El Gobierno ha homenajeado este sábado con un acto en Madrid al Movimiento Democrático de Mujeres, la organización que defendió el feminismo y la democracia durante el franquismo y los primeros años de la transición para reivindicar derechos y libertad, según han recordado algunas de sus integrantes.

"Tenía ganas de tener derechos, de ser libre", ha comentado en el acto Marisa Castro, que perteneció al Movimiento Democrático de Mujeres de Asturias.

En un coloquio celebrado en el Círculo de Bellas Artes junto a otras cinco antiguas integrantes del Movimiento Democrático de Mujeres, han explicado los motivos que les llevaron a unirse a este movimiento y el trabajo que hizo el colectivo durante el tiempo en que estuvo operativo en España, entre 1965 y 1985.

Muy emocionadas por reencontrarse, todas ellas han tomado la voz en representación del resto de compañeras en este homenaje, integrado en la programación de 'España en Libertad, 50 años', la iniciativa que conmemora el inicio de la transición al cumplirse 50 años de la muerte de Francisco Franco.

"Nuestra singularidad fue aunar la lucha contra la dictadura y por la democracia con la lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. Fue un movimiento en que el feminismo y la democracia eran las dos caras de un mismo combate", ha señalado Merche Comabella, del Movimiento Democrático de Mujeres de Madrid.

Según ha comentado, la creación de este colectivo fue un proceso "sutil y difícil" que comenzó con concentraciones de mujeres a favor de la defensa de la amnistía de presos políticos y con el tiempo fue abarcando más temas, como la mejora de las condiciones de vida en los barrios, la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o el divorcio.

Entre los aplausos de las asistentes, la mayoría pertenecientes al colectivo, Merche ha reconocido que tenían puntos en común con el movimiento vecinal, obrero o estudiantil, pero ha subrayado que su referente fue siempre el feminismo.

"Le debo todo al Movimiento Democrático de Mujeres porque a partir de ahí no he dejado de militar en el feminismo", ha asegurado Josefina Pérez, que formó parte de la organización en Cartagena.

Por su parte, Marisa Castro, integrante del Movimiento Democrático de Mujeres en Asturias, ha dicho que la primera motivación para formar parte de esta organización fue su madre que, según ha recordado, era anarquista y le metió el feminismo "en vena".

Las integrantes del Movimiento Democrático de Mujeres han subrayado no obstante la diversidad que había en este colectivo, con mujeres católicas, militantes de izquierdas, amas de casa o universitarias.

Y han destacado la labor que hicieron en una situación de "clandestinidad" en sus primeros años, durante el franquismo, cuando organizaban acciones de reivindicación y también charlas sobre libros feministas que estaban prohibidos y que tenían que conseguir por su cuenta.

"El feminismo es un proyecto de emancipación universal", ha exclamado en el acto Tina Guillem, del Movimiento Democrático de Mujeres de Valencia y Salamanca, que ha abogado por incluir en el currículum escolar más feminismo porque la enseñanza, ha advertido, "no es neutral".

Las mujeres del colectivo han coincidido en la necesidad de seguir defendiendo derechos en la sociedad actual y han alzado la voz contra la guerra en Oriente Medio gritando al unísono 'No a la guerra'.

En representación del Gobierno, la comisionada de 'España en Libertad, 50 años', Carmina Gustrán, ha agradecido la labor del Movimiento Democrático de Mujeres que, según ha señalado, contribuyó a establecer la democracia en España.

"Recordar al movimiento democrático de mujeres no es solo su historia, sino también la potencia de su legado, de esas alianzas feministas que hace más de 50 años empujaron el avance de los derechos de las mujeres en condiciones enormemente difíciles", ha declarado.

En la misma línea, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha dicho que este acto pretende hacer memoria "no como un gesto hacia el pasado, sino como una herramienta para transformar el futuro".

19 de septiembre de 1983. Una joven cae desde una ventana de la tercera planta de un reformatorio femenino de la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Tenía 15 años y se llamaba Inmaculada Valderrama. Ese mismo día miles de personas salen a la calle para protestar por su muerte. Un crimen que la ciudadanía atribuye a las encargadas del reformatorio en el que se encontraba Inmaculada, todas de las Cruzadas Evangélicas. 

Su muerte se produjo en el seno del Patronato de la Mujer, una institución franquista que, con las protestas por su fallecimiento, acabó en 1985, dos años más tarde. Casi 43 años después, el gobierno reconoce el Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Histórica. Verdad, justicia y reparación. Tres peticiones que ahora el Gobierno escucha. 

Su manifestación se ha hecho clara en un acto organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Igualdad, y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con la Cortes, junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de “España en Libertad” en el Auditorio Nacional de Madrid. 

En este encuentro, al fin 53 mujeres que pasaron por el Patronato han sido reconocidas. Una a una, varias de ellas o sus familiares han subido al escenario emocionadas por un reconocimiento que llevan muchos años esperando. “Nosotros no somos víctimas, somos supervivientes”, han declarado. Como símbolo han recibido un certificado de manos de Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática; Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia; y María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad. 

Las supervivientes también han recibido las disculpas del Ministerio de Justicia, del que dependía el Patronato. “No podemos hacer desaparecer lo sucedido pero os podemos trasladar nuestra vergüenza y solicitaros vuestro perdón para dar nuevos pasos para la reparación. Esto tiene que ser visible, para que nunca más suceda”, ha declarado el ministro Félix Bolaños en una intervención telemática. 

Precisamente para que sea visible, se instalará una placa en un lugar de honor del Ministerio de Justicia para que no sigan existiendo los silencios ni las desmemorias. Además, desde el Ministerio de Memoria Democrática han anunciado que se creará una comisión de investigación y que se incorporarán líneas específicas sobre el Patronato a las investigaciones ya existentes. 

A las supervivientes les han puesto voz tres de ellas: Consuelo, Paca y Pilar. Ante la mirada atenta de sus compañeras y el aplauso atronador del patio de butacas, las tres han reclamado su espacio en la memoria de todos y han pedido que se investigue lo que les ocurrió.

Investigar para reparar. Algo complicado cuando los que deben reparar buscan por todos los medios evitarlo. Las mujeres han contado cómo la Iglesia, que tendría que haber facilitado los expedientes de todas ellas, no solo no lo ha hecho, sino que ha justificado que no lo hacen “por protección de las internas”. 

“No es por protegernos, es por protegeros a vosotros”, han recalcado. La Iglesia se aprovechó de la situación de estas mujeres para así poder beneficiarse, han denunciado. No era solo una cuestión del franquismo, sino que el entramado de la Iglesia también estaba detrás. Las obligaban a trabajar bajo condiciones extremas y, en la maternidad Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, les robaban a sus niños. “Los reformatorios se sostuvieron por el trabajo forzado nuestro, se vulneraron nuestros derechos humanos. Ahora esas mismas congregaciones se comportan como si fueran ONG y viven del dinero público”, han denunciado. 

El patronato se creó en 1941, con el objetivo de llevar por el buen camino a las mujeres “descarriadas”.  El criterio para entrar era tan ambiguo como peligroso. Buscaban “redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer”. Caer, claro, fuera de los cánones del franquismo. Esto iba desde ser lesbiana hasta contestar mal a tu padre a la hora de poner la mesa. Durante más de cuarenta años fue así para las chicas desde los 16 hasta los 25 años. 

La institución estaba a cargo de Carmen Polo y tenía el firme propósito de "velar por la moralidad pública, muy especialmente la de la mujer". Eran condenadas sin ningún delito, sin juicios y las denuncias llegaban desde cualquier parte. Un vecino, un conocido y, sobre todo, los padres. “Si no te portas bien te llevamos con las monjas”, es una frase que la mayoría de las víctimas han escuchado. 

Fue el caso de Consuelo. Un día se despertó ante la fija mirada de su madre y un médico que la acompañaba, con lo que, según le dijeron, era una jeringuilla para ponerle una vacuna. Lo siguiente que sabe es que se despertó en una habitación con una cama, una maleta y una ventana con barrotes. Ya no estaba en Barcelona. Estaba en Madrid. 

Su madre se había quedado viuda muy joven y no aprobaba el pensamiento político de su hija, que participaba en manifestaciones en defensa del comunismo. La solución estaba clara para ella. "A mí me machacaron viva porque estaba allí por pensar", narró Consuelo a infoLibre. 

La mujer contó a este medio las condiciones en las que vivían y evocó una imagen de aquel primer día en el centro de Adoratrices, en Padre Damián 52. "Era una fila de chicas con batas de rayas verdes, más ojeras que ojos y una cara de profunda tristeza. Ese retrato lo tengo grabado: era el gesto del abandono y la desesperanza pura". 

Cuando llegaban allí (por comunistas, lesbianas, rebeldes, pobres o embarazadas) las clasificaban. En distintos centros de observación, les realizaban evaluaciones médicas, psicológicas y morales para luego destinarlas dentro de una red de instituciones como reformatorios, colegios, hogares-taller y maternidades. La mayoría controlados por la Iglesia. 

La primera fase tenía lugar en lo que se llamó Centro de Observación y Clasificación (COC). Allí, las niñas permanecían seis días aisladas. Para la clasificación las examinaban con un examen de virginidad. Completa o incompleta, ese era el criterio. Las mujeres vírgenes estaban “limpias”, el resto no.

La reparación ha llegado tarde. No fue hasta octubre de 2025, cuando se concedió el primer certificado de víctima del fascismo a una mujer represaliada por el patronato. Fue a la sevillana Eva García de la Torre. Ella ingresó ya en tiempos de democracia por ser lesbiana. La juzgaron en Andalucía en 1978, cuando todavía era menor, y estuvo internada hasta 1985 en entidades católicas del Patronato en Galicia. 

Eva falleció en 2022 y no pudo ver cómo se conseguía lo que muchas de sus compañeras pedían: reparación y reconocimiento. Fue a recogerlo su viuda, Silvia Fernández Quinteiro. Precisamente fue ella quien averiguó lo que había pasado tras el fallecimiento de la que fue su pareja. Nunca le pusieron nombre, pero cuando leyó la historia en el periódico supo que Eva tuvo que haber estado ahí. 

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, lo ha recordado como un acto necesario de “salud democrática”, para reparar a las supervivientes de un patronato que fue “una herramienta política para cortar cualquier atisbo de libertad en niñas que empezaban a vivir”. Ahora otras 53 serán recordadas, no como víctimas, sino como supervivientes, para que nunca más vuelva a ganar el silencio. Verdad, justicia y reparación. 

El 11 de marzo de 2026 el Tribunal Supremo se ha pronunciado en favor de la devolución al Estado del conocido como Pazo de Meirás. Su verdadero nombre, Las Torres de Meirás, es un símbolo de la cultura que floreció en nuestro país a finales del siglo XIX y principios del XX. Las Torres actuales las mandó construir Dª Emilia Pardo Bazán, una de las escritoras más relevantes de nuestra literatura, en un terreno inicialmente conocido como la Granja de Meirás. La torre más alta la denominó con el sugestivo nombre La Quimera. Por sus salones pasaron personajes que destacaban en el mundo literario como José Zorrilla y Miguel de Unamuno. Mujer polifacética de convicciones religiosas, se anticipó a su tiempo abanderando la lucha por la igualdad de la mujer. Lo dijo en un Congreso Pedagógico celebrado en Madrid en 1892: “Lo único que creo se debe en justicia a la mujer es la desaparición de la incapacidad congénita con que la sociedad la hiere. Iguálense las condiciones, y la libre evolución hará lo demás”.

Dª Emilia murió en 1921 (está enterrada en la Iglesia de la Concepción de la calle Goya de Madrid), por lo que no vivió las incidencias derivadas del golpe militar, pero su familia sufrió las vicisitudes de la guerra civil y su hija Blanca tuvo que sobrellevar  el asesinato de su hijo Jaime, quedando ella y su nuera como únicas titulares. Decidieron abandonar las Torres que ofrecieron a los jesuitas que no aceptaron las condiciones. En el año 1938, un grupo de súbditos del Generalísimo lo compraron y se lo ofrecieron, como tributo y sumisión a Francisco Franco. El pago de la compra se hizo en parte con colectas un tanto coactivas. El Pazo, como lo rebautizaron los donantes, se convirtió en un edificio oficial que hacía las veces del Palacio del Pardo durante las estancias veraniegas.

Acaecida la muerte del dictador, de su esposa y de su hija, los herederos decidieron ponerlo a la venta. La recuperación de un sistema democrático constitucional imponía rescatarlo para el Patrimonio nacional. La sentencia del Tribunal Supremo ha restaurado el orden jurídico, aunque algunos están escandalizados porque hay que indemnizar de ciertos gastos a los herederos. Cuestión que debe ser matizada y explicada.

La Administración General del Estado, el 10 de julio de 2019, interpuso demanda de juicio ordinario contra los herederos ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de A Coruña. El juzgado dicta sentencia en la que: Se declara la nulidad de la donación efectuada en 1938 de la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado Jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma y ordena que se cancelen los asientos registrales que resultan de los títulos cuya nulidad se declara.

Como era de esperar, los demandados, (todos los nietos de Franco), interponen recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña que dictó sentencia con fecha 12 de febrero de 2021, en la que se confirma  la inexistencia jurídica de la donación de las Torres de Meirás o Pazo de Meirás efectuada el 5 de diciembre de 1938 a don Francisco Franco Bahamonde, y que se plasma en el pergamino de dicha fecha cuya copia se guardaba en la Diputación Provincial de A Coruña, dejando para el momento de la ejecución de la sentencia la liquidación a los demandados de los gastos útiles y necesarios que se acrediten. La sentencia del Tribunal Supremo confirma íntegramente la de la Audiencia con unos argumentos que nos pueden interesar a los juristas, pero también a los historiadores, políticos y ciudadanos.

No deja resquicio para la duda al afirmar rotundamente, respecto de los usos, obras, personal y gastos que hasta el 20 de noviembre de 1975, fecha en la que falleció el General Franco, las Torres de Meirás eran la residencia oficial del Jefe del Estado durante la temporada de verano, a donde se desplazaba con su séquito, y que se celebraban Consejos de Ministros durante esa estancia. Añade que el 30 de agosto de 1974 se celebró un Consejo de Ministros presidido por el entonces Príncipe de España, D. Juan Cárlos de Borbón y Borbón, que desempeñaba provisionalmente la Jefatura del Estado por enfermedad del Generalísimo. La gestión y mantenimiento del Pazo de Meirás se realizaba por la Casa Civil y Militar de la Jefatura del Estado, de forma similar a como se llevaba a cabo en el Palacio de El Pardo, sede de la Jefatura del Estado en Madrid. La Casa Civil remitía mobiliario y utillaje desde El Pardo para su uso en Meirás, que era devuelto al terminar el servicio veraniego. También asumía los gastos ordinarios de funcionamiento, los salarios y seguros de los operarios de reparaciones y mantenimiento, los gastos de cocina y aprovisionamiento de alimentos, etcétera. Para la documentación, se empleaba el mismo material impreso que en El Pardo, si bien se tachaba ese nombre y se sobrescribía Meirás.

La sentencia sigue narrando que Doña. Carmen Polo y Martínez-Valdés falleció el 6 de febrero de 1988, bajo testamento otorgado el 21 de octubre de 1981, en el que instituyó única y universal heredera a su hija Doña Carmen Franco Polo. Desde la donación de su madre, la Sra. Franco Polo siguió en la posesión de Las Torres de Meirás, donde celebró múltiples actos sociales, como las bodas de varias de sus hijas y nietos. Asimismo, llevó a cabo múltiples obras de recuperación y restauración del edificio de las Torres de Meirás e hizo frente a todos los gastos de uso ordinario del Pazo. El 30 de diciembre de 2008 fue declarado “Bien de interés Cultural” (BIC).

El Abogado del Estado –me imagino que siguiendo instrucciones– solicitó que en el caso de que se recuperasen las Torres para el Estado, se tuvieran en cuenta las previsiones del Código Civil que reconoce a los poseedores de buena fe el derecho a ser indemnizados por los gastos útiles y necesarios realizados para su conservación. La Audiencia Provincial admitió esta petición y habrá que liquidar estricta y restrictivamente los gastos útiles y necesarios. Los gastos necesarios son aquellos imprescindibles para la conservación de la cosa y no se consideran gastos útiles los de puro lujo o mero recreo.

Hace tiempo escribí un artículo en el sostenía que Dª Emilia debe volver a sus lares. Nadie puede dudar de la trascendencia de su vida y obra literaria que se gestó bajo las anchas bóvedas que albergan la biblioteca. La mejor forma de desterrar los fantasmas del pasado es convertir la Torres de Meirás en un centro cultural que se dedique a fomentar las letras y la cultura que contribuyó a exaltar su dueña. La Torre más alta dejaría de ser una quimera para convertirse en un espacio real. Allí se escribió la que para mí es su obra cumbre, Los Pazos de Ulloa.  

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces'. En febrero ha salido 'Visto para sentencia' , editado por Siglo XXI.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado su disposición a seguir yendo "de la mano" con el Gobierno central para recurrir contra la indemnización a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos que les ocasionó el Pazo de Meirás.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha considerado que sería "positivo" este recurso desde el punto de vista político y solo queda que los expertos jurídicos de cada uno de los dos Gobiernos, el central y el autonómico, estudien los argumentos jurídicos.

Tras confirmar la semana pasada el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del pazo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó que el Ejecutivo central "dará la batalla" contra la indemnización que el mismo tribunal reconoce para los herederos del dictador por los gastos realizados en el inmueble.

Una vez obtenida esta sentencia de devolución, por la que hay que "felicitarse", ha dicho Rueda, ahora "si podemos conseguir que no se pague indemnización, nosotros estamos dispuestos a colaborar si es jurídicamente viable", ha constatado.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia provincial, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

Rueda ha destacado que para conseguir la titularidad pública del Pazo de Meirás, la Xunta y el Gobierno central fueron "de la mano" lo que demuestra que cuando hay voluntad de colaboración "se salda con éxito", así que este "es el camino" a seguir.

Ha recordado que la Abogacía del Estado utilizó documentación aportada por la Xunta y "salió bien" y ahora si el Gobierno se está planteando recurrir la indemnización y considera que "hay argumentos" el Ejecutivo autonómico tiene la intención de "seguir de la mano también".

Sobre el informe aportado por la Xunta y si fue un elemento clave para decidir la indemnización, en contra del voto particular del Ayuntamiento de Sada (A Coruña) —donde se sitúa el pazo— Rueda se ha limitado a argumentar que el Gobierno autonómico hizo la colaboración que se le solicitó y el documento "fue aprobado por el Parlamento gallego" y sus argumentaciones sirvieron para la "sentencia favorable" a la devolución.

Por eso, ha apuntado que "otras consideraciones" que fuera tenidas en cuenta por el tribunal quedan a la interpretación del mismo y a otras valoraciones jurídicas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado suspender de urgencia, de forma cautelarísima, el procedimiento abierto por el Ministerio de Cultura para instar a la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones.

En un auto adoptado este miércoles, 11 de marzo, al que ha tenido acceso EFE, la sección sexta del TSJ ha rechazo la medida cautelarísima reclamada por la Fundación Francisco Franco al entender que "no concurren razones de urgencia que permitan la adopción de la medida cautelar inaudita parte", es decir sin escuchar a la otra parte.

La fundación pide suspender el procedimiento de Cultura para instar judicialmente a su extinción, argumentando que implicaría "la desaparición de su personalidad jurídica, la liquidación de su patrimonio y la frustración definitiva de sus fines fundacionales", así como un "daño reputacional".

El Supremo confirma que el Pazo de Meirás es un bien público, pero también que el Estado debe indemnizar a los Franco. La Sala Primera del tribunal desestimó todos los recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial hace cinco años respecto de la propiedad del inmueble y que “confirma en todos sus términos”.

Así, el Tribunal Supremo, en una sentencia emitida este pasado miércoles 11 de marzo, acaba de confirmar que el Pazo de Meirás pertenece al Estado, ratificando así la histórica sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña que en septiembre de 2020, hace más de un lustro, ordenó a los Franco devolverlo. La titularidad pública del inmueble había sido también confirmada cinco meses después por la Audiencia Provincial que, no obstante, había ordenado indemnizar a la familia del dictador en una polémica decisión.

Ahora, el Supremo ratifica aquel dictamen de la Audiencia Provincial, en el que se determinaba que el Pazo era propiedad del Estado, que los hermanos Martínez-Bordiú debían devolverlo pero también que tenían derecho a ser indemnizados por los “gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión”, tal y como resume el gabinete técnico del alto tribunal.

Ese derecho a indemnización o liquidación del estado posesorio se les permitía a los Franco “como poseedores de buena fe” del Pazo, en una resolución que había sido aceptada en un primer momento por el Gobierno de España, que acabó recurriendo para evitar pagar tras la presión de varias asociaciones por la memoria histórica. Pero el Supremo reconoce el derecho de los herederos del dictador a ser compensados.

Aquella sentencia de la Audiencia Provincial había condenado a la familia del general fascista a desalojar las propiedades de Meirás, “dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios”, pero añadió un matiz relevante: les reconoció el derecho a ser resarcidos por los gastos en que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio, algo que no se había aceptado en la sentencia de 2020.

El controvertido dictamen de la Audiencia, que le dio la razón al Estado en lo fundamental pero que reforzó algunas tesis de los Franco, dejaba claro también que fueron la inacción y la dejadez del Estado —en plena democracia y durante más de 40 años— en todo lo que tuvo que ver con el Pazo de Meirás lo que provocaba que los herederos del dictador pudiesen ser indemnizados por la administración después de ver cómo era aceptada parte de su recurso.

“La reivindicación de la propiedad [del Pazo de Meirás] es un evento totalmente nuevo que se produce ahora por vez primera”, advirtieran los jueces de la Audiencia Provincial para justificar que los Franco no tuviesen por qué considerar de “mala fe” su adquisición —como destacaba la sentencia de primera instancia— o ni siquiera creer que hubiese algo irregular en ella. ¿Por qué iban a hacerlo si gozaron de la propiedad del inmueble sin impedimento ni obstáculo alguno durante casi 45 años tras la muerte del dictador? He ahí la cuestión.

En esta sentencia, conocida este jueves, el Supremo aclara que “en la demanda” original sobre el Pazo “se indicó expresamente que no se discutía que los herederos de Franco fuesen poseedores de buena fe y que, por lo tanto, una vez devuelta la posesión del pazo, deberían ser indemnizados en los términos previstos para estos casos en el Código Civil”. “Es perfectamente congruente con lo sostenido en el informe jurídico que se incorporó al informe de la comisión de expertos creada en el Parlamento de Galicia para estudiar la viabilidad de la reclamación de la propiedad del Pazo, que se pronunció expresa y taxativamente en esos términos”, aclara la Sala en la explicación técnica del dictamen.

Así, el Supremo considera que si en la demanda se mantuvo esta postura, “no se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos”. “Los demandados contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un improcedente cambio posterior de las pretensiones de los demandantes les causaba una indefensión constitucionalmente proscrita”, añade.

El Supremo da ahora la que es la última palabra sobre las Torres, que pasaron a manos del Estado tras un proceso judicial impulsado por la Abogacía del Estado en Galicia con la demanda presentada en el verano de 2019 contra la familia Franco y que contó con un importante apoyo social y de las entidades de memoria, así como de la Xunta y la Diputación de A Coruña, además de los ayuntamientos de A Coruña y Sada.

Entregadas las llaves al Estado en un acto histórico en diciembre de 2020, la titularidad pública del Pazo de Meirás —hasta ahora provisional— se vuelve definitiva este viernes. Ahora, y ante los recursos de la familia Franco para recuperar las Torres, el Supremo “confirma la propiedad del Estado” y concluye que “desde 1938 el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como una dependencia similar al Palacio de El Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseer el predio en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los años 90 del siglo XX, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración”.

En definitiva, ante la intención de los herederos del dictador de adquirir por usucapión el inmueble, aclara que “no transcurrió el plazo legal de treinta años para poder adquirir la propiedad por esta vía” ya que antes fue, en realidad, residencia del jefe del Estado.

Además, el Supremo aclara también que en los recursos interpuestos por el Estado y la familia del dictador “ya no se discutía que los títulos jurídicos en los que se fundara la propiedad de Francisco Franco Bahamonde (donación y compraventa) eran nulos”, sino si la propiedad era del Estado y si los herederos del dictador debían ser indemnizados.

Por lo tanto, lo que sí volvió a confirmar el Supremo, como hizo la primera de las sentencias sobre la titularidad de Meirás, es la nulidad de la donación efectuada en 1938 de las Torres, al demostrar los documentos que la Xunta Pro Pazo —constituida por élites franquistas para sufragar el regalo— regaló el inmueble al jefe del Estado, no a Francisco Franco a título personal.

También ratifica que la compraventa del 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, lo que determina la nulidad de la misma. Se trata del título esgrimido por los demandados y por el que Franco, a título particular, logra la inscripción del predio en el Registro de la Propiedad.

La memoria. Ese músculo aparentemente atrofiado que condena a nuestro país a ignorar su pasado y que con tanta fuerza se intenta reanimar. Desde infoLibre,  y con la colaboración de 50 años de Libertad, los esfuerzos para prevenir que la historia se repita se materializan en actos como el de este 12 de marzo, titulado Del acero a la palabra: trabajo, dignidad y memoria en Euskadi. El evento, enmarcado en una gira de charlas por toda España llamada La memoria que somos, ha analizado con diferentes expertos la huella que el franquismo y su represión ha dejado en la sociedad española, y especialmente la vasca.

La charla se ha celebrado en el Auditorio del Museo Marítimo de Bilbao. El lugar elegido no es casualidad. El Museo se levanta en la zona vinculada a los astilleros euskalduna, y cuenta el recorrido de la lucha de los trabajadores de este sector, una zona históricamente obrera y sindicalista.

El silencio en la sala, amplia y con un gran espacio para el público asistente, se ha visto interrumpido por música. Se trataba de dos intérpretes de txalaparta, un instrumento tradicional de Euskadi. El sonido profundo y la pasional interpretación de los músicos ha marcado el tono de un evento con todo el peso de la memoria histórica presente. 

Tras ellos, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, ha dado la bienvenida al evento. El periodista ha asegurado que estas charlas surgen de “la necesidad de reflexionar sobre las formas en las que una comunidad puede reconocerse a sí misma”. Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, ha sido invitada posteriormente a subir al escenario, y ha explicado que tanto para ella como para el proyecto se cumplen “50 años del principio de la salida de la dictadura”, pero no de una democracia directa.

Esta "falsa" Transición y las consecuencias de la represión sufrida han sido debatidas en la posterior mesa de debate, pero antes, Gustrán no podía dejar de declarar: “Memoria histórica también es hablar con tu abuela”.

La mesa redonda ha sido moderadas por la directora general de este periódico, Marta Gesto. Como expertas y expertos, un plantel de lujo con Afra Blanco, sindicalista y tertuliana; Carlos Entenza, politólogo, jurista, codirector de Ideas en Guerra y sindicalista; Iñigo Ugedo Vicario, presidente Consejo de Estudiantes de la EHU; y Eztizen Miranda Bernabé, antropóloga especializada en comunicación y memoria histórica.

Gesto, introducía así: “Euskadi, y Bilbo en particular, representan este vínculo tan especial entre trabajo, organización colectiva y democracia”. El conversatorio, muy rico en aportaciones, ha debatido sobre la construcción colectiva de la identidad a través del trabajo, cómo se encuentra esa cultura obrera en la actualidad y cómo podemos hacerla llegar a los jóvenes, entre otros asuntos. 

Bernabé, la primera en hablar, respondía a la pregunta de qué era hablar de trabajo para Euskadi en el pasado. “Cuando hablaban de trabajo, hablaban de unión”, asegura Bernabé. Sobre el sindicalismo, “todos tenían muy claro que eso era lo que tenían que hacer”. “Sabían que serían represaliados, pero estaban dispuestos a hacerlo por el bien de los demás”, cuenta la experta en memoria. Añade, además, que no sabe si esos valores se están transmitiendo de forma correcta al presente.

Entenza, politólogo, apunta que antes “se aprendía la participación política por el hecho”. “El trabajo tenía un componente fundamental de colectividad, y eso tenía una serie de implicaciones. Ahora el trabajo está más precarizado y más individualizado, y eso dificulta generar comunidad”. Entenza continuaba: “Lo que se tiene que hacer es intentar readaptarnos a los tiempos”. “Puede que cambien muchas cosas. Se pueden inventar mil códigos y la IA, pero la idea de que unidos somos más fuertes, esa no va a cambiar”, afirmaba el experto.

Las claves de los ponentes respecto a la política actual nacían de forma natural al hablar del pasado. La necesidad social de cambio estaba presente en la conversación. Para Bernabé: “Había unos objetivos claros. Sabían contra qué luchaban. Y cuando todos luchan contra lo mismo, es más fácil”. “La fórmula es matemática: ¿Dónde hay mejores condiciones laborales? Donde hay lucha obrera.”, aseguraba Entenza.

La pregunta de “¿Cómo hacemos llegar todo esto a los jóvenes?” también ha revoloteado durante toda la charla. Uno de los ponentes de menor edad, en este caso, Vicario, decía: “Antes estaba todo por conquistar. Ahora vivimos en una sociedad cada vez más individualista". "Vivimos nuevas formas de subordinación que a lo mejor se escapan un poco de lo que era antes. La crisis de la vivienda, la especulación…”.

Sobre la cultura del esfuerzo, Entenza plantea la paradoja de las nuevas generaciones: “Si el trabajo no me garantiza unos mínimos aspiracionales que sí que garantizaba a las generaciones anteriores, entonces quiero que el trabajo no ocupe un rol central, como tenía antes. Esto ha sido caricaturizado como falta de cultura del esfuerzo”. Vicario afirma estas declaraciones: “Somos la generación más preparada, pero no aspiras a tener una casa. Las aspiraciones son distintas”.

Muchas preguntas y respuestas fueron lanzadas durante la hora que duró el conversatorio, y pese a la generalizada sensación de que se había quedado corto, todo se puede resumir con una frase lanzada por el representante de estudiantes, Vicario: “Faltan espacios intergeneracionales para poder hablar de esto”. “Por eso son muy importantes espacios como este”, añadía, refiriéndose a este evento organizado por infoLibre que viajará también a otras ciudades para hablar, incansablemente y sin parar, sobre la lucha democrática.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra esa sentencia, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

El Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), un edificio construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, fue residencia de verano de Franco durante toda la dictadura, tras un proceso que simuló regalárselo y a la vez vendérselo durante la guerra civil.

A partir de la muerte del dictador, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público, en una acción judicial que fue respaldada por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

La sentencia, fechada el 11 de marzo y adoptada por unanimidad, hace hincapié en que, durante la dictadura, resultaba complicado distinguir entre los bienes personales de Franco y del Estado, al tratarse de una "autocracia personalista".

Realiza un relato extenso de lo ocurrido desde el inicio de la guerra civil y la adquisición del inmueble a la viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, Manuela Esteban Collantes, por parte de una junta de notables de la zona, para después regalárselo a Franco y posteriormente simular la venta directa desde la propietaria al dictador -este acto es nulo, pues realmente ya lo había vendido-, así como la falta de entrega del dinero fijado en la escritura.

El Supremo da la razón a los fallos previos al anular todo aquel proceso de regalo y venta, así como a descartar la posible propiedad de los Franco por usucapión o prescripción adquisitiva, pues considera que el pazo nunca dejó de ser un bien de dominio público y, sobre los plazos, defiende que como mínimo hasta la década de 1990 no poseyeron la finca como dueños, por lo que no transcurrió el plazo legal de treinta años.

De forma paralela, en otro proceso judicial el Estado logró la propiedad de 559 elementos que siguen en el edificio, pues la demanda sobre la propiedad del inmueble no incluía su contenido.

Las administraciones públicas recurrieron el hecho de que la Audiencia Provincial de A Coruña determinó en 2021 que los Franco debían ser indemnizados por los gastos que tuvieron en la propiedad, al considerarlos poseedores de "buena fe". Sin embargo, el Tribunal Supremo recuerda que en la demanda original no se discutía esta cuestión y no es posible añadirla en un momento procesal posterior.

"La demanda no contenía pretensión alguna sobre la liquidación del estado posesorio", resume el fallo, sobre el escrito presentado en su momento para abordar el proceso. Entiende que las administraciones "alteraron sustancialmente la demanda" al añadir ahora que los herederos de Franco deben ser considerados poseedores de "mala fe".

Menciona también el hecho de que las primeras propietarias del Pazo de Meirás, tras la muerte de Franco, fueron su viuda, Carmen Polo, y luego la hija de ambos, Carmen Franco, ambas ya fallecidas. "La buena o mala fe debe ser la de ellos, y no la de la viuda e hija de Franco, cuya posesión no fue discutida, ni por tanto, hubo de ser liquidada", continúa.

El Tribunal Supremo concluye, por tanto, que debe abordarse esta liquidación del estado posesorio y los Martínez-Bordiú Franco deben ser indemnizados.

Volver al pasado para comprenderlo todo. Es el objetivo que persigue el acto Del acero a la palabra: trabajo, dignidad y memoria en Euskadi, organizado por infoLibre junto con la celebración de los 50 años de España en libertad. Tendrá lugar el 12 de marzo a las 18:00 horas en el Auditorio del Museo Marítimo de Bilbao. Si te apetece venir puedes reservar tus entradas aquí.

Los años de represión del franquismo han dejado una huella que todavía atraviesa a España y que se siente en todos los rincones del territorio. En Euskadi, la resistencia al régimen estuvo marcada por los sindicatos y los obreros que –al contrario de lo que les ordenaba el régimen– se unieron y organizaron para poder resistir. 

Allí, el movimiento obrero resistió y salió a la calle. En abril de 1951, miles de vascos y vascas paralizaron Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra. Pedían lo más básico: mejoras salariales ante el alto coste de vida. Después de varias semanas, consiguieron lo que parecía imposible. Lograron que se aceptaran sus peticiones. 

El lugar en el que se celebrará el acto no es ninguna casualidad. Este territorio concentra la memoria del esfuerzo industrial y de las luchas obreras y sindicales que fueron decisivas para conquistar derechos laborales y libertades políticas. Ese lugar es un símbolo de la capacidad de transformación de la sociedad vasca.

El evento dará comienzo con una actuación liderada por una txalaparta, un instrumento de percusión idiófono tradicional en Euskadi. Tras la actuación, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, estará a cargo de dar la bienvenida al evento. Después, Maraña conversará con Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, para explicar el proyecto. 

El plato fuerte llegará con una mesa redonda moderada por Marta Gesto, directora general de infoLibre, sobre cómo el trabajo, la organización sindical y la memoria obrera fueron claves en la construcción democrática. El cómo esto ha llegado hasta hoy también será una de las grandes preguntas de la tarde. 

En la mesa redonda participarán Afra Blanco, sindicalista y tertuliana; Carlos Entenza, politólogo, jurista, codirector de Ideas en Guerra y sindicalista; Eztizen Miranda Bernabé, antropóloga especializada en comunicación y memoria histórica; e Iñigo Ugedo Vicario, presidente Consejo de Estudiantes de la EHU. 

Con ellos, debatirán sobre cómo fue el tránsito del conflicto industrial al pacto democrático y cómo éste es recordado en la sociedad vasca; el papel que jugaron los sindicatos; cómo las nuevas generaciones entienden el trabajo; qué significa la dignidad en el trabajo y la memoria obrera frente a la precariedad y la desafección democrática.

Resistir, pero con silencio y miedo. “De esto no se habla” es una frase que todos los españoles han escuchado demasiadas veces. En casa, pero también en el trabajo. La represión a los trabajadores durante el franquismo tuvo un grandísimo impacto en lugares como Euskadi en los que los obreros de las fábricas tuvieron que ver cómo se quedaban sin la mitad de sus compañeros por la represión en contra de quien estuviera mínimamente en contra de Franco.

Para que estas historias no se olviden, infoLibre ha puesto en marcha la iniciativa La Memoria que Somos, una serie de charlas que pretenden acercar a personalidades de la cultura o la información con las nuevas generaciones para debatir sobre cómo han trascendido hasta hoy los años de Franco en España, 50 años después de conseguir la tan ansiada democracia. 

El pleno municipal de A Coruña ha aprobado este jueves continuar con el proceso iniciado para buscar la recuperación de la Casa Cornide para el patrimonio público, en la actualidad en manos de los herederos de Franco, según informa EFE. 

La Casa Cornide es un palacete situado en el centro de A Coruña y del siglo XVIII, ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia, que en 1962 pasó a ser propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, también del dictador Francisco Franco, tras haber sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña. 

En 2024, el Ayuntamiento de A Coruña inició un procedimiento de revisión de oficio de aquel proceso, que en su momento tenía un plazo de seis meses, que ya han pasado, por lo que los Franco han solicitado su caducidad. 

El pleno, por unanimidad del PSdeG, el PPdeG y el BNG, ha aprobado la "declaración de no caducidad del procedimiento de revisión de oficio" y continuar por tanto con el citado procedimiento de revisión al considerarlo de interés general. Asimismo, los Franco también han llevado la cuestión a la vía judicial, ante lo que el pleno también ha aprobado de forma unánime la personación del Ayuntamiento de A Coruña para evitar la caducidad del proceso y el archivo del expediente. 

En este proceso está también implicado el Gobierno a través de los Ministerios de Educación y Hacienda, al haber pasado el edificio por su patrimonio. De forma paralela a este proceso de recuperación, anunciado desde hace años, la Xunta ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el inmueble, aunque ha excluido los bienes contenidos en su interior y los Franco la vaciaron antes de abrirla. 

Como BIC, la obligación es permitir visitas gratuitas al menos cuatro días al mes, un régimen que se cumple desde el pasado mes de agosto y tras una sanción de 3.000 euros por no haberlas permitido durante dos años. 

Al mismo tiempo, está pendiente la sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), con una decisión ya tomada, pero que todavía no se ha hecho pública y que, por ahora, mantiene el inmueble y la mayor parte de sus bienes en manos del Estado.

En ella se guarda bajo llave el legado de reconocidos artistas. Y desde este miércoles, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid ya atesora el de las pioneras Clara Campoamor, Victoria Kent y Elena Fortún por el Día Internacional de las Mujeres. Resulta un hecho incontestable: la historia de España la han escrito hombres. Y en la de la lucha por la igualdad, en mayor o menor medida, también han intervenido. Campoamor y Kent fueron dos mujeres que abrieron paso, que representaron los ideales del feminismo y que constituyeron una parte esencial de la historia política de España y del mundo. Sin embargo, cuando sus nombres se ponen uno al lado del otro de lo que se habla es de su enfrentamiento de ideas. Una quería el voto, la otra lo impedía.

Es cierto, pero solo en parte. Campoamor consiguió el voto, pero Victoria Kent no era antisufragista, ni mucho menos. No pedía que las mujeres no votaran sino que fuera más tarde, cuando la recién nacida República gozara de mejor salud. Para ella, las mujeres de España se convertirían en republicanas y de izquierdas en cuanto pudieran vivir los derechos conquistados con la nueva política. Era cuestión de tiempo.

Otras que también abrieron paso, que vivieron esa República y su posterior caída, también han sido olvidadas o simplificadas por la historia. La escritora Elena Fortún cambió la literatura infantil y defendió el feminismo desde antes de convertirse en la madre y escritora de Celia, una colección de novelas sobre una niña de siete años que vivía con su familia en Madrid. 

Las encargadas de poner en palabras la historia de estas mujeres en el evento organizado por el Cervantes han sido Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; la doctora en Historia, Maria Dolores Ramos Palomo; la editora de Editorial Renacimiento, Christina Linares; las sobrinas nietas de Kent, Ana María y Concepción O’Kean; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha clausurado el acto. 

El acto también ha homenajeado el Lyceum Club Femenino, una asociación que buscaba el desarrollo social y cultural de las mujeres entre 1926 y 1939. Ser socia significaba haber realizado trabajos literarios, artísticos o científicos, participado en causas sociales o tener títulos académicos. Victoria Kent llegó a ser vicepresidenta de la entidad y Campoamor y Fortún también formaron parte de ella. 

El evento ha arrancado con la intervención de Carmen Calvo, que ha reclamado la figura política de Clara Campoamor como una mujer más allá del voto o más allá de ser una pionera. “El machismo quiere que hablemos de ella como una política que hizo algo en un apartado, el de pelear por el sufragio, pero ella es el personaje político, hombres y mujeres incluidos, que más ha sabido comprender lo que es la democracia. No se la entendía por muchos flancos y de una manera cruel las Cortes decidieron enfrentar a las dos únicas mujeres que había en la Cámara”, ha relatado Calvo. “El machismo nos quiere como pioneras o como víctimas pero tenemos que reaccionar contra esto. Cuando somos pioneras somos frágiles porque estamos solas, pero nos podemos hacer fuertes formando parte de un grupo, formando parte del feminismo”, ha añadido. 

Tras su discurso, ha acompañado a Luis García Montero, director del Instituto y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hacia la Caja de Letras para guardar parte del inmenso legado que ha dejado la política. Entre los obsequios, el Congreso ha cedido un tomo del Diario de Sesiones que recoge varias de las intervenciones de Campoamor, entre ellas, ese famoso reclamo por el derecho de la mujer del 1 de octubre de 1931, para que el Instituto pueda ser su nueva casa durante unos meses. 

Tras el emocionante momento, Christina Linares se ha subido al escenario para rendir tributo a la escritora Elena Fortún –o Encarnación Aragoneses de Urquijo, su verdadero nombre–. Ella también tuvo un papel decisivo en la lucha de las mujeres. Como escritora, creó el personaje de Celia, una niña de siete años que vivía con su familia en Madrid. En su obra, aunque era para los más pequeños, siempre se podía apreciar su lucha por las mujeres y, en un tiempo marcado por el franquismo y el exilio, por la democracia. “A través de la mirada de una niña, era capaz de criticar el mundo de los mayores”, ha destacado Linares. 

Ya en su momento, reflejaban los ideales de la Institución Libre de Enseñanza. Se acabaron editando los manuscritos de Celia en la revolución (1987), sobre Guerra Civil, y las novelas de temática lésbica Oculto sendero (que firmó como Rosa María Castaños y que no se publicó hasta 2016) y El pensionado de Santa Casilda (2022, con Matilde Ras).

Poco se sabía de ella como escritora. Por ello, Linares ha querido reclamar el papel de expertas e historiadoras que han conseguido desempolvar la historia que muchos querían que fuera olvidada. “Fortún transformó el panorama de la literatura infantil pero antes ya escribía artículos sobre feminismo. Fue vegetariana, sabía leer las cartas, se refugió en el espiritismo para superar la muerte de su hijo y era lesbiana. Todo esto lo sabemos gracias a las expertas”, ha recalcado. 

Como con Campoamor, se han dirigido a la Caja de las Letras para poder entregar varias primeras ediciones de la obra de Fortún. Junto con la hija de Carmen Laforet, Cristina Cerezales, han hecho entrega de los libros, que según la escritora ha conseguido gracias a la “amistad de su madre con Fortún”. 

Victoria Kent también ha recibido su propio homenaje. Faltaría más, en la fecha del evento, el 4 de marzo, nació la política en 1898. Ha pasado a la historia de muchos como la mujer que se opuso al voto femenino. No fue así. Abogó por los derechos de las mujeres durante toda su vida y abrió las puertas de todas las que vinieron después. 

Ella fue la primera mujer que formó parte del Colegio de Abogados de Madrid. Allí, también se convirtió en la primera mujer defensora en el mundo ante un tribunal militar en 1931. Además, Consiguió que se cerraran 114 centros penitenciarios, mandó construir la Cárcel de mujeres de Ventas en Madrid –sin celdas de castigo–, y creó el Instituto de Estudios Penales. 

La historiadora María Dolores Ramos Palomo ha relatado la forma en que tuvieron que volver a reconstruir, como si de un puzle se tratase, la vida de todas estas mujeres, de las que no había prácticamente nada ya descubierto. Solo fue cuando se abrieron las hemerotecas y las bibliotecas cuando las investigadoras descubrieron la aventura que fue la vida de todas ellas. 

El legado de Kent se ha representado con la lectura por parte de sus sobrinas nietas, Ana María y Concepción O'Kean, de varias cartas de la política en su tiempo en Nueva York. Los objetos también han incluido varios de sus escritos y una foto con Louise Crane, quien fue su pareja hasta que falleció en 1987. Precisamente la compañía de teatro Arte por el Arte Producciones ha realizado una lectura dramatizada de un extracto de la obra Victoria Kent o la verdadera identidad de Madame Duval sobre la relación entre ambas. 

La presidenta de las Cortes, Francina Armengol, ha puesto el broche final al acto: “Cuando vemos sus biografías podemos ver cuánto empeño se puso en silenciarlas. El orden mundial ahora se tambalea, en muchos lugares del mundo se ve la barbarie, que también se asienta en las grietas de una sociedad polarizada”, ha apuntado. 

“Comprometernos por la lucha es saber que las democracias que con tanto esfuerzo se han levantado, se pueden destruir de un mazazo. Nuestra responsabilidad con estas mujeres y las nuevas generaciones es proteger estos valores sobre los que hemos construido la sociedad que somos”, ha zanjado. 

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por que se esclarezca lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía Armada, y que "se juzgue a los responsables", porque si no se hace, ha dicho, se estará "ahondando en la revictimización", según informa EFE.

Pradales, que a primeras horas ha participado en una ofrenda floral en el monolito erigido en las inmediaciones de la iglesia de San Francisco de Asís donde ocurrieron los hechos, ha dirigido unas palabras en el acto convocado por el Instituto de la Memoria-Gogora para conmemorar el cincuenta aniversario de aquellos trágicos sucesos.

Ha sido tajante al afirmar que "quienes cometieron aquellos crímenes sabían bien lo que hacían" y ha insistido en la necesidad de que se esclarezca y se depuren responsabilidades para que no se creen "víctimas de primera y de segunda".

Todas las denuncias judiciales presentadas hasta ahora para depurar estas responsabilidades penales se han archivado, excepto la causa que abrió en Argentina en 2010 la jueza María Servini contra los crímenes del franquismo cometidos durante la dictadura y la Transición, que sigue activa.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido una desclasificación completa y no "elegida" de los documentos oficiales sobre los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria porque esa es la manera de reparar a las víctimas y rendirles un "verdadero homenaje".

Esteban ha depositado esta martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros asesinados acompañado del diputado general de Álava, Ramiro González, y la presidenta del PNV en Álava, Jone Berriozabal.

El líder jeltzale ha afirmado que la masacre del 3 de marzo "dejó una huella muy profunda" en Euskadi y que las víctimas merecen una "reparación real", lo que pasa por conocer la verdad. Para ello, ha continuado, es necesario modificar la Ley de Secretos Oficiales que saque a la luz todos los documentos. "No nos vale tampoco una clasificación elegida", ha advertido. Por otro lado, ha avanzado que el acuerdo que el Consejo de Ministros aprobará este martes en relación con los sucesos 3 de marzo ha "decepcionado" a su partido.

Aunque el contenido de ese acuerdo todavía no se ha hecho público, Esteban ha desvelado que "no cumple con el paso que ya había dado el Partido Socialista de Euskadi recientemente en el Parlamento Vasco al reconocer el papel del Estado en los asesinatos y condenar la actuación del gobierno en aquel momento".

Izquierda Unida registrará mañana lunes en el Congreso una iniciativa para reformar las leyes de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, y la de Memoria Democrática, de 2022, para que en ellas se incluyan a las víctimas de agentes del Estado, según recoge EFE.

Con esa proposición de ley, IU pretende que se repare la situación de víctimas excluidas y de sus familiares, como la de Manuel José García Caparros, el joven asesinado por disparos de la Policía el 4 de diciembre de 1977 mientras se manifestaba a favor de la autonomía andaluza. En suma, todas las que han quedado "sin reconocimiento oficial de su carácter de víctima de la violencia que se ejerció por parte de agentes policiales del Estado", subraya IU en un comunicado.

IU considera que "es el momento de reconocer, si no es ya tarde, a todas las victimas que sufrieron esa violencia policial, incluyendo en este periodo a las producidas hasta la plena consolidación democrática, pasada ya la intentona golpista del 23F de 1981". De este modo, ve "apropiado desde un punto de vista legal e histórico" fijar el final de ese periodo temporal a partir del 1 de enero de 1983.

La proposición de ley ha sido coordinada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y cuenta también con la firma del diputado y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, además de Engracia Rivera, Francisco Sierra, Nahuel González y Fèlix Alonso.

Según recuerda IU, la propuesta es una respuesta "legal, argumentada, clara y contundente" a la "grave comunicación" conocida a comienzos de esta semana después de que el Ministerio del Interior hiciera público que denegaba la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós.

Precisamente, el pasado viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, anunció que el Ejecutivo llevará al próximo Consejo de Ministros un decreto ley con el que busca asimilar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado con la del resto de personas afectadas por esta forma de violencia extrema.

Toda escritura te lleva a otro lugar y, si sabes que no va a ser así, es mejor no emprenderla. Ese territorio nuevo puede desvelar asuntos que no gustan o que no quieres ver. De la escritura de ,mi último libro aprendí muchas cosas, me tuve que hacer muchas preguntas cuya respuesta solo llegué a rozar. Asumir la frustración de que solo las llegué a rozar, y que no fue por falta de búsqueda, fue otro aprendizaje. Que nuestra historia no está relatada por completo. Que la historia contemporánea de España se sostiene sobre un relato muy bien trazado que perdura intocable. Que, por poner solo un ejemplo, aquello que concierne a las mecánicas del Régimen de Franco para la represión sigue en la sombra, y no podemos saber si destruido o perdido o está guardado en cajones que no sabemos dónde están. Y que el acceso a la documentación no siempre garantiza el acceso a la verdad completa. Que la historia todavía está callada en bocas que no hablan. Que los nombres de los hombres y sus esbirros que ejercieron el poder y sus abusos están tachados u omitidos. Que conocemos tres o cuatro. Que saber cuánto nos falta por saber debería ser el primer ejercicio de transparencia histórica que podría haber acometido cualquier Gobierno en estas décadas de democracia. 

En la 45ª efeméride del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado. Algo que podemos celebrar. Pero lo primero que me sorprende es que, si un Gobierno tiene voluntad de desclasificación de archivos, pueda hacerlo porque tiene la competencia. Porque me lleva a preguntarme por qué no se hizo antes y qué pasa con todo lo demás. Lo segundo es que no sabemos si eso es todo lo que hubo. Cuánto más pudo existir. Cuánto se destruyó en aquel entonces y quién lo hizo y por qué dejó lo que dejó y por qué se revela esto ahora. Por qué se relaciona todo esto con el posible regreso del emérito rey Juan Carlos a España si, en realidad, aquí no tenemos pena de destierro y puede volver, y así lo hace habitualmente, cuando quiera. No es retórica, son preguntas que deberíamos poder respondernos.

Perdimos una gran oportunidad para la transparencia hace cincuenta años, cuando –desde el final de la dictadura– se emprendió el camino de transición a la democracia. Punto y seguido. Argentina, Alemania, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil y otros países que padecieron dictaduras en el siglo XX abrieron sus archivos cuando se convirtieron en naciones democráticas, especialmente para saber qué violaciones de Derechos Humanos se habían cometido. 

Aquí, no. 

La Ley de Secretos Oficiales en España es la ley de 1968, es decir, una ley de la dictadura, preconstitucional y desfasada con respecto a otros países. Una norma que no fija plazos claros para la desclasificación de forma automática, por lo que los documentos pueden permanecer secretos de forma indefinida si no se da la acción de desvelarlos. Más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado de 1981, parece que se ha reducido el riesgo actual para la seguridad del Estado, uno de los criterios para haberlo mantenido en secreto. Pero, ¿hasta cuándo saber ponía en peligro la seguridad y la estabilidad del país? ¿Depende todo de la voluntad política de quienes gobiernan al margen del derecho de los ciudadanos y ciudadanas, de los periodistas y, sobre todo, de los historiadores a conocer?

No necesitamos héroes patrios para sujetarnos, ni más mitología, ni relatos oficiales que no se atrevan a ser cuestionados: necesitamos saber. Qué pasó. Cómo pasó. El 23-F es solo uno de esos hechos históricos de un pasado limpio o sucio. Un pasado que es el que hay. Pocas cosas son más duras en su hueso, pero más frágiles a la manipulación y la ficción, que lo que ya sucedió. Estamos preparados, o democráticamente maduros, para encajar nuestra imperfecta historia con sus matices y claroscuros y que se permita hacer su trabajo completo a los historiadores, que son quienes saben interpretar la hondura y complejidad de los archivos. No es búsqueda de conspiranoias, no es fomento de bulos, es el rechazo a la servidumbre eterna a una Historia que sigue sin responder algunas preguntas. 

A primera hora de la madrugada del 24 de febrero el rey Juan Carlos I aparece en TVE y acaba con el golpe de Estado que, a las seis y veinticuatro de la tarde anterior, había perpetrado con la toma del Congreso de los Diputados el teniente coronel Tejero. El rey se convierte así en ‘el salvador’ de la aún débil democracia que había instaurado poco más de un lustro antes, con la ayuda de Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. Ese decisivo papel, jaleado por la inmensa mayoría de la sociedad española, otorga a Juan Carlos una total impunidad que tendría consecuencias décadas después.

Sin embargo hay en ese desenlace una tremenda paradoja: el rey acaba con un golpe de Estado que había alentado durante el año anterior, tal y como documenta el periodista e investigador Carlos Estévez en su libro Cuando la verdad te alcance, recién editado. El autor, miembro del equipo de Nacional de los Informativos de TVE durante la transición, pasa más tarde a Antena 3 como jefe del equipo de investigación de la cadena, en la que dirige reportajes de gran formato sobre los años anteriores: Así murió Franco, 23 F: se rompe el silencio, Montejurra, Carrero Blanco: un caso cerrado, etc. El primero de ellos fue medalla de plata en el más importante festival de documentales (New York Festival). Durante cuarenta años se ha entrevistado con figuras relevantes de aquellos días, como el general Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa Real durante más de veinte años, pero se ha apoyado también en múltiples testimonios de personas sin relevancia política, pero que vivieron en primer plano los acontecimientos de aquella jornada, como el cámara que grabó el mensaje real para TVE. Una grabación en la que conviene detenerse, y que diversos autores han denominado como "el inexplicable retraso en la emisión del mensaje del Rey". De hecho, los equipos de la única televisión que había entonces parten de Prado del Rey en torno a las nueve de la noche y el mensaje se emite cuatro horas más tarde, a pesar de que toda España se sume en la zozobra, pegada a las radios a transistores, y sin noticias ciertas de lo que estaba pasando.

Carlos Estévez relata, en base a los testimonios de miembros de los dos equipos profesionales que se desplazaron al palacio de la Zarzuela —distante de Prado del Rey a poco más de diez minutos— cómo al llegar al complejo fueron retenidos, primero en los accesos, y desplazados después a una sala distinta a donde se encontraba el Rey y se grabaría muy posteriormente el mensaje... Que no tuvo lugar hasta las doce y media de la noche, muy poco después de que el general Armada comunicara a Sabino Fernández Campo desde el Congreso "he fracasado" en su intento "a título personal" de que Tejero depusiera su intentona y reconociera a un nuevo gobierno presidido por el propio Armada y con representantes de los principales partidos políticos. 

Antes del relato de esa jornada, el autor desgrana las múltiples vicisitudes que tuvieron lugar durante el año anterior: los desencuentros entre Juan Carlos y Adolfo Suárez ("uno de los dos se tiene que marchar, y no voy a ser yo", llegaría decir el monarca); las reuniones y contactos de los golpìstas; las frecuentes visitas a Zarzuela de militares relevantes, y las maniobras del general Armada para obtener la jefatura del Gobierno. También, y en la primera parte del libro, examina la Transición y cómo esta tuvo lugar en el terreno exclusivamente político, sin que afectara en ningún momento al estamento militar alineado con la figura y el régimen de Franco. 

El Ministerio de Cultura ha dado un paso más en el proceso para pedir la extinción de la Fundación Francisco Franco tras estudiar las alegaciones presentadas por esta entidad y concluir que debe instar su extinción judicial, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones, informa EFE.

Todavía la fundación dispondrá de un plazo de diez días para presentar nuevas alegaciones, y después habrá que esperar un informe de la Abogacía General del Estado antes de que Cultura solicite a la justicia definitivamente la disolución de la entidad, que preside el general Juan Chicharro.

La propia fundación ha emitido un comunicado este miércoles en el cual revela que el pasado 16 de febrero recibió notificación de la inadmisión de un recurso de alzada contra la negativa a una práctica de prueba testifical y que solo 24 horas después ha recibido la resolución firmada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que propone su extinción, una rapidez que le resulta sorprendente.

En este documento, de 58 folios, se recoge el análisis que en su día hizo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de la página web de la FNFF, con "componentes de exaltación del franquismo, resaltando los logros del régimen", y se constata que el acceso a los fondos de su archivo histórico está limitado y sujeto a autorización previa, y organizado con un enfoque "unilateral".

También incluye la resolución los elementos de su actividad que según Cultura prueban las prácticas de apología del franquismo, ensalzando el golpe de Estado de 1936 y la dictadura y sus dirigentes, así como el "menosprecio" a las víctimas -otro motivo para la extinción- a través de textos bajo un "prisma negacionista" de la represión franquista.

Tampoco admite que sus actividades únicamente persigan el interés general, como sostenía en las alegaciones, porque su propósito de difusión de la "vida, pensamiento, legado y obra" de Francisco Franco "no puede considerarse de interés general" según la normativa de fundaciones y además de un modo "incompatible" con la legalidad.

En suma, Cultura entiende que le corresponde proponer la extinción y le concede diez días hábiles para presentar nuevas alegaciones, mientras la fundación asegura que está estudiando el contenido de la propuesta y los pasos a dar para defender sus "derechos".

Los trámites para reclamar la extinción de la FNFF se iniciaron en junio de 2024 cuando Cultura comenzó a recopilar información sobre sus actividades mediante informes al registro de fundaciones y a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La apología del franquismo, la humillación a las víctimas y la no persecución de fines de interés general son los argumentos contra la fundación que lleva repitiendo el Gobierno en todo este largo procedimiento.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que convocará al Consejo Territorial de Memoria Democrática para aprobar otra partida de tres millones de euros con la que espera completar las 10.000 exhumaciones pendientes de la Guerra Civil y la dictadura, según informa EFE.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha dicho que espera contar con el respaldo de las comunidades autónomas para aprobar estos tres millones de euros y que "nadie vote en contra", aunque se produzcan abstenciones para poder recuperar "los cuerpos que quedan del lado vencido por defender la democracia y la República".

Torres ha dicho que esta nueva partida permitirá seguir con estos trabajos que se llevan a cabo en las comunidades autónomas con los cabildos y los ayuntamientos para que cualquier persona que pueda ser sacada de una fosa o un pozo o cuneta tras perder la vida de manera violenta pueda ser devuelta a sus familiares.

El ministro además ha anunciado que el próximo día 27 de febrero se va a designar como primer lugar de Memoria en Canarias a la antigua colonia penitenciaria de Tefía, que fue centro de reclusión y trabajos forzados por ser homosexuales durante la dictadura franquista. Será un homenaje a todo el colectivo LGTBIQ+, por lo que será un día "muy importante en defensa de la libertad y de la orientación sexual". Torres ha recalcado que los jóvenes deben saber que a los homosexuales se les sometía a trabajos forzados durante la dictadura de Franco. 

El acto de Fuerteventura contará con la presencia de todas las administraciones canarias, el Gobierno de España y los colectivos LGTBIQ+.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a la exposición El viaje de Celia en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde se aborda el auge de la literatura infantil durante la República y su transformación tras la llegada de la dictadura franquista.

La democracia, que llegó a España hace ya medio siglo, ha atravesado ya múltiples etapas. Siete presidentes (ninguna mujer), dieciséis elecciones generales, dos reyes, once presidencias del Congreso, un golpe de Estado que no prosperó, seis mociones de censura (no todas exitosas) y –sobre todo en los últimos años– una acusación recurrente desde ciertos sectores: la de ser una dictadura encubierta.

Tiene muchas definiciones, pero su significado parece hoy más discutido que nunca. Con esa inquietud de fondo, infoLibre ha querido abrir un espacio de diálogo sobre el estado de la democracia y su sentido en el presente. Con ese espíritu ha amanecido la Universidad Complutense de Madrid, escenario del encuentro Democracia en un minuto, una jornada impulsada por este medio con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en Libertad. El acto se enmarca en la iniciativa La memoria que somos: 50 años de democracia, un proyecto que mira al pasado, pero también al futuro, con la intención de transmitir a las nuevas generaciones la importancia de defender los valores democráticos frente a los desafíos actuales.

A las 9:30 de la mañana, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, daba la bienvenida a un salón de actos repleto de estudiantes con un mensaje claro: “Queremos llamar a que os impliquéis en cómo se hace el periodismo, tenéis que participar”. Acto seguido se proyectó el vídeo Democracia en un minuto, una pieza coral de ocho minutos en la que socios, periodistas y artistas ofrecían su propia definición del término.

La comunicadora Albanta San Román fue una de las primeras en intervenir en ese vídeo: “La democracia es memoria, feminismo; es saber a dónde voy recordando de dónde vengo”. Consuelo Peláez, socia de infoLibre, subrayó que “la democracia nos devolvió la libertad, porque democracia es libertad”. Por su parte, el escritor David Uclés expresó sus reservas hacia el sistema actual, aunque se declaró firme demócrata al considerar que es el sistema que menos conflicto genera o, al menos, el que mejor lo encauza.

Tras el vídeo, Maraña conversó con Carmina Gustrán Loscos, comisionada de los 50 años de España en Libertad, sobre los objetivos del proyecto: divulgar lo que fue la dictadura y celebrar la llegada de la democracia, pero también propiciar espacios de encuentro y debate. “La democracia es un proceso que está en constante construcción, de la misma forma que puede perderse, puede seguir ampliándose y mejorándose”, defendió Gustrán.

Ese debate debe incluir necesariamente a las nuevas generaciones. Maraña recordó uno de los datos que más preocupación genera en los últimos años: el aparente desplazamiento de una parte de la juventud hacia posiciones de ultraderecha. Ambos matizaron esa lectura. “Estigmatizar a la juventud no sirve de nada; hay que darles la palabra”, sostuvo Gustrán.

El momento central llegó con la mesa redonda presentada por Virginia P. Alonso, directora de infoLibre, en conversación con el humorista y comunicador El Gran Wyoming, la publicista y creadora de contenido Elena Reinés, la cineasta Paula Ortiz y el historiador Julián Casanova.

Para contextualizar el presente, Casanova apeló a la perspectiva histórica: “Para saber dónde estamos hay que saber las raíces de todo esto”. Señaló cuatro grandes hilos conductores. El primero, la ampliación del sufragio: “En el siglo XIX la democracia era censitaria; después votaron los hombres y más tarde las mujeres, tras enormes luchas. Hoy sabemos que sin voto no hay poder”. El segundo, la consolidación de elecciones verdaderamente libres: "Todas las democracias tardaron mucho en imponer medidas para que las elecciones fueran reales”. El tercero, el modelo europeo que desarrolló sistemas de bienestar con beneficios tangibles para la ciudadanía. Y el cuarto, la subordinación del poder militar al poder civil.

Sobre este último punto, Casanova alertó de retrocesos preocupantes, como los sucesos que se han visto últimamente en Mineápolis (EEUU) con el despliegue de los agentes del ICE. “Si miramos los hilos conductores y el ahora, podemos ver que se quiere volver a lo de antes”. Citó como ejemplo el asalto al Capitolio tras la derrota de Donald Trump frente a Joe Biden, cuando el entonces presidente se negó a reconocer el resultado electoral. “Si se intentan apropiar del poder militar, estamos jodidos”, advirtió.

Aun así, no hay que caer en el derrotismo. El Gran Wyoming reivindicó los espacios de encuentro como prueba viva de la democracia: "Esta reunión, no sería posible sin democracia, en este sistema todos pueden dialogar, mientras que en otros sistemas solo unos hablan”. Para él, reducir la democracia a un mero mecanismo electoral es empobrecerla: “Es algo que supone una creencia ética, que consigue que todos seamos iguales y podamos elegir un futuro”.

Paula Ortiz, que se definió como “hija de la democracia”, reflexionó sobre su fragilidad. Según ella, lo que tenemos ahora parece normal, pero se nos olvida que no siempre ha sido así. Por eso, a su juicio, la pregunta central es: “¿Esto se puede romper?”. Ortiz ha llegado a la conclusión de que la democracia es una pregunta permanente, un pacto basado en otra cuestión esencial: “¿Cómo hacemos para no matarnos, para vivir sin dolor?”. Un equilibrio que se tambalea cuando “los fuertes intentan someter a los débiles”.

Elena Reinés también se ha referido al viraje de las nuevas generaciones hacia la ultraderecha. Pero ella, la base de todo esta en la educación. “Desde mi generación hasta los más jóvenes, hemos tenido la desgracia de no estudiar lo que pasó en el siglo XX”. En ausencia de ese conocimiento, según la comunicadora, las redes ocupan el espacio, un terreno donde los bulos circulan sin apenas freno.

Y en ellas, quien ha sabido moverse con habilidad es la ultraderecha. Para Reinés, el problema de la izquierda es que no ha entendido cómo transmitir el mensaje a los jóvenes. “Hace falta hacer publicidad sobre los valores de la izquierda, y adaptar la comunicación al medio en el que estés”, defendió. Ella misma, tras construir un espacio propio con Woke Up News, sufrió una campaña de odio que la llevó a retirarse temporalmente. Subrayó, además, que las mujeres son quienes más padecen este tipo de ataques.

Sobre las redes sociales, Wyoming también mostró su preocupación por la cantidad de bulos que hay en estas plataformas. "Nos enfrentamos a una nueva realidad y es que la mentira se entiende como una opinión más, esto ya es una guerra perdida", afirmó. En esto coincidió Julián Casanovas que declaró: “Ya no va a misa nada, porque la mentira se impone, y quien no lo sigue es perseguido”. “La democracia es imperfecta, pero comparado con las cunetas, con la persecución, es lo mejor. La dictadura entraba en la familia, impregnaba todo, no solo la violencia explícita que vemos en las películas”, añadió.

En este acto los estudiantes también fueron protagonistas. Varios subieron al escenario y, delante de sus compañeros, dieron su propia definición de la democracia. “La democracia da importancia a las reglas pero que también genera conflicto”, comenzó el primero de los alumnos. “Sin embargo, este conflicto sirve para que se puedan cambiar las cosas”. El problema, según él, es que ahora “se intenta relegar el conflicto para los márgenes, en un intento de consenso”, añadió.

“¿Puede existir una democracia si el pueblo no se siente escuchado?”, se preguntó otra alumna. “La democracia es el pueblo pero las elites siguen teniendo más poder”, contestó. “La democracia está débil, ante cualquier catarro se puede enfermar gravemente. Por eso, las ciudadanas y las periodistas tenemos que ser vacunas”, declaró otra alumna.

Marta Gesto, directora general de infoLibre, puso voz al texto enviado por una suscriptora del medio que pidió no ser identificada, ya que vive en una zona de Estados Unidos cerca de Mineápolis. En su escrito confesaba que teme las consecuencias de sus palabras ante la oleada de violencia perpetrada por el ICE: “Siempre he vivido en democracia, pero nunca la he vivido de la misma forma. Ahora, tiene una semilla venenosa y, si se le deja crecer, puede tomar forma de fascismo. La democracia no es igual para todos, se traiciona a sí misma y eso es lo que he visto siempre”.

Recogiendo esa advertencia, Wyoming apeló a la responsabilidad colectiva: “Hay que dar la cara y enfrentarse a las élites". En la clausura, Jesús Maraña insistió en la misma idea: “Cuando se instala el miedo, se pierde la democracia. Por ello, tenemos que actuar. Tenemos que ser cómplices todos para acabar con esto”. 

Elena Reinés ha denunciado a la Fiscalía "las amenazas de muerte, las campañas de acoso y las mentiras" que se han venido publicando en las últimas semanas sobre ella. La creadora de contenido ha anunciado en un comunicado en redes sociales que "esto no es simple ruido de redes sociales, es violencia y la violencia no debe quedar impune." Reinés había abandonado temporalmente las redes por estas amenazas.

El pasado 24 de enero, la cuenta de Jonay Vega en Instagram publicó un vídeo, compartido por el perfil de Wall Street Wolverine, un habitual difusor de noticias falsas con un discurso antiinmigración, en el que se aseguraba que Elena Reinés habría recibido casi 12.000 euros por grabar "cuatro vídeos hablando de lo malo que era Franco y de lo bien que se vivía ahora" junto a elDiario.es en el marco de una campaña institucional que conmemora los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco. Un día después era la web Mediterráneo Digital quien recogía esta idea y atacaba a Reinés.

Tras la publicación de este reel y la correspondiente noticia, las redes sociales de la creadora de contenido se llenaron de amenazas. Mensajes "brutales, de violencia explícita y de deseos de muerte", explico ella misma.

Ahora, Reinés toma la decisión de denunciar "porque creo que el odio debe tener consecuencias, venga de donde venga". "Basta de no plantar cara frente a los matones que intentan ocupar el espacio público a gritos, basta de normalizar el odio y basta del silencio que nos imponen con miedo", asegura. La creadora de contenido asegura que "no se trata de responder con más violencia, se trata de no ceder terreno, porque si atacan a una para que las demás callen, la respuesta tiene que ser colectiva". "Frente al odio, ni un paso atrás", finaliza.

Este jueves, Elena Reinés, junto a otros expertos como el humorista y comunicador El Gran Wyoming, el historiador Julián Casanova o la cineasta Paula Ortiz, participa en un debate organizado por infoLibre en la Universidad Complutense de Madrid que busca abrir un espacio de reflexión colectiva ágil, participativo y plural sobre el estado de la democracia y su significado hoy, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Este acto, en el que se proyectarán testimonios sobre la democracia de estudiantes, socios y socias de infoLibre y personalidades de la cultura como David Uclés, contará también con la presencia del director editorial de este medio, Jesús Maraña.

Lagos consideraba lamentable que Boric fuera el primer presidente en hablar con esa contundencia y mencionaba la “derrota cultural” al afirmar que ninguno de los seis jefes de gobierno anteriores había retratado al dictador como el asesino que era, lo que supuso una forma de blanquear el pinochetismo. Esta benevolencia con los dictadores explica en parte el crecimiento de los autoritarismos que ahora vemos en tantos lugares. En España pasa algo parecido. Ningún gobierno ha hecho gran cosa por sacar de las cunetas a las víctimas del franquismo. Me parece dramático que estemos divididos por conflictos que tuvieron lugar hace 80 años, principalmente porque nuestros abuelos decidieron abrir un nuevo tiempo durante la Transición. Pero lo que tal vez nos cuesta decir es que ese período se cimentó sobre el silencio de las víctimas, que no pudieron elegir. En cualquier caso, a nadie se le puede decir que no es legítimo recuperar los restos de sus familiares. Esto constituye una obligación moral para la izquierda y la derecha, aunque para el PP no será jamás una prioridad porque es un partido esencialmente cainita cuando se habla de la Guerra Civil. Negarse a hacer pedagogía es lo que hace pervivir la imagen de los dictadores buenos. Ocurre algo parecido en la Rusia actual con la imagen de Stalin, al que las nuevas generaciones consideran más un padre de la patria que lo que realmente fue: un sanguinario genocida de indescriptible maldad. Si no se enseña historia en las escuelas, se podrá mentir acerca de cualquier hecho histórico, y ese es el sueño de los Trump, Bolsonaro, Milei o Putin. 

El periodismo no puede bailar al son que marca la ultraderecha y está obligado a decir la verdad, especialmente en materia histórica. No me gusta mencionar la Guerra Civil española porque ya tenemos demasiados elementos de división, pero si lo hacemos, estamos obligados a ser rigurosos. La derecha y la ultraderecha han sido incapaces durante cincuenta años de llegar a la conclusión a la que llega cualquier demócrata con dos dedos de frente: que en una guerra los dos bandos cometen atrocidades que nadie tiene la capacidad de frenar porque están dirigidas por grupos incontrolables, pero esta circunstancia en ningún caso puede compararse con la utilización de todo el aparato del Estado para reprimir, torturar y asesinar a los disidentes políticos, que es lo que sucedió tras la Guerra Civil. 

Lo que dicen algunos líderes del PP cuando hablan sobre la posguerra está amparado por la libertad de expresión, pero no significa que sea verdad. Más bien al contrario: tratan de dulcificar la imagen de Franco precisamente con el fin de estigmatizar a la izquierda, dando a entender que el franquismo fue una suerte de reacción de defensa contra los excesos de la Segunda República, y no un movimiento particularmente brutal con el fin de restituir el poder de clase de las élites mediante la fuerza de las armas. Es una falacia extremadamente ofensiva decir que “todos perdimos la guerra”. La guerra y sobre todo la posguerra no afectaron por igual a todos los españoles. Existe una diferencia abismal entre sufrir las penurias de una conflagración bélica  y perder la vida o la identidad en las cunetas o el exilio después de 1939. No se puede reordenar un relato para transformar un golpe de Estado en una tragedia colectiva sin culpables, con el fin de convertir a los vencedores incluso en víctimas retrospectivas, para después olvidar a los fusilados, torturados, encarcelados, exiliados, depurados, las mujeres rapadas y humilladas y los niños robados. Esto no es un debate sobre la libertad de expresión, sino la vieja pugna entre la verdad histórica y los franquistas empeñados en disfrazar la barbarie de lucha por la libertad y el orden. En el siglo XXI, la mentira como herramienta política de la ultraderecha se ha convertido en un problema estructural.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.