Hemos utilizado el indefinido “lo” porque no nos atrevíamos con un calificativo preciso, dada la profusión de características que se le han añadido a la actual crisis de Ceuta: invasión, pérdida de la integridad territorial, maniobra de las mafias, acoso del vecino del sur que siente que las ciudades autónomas son suyas, efecto llamada por las políticas migratorias del izquierdista Sánchez que pone en peligro a toda la UE, caos, despiste judicial, desprotección de fronteras, muertes sin retorno y muchas más polémicas.

Primero, hemos de subrayar que el Gobierno no estuvo muy agudo; esperemos que aprenda. Que no se fie demasiado del “aliado del sur”, que puede incomodar por voluntad propia y porque quizás le ha llegado un susurro de su valedor norteamericano. Y puestos a pensar mal también Israel nos desea lo peor, más que nada porque el Gobierno de España criticó el genocidio de Gaza. Segundo, que los nuevos detentadores del poder en la UE esperan “orillar” al Gobierno de España. La señora Meloni ya ha atacado para exigir devoluciones inmediatas, imaginamos que visto el “éxito” de sus deportaciones a Albania. La primera ministra danesa le ha dado la mano y ha añadido leña al fuego migratorio. Que no se preocupe, las personas que han entrado en la ciudad autónoma tardarán en invadir Groenlandia; se les adelantará el mandatario americano, antes amigo de la señora Meloni. Sorprende la justificación de su comunicado conjunto: la necesidad de preservar los valores europeos y proteger el patrimonio cultural cristiano de Europa. Solamente faltaba el amén.

Si lo de Ceuta hubiera sido un eclipse —al menos lo es de la ética humanitaria— se habrían levantado enormes carpas para ubicar a las personas, con protocolos sanitarios como han hecho los gobiernos autónomos por el eclipse solar; qué decir del número de efectivos de seguridad previstos. Si lo uno se pareciera a lo otro, los gobiernos central y autónomo movilizarían recursos para identificar a toda la gente, menores principalmente a los que sus familias reclaman. Después de tantos días, las autoridades españolas y marroquíes ya tendrían localizadas a todas las familias y casi solucionada la humanitaria agrupación.

Si lo de Ceuta hubiera sido como el eclipse veríamos emplazadas en la playa del Trampolín suficientes WC portátiles, fuentes de agua potable y lugares de sombra permanente, como sí las hay en bastantes lugares oficiales para observar el efecto del movimiento de la Luna que se sitúa entre el Sol y la Tierra.

Dicen que en el eclipse ha sobrevolado el efecto FOMO (fear of missing out, en la interpretación socarrona de mi tierra se traduce por “Yo esto no me lo pierdo”). Me apetece contraponerlo con el efecto JOMO (Joy of Missing Out, el placer o la desidia de perderse algo), sin querer criminalizar la inacción, pues quizás no se sabe bien cómo ayudar, o queda muy lejos para sensibilizarse con el tema. ¿Y si empezásemos dándole alguna vuelta a la conciencia ética y humanitaria dentro del pensamiento individual y colectivo?

Si lo de Ceuta fuese un eclipse astronómico —lo es ético—, las CCAA de España fletarían aviones cargados de ayuda humanitaria en donde viajarían especialistas de Cáritas, Cruz Roja y las ONG de ayuda a los refugiados. Se desplegarían en los múltiples y espaciosos centros de acogida (pabellones deportivos, colegios ahora vacíos, estancias municipales, etc.). Todo lo que haga falta para poder decir FOMO (nosotros estuvimos allí ayudando, aportando nuestra acción humanitaria para reducir calamidades y ausencias).

Si así fuese, funcionaría desde el primer día el Comité Coordinador de Emergencias Humanitarias, donde todas las administraciones y las ONG como observadoras (así lo hacen los científicos en el caso del eclipse) trazan y ejecutan planes. Ese comité se implicaría en dar celeridad, eficacia y transparencia a todas las cuestiones humanitarias sobrevenidas. Imagino que allí estarían representantes de los gobiernos PP-Vox de Castilla y León, Extremadura y Aragón.

Si lo de Ceuta fuese lo otro, los medios de comunicación —también extranjeros— se volcarían todos los días recogiendo artículos y entrevistas, asesorados por las ONG humanitarias, para hacer llegar a las opiniones públicas la situación bien dimensionada, sin adherencias políticas.

Si lo de Ceuta fuera algo momentáneo, como el eclipse, ya se nos hubiera olvidado desde el día 30 de julio. Pero no, todo el problema sigue palpitando. Unos días más tarde se organizó en la ciudad una manifestación en el lema “Ceuta no se rinde”. Nos gustaría añadir desde aquí que la solidaridad tampoco; siempre con los llegados, con toda esa gente que les ayuda y con los que intentan evitar que la crisis actual sea una confrontación de razas, colores de piel o religiones.

Al final un deseo humanitario que debe prevalecer siempre. Preparémonos para entender y gestionar éticamente tiempos convulsos. Además de una petición a las autoridades: sean más diligentes, nos tememos que esto (migraciones masivas en todo el mundo) no ha hecho nada más que empezar.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

El pasado 21 de julio, la Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que establece la presunción de uso legítimo de la fuerza para policías y gendarmes. Es decir, que cuando un agente utiliza su arma, “se presume que ha actuado” en los supuestos previstos por la ley, y esta presunción solo puede ser desvirtuada cuando existan pruebas en contra. La ley, que todavía tiene que pasar por el Senado, fue aprobada por 313 votos a favor y 199 en contra, y desde la izquierda y diferentes asociaciones de defensa de los derechos sociales ya la han descrito como una “licencia para matar”.

No es un caso aislado. Alessia Schiavon, directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), entidad centrada en la defensa de los Derechos Humanos, advierte de una tendencia europea hacia una “progresiva restricción del espacio cívico y del espacio ciudadano”. La jurista considera especialmente preocupante que esta evolución se esté produciendo en democracias con una larga tradición de protección de los derechos. “A lo mejor podemos esperarnos de países como Hungría que adopten esta legislación, pero no de Francia, Italia o Alemania misma”, destaca.

A su juicio, estas medidas avanzan amparadas en una narrativa de inseguridad que acaba desplazando la protección de los derechos. “Lo que se está intentando utilizar es la narrativa de la falta de seguridad para restringir los derechos de los ciudadanos y ciudadanas”, sostiene. Francia es precisamente uno de los ejemplos que más preocupación despiertan. Sobre la nueva presunción de uso legítimo de la fuerza, Schiavon advierte que “claramente va a afectar a las garantías fundamentales” y de que existe “un riesgo evidente de que se deje espacio importante a la impunidad policial”.

La reforma sigue la línea de otra ley aprobada en 2017, que amplió los supuestos en los que los agentes podían usar armas. El más polémico es el que permite disparar contra un vehículo cuyo conductor se niega a detenerse si los policías consideran que su huida puede poner en peligro su vida o la de terceros.

Un estudio realizado por investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica francés (CNRS) concluyó que solo en ese año los disparos mortales contra vehículos en movimiento se multiplicaron por cinco. Los datos de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) recogieron además que en 2017 los disparos efectuados por policías aumentaron un 54% respecto al año anterior.

Tras el asesinato en 2023 del joven de 17 años Nahel Merzouk por disparos de un policía, se produjeron protestas por todo el país para derogar la ley e incluso, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović, expresó su preocupación por el “uso excesivo” de la fuerza por parte de las fuerzas del orden francesas y pidió a las autoridades que “revisaran el marco legal y las prácticas policiales”. Sin embargo, el Gobierno ha mantenido la ley, defendiendo su necesidad y señalando que el uso de las armas siempre exige “necesidad y proporcionalidad” por parte de los agentes.

Italia es uno de los países donde más se ha ampliado el margen de actuación policial. Desde 2011 existe el foglio di via obbligatorio (orden de prohibición de presencia) que permite al jefe de policía prohibir durante hasta tres años la entrada de una persona a un municipio determinado.

Aunque nació vinculada a la lucha contra las mafias, su uso se ha extendido a manifestantes y activistas. Amnistía Internacional ha documentado una intensificación de su aplicación desde 2022 contra protestas climáticas, movimientos estudiantiles y otros colectivos.

Algo similar ocurre con los DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), medidas concebidas para impedir el acceso de personas violentas a recintos deportivos y ampliadas en 2017 a otros espacios como estaciones, aeropuertos u hospitales. En los últimos años también se ha utilizado contra personas sin hogar y activistas.

El mayor salto llegó con el Decreto Sicurezza, aprobado en junio de 2025 por el gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni. Entre otras medidas, permite al Estado adelantar hasta 10.000 euros por cada fase del procedimiento para sufragar la defensa de los agentes de policía investigados o procesados por actuaciones relacionadas con el servicio, una cantidad que solo deberán devolver si se demuestra que actuaron con dolo. 

El decreto también endurece las penas por violencia o resistencia contra policías, amplía sus competencias en los desalojos de viviendas que constituyen el primer domicilio de inmediato, en las que pueden actuar sin tener que esperar a una resolución judicial, y permite a los agentes fuera de servicio llevar, a parte de su arma reglamentaria, otra de su propiedad.

Schiavon alerta además de que este decreto fue aprobado directamente por el Gobierno, sin pasar por el Parlamento, un procedimiento previsto en la Constitución italiana, pero que limita la intervención parlamentaria. A su juicio, recurrir a este tipo de mecanismos puede generar “riesgos muy altos” cuando las normas van “más allá de la urgencia que las justifica”.

En Alemania, el cambio se ha producido principalmente mediante la ampliación de los casos en los que puede actuar la policía. Hasta 2016 predominaba el principio de konkrete Gefahr, o peligro concreto, que exigía la existencia de un riesgo identificable. 

Ese año, el Tribunal Constitucional Federal abrió la puerta a actuar ante una “amenaza suficientemente específica” en determinados casos graves, incluso antes de que existiera un peligro concreto.

Baviera incorporó esta posibilidad a su legislación en 2018 y permitió medidas preventivas como la vigilancia de comunicaciones, la geolocalización, los registros o una mayor duración de la detención preventiva. Aunque una reforma de 2021 limitó su alcance, esta herramienta terminó utilizándose también contra activistas climáticos. Entre 2022 y 2023, la policía bávara llegó a detener preventivamente durante 30 días a miembros de Letzte Generation por anunciar su participación en los cortes de carreteras que se estuvieron llevando a cabo durante esos años.

A ello se suma la normalización de los controles en las fronteras interiores. Reintroducidos por Angela Merkel en 2015 como respuesta excepcional a la crisis migratoria, se han mantenido y ampliado desde entonces hasta abarcar las nueve fronteras terrestres alemanas. 

Estos controles permiten identificaciones sin sospecha individualizada, una práctica que Amnistía Internacional cuestiona por el riesgo de racial profiling, perfilado racista. En 2025 y 2026, varios tribunales alemanes cuestionaron la legalidad de mantener estos controles durante tanto tiempo y, este junio, la Comisión Europea reclamó mejores justificaciones al Gobierno. 

La migración también está sirviendo en Bélgica para ampliar las competencias policiales. El Gobierno de Bart De Wever ha recuperado una propuesta que lleva en el aire desde 2018: permitir la entrada de agentes en domicilios para ejecutar órdenes de expulsión de personas migrantes. 

El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros en mayo de 2026 y pendiente ahora de su tramitación parlamentaria, permitiría estas entradas cuando exista una orden de expulsión firme, la persona se haya negado reiteradamente a colaborar y sea considerada una amenaza para el orden público o la seguridad nacional.

Sería necesaria una autorización previa de un juez de instrucción y tendría que hacerse conjuntamente con la Oficina de Extranjería. Aun así, organizaciones de derechos humanos, abogados y representantes policiales han advertido de que la medida supone una ampliación significativa de los poderes coercitivos del Estado y puede afectar a la inviolabilidad del domicilio, protegida por la Constitución belga y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Lo que estamos viendo es la criminalización de las personas migrantes”, denuncia la jurista de FIBGAR. A su juicio, se construye una narrativa de emergencia que facilita la aceptación social de medidas excepcionales. “No es una emergencia, porque no hay datos que lo demuestren, pero a los ojos de la ciudadanía se pueden justificar estas medidas”.

España muestra una situación diferente: no ha aprobado nuevas leyes de este tipo en los últimos años, pero mantiene vigente la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015 por el gobierno de Mariano Rajoy y conocida como ley mordaza.

La norma permite sancionar administrativamente conductas como la desobediencia o resistencia a la autoridad, las faltas de respeto a los agentes o determinadas actuaciones durante manifestaciones, con multas de miles de euros.

Su reforma lleva años bloqueada. PSOE, Sumar y EH Bildu pactaron en 2024 recuperar una modificación que había fracasado un año antes, pero continúan las discrepancias sobre cuestiones como el uso de pelotas de goma, las sanciones por faltas de respeto a los agentes, las infracciones por desobediencia y resistencia o las llamadas devoluciones en caliente. En abril de 2026, el Gobierno volvió a incluir la reforma entre sus prioridades, pero, por el momento, no se ha conseguido ningún cambio.

“Que España no haya aprobado nuevas normas en los últimos años no significa que el problema haya desaparecido. No podemos olvidarnos de que esta herramienta existe y está para ser utilizada”, destaca Schiavon. 

La directora de FIBGAR insiste en que los ejemplos europeos forman parte de una misma tendencia. “No son casos aislados”, advierte. Por ello, reclama una mayor vigilancia por parte de las instituciones comunitarias y de los representantes políticos para evitar que estas medidas continúen avanzando.

La Comisión Europea considera que la reforma del Reglamento del Congreso que permitió prohibir el acceso a la Cámara a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo camuflados como periodistas supone un avance bien valorado por todas las partes afectadas. Así lo recoge el capítulo dedicado a España del Informe sobre el Estado de derecho de 2026. La Mesa del Congreso suspendió el pasado 13 de mayo indefinidamente las acreditaciones de Quiles, candidato de Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación de Alvise Pérez, y Ndongo, exasesor de Vox en la Asamblea de Madrid, por su acumulación de expedientes provocados por grabar a diputados en zonas no autorizadas, reventar ruedas de prensa y hostigar a parlamentarios y periodistas.

El apartado dedicado a los medios del informe anual de la Comisión que analiza la calidad democrática de cada uno de los 27 socios europeos bendice la reforma del Reglamento. "En 2025, se modificaron las normas internas de procedimiento del Parlamento para introducir un marco formal de reglas de acreditación y estándares de comportamiento que definen el acceso de los periodistas y las condiciones de trabajo dentro del Parlamento", afirma el documento. Después añade que la modificación supuso "un avance que fue generalmente bien recibido por las partes interesadas". La reforma ha sido reivindicada durante meses por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), además de otros colectivos.

La modificación de la norma con rango de ley que regula el funcionamiento de la Cámara baja se aprobó el 22 de julio de 2025 con el apoyo de la mayoría de la investidura y el voto en contra del PP y Vox. El nuevo texto encomendó a la Mesa la regulación "del procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir". También atribuyó a ese órgano parlamentario la fijación "de los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara".

Entre esos requisitos, aprobados por la Mesa dos meses después, se recogía expresamente la prohibición de "dirigirse a cualquier persona con un equipo de grabación en funcionamiento sin haber solicitado previamente su permiso", uno de los métodos de acoso más comunes de los agitadores ultras. También quedó vetada "la grabación o toma de imágenes con dispositivos móviles, así como con cámaras o material de grabación de manera engañosa", limitando esa actividad informativa a los reporteros gráficos y operadores del televisión.

La reforma del Reglamento ahora avalada por Bruselas recoge como infracciones muy graves algunos de los comportamientos reiterados de Quiles y Ndongo, como "la falta de respeto a las reglas de cortesía en el recinto parlamentario y zonas o edificios adscritos al Congreso". "Se considerará en todo caso una infracción muy grave proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas", añadía. También "la grabación de imágenes o sonidos mediante el uso de dispositivos ocultos" en los despachos y en las oficinas de los grupos o fuera de los espacios habilitados para ello "que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas", así como la difusión de estas grabaciones "en medios y redes sociales".

Los expedientes más avanzados sobre Vito Quiles, que permitieron a la Mesa la suspensión indefinida de su acreditación en mayo, se abrieron por dos grabaciones realizadas con su teléfono móvil en dependencias del Congreso donde no estaba autorizado. La APP denunció primero la grabación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pasillo anexo a la Sala Constitucional y, después, otro encontronazo con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles estaba acreditado como redactor literario, una categoría que no permite grabar vídeos dentro de la Cámara. El excandidato de SALF acumula otras seis quejas por denuncias del PSOE y Podemos, además de varias causas judiciales, como la presunta agresión a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

El expediente que motivó la suspensión de Ndongo parte de la denuncia de Sumar por la interrupción de una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, también creado por la reforma del Reglamento para atajar estos comportamientos, ya apreció que su conducta había obstaculizado el desarrollo de la comparecencia ante los medios de comunicación y había implicado una "visible violencia verbal" contra una representante pública y contra una periodista que tenía concedido el turno de palabra. El agitador camerunés protagonizó un incidente con la diputada de Sumar Aina Vidal, a la que insultó –le llamó "idiota"– en una rueda de prensa antes de abalanzarse sobre ella para impedirle acceder a un taxi a la salida del Congreso.

¿Ha muerto la teología de la liberación (TL)? Es la pregunta que me plantean con frecuencia en mis conferencias tanto en el norte global como en el sur global. La pregunta refleja implícitamente la idea de su muerte, muy extendida en el imaginario colectivo, tanto laico como religioso.

Mi respuesta suele ser que tal idea no responde a la realidad, sino, más bien, al deseo de no pocos sectores ubicados del lado de los fundamentalismos religiosos, del neoliberalismo económico y del conservadurismo político. Y añado: la TL está viva y activa en el nuevo escenario político, religioso, cultural y económico, no solo en América Latina, donde nació, sino en todo el sur global, dando lugar al nacimiento de las teologías del sur global y a su tendencia descolonizadora de los discursos cristianos (Juan José Tamayo, Teologías del Sur. El giro descolonizador, Trotta, 2024, 2ª ed.).

La mejor prueba de dicha vitalidad es la celebración del 12º Foro Mundial sobre Teología y Liberación (FMTL), que está teniendo lugar del 31 de julio al 8 de agosto en la ciudad de Cotonú (Benín, África Occidental), en el marco del 17º Foro Social Mundial (FSM). Entre las razones que han llevado a elegir Benín como lugar del FSM y del FMTL cabe destacar las siguientes: Benín es un cruce de la espiritualidad vudú y la cultura panafricana, un lugar de memoria histórica de la trata de personas esclavas y un país con una fuerte movilización de la sociedad civil.

Es el sexto Foro que se celebra en África. Los cinco anteriores tuvieron lugar en Bamako (Mali, 2006), Nairobi (Kenia, 2007), Dakar (Senegal, 2011) y Túnez (2013 y 2015).

En el FMTL de Benín participan teólogas, teólogos, activistas, investigadores y comunidades de todo el mundo para reflexionar sobre la intersección de experiencias religiosas, justicia social y lucha contra todas las formas de opresión. Se trata de un encuentro global de mentes y corazones que busca fomentar el diálogo, explorar alternativas y tejer conexiones en la búsqueda colectiva de otro mundo posible. El tema del encuentro no puede ser más importante y de urgente análisis: rechazando la dominación económica, política y religiosa; reimaginar la soberanía desde una perspectiva de liberación.

La razón de ser del tema elegido es la constatación de la persistencia de la dominación económica, política, religiosa y ambiental en todo el mundo. Ante tamaña dominación global no podemos cruzarnos de brazos, sino que hemos de ofrecer una respuesta coordinada. Para ello, el Foro invita a involucrarnos en un proceso de descolonización de todas las dimensiones de la vida humana y ecológica y a reimaginar la soberanía en todas sus formas: colectivas e individuales.

La lucha por la soberanía económica exige deconstruir los mecanismos de opresión del capitalismo y devolver la dignidad humana a quienes se les deniega el actual modelo económico neoliberal y somete a una situación de injusticia estructural generadora de pobreza también estructural. La defensa de la soberanía política requiere desafiar el autoritarismo, la corrupción y la violencia, así como resistir a la necropolítica y trabajar en la construcción de la paz en tiempos de guerras que provocan genocidios y ecocidios, y de golpes de Estado que no respetan el derecho internacional, ni la soberanía de los pueblos.

El compromiso por la defensa de la soberanía religiosa demanda deconstruir los legados decoloniales, cada vez más extendidos por mor del imperialismo reigioso; frenar la manipulación de las religiones y su utilización para fines belicistas, sexistas, aporofóbicos, homófobos, xenófobos y racistas. A dicha deconstrucción debe responder la construcción de relaciones étnicas, ecuménicas, interreligiosas, interculturales e interespirituales, pacíficas, igualitarias y respetuosas de las diferencias.

La soberanía ecológica y social exige la recuperación del territorio, del que se apropian las multinacionales extractivistas, así como la recuperación de la memoria y la cultura de los pueblos originarios. Requiere, asimismo, analizar y eliminar las formas modernas de esclavitud y promover la justicia ecológica y la justicia de género frente a la violencia de género, las migraciones forzadas y el cambio climático.

Se trata, en definitiva, de revisar, resignificar, reformular y recrear la teología de la liberación en el nuevo escenario geopolítico, cultural y económico, de abrir nuevos horizontes para la soberanía y de descolonizar todas las relaciones humanas y ecológicas.

Los ejes temáticos que se están trabajando en el FMTL de Benín para el logro de tales objetivos son los siguientes: la liberación como horizonte hermenéutico y práctico; la liberación y la decolonialidad; la liberación y la democracia al servicio del bien común; la violencia, los derechos humanos y, especialmente, los derechos de las personas, los colectivos y los pueblos oprimidos a quienes se niega dichos derechos; la justicia ambiental y la seguridad alimentaria; las migraciones, las personas migrantes climáticas y las territorialidades; las nuevas lenguas y la reconstrucción de nuevos lenguajes simbólicos y míticos; el pacto entre las tradiciones religiosas y las políticas de justicia; el género, el feminismo y la diversidad; la juventud y las relaciones intergeneracionales.

La Teología de la Liberación, las Teologías del Sur global y las prácticas emancipadoras que promueven demuestran, con hechos y con palabras, que hay tradiciones religiosas y espiritualidades que no son opio del pueblo, sino caminos de liberación de las personas más vulnerables, de los colectivos empobrecidos y de los pueblos oprimidos, así como movimientos de resistencia frente al colonialismo, el capitalismo, el patriarcado, el soberanismo blanco, la injusticia cognitiva y la depredación de la naturaleza.

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Juan José Tamayo es teólogo y emérito honorífico de la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'Pederastia, ¿pecado sin penitencia?' (Erasmus, 2024).

Hace un par de semanas publiqué una columna titulada Los empresarios del miedo, que explicaba cómo ciertos grupos de poder explotan el miedo y la incertidumbre de las sociedades a través de la fabricación de un 'otro'. Lo que ha pasado en Ceuta es un claro ejemplo del triunfo de esta gentuza. Otra victoria más cosechada a costa del sufrimiento extremo de unos y de la debilidad e ingenuidad de otros.

El miércoles de la semana pasada me contactó Israel Remuiñán de la COPE: “Lucila, te escribo por lo que está pasando en Ceuta”. “Acabo de empezar mis vacaciones y estoy desconectada, ¿qué está pasando?”. Hablé con mi amigo I. que es de Castillejos y me contó que la situación en la ciudad lleva meses siendo insoportable. Hay militares por todos lados. Detienen a la gente de forma arbitraria. Hace un par de meses subieron a su hermano con más personas a un autobús. Iban con ropa de verano, bañador, camiseta, chanclas. Los dejaron abandonados de esta guisa a 1.000 km de la ciudad. “Es muy triste”, me comentó, “la ciudad es invivible”. Por lo visto aparecen cuerpos ahogados todos los días desde principio de año. Hay un cementerio con personas sin identificar que crece por momentos y la morgue de Castillejos estaría desbordada. 

Este testimonio no me sorprendió. En 2024 nuestro equipo de periodismo de la Fundación porCausa dirigido por el periodista José Bautista participó de una investigación que demostró que Marruecos, Mauritania o Túnez, con el apoyo de España y la Unión Europea, realizaban traslados y abandonos sistemáticos en el desierto de migrantes que eran detenidos en las costas y trasladados a la fuerza en autobuses a puntos muy lejanos del interior del norte de África. La Unión Europea lleva años externalizando el control migratorio a países que no respetan los derechos humanos. Estos gobiernos tratan a las personas en tránsito y a sus poblaciones con un desprecio absoluto y una brutalidad extrema. Gracias a estas prácticas, los cruces irregulares a España desde África se redujeron un 42,6% en 2025, una tendencia a la baja que se mantenía en la primera mitad de 2026 con un descenso adicional del 24,7% a 15 de julio, según datos de Interior.

Estas conversaciones tenían lugar cuando la cifra de personas que había cruzado a Ceuta todavía no superaba las 1.500 personas. Me faltaba mucha información pero después de 10 años dedicándome exclusivamente a temas migratorios no me cabía duda de que esa entrada excepcional no respondía a un proceso migratorio convencional. El histórico no engaña, expliqué en directo en la COPE, recordemos el caso de la entrada repentina de más de 10.000 personas en Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo de 2021. Esto no es migración, esto es el resultado de una estrategia de manipulación y presión que utiliza a la población marroquí como arma arrojadiza. 

El jueves se producía la marcha sobre Ceuta. Interior estima en 72.000 personas las que llegaron. Pero como sucedió en 2021 en pocas horas se habían vuelto casi todas a Marruecos dejando a unas 2.000 personas en el lado español y, según los últimos datos oficiales, un mínimo de 100 personas muertas, que sin duda serán muchas más porque nunca tendremos los datos reales de cadáveres recogidos por Marruecos y totales de desaparecidos. 

¿Quién consiguió movilizar a todas esas personas para que se unieran en una marcha mortal? Los empresarios del miedo. No se trata de un proceso específico sino de una estrategia cuidada que lleva varios años intoxicando a nuestras sociedades con el fin de controlarlas. Denominar crisis migratoria a una invasión civil temporal es producto de esa intoxicación. Lo que ha pasado en Ceuta es un proceso de presión política que ha conseguido desestabilizar nuestra soberanía y tensionar a nuestro Gobierno. Lo lógico habría sido unirnos todos, como en el Mundial, y responder de forma unánime a este ataque. Pero en lugar de abrir el debate legítimo sobre cómo la Unión Europea tiene que proteger las fronteras respetando el derecho internacional y reforzando la unión para evitar este tipo de acciones, hemos acabado debatiendo sobre si España es mora o cristiana. Eso nos deja a los pies de los caballos a nosotros pero también a todos los países fronterizos de la Unión. 

¿Cómo sería la respuesta y el debate si 50.000 civiles ucranianos marcharan de forma temporal sobre Polonia? ¿O si cruzaran 50.000 civiles desde Libia a Italia? 

Y mientras la mayoría nos estremecemos con el dolor de una población sometida al régimen inhumano de nuestro vecino, al que nuestros gobiernos nacional y europeo financian, el pequeño grupo de empresarios del miedo disfruta de los titulares que le permiten seguir socavando de a poquito nuestras democracias. Las personas separadas somos más manejables. 

Tristes somos más susceptibles de ser sometidas. ¿Qué podemos hacer contra eso? Lo más importante es entender bien de dónde viene y ser conscientes de que nos están manipulando. Como dice el veterano senador independiente estadounidense Bernie Sanders: “They have the money. We have the people” (“Ellos tienen el dinero. Nosotros tenemos a la gente”). No podemos dudar de que somos más. A partir de ahí tenemos que construir nuestra resistencia con mucha cabeza. Los 17 puntos del manifiesto de George Lakoff son una buena inspiración a este respecto. 

Añado de mi cosecha lo que le comentaba a mi amiga Aurora el otro día: “Descansar es una forma de activismo”. Nos quieren cansadas, tristes, hiperconectadas y desorientadas. No lo permitamos. No estar enganchadas a las noticias no implica no ser conscientes de que tenemos mucha lucha por delante. Tampoco es una forma de negar las injusticias. Es una herramienta para recargar energía, para volver al tajo recuperadas, fuertes y llenas de amor. El amor es lo más punk y subversivo que hay en estos momentos. El amor es el acto político con el que acabaremos con los empresarios del miedo. Y lo haremos, porque somos más y vamos a ganar.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El bloqueo de Internet de 88 días demostró cómo la represión digital es una estrategia estatal para contener a la población mientras la atención internacional permanece concentrada en la guerra regional. Este bloqueo se dio en medio de las protestas del 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, motivadas por el deterioro económico, que rápidamente se extendieron a todos los sectores de la población, tanto en las zonas urbanas como en las periféricas.

En respuesta, el gobierno del Ayatolá Jamenei recurrió a una combinación de violencia generalizada y represión digital bajo una retórica del enemigo externo en la que los manifestantes fueron presentados como mercenarios de potencias extranjeras. Según un informe de la agencia de noticias HRANA, las movilizaciones tuvieron como resultado el fallecimiento de alrededor de 6.488 civiles, las más mortíferas hasta ahora.

Desde las protestas de Mujer Vida y Libertad desencadenadas por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini bajo la custodia de la Policía de la Moral, en septiembre de 2022, por el “uso incorrecto del hiyab”, hasta las recientes protestas económicas de 2025-2026, las autoridades iraníes han sostenido un patrón de convertir la movilización social pacífica en un asunto de seguridad nacional.

El contexto actual de confrontación con Estados Unidos e Israel tras la guerra de los doce días de junio de 2025, brindó a las autoridades iraníes las condiciones para intensificar el aparato de represión digital, una estrategia basada en la vigilancia, la censura, la manipulación de la información, el bloqueo de internet y la persecución selectiva de usuarios en línea.

En enero de 2026 se renovó por dos años el mandato para la Misión Internacional de Investigación Independiente sobre Irán de Naciones Unidas. En su investigación del 13 de marzo de 2026, declaró que las detenciones masivas, el encarcelamiento, la persecución por motivos de género, la desaparición forzada, la tortura y el uso de la pena de muerte constituyen crímenes de lesa humanidad.

El gobierno iraní ha reforzado el marco legal para aplicar las sentencias. Por ejemplo, en 2020 clasificó el espionaje para Israel como el delito de “guerra contra Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz), ambos castigados con la pena máxima. Entre los casos más conocidos se encuentran el del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, condenado a 26 años de prisión por participar en las manifestaciones de “Mujer, Vida y Libertad”, o el de las defensoras de derechos humanos Sharifeh Mohammadi y Pakshan Azizi, condenadas a muerte por “rebelión contra el Estado” (baghi).

Asimismo, la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, ha sido juzgada por su activismo. Organizaciones de derechos humanos como Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran y Center for Human Rights in Iran han continuado documentando el incremento en las ejecuciones de presos políticos. De acuerdo con Amnistía Internacional, se llevaron a cabo 2.707 ahorcamientos en 2025, con un incremento de 78% respecto al año anterior.

Organizaciones dedicadas al monitoreo global de internet como el Open Observatory of Network Interference (OONI), Filterwatch o NetBlocks han monitoreado la conectividad en Irán. El gobierno iraní recurre sistemáticamente al bloqueo del acceso a Internet durante episodios de agitación política; la primera vez se registró en los levantamientos de 2019 y después durante las movilizaciones masivas por la muerte de Amini. Durante el conflicto de junio, la restricción fue total por dos semanas, y durante las últimas concentraciones se impuso desde el ocho de enero al 26 de mayo, el más largo registrado hasta ahora.

En este caso, de acuerdo con Filterwatch, Teherán estableció un “modelo de cierre híbrido”, caracterizado por restricciones localizadas y parciales de la conexión –especialmente en las zonas de protestas– y por la degradación prolongada del servicio. Además, en otro informe explica cómo las mujeres han sido hostigadas y amenazadas por el incumplimiento del código de vestimenta mediante el reconocimiento facial de las cámaras de seguridad.

La Red Nacional de Información (NIN) funciona como una infraestructura de Internet autónoma controlada por el Estado, que permite interrumpir el acceso a la conexión global mientras mantiene operativa la red nacional. De este modo, los servicios financieros y administrativos estatales siguen operando, mientras plataformas digitales como Google, WhatsApp, así como recursos alternativos de conectividad, como las VPN o el Internet satelital, son bloqueadas.

En un panorama de profunda crisis socioeconómica y una creciente deslegitimación del régimen islámico, el futuro de las movilizaciones sociales en un escenario posguerra es incierto, debido a que no existe un movimiento homogéneo ni organizado. El caso iraní muestra que el control del ciberespacio es una extensión de la estrategia de seguridad con un elevado costo de la guerra para la población iraní: limita el acceso a la información dentro del país y legitima la criminalización de las protestas.

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Jessica Monroy García es experta en Oriente Medio y analista de la Fundación Alternativas

Cuando Broncano preguntaba en La Revuelta si sus invitados se consideraban más machistas o más racistas, siempre pensaba lo mismo: la discriminación más universal, que más atraviesa a nuestra sociedad y sobre la que todos deberíamos revisarnos se llama gordofobia.

Gordófobas somos todas y todos. Lo somos con las demás personas y también con nosotras mismas. La gordofobia no distingue entre izquierdas y derechas, hombres y mujeres, personas blancas o racializadas, heterosexuales o miembros del colectivo LGTBIQ+, niños o adultos, ricos o pobres. Nos atraviesa a todes. Está en las instituciones, en las familias, en los colegios, en los trabajos, entre amistades y en conversaciones que repetimos sin cuestionarlas.

El fascismo corporal está tan normalizado que apenas somos capaces de reconocer la violencia y gravedad que implica. Hablar con desprecio de las personas gordas o atribuir automáticamente virtudes a los cuerpos delgados responde a la misma lógica que otras formas de discriminación, como considerar que un color de piel es superior a otro. No aceptar la corporalidad de una persona gorda es igual de deleznable que no respetar la orientación sexual de una persona homosexual. Insistir en que una persona modifique y adelgace su cuerpo a toda cosa es igual de horrible que las terapias de conversión en el colectivo LGTBIQ+. Porque en ambas se parte de la misma base: que esa persona está mal y tiene que cambiar. Se trata de no aceptar a las personas por su corporalidad, se trata de modificarlas a toda costa, se trata de mutilarlas, maltratarlas, insultarlas, avergonzarlas, culparlas y odiarlas.

En el último episodio de la temporada del podcast Nadie hablará de nosotras, basándose en el libro Irreductibles, de la filósofa Kate Manne, se recordaba cómo está demostrado que el peso en los menores es el sesgo más habitual de acoso escolar. También ejercido por el propio profesorado. Manne además señala que hay estudios que demuestran que el colectivo que más asco moral produce es el de las personas gordas, solo detrás de las personas drogodependientes, un grupo altamente estigmatizado.  

No tener un cuerpo delgado es una tortura en esta sociedad. Una tortura desde la infancia, pasando por la adolescencia y la adultez. Cada día hay historias más desgarradoras sobre las infancias y la adolescencia relacionadas con el malestar más absoluto que supone habitar cuerpos que no son delgados en esta sociedad.

No ser delgado te sitúa en el ostracismo. Y ahora más que nunca con la avalancha de los medicamentos basados en la semaglutida o los agonistas del receptor GLP-1. Ignorando todos los efectos secundarios que producen, desde el corto plazo (como los problemas gastrointestinales) o a medio plazo (como depresión, calvicie, problemas de vista, páncreas, pérdida de masa muscular y ósea) y los que tardarán por salir… Es tan difícil y tan agotador habitar un mundo que odia a las personas gordas que todo el mundo se está pinchando. La estrategia de esta industria farmacéutica está siendo tan abrumadora que incluso están pagando a influencers gordas y activistas del body positive para que usen los fármacos y vayan cambiando el foco y la narrativa.

Esta maniobra de marketing es tan atroz como si todo el colectivo LGTBIQ+ se estuviera pinchando de repente una inyección para volverse hetero. ¿Qué nos parecería? La inmensa mayoría entenderíamos que el problema nunca ha sido la orientación sexual, sino la discriminación que sufre el colectivo. Que nuestra labor como sociedad es que todas las personas merezcan respeto, que luchemos por sus derechos y por la diversidad, no por hacer desaparecer a un colectivo. Pues eso es lo que está pasando con las personas gordas. Entiendo, conozco y transito el estigma, el dolor y el sufrimiento, pero en lugar de atender la diversidad corporal y seguir luchando por una sociedad que avance en respeto y tolerancia, desaparecemos.

Las personas delgadas no son mejores que las personas gordas. Las personas delgadas no son más saludables que las personas gordas. Las personas delgadas no se cuidan más que las personas gordas. Las personas delgadas no comen mejor que las personas gordas. Las personas delgadas no hacen cosas bien y las personas gordas no hacen las cosas mal. El cuerpo, por sí solo, no nos dice nada de los hábitos de nadie.

Solo reconociendo como sociedad que hablar de la delgadez como símbolo de estatus es violencia, podremos empezar a reparar tanto el daño individual como colectivo que hemos causado durante décadas. Si de verdad queremos que las infancias dejen de sufrir, tenemos que dejar de vanagloriar y felicitar el adelgazamiento.

Si de verdad como sociedad queremos que disminuyan los trastornos de conducta alimenticia, hay que dejar de usar la salud como mantra contra los cuerpos gordos. O podemos seguir haciéndolo. Pero sabiendo que esa bandera, aunque sea de la salud, es una coartada rodeada de violencia, maltrato, discriminación y opresión.

No es una exageración. No es por salud. Solo es violencia. Y la negación de la violencia es más violencia.

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Ana Martínez Villar es consultora de comunicación y socia de infoLibre.

“¡Examen!, tomad nota de las preguntas”, los niños cogen sus lapiceros al escuchar al maestro: “las ingles, su importancia geográfica, ¿son verdad las ingles?, historia de las ingles, las ingles en la antigüedad, las ingles de los americanos...”. En esta recordada escena de Amanece que no es poco, Paco Hernández se dobla a sí mismo para dar vida a Don Roberto, el maestro, y mostrarnos a golpe de surrealismo los contornos de la realidad. Ante unos milicianos estupefactos, el maestro les hace a los alumnos un examen delirante, que nos hará recordar el absurdo de los temarios que sufrimos de niños. Aunque, siendo sinceros, ¿no sería magnífico que supiéramos de la importancia geográfica de las ingles y de su historia?

La reciente noticia de la prohibición de baño en las piscinas públicas de Burgos a unas mujeres musulmanas que vestían el burkini nos pone, en este verano surrealista que atravesamos, en la senda de la respuesta. Porque, en efecto, la importancia de las ingles debe ser trascendental cuando en nuestro país parece obligatorio que una mujer las muestre para poder bañarse en una piscina. Y considerando la localización geográfica de las partes del cuerpo, diríamos que cuanto más alejadas del centro estén, más impertinente sería su ocultación: en las piscinas cristianas una rodilla o un codo serían de exhibición forzosa y no digamos nada de las muñecas o los tobillos.

Bibliotecas enteras se han escrito sobre la antropología del vestido y la desnudez, recordándonos que la vestimenta no surge por necesidad sino que nace del pecado. El ser humano sólo advirtió que debía taparse después de comer el fruto del árbol prohibido (que según dilectos especialistas se habría tratado de un higo y no de una manzana; también hay bibliotecas sobre esto) y ofender a Dios. Lo relevante es que la cubrición del cuerpo, inédita en el mundo animal, tiene desde siempre un sentido moral y no sólo utilitarista; ni siquiera estético, y esto es fundamental.

El vestido aporta una perspectiva estética vinculada al yo: elegimos la ropa para gustarnos a nosotros mismos y trascender la imagen que deseamos; el vestido somos nosotros. Pero la óptica moral nos impone un vínculo a los demás y eso nos hace desaparecer: nuestro vestido es la mirada del otro. En una perspectiva estética, el juicio sobre nuestra indumentaria nos corresponde sólo a nosotros, que diremos si es bonita o fea; sin embargo, cediendo al juego de la moral, entregamos el juicio sobre nuestra vestimenta a los demás mientras nosotros, convertidos en simples perchas, desaparecemos.

Al introducir este componente bidireccional de la mirada, sobre el cual tanto nos habló John Berger, el debate se vuelve apasionado porque el sentimiento de quien observa no suele coincidir con el sentimiento de quien es observado, y aquí es inevitable la ruptura. La discusión se nos presenta con perfiles radicales, con poco lugar a la transacción, centrada en analizar a quién le damos preferencia. Y no es sencilla la respuesta, porque la mirada pertenece al observador aunque, sin embargo, la libertad de elegir lo que se mira pertenece al sujeto observado.

Las luchas en torno a la mirada del cuerpo son tan antiguas como la vida misma. En los últimos siglos, la moda ha ido evolucionando a golpe de controversia, dando siempre preferencia a la libertad y al coraje de quien decidía qué vestir, con atrevimientos que fueron imponiendo un cambio en la mirada del observador, inicialmente siempre airada. Con los matices propios de las diferentes culturas, en Occidente hemos visto cómo los cuerpos se fueron liberando, ofreciendo a la mirada zonas antaño erógenas o impúdicas. Y hoy, gracias a aquellas luchas, nos satisfacemos en haber superado una moral antigua que se escandalizaba del cuerpo de la mujer; en haber olvidado aquellos viejos escándalos de quienes siempre veían en las mujeres demasiado escote, demasiada pierna, demasiado desnudo para su anquilosada mirada. Esta es nuestra victoria.

Sin embargo, la noticia sobre las piscinas de Burgos ha venido a invertir de forma sorprendente la polémica tradicional, dándole la vuelta como un calcetín insólito: de repente, el revuelo no lo aportan unas mujeres demasiado desnudas en una piscina, sino unas mujeres demasiado vestidas. La polémica, que de nuevo no está en el vestido sino en la mirada que se posa sobre él, nos pone ante el espejo de nuestras propias contradicciones, al demostrarnos que el supuesto avance de la moralidad no nos ha traído una ampliación del campo de juego sino únicamente el traslado del marco de la mirada permitida de uno a otro lado; de esta forma, corremos el riesgo de ser tan intolerantes como aquellos a quienes criticamos.

Piénsenlo por un momento. Muchos países impiden que las mujeres muestren el ombligo y aun el cabello en la vía pública; es una prohibición deleznable, que no tiene explicación ni disculpa alguna; son unas dictaduras que no respetan los derechos humanos. Ahora piensen en un hombre o una mujer que aterrizara en Madrid llevando por todo vestido un collar de perlas; no saldría de la terminal del aeropuerto. Diríamos que es obvio, que sería una locura dejarles pasear desnudos por la Puerta del Sol. Y ciertamente, es obvio. Pero ¿por qué? La explicación de la obviedad no resulta tan obvia.

La explicación es la misma tradicional de siempre: no les dejaríamos pasear porque ello escandalizaría nuestros sentimientos. Pero aquí ya nos adentramos en honduras insondables; la ofensa a los sentimientos es un concepto que se ha usado y abusado incluso en derecho penal como reducto atávico de nuestra carcundia.

Hay muchas cosas que ofenden mis sentimientos: ver a familias en la calle por no poder pagar un alquiler, ver a cardenales proteger a agresores sexuales, ver al alcalde de Madrid arrasar las miserias de los desahuciados... Supongo que a muchos judíos ofende que haya gente que trabaje el sábado, y a muchos musulmanes les ofenderá ver al obispo de Córdoba ofrecer misas en su mezquita. Pero estos sentimientos no se nos protegen hasta el punto de prohibir los comportamientos que los ofenden; sin embargo, hay otros sentimientos que sí se protegen hasta tal extremo. ¿Por qué?

La ofensa a los sentimientos que entendemos intolerable es aquella que remitimos a una valoración supraindividual en la cual nos reconocemos como colectivo. Aquí está el reto: los sentimientos que no se pueden ofender impunemente son los de la mayoría; los de la minoría serían, así, despreciables. Esa es la razón por la cual en España, que considera delito la ofensa a los sentimientos religiosos, se tiende a identificar estos con los de la religión católica, que gestiona nuestra moral mayoritaria. De ahí que este delito sea oprobioso, de pura rémora, al impedir el avance de la sociedad frente a una moral reactiva por naturaleza. Y mucho más oprobioso, diríamos, cuando se pretende equiparar esta identidad moral a una identidad nacional, en una aproximación letal para las minorías y los extranjeros.

Lo grave es que, con este enfoque nocivo, reconducimos al juicio de la mayoría no sólo la valoración de lo correcto sino la identificación de lo auténtico; no sólo lo que es ideal sino también lo que es propio. Y aquí está el germen de la xenofobia, al imponer la mirada como instrumento para identificar al nuestro y separarlo del otro por un simple juego de mayorías.

De esta manera, el cálculo moral se ve contaminado por un análisis estadístico de porcentajes: una mujer no puede pasear desnuda por las calles españolas porque ofendería a la mayoría de la gente con la que se cruzara; pero podría pasear enseñando el ombligo porque ofendería a muchos menos. Bien, parece una conclusión razonable. El problema es que este mismo juego estadístico, donde dejamos que la mayoría dicte la mirada permitida, nos resulta, con toda la razón, intolerable cuando lo vemos aplicado en otros países como Irán, Afganistán o Marruecos.

En fin, lo más importante de todo es la libertad. Imponer un dress code ¡y no digamos ya un undress code! en ámbitos públicos puede resultarnos cómodo para tranquilizar nuestras conciencias y acallar inquietudes pacatas, o incluso para identificar a los nuestros frente a quienes tenemos por extraños; pero, como digo, nos confronta a nuestras incoherencias. Dando siempre por supuesto el ejercicio de la soberanía individual, deberíamos rescatar el componente estético y no moral del vestido, y priorizar la libertad del sujeto observado frente a la mirada de los observadores. Así que si hay mujeres que, siguiendo su libertad y las normas de su propia pudicia, no desean exhibir sus ingles ni sus rodillas a la mirada ajena y, aun con todo, desean tomarse un baño en una piscina pública, deberían poder hacerlo.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal.

El pasado 7 de julio de 2026 marcó un antes y un después en la historia de los derechos humanos y la salud. Porque no es lo mismo reclamar atención política, financiera y médica por una enfermedad olvidada que denunciar la violación de un derecho fundamental y humano. Esa es la diferencia después del 7 de julio.

La noticia debería haber llegado por altavoces a cada una de las más de mil millones de personas afectadas en el mundo por una o varias de las 21 enfermedades tropicales desatendidas (ETD), según la clasificación de la ONU. Es una lista larga donde resuenan algunas como la leishmaniasis, la lepra, la filariasis linfática o el Chagas. La mayoría de estas dolencias comparten rasgos de exclusión, estigma y discriminación. Suelen causar estragos en entornos de pobreza, poblaciones tradicionalmente olvidadas y con un fuerte impacto en mujeres y niños.

Si algunas de ellas, como la enfermedad de Chagas, antes estaban muy localizadas en sus zonas endémicas rurales por la presencia del vector transmisor, hoy son una realidad y un problema de salud global y hasta urbano por los movimientos migratorios y los cambios climáticos. Solo en España se estima que puede haber 80.000 personas con la enfermedad de Chagas, que, además, puede transmitirse de madre a hijo.

Y, a partir del pasado 7 de abril, las ETD son algo más: son materia de derechos humanos. Ergo, no tratar debidamente estas enfermedades será una violación de los derechos humanos y no solo un problema de negligencia sanitaria o política.

La resolución aprobada recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue impulsada por un grupo de países africanos liderado por Malawi. Asimismo, contó con el apoyo de decenas de organizaciones.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó en 1948, al final de un mundo en guerra. El artículo 25 —de un total de 30— se refiere directamente al derecho a la salud. A falta de un informe que detalle en qué consistirá la inclusión de las ETD en los derechos humanos, podemos anticipar un impacto en el fortalecimiento del trabajo de incidencia de los grupos y asociaciones de personas afectadas. Porque no es lo mismo reclamar la falta de atención médica que denunciar la violación de un derecho humano legalmente respaldado. Ese es el punto que marca un antes y un después del 7 de julio.

Para quienes investigan —entre los que hay miles de españoles y españolas—, para quienes dan formación y para quienes desarrollan herramientas terapéuticas y logísticas contra las ETD, estamos en un tiempo nuevo. No solo trabajan por una cuestión de justicia y equidad en salud, sino por un derecho humano oficialmente reconocido.

Y hasta aquí la parte naíf de la noticia. Porque, sinceramente, ¿quién cree que los Estados estén ahora mismo temblando por la noticia? ¿Creen que están calculando los recursos y compensaciones millonarias que tendrían que abonar a cada persona que no haya sido tratada apropiadamente de una ETD? ¿Alguien se imagina ver condenado al Gobierno de un país por no dedicar más atención al compromiso de eliminar las ETD? Imaginen a Donald Trump y Elon Musk riéndose juntos. A que da mucha grima.

Bien es cierto que, en materia legal, no es lo mismo un problema de salud pública que uno de derechos humanos. Este tipo de derechos son inalienables y pertenecen a cada una de las personas.

Stalin —vaya personajes que se están viniendo a este artículo—, según dicen, inventó aquella frase de que “la muerte de mil millones de personas es solo una estadística, pero la muerte de una puede ser una desgracia”. Él sabía de esas cosas. En parte, la resolución de la ONU les cambia el nombre a las enfermedades desatendidas: ya no son «helmintiasis, filariasis, pian u oncocercosis». Ahora se llaman Yusuf, Amelia, Ibrahim, Wole o Chantal. Atenderlas no es solo un deber de salud pública, sino un derecho de Yusuf, Amelia, Ibrahim, Wole o Chantal. Un derecho de cada uno de nosotros.

No es tiempo de hacerse muchas ilusiones. Otra vez, nos encontramos en un mundo en guerra, con una financiación creciente hacia el sector armamentístico y un recorte fundamental a la ayuda en salud global —échenle la culpa a Trump y Musk, pero miren cómo les siguen muchos otros—.

Y, sobre los derechos humanos, solo hace falta ver lo que está ocurriendo en Gaza, frente a nuestros ojos, así como en otras partes del mundo, al norte, sur, este y oeste. Si buscan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, encontrarán un papel carbonizado o esparcido en añicos. Y ya las violaciones de tales derechos ni siquiera se enmascaran ni disimulan. Al menos, todavía.

Estamos en el “todavía”, en uno de los peores momentos para los derechos humanos. Así que la aprobación de que las ETD formen parte de ellos parece más bien el regalo envenenado de un banco en quiebra que elige a un incauto director sin informarle del estado de las cuentas.

Pero el tiempo pasa y los muertos pesan. Veremos la vuelta a la cordura, en ese ciclo pendular incesante del ser humano entre la violencia y el sentido común; entre lo mío y lo de todos. Volveremos a la idea del todos, al «otro mundo posible». Volveremos a leernos cada artículo de los derechos humanos como si fuera la única frontera del mundo. Entonces, alguno preguntará: «¿Cómo llegamos a consentir aquello?», como se preguntan en silencio tantos millones que supieron antes y no hicieron nada.

Lo importante será que, cuando llegue ese día, en los artículos de la Declaración estarán ya las ETD, donde siempre debieron estar, con la cara, los ojos y la boca de cada una de las personas afectadas, pero por fin atendidas. Por una mañana, por una tarde, la del 7 de julio, no se nos prohibió soñar. «Pasó una mañana, pasó una tarde. Fue el día primero».

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F. J. Sancho Mas es periodista y escritor. Es experto en temas de cooperación internacional y salud global.

La decisión del Gobierno de retirar la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera es un acto de justicia institucional que interpela directamente a la profesión sanitaria y recuerda una lección que nunca debería olvidarse.

Vallejo-Nájera no fue únicamente uno de los principales referentes de la psiquiatría española durante el franquismo. Sus postulados sobre el denominado “gen rojo” pretendieron otorgar apariencia científica a una persecución política e ideológica. Bajo una falsa legitimidad médica, presentó el compromiso con los valores republicanos como una supuesta expresión de inferioridad moral y biológica, contribuyendo a construir un discurso que justificó la represión de miles de personas.

Aquellas teorías no quedaron encerradas en los libros. Alimentaron políticas de exclusión, legitimaron la separación de hijos e hijas de mujeres republicanas encarceladas y contribuyeron a patologizar la disidencia política. La psiquiatría dejó de ser una herramienta para comprender y aliviar el sufrimiento humano para convertirse, en determinados momentos, en un instrumento de control social.

La historia demuestra que la deshumanización empieza cuando determinadas personas dejan de ser consideradas sujetos plenos de derechos y pasan a ser clasificadas como amenazas, desviaciones o vidas de menor valor. Cuando ocurre, el conocimiento científico deja de servir a la verdad para convertirse en un mecanismo de poder y legitimación de la violencia.

Por eso, retirar esta condecoración no constituye un gesto simbólico sin consecuencias. Supone reconocer el daño causado a las víctimas y asumir que las instituciones democráticas tienen la responsabilidad de reparar aquellas decisiones que otorgaron prestigio y reconocimiento público a quienes contribuyeron a vulnerar derechos fundamentales.

La ética profesional exige mirar de frente ese pasado. Ninguna disciplina científica está inmunizada frente a la manipulación ideológica. Actuar como figura de autoridad en nuestro ámbito de conocimiento conlleva una enorme responsabilidad, precisamente porque sus consecuencias trascienden los laboratorios y las consultas para influir en las leyes, en las acciones políticas y en la vida de las personas.

La autoridad profesional no puede convertirse en coartada para legitimar decisiones políticas que despojan de derechos a una parte de la población, cuando el discurso científico se pone al servicio del poder y termina legitimando desigualdades, discriminaciones y vulneraciones de derechos que, de otro modo, resultarían inaceptables.

La retirada de la Gran Cruz a Antonio Vallejo-Nájera envía un mensaje claro: la excelencia profesional nunca puede desligarse de la ética y de respeto a la dignidad humana. La memoria de las víctimas merece reparación, pero también merece una sociedad capaz de recordar que la ciencia solo cumple plenamente su misión cuando protege derechos, nunca cuando contribuye a negarlos.

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Vanessa Vilas-Riotorto es socia de infoLibre.

Un total de 1.174.978 inmigrantes han solicitado acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno y más de un 50% de las peticiones (608.000) ya han sido admitidas a trámite, lo que conlleva la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar en España.

Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facilitados a EFE, que indican que el 67% de los solicitantes son personas procedentes de América Central y América del Sur.

Colombia es el país de origen con más solicitudes al concentrar el 26% de las mismas, seguido de Marruecos (13,4%), Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%). Las comunidades autónomas donde se ha registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000, seguida de Madrid (202.000), Comunidad Valenciana (167.000) y Andalucía (161.000).

En un mensaje de vídeo remitido a los medios, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha subrayado que la medida extraordinaria va a permitir que "cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza".

"Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito en nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos", ha celebrado la ministra.

El plazo de solicitudes se ha prolongado desde el pasado 16 de abril hasta el pasado martes, 30 de junio, entre demandas de los impulsores de la medida, algunas entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos de ampliar este periodo por considerar que no era suficiente debido a las trabas burocráticas encontradas.

La medida, que aprobó el Gobierno en forma de real decreto, surge de una iniciativa legislativa popular (ILP) que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas pero quedó bloqueada en la Cámara Baja por falta de acuerdo parlamentario.

Podían presentar su solicitud todas las personas migrantes que estuvieran viviendo de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevasen al menos cinco meses residiendo en el país, así como todo aquel que hubiera solicitado asilo antes de la misma fecha, siempre que no tengan antecedentes penales.

Cuando la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, coordinada por Jacques Delors, entregó a la Unesco La educación encierra un tesoro (1996) estaba mostrando un compendio de ilusiones transformadoras para el mundo educativo de todo el mundo. Sus capítulos así lo demuestran: la educación o la utopía necesaria; de la comunidad de base a la sociedad mundial; de la cohesión social a la participación democrática; del crecimiento económico al desarrollo humano; los cuatro pilares de la educación; la educación a lo largo de la vida; de la educación básica a la universidad; el personal docente en busca de nuevas perspectivas; el papel del político es tomar decisiones en educación; la cooperación internacional para educar en la aldea planetaria. Argumentos todos ellos que entonces eran enunciados en forma de utopía realizable; de esperanza en cambiar el mundo mediante la educación.

Desde entonces han transcurrido 30 años; parecen siglos de retroceso en Gaza. UN News nos expresa con claridad lo que es evidente para quienes quieran mirar y escuchar. “La guerra ha devastado el sistema educativo de Gaza, dejando a unos 700.000 niños sin acceso a la escuela formal. Más del 90% de las infraestructuras escolares han sufrido daños totales o parciales, y muchas se utilizan como refugios para personas desplazadas. Ante esta crisis, la enseñanza se imparte principalmente de forma improvisada en tiendas de campaña y espacios seguros”. “El colapso de la educación en la Franja ha supuesto una pausa forzada y drástica para una sociedad que históricamente destacaba por sus altísimos índices de alfabetización”.

La sociedad internacional asiste muda a la evolución de la destrucción física y emocional de las personas que habitaban un lugar antes llamado Gaza; desconozco cómo lo podríamos citar ahora, ya que parece que no existe. En algún lugar lo he visto nombrado como campo de exterminio; en otros, como el estercolero de la ética internacional. Podrían asignársele muchos calificativos, todos penosos.

La educación supondría un tesoro para los niños y las niñas gazatíes. Para ello sería necesario, sigo con las cifras que facilita UNRWA, no Hamas, reconstruir las infraestructuras escolares dañadas; la gran mayoría requerirán reconstrucción total o rehabilitación profunda antes de poder operar de forma normal, si ocurriese esa utopía. Porque es penosa la imposibilidad de utilizar las aulas, desde Unicef y la Unesco se han empeñado en que las clases se reanuden. Eso sí, buscando los pocos sitios seguros o habilitando tiendas de campaña. En ambos casos, se prioriza el apoyo psicosocial y emocional antes que la búsqueda de acumulación de conocimientos.

Sepamos, que no lo sentimos apenas, que varios organismos internacionales advierten sobre el riesgo de una generación "perdida". No solamente son años de no aprendizaje (el impacto académico); miles de estudiantes y docentes han muerto o resultado heridos durante el conflicto. Aun así, a pesar de los grandes bloqueos del invasor Israel y los desafíos logísticos que la situación implica, varias agencias humanitarias han comenzado a distribuir kits escolares con cuadernos, lápices y otros elementos básicos para mantener una rutina de aprendizaje. ¡Con qué poco se puede hacer mucho! Esos kits parecerían una miseria en nuestra rica y olvidadiza Europa.

Además, la escuela de aprendizaje sin escuelas estables ha sido, en los territorios invadidos, la nada ardiente y constantemente castigada con bombardeos y deportaciones. Por allí deambulan personas cargadas de odios y belicismo. Sin duda, será una generación poco estimulada hacia la paz; una quimera en un lugar abandonado por todos. Todo esto tiene unos responsables: los terroristas de Hamás, que encendieron la espita, y el Gobierno de Israel, que estaría esperando un detonante para animarse al genocidio. Todo esto en un idilio entre los presidentes de Israel y EEUU que muestra, al menos por lo que se ve, ruindades de todo tipo. Muy mal si se hace con todos los habitantes; un crimen de lesa humanidad si los perjudicados son los niños y las niñas. Nos queda comparar lo manifestado por el equipo de J. Delors con la educación en Gaza, también en el Líbano y en Cisjordania. Un informe internacional liderado por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) estima que los niños y niñas de Gaza habrán perdido el equivalente a cinco años de educación debido a los repetidos cierres de escuelas desde 2020, primero por la covid-19 y luego por la invasión israelí.

La ilusión perdida, la desesperanza casi unánime, es ahora mismo una fractura humanitaria que apenas molesta a las llamadas democracias. Estas permiten la participación de Israel en eventos internacionales sin pedirle, por lo que se ve, nada a cambio. Al menos como contrapartida a su admisión a Eurovisiones y campeonatos deportivos, serían exigibles unos altos en la contienda. Aunque solamente fuese a título de recordatorio. Las democracias de la UE, España también, comercian a escondidas con empresas israelíes; las patatas del gran supermercado de España procedían hasta hace poco de ese país. Puestos a recordar, nos viene a la memoria cuando el mandatario americano, señor Trump, se enfadó porque no se le concedía el Nobel de la Paz tras haber estimulado tantas guerras y atropellos internacionales. Me gustaría conocer qué sintió el jurado que se lo otorgó a la opositora venezolana cuando esta regaló la concesión al incentivador de los conflictos.

"Era verde el silencio, mojada era la luz, temblaba el mes de junio como una mariposa" (Pablo Neruda). “Después de cada guerra alguien tiene que limpiar, no se van a ordenar solas las cosas, digo yo” (Wislawa Szymborska). La guerra de las democracias se volverá contra las democracias. Ennegrece la ética de todos, por acción y por omisión. Porque la ceguera de quienes mandan la incentivamos todos; a ellos los colocamos los votantes. 

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Hace dos años, el Orgullo de Santa María de los Llanos (Cuenca) se llenó de asistentes ataviados con orejas de conejo. Apenas unos días antes, un vecino del pueblo había compartido en redes sociales su preocupación: "Estos días va a haber más maricones que conejos", se lamentaba. El municipio conquense, habitado por poco más de 600 personas, tiene una sobrepoblación de liebres, una suerte de plaga que afecta severamente a la comarca. La respuesta al disgusto expresado por el vecino fue masiva: "La gente del pueblo empezó a hacer manualidades y creó diademas con orejas de conejo para que todos fuéramos así".

Lo cuenta Noelia al otro lado del teléfono, orgullosa de la capacidad para transformar la hostilidad en combustible. Noelia vive en realidad en Pedro Muñoz (Ciudad Real), pero se encarga de coordinar, como parte de la Asociación Plural LGTBIQA+ Mancha Centro, movilizaciones y actos en distintos pueblos de la comunidad. 

La activista conoce bien las particularidades de organizarse en un mundo rural al que a veces no llegan los recursos, donde muchos desean no ser vistos y otros tantos esperan la oportunidad para señalar a quien tienen al lado. La entidad en la que participa ha conseguido, en los últimos años, llegar a siete pueblos –Villafranca de los Caballeros, Campo de Criptana, Herencia, La Puebla de Almoradiel, Santa María de los Llanos, Alcázar de San Juan y Villacañas–, pero en muchos otros se han topado con un muro infranqueable. "Se nos quedan pueblos en medio, como el mío", lamenta. A veces no basta ni todo el empeño del mundo. 

Noelia presume de ser visible en todas las esferas de su vida, no solo por el discurso que abandera, sino también por los símbolos de los que hace gala. Ella que trabaja con menores sabe bien de la importancia que tienen los gestos, los espejos donde uno pueda reconocerse y la imperiosa necesidad de construir espacios seguros para tender la mano a quien pueda necesitarlo. 

Contar con lugares seguros fue un salvavidas para Sergio. Forma parte de la Asociación Diversas, una organización que nace hace diez años en el norte de Tenerife. El activista trabaja en el Valle de la Orotava, una zona que comprende tres municipios: La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz. Sergio habita en el segundo y conoce a la perfección lo que es salir del armario teniendo que sortear las miradas de quienes hasta ese momento no se habían molestado en dirigirle la palabra. "Recuerdo perfectamente cómo se me perseguía al grito de maricón", comparte. Tenía 14 años y pocos alicientes para expresarse con la normalidad que habría deseado.

Pero sí contó con algunos sostenes. Apenas una semana después de salir del armario, el tinerfeño leyó una noticia en el periódico: su pueblo se declaraba municipio libre de LGTBIfobia. "Creo que mi adolescencia no habría sido igual si yo fuera de una gran ciudad, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que nunca he querido irme de aquí. El hecho de vivir en un pueblo donde estos temas se trabajaban me ayudó salir de esa espiral de odio". 

En Cedeira (A Coruña), la normalidad brotó en los bares, las plazas y los mercados gracias a un grupo de amigas decididas a organizarse. "Queríamos que pasaran cosas", resume Ánxela. Así que llenaron todos los "espacios de socialización" de banderas, charlas y recitales, hasta el nacimiento hace dos años del primer Cedeira Queer. "Ocupamos todo el pueblo, fue hermoso", recuerda hoy la activista. Aquel grupo de amigas construyó con sus propias manos la organización Mestas Cedeira.

Ánxela nació en el municipio costero de Muros, pero terminaría pasando gran parte de su vida en A Coruña, "un núcleo más grande en el que es más fácil pasar desapercibida". Hace cinco años que vive en Cedeira y desde entonces no ha dejado de pensar en la necesidad de crear algo tan sencillo y valioso como puntos de encuentro para la comunidad LGTBIQ+. Conoció a sus compañeras en un acto institucional a iniciativa del concello y enseguida prendió la mecha. "Fuimos a la llamada porque confiamos en encontrar a otras personas del colectivo. Surgió una amistad maravillosa y empezamos a planear cosas". 

La acogida fue inmediata: "Mucha gente del pueblo que no es del colectivo se acerca porque quieren aprender, escuchar y apoyar", presume la activista. También las personas mayores, especialmente fieles a las actividades que organizan. "Ver a dos señoras jubiladas en una charla sobre no monogamias y perspectiva LGTBI es una maravilla". 

Sobre iniciativas que nacen de encuentros informales saben algo Bebi y Claudia. Sus circunstancias son del todo extraordinarias: en la pedanía de La Alberguería (Salamanca) están censadas algo menos de medio centenar de personas, pero solo residen ellas dos. "Si el total de la población es gay, por qué no íbamos a tener nuestro propio Orgullo", relata Bebi. Así fue como nació el festival la Albergayría, sufragado en su totalidad por la pareja. 

La iniciativa caló entre los vecinos de los municipios colindantes. Hasta tal punto que "casi todo el mundo colabora voluntariamente, los negocios de alrededor donan bebidas, comidas y productos para el bingo". El pueblo se tiñe de arcoíris, batucadas, espectáculos drag y mucha reivindicación. Bebi confía en poder reeditar el éxito este año, incluso superarlo. "Que se vea que no pasa nada, que en las zonas rurales, incluso en la Castilla profunda, se puede vivir con libertad". 

Se trata, al fin y al cabo, de hacer más habitable la vida de quienes "viven en los márgenes de los márgenes", asiente Sergio. Y de allanar el camino a todo aquel que lo necesite. "Yo pasé de decirle a mi madre que era gay y que llorase sin parar, a ir acompañado de ella a las manifestaciones del Orgullo", zanja.

Vino a conquistar París, pero acabó convirtiéndose en el hazmerreír de la ciudad. Las imágenes del influencer estadounidense Clavicular, una de las figuras de la machosfera seguidor del looksmaxxing —un movimiento que promueve la optimización física extrema—, han inundado las redes sociales. Grabado en directo en las calles de la capital este fin de semana, va de terraza en terraza intentando ligar con mujeres, convencido de que su físico y su mandíbula —que se remodela, según explica él mismo, a martillazos— bastarán para que todas las parisinas caigan rendidas a sus pies. Al final, sufre una larga serie de rechazos, acaba declarando, incrédulo: “Todas deben de ser lesbianas”.

Aunque la derrota en directo de este manfluencer de 20 años, conocido por sus comentarios misóginos, pueda provocar una sonrisa, no debe ocultar un hecho: su ideología no deja de ganar terreno, también en Francia. Así lo constata el informe presentado el miércoles 24 de junio por la delegación de derechos de las mujeres del Senado. Titulado Masculinismo: la nueva ofensiva contra las mujeres, es fruto de siete meses de trabajo, un centenar de comparecencias y un análisis de contenidos en línea.

La primera conclusión de las ponentes es que el movimiento masculinista no se limita a una tendencia en redes sociales impulsada por unos pocos influencers, sino que constituye "un movimiento social y político que pretende acabar con los derechos de las mujeres y, en última instancia, desmantelar nuestros cimientos democráticos", estiman las senadoras. Y añaden: "Al atacar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, al intentar desacreditar constantemente la voz de las mujeres, al cuestionar derechos conquistados tras décadas de luchas y al exhibir una misoginia violenta y descarada, los movimientos masculinistas representan un riesgo real para nuestra democracia y nuestra cohesión social".

Las redes sociales son el principal altavoz de la machosfera. Sus discursos, por naturaleza muy polarizantes, son propensos a captar la atención y a ser amplificados por los algoritmos. Según un estudio de la Universidad de Dublín citado en el informe, un joven tardaría apenas 26 minutos en recibir recomendaciones de contenidos masculinistas en redes sociales.

"Entre el momento en que empezamos el informe y el momento en que lo entregamos, la proliferación se ha disparado. Teníamos la impresión de estar abordando un tema del mundo virtual y hoy es un asunto que forma parte de la vida de la gente", afirma a Mediapart la senadora socialista Laurence Rossignol, una de las ponentes del informe, junto con sus colegas Béatrice Gosselin, de Los Republicanos, y Olivia Richard, de la Unión Centrista.

"Lo que te cuentan las personas que tienen adolescentes es que un día su hijo les dijo que no iba a recoger la mesa porque no es una tarea de chicos. ¿Dónde ha oído eso? En las plataformas y en los vídeos de los influencers", señala la parlamentaria.

Apoyándose en los códigos del entretenimiento y de la cultura digital, los contenidos masculinistas —que pueden adoptar la forma de vídeos de musculación, piezas humorísticas o consejos de seducción— van modificando poco a poco la visión de las relaciones entre hombres y mujeres de quienes los consumen. Y se difunden progresivamente más allá de su esfera inicial de influencia, sin necesidad de una adhesión inmediata y total por parte de los jóvenes.

Un "veneno" que también entraña un riesgo de radicalización que puede desembocar en violencia. La amenaza terrorista masculinista es actualmente objeto de seguimiento por parte de los servicios de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), que tiene en el punto de mira a "una decena de individuos susceptibles de radicalización violenta", según el informe. Todos ellos menores de 21 años.

En julio de 2025, se frustró un atentado en Saint-Étienne, en el departamento del Loira. La Fiscalía Nacional Antiterrorista imputó a un joven de 18 años que se identificaba con el movimiento incel —el acrónimo de "celibato involuntario", una de las comunidades más radicales de la machosfera—, que proclamaba el odio hacia las mujeres, a las que responsabilizaba de la insatisfacción sentimental masculina.

Ante esta dinámica, las ponentes llaman a un "despertar de las conciencias" y formulan 24 recomendaciones. Entre ellas, la elaboración de una estrategia interministerial dirigida por una estructura única "encargada de la observación del masculinismo", cuya misión sería coordinar las "políticas públicas de prevención y lucha contra los movimientos masculinistas".

También piden "llevar al ámbito europeo la ambición de hacer frente al modelo económico de las plataformas y redes sociales", mediante una estrategia de desmonetización de los contenidos sexistas, misóginos y masculinistas, con el objetivo de privarlos de ingresos publicitarios. El informe recomienda, además, prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida defendida por el Gobierno.

Para Laurence Rossignol, el auge de estos discursos de la machosfera no tiene nada de espontáneo, sino que responde a un proyecto político: "Antes del segundo mandato de Donald Trump, se podía reprochar a las plataformas su desinterés por la regulación. A partir del momento en que todo Silicon Valley se alineó políticamente con Trump, la situación cambió: las plataformas pusieron sus algoritmos al servicio de este tipo de movimientos".

Ese enfoque coordinado entre distintos actores para defender una agenda política también ocupa un lugar central en un informe de Amnistía Internacional Francia (AIF), publicado el jueves 25 de junio. El documento se centra en los movimientos antigénero —de los que el masculinismo es una de las facetas— y que tienen "una ambición clara: menoscabar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ mediante diversos tipos de estrategias y medios", explica a Mediapart Lola Schulmann, responsable de incidencia en justicia de género en AIF.

El informe documenta cómo los derechos de las mujeres y la igualdad de género son cuestionados por distintos actores con el objetivo de rehabilitar las normas patriarcales y reducir el alcance de las políticas públicas de igualdad.

Toma como ejemplo la educación. Para el inicio del curso escolar de 2025 se elaboró y puso en marcha un programa de educación para la vida afectiva, social y sexual (Evars), dirigido al alumnado de Secundaria y Bachillerato. Esta iniciativa "generó una fuerte oposición por parte de colectivos como SOS Educación y Padres Vigilantes, que presionaron al Gobierno redactor del programa hasta conseguir la supresión de términos como transfobia", precisa el informe. Padres Vigilantes es una rama de Reconquista, el partido de extrema derecha de Éric Zemmour.

AIF recuerda asimismo que algunos masculinistas intentaron saturar de llamadas la línea 3919, destinada a atender a mujeres víctimas de violencia machista. Estos movimientos antigénero multiplican, además, los actos de violencia e intimidación contra asociaciones de la comunidad LGTBQIA+.

En Lyon, en marzo de 2026, un centro LGTBI fue objeto de una infiltración llevada a cabo por el colectivo Eros, que dice querer "luchar contra las derivas ideológicas woke y LGTBI". En Rennes, en mayo de 2025, otro espacio de este colectivo fue blanco de actos vandálicos, con pintadas insultantes, al igual que un local en Le Mans, según precisa el informe.

Otra ofensiva de los movimientos antigénero es el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos y, en particular, del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, "objeto de diversos ataques que combinan acciones locales, presiones políticas, campañas de desinformación y estrategias transnacionales".

En Estrasburgo, el centro de planificación familiar ha sufrido varios actos vandálicos, con la colocación de pegatinas hostiles contra los médicos que practican abortos. Durante los debates sobre la constitucionalización de este derecho, en mayo de 2023, se pegaron en bicicletas de París adhesivos con mensajes contra el aborto.

Todas estas acciones las llevan a cabo distintos grupos que comparten un mismo proyecto: cuestionar los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+. Además, cuentan con una financiación en constante aumento. El informe se apoya en cifras del Foro Parlamentario Europeo para señalar que Francia "sería el segundo país [europeo] con mayor financiación destinada a combatir la igualdad de género, con 165,7 millones de dólares, solo por detrás de Hungría, con 172 millones de dólares".

Uno de los principales actores en la financiación del movimiento antigénero, según AIF, es el multimillonario Pierre-Édouard Stérin, que "invierte masivamente en proyectos educativos, mediáticos y políticos —colegios no concertados, influencers católicos, medios conservadores— y en la formación de dirigentes políticos cercanos a la extrema derecha". Esto contribuye a "consolidar a largo plazo a las organizaciones contrarias a los derechos, permitiéndoles ocupar un espacio mediático cada vez mayor y coordinar sus mensajes".

"Es importante demostrar hasta qué punto estas organizaciones están sobrefinanciadas. Frente a esto, las autoridades públicas se están desentendiendo bastante", opina Lola Schulmann, que pide al Gobierno una condena clara de las declaraciones y acciones antigénero, una mayor protección legislativa para quienes defienden los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+ y una financiación acorde con las amenazas que pesan hoy sobre estos avances.

Esta ofensiva contra los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ no se limita a Francia. En su informe, AIF detalla los múltiples intentos de cuestionamiento a escala internacional y las cooperaciones que existen entre actores estatales y no estatales.

El derecho al aborto está siendo cuestionado en Polonia, donde sigue prohibido, pero también en Eslovaquia, con "al menos 20 proyectos de ley contra el aborto presentados entre 2018 y 2021", detalla el informe.

Los derechos de las personas trans también están siendo cuestionados. En su primer día en el poder, Donald Trump firmó un decreto que establecía como política oficial de Estados Unidos el reconocimiento exclusivo de "dos sexos, masculino y femenino". En el Reino Unido, el 16 de abril de 2025, se dictó una sentencia del Tribunal Supremo establece que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico.

AIF detalla asimismo la cooperación entre Estados a escala internacional para restringir determinados derechos. Como ejemplo, cita la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la promoción de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia, redactada durante el primer mandato de Donald Trump y contraria al derecho al aborto. Actualmente la han firmado 41 Estados de todo el mundo.

Traducción de Miguel López

"Me gustaría que algún día nos expliquen cómo van a llevar una competencia que se llama Diversidad en el Gobierno autonómico". Las palabras las pronunciaba hace apenas una semana el presidente de la Diputación de Segovia, el conservador Miguel Ángel de Vicente, dirigiéndose al diputado de Vox Pedro María Varela. Lo hacía después de que la formación ultra votara en contra de aprobar una moción para condenar los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+.

La preocupación expresada en sede parlamentaria es en realidad compartida: ¿en qué lugar dejan los pactos con la extrema derecha a la comunidad LGTBIQ+? Pero quien la verbaliza está, al mismo tiempo, haciendo gala de sus propias contradicciones: estrechar primero la mano de la extrema derecha, para después alarmarse con sus de sobra conocidas posiciones ideológicas. Si Vox lleva el timón de las políticas sociales en Castilla y León es gracias a los acuerdos con los conservadores, quienes no se han preguntado hasta ahora "cómo van a llevar una competencia que se llama diversidad".

Sucede en suelo castellanoleonés, pero son varias las comunidades en las que el colectivo camina en vilo hacia su fecha más importante, temeroso de perder los derechos conquistados y en una suerte de calma tensa, consciente de que cualquier paso en falso puede hacerle retroceder décadas. 

El PP y Vox se han vuelto a dar la mano con una serie de pactos autonómicos rubricados en los últimos meses en cuatro regiones: Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía. Ambas fuerzas han resituado sus prioridades y estrategias, reduciendo las discrepancias públicas y buscando, en términos generales, caminar hacia una convivencia marcada por una línea ideológica común en el grueso de los asuntos.

En materia LGTBIQ+, los de Santiago Abascal han decidido bajar los decibelios, pero tanto su ideario como su hoja de ruta no se han movido ni un milímetro: alertan sobre los peligros de la educación en diversidad, rechazan frontalmente las leyes específicas y claman contra el respaldo simbólico al colectivo. 

El caso de Castilla y León es paradigmático, porque el punto de partida es la inacción histórica en materia de políticas públicas. Se trata de la única comunidad sin una ley para el colectivo, una deuda a la que Vox se opone tácitamente, pero que el PP ha venido desoyendo desde hace años. "El PP no termina de entender ni de trabajar en todo lo que respecta a la diversidad". Habla Gema Segoviano, portavoz de Segoentiende. 

En la región, comenta la activista, se reproduce una dinámica que no es extraña: el compromiso de cada territorio varía en función de las sensibilidades particulares de los representantes públicos. En Valladolid, el gobierno municipal del PP ha rechazado un año más cubrir la fachada consistorial con la bandera del colectivo, al contrario de lo que ocurre en otros territorios también conservadores, como Salamanca. "Hay diputaciones que se implican, a nivel local se intenta dar visibilidad a esta realidad, pero hay una brecha enorme en el plano autonómico", traza la activista. 

Se detiene específicamente en la ausencia de una ley propia. "Llevamos más de quince años intentando tramitarla", pero los conservadores se acomodan en pretextos de muy diversa naturaleza para mantenerla en un limbo. "Vox puede frenar iniciativas, pero el PP a nivel autonómico ni siquiera ha dado pasos", lamenta la activista, por lo que a su juicio a los conservadores "les va a venir muy bien" la presencia de la extrema derecha, porque "así tienen la excusa". Sencillamente, vaticina la portavoz, a muchos líderes políticos "no les va a merecer la pena" significarse a favor del colectivo. 

Y eso tiene su eco en el día a día. "En algunos colegios hay ya cierto temor a que en algún momento un padre o madre empiece a levantar la voz y use los argumentos de Vox para no hablar de diversidad afectivo-sexual".

En términos de reparto de poder, desaparece la consejería de Igualdad y el ultra Carlos Pollán asumirá la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Fue Pollán quien, como presidente de las Cortes de Castilla y León, se ha negado en reiteradas ocasiones a colocar la bandera arcoíris en la sede parlamentaria, un gesto que el nuevo líder de la cámara prevé recuperar. 

También quedarán en manos de la ultraderecha todas las políticas vinculadas al colectivo en Aragón. En la comunidad, los pactos de gobierno han llevado al ultra Alejandro Nolasco al frente de la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, borrando de un plumazo la anterior dirección general específica de Igualdad. 

En la comunidad, Vox ha hecho explícito su propósito de derogar, o al menos reformar, las leyes específicas del colectivo. Hace tan solo un año, se quedó solo al intentar fulminar la ley trans aragonesa, encajada por los ultras en el apartado de la "cultura woke" e "ideología de género". Este año, las Cortes de Aragón no emitirán declaración institucional, fruto de la falta de acuerdo entre los grupos.

A Natalia Aventín, sin embargo, le resulta más sangrante la permisividad del PP. Ella es miembro de Euforia Familias Trans-Aliadas y reside en el Valle de Benasque, en el Pirineo aragonés. La fórmula que han encontrado ella y sus compañeros ante un panorama desalentador es la organización de base. "Hay incertidumbre, pero hemos constituido una red de entidades para unir fuerzas entre los diferentes colectivos ya existentes, tener una estrategia, demostrar que estamos aquí y que se sigan desarrollando las leyes", asiente. 

Aventín, quien conoce en primera persona las secuelas del discurso de odio, siente cierto pudor ante la "ignorancia" de la que hacen gala algunos representantes políticos, a través de "las declaraciones que lanzan, sin ningún tipo de complejo, sobre todo contra las identidades trans". La activista recuerda que el PP aragonés votó a favor de todas las leyes específicas del colectivo, pero ahora ha decidido "mirar para otro lado, sin poner líneas rojas que tienen que ver con los derechos humanos y que un partido democrático no debería cruzar". Esa "ambivalencia", asiente la activista, sitúa a los conservadores "en un lugar muy peligroso". 

Igual que sus homólogos aragoneses, los representantes de la ultraderecha institucional en Extremadura persiguen la derogación de la ley autonómica. Hablan de "adoctrinamiento ideológico" en las aulas y lo incluyen como un objetivo irrenunciable. Pero en este caso, al contrario que en los demás territorios analizados, la Consejería de Igualdad no solo no desaparece, sino que permanece en manos del PP, con Ara Sánchez al frente. 

Tanto la consejera como su partido se han esforzado en consagrar la idea de que los derechos del colectivo están garantizados en el territorio. A mediados de mayo, con motivo del día contra la LGTBIfobia, la bandera arcoíris amaneció ondeando en la sede de la Presidencia de Extremadura. El gesto no sorprendió a Vox: "Nos hemos desmarcado, pero respetamos en este caso la sensibilidad de la señora [María] Guardiola y del PP", asintió su secretario general, Ignacio Garriga. 

Aquellas palabras funcionaban como una suerte de declaración de intenciones que insufló alivio al colectivo. Lo explica Sara Ramos, miembro de Extremadura Entiende. "Por ahora estamos tranquilas, pero no significa que no nos preocupe la entrada de la extrema derecha", sostiene. Y añade que la inquietud es global, porque aunque Vox no controle áreas clave para el colectivo, lo cierto es que "los derechos y las necesidades son transversales", así que cualquier retroceso en políticas sociales, laborales y económicas tendrá impacto también en ellos. 

Aunque en esas tres comunidades "el ambiente es más desesperanzador", existen otras muchas señales de preocupación más allá de sus fronteras. Así lo entiende Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Su mirada se sitúa casi de inmediato en la Comunidad de Madrid. En la región, se suceden "pequeños grandes gestos que lanzan mensajes muy claros". La activista se refiere a la decisión de no colgar la bandera en los edificios institucionales de la Comunidad y el Ayuntamiento, pero también a la campaña municipal diseñada por el consistorio y que vacía de contenido político al Orgullo.

Iglesias contempla con preocupación también los pasos hacia atrás en la Comunitat Valenciana, donde un intento de reforma legislativa ha sido temporalmente paralizado por el Tribunal Constitucional. PP y Vox estaban decididos a modificar la ley trans de la comunidad, pero el Gobierno de Pedro Sánchez interpuso un recurso debido al recorte de derechos. La dinámica es prácticamente idéntica a la que sucedió ya en la Comunidad de Madrid. También en Valencia, el gobierno regional ha decidido eliminar las referencias a las políticas LGTBIQ+ en los presupuestos del área de Diversidad. 

Y en Totana (Murcia), la derecha y la ultraderecha incluyeron en su acuerdo presupuestario una cláusula que suprime los actos institucionales relacionados con el Orgullo y la colocación de la bandera en los edificios municipales. 

El pasado mes de marzo, la Federación Estatal publicaba su informe sobre el voto de la comunidad LGTBIQ+. Ante la pregunta de si la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo los derechos conquistados, el 64,9% de los encuestados respondía afirmativamente. El principal miedo expresado por quienes participaron en el estudio tenía que ver con una eventual falta de protección frente al odio. Este domingo el colectivo sale a la calle no solo para celebrar, sino también para ponerse de frente ante cualquier intento de retroceso.

El papa León XIV, en su viaje a España, fue pródigo en pronunciamientos ante los distintos sectores de la sociedad. Por ser el Congreso de los Diputados donde participan todas las fuerzas políticas del Estado español, incluidas las independentistas, se impone analizar el contenido del largo discurso dirigido por el papa a la representación política popular.

Si en todos sus discursos el papa ha tenido en sus labios la palabra dignidad de la persona humana, ha sido sin duda alguna en el Congreso donde más veces la utilizó. Su discurso, finalizado, fue ovacionado durante siete minutos por unos y otros diputados, de derechas o de izquierdas. Por lo que parece esa ovación refrendaba el contenido del discurso papal. Lo mismo se aplaudía la condena del aborto y eutanasia, tesis de la derecha, que los derechos de los inmigrantes y refugiados, defendidos por la izquierda. Y tanto en un caso como en otro, la base de la argumentación papal ha sido el respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos. Es a esa dignidad de la persona humana a la que queremos referirnos ahora a la hora de analizar algunas de las cuestiones abordadas por León XIV.

El aborto y la eutanasia son temas delicados que afectan a millones de personas en el mundo. En la sociedad avanza la idea de respetar y legalizar tanto el aborto como la eutanasia mientras que la Iglesia católica sigue manteniendo su condena. Sin pronunciar la palabra “condenar”, León XIV lo recordó ante el Congreso español: “toda vida debe ser concebida y custodiada, desde su concepción hasta su ocaso natural”. Tiene esa institución su ayuda en un frente mediático muy fuerte en el mundo, al servicio de las políticas de derechas que trabajan por frenar esos avances, aunque en privado sus representantes políticos, sociales y económicos las utilizan para sus familias, pese al coste económico y social que les pueda suponer. Es evidente la hipocresía, especialmente en los sectores del poder económico, político y social.

No hay más que echar un vistazo a la prensa. El Correo Español titulaba recientemente un artículo de opinión La eutanasia no es la solución. Y recordaba la actitud de algunos clásicos como Cervantes (1547-1617), en su Quijote. Finalizaba así su reflexión: “Tal vez convenga recordarlo en los momentos de mayor abatimiento: la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que merece defenderse”. Y cuanto todo parece fallar, aún queda la palabra, la inteligencia y la memoria de quienes, como Cervantes, supieron recordarnos que la mayor locura no es vivir, sino renunciar hacerlo “sin más ni más”.

El aborto está ya legalizado en el Estado español desde 1985. La Iglesia católica, como lo avala el discurso papal, a la hora de argumentar su rechazo y condena, alega el respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos humanos. Vamos a ver. ¿Es respetar la dignidad de la persona humana aquellas situaciones en que una mujer es violentada, por violación, y condenada a parir en contra de su voluntad? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar el aborto cuando se prevé un mal parto y el nacimiento de “personas” con graves deficiencias físicas o mentales? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien aborte en medio de las guerras e inmigración mundiales actuales? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana no respetar la voluntad de cada persona con embarazos no deseados?

La legalización de la eutanasia en el Estado español desde el año 2021 va avanzando, si bien hay aún mucho rechazo práctico, tanto en sectores médicos, que son quienes prioritariamente deben actuar, como sociales y políticos. Personalmente, he sido testigo en tres ocasiones de, pese a últimas voluntades a favor de la eutanasia, encontrarme con médicos que se opusieron a respetarlas y, en consecuencia, retrasar y dar vía al final de sus vidas.

La Iglesia católica, sin embargo, sigue condenando la eutanasia en nombre del respeto a la dignidad de la persona humana. ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien pide la eutanasia porque no quiere vivir en sufrimiento permanente, como tantos casos de enfermedades incurables, como por ejemplo no querer malvivir con la ELA? ¿O porque, con problemas de movilidad y comunicación o con discapacidades físicas o mentales, no quiere vivir dependiente de otras personas? ¿O porque no quiere cargar su situación a ningún familiar? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien reclama la eutanasia porque, sencillamente, ya no quiere vivir por las razones que fueren, que son las suyas, siempre que no choquen con los derechos de otras personas? ¿Cervantes, si hubiera sufrido la ELA u otra enfermedad incurable, o dependencia total, no hubiera apostado por la eutanasia? Sospecho que Sancho Panza, buen vividor según le presenta el satírico Cervantes, habría pensado de otra forma distinta a la que aparece en el Quijote. Seguro que se habría acogido a esta posibilidad, tan desconocida entonces.

Respetar la dignidad de la persona humana, tal como reclama el papa, debería conllevar el respeto a la voluntad de cada mujer para parir o abortar según sea su contexto natural, físico, social, político, económico. Respetar la dignidad de la persona humana debería conllevar respetar la voluntad de toda persona que quiera dar fin a su vida por sus problemas físicos, psicológicos, mentales, económicos, sociales. Condenar el aborto y la eutanasia, tal como mantiene la Iglesia católica y el papa actual, es, en mi humilde opinión, no respetar la dignidad de la persona humana y sus derechos. Por tanto, flagrante contradicción la del papa actual y su Iglesia católica.

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 Juan Mari Arregui es periodista.

“Send them back” (mandadlos de vuelta), gritaba el ala derecha del Parlamento Europeo, “shame on you” (vergüenza), respondía su ala izquierda, el día en que se oficializaba en Europa el expediente de expulsión para personas migrantes en situación irregular. Día de orgullo para Giorgia Meloni, que se apresuraba a reivindicar la autoría de semejante ignominia, aunque el Reglamento de Retornos no es, ni mucho menos, una ocurrencia más de la Sra. Meloni. Lamentablemente, el Reglamento de Retornos viene germinando desde hace años en las más profundas entrañas de la Unión Europea.

Este Reglamento es la última pieza del Pacto Migratorio de 2023 y su finalidad es la de aumentar las expulsiones y legalizar los centros de deportación fuera de la Unión Europea. Establece sanciones tanto para quienes se resistan como para los países que no reciban a las personas migrantes de vuelta. Detención de hasta 24 meses si existe riesgo de fuga, falta de cooperación, necesidad de verificar la identidad o peligro para la seguridad. Así de amplio y de ambiguo. Y restricciones en materia de visados, ayudas al desarrollo o política comercial para gobiernos díscolos. Los expulsados pueden acabar, además, en centros de deportación en terceros países lejanos, con los que no tengan ningún vínculo ni relación alguna, y permanecer allí por un tiempo indefinido. Las familias con menores no serán una excepción. No hay derecho a la vida privada y familiar (art. 8 CEDH), ni se contempla el interés superior del menor. Finalmente, esos centros se pagarán con cargo al programa Europa Global, el principal instrumento de financiación de la acción exterior de la UE para el período 2028–2034.

El Reglamento ha normalizado la privación de libertad como herramienta de gestión migratoria y ha reforzado la equiparación de la irregularidad migratoria con la criminalidad. Y, según nos ha dicho Von der Leyen, el siguiente paso será el de digitalizar la gestión de los expedientes y ampliar el mandato de Frontex, para que contribuya “de forma aún más decisiva a las operaciones de retorno”. Es decir, aportar más dinero para que todo se haga más deprisa y resulte más eficaz.

Como digo, este giro no es nuevo. Se inscribe en la trayectoria de endurecimiento que ya se denunció tras la Directiva de 2008, considerada entonces regresiva respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Se sitúa en la línea del Pacto Migratorio, que ya planteaba la externalización de las fronteras y procedimientos acelerados de screening en los que no se contemplaba ni el examen individualizado, ni el derecho a la tutela judicial efectiva. El Reglamento de Retornos supera este planteamiento por elevación. Reduce aún más los plazos para examinar las solicitudes y establece filtros y presunciones de seguridad que dificultan las pruebas de vulnerabilidad o persecución específica. Las posibilidades reales de impugnar una orden de retorno o la legalidad de una detención, especialmente para personas sin recursos o con barreras lingüísticas, son casi inexistentes. La hipótesis que se mantiene es la de la ausencia de necesidad y la migración por “capricho”.

Bajo este mismo paraguas, las derechas nacionales han acabado planteando su particular batería de propuestas. Propuestas que van desde limitar la regularización por arraigo o restringir la reagrupación familiar hasta facilitar las deportaciones masivas, la reemigración (que afecta a los nacionales de segunda generación) o la “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos.

En este guiso a fuego lento, el gobierno de España se ha convertido en el garbanzo negro. La regularización que se ha arbitrado en nuestro país y las posiciones políticas de la coalición española representan un movimiento a contrapelo. De manera que, en estos meses, España está en muy buenas condiciones para presentar un recurso de anulación del Reglamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque viola el derecho de asilo, no devolución y prohibición de expulsiones colectivas, derechos del menor y tutela judicial efectiva, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales. Porque normaliza la detención prolongada (hasta 24 meses) para infracciones administrativas, amplía los motivos de internamiento y debilita alternativas menos lesivas, vulnerando, así, el principio de proporcionalidad. Y, finalmente, porque nos obliga a aplicar un estándar en la protección de derechos fundamentales que es muy inferior al que ya tenemos consolidado en nuestro país. Es manifiesta su incompatibilidad con los estándares que establece el Tribunal Constitucional español sobre detención administrativa, expulsión y protección de menores y familias.

La política migratoria se ha convertido en un laboratorio de formas de gobierno que naturalizan la xenofobia y el racismo, reproduciendo la arquitectura y la gramática de la extrema derecha. La línea de puntos que divide a un Estado de otro no es un límite territorial sino un espacio jurídico degradado en el que se impone a diario la excepcionalidad jurídica y la sádica escenificación de un castigo. El gobierno español podría ser la última frontera frente al total hundimiento de nuestro derecho de asilo y refugio, y un freno efectivo para la retórica chovinista y securitaria de la extrema derecha.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Recientemente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado el objetivo de ocupar el 70% de la franja de Gaza, una aspiración que contraviene frontalmente el plan de paz acordado en octubre de 2025, que establece la retirada de las fuerzas israelíes del territorio. Esta declaración no puede leerse como un hecho aislado. Se inscribe en una lógica más amplia de imposición de hechos consumados que también se despliega, con creciente intensidad, en la Cisjordania ocupada, donde el Gobierno israelí está forzando la expulsión de comunidades palestinas enteras mediante una estrategia orientada a hacer invivible la permanencia de la población originaria en su propia tierra.

El momento es de una gravedad excepcional. Lo que está en juego no es únicamente la supervivencia inmediata de una población sometida a violencia, desplazamiento y desposesión, sino la posibilidad misma de que el pueblo palestino siga existiendo como sujeto histórico, político y territorial. Las circunstancias actuales resultan más que sintomáticas de una ofensiva sin precedentes contra sus derechos, ampliamente reconocidos por la comunidad internacional y anclados en el derecho internacional.

La profunda crisis humanitaria en la que Israel ha sumido a la población palestina durante los dos últimos años y medio ha ocupado, con razón, el centro de la atención internacional. El nivel de destrucción, muerte y violencia resulta difícil de nombrar sin caer en la insuficiencia del lenguaje. Gaza ha sido convertida en un paisaje de ruinas, duelo y hambre. La magnitud del sufrimiento desborda cualquier intento de medición: una población entera obligada a resistir aquello que ningún ser humano debería soportar.

Sin embargo, la violencia que atraviesa Palestina no se limita a la destrucción física. Conlleva también una dimensión simbólica, histórica y documental vinculada a la preservación de una memoria colectiva unida intrínsicamente a la tierra de Palestina y que se sostiene sobre el derecho al retorno reconocido mediante la Resolución 194 de Naciones Unidas. En un contexto en el que el territorio se fragmenta, los hogares son destruidos y las comunidades son desplazadas, recordar se convierte también en una forma de permanecer.

En este marco, el papel de UNRWA adquiere una trascendencia que va más allá de su función como agencia humanitaria. UNRWA es también, de manera inevitable, una depositaria de la memoria del exilio palestino. Desde su creación en 1949, tras el desplazamiento masivo provocado por la guerra árabe-israelí de 1948, la Agencia de Naciones Unidas comenzó a operar con una misión inicialmente concebida como temporal: proporcionar ayuda humanitaria y servicios básicos a las personas refugiadas palestinas.

Para distribuir alimentos, asistencia sanitaria y educación, UNRWA necesitaba identificar a las familias desplazadas. Así nacieron las primeras fichas familiares y expedientes de registro. Documentos administrativos que incluían nombres, edades, sexo, lugar de origen en Palestina, fecha y lugar de desplazamiento, relaciones familiares, estado civil, así como nacimientos y defunciones posteriores. Lo que se inició como un procedimiento técnico se convirtió, con el tiempo, en una de las formas más íntimas de preservar una vida interrumpida.

En esas fichas aparecen nombres escritos a mano, niños nacidos en el exilio, matrimonios registrados en campamentos, muertes anotadas décadas después de la huida, pueblos de origen a los que muchas familias nunca más pudieron regresar y generaciones enteras reunidas en una misma tarjeta familiar. Cada expediente conserva el trazado de la diáspora palestina. Cada anotación habla de una casa perdida, de una genealogía herida, de una vida que se niega a desaparecer.

Así, lo que comenzó como un sistema administrativo terminó convirtiéndose, con el paso de las décadas, en uno de los archivos históricos más importantes del pueblo palestino. Conscientes de su valor incalculable, al iniciarse la ofensiva israelí sobre Gaza en 2023, el personal de UNRWA puso en marcha una operación secreta y prácticamente clandestina que se prolongó durante diez meses para trasladar el archivo hasta Jordania, preservándolo así del riesgo existente de bombardeos, incendios, saqueos o destrucción deliberada al que estaban sometidos los documentos manuscritos.

Los archivos fueron transportados al sur de Gaza bajo las bombas, almacenados temporalmente en Rafah y posteriormente trasladados discretamente dentro del equipaje de trabajadores internacionales de UNRWA hacia Egipto, para ser enviados finalmente a Amán con apoyo jordano en aviones militares que regresaban tras entregar ayuda a Gaza. La última carga salió dos semanas antes de que los tanques israelíes tomaran Rafah en mayo de 2024.

La escena posee una fuerza simbólica extraordinaria. Mientras Gaza era destruida físicamente, trabajadores de UNRWA arriesgaban sus vidas para impedir que, junto a las casas, las escuelas, los hospitales y las personas, fuera destruida también su memoria colectiva. En medio del estruendo de la guerra, rescatar un archivo supuso rescatar una prueba de existencia.

La amenaza contra el archivo no se limitaba únicamente a Gaza. En Jerusalén Este y Cisjordania, UNRWA enfrentó otra batalla paralela. Durante 2024 y 2025, Israel endureció las restricciones contra la Agencia, especialmente tras la aprobación de leyes destinadas a limitar sus operaciones en Jerusalén Este. Ante el temor de perder acceso a sus oficinas y archivos, UNRWA decidió trasladar también parte de la documentación histórica desde Jerusalén Este hacia Amán antes de que en enero de 2025 las fuerzas israelíes irrumpieran en la sede central de UNRWA en Jerusalén Este y demolieran parte del complejo.

En un conflicto en el que incluso la narrativa histórica está disputada, lo que estaba en juego no era únicamente documentación administrativa, sino el núcleo documental de la historia contemporánea palestina. Para millones de personas, este archivo constituye una prueba de existencia, origen, desplazamiento, vínculos familiares y continuidad histórica.

Actualmente, UNRWA mantiene registros de aproximadamente 5,9 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. Su archivo contiene cerca de treinta millones de documentos que acreditan toda la geografía de la Palestina anterior a 1948: Haifa, Jaffa, Majdal, Beisan, Acre, Tiberíades o Beersheba sobreviven en miles de formularios escritos a mano conservados generación tras generación.

El archivo histórico de UNRWA posee un valor excepcional porque reúne tres dimensiones inseparables: humana, histórica y político-jurídica. En su dimensión humana, cada expediente familiar narra una historia de exilio. Las fichas registran familias expulsadas de sus pueblos en 1948 y, en muchos casos, constituye la única prueba documental de sus orígenes. Para las generaciones que no vivieron la Nakba, son una vía para comprender el significado del desplazamiento, del refugio y la vida en los campamentos.

El archivo posee también un valor colectivo incalculable. Historiadores y especialistas coinciden en que constituye una fuente única sobre la historia social palestina posterior a 1948. El Consejo Internacional de Archivos y la Universidad de Luxemburgo destaca que estos expedientes documentan la composición familiar, los lugares de origen, las circunstancias del desplazamiento y la evolución de la vida familiar hasta la actualidad. Ante la ausencia de un archivo nacional plenamente centralizado, los registros de UNRWA funcionan de facto como un archivo nacional palestino.

Asimismo, este fondo posee una dimensión profundamente política. Según Roger Hearn, responsable de la operación de rescate en Gaza, su pérdida habría supuesto una catástrofe para el pueblo palestino, ya que estos documentos podrían convertirse algún día en una de las principales evidencias de los lugares de origen de la población palestina antes de la Nakba. En otras palabras: constituyen una posible prueba histórica clave en futuros procesos de reparación, restitución o reconocimiento del derecho al retorno.

Este último punto ayuda a comprender la disputa en torno a UNRWA, a la que Israel acusa de perpetuar la condición de refugiado, mientras que, por el contrario, para millones de personas palestinas su existencia representa el reconocimiento internacional de que la situación sigue sin resolverse. En este contexto, el archivo ocupa un lugar central en la disputa. Cada documento conservado por UNRWA contradice el borrado histórico. Cada ficha familiar afirma que una familia palestina existió en un lugar concreto antes de 1948. Cada certificado de nacimiento demuestra la continuidad generacional del exilio. Cada expediente impide que la cuestión de las personas refugiadas de Palestina sea reducida a una mera nota al pie de la historia.

Preservar el archivo es, por tanto, preservar una prueba contra la desaparición política del pueblo palestino. Como ha reiterado en múltiples ocasiones el anterior Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini, aunque la Agencia desapareciera, las personas refugiadas no dejarían de existir. Sin embargo, desaparecería una institución clave para documentar su continuidad histórica, proteger sus derechos y recordar al mundo que su situación sigue pendiente de una solución justa y duradera.

Por todo ello, la resistencia del pueblo palestino frente a las políticas impuestas por el Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, va más allá de la mera supervivencia física. Es también una afirmación del derecho a existir como pueblo en su propia tierra, a conservar su memoria, a transmitir su historia y a reclamar justicia frente a décadas de ocupación, desplazamiento y desposesión.

En ese mismo sentido, la labor de UNRWA para preservar el archivo histórico se configura como una forma de defensa ante el intento de borrado de la memoria colectiva. En un tiempo en que la violencia amenaza no solo la vida, sino también la memoria, proteger esos documentos es proteger la historia viva de un pueblo.

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Raquel Martí es directora ejecutiva de UNRWA España

La expectación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era muy alta. Un recurso de amparo de una jueza sancionada por el órgano de gobierno de los jueces podía afectar al juego de mayorías y minorías en la institución, dejando en manos de los vocales progresistas –tradicionalmente menos corporativos que los conservadores– la última palabra sobre las sanciones a jueces y magistrados. Entre los argumentos alegados por la jueza sancionada ante el Constitucional se aseguraba que el Pleno del CGPJ no fue imparcial al rechazar su recurso contra el castigo que le impuso la comisión disciplinaria. Porque los siete miembros de esta comisión que tomaron la decisión inicial –y, por lo tanto, ya estarían contaminados al haberse pronunciado previamente– decidieron junto al resto de vocales el recurso contra su propio acuerdo, lo que afectaría a su imparcialidad.

Si el Constitucional hubiera atendido las razones del recurso y lo hubiera estimado –algo que no ha hecho–, los siete miembros de la comisión disciplinaria que hubieran sancionado o exonerado a un juez tendrían que abandonar el Pleno en el momento en que el máximo órgano del Consejo empezara a deliberar los recursos presentados contra las resoluciones de esa comisión al haberse pronunciado previamente y tener, por tanto, un prejuicio sobre el caso. El Pleno, integrado por 20 vocales y su presidenta, quedaría conformado, cada vez que se vieran recursos contra acuerdos de la disciplinaria, por 14 miembros. La asistencia mínima para la válida constitución del máximo órgano del Consejo es de 11 miembros, según la ley.

En caso de que el órgano de garantías constitucionales hubiera estimado, como reclamaba el recurso de amparo, que los miembros de la disciplinaria no puedan revisar sus propias decisiones y les hubiera obligado a abstenerse, el Pleno resultante tendría mayoría progresista con siete vocales a propuesta del PSOE y Sumar frente a seis designados por el PP. La presidenta, Isabel Perelló, tendría voto de calidad en caso de empate. Es decir, que la última decisión sobre si sanciona o no a un juez quedaría en el Consejo en un órgano dominado por los consejeros de izquierda. Esa sensibilidad ha sido tradicionalmente mucho menos corporativa y condescendiente con los excesos de los jueces que los miembros del sector conservador.

El recurso de amparo, elaborado por el abogado Agustín Azparren, exjuez y exvocal del CGPJ de consenso entre PSOE y PP y, como tal, antiguo miembro de la comisión disciplinaria entre 2001 y 2008, sostiene que, aunque esas sanciones sean de naturaleza administrativa (no es una pena derivada de un delito) el proceso por el que se imponen debe seguir las mismas garantías constitucionales que las causas criminales. Y una de ellas es el derecho fundamental al juez imparcial, un derecho que queda vulnerado al formar parte del Pleno los siete vocales que tomaron la decisión recurrida. Según el recurso, los consejeros de la disciplinaria debieron haberse abstenido del asunto ya que su intervención previa en el mismo "podría afectar a la imparcialidad objetiva en su actuación como vocal".

La sentencia, dictada por la Sala Primera del Constitucional, presidida por el conservador Ricardo Enríquez, la también magistrada a propuesta del PP Concepción Espejel (que ha actuado como ponente), y los progresistas María Luisa Segoviano y Juan Carlos Campo (todos jueces de carrera), ha desestimado ese argumento concreto y consideran que la imparcialidad es un derecho reclamable respecto de las decisiones judiciales, pero no de las sanciones administrativas que impone el Consejo. La imparcialidad, según dice la sentencia del TC citando resoluciones anteriores, "no puede predicarse de la Administración sancionadora", en este caso el Consejo, "en el mismo sentido que respecto de los órganos judiciales", sostiene el tribunal, que recuerda que esas sanciones administrativas se pueden recurrir después ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Pese a desestimar ese argumento, el Constitucional sí da la razón a la jueza sancionada al considerar que el Consejo, al imponerle el castigo disciplinario, vulneró "su derecho a la igualdad y no discriminación por razón de discapacidad", por lo que lo anula. La jueza alegó en su defensa que la sanción de tres meses de suspensión que se le impuso se produjo tras una prolongada baja por un cuadro ansioso depresivo y después de que la enfermedad mental se le volviera a reproducir, aunque esta segunda vez no lo comunicó al CGPJ, que acabó imponiéndole la sanción por los enormes retrasos que acumulaba su órgano judicial. No puede ignorarse, sostienen los magistrados, "que los prejuicios y la discriminación sufrida secularmente por las personas con algún tipo de discapacidad mental (...) constituyen importantes barreras a la hora de informar sobre este tipo de discapacidad en el lugar de trabajo". Según la sentencia, lo que el Consejo debió hacer en lugar de sancionarla, es ajustar a la discapacidad mental que aprecia su carga de trabajo.