a 2017 pero que se acaba de remitir a las Cortes, mantenía al final de aquel ejercicio al PSOE como el partido más endeudado de España, debiendo más de 50 millones de euros, y situaba a formaciones próximas al Gobierno como Izquierda Unida (IU) e Iniciativa per Catalunya (ICV) con un balance negativo, según informa Europa Press.

Se trata del último diagnóstico oficial de la deuda que pesa sobre las formaciones políticas, aunque no es un mapa completo ya que entonces aún no se examinaba a partidos y coaliciones como Vox o Junts, que todavía no tenían representación parlamentaria.

A fecha de 1 de enero de 2018, la deuda con entidades de crédito registrada por el conjunto de partidos ascendía a 134,50 millones de euros, de los que 87,53 millones corresponden a deudas con garantía hipotecaria, 39,40 millones a deudas con garantía no hipotecaria y 7,57 millones a deudas de naturaleza electoral. A ellos se añadían los 1,26 millones de euros en las deudas con prestamistas particulares, incluidos los microcréditos que ya empezaban a utilizar formaciones de izquierda como Podemos.

Según el informe del Tribunal, recogido por Europa Press, la deuda total de las formaciones políticas representaba al cierre de 2017 un 29% de su balance, aunque al menos ese peso proporcional se había reducido en 8,85 puntos porcentuales respecto del ejercicio anterior.

Por partidos, aparecía destacado el PSOE con una deuda global de 50,02 millones que suponían el 40% de su balance. La deuda de los socialistas representaba el 36,8% de la suma que debían todos los partidos.

Además, dos fundaciones vinculadas al PSOE presentaban al cierre del ejercicio un patrimonio neto negativo: la Fundación Pablo Iglesias, con un desequilibrio de 1,46 millones de euros, y la Fundación Ideas para el Progreso, con 336.213,63 euros de números rojos.

Más lejos quedaba el PP, con una deuda de 24,90 millones (el 29% de su balance) y el PNV, que debía 13,08 millones (el 11% de su contabilidad total). Izquierda Unida y el PSC también arrastraban una deuda de 11 millones de euros cada uno.

En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas recuerda la prohibición legal de condonar total o parcialmente la deuda contraída por las formaciones políticas con las entidades de crédito, y aconseja introducir una precisión para que esa prohibición no pueda eludirse mediante la falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, ya que en la práctica sería no liquidarla.

Asimismo, considera conveniente que, ante la aparición de nuevas fórmulas de financiación como los microcréditos, se extienda dicha prohibición de condonación a las deudas contraídas con prestamistas que no sean entidades de crédito y con los acreedores comerciales.

Analizando el balance económico de las formaciones políticas, el Tribunal de Cuentas señala que Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) e Izquierda Unida (IU) seguían presentando un patrimonio neto negativo al cierre de 2017, con el detalle que se recoge en los resultados de fiscalización correspondientes a cada una de las formaciones. De hecho, ICV ya había caído en una situación concursal, previa a su disolución.

También recuerda que otras formaciones como Aralar (uno de los partidos de Bildu), Convergència Democrática de Catalunya (socio principal de la extinta CiU y origen del PDeCAT y de Junts), y En Marea también se habían visto inmersas en situaciones concursales.

La institución que preside Enriqueta Chicano aconseja que "las formaciones políticas que presenten durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa deberían ajustar sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaborar un plan de saneamiento, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos".

Esa excesiva dependencia de los ingresos públicos hace que la pérdida de representación institucional tras un proceso electoral, combinada con la elevada deuda financiera, puede llevar a la insolvencia y a la necesidad de solicitar la declaración de un concurso de acreedores.

Y es que el peso de los ingresos de origen público en el balance de los partidos representa un 72% del total, según el promedio de las formaciones fiscalizadas, lo que pone de manifiesto la conveniencia de equilibrar el balance en favor de los ingresos privados.

En total, la financiación pública percibida por las formaciones políticas en 2017 ha consistido básicamente en subvenciones de funcionamiento ordinario, otorgadas tanto a las propias formaciones como a sus grupos institucionales, por un total de 170,67 millones de euros. En esos recursos públicos se añaden los 2,71 millones de la asignación anual para sufragar los gastos de seguridad. También se repartieron 7,72 millones en subvenciones electorales para sufragar gastos de campaña.

Por su parte, los recursos privados contabilizados por las formaciones políticas han representado un total de 67,73 millones de euros en el ejercicio 2017. Las principales cuantías corresponden a las aportaciones de cargos públicos y a las cuotas y aportaciones de afiliados, por importes respectivos de 25,64 y 25,01 millones de euros. Los ingresos privados por operaciones de gestión patrimonial y por actividades promocionales han representado un total de 14,64 millones de euros y las donaciones privadas 2,44 millones.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, supone una "oportunidad" para ensanchar el actual espacio político de Unidas Podemos, a la que hay que brindar "enorme lealtad" y "confianza" para que pueda "volar" e incluso "alejarse", informa Europa Press. También ha destacado que el espacio confederal está volcado en la estrategia de construir un "frente amplio" con otras fuerzas progresistas, mencionando en ese prisma al líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz de Andelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

"Yo creo que Yolanda Díaz va a ser leal al proyecto político que Unidas Podemos quiere conseguir, por supuesto que sí. Y es la única en este momento que tiene la capacidad de ampliar ese espacio. Ella tiene que tener nuestra confianza para volar, hacer determinados planteamientos e incluso para alejarse... Yo creo que sí, tiene que tener esa capacidad", ha trasladado Montero durante una entrevista en el espacio La Fábrica, que conduce en YouTube el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Sobre la figura de la ministra de Trabajo, ha destacado que "todos tienen claro" que existe una oportunidad para el espectro progresista con su liderazgo y "hay que aprovecharla", lo que implica también un "nivel de confianza" para que si hay "una compañera que se pone al frente, uno o una tiene que ser capaz de saber que hay otro rol que ocupar. "Hay que ocupar diferentes roles en política", ha remachado.

Preguntada sobre si se verá en el futuro un mitin de Díaz con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la líder de Más Madrid, Mónica García, tras el acto que protagonizaron el pasado 13 de noviembre en Valencia, la ministra ha dicho que esa pregunta no puede responderla ella sino la vicepresidenta, si bien ha añadido que "si alguien puede conseguir ese mitin es Yolanda", a quien ve como la futura presidenta de España.

También ha opinado que hay sectores "muy importantes" del PSOE que piensan que la relación con Unidas Podemos y la mayoría "plurinacional" en el Congreso es para un tiempo, en lugar de reforzar esa alianza de "dirección progresista del Estado".

"En España sin Cataluña y sin Euskadi no se gobierna en sentido progresista", ha ahondado la titular de Igualdad, quien cree que ese bloque debe visibilizarse "más allá" de aprobar cinco leyes y "disputar el poder del Estado", dado que de una parte de él está saliendo una "reacción muy peligrosa" y de la que se nutre Vox fundamentalmente.

Sin embargo, Montero ha deslizado que una parte del PSOE "anhela" y piensa que es posible que, tras una sucesión de convocatorias electorales, de alguna manera vuelva una especie de "gran coalición" con el PP, aunque "no gobiernen juntos", dado que "no quieren reconocerse en esa mayoría plurinacional".

Ahí es donde enmarca que, "cada vez que pueden", desde su socio de coalición buscan "alianzas con Cs, cuando a su juicio en política debes ser "consciente de con quién caminas" para lograr los objetivos marcados.

Sobre Cataluña, la ministra ha considerado que "indiscutiblemente" la mesa de negociación es una "herramienta" que puede traer soluciones desde el acuerdo tras años "muy difíciles" que han llevado, por ejemplo, a la "judicialización" de la política.

También ha dicho que PSOE y ERC firmaron un pacto donde se dice que "los catalanes tienen que votar" sobre los acuerdos que se alcancen en dicha mesa de diálogo. "Creo que sí, habrá votación, otra cosa es qué se consiga de esa mesa de diálogo para poder votar".

En una serie de preguntas con respuesta rápida sobre lo que le evocan distintas figuras públicas, la ministra ha dicho que el presidente del PP, Pablo Casado, es "un líder que no lidera nada" y que Juan Carlos I es un "rey fugado".

Del monarca Felipe VI ha comentado que es el "jefe del Estado" e "hijo del rey fugado" y de la reina Letizia ha apuntado que le gustaría "conocerla más". En cuanto a Errejón y Teresa Rodríguez, que abandonaron Podemos tras militar en sus inicios, la ministra ha proferido la misma respuesta: "frente amplio".

El acuerdo PSOE – UP sobre la vivienda

Entre 2008 y 2016, en España se desahució decenas de miles de familias; en 2020, con Pedro Sánchez en la Moncloa ya se produjeron más de 25.000. En 2021, según los datos sobre las ejecuciones hipotecarias publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística) han alcanzado la cifra de 3.243, la más alta de los últimos cuatro años. El INE no nos dice cuántas personas han sido afectadas por esas ejecuciones hipotecarias; quizás el INE considera que dichas personas son daños colaterales, con lo cual, irrelevantes. El anuncio a bombo y platillo sobre el acuerdo alcanzado por el PSOE – UP a propósito de la vivienda es, como otros muchos anuncios, un espejismo.

La única medida que podríamos hacer nuestra, la limitación del precio de los alquileres, está condicionada por tal galimatías de límites y de “síes, pero no” que ya la podemos dar por muerta. En primer lugar, esta no será aplicable antes del verano de 2024 y, en segundo lugar, solo se aplicará a viviendas cuyos propietarios sean entidades jurídicas que dispongan de más de diez viviendas alquiladas, lo que representa un grano de arena en el desierto: 4,3 % de los tres millones y medio de viviendas en ese caso.

El salario mínimo

Naturalmente, la patronal no está contenta y denuncia la unilateralidad del acuerdo ya que ella no ha querido firmarlo porque abogaba por la congelación salarial. Este acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, presentado por ambos, como no, como un “gran logro” puesto que su intención es de no dejar a nadie por el camino, en realidad no es una subida mínima, sino minúscula, y además detrás de la que se esconde una bajada real de poder adquisitivo.

En el mejor de los casos antes de su aplicación, el salario mínimo pierde 16 euros de poder adquisitivo. Y no hablo del escándalo que constituye la subida de la luz; únicamente con esta, la subida del salario mínimo ya yace en un pozo sin fondo. Pero con solo basarse en el índice IPC que prevé un 3,3 % de inflación, nos basta para poder afirmar que el conjunto de asalariados que reciban en su nómina dicho incremento salarial del que tanto presumen los firmantes del acuerdo, verán disminuir su poder adquisitivo.

Mientras, la patronal puede dormir tranquila y en particular las empresas del IBEX 35. Estas ya han podido ingresar en sus arcas una parte, cuando no la totalidad, de los nueve mil millones de euros procedentes de los Fondos Europeos.

Alberto Rodríguez

Por si había alguna duda con respecto al lugar que ocupa UP en el Gobierno de coalición, el caso del diputado canario Alberto Rodríguez lo deja bien claro. En este caso, los pormenores del tira y afloja que han llevado a la presidenta del Congreso a retirar el escaño al diputado canario no tienen importancia, lo importante es el propio hecho. El PSOE ha demostrado al servicio de quien, y a quienes obedecen; aunque en esta ocasión el Tribunal Supremo no ha ordenado nada, solo ha emitido una recomendación dejando la decisión a tomar en manos de Batet. Recomendación, como no podía ser de otra manera, que consistía en retirar el escaño al diputado canario.

Efectivamente, ha bastado de un intercambio entre Marchena y Batet para que esta última decida no tener cuenta lo votado en la Mesa del Congreso —que era mantener el escaño del diputado basándose en el informe establecido por el equipo jurídico de la Cámara baja— y retire el escaño a Alberto Rodríguez. Ya no es únicamente Yolanda Díaz quien saca el extintor, ahora también habló el oráculo vía Pablo Iglesias, quien, después de haber pedido “calma y sonrisas” nos dice que la “batalla” de la reforma laboral está “ganada”

La reforma laboral

Por cierto, a este propósito, no sé si la “batalla” será perdida y en qué acabará la derogación de la reforma laboral del PP, pero lo que sí ya sabemos, es que tanto el PSOE como UP coinciden en que el Gobierno de coalición seguirá en pie. ¿Sea cual sea el resultado de la derogación?

Si a esto añadimos lo que propone Pablo Casado, "quitar las barreras sindicales, laborales y fiscales para que las empresas crezcan”, lo menos que podamos decir, es que se avecinan negruzcos nubarrones en un futuro no muy lejano. Si queremos alejar esos nubarrones, tenemos que dejar de lado la única perspectiva que nos ofrece la izquierda institucional, el “más vale lo malo que lo aún peor” y tomar cartas en el asunto.

Mario Diego Rodríguez es socio de infoLibre

Entre las muchas interpretaciones que se harán de la intervención de Pablo Casado en el debate sobre la moción de censura, me parece que hay que resaltar su intención de apostar por la vuelta al bipartidismo, palabra no nombrada ni falta que le hacía. A buen entendedor, pocas palabras.

Su discurso, como se recalcará aquí y allá, ha consistido en un ataque inesperado político y personal al candidato Abascal, término utilizado profusamente por Pedro Sánchez. Y como por parte de algún interviniente se ha usado un lenguaje semirreligioso con alusiones al Papa Francisco, que da consejos afuera pero dentro de la Iglesia católica mantiene la segregación de géneros, podíamos atribuir a Pablo Casado aquello de venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré.

Ha sido un discurso para ganarse a los votantes de Vox, un intento discursivo para reducir a Vox a la nada o a la insignificancia, que el tiempo lo dirá. A un partido como Ciudadanos.

Machacado Vox, ha tirado de historia -la historia que le interesa-  y ha presentado al PP como un partido de gobierno de centro y moderado y (sin nombrar a los expresidentes de su partido, si no me falla la memoria) erigiéndose como el líder indiscutible del nuevo, desde hoy, Partido Popular.

Resalto como confirmación de mi razonada percepción: “Esta moción es una disputa entre rupturistas y reformistas. Y Vox es parte del bloque de la ruptura con el PSOE Y UP. No a la ruptura, no a la polarización. A mí no me van a dar lecciones de principios y de valores. Somos la fuerza tranquila de los españoles”.

Se ha cuidado muy bien de nombrar la palabra bipartidismo, abogar por elecciones inmediatas o de mencionar un gobierno de coalición con el PSOE porque, en las actuales circunstancias, sabe que es imposible. Pero lo piensa. 

A la concesión que ya le ha hecho Pedro Sánchez de que retira la proposición de Ley para modificar la fórmula de elección  de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de jueces y magistrados, si se aviene a negociarlos, Pablo Casado ha insistido en el veto a la participación y elección de cualquier miembro de la carrera judicial que pueda acercarse  al ideario de UP. Es la misma idea, la misma estrategia.

En todo  caso, si  Casado tiene todavía su plan de gobernar un día con la ultraderecha se ha encontrado con la respuesta del Gobierno en la persona de Pablo Iglesias, criticándole que su no a la moción llega tardeno. Con los datos de  una encuesta en la que se reflejan los altos porcentajes de los votantes del PP y Cs, que son partidarios del sí o de la abstención a la moción, le ha echado  en cara que “si esos  datos son ciertos , tanto el PP como C,s están metidos en un atolladero del que no podrán salir”. Y les ha vuelto a recordar el veto que ha impuesto Europa en general,  Merkel y Macron en particular, a  las alianzas con las ultraderechas, así como EE. UU, si los demócratas ganan las elecciones.

Felipe Domingo es socio de infoLibre

Este acuerdo entre PSOE y Ciudadanos parece lejano, habida cuenta de que el líder del partido naranja, Albert Rivera, calificó este mismo martes de "tomadura de pelo" la respuesta de Sánchez a las tres condiciones que le puso el lunes para abstenerse en una eventual votación de investidura. No obstante, Iglesias no quiso descartar ningún escenario hasta el final y sostuvo que "si se produce un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, el grupo confederal [de Unidas Podemos] lo valorará y decidirá su voto o si corresponde hacer las consultas pertinentes a la militancia".

En cualquier caso, Iglesias lamentó que, en las "últimas horas", haya quedado claro que "el PSOE prefiere a Ciudadanos como socio" que a Unidas Podemos, pero advirtió a los socialistas que su "alborozo" podría no tener razón de ser. "Sospecho que lo que ha hecho Rivera es un movimiento de cara a las elecciones", planteó el líder morado, que criticó que los socialistas rechazaran hace unos días un encuentro entre Sánchez e Iglesias por considerarlo una reunión de "machos alfa" y luego hayan estado dispuestos sin ningún problema a verse con Rivera.

Sobre la posibilidad de que el rey demore unos días su decisión de designar o no candidato para la investidura, Iglesias afirmó que se trataría de un movimiento "razonable" porque "Pedro Sánchez tiene una oferta por la izquierda y tiene una oferta por la derecha". "Ahora tiene tiempo para decidir si acepta alguna de las dos ofertas que le han hecho para ser presidente", planteó, aunque lamentó que Sánchez no haya llegado a la ronda de consultas "con los deberes hechos". Y, si se repitieran las elecciones, Iglesias desveló que el rey le había planteado la necesidad de que "los tiempos de la negociación" fueran más breves.

Isabel Díaz Ayuso sigue callando sobre los escándalos de supuesta corrupción que la rodean y pasa al insulto como estrategia de defensa. Este miércoles, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid se negó a responder las preguntas de Unidas Podemos sobre el posible alzamiento de bienes que habría presuntamente cometido, así como acerca de su impago del IBI durante cinco años o del supuesto trato de favor que le habría dado la entidad semipública Avalmadrid. Ayuso tachó estas cuestiones de "falsedades" y "mezquindades" e insistió en que las noticias sobre sus actividades son una forma de atacar a su "familia", pero no desmintió ni uno de los datos aportados por infoLibre.

El primer intercambio dialéctico en la segunda jornada del pleno de investidura de Ayuso fue bronco desde el primer minuto y en varias ocasiones se bordeó la descalificación. Las portavoces de Unidas Podemos, Isabel Serra y Sol Sánchez, encargadas de abrir los turnos de intervención de los grupos parlamentarios este miércoles, realizaron un duro discurso contra la dirigente del PP en el que la acusaron tanto de no dar explicaciones sobre los escándalos en los que está envuelta como de perpetuar un modelo económico y social, el del PP, al que hicieron responsable de los problemas de desigualdad y pobreza de la Comunidad de Madrid.

Ante lo segundo, Ayuso se defendió reivindicando el legado de los 24 años que llevan los conservadores gobernando de forma continuada en la región, y acusó a "la izquierda" de considerar "idiotas" a los madrileños por unos resultados electorales que, aseguró, los partidos progresistas no aceptan por su "poco talante democrático". Y ante las preguntas sobre los casos de corrupción, Ayuso se defendió atacando: aseguró no haber visto "más ataques a la prensa libre que por parte de Podemos" y sostuvo que la "campaña" contra ella es "machista", "repugnante" y se basa en desacreditar a su "familia".

En esta misma línea, la dirigente del PP tachó a los medios que publican noticias que la perjudican, como infoLibre, de "libelos" y "páginas de internet" que se coordinan "contra políticos que no son de su cuerda para acosarlos" y "señalarlos". Para Ayuso, las informaciones sobre la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes, así como sobre el trato de favor recibido por una entidad semipública o sobre el impago del IBI durante cinco años, no son más que una muestra del "acoso mediático" al que están sometidos PP, Ciudadanos y Vox. Y por ello, se negó a responder ninguna de las preguntas que Unidas Podemos le hizo, sin aportar tampoco ningún dato que desmienta las informaciones.

"¿Pretende que su interrogatorio me afecte lo más mínimo?", le espetó a Serra. Y es que la portavoz madrileña de Unidas Podemos había preguntado durante su intervención a la candidata por todas las sombras que la afectan. Serra cuestionó a Ayuso si sabía que los dos inmuebles que recibió como donación por parte de su padre servían como garantía para el pago del crédito concedido por Avalmadrid a la empresa de su familia, y también le preguntó si se puso en contacto con altos cargos del Gobierno madrileño para que "intercedieran" por ella con Avalmadrid "para que le dieran trato de favor". "¿Solicitó un compromiso de que Avalmadrid iba a hacer a vista gorda con los avales del préstamo?", inquirió igualmente.

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Dosier | Puedes consultar aquí todas las informaciones de infoLibre sobre el caso Ayuso.

Poco más de una semana después de que fracasara la investidura de Pedro Sánchez para revalidar su cargo de presidente del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos siguen manteniendo un diálogo de sordos. Tras su revés de hace una semana, Sánchez ha vuelto a la casilla de salida y ha pasado de aceptar compartir el Consejo de Ministros con la coalición morada a ofrecer un "Gobierno a la portuguesa", un gabinete únicamente compuesto por ministros del PSOE y apoyado desde fuera por Unidas Podemos a partir de un programa conjunto. Pero la formación liderada por Pablo Iglesias rechaza tajantemente esta posibilidad y apuesta por el modelo que ha permitido a la socialista María Chivite ser elegida este viernes presidenta de Navarra: un acuerdo en el que el poder se comparta entre los dos partidos.

Tras la ruptura de las conversaciones la semana pasada y el fiasco que supuso la votación de investidura fallida de Sánchez, PSOE y Unidas Podemos no han dejado de lanzarse reproches mutuos y no han retomado aún la negociación. El líder socialista ha iniciado una ronda de contactos con colectivos sociales con el fin de presionar a la formación morada para que renuncie a su pretensión de entrar en el Gobierno, y los mensajes que ha transmitido tanto el PSOE como el Ejecutivo van en esa misma dirección: una vez fracasada la investidura, la oferta de coalición ya no sigue en pie y lo único que Sánchez está dispuesto a negociar para obtener el apoyo de Unidas Podemos a su reelección es un programa conjunto.

El propio Sánchez, en una carta a su militancia, lo dejaba claro hace unos días: el modelo por el que apuesta es el de países como "Portugal" o "Dinamarca", donde "gobiernan partidos socialdemócratas, como fuerzas más votadas", "pero contando con el apoyo externo de fuerzas progresistas". La posibilidad de un Gobierno de coalición, señaló este mismo jueves Sánchez, "no ha funcionado", y la única fórmula que se plantea el PSOE a la hora de "cooperar" con Unidas Podemos es "construir un programa abierto progresista", pero no compartir Consejo de Ministros.

Pero ese modelo portugués, que en su momento Iglesias puso como ejemplo de entendimiento de la izquierda –llegó a afirmar en 2018 que le gustaría "hacer algo parecido en España con el PSOE"–, ha sido rechazado tajantemente por Unidas Podemos. Este mismo viernes, el responsable de Acción de Gobierno y líder de la comisión negociadora de Podemos, Pablo Echenique, denunciaba que "en Portugal los 'socialistas' pactaron con la derecha precarizar a los trabajadores y no reconocer los derechos de los profesores de la educación pública". Y el jueves, era la portavoz parlamentaria, Irene Montero, quien insistía en el argumento de que un gobierno a la portuguesa es "ideal para pactar una reforma laboral con la derecha y en contra de los trabajadores" y se preguntaba si "de verdad ésta es la propuesta del PSOE para España".

Podemos exige a Sánchez que mire a las comunidades

A preguntas de infoLibre, el partido guarda silencio sobre los motivos que le han hecho cambiar de posición de un año para otro sobre las bondades de un gobierno a la portuguesa. Por el contrario, con la elección este viernes de María Chivite como presidenta de Navarra con el apoyo y la entrada en el Gobierno de Geroa Bai y Podemos, así como el pacto de coalición que permitió la investidura de Javier Lambán el pasado miércoles en Aragón, Podemos se ha visto reforzado para insistir en su posición. El argumento que utiliza la coalición morada es sencillo: si tras las elecciones autonómicas ha sido posible en cinco comunidades –Baleares, Canarias y Comunitat Valenciana, además de Navarra y Aragón– que Podemos esté presente en gabinetes liderados por el PSOE, no hay razón para que ese pacto no se pueda hacer a nivel estatal.

El pacto aragonés, llegó a afirmar Echenique el pasado miércoles, "marca el camino", ya que la coalición es la "mejor" fórmula "para que se cumplan los acuerdos programáticos y que haya estabilidad, para que los gobiernos no duren poco y no haya que convocar elecciones de nuevo al cabo de un tiempo". Y, al menos por el momento, la dirección se mantiene firme en esta posición, pese a que hay sectores de Unidas Podemos que no ven con malos ojos limitarse a negociar un acuerdo programático con el PSOE sin entrar en el Gobierno si eso evita la repetición de elecciones. Esa es la tesis que defienden IU, para el caso de que no sea posible pactar una coalición. o la dirección andaluza de Podemos, principal feudo de la familia anticapitalista que lidera Teresa Rodríguez.

No obstante, los acuerdos de coalición suscritos por PSOE y Podemos –junto a otras fuerzas según la comunidad– en Navarra, Aragón, Baleares, Canarias y la Comunitat Valenciana han tenido un desarrollo diferente al que se ha producido a escala estatal. Para empezar, en estas comunidades las conversaciones han terminado fructificando después de semanas de intercambio de propuestas, mientras que a escala nacional la negociación efectiva entre PSOE y Unidas Podemos apenas duró unos días. Y en la mayor parte de los casos, el orden ha sido el inverso al de la negociación estatal: primero se cerró un acuerdo programático y, posteriormente, se pasó al reparto de carteras.

Primero, acuerdos de programa

El caso navarro es uno de los más paradigmáticos. Chivite fue elegida este viernes presidenta en segunda votación con el apoyo del PSOE (su partido), Podemos, Geroa Bai e IU y la abstención de EH Bildu, con quien se ha negado a negociar. Las tres primeras formaciones compartirán un Gobierno en el que los socialistas controlarán ocho carteras; Geroa Bai, cuatro; y Podemos una, y cuya estructura terminó de cerrarse el pasado 26 de julio: casi tres semanas después de que esos tres partidos alcanzaran junto a IU un acuerdo de programa.

En Aragón el pacto también ha sido a múltiples bandas: nada menos que cuatro partidos –PSOE, Podemos, Chunta y PAR– estarán presentes en el Gobierno liderado por el socialista Javier Lambán, que también ha recabado el apoyo externo de IU. El PSOE comenzó firmando un acuerdo con el PAR y, posteriormente, suscribió otro con la Chunta, aunque el pacto con Podemos ha sido el más costoso y la negociación solo se desbloqueó cuando el PAR levantó su veto a que los morados pudieran estar en el gabinete de Lambán. Finalmente, esas tres formaciones ocuparán una consejería cada una.

Tampoco fue sencillo el pacto en Canarias, donde las cuatro formaciones que componen el nuevo Gobierno liderado por el socialista Ángel Víctor Torres –PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera (ASG)– consiguieron alcanzar un acuerdo a finales de junio tras varios vaivenes por parte de ASG, que amagó con apoyar un eventual pacto de PP, Coalición Canaria y Ciudadanos. El pacto sobre el reparto del Gobierno se produjo días después, a principios de julio: los tres partidos minoritarios controlan una consejería cada uno y el PSOE, siete. Torres fue investido el 12 del mes pasado.

Los acuerdos en Baleares y la Comunitat Valenciana fueron los que primero se consiguieron. En el archipiélago, tras cerrar primero un acuerdo programático, se terminó alcanzando un pacto de coalición por el cual la socialista Francina Armengol fue elegida presidenta el 27 de junio con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos y Més, que controlan dos consejerías cada una. En la Comunitat Valenciana, por su parte, se renovó a mediados de junio el acuerdo de gobierno entre PSOE y Compromís añadiendo al mismo a Unidas Podemos, aunque el pacto no fue fácil: una vez alcanzado un consenso programático, el reparto de puestos estuvo a punto de dar al traste con la negociación, que finalmente se salvó cuando Podemos consiguió acceder a una vicepresidencia.

La única comunidad donde PSOE y Podemos no han alcanzado un acuerdo para compartir gobierno –a excepción de Asturias, donde los socialistas han sumado con IU– ha sido La Rioja. Raquel Romero, la única diputada autonómica morada en esa comunidad, rechazó apoyar a mediados de julio la investidura de la socialista Concha Andreu tras la negativa de ésta a integrarla en su gabinete. Andreu únicamente ofreció a Podemos dos viceconsejerías y una dirección general, una oferta considerada suficiente por la diputada de IU –que sí votó a favor de investir a la candidata del PSOE pese a compartir la coalición Unidas Podemos con Romero– pero no por su homóloga morada.

El secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha señalado este martes que coinciden con Unidas Podemos en el análisis de lo que se debe hacer en materia impositiva en el país con el objetivo de alcanzar un proyecto que mejore el control tributario y del gasto público.

En declaraciones a los medios tras mantener una reunión en el Congreso, ambas partes han evidenciado que coinciden en las medidas a realizar, pero desde Gestha no han querido entrar en si, para llevarlas a cabo, los 'morados' deben entrar en el Consejo de Ministros.

"Es una cuestión política que excede de la competencia de los técnicos. Para nosotros es más importante el programa de Gobierno que las personas que puedan llevar adelante esa cuestión", ha puntualizado.

No obstante, Mollinedo ha reconocido que en caso de que finalmente el acuerdo de Gobierno del PSOE fuera con Ciudadanos, estos no defenderían un aumento impositivo por ejemplo a las grandes fortunas.

"Más bien lo contrario, plantean bajada de impuestos", ha recordado, para luego señalar que en la campaña electoral de las autonómicas, los 'naranjas' prometieron ser "dique de contención" para compensar subidas de impuestos a nivel nacional.

La diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz, después de agradecer el trabajo que realiza Gestha, ha señalado que la realidad en España es que los trabajadores y las rentas más bajas "son las que aportan los impuestos" mientras que los que más tienen no contribuyen lo suficiente como para mantener servicios públicos de calidad.

Medidas tributarias

Gestha mantiene que tanto en el Impuesto sobre la Renta como en el de Patrimonio "hay posibilidad de que las grandes fortunas con más de 30 millones de patrimonio puedan contribuir más". Además, consideran que debe estudiarse en el marco de la financiación autonómica la presión sobre las donaciones y las sucesiones. A eso suman estudiar la imposición en materia medioambiental, clave para conocer "el modelo de país que se busca".

Además de estas medidas, han planteado que se debe estudiar cómo mejorar la lucha contra el fraude, y recalcan que "hay un déficit importante en el impuesto de Sociedades y en el Impuesto de Valor Añadido (IVA)".

A juicio de Gestha, la recaudación de Sociedades está por debajo de la mitad de la que se obtenía en 2007, y apuntan que la contribución de los grandes grupos empresariales debe aumentar nueve puntos adicionales para equiparar su tributación a la de las pequeñas y medianas empresas.

Plantilla "con las manos atadas"

En la reunión con Podemos, Gestha también ha planteado la necesidad de dimensionar la plantilla de los técnicos de Hacienda al tamaño de país. Para el sindicato, España tiene la mitad de los técnicos que necesita, y añaden a esto que "la mitad de esa plantilla tiene además las manos atadas para el control del fraude".

Por último, desde el sindicato exigen campañas de sensibilización ciudadana de manera que quien paga impuestos sepa a que van dirigidos. Así, esperan que los anuncios de rebajas impositivas "dejen de ser una baza electoral".

Por su parte, el secretario de Acción Civil de Podemos, Rafa Mayoral, ha señalado al término de la reunión que si se quiere hablar de justicia social hay que poner en el centro la Justicia Fiscal, y ha celebrado buena sintonía con Gestha, ya que "sus preocupaciones son preocupaciones compartidas".

Para Mayoral, avanzar en Justicia fiscal "significa que los que no están pagando tiene que empezar a pagar". "Y esos son los privilegiados del país que durante mucho tiempo han visto las instituciones como herramientas para proteger sus intereses", ha explicado.

Unidas Podemos se mantiene "a la espera" de que se les convoque a una nueva reunión para "proteger la negociación" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo planteó este lunes la portavoz de la ejecutiva de Podemos, Noelia Vera, que dejó en manos de Sánchez la iniciativa de iniciar las conversaciones con la coalición morada y convocar al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a una nueva reunión en los próximos días. Aunque eso sí: Vera advierte de que alcanzar un acuerdo es "urgente".

La portavoz compareció en la mañana del lunes tras la primera reunión que ha mantenido la ejecutiva del partido morado después de que Iglesias decidiera remodelarla hace unos días. E insistió en el mismo mensaje que lleva manteniendo Podemos desde hace semanas: su intención es formar parte del próximo Gobierno central, y a su juicio el término "gobierno de cooperación" se refiere precisamente a compartir Consejo de Ministros con el PSOE. Pero son los socialistas, como fuerza más votada, quienes tienen que llevar el timón de las negociaciones, por lo que Unidas Podemos será "prudente y paciente".

"Nos mantenemos a la espera" y "respetamos los plazos del PSOE, que está hablando con otras formaciones", con el fin de "proteger la negociación", argumentó Vera, que sostuvo que Unidas Podemos está "a la espera" de que Sánchez convoque a Iglesias a una nueva cita -que podría producirse esta misma semana- para iniciar formalmente las conversaciones. "Esperamos que sea lo más pronto posible", porque "es urgente que empiece a funcionar un gobierno progresista", sostuvo la portavoz, que aseguró que, pese a la relación "fluida" que mantienen Sánchez e Iglesias, no ha habido avances desde la última reunión que ambos mantuvieron la semana pasada.

No obstante, Podemos ya toma posiciones para esa negociación que está por abrir. Para el partido morado, según señaló Vera, es prioritario alcanzar un acuerdo en cuestiones relativas al mercado de trabajo, y por ello pedirá al PSOE que se comprometa a derogar las dos últimas reformas laborales, así como a rebajar la duración de la jornada laboral a 34 horas semanales o a elevar el salario mínimo interprofesional a los 1.200 euros mensuales al final de la legislatura. "Revertir los recortes en derechos laborales es lo más urgente", insistió Vera.

La coalición PSOE-Unidas Podemos ya es una realidad... a nivel autonómico. El primer pacto de Gobierno firmado tras las últimas elecciones ha sido el de la Comunitat Valenciana, donde PSOE, Compromís y Unidas Podemos compartirán un ejecutivo en el que la coalición morada controlará dos de las 12 consejerías del gabinete que liderará el socialista Ximo Puig y estará a cargo de la vicepresidencia segunda de la Generalitat. La confirmación del pacto se produjo apenas un día después de que PSOE y Unidas Podemos anunciasen públicamente el inicio de las negociaciones para conformar un "gobierno de cooperación" a nivel estatal, y la coalición morada considera que el acuerdo valenciano marca el camino que deben seguir esas conversaciones. Unas conversaciones que, insisten, deben terminar en un gabinete que incluya ministros de Unidas Podemos.

El de la Comunitat Valenciana será el primer gobierno autonómico que compartirán PSOE y Unidas Podemos en el nuevo ciclo político, y el segundo ejecutivo conjunto de ambos tras el que compartieron en Castilla-La Mancha entre 2017 y el pasado mes de mayo. En la pasada legislatura, el partido morado apoyó la investidura de presidentes socialistas en varias comunidades, pero prefirió no entrar a ningún gobierno. Sin embargo, cuatro años después, la disposición es la contraria: Podemos –o Unidas Podemos, según la comunidad– quiere tener presencia en el mayor número posible de ejecutivos, y al acuerdo valenciano –que se firmó este miércoles por la tarde– podrían unírsele en las próximas fechas pactos en comunidades como Baleares, La Rioja o Canarias.

El próximo Gobierno de la Comunitat Valenciana estará compuesto por 12 consejerías, de las cuáles seis estarán controladas por el PSOE, mientras Compromís gestionará otras cuatro y Unidas Podemos se queda con dos: Transparencia y Vivienda. Puig tendrá dos vicepresidentes: la líder de Compromís, Mónica Oltra, que repite como número dos de la Generalitat, y el candidato de Unidas Podemos, Rubén Martínez Dalmau, que será vicepresidente segundo. Y, además, la coalición morada ha conseguido finalmente hacerse con el mando de la Agencia Valenciana de Cambio Climático y la Agencia Valenciana de la Energía, aunque ambas dependerán de consejerías controladas por Compromís.

De esta forma, Unidas Podemos ha conseguido a nivel autonómico lo que lleva tiempo reclamando a escala nacional: acceder al gobierno con un peso más o menos proporcional al de su representación. Y fuentes de la dirección estatal de Podemos sostienen que el acuerdo valenciano debe servir como guía en las negociaciones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para afrontar la composición del Gobierno central. "Es verdad que son escenarios diferentes, pero en términos autonómicos, la Comunitat Valenciana era la referencia más importante que teníamos" de cara a la negociación estatal, se felicita un dirigente de Podemos, que considera que el formato de gobierno pactado en la comunidad "sienta elementos de contexto" que pueden ser aplicados a escala estatal.

Y es que existen varios paralelismos entre la situación valenciana y la nacional. Unidas Podemos, que en la anterior legislatura solo sirvió de apoyo parlamentario al PSOE, ahora quiere entrar como socio minoritario en ambos Gobiernos, y en los dos casos su pretensión es hacerse con carteras sociales. Por ello, las fuentes moradas consultadas consideran que entrar al Ejecutivo de la Generalitat Valenciana puede servir para romper el hielo y comenzar a normalizar un pacto que, entienden, es poco menos que inevitable. "La idea es que ayude a desdramatizar y a que se vea que no pasa nada por que entremos a un gobierno, que las alcantarillas siguen tragando agua y sigue habiendo luz en las farolas", reflexiona un dirigente de Podemos.

En esta línea, el propio Pablo Iglesias ya dejó claro este miércoles que quiere que el pacto de la Comunitat Valenciana sirva como modelo a replicar a nivel estatal. "Esto es lo que para nosotros significa hacer un gobierno de cooperación y plural", sostuvo Iglesias, que ya dejó claro el martes que entiende este "gobierno de cooperación" como una forma de denominar un gabinete conjunto. El PSOE, no obstante, sigue sin aclarar si estaría dispuesto a incluir ministros de Unidas Podemos en el Gobierno de Sánchez y, este miércoles, su secretario de Organización, José Luis Ábalos, se limitó a afirmar que "uno tiene que contar con aquellos que quieren colaborar". "Cada uno tendrá su modelo. El valenciano ya hemos visto cuál es. Ahora veremos cuál es el planteamiento que ofrecemos en España", planteó Ábalos.

Baleares, Canarias y La Rioja

En cualquier caso, más allá de una negociación estatal que apenas ha dado sus primeros pasos, PSOE y Podemos (o Unidas Podemos) tienen conversaciones abiertas en varias comunidades autónomas para compartir Gobiernos. Donde más avanzados están estos contactos es en Baleares: este mismo jueves PSOE, Podemos y Més comenzarán a discutir el reparto de consejerías después de haber suscrito ya un preacuerdo en lo relativo a las medidas programáticas que debería poner en marcha un gobierno participado por los tres y liderado por la socialista Francina Armengol. Probablemente la entrada de Unidas Podemos en el Ejecutivo requerirá la reestructuración del mismo, y de hecho la coalición morada ya ha pedido que se aumente el número de departamentos para evitar "macroconsejerías".

En Canarias, de igual forma, ya han comenzado las conversaciones para la composición de un gobierno progresista, aunque no están tan avanzadas como en Baleares. Hace unos días, el PSOE se reunió con representantes de Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista de la Gomera, las tres formaciones cuyos votos necesita, y aunque todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo, los negociadores morados salieron de esta reunión convencidos de que "pronto" habrá "un gobierno del cambio" en el que Podemos tenga presencia, en palabras de su dirigente Juan Márquez. No obstante, en las últimas horas Nueva Canarias ha denunciado que "el PSOE está poniendo en peligro el cambio en Canarias" por sus pactos en algunos municipios "con el único fin de desplazar a Nueva Canarias".

La Rioja o Aragón, por el contrario, son comunidades donde el entendimiento entre Unidas Podemos y el PSOE es menor. En la comunidad riojana ambas fuerzas han abierto ya negociaciones para formar Gobierno, pero el pasado martes la coalición morada dejó claro públicamente que solo prestará su apoyo a los socialistas si puede entrar a formar parte del gobierno regional. La diputada autonómica Raquel Romero criticó que "el PSOE demuestra una indecisión permanente" con respecto al posible pacto, y aunque no quiso cerrar la puerta a una investidura de la socialista Concha Andreu si Unidas Podemos no entra a su gabinete, Romero sí señaló que "es más complicado un Gobierno estable en el que no esté" la alianza morada.

Por su parte, en Aragón la dirección de Podemos ha exigido al PSOE que reconsidere su posición y mire a su izquierda para conformar un Gobierno de coalición con el partido morado en lugar de mantener el pacto que los socialistas suscribieron hace pocas fechas con el conservador Partido Aragonés. Que Podemos entrase a un Ejecutivo PSOE-PAR sería "harto complicado", dejó claro el martes el secretario general de Podemos en Aragón, Nacho Escartín, que argumentó que la formación aragonesista "representa a la derecha aragonesa" y ha votado en contra "de todos los presupuestos y leyes importantes de esta pasada legislatura".

Las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas celebradas en los dos últimos meses no solo han cambiado de arriba a abajo el escenario político español, sino que también han afectado a las arcas de los partidos. Las formaciones que han obtenido representación en cada uno de los parlamentos tienen derecho a percibir subvenciones por el número de votos recibidos y también por los escaños conseguidos, y tras los comicios del 28A y los del 26M, PP y Unidas Podemos (o Podemos e IU por separado, según la comunidad) son los que más pierden en comparación con el anterior ciclo electoral: las subvenciones de los conservadores serán 9,6 millones de euros más bajas, y las de la alianza morada, 5,4 millones menos.

El propósito de estas subvenciones, según explica la ley, es ayudar a sufragar el coste de las "actividades electorales" de los partidos, fundamentalmente la realización de la campaña. Las cuantías varían según el parlamento que las otorgue, pero estas ayudas se entregan en todo tipo de comicios. El mecanismo para calcular la cantidad que corresponde a cada formación es siempre el mismo: se ofrece una suma de unos cuantos miles de euros por cada parlamentario obtenido y otra más de unos céntimos de euro por cada voto sumado.

El método de cálculo de la cuantía de cada subvención es sencillo. En el caso de las generales, las formaciones perciben 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso o el Senado, y además 0,81 euros por cada uno de los votos conseguidos para el Congreso y otros 32 céntimos de euros por cada voto conseguido para los candidatos que hayan obtenido acta de senador. No obstante, aún se desconoce el número de votos concretos obtenido por cada parlamentario de la Cámara Alta, por lo que se ha excluido esta cifra del cálculo ofrecido por infoLibre.

En las europeas corresponde a cada partido una subvención de 32.508,74 euros por cada escaño obtenido, y además se les compensa con 1,08 euros por cada voto siempre que hayan sacado representación. Las cifras de las locales son más modestas: 270,9 euros por concejal electo y 0,54 euros por cada voto conseguido a candidaturas que hayan obtenido representación. Y en el caso de las autonómicas, cada comunidad fija sus propias cuantías: mientras en la Comunidad de Madrid se ingresan 19.981,18 euros por escaño y 1,01 por voto, en Castilla y León esa cifra solo es de 10.205,2 euros por procurador y 40 céntimos de euro por papeleta.

Además, en todas las elecciones se reparten subvenciones para sufragar los gastos del envío de propaganda electoral por correo. No obstante, para el cálculo solo se ha tenido en cuenta esta subvención en el caso de las elecciones generales y las europeas, ya que a nivel local solo se entrega dicha ayuda cuando "la candidatura de referencia hubiese presentado listas en el 50% de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia correspondiente y haya obtenido, al menos, representación en el 50% de los mismos".

Así las cosas, los cinco grandes partidos estatales –PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox– se embolsarán conjuntamente algo más de 94 millones de euros. La administración estatal es la que más dinero va a tener que entregar a estas cinco grandes formaciones: las subvenciones le van a costar 78,5 millones de euros por europeas, generales y locales, mientras que las 12 comunidades autónomas que celebraron elecciones en mayo abonarán los 15,5 millones de euros restantes.

PSOE

El PSOE, como ganador de las elecciones locales, europeas, generales y buena parte de las autonómicas, es el partido más beneficiado: sus arcas van a ingresar un total de 38,4 millones de euros. Y la sensible mejora de sus resultados electorales se deja notar en la cuantía de las subvenciones, que es casi 11 millones de euros mayor que la que percibió en las elecciones europeas, autonómicas y generales que se celebraron en 2014, 2015 y 2016, respectivamente. En esas citas –y teniendo solo en cuenta para el cálculo las 12 comunidades donde se celebraron autonómicas el pasado 26 de mayo–, el PSOE adquirió derecho a ingresar 27,4 millones de euros.

Solo por su resultado en las generales, en las que obtuvieron 123 escaños y casi siete millones y medio de votos, los socialistas van a tener derecho a percibir 12,8 millones de euros, cuatro más que hace tres años. A esa cantidad se suman los 9,6 millones –950.000 euros más que hace cuatro años– que les corresponden por sus resultados en las elecciones municipales, en las que consiguieron 22.335 concejales y más de 6,66 millones de votos. Y el PSOE ingresará 9,7 millones de euros –un aumento de 4,7 millones con respecto a 2014– por los 20 eurodiputados que consiguió el 26M con 7,3 millones de votos.

Por otra parte, a los socialistas les corresponden 6,2 millones de euros por sus resultados en las elecciones autonómicas que tuvieron lugar en 12 comunidades. Son 1,2 millones más que hace cuatro años en esos territorios, y las arcas de la Comunidad de Madrid son las que más aportan a esta cuantía: 1,6 millones. En el extremo contrario se encuentra Cantabria, donde el PSOE ha obtenido uno de sus resultados más pobres del 26M y donde solo percibirá 118.239 euros.

PP

El PP se encuentra justo en la situación inversa al PSOE, ya que su enorme batacazo de las elecciones generales y sus igualmente malos resultados del 26M le han hecho perder un buen pellizco de las subvenciones electorales de las que disfrutó en el anterior ciclo electoral. Si en los comicios que tuvieron lugar entre 2014 y 2016 los conservadores ingresaron 35,5 millones de euros, sus resultados en las citas de abril y mayo se van a traducir en solo 25,8 millones de euros en subvenciones: 9,6 millones menos.

A diferencia de lo que ocurre con los socialistas, cuyos ingresos proceden mayoritariamente de las generales, son los comicios locales los que mejor ayudan a las arcas del PP a amortiguar el golpe. Sus 20.336 concejales y los poco más de cinco millones de votos que logró reunir el pasado 26M a nivel municipal le han reportado 8,2 millones de euros en subvenciones electorales, una cantidad que supone una reducción de casi 1,2 millones de euros con respecto a hace cuatro años –en las elecciones de 2015 el PP ingresó 9,4 millones– pero que es la más elevada de todos los comicios analizados.

La gran caída de ingresos del PP por subvenciones electorales se produce en las elecciones generales, donde pasar de 137 escaños a solo 66 ha tenido un efecto prácticamente proporcional en la cuantía a percibir: si en 2016 los conservadores se llevaron 14,5 millones de euros por sus resultados, ahora se embolsarán apenas siete millones. En las europeas, por el contrario, la partida crece ligeramente hasta los 5,9 millones de euros –350.000 más que hace cinco años–, un aumento producto del aumento de la participación y, por ende, del número absoluto de votos del PP.

A nivel autonómico el batacazo se reproduce, aunque no con la misma intensidad que en las generales. El PP suma subvenciones por un valor de 4,6 millones de euros frente a los más de 5,9 millones que ingresó tras los comicios de 2015, y eso incluyendo en su contabilidad los más de 355.000 euros obtenidos por Navarra Suma –la coalición de UPN, PP y Ciudadanos– en la Comunidad Foral. En regiones como Madrid la caída de ingresos es muy sensible y alcanza prácticamente los 750.000 euros para quedarse en 1,3 millones, mientras en comunidades como Asturias, Canarias o La Rioja la variación es mínima con respecto a hace cuatro años.

Ciudadanos

El partido de Albert Rivera va a ver reflejado en sus cuentas bancarias su salto adelante a nivel de resultados: si en el ciclo electoral anterior sumó subvenciones por valor de 7,3 millones de euros, estas elecciones generales, autonómicas, locales y europeas le van a reportar 13,5 millones. El salto más evidente se produce en las europeas, donde Ciudadanos pasa de dos eurodiputados y menos de medio millón de votos a siete europarlamentarios y 2,7 millones de papeletas, lo que le reportará 3,4 millones de euros de subvención frente a los 615.000 euros de 2014.

Por su parte, los resultados de la formación en los comicios locales supondrán que se embolse un total de 1,7 millones de euros por los 2.789 concejales y los 1,87 millones de votos conseguidos, lo que supone casi 600.000 euros más que en 2015. Y en las generales, Ciudadanos pasa de ingresar 4,2 millones de euros a tener una subvención de más de cinco millones y medio al haber pasado de 32 escaños a 57 y de 3,1 a 4,1 millones de votos.

En las 12 comunidades en las que se celebraron elecciones autonómicas, los resultados del partido naranja se traducirán en unas subvenciones por actos electorales de 2,8 millones de euros –incluyendo los más de 355.000 euros de Navarra Suma–, frente a los 1,3 millones que correspondieron a Ciudadanos en 2015 en estos territorios. De nuevo, la Comunidad de Madrid es la que reporta más dinero al partido (1,1 millones de euros), mientras Cantabria es la que menos: apenas 56.808 euros, correspondientes a sus tres actas y sus 25.952 votos.

Unidas Podemos

La tendencia de Unidas Podemos es la contraria a la de Ciudadanos: sus resultados del 28A y el 26M le han hecho perder más de 5,4 millones de euros en subvenciones con respecto al anterior ciclo electoral, lo que implica que se embolsará 9,9 millones frente a los 15,3 que ingresaron entre 2014 y 2016 Podemos e IU –que concurrieron por separado a las europeas y las autonómicas– y Unidos Podemos en las generales.

Como Podemos no se presentó con su marca a las elecciones municipales de 2015 y solo apoyó cientos de candidaturas municipalistas, solo se ha incluido en el recuento de subvenciones de los pasados comicios locales las conseguidas por IU en aquellos lugares donde sí concurrió con sus siglas. Eso explica que este proceso electoral sea el único donde Podemos e IU –o Unidas Podemos, dependiendo del caso– mejoran sus números con respecto a 2015: ingresarán en subvenciones 1,4 millones de euros, frente al poco más de un millón que se embolsó la federación de izquierdas hace cuatro años.

En el resto de elecciones, el mal resultado se deja sentir en las arcas moradas. En las generales, por ejemplo, Unidas Podemos tendrá derecho a cobrar una subvención de 4,5 millones de euros, tres millones menos que en 2016. Para las europeas, la subvención será de 2,9 millones frente a los 3,6 que ingresaron Podemos e IU por separado en el año 2014. Y a nivel autonómico, a ambas formaciones (o su coalición en algunas comunidades) les corresponderán subvenciones por valor de 1,1 millones de euros, por los 3,1 millones de euros que obtuvieron Podemos e IU por separado en 2015.

Vox

La ultraderecha es, sin ninguna duda, la más beneficiada económicamente tras las elecciones del 28A y el 26. Al haber conseguido representación en ayuntamientos y en buena parte de las comunidades autónomas, así como a nivel estatal, Vox tiene derecho a cobrar subvenciones por un valor total de casi 6,4 millones de euros, de los cuáles más de la mitad corresponden a sus resultados de las generales. Sus 24 escaños en el Congreso y sus más de dos millones y medio de votos le van a reportar al partido dirigido por Santiago Abascal 3,3 millones de euros. En el anterior ciclo electoral, Vox apenas había ingresado unos miles de euros por sus resultados en las municipales, ya que en el resto de comicios no obtuvo representación.

A esa cifra hay que sumar los 1,7 millones de euros que se embolsará Vox por haber conseguido tres eurodiputados y 1,38 millones de votos en las elecciones europeas, así como otro medio millón de euros por sus 529 nuevos concejales en los ayuntamientos españoles. Y, de siete de las 12 comunidades que celebraron elecciones autonómicas el 26M –no obtuvo representación en Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Navarra–, Vox cobrará 868.000 euros más.