La cuarta lista de grandes morosos –quienes deben más de un millón de euros al fisco– publicada por Hacienda sigue mostrando una foto fija de la crisis. Las variaciones respecto a los anteriores registros son pequeñas: se mantienen los juguetes rotos del pinchazo inmobiliario –Reyal Urbis, Nozar, Martinsa-Fadesa, Polaris World–, empresas con voluminosos concursos de acreedores – Spanair, Orizonia, Grupo Cantoblanco– y quiebras sonadas –Nueva Rumasa, Isolux, Abengoa–, aderezados con famosos del deporte y el mundo del espectáculo –Mario Conde, Kiko Matamoros, Patricia Conde, Dani Alves–.

Son 4.318 sociedades y personas físicas, 537 menos que las incluidas en la primera lista, publicada en diciembre de 2015 y correspondiente a los deudores a fecha de 31 de julio de 2015. El número de grandes morosos se ha reducido, por tanto, un 11% en dos años. En cambio, el volumen de la deuda ha menguado mucho menos, un 1,9%. En 2016 sumaba 15.600 millones de euros y ahora asciende a 15.300 millones. Es más, este último año el recorte de la mora ha sido sólo de un 0,5% respecto a la lista de 2017, apenas ha bajado 100 millones de euros. Y el descenso en el número de los morosos también se ha resentido. Sólo ha bajado en 87, un 1,8%, casi un tercio de lo que se redujo un año antes, cuando 219 personas jurídicas y físicas salieron de la lista, el 4,6%.

La dificultad en recortar el volumen de deuda tributaria se debe a que la mayor parte de las empresas –que representan el 92% de los morosos de la lista– se encuentran en concurso de acreedores o en liquidación. En otros casos, como el del expresidente de Banesto Mario Conde, la deuda ha ido aumentando año a año: desde los 9,93 millones que se apuntaba en 2015 hasta los 14,96 millones con los que aparece tres años más tarde. Otro tanto ocurre con Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que ya es por segundo ejercicio consecutivo la segunda empresa más endeudada de la lista. Debe 227,72 millones de euros, 38,65 millones más que hace un año. El constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán, debe a través de seis sociedades distintas un total de 139,66 millones de euros, nueve millones más que el año pasado. Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña y dueño del grupo Cantoblanco, consta en la lista con 20,35 millones, tres millones más. La familia Ruiz Mateos suma 28,5 millones de euros por su grupo de empresas quebradas –Clesa, Dhul, Garvey, Nueva Rumasa, Inversiones Ruiz Mateos y José María Ruiz Mateos SA–, 2,6 millones menos que en 2016, pero aún más del doble de los 13 millones con que ingresó e la lista de 2015.

Anca Corporate, la sociedad del hotelero Antonio Catalán –Hoteles AC–, ha aumentado su deuda con Hacienda en casi 30 millones desde 2015, y ahora debe 89,06 millones de euros. Por el contrario, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha reducido su débito con el fisco en más de 22 millones de euros desde el año pasado, al desaparecer de la lista la deuda de Viajes Marsans. Aun así, sigue teniendo que abonar 24,87 millones por los impuestos impagados de Spanair, Air Comet, Newco Airport Services y Teinver.

Los dueños de la promotora inmobiliaria malagueña Aifos también han engordado sus obligaciones con Hacienda en 31,5 millones de euros desde el año pasado, con una factura que supera los 151 millones de euros. La deuda se la reparten Jesús Ruiz Casado; su mujer, Teresa Maldonado, y dos de sus empresas, Aifos Arquitectura y Promoción Inmobiliaria y Sun Farm.

De récord

Sí que ha recortado sus compromisos con el fisco Agapito García Sánchez, el empresario que desde 2015 figuraba como el particular con mayor deuda fiscal de la lista: la ha rebajado 9,4 millones de euros, desde los 26,8 millones de hace tres años. Mucho menos la ha reducido Francisco Hernando Contreras, conocido como El Pocero, el constructor de las urbanizaciones fantasma de Seseña (Toledo). Debe ahora sólo 96.482 euros menos de los 86,1 millones de euros con que ingresó en la lista de 2015 con su sociedad Obras Nuevas de Edificación. Sin embargo, también figura al frente de otra, Lady Mónica SL, con una deuda de 1,7 millones de euros de los que no ha ingresado ni un céntimo.

Desguaces La Torre, propiedad de Luis Miguel Rodríguez, un empresario habitual de las revistas del corazón, ha aumentado su débito con el fisco en 7,4 millones de euros desde 2015, de forma que su pasivo asciende a 14,3 millones de euros.

El mayor moroso de la lista sigue siendo, un año más, la promotora Reyal Urbis, protagonista de la segunda mayor liquidación inmobiliaria de la historia de España tras la de Martinsa Fadesa. Adeuda a la Agencia Tributaria 361,5 millones de euros, tras haber pagado 16,67 millones el último ejercicio. Le sigue la ya citada Oceanus Maritime Limited y otra inmobiliaria, Nozar, que ha rebajado sus compromisos con el fisco en 5,5 millones pero aún debe 197,6 millones de euros.

Además, se han incorporado a la relación de grandes morosos, y con un débito abultado, los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos han desbancado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Pero el conjunto de sus empresas también desbancan a Reyal Urbis como los mayores morosos de España, con un pasivo acumulado de 361,98 millones de euros. Si se suman ambas cifras, los Cort deben al fisco un total de 417,89 millones de euros.

Los nuevos y los grandes fiascos de la crisis

Se estrenan en el registro de deudores este año también el cantante Miguel Bosé, con una deuda de 1,86 millones de euros, y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, con sólo 2.103,31 euros por encima del límite de un millón que lo convierte en gran moroso. El exfutbolista del Barça Dani Alves se cayó de la lista el año pasado, pero ha vuelto ahora con un pasivo de 2,6 millones de euros, el doble de lo que debía en 2016. Entre las personas jurídicas han entrado en la relación de los mayores morosos las sociedades Global Leiva y Maemoda, propietarias de la cadena de tiendas Blanco, que quebró en diciembre de 2016. La primera adeuda 1,95 millones de euros, y la segunda, 6,7 millones.

En la lista persisten muchos de los principales fiascos de la crisis como Grupo Pra SA, Banreal Holding, Fincas Corral, Fergo Aisa o Promaga, en el sector del ladrillo, y Viajes Iberia, Viajes Iberojet y Orizonia en el turístico. El aeropuerto sin aviones de Ciudad Real debe al fisco siete millones de deuda y la concesionaria de las autopistas radiales R-3 y R-5, rescatada por el Estado el pasado mes de mayo, 38,51 millones de euros.

También aparecen un buen número de empresas de seguridad como Seguridad Integral Canaria, del polémico Miguel Ángel Ramírez, que se mantiene por segundo año, con 3,09 millones de euros. Le acompañan Halcón Seguridad, Esabe, Ombuds –16,21 millones–, Segur Ibérica –21,7 millones– y Magasegur –seis millones–. Unipost, el fallido operador postal, debe 11,76 millones. Los textiles Caramelo, Hakei, Fun & Basics y Victorio & Lucchino repiten en la lista una vez más. Y es larga la nómina de los clubes deportivos con deudas tributarias. Desde el Hércules al Salamanca pasando por el Rácing de Santander y el Recreativo de Huelva, que repiten desde la primera lista. Lo mismo sucede con el exjugador argentino del Zaragoza Gabriel Milito, con un pasivo de 1,8 millones, exactamente la misma cantidad que el año pasado. Y con el expresidente del Valencia CF Vicente Soriano, que no ha pagado ni un solo euro de los 1,14 millones que se le apuntaron ya en la primera lista hace tres años.

Conocidos y morosos

Además, continúa en el grupo de grandes morosos el empresario Javier Merino, esposo de la actriz Mar Flores, que suma 3,5 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur–.

Entre los medios de comunicación, continúan el grupo Intereconomía, con un débito de 17,66 millones de euros, 4,4 millones más que hace un año, el grupo Negocios, con 1,35 millones de euros, y Prensa Universal, editor de Diario de Alcalá, con 1,11 millones. También se mantiene desde 2015 el periodista de El País Antonio Navalón, con 2,9 millones de euros, y el articulista de La Razón César Vidal, con 2,1 millones.

Otros rostros conocidos que no terminan de saldar sus deudas con Hacienda son el financiero Jacques Hachuel, con 2,7 millones de euros, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que no ha abonado aún ni un céntimo de los 3,6 millones que se le imputan desde 2015, y el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz y su esposa, Luz Durán, que suman 2,9 millones. El juez Pascual Estevill, condenado por corrupción, ha pagado 1,68 millones desde 2016, pero aún debe 3,74 millones a Hacienda. El hijo de Gunilla von Bismarck, Francisco José Ortiz von Bismarck, cuyo nombre apareció en los Papeles de Panamá, se estrena en la lista, adeudando al fisco 1,25 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha pedido a las Fuerzas de Seguridad del Estado que localicen el paradero de Fawaz Abdulaziz Alhokair, presidente del grupo saudí Alhokair, para que declare como investigado –el antiguo imputado– por los delitos de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Alhokair compró la cadena de tiendas Blanco en 2013 y se la vendió tres años más tarde a un fondo dubaití, AC Modus, del que Fawaz Abdulaziz Alhokair es consejero delegado. Sólo tres meses después de la operación, Global Leiva, la sociedad propietaria de Blanco, pidió el concurso de acreedores y, en diciembre, la liquidación. La cadena despidió a 850 empleados y cerró una red de 102 tiendas.

Los trabajadores de Blanco presentaron entonces una querella contra la empresa saudí, el fondo dubaitíy los administradores de Global Leiva. El ex consejero delegado de la cadena textil, Gerry Waters, y su director financiero, Nuno Ferreira, acudieron a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el pasado mes de febrero. También fueron llamados a comparecer otros dos administradores de la empresa, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud.

Aunque el presidente del grupo saudí no estaba incluido en la querella, Fernando Andreu, que está en funciones en el Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, ha accedido a la petición de unos de los acreedores de Global Leiva, la empresa Lopcas Inves, para que declaren Fawaz Abdulaziz Alhokair y Catherine Becket, la auditora de Ernst & Young que dio el visto bueno a las cuentas de Alhokair. Becket no vio ninguna irregularidad en la venta de Blanco al fondo AC Modus, que se publicitó por un precio de 83 millones de euros, cuando según las escrituras de compraventa éste fue sólo de 1.197.963,46 euros, el equivalente de cinco millones de riales saudíes. Esa cantidad, además, debería haberse pagado en cinco plazos, a razón de un millón de riales –239.592,692 euros– al año. Pero el fondo no llegó a abonar ni euro.

Alhokair es una gran compañía saudí propietaria de un centenar de centros comerciales en 14 países repartidos por  Oriente Próximo. Además, gestiona en régimen de franquicia en esa zona, Asia Central y el Cáucaso hasta 88 marcas internacionales, todas las de Inditex pero también Gap, Mango, Desigual, Topshop o Nine West, según consta en su página web. Fawaz Abdulaziz Alhokair creó la empresa en 1990 junto con dos de sus hermanos, es multimillonario y vive en la capital saudí, Riad, según la revista Forbes, que además le señala como propietario de un superático de lujo en Nueva York.

“Venta simulada”

En su declaración ante Ismael Moreno, los administradores Waters y Ferreira se negaron a contestar a las preguntas de los abogados de la plantilla. Pero, interrogados por el fiscal, aseguraron que el único valor de Blanco cuando la adquirió Global Leiva en 2013 era la marca. Ambos directivos sí contestaron a sus abogados, pero sólo para intentar desvincular a Global Leiva de Alhokair. Por el contrario, la plantilla de la cadena argumenta que la empresa saudí fue siempre el administrador de factode facto de Global Leiva, que en realidad no era más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. De hecho, su tesis es que Global Leiva fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena.

Según argumentan los trabajadores en la querella, Alhokair mantuvo el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo dubaití fue únicamente una “venta simulada”. Sostienen que el grupo saudí siguió financiando a Blanco y aseguran que el director financiero, Nuno Ferreira, ha actuado siempre como administrador de facto de la empresa y como su portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Gerry Waters, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, además, no sólo eran miembros de la alta dirección de Alhokair, sino que el grupo saudí también les pagaba sus sueldos.

Una historia de 57 años

Blanco solicitó la liquidación tras perder en su último año 72,5 millones de euros, el triple que en 201572,5 millones de euros. En ese momento no tenía locales de su propiedad, todas sus tiendas estaban en régimen de alquiler. Y su principal acreedor era Alhokair.

Mientras la Audiencia Nacional investiga la quiebra de Blanco, el Juzgado de lo Mercantil de Toledo tramita aún el concurso de acreedores de Global Leiva. A sus trabajadores el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) les ha abonado los sueldos impagados y las indemnizaciones por despido.

Pese a la entrada de capital saudí y dubaití desde 2014 y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena, fundada por el empresario cántabro Bernardo Blanco en 1960, no consiguió levantar la cabeza. En sus mejores días llegó a tener 1.200 tiendas repartidas por todo el mundo, pero terminó sufriendo dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores y en el segundo, 189, mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus a la espera de un inversor que nunca apareció.

El ex consejero delegado de la cadena textil Blanco, Gerry Waters, y su director financiero, Nuno Ferreira, declararon este martes ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tras haber sido demandados por la plantilla de la empresa por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Blanco pidió el concurso de acreedores en noviembre de 2016 y la liquidación un mes más tarde. Despidió a 850 empleados y cerró una red de 102 tiendas.

La querella se presentó contra la empresa saudí Alhokair, el fondo dubaití AC Modus y los administradores de Global Leiva, la empresa propietaria de la cadena de moda. También han sido llamados a declarar en la Audiencia Nacional Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, administradores de Global Leiva. administradores de Global LeivaLa querella fue interpuesta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón (Madrid), donde tiene su domicilio esta sociedad, pero la Audiencia Nacional se hizo cargo del caso el pasado agosto tras declararse competente por el volumen del supuesto perjuicio económico causado.

Waters y Ferreira se negaron a contestar a las preguntas de los abogados de la plantilla. Pero, interrogados por el fiscal, aseguraron que el único valor de Blanco cuando la adquirió Global Leiva en 2013 era la marca. Esta fue la sociedad que utilizó el gigante saudí Alhokair para hacerse con la cadena de tiendas.

Ambos directivos sí contestaron a sus abogados, pero sólo para intentar desvincular a Global Leiva de Alhokair, explica a infoLibre el letrado de los trabajadores de Blanco, Alfredo Camacho. Por el contrario, la plantilla de la cadena argumenta que la empresa saudí ha sido siempre el administrador de facto de Global Leiva, que en realidad no era más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. De hecho, su tesis es que Global Leiva fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena.

Según explican, Alhokair ha mantenido el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo de Dubai AC Modus fue sólo una “venta simulada”, resaltan los trabajadores. De hecho, uno de los consejeros de ese fondo es el propio presidente del grupo saudí, Fawaz Abdulaziz Alhokair.

Los saudíes respondían, financiaban y pagaban nóminas

“Ha sido Alhokair quien ha estado detrás de Blanco todo el tiempo”, subraya Alfredo Camacho, “por eso el juzgado de lo Mercantil autorizó la venta en 2013 a Global Leiva, constituida con sólo 3.000 euros de capital unos meses antes de la operación, y lo señalan los propios gestores de la empresa en sus cuentas anuales cuando los auditores advierten de que está en causa de disolución y dejan claro que Alhokair responderá ante los proveedores”.

Además, los trabajadores sostienen en su querella que el grupo saudí siguió financiando a Blanco tras vendérsela al fondo dubaití AC Modus en noviembre de 2016 y sus directivos continuaron gestionándola. Es lo que intentarán demostrar en la Audiencia Nacional los abogados de la plantilla con la práctica de una batería de diligencias, el aporte de documentación y el testimonio de los trabajadores de la empresa: ellos seguían reportando a Alhokair, que nunca abandonó el control de Blanco. También aseguran que el director financiero, Nuno Ferreira, ha actuado siempre de administrador de facto de la empresa y como su portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Gerry Waters, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, además, no sólo eran miembros de la alta dirección de Alhokair, sino que el grupo saudí era también el que pagaba sus sueldos.

Los directivos tampoco asumieron ante el juez ninguna responsabilidad por la mala situación de la empresa, de la que culparon a la crisis económica. La plantilla, en cambio, denuncia en su querella “la falta de diligencia en la llevanza del negocio” de los gestores de Blanco, a su juicio “difícilmente explicable desde un punto de vista de razonabilidad empresarial”. Y llega a tachar de “actitud depredadora” la del grupo saudí con Global Leiva: “Su objetivo nunca fue conseguir el reflotamiento de la empresa, sino obtener la titularidad de la marca”. 

El concurso sigue su trámite en Toledo

Mientras la Audiencia Nacional investiga la quiebra de Blanco, la Audiencia Provincial de Toledo debe decidir si el Juzgado de lo Mercantil de Toledo donde Global Leiva solicitó el concurso de acreedores es competente para hacerse cargo del asunto. Los trabajadores entienden que no. La sociedad acudió al juzgado toledano pese a que su sede social se encuentra en la localidad madrileña de Alcorcón. Adujo que posee una nave tiene un “centro de interés” en Seseña (Toledo), una nave donde sólo trabajaban cuatro personas. Pese a que el artículo 10 de la Ley Concursal establece que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor “el centro de sus intereses principales”, el juzgado de Toledo se declaró competente para gestionar el concurso de Blanco.

Además, la plantilla de Blanco ha recurrido el nombramiento del administrador concursal. Antonio Muñoz Perea también se encargó de la quiebra de Autopista Madrid-Toledo Concesionaria Española de Autopistas. En ese concurso, declarado en mayo de 2012, coincidió con él como administrador –en representación de Caixabank– Santiago Hurtado, el abogado de Deloitte que ahora representa los intereses de Global Leiva. Los trabajadores desconfían de la gestión que Muñoz Perea ha llevado a cabo. El juzgado aún debe dictaminar si el concurso de Blanco fue culpable.

Los 818 trabajadores de la cadena de ropa fueron despedidos en enero de 2017. Sus indemnizaciones de despido las ha abonado el Fondo de Garantía Salarial.

Pese a la entrada de capital saudí y dubaití desde 2014 y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena, fundada por el empresario cántabro Bernardo Blanco en 1960, no consiguió levantar la cabeza. En sus mejores días llegó a tener 1.200 tiendas repartidas por todo el mundo, pero terminó sufriendo dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores, en el segundo, 189 mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus a la espera de un inversor que nunca apareció.

La cadena de tiendas Blanco sigue en fase de liquidación, la marca ha desaparecido de los escaparates y catálogos tras 57 años de historia, mientras sus 800 trabajadores acusan en los tribunales a los gestores de la empresa de estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Pese a haber vendido Blanco el 31 de agosto de 2016 al fondo dubaití AC Modus, la compañía Alhokair, su propietaria desde febrero de 2014, encargó meses después al despacho de abogados Cuatrecasas un informe sobre los “riesgos y responsabilidades” que podrían tener que afrontar tanto la empresa saudí como los gestores de Blanco en España, si una futura insolvencia era declarada punible por el juez.

El informe, al que ha tenido acceso infoLibre, tiene fecha de 1 de noviembre. El día 17 de ese mes, Global Leiva, la sociedad que gestionaba Blanco, solicitaba el concurso de acreedores.

Blanco tardó sólo 16 días en acudir al juzgado de lo Mercantil después de que Cuatrecasas le advirtiera de que Alhokair y el consejo de administración de Global Leiva corrían un “riesgo considerable” de ser considerados responsables judicialmente si la insolvencia era declarada “punible”, una posibilidad que el informe no descartaba en absoluto. Todo lo contrario, Cuatrecasas detecta dos causas de insolvencia punible en la gestión de Global Leiva y Alkohair desde 2014: la existencia de irregularidades contables y el retraso en la declaración del concurso de acreedores más allá de los dos meses que establece la ley desde que la empresa conoce su estado de insolvencia.

De hecho, Global Leiva ya había encargado otro informe antes, al despacho Linares Barreda, sobre el mismo asunto: las responsabilidades de sus gestores en caso de insolvencia punible. Tiene fecha de febrero de 2016, nueve meses antes del elaborado por Cuatrecasas. Como Global Leiva empezó a tener problemas en octubre de 2015 para pagar el alquiler de los locales donde tiene sus tiendas en toda España, el documento advierte de que el plazo legal de dos meses para solicitar el concurso terminó en diciembre. Como, además, comenzó a recibir órdenes de desahucio por el impago de los alquileres en enero de 2016, en ese mes tampoco pudo pagar el IVA correspondiente y debía 2,5 millones de euros a proveedores de los seis meses anteriores, Linares Barreda señala que la declaración de concurso no debería demorarse más allá de marzo de 2016.La “conducta pasiva

La “conducta pasiva” de los gestores, negligencia grave

Los gestores de Global Leiva no escucharon a los abogados de Linares Barreda, pero tampoco hicieron nada para solucionar los problemas crecientes de la empresa. Cuatrecasas asegura que no pusieron en marcha “ninguna medida sustancial” para “paliar la crítica situación financiera” de Global Leiva, cuyo endeudamiento se había disparado desde 2014 mientras su capacidad para generar ingresos se hundía.

Así, la deuda de Global Leiva con su matriz ascendía, en septiembre de 2016 –fecha de la venta a AC Modus– a 110,89 millones de euros, y la deuda con otros acreedores, a 13,77 millones más. Un total de 124,67 millones, un 46,4% más que en 2014, cuando los saudíes compraron Blanco al hijo de su fundador. Al tiempo, el desplome de las ventas multiplicó las pérdidas, que pasaron de 7,43 millones en 2014 a 21,71 millones en 2015. En septiembre de 2016 sumaban ya 33 millones de euros. El ejercicio lo cerró finalmente con 72,5 millones de euros, diez veces más que sólo dos años antes.

Cuatrecasas no duda en calificar de “conducta pasiva” la de los gestores de Global Leiva y Alhokair, una “falta de reacción” que “podría clasificarse como negligencia grave, dado que los evidentes malos resultados de los últimos años no pudieron ser ignorados por la empresa”. Es más, el informe destaca que sólo la ayuda financiera de la matriz permitió a Blanco seguir funcionando. Alhokair suscribió dos préstamos participativos de 12 y 33 millones de euros. Además, otra mercantil del grupo, Fawaz Alhokair, le suministró mercancía. Incluso después de haber vendido Global Leiva al fondo dubaití AC Modus, dice Cuatrecasas, los saudíes le pagaron un millón de euros.

Sin embargo, a juicio del despacho de abogados, la financiación de Alhokair a Global Leiva “no puede considerarse una medida destinada a aliviar la situación de insolvencia, sino más bien lo contrario: Alhokair no sólo provocó un enorme aumento de la deuda, sino que impidió la aplicación de medidas que fortalecieran la capacidad de Global Leiva de generar ingresos netos”.

La segunda de las causas de insolvencia punible son las irregularidades contables ya detectadas por el auditor Ernest & Young en su informe de 2015. Entonces emitió una opinión cualificada sobre los 9,8 millones de euros de créditos fiscales que se apuntó Global Leiva por pérdidas de años anteriores, unos números rojos que pretendía convertir en negros gracias a un plan de negocio a cinco años que nunca vieron los auditores. Y que tampoco fue suministrado por la empresa a Cuatrecasas, según explican los autores del informe en una nota a pie de página. Éstos califican los créditos fiscales de “ficticios” y el plan de negocios, de “irreal”.

Los saudíes eran los verdaderos gestores de Blanco

De esa “pasividad frente al deterioro financiero progresivo” de la empresa y de las “graves” irregularidades contables, Cuatrecasas cree que podrían ser considerados responsables no sólo los tres miembros del consejo de administración de Global Leiva, Gerard Michael Louis Waters, Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud, sino también los gestores de Alhokair, como “administradores de facto” de Global Leivade facto.

Para probar que los saudíes eran los verdaderos directores de Global Leiva, el informe cita la sentencia del juzgado de Móstoles que reconoció como improcedente el despido de Bernardo Blanco y su mujer, Teresa Pérez, y obligó a indemnizarlos con 925.000 euros. Según el juez, “el proceso de toma de decisiones en Global Leiva estaba firmemente influido por las instrucciones de Alhokair”, puesto que ambas empresas no sólo formaban parte del mismo grupo sino que también “aparecían antes terceros como la misma entidad”. Tras vender la cadena a los saudíes, Bernardo Blanco permaneció en la empresa como director general hasta mayo de 2015.

Pero es que, además, los tres miembros del consejo de Global Leiva antes citados eran también altos ejecutivos de Alhokair: Marshall es consejero delegado de la firma saudí, Masud es su director financiero y Waters, el vicepresidente de Expansión. Finalmente, los sueldos tanto del director financiero de Global Leiva, Nuno Ferreira, como de Stephen Craig, quien fue su consejero delegado de junio de 2015 hasta mayo de 2016, los pagaba Alkohair.

Si a estos hechos se le suma el continuo apoyo financiero de los saudíes –incluso tras haber vendido la empresa española–, Cuatrecasas concluye que “Alkohair, y no los administradores formalmente designados de Global Leiva, eran quienes “gobernaban materialmente” la cadena de tiendas de moda.

El consejero delegado actuaba sin supervisión

Pero sobre los gestores oficiales de Blanco también pesan responsabilidades in vigilandoin vigilando, asegura el informe. Por no haber adoptado las medidas necesarias para solucionar los problemas financieros de Blanco, pero también por haber dejado a Stephen Craig actuar “sin supervisión del consejo de administración”. En la memoria que Global Leiva aportó al administrador concursal, la empresa acusa al británico, antes consejero delegado de All Saints y alto ejecutivo de Diesel, G-Star o Ralph Lauren, de haber desarrollado “actividades atípicas” y tomado “decisiones perjudiciales y caras” para Blanco. También apunta a un “exceso de gastos no productivos a favor de los miembros del equipo directivo”.

En esa memoria, Global Leiva dice que está “valorando” interponer “acciones legales” contra su ex director general, aunque hasta el momento no lo ha hecho. Quizá porque, según Cuatrecasas, el consejo de administración no controló en ningún momento al díscolo Craig. Como publicó en su día infoLibre, el británico había contratado a su hija y su novio nada más llegar a Madrid. A ella le asignó un sueldo de 50.000 euros al año, casi cuatro veces el salario fijado en el convenio para su categoría. Sólo permaneció dos meses en el puesto. En ese mismo documento, Global Leiva culpaba a Stephen Craig de haber pasado de la producción propia a la compra de ropa fabricada por un proveedor chino, Li & Fung, que empezó a suministrarle ropa de baja calidad y con retraso.

Finalmente, señalaba al ejecutivo británico como el responsable de haber cambiado la empresa que gestionaba las ventas mediante comercio electrónico, lo que se tradujo en un “importante” aumento de los costes.

Sin embargo, el informe de Cuatrecasas exime de responsabilidad legal a Stephen Craig y al director financiero, Nuno Ferreira, pues no son apoderados de Global Leiva, al menos según la información que la propia empresa proporcionó al bufete.

Los gestores de Blanco culpan al ex director general de la cadena de tiendas de moda, el británico Stephen Craig, y a los ejecutivos que él contrató, de buena parte de los problemas económicos que la han llevado al concurso de acreedoresconcurso de acreedores y a la liquidación. Según explican en la memoria entregada al administrador concursal de Global Leiva, la sociedad propietaria de Blanco, las “actividades atípicas” de Craig y su “deficiente” gestión perjudicaron los resultados de la empresa hasta el punto de que ésta le despidió sólo un año después de haberlo contratado. E incluso estudia interponer acciones legales contra él.

Entre las acusaciones que los responsables de Global Leiva lanzan contra su exdirectivo el informe cita una “política de excesivos gastos no productivos a favor de los miembros” de su equipo. También le reprochan que cambiara la empresa que gestionaba las ventas a través del comercio electrónico, aumentando los costes, y que pasara a suministrarse hasta en un 70% de un proveedor único, el gigante chino Li & Fung, cuyos incumplimientos en plazos y calidad de la mercancía, según dicen, dañaron a la empresa.

Stephen Craig llegó a Blanco en junio de 2015 con el pedigrí de haber multiplicado el negocio de la británica All Saints en cinco años. En realidad, la cadena española significó su vuelta a la gestión de una primera marca después de cuatro años, desde que dejó All Saints tras la entrada de los fondos de capital riesgo Lion Capital y Goode Partners, y de chocar con el fundador de la marca, Kevin Stanford. Enseguida Craig formó su propio equipo, que los entonces propietarios de Global Leiva, los saudíes de Alkohair, ficharon a golpe de chequera. Todos ellos vinieron de Reino Unido y Estados Unidos.

Precontrato vinculante de la directora creativa, Amy Molyneaux

Los primeros fueron la directora creativa Amy Molyneaux y el director de Operaciones Paul Seston, fichados en julio de 2015. Sus contratos, al igual que los de otros cinco altos ejecutivos a los que ha tenido acceso infoLibre, fueron firmados por Far East Fashion, una de las sociedades del grupo Alhokair. A todos se les pagaba en libras y, en principio, se les aplicaban las leyes laborales de los Emiratos Árabes Unidos, pues Far East Fashion tiene su sede Dubái.

La mejor retribuida era Molyneaux, fundadora de una firma de moda londinense llamada PPQ y para la que siguió trabajando mientras estaba en Blanco: percibía 292.849 euros anuales al cambio actual de la libra. Tenía un contrato de tres años que incluía el pago de un piso en Madrid, de un billete semanal de avión de ida y vuelta Madrid-Londres y del seguro médico. Además, contaba con un plan de incentivos que le garantizaba un porcentaje fijo de los ingresos netos de Blanco, la mitad pagado en el ejercicio y el resto, al cabo de cinco años.

Paul Seston, el director de Operaciones, cobraba 234.279 euros al año. También se le pagaba la vivienda en Madrid a él y a su familia, así como el seguro médico y los viajes en avión a Estados Unidos a todos ellos. Una semana al mes trabajaba desde Estados Unidos. Allí había dirigido All Saints, la firma de Stephen Craig. Y antes había trabajado para otra firma de postín, The Kooples. El contrato era por dos años y su plan de incentivos, idéntico al de Molyneaux.

El mismo sueldo que a Seston se le ofreció a Matthew Arrowsmith como director de Producción. El piso y el coche en Madrid corrían a cargo de la empresa.

El fiasco de las ventas por internet

En octubre llegó Stephen Ritchie, nuevo director digital. Ya había trabajado con Craig en All Saints. Con un contrato de tres años, cobraba igualmente 234.279 euros. La empresa le pagó el piso en Madrid y el seguro médico. Ritchie es el creador de una plataforma de comercio electrónico llamada SoOnline. “Este no va a ser un sitio de comercio electrónico común y corriente, sino que va a abrir una nueva era en la venta minorista; [Blanco] es probablemente el proyecto comercial más apasionante del mundo ahora mismo”, proclamaba Ritchie en la revista británica RetailWeek en agosto de 2015. Blanco no sólo fichó al británico como responsable del negocio digital, sino que también contrató su plataforma de e-commercee-commerce, que pasó a gestionar las ventas por internet de la marca. Pero el resultado de SoOnline estuvo muy lejos del que dio crédito a Craig y Ritchie en AllSaints. Además del aumento de los costes reseñado en el informe concursal, las ventas online nunca llegaron a despegar.

Transferencia al hermano de Amy Molyneaux de la nómina de diciembre

Thomas Hutt era el director de Marketing y percibía un sueldo de 175.709 euros al cambio. Se le pagaba un apartamento, el coche, seis vuelos de ida y vuelta a Estados Unidos al año, el portátil, el móvil y una tarjeta de crédito, así como el seguro médico. Finalmente, a Louise Murphy, directora de Compras y Comercialización de Franquicias Internacionales, se le abonaron 117.139 euros al año, tres meses de alojamiento en Madrid, el coste de la mudanza desde Dubái hasta Madrid, el seguro médico y un vuelo al año. Finalmente, el director de cuentas, el francés Victor Anton, fue promocionado desde Far East Fashion en Dubái para trabajar en Madrid, con un sueldo muy inferior al de los fichajes antes reseñados: 61.337 euros anuales, el seguro médico pagado y un vuelo gratis al año.

El cocinero, la hija de Craig y el hermano de la ejecutiva

Además, también fue contratado personal de apoyo, desde un cocinero británico hasta un profesor de inglés, explican fuentes de la empresa. Stephen Craig tampoco tuvo problemas para fichar a su propia hija y a su novio, que no duraron más de un par de meses en Madrid. A ella Blanco le pagaba cuatro veces el sueldo de su categoría laboral según el convenio colectivo.

El director financiero de Global Leiva, Nuno Ferreira, que firmó dos de los siete contratos reseñados, no ha querido hacer “ningún comentario” sobre estos asuntos, escudándose en la situación concursal en que se halla la empresa, cuando fue preguntado por infoLibre.

Como los contratos de la cúpula directiva de Blanco fueron firmados por la filial dubaití de Alkohair, la Inspección de Trabajo obligó a Global Leiva a regularizarlos en España, según han explicado las mismas fuentes. De forma que, según los documentos que han llegado a manos de este periódico, los sueldos, tarjetas de crédito e incluso los finiquitos de los altos ejecutivos extranjeros terminaron siendo abonados por Global Leiva. Además, algunas de las nóminas de Amy Molyneaux, según ha podido comprobar infoLibre, le fueron abonadas por la firma española a su hermano, Philip L. Molyneaux, a una cuenta del banco Halifax en el Reino Unido. La transferencia que aparece sobre estos párrafos, realizada a través del BBVA, corresponde a la nómina de diciembre –“Diciembre payroll”– y ascendió a 28.972,97 euros, 20.833,33 libras.

Global Leiva pagaba las nóminas a los ejecutivos contratados por Far East Fashion

Los ejecutivos cobraron sus finiquitos; la plantilla, no

Como suele ser habitual en estos casos, una vez Craig fue despedido, en mayo de 2016, también lo fueron los miembros del equipo que había formado. Ninguno pasó del verano: en septiembre Alhokair anunció que había vendido Global Leiva a un fondo dubaití, AC Modus –una operación que la plantilla asegura que fue “simulada”–. Fue, por tanto, un año escaso de gestión de Stephen Craig y su equipo de ejecutivos de lujo, durante el cual las pérdidas de Blanco se triplicaron: pasaron de 7,4 millones de euros en 2014 a 21,71 millones en 2015. Y en 2016 volvieron a triplicarse, hasta alcanzar los 72,52 millones con los que la empresa entró en concurso de acreedores. Ese mismo otoño los 800 trabajadores de Blanco empezaron a tener problemas para cobrar sus nóminas y aún hoy están a la espera de que se les pague el sueldo de febrero y sus finiquitos – han sido despedidos y todas las tiendas cerradas–. Global Leiva ha prometido hacerlo, pero con las limitaciones que permite la ley a las empresas en concurso; el resto se lo abonará el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) dentro de muchos meses.

Tras ser despedidos, los directivos británicos no fueron sustituidos. Otro británico, Gerry Waters, vicepresidente de Alhokair y administrador de Global Leiva, se hizo cargo de la gestión de Blanco, pero la empresa ya estaba descabezaba y en pleno proceso de desintegración. Anunció un Expediente de Regulación de Empleo Expediente de Regulación de Empleo(ERE) que no llegó a ejecutar. Mientras, buscaba un inversor que nunca apareció. Solicitó el concurso de acreedores declarando un pasivo de 133 millones de euros. Poco después, pagó 1,4 millones de euros al hijo del fundador, Bernardo Blanco, y a su mujer, casi medio millón más de la indemnización que le correspondía por su despido improcedente. La plantilla ha presentado una querella contra los últimos gestores de Global Leiva por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible.

El grupo saudí Alhokair vendió la cadena de ropa Blanco en agosto de 2016 a un fondo dubaití AC Modus. Según hizo público entonces, por importe de 83 millones de euros. Cuatro meses después, Global Leiva, la empresa dueña de la marca, solicitaba el concurso de acreedoresconcurso de acreedores primero y la liquidación poco después. La plantilla, unos 800 trabajadores, ha demandado a los gestores de Global Leiva, Alhokair y AC Modus por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible. Alegan ante el juez que la operación, firmada ante notario el 31 de agosto del año pasado, fue una “venta simulada” y que los saudíes siguen siendo los administradores de facto de la empresa.

De hecho, en la escritura de la compraventa, el precio de la operación se fija en sólo 1.197.963,46 euros, el equivalente de cinco millones de riales saudíes. Esa cantidad, además, debería pagarse en cinco plazos, a razón de un millón de riales –239.592,692 euros– al año. El primero de ellos, el 29 de junio de este año, dentro de tres meses. Es decir, aún no se ha abonado: AC Modus se quedó gratis con Global Leiva, una cadena de más de un centenar de tiendas. Uno de los consejeros de ese fondo es el propio presidente del grupo saudí, Fawaz Abdulaziz Alhokair.

Global Leiva se creó en septiembre de 2013 con un capital mínimo, 3.600 euros. Según la demanda presentada por los trabajadores, la empresa no es más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. Y fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena. En realidad, la marca Blanco es propiedad ahora de Far East Fashion, una de las empresas del grupo. Como recuerda la plantilla, el grupo saudí exigió en 2013 a Maemoda, la entonces propietaria de Blanco, que antes de venderle la cadena de tiendas vendiese a Far East Fashion las marcas de Blanco. La operación se firmó en noviembre de ese año y salvó a la cadena textil de su primer concurso de acreedores.

Otro dato que apunta en la misma dirección –Alhokair simuló la venta a AC Modus, pero siguió controlando Blanco– es que los administradores de Global Leiva, los británicos Gerard Michael Louis Waters y Simon Marshall, así como el saudí Mohamed Hussein Mohamed Masud son miembros de la alta dirección de Alhokair, y era Alhokair la empresa que pagaba sus sueldos, destaca la demanda.

En causa de disolución cuando fue vendida

En representación de AC Modus actuó una abogada del despacho Dentons, que es quien también firma las declaraciones de inversión extranjera en sociedades no cotizadas y de liquidación de esa inversión ante el Ministerio de Economía. En ellas, figura que Global Leiva tiene un capital de 3.600 euros y unos fondos propios negativos de -7,95 millones de euros: estaba en causa de disolución cuando se vendió o se simuló su venta.

Además, según hace constar el notario en la escritura, a la que ha tenido acceso infoLibre, el representante de AC Modus no pudo aportar en el momento de la firma su Número de Identificación Fiscal español, que proporcionó siete días más tarde.

El mismo estado de disolución de Global Leiva fue acreditado por los informes del auditor, Ernst & Young, de 2014 y 2015. En el correspondiente al ejercicio de 2014, deja claro que la empresa se encuentra en causa de disolución porque sus pérdidas alcanzan los 7,4 millones de euros y han reducido el patrimonio neto por debajo de la mitad de su capital social.

En el informe del ejercicio siguiente, la situación se repite. Global Leiva declaraba contar con 9,8 millones de euros de créditos fiscales por pérdidas de años anteriores, unos números rojos que pretendía convertir en negros gracias a un plan de negocio a cinco años que nunca vieron los auditores. “El único plan de negocios que tenía Global Leiva era presentar el concurso de acreedores”, acusan los trabajadores en su querella.

Blanco solicitó la liquidación tras perder en su último año 72,5 millones de euros, el triple que en 201572,5 millones de euros. No tiene locales de su propiedad, todas sus tiendas estaban en régimen de alquiler. Y su principal acreedor es Alhokair. En vista del desplome de las ventas, Global Leiva tuvo que recurrir a su propietario saudí para obtener financiación. Éste, a través de la sociedad Far East Fashion Trading Limited le otorgó dos préstamos participativos, el primero por 12 millones de euros y el segundo por 33 millones. Además, otra mercantil del grupo, Fawaz Alhokair, le suministró mercancía.

La cadena de moda Blanco entró en liquidación el pasado mes de diciembre. Tres meses más tarde ha despedido a toda su plantilla, 800 trabajadores, y cerrado todas sus tiendas, 89 propias en España y siete franquiciadas, dos de ellas en el extranjero –Malta y Moldavia–. La marca que competía con Inditex por el mismo cliente, y hasta por los mismos locales en las mejores calles, desaparece 57 años después de que abriera en Bilbao su primera tienda Bernardo Blanco Solana. Su hijo, Bernardo Blanco Moreno, no consiguió sacar adelante la herencia. Tras una rápida expansión, que multiplicó las tiendas hasta superar las 200, se sucedieron las pérdidas y los despidos colectivos. La entrada de capital saudí en 2014, a través del grupo Alkohair, insufló aire sólo por un instante. En 2016 Blanco perdió 72,5 millones de euros, triplicando los números rojos del año anteriornúmeros rojos.

La cifra es el resultado del desplome de las ventas. El ejercicio pasado Blanco facturó sólo 40 millones de euros, casi tres veces menos que en 2015, cuando el volumen de negocio alcanzó los 105,2 millones. El informe del administrador concursal, al que ha tenido acceso infoLibre, intenta explicar las causas que han llevado a la empresa a la liquidación y lo hace asumiendo las aducidas por la propia empresa en la memoria que aportó al procedimiento.

Así, los actuales responsables de Global Leiva –la empresa dueña de Blanco– culpan a sus antecesores de llevar a cabo una gestión deficiente. En concreto, acusan al británico Stephen Craig, antes consejero delegado de All Saints y alto ejecutivo de Diesel, G-Star o Ralph Lauren, de desarrollar “actividades atípicas” y tomar “decisiones perjudiciales y caras” para la empresa. El informe del administrador concursal apunta a un “exceso de gastos no productivos a favor de los miembros del equipo directivo”.

De hecho, Craig, que fue contratado en junio de 2015, no duró ni un año en Blanco y fue despedido en mayo de 2016. Global Leiva dice que está “valorando” interponer “acciones legales” contra su ex director general, aunque hasta el momento no lo ha hecho. Como publicó este periódico, el británico contrató a su hija y su novio nada más llegar a Madrid. A ella le asignó un sueldo de 50.000 euros al año, casi cuatro veces el salario fijado en el convenio para su categoría. Sólo permaneció dos meses en el puesto.

La empresa también culpa a Craig de haber pasado de la producción propia a la compra de ropa fabricada por terceros. En concreto, por un proveedor chino, Li & Fung, la mayor empresa del mundo dedicada al diseño de moda y su logística, que le suministraba el 70% de sus prendas, según la memoria concursal. Blanco reprocha al gigante chino que le entregara mercancía de calidad inferior a la prometida y siempre con retraso, lo que tuvo “consecuencias devastadoras” para su modelo de fast fashion –fabricar prendas y ponerlas rápidamente en el escaparate–. Sin embargo, fuentes de la empresa aseguran a infoLibre que los problemas con Li & Fung se derivaron de la falta de pago por parte de Global Leiva.

Igualmente el informe señala al ejecutivo británico como el responsable de haber cambiado la empresa que gestionaba las ventas mediante comercio electrónico, lo que se tradujo en un “importante” aumento de los costes, sin precisar más.

Endeudada con su propio dueño

Otro factor apuntado por Global Leiva para explicar sus pésimos resultados es la pérdida de puntos de venta. Blanco no poseía ningún local en propiedad, todos estaban alquilados. Era Bernardo Blanco hijo, a través de su sociedad Inversiones Blasol, la propietaria de las mejores tiendas de la marca –en la calle de Goya en Madrid, y de Pelayo en Barcelona–. Inversiones Blasol entró en concurso de acreedores en febrero de 2015. Tras ser despedido el pasado septiembre, Blanco Moreno demandó a Global Leiva y ganó. Su exempresa les pagó 1,4 millones de euros a él y su esposa, Teresa Pérez, 475.000 euros más de los 925.000 que el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles había condenado a la empresa a abonarles a ambos por su despido improcedente. Según consta en el informe concursal, los locales de las calles de Goya y Pelayo han sido vendidos e Inversiones Blasol, excluidos de la lista de acreedores.

Como consecuencia de estos factores –además de la crisis económica, que hundió el consumo; de la imposibilidad de competir con los “gigantes” del sector, e incluso la devaluación del euro respecto al dólar–, Global Leiva carecía de liquidez y de capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones de pago. “En ninguno de los ejercicios [desde 2013] ha tenido rentabilidad alguna sobre las ventas”, concluye el administrador concursal.

De hecho, Global Leiva tuvo que recurrir a su propietario saudí, Alhokair, para obtener financiación. Éste, a través de la sociedad Far East Fashion Trading Limited le otorgó dos préstamos participativos, el primero por 12 millones de euros y el segundo por 33 millones. Otra mercantil del grupo, Fawaz Alhokair, le suministró mercancías. Pero esas inyecciones no consiguieron devolverle la salud a Blanco.

Los informes de Ernst & Young

Lo explican los auditores de Ernst & Young. En su informe sobre el ejercicio de 2014 dejan claro que Global Leiva se encuentra en causa de disolución, porque sus pérdidas, 7,4 millones de euros, han reducido el patrimonio neto por debajo de la mitad de su capital social. No deja de llamar la atención que el capital social de Global Leiva, una empresa que llegó a superar el millar de empleados y los 100 millones de facturación, es sólo de 3.600 euros.

En 2015, Ernst & Young insiste en que la empresa se halla en causa de disolución e incluye una salvedad: los auditores dicen carecer de pruebas “suficientes y adecuadas” que les permitan fiarse del plan de negocio a cinco años presentado por Global Leiva. Sobre ese plan, los gestores de Blanco basaban sus expectativas de crecimiento y de beneficios fiscales.

En agosto de 2016 Alkohair vende Global Leiva a un fondo dubaití, AC Modus. Según se anunció públicamente, por 83 millones de euros. En realidad, por sólo 1,19 millones, de acuerdo con los argumentos en que la Plataforma de Trabajadores de Blancos basan su querella criminal por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible contra los gestores de Global Leiva: los británicos Gerry Waters y Simon Marshall, el saudí Mohamed Hussein Mohamed Masud y el portugués Nuno Abel Ribeiro Ferreira. Según denuncian, Alhokair usó Global Leiva como sociedad instrumental para quedarse con la marca, lo único que tiene valor, tras descapitalizar la cadena de tiendas. El grupo saudí, añaden, sigue siendo el dueño real de Blanco. El caso es que uno de los consejeros de AC Modus es el presidente del grupo de Riad, Fawaz Abdulaziz Alhokair. Y el fondo solicitó el concurso de acreedores para Global Leiva sólo tres meses después de adquirirla. El principal acreedor de Blanco es de nuevo Alhokair, tanto por los préstamos que le concedió como por las mercancías que le suministró.

Deudas con la Seguridad Social, Hacienda y la plantilla

Además, debe 3,4 millones de euros a la Seguridad Social, 889.000 euros a la Agencia Tributaria y el impuesto de actividades económicas a 80 ayuntamientos de toda España. Es más, debe afrontar las demandas que le han presentado en los juzgados de lo Social 76 trabajadores, que le reclaman salarios impagados.

Los 800 empleados que fueron despedidos el pasado mes de febrero no han cobrado aún ni la nómina de ese mes ni la liquidación. Pese a que, según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre, Global Leiva mantiene 2,42 millones de euros en dos cuentas del BBVA. No fue hasta este mismo martes cuando el administrador concursal ha comunicado a la plantilla que les abonará “en los próximos días” esa última nómina y los finiquitos, pero con los límites establecidos por la Ley Concursal –el doble del salario mínimo en caso de los salarios–. El resto deberán reclamarlo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

La querella no es la única acción legal que han emprendido los trabajadores. También han actuado contra el juez y el administrador concursal. Contra el primero, el juez de lo Mercantil de Toledo, Juan Ramón Brigidano Martínez, por aceptar el concurso en su jurisdicción, pese a que el domicilio social de Global Leiva se encuentra en Alcorcón (Madrid), y contra el segundo, Antonio Muñoz Perea, porque en concursos anteriores en ese mismo juzgado trabajó con el abogado de Blanco, Santiago Hurtado Iglesias, de la firma Deloitte. Este jueves los trabajadores protestarán ante la sede del juzgado en Toledo.

Finalmente, Blanco tampoco cumplía en tiempo y forma con Operpicking, la empresa que gestionaba su almacén de Parla (Madrid). El informe cifra en 827.629 euros la deuda con esta firma logística, que también presentó concurso de acreedores el pasado diciembre. El administrador concursal relata en su informe que Operpicking impidió a Global Leiva acceder a la nave para retirar mercancía. Ni siquiera lo consiguió con la ayuda del juzgado, por lo que ha demandado a la logística.

El contrato encuadra a Brogan Craig en el grupo IV, nivel V del convenio de comercio textil. Pero esa categoría profesional le debería haber proporcionado un sueldo anual de sólo 12.907 euros al año, de acuerdo con las tablas salariales. Su salario real cuadriplicó esa cantidad. Según las fuentes consultadas, Craig no sólo contrató a su hija Brogan, sino también al novio de ésta. El caso es que ella no duró en la empresa más que dos meses. Tras una discusión con su padre, abandonó Blanco.

De acuerdo con su perfil de Linkedin, la hija de Stephen Craig cursó el equivalente a una diplomatura en Marketing en la Universidad de Strathclyde. Después fue becaria y dependienta en All Saints, la firma de la que su padre era consejero delegado. A continuación fue directora de marketing y comercio electrónico en la empresa de bisutería Cherry Soda Jewellery. De sus dos meses escasos en Madrid, Craig asegura que le dieron la oportunidad de trabajar fuera de su “zona de confort”, lo que le permitió probarse a sí misma que estaba capacitada.

Stephen Craig fue fichado en junio de 2015 como director general. Procedía de la firma británica All Saints, donde ejerció como consejero delegado. Fue despedido menos de un año después, en mayo de 2016. Alhokair, los dueños saudíes de la cadena textil, contrataron entonces a otro británico, Simon Marshall, quien dejó igualmente la empresa el pasado enero. Con estos fichajes, Alhokair intentaba levantar el negocio de Blanco, que sin embargo se declaró en concurso de acreedores el pasado 24 de noviembre, ha puesto en la calle a toda su plantilla, 800 trabajadores, y cerrado el centenar de tiendas que posee.

1,4 millones al dueño del fundador

El contrato firmado con la hija de Craig y su novio se conoce después de que los trabajadores denunciaran que Global Leiva, la empresa dueña de la cadena, había pagado 1,4 millones de euros a su antiguo propietario, Bernardo Blanco, y a su esposa, Teresa Pérez, en pleno concurso de acreedores. La cifra supera en 475.000 euros los 925.000 que el Juzgado de lo Social número 2 de Móstoles había condenado a la empresa a abonarles a ambos por su despido improcedente.

Bernardo Blanco, hijo del fundador de la cadena de moda, trabajaba como director general de la enseña y fue despedido junto a su mujer cuando la empresa fue adquirida por el fondo dubaití AC Modus. En noviembre pasado fue readmitido como director creativo, hasta el pasado mes de febrero.

La plantilla, agrupada en la Plataforma de Afectados de Blanco, ha denunciado que el pago a Blanco y su esposa vulnera el orden de prelación establecido por la ley para los acreedores: en primer lugar cobran los acreedores privilegiados, como la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y los trabajadores; después los ordinarios y finalmente los subordinados, como es el caso de la indemnización a un directivo.

Además, los trabajadores se han querellado por estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible contra la empresa saudí Alhokair, el fondo dubaití AC Modus y los administradores de Global Leiva. El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón ha admitido a trámite la querella.

Pese a la entrada de capital saudí, a través de la multinacional Alhokair, durante los últimos tres años y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena no consiguió levantar la cabeza. Ha sufrido dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores, en el segundo, 189 mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus el pasado 27 de octubre, a la espera de encontrar un nuevo inversor. Ese comprador no apareció y el fondo dubaití optó primero por el concurso de acreedores y, el pasado 7 de diciembre, por la liquidación de la empresa.

Venta simulada

Según argumentan los trabajadores en su querella criminal, la saudí Alhokair sigue siendo el administrador de facto de Global Leiva, que en realidad no es más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. Fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena, explican.

Los querellados son los administradores de Global Leiva, los británicos Gerard Michael Louis Waters y Simon Marshall, así como el saudí Mohamed Hussein Mohamed Masud. También el director financiero, Nuno Abel Ribeiro Ferreira, quien actúa como administrador de facto de la empresa y portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Los tres primeros citados, además, “son miembros de la alta dirección de Alhokair”, cuyos salarios paga, indica la querella.

Ésa es una de las razones que llevan a los querellantes a denunciar que el grupo ha mantenido el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo de Dubai AC Modus fue sólo una “venta simulada”, resaltan los trabajadores. Uno de los consejeros de ese fondo es el propio presidente del grupo saudí, Fawaz Abdulaziz Alhokair.

Además, la plantilla revela en su querella que esta operación no se cerró por importe de 83 millones de euros como anunció Alhokair en su momento. Por el contrario, asegura que la venta se formalizó mediante escritura pública ante notario en Madrid por un precio de sólo 1,19 millones de euros.

Según argumentan los trabajadores, agrupados en la Plataforma de Afectados de Blanco, la saudí Alhokair sigue siendo el administrador de factode facto de Global Leiva, que en realidad no es más que una sociedad instrumental “carente de contenido patrimonial y económico”. Fue la herramienta utilizada por el grupo para quedarse con la marca, “el único bien intangible con algo de valor”, después de descapitalizar la cadena.

La marca es propiedad de Far East Fashion, una de las empresas del grupo junto a Far East Shared Services y Global Leiva, que ha sido “disuelta por orden de Alhokair”, asegura el texto de la querella al que ha tenido acceso infoLibre. De hecho, recuerdan los trabajadores, el grupo saudí exigió en 2013 a Maemoda, la entonces empresa propietaria de Blanco, que antes de venderle la cadena de tiendas vendiese a Far East Fashion las marcas de Blanco. La operación se firmó en noviembre de 2013 y salvó a la cadena textil de su primer concurso de acreedores.

La querella tacha de “torticera” la actitud de Alhokair desde el principio. Su “falta de diligencia en la llevanza del negocio es difícilmente explicable desde un punto de vista de razonabilidad empresarial”, acusan los trabajadores, que denuncian la “actitud depredadora” del grupo saudí con Global Leiva: “Su objetivo nunca fue conseguir el reflotamiento de la empresa, sino obtener la titularidad de la marca”.

Los querellados son los administradores de Global Leiva, los británicos Gerard Michael Louis Waters y Simon Marshall, así como el saudí Mohamed Hussein Mohamed Masud. También el director financiero, Nuno Abel Ribeiro Ferreira, quien actúa como administrador de facto de la empresa y portavoz ante la plantilla desde que se presentó el concurso. Los tres primeros citados, además, “son miembros de la alta dirección de Alhokair”, cuyos salarios paga, indica la querella.

Ésa es una de las razones que llevan a los querellantes a denunciar que el grupo ha mantenido el “control absoluto de las decisiones de la empresa”: la venta de Global Leiva, en agosto de 2016, al fondo de Dubai AC Modus fue sólo una “venta simulada”, resaltan los trabajadores. Uno de los consejeros de ese fondo es el propio presidente del grupo saudí, Fawaz Abdulaziz Alhokair.

Además, la plantilla revela en su querella que esta operación no se cerró por importe de 83 millones de euros como anunció Alhokair en su momento. Por el contrario, asegura que la venta se formalizó mediante escritura pública ante notario en Madrid por un precio de sólo 1,19 millones de euros. Un mes más tarde, en septiembre de 2016, Alhokair aportó a Global Leiva la suma de 1,1 millones de euros, casi el mismo importe de la supuesta venta. Y, una vez cerrada ésta –AC Modus adquirió el 100% de las acciones–, los administradores siguieron siendo los mismos.

Compra a crédito

Aunque tampoco la compra de Global Leiva por Alhokair en 2013 fue transparente, según los trabajadores. La empresa es una sociedad limitada unipersonal, creada en septiembre de 2013, sólo dos meses antes de la operación, con un capital social mínimo, 3.600 euros. “Teniendo en cuenta el pasivo que arrastraba entonces la empresa adquirida [70 millones de euros], Global Leiva era ya una sociedad quebrada”, denuncia la querella. Pero es que, además, la compra, que se anunció por unos 40 millones de euros, no se llevó a cabo aumentando el capital social, sino que Alhokair pidió dos créditos participativos por importe de 12,08 y 33 millones de euros. Esos créditos nunca se transformaron en capital social, pero duplicaron los costes financieros de Global Leiva hasta los 787.521 euros en 2015.

De la anomalía dejó constancia la auditora Ernst & Young en su informe de 2014, donde deja claro que la empresa se encuentra en “causa de disolución” como consecuencia de las pérdidas de ese ejercicio, 7,43 millones de euros. En 2015 los números rojos de Global Leiva se triplicaron, hasta alcanzar 21,71 millones. Sólo en los siete primeros meses de 2016, las pérdidas ya superaron esa marca: 21,74 millones. Según la querella, Blanco ha perdido más de tres millones de euros al mes desde el pasado enero.

La plantilla se remite de nuevo al informe de auditoría de Ernst & Young, que en 2015 emitió una opinión con salvedades: Global Leiva declaraba contar con 9,8 millones de euros de créditos fiscales por pérdidas de años anteriores, unos números rojos que pretendía convertir en negros gracias a un plan de negocio a cinco años que nunca vieron los auditores. “El único plan de negocios que tenía Global Leiva era presentar el concurso de acreedores”, concluyen los querellantes.

Recurren también el concurso

Los trabajadores de Blanco también han recurrido la declaración de concurso en el Juzgado de lo Mercantil de Toledo. Global Leiva presentó allí su solicitud pese a que su sede social se encuentra en Alcorcón (Madrid). Para hacerlo adujo que tiene un “centro de interés” en Seseña (Toledo), una nave donde sólo trabajan cuatro personas.

El artículo 10 de la Ley Concursal establece que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor “el centro de sus intereses principales”.

Además, los sindicatos de Blanco han recurrido el nombramiento del administrador concursal. Antonio Muñoz Perea también se encargó de la quiebra de Autopista Madrid-Toledo Concesionaria Española de Autopistas. En ese concurso, declarado en mayo de 2012, coincidió con él como administrador –en representación de Caixabank– Santiago Hurtado, el abogado de Deloitte que ahora representa los intereses de Global Leiva.

El día 31 el grueso de la plantilla será despedida

El próximo día 31 serán despedidos 779 trabajadores de Blanco, de un total de 818 que aún quedan en plantilla –llegaron a ser 1.200–. El resto serán despedidos entre febrero y el 30 de abril. Pero sus indemnizaciones tendrá que pagarlas el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), o al menos ésa es la intención declarada por la empresa a los representantes sindicales. Sin embargo, la plantilla exige que sea AC Modus o Alhokair los que se hagan cargo de las indemnizaciones.

El periodo de negociación para cerrar los despidos termina el próximo lunes. En una nota a la plantilla, el comité se queja de que Global Leiva no les ha facilitado la información económica sobre AC Modus que le ha pedido. Dice que “no les es posible conseguirla”. Los representantes de la plantilla critican la “mala gestión y la mala fe de la empresa”.

Así, Global Leiva no ha comunicado al comité qué tiendas y qué trabajadores se van a quedar en la empresa “hasta el final”, en abril, ni si van a cobrar sus salarios. Tampoco, se queja el comité, ha confirmado si la plantilla va a cobrar la nómina de diciembre. Se remiten a la Ley Concursal, que establece el abono de los últimos 30 días de trabajo efectivo anteriores a la declaración de concurso pero sólo en una cuantía que no supere el doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El comité también ha explicado a la plantilla que el dueño de Hipaldisa, la empresa de ingeniería que manifestó su interés por comprar Blanco, se ha puesto en contacto con el administrador concursal, pero le explicó que no va a invertir en la firma textil por la mochila de deudamochila con la Seguridad Social y con los trabajadores que acumula Global Leiva. Fuentes el comité mostraron a infoLibre su sospecha de que se trata de un “oportunista” de los que suelen hacer ofertas en los concursos de acreedores.

Se trata de una empresa constituida el pasado mes de febrero y dedicada, según figura en su inscripción en el Registro Mercantil, a la construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones. Su administrador, Jordi Hidalgo Palomares, aseguró a este periódico que quiere quedarse con la marca y con el personal, mantener las tiendas y la plantilla, y que tiene capacidad para hacerse cargo del negocio. Global Leiva, la empresa que gestiona la cadena de moda, declara un pasivo de 133,42 millones de euros.

Historia de un fiasco empresarial

El pasado 24 de noviembre el Juzgado de lo Mercantil de Toledo declaró en concurso de acreedores a Global Leiva. Pese a la entrada de capital saudí y dubaití en Global Leiva durante los últimos tres años y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena no ha conseguido levantar la cabeza. Ha sufrido dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores, en el segundo, 189 mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus el pasado 27 de octubre, a la espera de encontrar un nuevo inversor. Sin embargo, ese comprador no apareció y el fondo dubaití optó primero por el concurso de acreedores y, el pasado 7 de diciembre, por la liquidación de la empresa.

El pasado 24 de noviembre el Juzgado de lo Mercantil de Toledo declaró en concurso de acreedores a Global Leiva, cuyo propietario es AC Modus. Este fondo de Dubai decidió abandonar la cadena de ropa española sólo cinco meses después de haberla comprado. En junio lo había adquirido al grupo saudí Alhokair por 83,1 millones de euros, el doble del precio que esta compañía había pagado por la cadena en 2013.

Ahora, sin embargo, “Blanco no tiene valor alguno y la marca está por los suelos”, explica Jordi Hidalgo, quien dice que le interesa quedarse con las 70 tiendas que aún le quedan a la cadena y con la plantilla para mantenerlas en funcionamiento. Con las 120 tiendas abiertas antes del concurso, el personal lo integraban 835 trabajadores. En sus mejores tiempos, cuando llegó a los 250 locales repartidos por todo el mundo, alcanzó los 3.000 empleados. Además, el responsable de Hipaldisa dice tener “capacidad” para hacerse con el negocio a través de sus propias “vías de financiación”, que no precisa. Y aunque su empresa de ingeniería civil no tiene nada que ver con el comercio textil, Hidalgo Palomares asegura que sabe “dirigir empresas” y que el sector lo conoce porque cuenta con personas de su “confianza” que sí están al tanto.

“Me interesa la empresa porque soy un admirador del trabajo de Bernardo Blanco Solanas [el fundador de la cadena] y me da mucha pena que en una firma de esta relevancia se hayan estropeado 50 años de trabajo por una mala gestión”, destaca Jordi Hidalgo. Blanco Solanas murió en junio de 2012 y dejó la cadena de tiendas en manos de su hijo, Bernardo Blanco Moreno, quien a su vez la dejó en manos de los saudíes de Alhokair cuando se encontraba en pleno de concurso de acreedores. El que atraviesa ahora Blanco es, por tanto, el segundo concurso en menos de tres años.

Hidalgo Palomares niega conocer personalmente a Bernardo Blanco Moreno. “Aunque sí me gustaría que pudiera participar en el proyecto”, puntualiza. Tampoco conoció a su padre: “Soy un simple admirador de alguien que supo hacerse a sí mismo y empezó al mismo tiempo que Amancio Ortega en Inditex”. Sin embargo, fuentes sindicales consultadas no descartan que detrás de Hipaldisa se encuentre el hijo del fundador. Blanco Moreno, que ejercía como director general, fue despedido de Global Leiva en septiembre de 2015 y readmitido junto con su mujer, Teresa Pérez, el pasado mes de noviembre, tras ganar una demanda en los tribunales, según avanzó el digital especializado moda.es. El pasado 28 de noviembre el Boletín del Registro Mercantil publicó la constitución de Yshey Desarrollo SL, en la que Bernardo Blanco Moreno figura como representante. El objeto de la empresa es la fabricación, diseño y compraventa al por menor de ropa y complementos de moda.

Sin cantidad ni condiciones

“De momento sólo me ha llegado un correo electrónico, y no incluía una oferta formal, sino una mera insinuación de interés”, responde por su parte Antonio Muñoz Perea, administrador concursal de Blanco. Hipaldisa no ha precisado una cantidad por la empresa ni las condiciones de la propuesta, añade, lo que confirma el propio Jordi Hidalgo. Ambas partes esperan a una próxima reunión para concretar. “Es muy pronto para dar una opinión”, indica el administrador concursal, “hay que comprobar si la oferta es real y si Hipaldisa tiene capacidad para hacerse con una empresa de este tamaño e importancia”. “No es raro recibir este tipo de ofertas en los concursos de acreedores, unas no son ciertas y otras, aun siéndolo, no pueden hacerse cargo de los negocios”, advierte Muñoz Perea.

Por su parte, Jordi Hidalgo revela las prisas que tiene por hacerse con el negocio a la vista de que esta misma semana Barcelona se quedará sin tiendas de Blanco: cerrarán, dice, las últimas tres. “Queríamos empezar a negociar ya los alquileres de las tiendas [muchas están amenazadas de desahucio por impago]”, apunta. Pero el administrador concursal indica que el proceso no ha hecho más que empezar. “Falta mucho para elaborar siquiera el informe provisional”, resume.

Querella contra los gestores

Mientras, los sindicatos han interpuesto una querella contra los gestores de Global Leiva por la quiebra de la empresa. También han recurrido la declaración de concurso en el Juzgado de lo Mercantil de Toledo. Global Leiva presentó allí su solicitud pese a que su sede social se encuentra en Alcorcón (Madrid). Para hacerlo adujo que tiene un “centro de interés” en Seseña (Toledo), una nave donde sólo trabajan cuatro personas.

El artículo 10 de la Ley Concursal establece que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor “el centro de sus intereses principales”. Y por centro de los intereses principales la ley entiende “el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses”. En caso de que el deudor sea una persona jurídica, como es el caso de Globa Leiva, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. En su auto de declaración del concurso, el titular del juzgado toledano considera la nave de Seseña como el “centro de intereses principales” de la empresa.

Además, los sindicatos de Blanco han recurrido el nombramiento del administrador concursal. Antonio Muñoz Perea también se encargó de la quiebra de Autopista Madrid-Toledo Concesionaria Española de Autopistas. En ese concurso, declarado en mayo de 2012, coincidió con él como administrador –en representación de Caixabank– Santiago Hurtado, el abogado de Deloitte que ahora representa los intereses de Global Leiva.

Pese a la entrada de capital saudí y dubaití en Global Leiva durante los últimos tres años y el fichaje de gestores extranjeros de renombre, la cadena no ha conseguido levantar la cabeza. Ha sufrido dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. En el primero fueron despedidos 711 trabajadores, en el segundo, 189 mientras se cerraban 12 tiendas. Además, Blanco estuvo a punto de pasar por un tercero que fue retirado por AC Modus el pasado 27 de octubre, a la espera de encontrar un nuevo inversor. Sin embargo, ese comprador no apareció y el fondo dubaití optó primero por el concurso de acreedores y, el pasado 7 de diciembre, por la liquidación de la empresa.

Las mismas fuentes precisaron que los cierres del centenar de tiendas y el despido de toda la plantilla se ejecutará de forma progresiva, una vez que el juez de 'luz verde' a la petición de extinción de la compañía, con un pasivo de 133 millones de euros.

"Blanco está muerto; no hay género", aseguraron fuentes sindicales, que explicaron que, una vez aprobada por el juez la solicitud de la empresa, se abrirá un plazo de negociación para fijar el calendario de cierres y lograr "las mejores condiciones posibles" para la plantilla, a la que la compañía "adeuda 23 días de la nómina de noviembre".

Esta semana, la firma de moda cerró su página web en plena campaña navideña y tras declararse insolvente en España y Portugal por segunda vez en tres años, después de que los nuevos propietarios, AC Modus, no hayan encontrado un "inversor idóneo" para el negocio.

Este es el segundo concurso de acreedores que encaraba la firma de moda, después de que en junio de 2013 la enseña lo solicitara cuando estaba controlada por el empresario Bernardo Blanco, que lo pidió debido a la gravedad de sus problemas económicos y financieros y con el objetivo de conseguir la viabilidad de la compañía.

AC Modus, que se hizo con la compañía hace unos meses, indicó recientemente que tras mantener una "importante inversión" en el negocio de España y Portugal, ambas divisiones siguen sin "generar beneficios", por lo que en los últimos dos meses buscaron inversores para reflotar el negocio.

Sin embargo, la firma emiratí señaló que a pesar de los "grandes esfuerzos" realizados, los intentos para encontrar un inversor idóneo resultaron "infructuosos", por lo que tomó la decisión de "someterse a los procedimientos de insolvencia aplicables" en cada país, ya que la actual situación del negocio exige la "adopción de decisiones basadas en la evolución del mercado y del futuro" de la sociedad.

La firma textil presentó el pasado mes de septiembre su tercer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en los últimos años, que finalmente fue anulado, después de que los anteriores ajustes de plantilla hubieran provocado la salida de unos 900 empleados de la enseña de moda.

La compañía, que cuenta con 102 centros de trabajo en España, ya aplicó el pasado año un ajuste de personal que afectó a un máximo de 189 trabajadores, que se sumaron a los 711 que salieron de la firma en 2013, cuando presentó concurso voluntario de acreedores.

En el Registro Mercantil, el domicilio social de Global Leiva es el número 25 de la calle de Carabaña, situada en el polígono industrial Ventorro del Cano, en Alcorcón (Madrid). Es allí donde radican sus oficinas, con una plantilla que supera los 130 empleados.

En Toledo, Blanco sólo cuenta con una nave situada en un polígono industrial de Seseña, donde apenas le quedan tres trabajadores y una empleada prejubilada, aseguran fuentes sindicales. En el último ERE, el año pasado, fueron despedidas 13 personas del almacén de Seseña y el resto fueron subrogados con una empresa de logística, Openinter, que los trasladó a la nave que Blanco posee en Parla, también en Madrid.

El artículo 10 de la Ley Concursal establece que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor “el centro de sus intereses principales”. Y por centro de los intereses principales la ley entiende “el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses”. En caso de que el deudor sea una persona jurídica, como es el caso de Globa Leiva, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social.

Concurso de la Autopista Madrid-Toledo

Se da la circunstancia de que el juez de Toledo ha nombrado como administrador concursal a Antonio Muñoz Perea, quien también se encargó de la quiebra de Autopista Madrid-Toledo Concesionaria Española de Autopistas. En ese concurso, declarado en mayo de 2012, también era administrador, en representación de Caixabank, Santiago Hurtado, el abogado de Deloitte que ahora representa los intereses de Global Leiva.

De 2009 a 2011, Santiago Hurtado fue secretario general técnico del Ministerio de Justicia y antes, en 2004, asesor del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y Deloitte es la consultora a la que la cadena textil encargó un estudio el pasado año para medir las ventajas, sobre todo fiscales, de trasladar su negocio al emirato árabe, donde no existen impuestos sobre la renta, ni sobre las ventas, el patrimonio o el capital.

Muñoz Perea, además de yerno del líder ultraderechista Blas Piñar, fue en su momento defensor del capitán Pascual Gálvez, condenado a tres años por su participación en el golpe de Estado del 23-F.

En este caso el juez también ha nombrado un auxiliar delegado, debido a la magnitud de la empresa, con establecimientos dispersos por toda España. Se trata de Despacho de Abogados y Economistas Forenses.

Preguntado por infoLibre, Santiago Hurtado asegura que la ley permite a una empresa solicitar el concurso donde tenga “un centro de intereses” aunque no sea el domicilio social, en referencia al almacén de Seseña. “Así [el proceso] será más rápido que en Madrid y habrá menos tiempos de espera”, aduce el abogado, “por lo que no habrá perjuicio para nadie; yo creo que, de hecho, será beneficioso para todos”.

Respecto a su relación profesional con Muñoz Perea, Santiago Hurtado apunta que su elección como administrador concursal de Global Leiva es “una decisión del juez”. “Nadie duda de que [Muñoz Perea] va a ser independiente, no le veo ningún problema”, resalta, “entre nosotros no hay ninguna relación laboral o mercantil”. Este periódico ha intentado ponerse en contacto también con Muñoz Perea, pero no ha respondido a sus llamadas.

En sólo un mes y 21 días

Abogados consultados por infoLibre explican que, trasladando el concurso a un juzgado pequeño, la empresa puede, en efecto, buscar una mayor rapidez de tramitación. “El juzgado de lo Mercantil más lento de España es el número 1 de Madrid, tarda en contestar una solicitud de concurso hasta nueve meses”, aseguran. En el caso del Juzgado de lo Mercantil de Toledo, Global Leiva presentó su solicitud el pasado 3 de octubre y el auto que declara el concurso tiene fecha de 24 noviembre. Tardó un mes y 21 días. En 2015 este juzgado, de tipo mixto –Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 y de lo Mercantil– tramitó 69 concursos. De media, cada uno de los 12 juzgados de lo Mercantil de Madrid tramitó ese año 72. En cualquier caso, el titular del juzgado toledano, Juan Ramón Brigidano Martínez, juez decano de Toledo desde 2002, se ha quejado en los medios locales de que soporta una carga de trabajo del 530%.

Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, el pasado 27 de octubre el fondo dubaití AC Modus se convirtió en el socio único de Global Leiva, que pasa por tanto a constituirse como sociedad unipersonal. Ese mismo día la empresa retiró el ERE que había presentado un mes antes para despedir a un número de trabajadores que no llegó a precisar.

De acuerdo con el auto por el que el juez declara el concurso y al que ha tenido acceso infoLibre, la empresa declara un pasivo de 133,42 millones de euros y una plantilla de 835 trabajadores, repartidos en unas 120 tiendas por toda España y el extranjero. En realidad, el número de establecimientos se ha reducido sensiblemente en los últimos meses: ha tenido que cerrar un buen número de ellos, incapaz de pagar los alquileres, mientras que otros se encuentran amenazados de desahucio.

Presentó el concurso mientras buscaba un inversor

Éste es el segundo concurso de acreedores que Blanco solicita después del que superó en 2013. El fondo AC Modus abandona la cadena de ropa española sólo cinco meses después de haberla comprado. El anterior dueño, la saudí Alhokair, la vendió el pasado mes de junio, dos años y medio después de haberla adquirido por más de 40 millones de euros. El fondo de Dubai pagó más del doble, 83,1 millones. A Alhokair, a su vez, se la había vendido Bernardo Blanco, el fundador, cuando la empresa se encontraba en pleno concurso de acreedores. Blanco, que primero fue nombrado director general y después despedido por los nuevos gestores dubaitíes, los demandó ante el juez, que ha ordenado su reincorporación a la empresa.

La cadena de tiendas también ha sufrido dos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en tres años. Y estuvo a punto de pasar por un tercero que, sin embargo, fue retirado por AC Modus el pasado 27 de octubre, a la espera de que apareciera un nuevo inversor. La empresa anunció hace apenas cinco días la presentación del concurso de acreedores apoyándose en el fracaso de sus intentos por encontrar a alguien “idóneo” se hiciera cargo del negocio. Pero, en realidad, lo había solicitado mucho antes, el 3 de octubre, sólo dos semanas después de presentar el tercer ERE y mientras aseguraba a su plantilla que buscaba un inversor para salvarla de la quiebra.

En el segundo ERE fueron despedidos 189 trabajadores y se cerraron 12 tiendas. En el primero, 711 más.

La situación en que se encuentra la empresa es ciertamente delicada. Cada semana cierran tiendas. Cuatro sólo la última, revelan fuentes sindicales. Además, Blanco adeuda parte de la última nómina a sus trabajadores. Y éstos dudan de que vayan a cobrar la de noviembre. Mientras, aseguran las mismas fuentes, las “tiendas están desabastecidas”. “En julio 2.000 cajas con ropa de nueva colección quedaron retenidas en la aduana también por falta de pago”, denunció CCOO cuando la empresa anunció la retirada del último ERE.

Promod también presenta un ERE

Pero no es Blanco la única cadena de ropa al borde de la desaparición. También Promod ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 132 empleados de tiendas y oficinas centrales y el cierre de 24 puntos de venta en España.

En concreto, la firma ha comunicado ya a los trabajadores los despidos, que afectarán al 33% de la plantilla, integrada por cerca de 400 trabajadores, y a aproximadamente la mitad de la red de tiendas, compuesta por 53 establecimientos. Del total de empleos afectados, 128 corresponden a tiendas y cuatro a oficinas centrales.

La empresa ha alegado causas económicas para presentar dicho ERE, aseguran las fuentes consultadas por Europa Press, teniendo en cuenta una reducción prevista de los ingresos del 37% al cierre del ejercicio fiscal 2016. Antes del verano la compañía francesa ya había anunciado un plan de reestructuración internacional.

En concreto, Promod, que cuenta con 954 tiendas en 45 países, anunció el pasado mes de abril el despido de 133 empleados de su sede y el cierre de un total de 180 establecimientos no rentables fuera de Francia. La marca, fundada en 1975 por Francis Charles Pollet, conquistó en 1990 el mercado europeo y, nueve años más tarde, en 1999, abrió su primera tienda en Arabia Saudí, para expandirse más tarde por Oriente Próximo. A partir de 2006, la marca se implantó en Asia y en 2013 abrió las primeras tiendas en Estados Unidos y en Reino Unido.

El fondo de Dubai abandona la cadena de ropa española sólo cinco meses después de haberla comprado.

“Después de una exhaustiva revisión del modelo y del plan de negocio de Blanco, diseñado para generar beneficios tanto en España como en Portugal, ambas divisiones continúan sin hacerlo”, explica la empresa en un comunicado. También aseguran que los intentos realizados durante los dos últimos meses por AC Modus para encontrar un “inversor idóneo” han resultado “infructuosos”. Por lo que la empresa ha decidido acogerse a los “procedimientos de insolvencia aplicables” en España. No da más detalles. Sólo indica que buscará “el mínimo impacto negativo tanto para la plantilla como para los acreedores”.

Pero lo cierto es que, de momento, Blanco adeuda parte de la última nómina a sus trabajadores. Y éstos dudan que vayan a cobrar la de noviembre. Se les abonó sólo la mitad de la de octubre en su momento y este mismo jueves se les ha pagado un 12%. Mientras, aseguran fuentes sindicales, las “tiendas están desabastecidas”. Algunas de ellas han ido cerrando en las últimas semanas porque la cadena no paga los alquileres. Otras están “amenazadas de desahucio”. “En julio 2.000 cajas con ropa de nueva colección quedaron retenidas en la aduana también por falta de pago”, denunció CCOO cuando la empresa anunció la retirada del último ERE.

De saudíes a dubaitíes

La cadena Blanco, integrada por 119 tiendas en España y otras tantas repartidas entre 21 países, fue vendida por su anterior propietario, el grupo saudí Alhokair, el pasado mes de junio, dos años y medio después de haberla adquirido por más de 40 millones de euros. El fondo de Dubai se la compró por el doble, 83,1 millones. A Alhokair, a su vez, se la había vendido Bernardo Blanco, el fundador, cuando la empresa se encontraba en pleno concurso de acreedores.

En el segundo ERE  fueron despedidos 189 trabajadores y se cerraron 12 tiendas. En el primero, 711 más.

Blanco anunció la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) previsto para su plantilla, al tiempo que los sindicatos respondieron a la medida con la desconvocatoria de las huelgas en las tiendas, cuya próxima convocatoria estaba prevista para este viernes, según indicaron a Europa Press fuentes de los representantes de los trabajadores.

Las huelgas en las tiendas de Blanco iban a continuar este viernes y se iban a prolongar durante otros dos viernes, los correspondientes al 4 de noviembre y al 11 de noviembre. De momento, el comité de empresa mantiene esas dos convocatorias. La empresa dice que retira el ERE a la espera de encontrar un inversor que compre la cadena de moda, han explicado fuentes sindicales a infoLibre. La decisión deberá tomarla antes de mediados de noviembre.

Según explica CCOO, desde antes del verano la empresa retrasa el pago de las nóminas de las 980 personas que componen la plantilla. Además, está cerrando tiendas por el impago de los alquileres y las que continúan abiertas están "amenazadas de desahucio". "En julio 2.000 cajas con ropa de nueva colección quedaron retenidas en la aduana también por falta de pago", denuncia el sindicato.

"En estas condiciones, la retirada del ERE no supone tranquilidad ninguna para la plantilla", destaca CCOO en un comunicado.

En la jornada de huelga del pasado viernes, más del 95% de la plantilla de la empresa secundó la protesta, convocada por UGT y CCOO, y destinada a exigir a la empresa la retirada del ERE. El sindicato CCOO atribuye esta decisión al éxito de esta convocatoria, cuando los trabajadores dejaron "claro su total y absoluto rechazo a las acciones y a la política que está llevando a cabo la empresa".

El tercer ERE

La marca cuenta con 102 centros de trabajo en España. Los sindicatos aseguran que la empresa encadenó, antes del ERE ahora retirado, dos ajustes de plantilla que supusieron la salida de 900 trabajadores.

Blanco había comunicado el pasado mes de septiembre a los sindicatos su intención de presentar un tercer ERE.

La compañía, propiedad actualmente de un fondo gestionado por un banco de inversión con sede en Dubai, ya aplicó el pasado año un ajuste de personal que afectó a un máximo de 189 trabajadores, que se sumaron a los 711 que salieron de la firma en 2013, cuando presentó concurso voluntario de acreedores.

En agosto de 2013, Blanco despidió a través de un ERE a 711 de los trabajadores de su plantilla, tras lo que anunció "cambios en la gestión, la organización y los recursos de la empresa" que tenían que ver con una suerte de expansión de la firma a Dubái, un territorio económico caracterizado por bajos impuestos a las grandes empresas y la aplicación de ventajas fiscales. Poco más de un año después, en enero de 2014, el mayor franquiciador textil de Arabia Saudí, Alhokair, compró la compañía, que había entrado en concurso de acreedores, por más de 40 millones de euros.  

En ese país el grupo saudí gestiona más de 70 marcas, entre ellas las españolas Cortefiel y Mango y las del grupo Inditex. De hecho, el grupo gallego entró en Arabia en el 2000 de la mano de la compañía propiedad de los hermanos Fawaz, Salman y Abdul Majid Abdulaziz Alhokair. Aunque la compra se relacionaba en principio con una fuerte inyección de capital y Alhokair se comprometió a garantizar los 1.200 puestos de trabajo con los que contaba la compañía en ese momento, un año después presentó el segundo ERE sufrido por los trabajadores, que se saldó con 189 despidos y el cierre de 12 tiendas en España.

Casi dos años después, el pasado junio, Alhokair vendió Blanco por el doble de precio de adquisición, 83,3 millones de euros, a un fondo de inversiones gestionado por un banco de Dubái. Sin embargo, solo tres meses después de su adquisición, el fondo dubaití anunció lo que supondría el tercer ERE para los trabajadores de la compañía textil –actualmente unos 900–, además de plantear una modificación de las condiciones contractuales para las personas que lograsen conservar su puesto. 

Una estrategia para "llegar a la quiebra"

Este último Expediente de Regulación de Empleo, afirma Susana Álamo, trabajadora de Blanco y miembro del comité de la empresa, "es una cortina de humo para llegar a la quiebra y cierre de la empresa". Los empleados todavía no conocen el número de despidos que se plantearían en el ERE ni las modificaciones contractuales que se anunciaron junto al mismo.

Además, tal y como apunta Álamo, "han retrasado hasta en tres ocasiones la fecha para la negociación de las condiciones entre el comité y la empresa", retrasos, afirma, que forman parte de "una estrategia" para que la empresa acabe cerrando. Según la portavoz del comité de empresa, en este momento el fondo dubaití no tiene recursos para afrontar el ERE propuesto, por lo que "la única salida para que no pierdan dinero es llegar a la quiebra".

Los trabajadores señalaron a infoLibre que el director económico de la compañía en España le confesó al franquiciado de una de las tiendas su intención de cerrar la firma si en las próximas dos semanas no conseguía encontrar a ningún comprador. La empresa sí que le comunicó a los empleados la existencia de "cuatro o cinco inversores" interesados en adquirir Blanco, pero los trabajadores insisten en que esta información también "es parte de la estrategia".

Este mismo periódico se puso en contacto con la empresa para conocer las posibles condiciones del ERE planteado, a lo que contestaron seguir "trabajando en ello".  Al ser preguntados por los motivos de los sucesivos retrasos en las negociaciones, desde la compañía reafirmaron su intención de celebrar la reunión el próximo siete de noviembre, aunque no explicaron el por qué de los retrasos de las negociaciones. También señalaron "estar al corriente" de los retrasos y fraccionamientos salariales, algo que, zanjaron, "se va a solucionar".

"Algunas solo queremos un despido digno"

Arturo Miranda, otro de los portavoces del comité de la empresa, indica las tres exigencias urgentes de los trabajadores: "Un despido digno y con su justa indemnización para aquellos empleados a los que van a despedir, una serie de garantías y condiciones transparentes que saque de la incertidumbre a los que se quedan y que nos digan la verdad a todos".

"Después de tantas promesas de recapitalizaciones, inyecciones de dinero, supuestos reflotes y garantía de nuestros puestos de trabajo, con lo que nos encontramos es con dos ERE en dos años, una plantilla reducida y unas condiciones que nos impiden revertir esta situación", afirma Miranda, que denuncia que "sin dinero no se puede tener buena ropa, y sin buena ropa no se puede atraer a los clientes"

"Algunas solo queremos un despido digno", afirma una de las trabajadoras, que denuncia que "no se puede vivir cobrando la mitad de tu salario el día 10 de cada mes y la otra mitad fraccionada en dos partes". "A muchas nos están desahuciando de las tiendas, nos cierran de la noche a la mañana y nos ponen en la calle. Es un sinvivir", concluye. 

La cadena Blanco, integrada por 119 tiendas en España y otras tantas repartidas entre 21 países, fue vendida por su anterior propietario, el grupo saudí Alhokair, el pasado mes de junio, dos años y medio después de haberla adquirido por más de 40 millones de euros. El fondo de Dubai se la compró por el doble, 83,1 millones. A Alhokair, a su vez, se la había vendido Bernardo Blanco, su fundador, cuando la empresa se encontraba en pleno concurso de acreedores.

En el anterior ERE fueron despedidos 189 trabajadores y se cerraron 12 tiendas. En el primero, 711 más. La plantilla está compuesta ahora por unas 1.000 personas.

Los sindicatos UGT y CCOO denuncian la “mala fe” de la empresa, que ha hecho caso omiso, aseguran, de las “opciones menos traumáticas” que le han trasladado para resolver los problemas económicos de la cadena. 

El gigante saudí, que compró la cadena Blanco –ahora SuiteBlanco– hace poco más de un año, encargó un estudio a la consultora Deloitte para medir las ventajas, básicamente fiscales, de trasladar el negocio al emirato árabe, donde no existen impuestos sobre la renta, ni sobre las ventas, el patrimonio y el capital. Tampoco se pagan aranceles comerciales. Según fuentes del comité de empresa, los responsables de la cadena les hablaron este jueves de “internacionalizar” la compañía, “integrando ciertos departamentos en la estructura del grupo”, que se reparte entre Reino Unido, Dubai y Arabia Saudí. De hecho, los departamentos de Comercio Internacional y de Expansión ya operan desde el emirato.

Arabia Saudí, con 42 tiendas, se ha convertido en el segundo mercado de Blanco después de España –donde tiene 119 locales–. Y sus planes de expansión incluyen Egipto, Jordania, Filipinas, Kazajistán. En EEUU planea abrir el próximo otoño siete nuevas tiendas.

Mientras, en España, la cadena ya ha empezado a franquiciar tiendas, un sistema que le permite minimizar riesgos, en Aranjuez (Madrid), Puigcerdá (Girona) y Almendralejo (Badajoz). Al tiempo, cerrará las de Alicante, Barcelona, Bilbao, Elche, Ibiza, Madrid, Valencia, San Sebastián, Santander y Santiago de Compostela. El objetivo es “maximizar eficiencias”, según consta en el comunicado que la empresa hizo público al terminar la reunión con los representantes sindicales.

Casi cuatro millones de pérdidas en sólo dos meses

En principio, la llegada de Alhokair en enero de 2014 supuso un respiro para la cadena textil, que se encontraba en concurso de acreedores. El acuerdo de compra, por importe de 40 millones de euros, incluía un compromiso de los saudíes para mantener la plantilla, después de que en agosto de 2013 un primer ERE pusiera en la calle a 771 trabajadores.

Sin embargo, Blanco ha cerrado el primer año de gestión saudí con unas pérdidas de casi 17 millones de euros. Sólo en enero y febrero de este año, los números rojos ascienden a 3,9 millones. Y las previsiones para este ejercicio que la empresa ha puesto sobre la mesa, contando con una hipótesis optimista de ventas y excluyendo el ERE, alcanzan los nueve millones de pérdidas.

Si el consumo repuntó el año pasado, Blanco no lo ha notado: las ventas de 2014 fueron inferiores a las de 2013, cuando la empresa se encontraba al borde de la quiebra. También han empeorado los márgenes de venta. Sólo la campaña publicitaria de noviembre, con la exnovia de Cristina Ronaldo, Irina Shayk, en los carteles, consiguió animar la facturación al acabar el año, explican fuentes del comité.

Cambio de condiciones laborales“El problema de la empresa es la dirección”

, argumentan los representantes sindicales. El fundador de la cadena textil, Bernardo Blanco, perdió el control sobre la compañía al venderla a los saudíes, pero siguió al frente de ella como director general. Y hacia él apuntan los trabajadores a la hora de exigir responsabilidades por los malos resultados. Bernardo Blanco ha puesto en venta las principales tiendas de la marca, que gestiona a través de Inversiones Blasol, en concurso de acreedores desde el pasado noviembre. Se trata de las situadas en la calle de Goya de Madrid, la calle de Ercilla de Bilbao, y la de Pelayo en Barcelona.

UGT y CCOO ya han anunciado su intención de movilizar a la plantilla contra los despidos, por los que la empresa ha ofrecido indemnizaciones de 20 días por año trabajado, el mínimo legal. A los que conserven su puesto de trabajo también les esperan sorpresas. A quienes queden en las oficinas, la cadena quiere cambiarles el horario. Y a los dependientes de las tiendas se les modificará el actual sistema de comisiones. Blanco ya intentó cambiarlo en 2013, pero la Audiencia Nacional falló a favor de los sindicatos y la obligó a mantener el sistema original.

El acto estaba convocado a mediodía, pero la calle se llenó de gente un cuarto de hora antes. Tras la atadura de una sábana blanca a dos árboles situados frente al establecimiento, en la que se podía leer "Blanco nos viste de negro. No al ERE", los asistentes comenzaron, al ritmo de los silbatos, a gritar consignas. "¡Blanco, unido, jamás será vencido!", "¡Este ERE lo vamos a tumbar!", "¡Los sueldos no se tocan!", "¡Esta empresa no se vende!", entre otras, fueron las más coreadas.

También se escucharon durante todo el acto cánticos contra Bernardo Blanco Moreno, hijo del fundador de la cadena textil, y su actual cúpula directiva: "¡Bernardo mentiroso!", "¡Bernardo, ladrón, Blanco es español!", "¡Bernardo, atiende, la gente no se vende!" o "¡Directiva, dimisión!", se oían a lo largo de la céntrica calle de Fuencarral.

"Los trabajadores, que no estamos de acuerdo con el ERE y las modificaciones de las condiciones de trabajo que nos comunicó hace unos días la compañía, pensamos que ha habido una mala organización de la directiva en la empresa", aseguró a infoLibre Nasira Mohamed, miembro del comité de empresa. La joven, que portaba una pegatina del sindicato CCOO, aseguró que el expediente de regulación de empleo (ERE) se había comunicado "a los trabajadores y a los representantes de estos" con "frialdad", vía "correo electrónico", y definió el movimiento de la directiva como "un acto de mala fe". 

En la misma línea se posicionó Gabriela Rivero, trabajadora de la cadena textil en el almacén de Parla y miembro del comité de empresa, mientras repartía octavillas a los transeúntes que se detenían para enterarse de los motivos de la movilización. "La empresa no ha sido clara con nosotros. Primero nos presentó una predicción en la que aseguraba que no habría despidos y dos días después nos mandó un email alegando 'situación de inviabilidad' e informándonos del ERE", aseguró la empleada de Blanco.

Conversaciones "duras"

Por el momento no se sabe el número exacto de personas –la cadena textil cuenta con cerca de 1.300 trabajadores en España– a las que afectará el ERE. A partir del próximo día 23 de marzo, fecha en la que está previsto el comienzo de las negociaciones con el comité de empresa, se empezarán a barajar las primeras cifras. En este sentido, Mohamed afirmó que las conversaciones "serán duras". "Viendo cómo han actuado, dudo de que la empresa se muestre muy dispuesta a negociar", apuntó a este diario.

A las 13.30 horas, los asistentes al acto hicieron una sentada frente a la tienda de ropa. Comenzaron a alzar carteles caseros, elaborados con una percha y un folio, en los que se podían leer frases como "Suite Blanco 100% España", "Basta ya de arruinar familias", "Blanco, basta ya de mentir. No somos números, somos personas" o "Inviabilidad directiva. No al ERE", entre otras. En el suelo, y al grito de "¡Dubái no es guay!", los participantes clamaron contra el posible traslado de las operaciones de la cadena textil al emirato árabe.

"Han venido trabajadores desde otros puntos de España, como Sevilla, Galicia o Valladolid. Muchos de los que están aquí han acudido con sus parejas, sus familiares... Es una situación que, directa o indirectamente, afecta a un gran número de personas que viven de Blanco", explicó Rivero, mientras una niña, subida a los hombros de su padre, sostenía un cartel verde con una frase: "Yo también como de Blanco". Finalizada la sentada, y entre aplausos, los organizadores recordaron que la próxima semana todos debían ir a trabajar con un brazalete negro en señal de luto. Tras esto, la calle de Fuencarral volvió al estado propio de una mañana de domingo en la capital. Pero con una diferencia: los carteles reivindicativos que permanecían pegados en la fachada de la tienda pidiendo que se "deje de jugar" con sus "puestos de trabajo".