Cuando la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, coordinada por Jacques Delors, entregó a la Unesco La educación encierra un tesoro (1996) estaba mostrando un compendio de ilusiones transformadoras para el mundo educativo de todo el mundo. Sus capítulos así lo demuestran: la educación o la utopía necesaria; de la comunidad de base a la sociedad mundial; de la cohesión social a la participación democrática; del crecimiento económico al desarrollo humano; los cuatro pilares de la educación; la educación a lo largo de la vida; de la educación básica a la universidad; el personal docente en busca de nuevas perspectivas; el papel del político es tomar decisiones en educación; la cooperación internacional para educar en la aldea planetaria. Argumentos todos ellos que entonces eran enunciados en forma de utopía realizable; de esperanza en cambiar el mundo mediante la educación.

Desde entonces han transcurrido 30 años; parecen siglos de retroceso en Gaza. UN News nos expresa con claridad lo que es evidente para quienes quieran mirar y escuchar. “La guerra ha devastado el sistema educativo de Gaza, dejando a unos 700.000 niños sin acceso a la escuela formal. Más del 90% de las infraestructuras escolares han sufrido daños totales o parciales, y muchas se utilizan como refugios para personas desplazadas. Ante esta crisis, la enseñanza se imparte principalmente de forma improvisada en tiendas de campaña y espacios seguros”. “El colapso de la educación en la Franja ha supuesto una pausa forzada y drástica para una sociedad que históricamente destacaba por sus altísimos índices de alfabetización”.

La sociedad internacional asiste muda a la evolución de la destrucción física y emocional de las personas que habitaban un lugar antes llamado Gaza; desconozco cómo lo podríamos citar ahora, ya que parece que no existe. En algún lugar lo he visto nombrado como campo de exterminio; en otros, como el estercolero de la ética internacional. Podrían asignársele muchos calificativos, todos penosos.

La educación supondría un tesoro para los niños y las niñas gazatíes. Para ello sería necesario, sigo con las cifras que facilita UNRWA, no Hamas, reconstruir las infraestructuras escolares dañadas; la gran mayoría requerirán reconstrucción total o rehabilitación profunda antes de poder operar de forma normal, si ocurriese esa utopía. Porque es penosa la imposibilidad de utilizar las aulas, desde Unicef y la Unesco se han empeñado en que las clases se reanuden. Eso sí, buscando los pocos sitios seguros o habilitando tiendas de campaña. En ambos casos, se prioriza el apoyo psicosocial y emocional antes que la búsqueda de acumulación de conocimientos.

Sepamos, que no lo sentimos apenas, que varios organismos internacionales advierten sobre el riesgo de una generación "perdida". No solamente son años de no aprendizaje (el impacto académico); miles de estudiantes y docentes han muerto o resultado heridos durante el conflicto. Aun así, a pesar de los grandes bloqueos del invasor Israel y los desafíos logísticos que la situación implica, varias agencias humanitarias han comenzado a distribuir kits escolares con cuadernos, lápices y otros elementos básicos para mantener una rutina de aprendizaje. ¡Con qué poco se puede hacer mucho! Esos kits parecerían una miseria en nuestra rica y olvidadiza Europa.

Además, la escuela de aprendizaje sin escuelas estables ha sido, en los territorios invadidos, la nada ardiente y constantemente castigada con bombardeos y deportaciones. Por allí deambulan personas cargadas de odios y belicismo. Sin duda, será una generación poco estimulada hacia la paz; una quimera en un lugar abandonado por todos. Todo esto tiene unos responsables: los terroristas de Hamás, que encendieron la espita, y el Gobierno de Israel, que estaría esperando un detonante para animarse al genocidio. Todo esto en un idilio entre los presidentes de Israel y EEUU que muestra, al menos por lo que se ve, ruindades de todo tipo. Muy mal si se hace con todos los habitantes; un crimen de lesa humanidad si los perjudicados son los niños y las niñas. Nos queda comparar lo manifestado por el equipo de J. Delors con la educación en Gaza, también en el Líbano y en Cisjordania. Un informe internacional liderado por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) estima que los niños y niñas de Gaza habrán perdido el equivalente a cinco años de educación debido a los repetidos cierres de escuelas desde 2020, primero por la covid-19 y luego por la invasión israelí.

La ilusión perdida, la desesperanza casi unánime, es ahora mismo una fractura humanitaria que apenas molesta a las llamadas democracias. Estas permiten la participación de Israel en eventos internacionales sin pedirle, por lo que se ve, nada a cambio. Al menos como contrapartida a su admisión a Eurovisiones y campeonatos deportivos, serían exigibles unos altos en la contienda. Aunque solamente fuese a título de recordatorio. Las democracias de la UE, España también, comercian a escondidas con empresas israelíes; las patatas del gran supermercado de España procedían hasta hace poco de ese país. Puestos a recordar, nos viene a la memoria cuando el mandatario americano, señor Trump, se enfadó porque no se le concedía el Nobel de la Paz tras haber estimulado tantas guerras y atropellos internacionales. Me gustaría conocer qué sintió el jurado que se lo otorgó a la opositora venezolana cuando esta regaló la concesión al incentivador de los conflictos.

"Era verde el silencio, mojada era la luz, temblaba el mes de junio como una mariposa" (Pablo Neruda). “Después de cada guerra alguien tiene que limpiar, no se van a ordenar solas las cosas, digo yo” (Wislawa Szymborska). La guerra de las democracias se volverá contra las democracias. Ennegrece la ética de todos, por acción y por omisión. Porque la ceguera de quienes mandan la incentivamos todos; a ellos los colocamos los votantes. 

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Hace dos años, el Orgullo de Santa María de los Llanos (Cuenca) se llenó de asistentes ataviados con orejas de conejo. Apenas unos días antes, un vecino del pueblo había compartido en redes sociales su preocupación: "Estos días va a haber más maricones que conejos", se lamentaba. El municipio conquense, habitado por poco más de 600 personas, tiene una sobrepoblación de liebres, una suerte de plaga que afecta severamente a la comarca. La respuesta al disgusto expresado por el vecino fue masiva: "La gente del pueblo empezó a hacer manualidades y creó diademas con orejas de conejo para que todos fuéramos así".

Lo cuenta Noelia al otro lado del teléfono, orgullosa de la capacidad para transformar la hostilidad en combustible. Noelia vive en realidad en Pedro Muñoz (Ciudad Real), pero se encarga de coordinar, como parte de la Asociación Plural LGTBIQA+ Mancha Centro, movilizaciones y actos en distintos pueblos de la comunidad. 

La activista conoce bien las particularidades de organizarse en un mundo rural al que a veces no llegan los recursos, donde muchos desean no ser vistos y otros tantos esperan la oportunidad para señalar a quien tienen al lado. La entidad en la que participa ha conseguido, en los últimos años, llegar a siete pueblos –Villafranca de los Caballeros, Campo de Criptana, Herencia, La Puebla de Almoradiel, Santa María de los Llanos, Alcázar de San Juan y Villacañas–, pero en muchos otros se han topado con un muro infranqueable. "Se nos quedan pueblos en medio, como el mío", lamenta. A veces no basta ni todo el empeño del mundo. 

Noelia presume de ser visible en todas las esferas de su vida, no solo por el discurso que abandera, sino también por los símbolos de los que hace gala. Ella que trabaja con menores sabe bien de la importancia que tienen los gestos, los espejos donde uno pueda reconocerse y la imperiosa necesidad de construir espacios seguros para tender la mano a quien pueda necesitarlo. 

Contar con lugares seguros fue un salvavidas para Sergio. Forma parte de la Asociación Diversas, una organización que nace hace diez años en el norte de Tenerife. El activista trabaja en el Valle de la Orotava, una zona que comprende tres municipios: La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz. Sergio habita en el segundo y conoce a la perfección lo que es salir del armario teniendo que sortear las miradas de quienes hasta ese momento no se habían molestado en dirigirle la palabra. "Recuerdo perfectamente cómo se me perseguía al grito de maricón", comparte. Tenía 14 años y pocos alicientes para expresarse con la normalidad que habría deseado.

Pero sí contó con algunos sostenes. Apenas una semana después de salir del armario, el tinerfeño leyó una noticia en el periódico: su pueblo se declaraba municipio libre de LGTBIfobia. "Creo que mi adolescencia no habría sido igual si yo fuera de una gran ciudad, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que nunca he querido irme de aquí. El hecho de vivir en un pueblo donde estos temas se trabajaban me ayudó salir de esa espiral de odio". 

En Cedeira (A Coruña), la normalidad brotó en los bares, las plazas y los mercados gracias a un grupo de amigas decididas a organizarse. "Queríamos que pasaran cosas", resume Ánxela. Así que llenaron todos los "espacios de socialización" de banderas, charlas y recitales, hasta el nacimiento hace dos años del primer Cedeira Queer. "Ocupamos todo el pueblo, fue hermoso", recuerda hoy la activista. Aquel grupo de amigas construyó con sus propias manos la organización Mestas Cedeira.

Ánxela nació en el municipio costero de Muros, pero terminaría pasando gran parte de su vida en A Coruña, "un núcleo más grande en el que es más fácil pasar desapercibida". Hace cinco años que vive en Cedeira y desde entonces no ha dejado de pensar en la necesidad de crear algo tan sencillo y valioso como puntos de encuentro para la comunidad LGTBIQ+. Conoció a sus compañeras en un acto institucional a iniciativa del concello y enseguida prendió la mecha. "Fuimos a la llamada porque confiamos en encontrar a otras personas del colectivo. Surgió una amistad maravillosa y empezamos a planear cosas". 

La acogida fue inmediata: "Mucha gente del pueblo que no es del colectivo se acerca porque quieren aprender, escuchar y apoyar", presume la activista. También las personas mayores, especialmente fieles a las actividades que organizan. "Ver a dos señoras jubiladas en una charla sobre no monogamias y perspectiva LGTBI es una maravilla". 

Sobre iniciativas que nacen de encuentros informales saben algo Bebi y Claudia. Sus circunstancias son del todo extraordinarias: en la pedanía de La Alberguería (Salamanca) están censadas algo menos de medio centenar de personas, pero solo residen ellas dos. "Si el total de la población es gay, por qué no íbamos a tener nuestro propio Orgullo", relata Bebi. Así fue como nació el festival la Albergayría, sufragado en su totalidad por la pareja. 

La iniciativa caló entre los vecinos de los municipios colindantes. Hasta tal punto que "casi todo el mundo colabora voluntariamente, los negocios de alrededor donan bebidas, comidas y productos para el bingo". El pueblo se tiñe de arcoíris, batucadas, espectáculos drag y mucha reivindicación. Bebi confía en poder reeditar el éxito este año, incluso superarlo. "Que se vea que no pasa nada, que en las zonas rurales, incluso en la Castilla profunda, se puede vivir con libertad". 

Se trata, al fin y al cabo, de hacer más habitable la vida de quienes "viven en los márgenes de los márgenes", asiente Sergio. Y de allanar el camino a todo aquel que lo necesite. "Yo pasé de decirle a mi madre que era gay y que llorase sin parar, a ir acompañado de ella a las manifestaciones del Orgullo", zanja.

Vino a conquistar París, pero acabó convirtiéndose en el hazmerreír de la ciudad. Las imágenes del influencer estadounidense Clavicular, una de las figuras de la machosfera seguidor del looksmaxxing —un movimiento que promueve la optimización física extrema—, han inundado las redes sociales. Grabado en directo en las calles de la capital este fin de semana, va de terraza en terraza intentando ligar con mujeres, convencido de que su físico y su mandíbula —que se remodela, según explica él mismo, a martillazos— bastarán para que todas las parisinas caigan rendidas a sus pies. Al final, sufre una larga serie de rechazos, acaba declarando, incrédulo: “Todas deben de ser lesbianas”.

Aunque la derrota en directo de este manfluencer de 20 años, conocido por sus comentarios misóginos, pueda provocar una sonrisa, no debe ocultar un hecho: su ideología no deja de ganar terreno, también en Francia. Así lo constata el informe presentado el miércoles 24 de junio por la delegación de derechos de las mujeres del Senado. Titulado Masculinismo: la nueva ofensiva contra las mujeres, es fruto de siete meses de trabajo, un centenar de comparecencias y un análisis de contenidos en línea.

La primera conclusión de las ponentes es que el movimiento masculinista no se limita a una tendencia en redes sociales impulsada por unos pocos influencers, sino que constituye "un movimiento social y político que pretende acabar con los derechos de las mujeres y, en última instancia, desmantelar nuestros cimientos democráticos", estiman las senadoras. Y añaden: "Al atacar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, al intentar desacreditar constantemente la voz de las mujeres, al cuestionar derechos conquistados tras décadas de luchas y al exhibir una misoginia violenta y descarada, los movimientos masculinistas representan un riesgo real para nuestra democracia y nuestra cohesión social".

Las redes sociales son el principal altavoz de la machosfera. Sus discursos, por naturaleza muy polarizantes, son propensos a captar la atención y a ser amplificados por los algoritmos. Según un estudio de la Universidad de Dublín citado en el informe, un joven tardaría apenas 26 minutos en recibir recomendaciones de contenidos masculinistas en redes sociales.

"Entre el momento en que empezamos el informe y el momento en que lo entregamos, la proliferación se ha disparado. Teníamos la impresión de estar abordando un tema del mundo virtual y hoy es un asunto que forma parte de la vida de la gente", afirma a Mediapart la senadora socialista Laurence Rossignol, una de las ponentes del informe, junto con sus colegas Béatrice Gosselin, de Los Republicanos, y Olivia Richard, de la Unión Centrista.

"Lo que te cuentan las personas que tienen adolescentes es que un día su hijo les dijo que no iba a recoger la mesa porque no es una tarea de chicos. ¿Dónde ha oído eso? En las plataformas y en los vídeos de los influencers", señala la parlamentaria.

Apoyándose en los códigos del entretenimiento y de la cultura digital, los contenidos masculinistas —que pueden adoptar la forma de vídeos de musculación, piezas humorísticas o consejos de seducción— van modificando poco a poco la visión de las relaciones entre hombres y mujeres de quienes los consumen. Y se difunden progresivamente más allá de su esfera inicial de influencia, sin necesidad de una adhesión inmediata y total por parte de los jóvenes.

Un "veneno" que también entraña un riesgo de radicalización que puede desembocar en violencia. La amenaza terrorista masculinista es actualmente objeto de seguimiento por parte de los servicios de la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), que tiene en el punto de mira a "una decena de individuos susceptibles de radicalización violenta", según el informe. Todos ellos menores de 21 años.

En julio de 2025, se frustró un atentado en Saint-Étienne, en el departamento del Loira. La Fiscalía Nacional Antiterrorista imputó a un joven de 18 años que se identificaba con el movimiento incel —el acrónimo de "celibato involuntario", una de las comunidades más radicales de la machosfera—, que proclamaba el odio hacia las mujeres, a las que responsabilizaba de la insatisfacción sentimental masculina.

Ante esta dinámica, las ponentes llaman a un "despertar de las conciencias" y formulan 24 recomendaciones. Entre ellas, la elaboración de una estrategia interministerial dirigida por una estructura única "encargada de la observación del masculinismo", cuya misión sería coordinar las "políticas públicas de prevención y lucha contra los movimientos masculinistas".

También piden "llevar al ámbito europeo la ambición de hacer frente al modelo económico de las plataformas y redes sociales", mediante una estrategia de desmonetización de los contenidos sexistas, misóginos y masculinistas, con el objetivo de privarlos de ingresos publicitarios. El informe recomienda, además, prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida defendida por el Gobierno.

Para Laurence Rossignol, el auge de estos discursos de la machosfera no tiene nada de espontáneo, sino que responde a un proyecto político: "Antes del segundo mandato de Donald Trump, se podía reprochar a las plataformas su desinterés por la regulación. A partir del momento en que todo Silicon Valley se alineó políticamente con Trump, la situación cambió: las plataformas pusieron sus algoritmos al servicio de este tipo de movimientos".

Ese enfoque coordinado entre distintos actores para defender una agenda política también ocupa un lugar central en un informe de Amnistía Internacional Francia (AIF), publicado el jueves 25 de junio. El documento se centra en los movimientos antigénero —de los que el masculinismo es una de las facetas— y que tienen "una ambición clara: menoscabar los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ mediante diversos tipos de estrategias y medios", explica a Mediapart Lola Schulmann, responsable de incidencia en justicia de género en AIF.

El informe documenta cómo los derechos de las mujeres y la igualdad de género son cuestionados por distintos actores con el objetivo de rehabilitar las normas patriarcales y reducir el alcance de las políticas públicas de igualdad.

Toma como ejemplo la educación. Para el inicio del curso escolar de 2025 se elaboró y puso en marcha un programa de educación para la vida afectiva, social y sexual (Evars), dirigido al alumnado de Secundaria y Bachillerato. Esta iniciativa "generó una fuerte oposición por parte de colectivos como SOS Educación y Padres Vigilantes, que presionaron al Gobierno redactor del programa hasta conseguir la supresión de términos como transfobia", precisa el informe. Padres Vigilantes es una rama de Reconquista, el partido de extrema derecha de Éric Zemmour.

AIF recuerda asimismo que algunos masculinistas intentaron saturar de llamadas la línea 3919, destinada a atender a mujeres víctimas de violencia machista. Estos movimientos antigénero multiplican, además, los actos de violencia e intimidación contra asociaciones de la comunidad LGTBQIA+.

En Lyon, en marzo de 2026, un centro LGTBI fue objeto de una infiltración llevada a cabo por el colectivo Eros, que dice querer "luchar contra las derivas ideológicas woke y LGTBI". En Rennes, en mayo de 2025, otro espacio de este colectivo fue blanco de actos vandálicos, con pintadas insultantes, al igual que un local en Le Mans, según precisa el informe.

Otra ofensiva de los movimientos antigénero es el cuestionamiento de los derechos sexuales y reproductivos y, en particular, del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, "objeto de diversos ataques que combinan acciones locales, presiones políticas, campañas de desinformación y estrategias transnacionales".

En Estrasburgo, el centro de planificación familiar ha sufrido varios actos vandálicos, con la colocación de pegatinas hostiles contra los médicos que practican abortos. Durante los debates sobre la constitucionalización de este derecho, en mayo de 2023, se pegaron en bicicletas de París adhesivos con mensajes contra el aborto.

Todas estas acciones las llevan a cabo distintos grupos que comparten un mismo proyecto: cuestionar los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+. Además, cuentan con una financiación en constante aumento. El informe se apoya en cifras del Foro Parlamentario Europeo para señalar que Francia "sería el segundo país [europeo] con mayor financiación destinada a combatir la igualdad de género, con 165,7 millones de dólares, solo por detrás de Hungría, con 172 millones de dólares".

Uno de los principales actores en la financiación del movimiento antigénero, según AIF, es el multimillonario Pierre-Édouard Stérin, que "invierte masivamente en proyectos educativos, mediáticos y políticos —colegios no concertados, influencers católicos, medios conservadores— y en la formación de dirigentes políticos cercanos a la extrema derecha". Esto contribuye a "consolidar a largo plazo a las organizaciones contrarias a los derechos, permitiéndoles ocupar un espacio mediático cada vez mayor y coordinar sus mensajes".

"Es importante demostrar hasta qué punto estas organizaciones están sobrefinanciadas. Frente a esto, las autoridades públicas se están desentendiendo bastante", opina Lola Schulmann, que pide al Gobierno una condena clara de las declaraciones y acciones antigénero, una mayor protección legislativa para quienes defienden los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQIA+ y una financiación acorde con las amenazas que pesan hoy sobre estos avances.

Esta ofensiva contra los derechos de las mujeres y de las personas LGTBQIA+ no se limita a Francia. En su informe, AIF detalla los múltiples intentos de cuestionamiento a escala internacional y las cooperaciones que existen entre actores estatales y no estatales.

El derecho al aborto está siendo cuestionado en Polonia, donde sigue prohibido, pero también en Eslovaquia, con "al menos 20 proyectos de ley contra el aborto presentados entre 2018 y 2021", detalla el informe.

Los derechos de las personas trans también están siendo cuestionados. En su primer día en el poder, Donald Trump firmó un decreto que establecía como política oficial de Estados Unidos el reconocimiento exclusivo de "dos sexos, masculino y femenino". En el Reino Unido, el 16 de abril de 2025, se dictó una sentencia del Tribunal Supremo establece que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico.

AIF detalla asimismo la cooperación entre Estados a escala internacional para restringir determinados derechos. Como ejemplo, cita la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la promoción de la salud de la mujer y el fortalecimiento de la familia, redactada durante el primer mandato de Donald Trump y contraria al derecho al aborto. Actualmente la han firmado 41 Estados de todo el mundo.

Traducción de Miguel López

"Me gustaría que algún día nos expliquen cómo van a llevar una competencia que se llama Diversidad en el Gobierno autonómico". Las palabras las pronunciaba hace apenas una semana el presidente de la Diputación de Segovia, el conservador Miguel Ángel de Vicente, dirigiéndose al diputado de Vox Pedro María Varela. Lo hacía después de que la formación ultra votara en contra de aprobar una moción para condenar los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+.

La preocupación expresada en sede parlamentaria es en realidad compartida: ¿en qué lugar dejan los pactos con la extrema derecha a la comunidad LGTBIQ+? Pero quien la verbaliza está, al mismo tiempo, haciendo gala de sus propias contradicciones: estrechar primero la mano de la extrema derecha, para después alarmarse con sus de sobra conocidas posiciones ideológicas. Si Vox lleva el timón de las políticas sociales en Castilla y León es gracias a los acuerdos con los conservadores, quienes no se han preguntado hasta ahora "cómo van a llevar una competencia que se llama diversidad".

Sucede en suelo castellanoleonés, pero son varias las comunidades en las que el colectivo camina en vilo hacia su fecha más importante, temeroso de perder los derechos conquistados y en una suerte de calma tensa, consciente de que cualquier paso en falso puede hacerle retroceder décadas. 

El PP y Vox se han vuelto a dar la mano con una serie de pactos autonómicos rubricados en los últimos meses en cuatro regiones: Castilla y León, Extremadura, Aragón y Andalucía. Ambas fuerzas han resituado sus prioridades y estrategias, reduciendo las discrepancias públicas y buscando, en términos generales, caminar hacia una convivencia marcada por una línea ideológica común en el grueso de los asuntos.

En materia LGTBIQ+, los de Santiago Abascal han decidido bajar los decibelios, pero tanto su ideario como su hoja de ruta no se han movido ni un milímetro: alertan sobre los peligros de la educación en diversidad, rechazan frontalmente las leyes específicas y claman contra el respaldo simbólico al colectivo. 

El caso de Castilla y León es paradigmático, porque el punto de partida es la inacción histórica en materia de políticas públicas. Se trata de la única comunidad sin una ley para el colectivo, una deuda a la que Vox se opone tácitamente, pero que el PP ha venido desoyendo desde hace años. "El PP no termina de entender ni de trabajar en todo lo que respecta a la diversidad". Habla Gema Segoviano, portavoz de Segoentiende. 

En la región, comenta la activista, se reproduce una dinámica que no es extraña: el compromiso de cada territorio varía en función de las sensibilidades particulares de los representantes públicos. En Valladolid, el gobierno municipal del PP ha rechazado un año más cubrir la fachada consistorial con la bandera del colectivo, al contrario de lo que ocurre en otros territorios también conservadores, como Salamanca. "Hay diputaciones que se implican, a nivel local se intenta dar visibilidad a esta realidad, pero hay una brecha enorme en el plano autonómico", traza la activista. 

Se detiene específicamente en la ausencia de una ley propia. "Llevamos más de quince años intentando tramitarla", pero los conservadores se acomodan en pretextos de muy diversa naturaleza para mantenerla en un limbo. "Vox puede frenar iniciativas, pero el PP a nivel autonómico ni siquiera ha dado pasos", lamenta la activista, por lo que a su juicio a los conservadores "les va a venir muy bien" la presencia de la extrema derecha, porque "así tienen la excusa". Sencillamente, vaticina la portavoz, a muchos líderes políticos "no les va a merecer la pena" significarse a favor del colectivo. 

Y eso tiene su eco en el día a día. "En algunos colegios hay ya cierto temor a que en algún momento un padre o madre empiece a levantar la voz y use los argumentos de Vox para no hablar de diversidad afectivo-sexual".

En términos de reparto de poder, desaparece la consejería de Igualdad y el ultra Carlos Pollán asumirá la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Fue Pollán quien, como presidente de las Cortes de Castilla y León, se ha negado en reiteradas ocasiones a colocar la bandera arcoíris en la sede parlamentaria, un gesto que el nuevo líder de la cámara prevé recuperar. 

También quedarán en manos de la ultraderecha todas las políticas vinculadas al colectivo en Aragón. En la comunidad, los pactos de gobierno han llevado al ultra Alejandro Nolasco al frente de la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, borrando de un plumazo la anterior dirección general específica de Igualdad. 

En la comunidad, Vox ha hecho explícito su propósito de derogar, o al menos reformar, las leyes específicas del colectivo. Hace tan solo un año, se quedó solo al intentar fulminar la ley trans aragonesa, encajada por los ultras en el apartado de la "cultura woke" e "ideología de género". Este año, las Cortes de Aragón no emitirán declaración institucional, fruto de la falta de acuerdo entre los grupos.

A Natalia Aventín, sin embargo, le resulta más sangrante la permisividad del PP. Ella es miembro de Euforia Familias Trans-Aliadas y reside en el Valle de Benasque, en el Pirineo aragonés. La fórmula que han encontrado ella y sus compañeros ante un panorama desalentador es la organización de base. "Hay incertidumbre, pero hemos constituido una red de entidades para unir fuerzas entre los diferentes colectivos ya existentes, tener una estrategia, demostrar que estamos aquí y que se sigan desarrollando las leyes", asiente. 

Aventín, quien conoce en primera persona las secuelas del discurso de odio, siente cierto pudor ante la "ignorancia" de la que hacen gala algunos representantes políticos, a través de "las declaraciones que lanzan, sin ningún tipo de complejo, sobre todo contra las identidades trans". La activista recuerda que el PP aragonés votó a favor de todas las leyes específicas del colectivo, pero ahora ha decidido "mirar para otro lado, sin poner líneas rojas que tienen que ver con los derechos humanos y que un partido democrático no debería cruzar". Esa "ambivalencia", asiente la activista, sitúa a los conservadores "en un lugar muy peligroso". 

Igual que sus homólogos aragoneses, los representantes de la ultraderecha institucional en Extremadura persiguen la derogación de la ley autonómica. Hablan de "adoctrinamiento ideológico" en las aulas y lo incluyen como un objetivo irrenunciable. Pero en este caso, al contrario que en los demás territorios analizados, la Consejería de Igualdad no solo no desaparece, sino que permanece en manos del PP, con Ara Sánchez al frente. 

Tanto la consejera como su partido se han esforzado en consagrar la idea de que los derechos del colectivo están garantizados en el territorio. A mediados de mayo, con motivo del día contra la LGTBIfobia, la bandera arcoíris amaneció ondeando en la sede de la Presidencia de Extremadura. El gesto no sorprendió a Vox: "Nos hemos desmarcado, pero respetamos en este caso la sensibilidad de la señora [María] Guardiola y del PP", asintió su secretario general, Ignacio Garriga. 

Aquellas palabras funcionaban como una suerte de declaración de intenciones que insufló alivio al colectivo. Lo explica Sara Ramos, miembro de Extremadura Entiende. "Por ahora estamos tranquilas, pero no significa que no nos preocupe la entrada de la extrema derecha", sostiene. Y añade que la inquietud es global, porque aunque Vox no controle áreas clave para el colectivo, lo cierto es que "los derechos y las necesidades son transversales", así que cualquier retroceso en políticas sociales, laborales y económicas tendrá impacto también en ellos. 

Aunque en esas tres comunidades "el ambiente es más desesperanzador", existen otras muchas señales de preocupación más allá de sus fronteras. Así lo entiende Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. Su mirada se sitúa casi de inmediato en la Comunidad de Madrid. En la región, se suceden "pequeños grandes gestos que lanzan mensajes muy claros". La activista se refiere a la decisión de no colgar la bandera en los edificios institucionales de la Comunidad y el Ayuntamiento, pero también a la campaña municipal diseñada por el consistorio y que vacía de contenido político al Orgullo.

Iglesias contempla con preocupación también los pasos hacia atrás en la Comunitat Valenciana, donde un intento de reforma legislativa ha sido temporalmente paralizado por el Tribunal Constitucional. PP y Vox estaban decididos a modificar la ley trans de la comunidad, pero el Gobierno de Pedro Sánchez interpuso un recurso debido al recorte de derechos. La dinámica es prácticamente idéntica a la que sucedió ya en la Comunidad de Madrid. También en Valencia, el gobierno regional ha decidido eliminar las referencias a las políticas LGTBIQ+ en los presupuestos del área de Diversidad. 

Y en Totana (Murcia), la derecha y la ultraderecha incluyeron en su acuerdo presupuestario una cláusula que suprime los actos institucionales relacionados con el Orgullo y la colocación de la bandera en los edificios municipales. 

El pasado mes de marzo, la Federación Estatal publicaba su informe sobre el voto de la comunidad LGTBIQ+. Ante la pregunta de si la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo los derechos conquistados, el 64,9% de los encuestados respondía afirmativamente. El principal miedo expresado por quienes participaron en el estudio tenía que ver con una eventual falta de protección frente al odio. Este domingo el colectivo sale a la calle no solo para celebrar, sino también para ponerse de frente ante cualquier intento de retroceso.

El papa León XIV, en su viaje a España, fue pródigo en pronunciamientos ante los distintos sectores de la sociedad. Por ser el Congreso de los Diputados donde participan todas las fuerzas políticas del Estado español, incluidas las independentistas, se impone analizar el contenido del largo discurso dirigido por el papa a la representación política popular.

Si en todos sus discursos el papa ha tenido en sus labios la palabra dignidad de la persona humana, ha sido sin duda alguna en el Congreso donde más veces la utilizó. Su discurso, finalizado, fue ovacionado durante siete minutos por unos y otros diputados, de derechas o de izquierdas. Por lo que parece esa ovación refrendaba el contenido del discurso papal. Lo mismo se aplaudía la condena del aborto y eutanasia, tesis de la derecha, que los derechos de los inmigrantes y refugiados, defendidos por la izquierda. Y tanto en un caso como en otro, la base de la argumentación papal ha sido el respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos. Es a esa dignidad de la persona humana a la que queremos referirnos ahora a la hora de analizar algunas de las cuestiones abordadas por León XIV.

El aborto y la eutanasia son temas delicados que afectan a millones de personas en el mundo. En la sociedad avanza la idea de respetar y legalizar tanto el aborto como la eutanasia mientras que la Iglesia católica sigue manteniendo su condena. Sin pronunciar la palabra “condenar”, León XIV lo recordó ante el Congreso español: “toda vida debe ser concebida y custodiada, desde su concepción hasta su ocaso natural”. Tiene esa institución su ayuda en un frente mediático muy fuerte en el mundo, al servicio de las políticas de derechas que trabajan por frenar esos avances, aunque en privado sus representantes políticos, sociales y económicos las utilizan para sus familias, pese al coste económico y social que les pueda suponer. Es evidente la hipocresía, especialmente en los sectores del poder económico, político y social.

No hay más que echar un vistazo a la prensa. El Correo Español titulaba recientemente un artículo de opinión La eutanasia no es la solución. Y recordaba la actitud de algunos clásicos como Cervantes (1547-1617), en su Quijote. Finalizaba así su reflexión: “Tal vez convenga recordarlo en los momentos de mayor abatimiento: la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que merece defenderse”. Y cuanto todo parece fallar, aún queda la palabra, la inteligencia y la memoria de quienes, como Cervantes, supieron recordarnos que la mayor locura no es vivir, sino renunciar hacerlo “sin más ni más”.

El aborto está ya legalizado en el Estado español desde 1985. La Iglesia católica, como lo avala el discurso papal, a la hora de argumentar su rechazo y condena, alega el respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos humanos. Vamos a ver. ¿Es respetar la dignidad de la persona humana aquellas situaciones en que una mujer es violentada, por violación, y condenada a parir en contra de su voluntad? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar el aborto cuando se prevé un mal parto y el nacimiento de “personas” con graves deficiencias físicas o mentales? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien aborte en medio de las guerras e inmigración mundiales actuales? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana no respetar la voluntad de cada persona con embarazos no deseados?

La legalización de la eutanasia en el Estado español desde el año 2021 va avanzando, si bien hay aún mucho rechazo práctico, tanto en sectores médicos, que son quienes prioritariamente deben actuar, como sociales y políticos. Personalmente, he sido testigo en tres ocasiones de, pese a últimas voluntades a favor de la eutanasia, encontrarme con médicos que se opusieron a respetarlas y, en consecuencia, retrasar y dar vía al final de sus vidas.

La Iglesia católica, sin embargo, sigue condenando la eutanasia en nombre del respeto a la dignidad de la persona humana. ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien pide la eutanasia porque no quiere vivir en sufrimiento permanente, como tantos casos de enfermedades incurables, como por ejemplo no querer malvivir con la ELA? ¿O porque, con problemas de movilidad y comunicación o con discapacidades físicas o mentales, no quiere vivir dependiente de otras personas? ¿O porque no quiere cargar su situación a ningún familiar? ¿Es respetar la dignidad de la persona humana condenar a quien reclama la eutanasia porque, sencillamente, ya no quiere vivir por las razones que fueren, que son las suyas, siempre que no choquen con los derechos de otras personas? ¿Cervantes, si hubiera sufrido la ELA u otra enfermedad incurable, o dependencia total, no hubiera apostado por la eutanasia? Sospecho que Sancho Panza, buen vividor según le presenta el satírico Cervantes, habría pensado de otra forma distinta a la que aparece en el Quijote. Seguro que se habría acogido a esta posibilidad, tan desconocida entonces.

Respetar la dignidad de la persona humana, tal como reclama el papa, debería conllevar el respeto a la voluntad de cada mujer para parir o abortar según sea su contexto natural, físico, social, político, económico. Respetar la dignidad de la persona humana debería conllevar respetar la voluntad de toda persona que quiera dar fin a su vida por sus problemas físicos, psicológicos, mentales, económicos, sociales. Condenar el aborto y la eutanasia, tal como mantiene la Iglesia católica y el papa actual, es, en mi humilde opinión, no respetar la dignidad de la persona humana y sus derechos. Por tanto, flagrante contradicción la del papa actual y su Iglesia católica.

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 Juan Mari Arregui es periodista.

“Send them back” (mandadlos de vuelta), gritaba el ala derecha del Parlamento Europeo, “shame on you” (vergüenza), respondía su ala izquierda, el día en que se oficializaba en Europa el expediente de expulsión para personas migrantes en situación irregular. Día de orgullo para Giorgia Meloni, que se apresuraba a reivindicar la autoría de semejante ignominia, aunque el Reglamento de Retornos no es, ni mucho menos, una ocurrencia más de la Sra. Meloni. Lamentablemente, el Reglamento de Retornos viene germinando desde hace años en las más profundas entrañas de la Unión Europea.

Este Reglamento es la última pieza del Pacto Migratorio de 2023 y su finalidad es la de aumentar las expulsiones y legalizar los centros de deportación fuera de la Unión Europea. Establece sanciones tanto para quienes se resistan como para los países que no reciban a las personas migrantes de vuelta. Detención de hasta 24 meses si existe riesgo de fuga, falta de cooperación, necesidad de verificar la identidad o peligro para la seguridad. Así de amplio y de ambiguo. Y restricciones en materia de visados, ayudas al desarrollo o política comercial para gobiernos díscolos. Los expulsados pueden acabar, además, en centros de deportación en terceros países lejanos, con los que no tengan ningún vínculo ni relación alguna, y permanecer allí por un tiempo indefinido. Las familias con menores no serán una excepción. No hay derecho a la vida privada y familiar (art. 8 CEDH), ni se contempla el interés superior del menor. Finalmente, esos centros se pagarán con cargo al programa Europa Global, el principal instrumento de financiación de la acción exterior de la UE para el período 2028–2034.

El Reglamento ha normalizado la privación de libertad como herramienta de gestión migratoria y ha reforzado la equiparación de la irregularidad migratoria con la criminalidad. Y, según nos ha dicho Von der Leyen, el siguiente paso será el de digitalizar la gestión de los expedientes y ampliar el mandato de Frontex, para que contribuya “de forma aún más decisiva a las operaciones de retorno”. Es decir, aportar más dinero para que todo se haga más deprisa y resulte más eficaz.

Como digo, este giro no es nuevo. Se inscribe en la trayectoria de endurecimiento que ya se denunció tras la Directiva de 2008, considerada entonces regresiva respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Se sitúa en la línea del Pacto Migratorio, que ya planteaba la externalización de las fronteras y procedimientos acelerados de screening en los que no se contemplaba ni el examen individualizado, ni el derecho a la tutela judicial efectiva. El Reglamento de Retornos supera este planteamiento por elevación. Reduce aún más los plazos para examinar las solicitudes y establece filtros y presunciones de seguridad que dificultan las pruebas de vulnerabilidad o persecución específica. Las posibilidades reales de impugnar una orden de retorno o la legalidad de una detención, especialmente para personas sin recursos o con barreras lingüísticas, son casi inexistentes. La hipótesis que se mantiene es la de la ausencia de necesidad y la migración por “capricho”.

Bajo este mismo paraguas, las derechas nacionales han acabado planteando su particular batería de propuestas. Propuestas que van desde limitar la regularización por arraigo o restringir la reagrupación familiar hasta facilitar las deportaciones masivas, la reemigración (que afecta a los nacionales de segunda generación) o la “prioridad nacional” en el acceso a los servicios públicos.

En este guiso a fuego lento, el gobierno de España se ha convertido en el garbanzo negro. La regularización que se ha arbitrado en nuestro país y las posiciones políticas de la coalición española representan un movimiento a contrapelo. De manera que, en estos meses, España está en muy buenas condiciones para presentar un recurso de anulación del Reglamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque viola el derecho de asilo, no devolución y prohibición de expulsiones colectivas, derechos del menor y tutela judicial efectiva, recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales. Porque normaliza la detención prolongada (hasta 24 meses) para infracciones administrativas, amplía los motivos de internamiento y debilita alternativas menos lesivas, vulnerando, así, el principio de proporcionalidad. Y, finalmente, porque nos obliga a aplicar un estándar en la protección de derechos fundamentales que es muy inferior al que ya tenemos consolidado en nuestro país. Es manifiesta su incompatibilidad con los estándares que establece el Tribunal Constitucional español sobre detención administrativa, expulsión y protección de menores y familias.

La política migratoria se ha convertido en un laboratorio de formas de gobierno que naturalizan la xenofobia y el racismo, reproduciendo la arquitectura y la gramática de la extrema derecha. La línea de puntos que divide a un Estado de otro no es un límite territorial sino un espacio jurídico degradado en el que se impone a diario la excepcionalidad jurídica y la sádica escenificación de un castigo. El gobierno español podría ser la última frontera frente al total hundimiento de nuestro derecho de asilo y refugio, y un freno efectivo para la retórica chovinista y securitaria de la extrema derecha.

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María Eugenia Rodríguez Palop es ecofeminista y profesora de DDHH y Filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid.

Recientemente, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado el objetivo de ocupar el 70% de la franja de Gaza, una aspiración que contraviene frontalmente el plan de paz acordado en octubre de 2025, que establece la retirada de las fuerzas israelíes del territorio. Esta declaración no puede leerse como un hecho aislado. Se inscribe en una lógica más amplia de imposición de hechos consumados que también se despliega, con creciente intensidad, en la Cisjordania ocupada, donde el Gobierno israelí está forzando la expulsión de comunidades palestinas enteras mediante una estrategia orientada a hacer invivible la permanencia de la población originaria en su propia tierra.

El momento es de una gravedad excepcional. Lo que está en juego no es únicamente la supervivencia inmediata de una población sometida a violencia, desplazamiento y desposesión, sino la posibilidad misma de que el pueblo palestino siga existiendo como sujeto histórico, político y territorial. Las circunstancias actuales resultan más que sintomáticas de una ofensiva sin precedentes contra sus derechos, ampliamente reconocidos por la comunidad internacional y anclados en el derecho internacional.

La profunda crisis humanitaria en la que Israel ha sumido a la población palestina durante los dos últimos años y medio ha ocupado, con razón, el centro de la atención internacional. El nivel de destrucción, muerte y violencia resulta difícil de nombrar sin caer en la insuficiencia del lenguaje. Gaza ha sido convertida en un paisaje de ruinas, duelo y hambre. La magnitud del sufrimiento desborda cualquier intento de medición: una población entera obligada a resistir aquello que ningún ser humano debería soportar.

Sin embargo, la violencia que atraviesa Palestina no se limita a la destrucción física. Conlleva también una dimensión simbólica, histórica y documental vinculada a la preservación de una memoria colectiva unida intrínsicamente a la tierra de Palestina y que se sostiene sobre el derecho al retorno reconocido mediante la Resolución 194 de Naciones Unidas. En un contexto en el que el territorio se fragmenta, los hogares son destruidos y las comunidades son desplazadas, recordar se convierte también en una forma de permanecer.

En este marco, el papel de UNRWA adquiere una trascendencia que va más allá de su función como agencia humanitaria. UNRWA es también, de manera inevitable, una depositaria de la memoria del exilio palestino. Desde su creación en 1949, tras el desplazamiento masivo provocado por la guerra árabe-israelí de 1948, la Agencia de Naciones Unidas comenzó a operar con una misión inicialmente concebida como temporal: proporcionar ayuda humanitaria y servicios básicos a las personas refugiadas palestinas.

Para distribuir alimentos, asistencia sanitaria y educación, UNRWA necesitaba identificar a las familias desplazadas. Así nacieron las primeras fichas familiares y expedientes de registro. Documentos administrativos que incluían nombres, edades, sexo, lugar de origen en Palestina, fecha y lugar de desplazamiento, relaciones familiares, estado civil, así como nacimientos y defunciones posteriores. Lo que se inició como un procedimiento técnico se convirtió, con el tiempo, en una de las formas más íntimas de preservar una vida interrumpida.

En esas fichas aparecen nombres escritos a mano, niños nacidos en el exilio, matrimonios registrados en campamentos, muertes anotadas décadas después de la huida, pueblos de origen a los que muchas familias nunca más pudieron regresar y generaciones enteras reunidas en una misma tarjeta familiar. Cada expediente conserva el trazado de la diáspora palestina. Cada anotación habla de una casa perdida, de una genealogía herida, de una vida que se niega a desaparecer.

Así, lo que comenzó como un sistema administrativo terminó convirtiéndose, con el paso de las décadas, en uno de los archivos históricos más importantes del pueblo palestino. Conscientes de su valor incalculable, al iniciarse la ofensiva israelí sobre Gaza en 2023, el personal de UNRWA puso en marcha una operación secreta y prácticamente clandestina que se prolongó durante diez meses para trasladar el archivo hasta Jordania, preservándolo así del riesgo existente de bombardeos, incendios, saqueos o destrucción deliberada al que estaban sometidos los documentos manuscritos.

Los archivos fueron transportados al sur de Gaza bajo las bombas, almacenados temporalmente en Rafah y posteriormente trasladados discretamente dentro del equipaje de trabajadores internacionales de UNRWA hacia Egipto, para ser enviados finalmente a Amán con apoyo jordano en aviones militares que regresaban tras entregar ayuda a Gaza. La última carga salió dos semanas antes de que los tanques israelíes tomaran Rafah en mayo de 2024.

La escena posee una fuerza simbólica extraordinaria. Mientras Gaza era destruida físicamente, trabajadores de UNRWA arriesgaban sus vidas para impedir que, junto a las casas, las escuelas, los hospitales y las personas, fuera destruida también su memoria colectiva. En medio del estruendo de la guerra, rescatar un archivo supuso rescatar una prueba de existencia.

La amenaza contra el archivo no se limitaba únicamente a Gaza. En Jerusalén Este y Cisjordania, UNRWA enfrentó otra batalla paralela. Durante 2024 y 2025, Israel endureció las restricciones contra la Agencia, especialmente tras la aprobación de leyes destinadas a limitar sus operaciones en Jerusalén Este. Ante el temor de perder acceso a sus oficinas y archivos, UNRWA decidió trasladar también parte de la documentación histórica desde Jerusalén Este hacia Amán antes de que en enero de 2025 las fuerzas israelíes irrumpieran en la sede central de UNRWA en Jerusalén Este y demolieran parte del complejo.

En un conflicto en el que incluso la narrativa histórica está disputada, lo que estaba en juego no era únicamente documentación administrativa, sino el núcleo documental de la historia contemporánea palestina. Para millones de personas, este archivo constituye una prueba de existencia, origen, desplazamiento, vínculos familiares y continuidad histórica.

Actualmente, UNRWA mantiene registros de aproximadamente 5,9 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria. Su archivo contiene cerca de treinta millones de documentos que acreditan toda la geografía de la Palestina anterior a 1948: Haifa, Jaffa, Majdal, Beisan, Acre, Tiberíades o Beersheba sobreviven en miles de formularios escritos a mano conservados generación tras generación.

El archivo histórico de UNRWA posee un valor excepcional porque reúne tres dimensiones inseparables: humana, histórica y político-jurídica. En su dimensión humana, cada expediente familiar narra una historia de exilio. Las fichas registran familias expulsadas de sus pueblos en 1948 y, en muchos casos, constituye la única prueba documental de sus orígenes. Para las generaciones que no vivieron la Nakba, son una vía para comprender el significado del desplazamiento, del refugio y la vida en los campamentos.

El archivo posee también un valor colectivo incalculable. Historiadores y especialistas coinciden en que constituye una fuente única sobre la historia social palestina posterior a 1948. El Consejo Internacional de Archivos y la Universidad de Luxemburgo destaca que estos expedientes documentan la composición familiar, los lugares de origen, las circunstancias del desplazamiento y la evolución de la vida familiar hasta la actualidad. Ante la ausencia de un archivo nacional plenamente centralizado, los registros de UNRWA funcionan de facto como un archivo nacional palestino.

Asimismo, este fondo posee una dimensión profundamente política. Según Roger Hearn, responsable de la operación de rescate en Gaza, su pérdida habría supuesto una catástrofe para el pueblo palestino, ya que estos documentos podrían convertirse algún día en una de las principales evidencias de los lugares de origen de la población palestina antes de la Nakba. En otras palabras: constituyen una posible prueba histórica clave en futuros procesos de reparación, restitución o reconocimiento del derecho al retorno.

Este último punto ayuda a comprender la disputa en torno a UNRWA, a la que Israel acusa de perpetuar la condición de refugiado, mientras que, por el contrario, para millones de personas palestinas su existencia representa el reconocimiento internacional de que la situación sigue sin resolverse. En este contexto, el archivo ocupa un lugar central en la disputa. Cada documento conservado por UNRWA contradice el borrado histórico. Cada ficha familiar afirma que una familia palestina existió en un lugar concreto antes de 1948. Cada certificado de nacimiento demuestra la continuidad generacional del exilio. Cada expediente impide que la cuestión de las personas refugiadas de Palestina sea reducida a una mera nota al pie de la historia.

Preservar el archivo es, por tanto, preservar una prueba contra la desaparición política del pueblo palestino. Como ha reiterado en múltiples ocasiones el anterior Comisionado General de UNRWA, Philippe Lazzarini, aunque la Agencia desapareciera, las personas refugiadas no dejarían de existir. Sin embargo, desaparecería una institución clave para documentar su continuidad histórica, proteger sus derechos y recordar al mundo que su situación sigue pendiente de una solución justa y duradera.

Por todo ello, la resistencia del pueblo palestino frente a las políticas impuestas por el Gobierno israelí en Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, va más allá de la mera supervivencia física. Es también una afirmación del derecho a existir como pueblo en su propia tierra, a conservar su memoria, a transmitir su historia y a reclamar justicia frente a décadas de ocupación, desplazamiento y desposesión.

En ese mismo sentido, la labor de UNRWA para preservar el archivo histórico se configura como una forma de defensa ante el intento de borrado de la memoria colectiva. En un tiempo en que la violencia amenaza no solo la vida, sino también la memoria, proteger esos documentos es proteger la historia viva de un pueblo.

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Raquel Martí es directora ejecutiva de UNRWA España

La expectación en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era muy alta. Un recurso de amparo de una jueza sancionada por el órgano de gobierno de los jueces podía afectar al juego de mayorías y minorías en la institución, dejando en manos de los vocales progresistas –tradicionalmente menos corporativos que los conservadores– la última palabra sobre las sanciones a jueces y magistrados. Entre los argumentos alegados por la jueza sancionada ante el Constitucional se aseguraba que el Pleno del CGPJ no fue imparcial al rechazar su recurso contra el castigo que le impuso la comisión disciplinaria. Porque los siete miembros de esta comisión que tomaron la decisión inicial –y, por lo tanto, ya estarían contaminados al haberse pronunciado previamente– decidieron junto al resto de vocales el recurso contra su propio acuerdo, lo que afectaría a su imparcialidad.

Si el Constitucional hubiera atendido las razones del recurso y lo hubiera estimado –algo que no ha hecho–, los siete miembros de la comisión disciplinaria que hubieran sancionado o exonerado a un juez tendrían que abandonar el Pleno en el momento en que el máximo órgano del Consejo empezara a deliberar los recursos presentados contra las resoluciones de esa comisión al haberse pronunciado previamente y tener, por tanto, un prejuicio sobre el caso. El Pleno, integrado por 20 vocales y su presidenta, quedaría conformado, cada vez que se vieran recursos contra acuerdos de la disciplinaria, por 14 miembros. La asistencia mínima para la válida constitución del máximo órgano del Consejo es de 11 miembros, según la ley.

En caso de que el órgano de garantías constitucionales hubiera estimado, como reclamaba el recurso de amparo, que los miembros de la disciplinaria no puedan revisar sus propias decisiones y les hubiera obligado a abstenerse, el Pleno resultante tendría mayoría progresista con siete vocales a propuesta del PSOE y Sumar frente a seis designados por el PP. La presidenta, Isabel Perelló, tendría voto de calidad en caso de empate. Es decir, que la última decisión sobre si sanciona o no a un juez quedaría en el Consejo en un órgano dominado por los consejeros de izquierda. Esa sensibilidad ha sido tradicionalmente mucho menos corporativa y condescendiente con los excesos de los jueces que los miembros del sector conservador.

El recurso de amparo, elaborado por el abogado Agustín Azparren, exjuez y exvocal del CGPJ de consenso entre PSOE y PP y, como tal, antiguo miembro de la comisión disciplinaria entre 2001 y 2008, sostiene que, aunque esas sanciones sean de naturaleza administrativa (no es una pena derivada de un delito) el proceso por el que se imponen debe seguir las mismas garantías constitucionales que las causas criminales. Y una de ellas es el derecho fundamental al juez imparcial, un derecho que queda vulnerado al formar parte del Pleno los siete vocales que tomaron la decisión recurrida. Según el recurso, los consejeros de la disciplinaria debieron haberse abstenido del asunto ya que su intervención previa en el mismo "podría afectar a la imparcialidad objetiva en su actuación como vocal".

La sentencia, dictada por la Sala Primera del Constitucional, presidida por el conservador Ricardo Enríquez, la también magistrada a propuesta del PP Concepción Espejel (que ha actuado como ponente), y los progresistas María Luisa Segoviano y Juan Carlos Campo (todos jueces de carrera), ha desestimado ese argumento concreto y consideran que la imparcialidad es un derecho reclamable respecto de las decisiones judiciales, pero no de las sanciones administrativas que impone el Consejo. La imparcialidad, según dice la sentencia del TC citando resoluciones anteriores, "no puede predicarse de la Administración sancionadora", en este caso el Consejo, "en el mismo sentido que respecto de los órganos judiciales", sostiene el tribunal, que recuerda que esas sanciones administrativas se pueden recurrir después ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Pese a desestimar ese argumento, el Constitucional sí da la razón a la jueza sancionada al considerar que el Consejo, al imponerle el castigo disciplinario, vulneró "su derecho a la igualdad y no discriminación por razón de discapacidad", por lo que lo anula. La jueza alegó en su defensa que la sanción de tres meses de suspensión que se le impuso se produjo tras una prolongada baja por un cuadro ansioso depresivo y después de que la enfermedad mental se le volviera a reproducir, aunque esta segunda vez no lo comunicó al CGPJ, que acabó imponiéndole la sanción por los enormes retrasos que acumulaba su órgano judicial. No puede ignorarse, sostienen los magistrados, "que los prejuicios y la discriminación sufrida secularmente por las personas con algún tipo de discapacidad mental (...) constituyen importantes barreras a la hora de informar sobre este tipo de discapacidad en el lugar de trabajo". Según la sentencia, lo que el Consejo debió hacer en lugar de sancionarla, es ajustar a la discapacidad mental que aprecia su carga de trabajo.

"Bujarras de mierda". Es el insulto homófobo que dirigieron dos hombres en Santiago de Compostela a otros dos jóvenes con los que se cruzaron fortuitamente por las calles empedradas de la capital gallega. Uno de ellos decidió cruzar la línea de la violencia verbal, encarándose a los desconocidos. En un vídeo compartido por redes sociales, cualquiera puede apreciar cómo el agresor volvió a emprenderla con el joven que sostenía el móvil para grabar: "Maricón de mierda", lanzó instantes antes de golpearle. Ocurrió esta semana, poco antes del Día Internacional contra la LGTBIfobia y prácticamente al mismo tiempo que España recibía el mayor de los aplausos por ser el país número uno en la defensa de los derechos del colectivo.

Un estudio confeccionado por la organización ILGA Europa y publicado este martes elogia el desarrollo de las políticas españolas, pero advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Mientras las leyes avanzan, el odio sigue presente en las calles.

Lo sabe bien Inés. La violencia llegó a su vida, cuenta en conversación con infoLibre, buscando piso por Madrid. "En una entrevista con el casero, me dijo que no quería a personas trans en su casa". En ese momento, tuvo que decidir si "decir la verdad sobre su realidad y quedarse sin casa" o sencillamente ocultarse. "Tuve que mentir, porque la situación no era la ideal", asiente. Inés es una persona no binaria, pero la necesidad de buscar un techo, en un contexto de crisis habitacional, le empujó de vuelta a un armario que había decidido abandonar. 

Inés pasó más tiempo del necesario pensando en cuáles serían los motivos de aquel señalamiento discriminatorio. Por su cabeza transitaron muchas preguntas: "¿Cuál es la diferencia entre una persona trans y otra que no lo es? ¿Qué piensa este hombre que son las personas trans? ¿De dónde viene ese odio?". Todas quedaron sin responder. 

La situación descrita por Inés no es excepcional. Las personas de entre 25 y 34 años que pertenecen al colectivo expresan con asiduidad ser víctimas de este tipo de discriminación: el 45% de las encuestadas para el informe Estado del Odio 2026 hablan de la denegación del alquiler por su orientación sexual o su identidad o expresión de género tras haber interectuado en redes sociales con inmobiliarias o propietarios de una vivienda.

El mismo análisis pone cifras a esa contradicción entre normativa y realidad. Mientras España es reconocida internacionalmente como el mejor país para el colectivo, más de la mitad de las personas que pertenecen a él (54%) asegura haber sido víctima de algún tipo de discriminación. Concretamente, el 22% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido algún tipo de agresión, el 36% dice haber sido víctima de acoso y el 29% convive con la discriminación, siendo las personas trans quienes en mayor proporción soportan este tipo de violencia.

La comunidad LGTBIQ+ no cuenta ni siquiera con la garantía de poder caminar con seguridad por las calles. Casi un tercio de las personas que afirman haber sufrido una agresión señalan la vía pública como escenario de violencia, tal y como sucedió esta semana en Santiago de Compostela. El centro de trabajo y los espacios de ocio son citados por el 13%, el entorno familiar por el 11% y el transporte público por el 9%. 

Alicia, madre de una niña trans adolescente, asegura percibir un viraje hacia situaciones especialmente virulentas en los centros escolares. "Estas realidades han pasado de ser invisibles a convertirse en el foco de atención, pero de forma muy negativa a consecuencia de los discursos de odio que se escuchan en la política, los medios y las redes", denuncia. 

En los colegios hay "un aumento de las violencias verbales y una vuelta al armario", lamenta la madre, parte del colectivo Chrysallis. "Muchos peques que eran visibles, ahora están cambiando de centro ante el aumento de la hostilidad porque los compañeros reproducen los discursos que escuchan en la televisión y que sus padres repiten".

"Estamos en el momento de mayor avance legislativo, pero en nuestra vida cotidiana seguimos experimentando situaciones de acoso, discriminación y violencia". Habla Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. "Nuestra vida sigue plagada de odio y no basta con tener una legislación aprobada", subraya.

Iglesias y sus compañeros se han concentrado este martes frente a las puertas del Congreso para exigir un acuerdo estatal contra los discursos de odio: "Toda esta violencia está legitimada por una ola de discursos de odio, así que es necesario erradicar el problema desde la raíz".

Las cifras oficiales avalan su preocupación. Según los datos recopilados por el Ministerio del Interior, los delitos de odio con base en la discriminación por orientación sexual o identidad de género son los segundos más numerosos, solo por detrás del racismo y la xenofobia. El año pasado fueron 539 los hechos conocidos por las autoridades, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Y, sin embargo, las personas del colectivo se encuentran con un muro institucional a la hora de denunciar los hechos. Inés ni siquiera se lo planteó. Cuando su casero expresó sin titubear que no quería a personas trans en su casa, la joven sencillamente enmudeció. El desequilibrio de poder y la certeza de que difícilmente iba a obtener reparación le llevaron a no tomar medidas. "Era su palabra contra la mía", asiente hoy. 

En casi tres años, el conocido como Servicio Arcoíris (028) ha registrado un total de 31.313 atenciones, la mayoría a través del propio teléfono, pero otras también vía chat o correo electrónico. Según la información que maneja la Federación Estatal, el 65% de las personas que sufren algún tipo de ataque opta por no denunciar ante las autoridades, si bien entre ellas el 18% sí acude a alguna asociación especializada. 

Ahí es donde se detienen las activistas. "El colectivo LGTBIQ+ carga con una mochila muy pesada, porque tiene que confiar en la protección de quienes hasta hace poco les perseguían", reflexiona Iglesias. Aunque la portavoz confía en que el sentir mayoritario camina hacia un horizonte de compromiso, señala que entretanto las entidades especializadas tienen la tarea clave de construir espacios seguros para dar cobijo a todas las víctimas. Para Inés, contar con una organización a la que poder llamar le sirvió para no sentirse sola. "La soledad te hunde, porque no sabes cómo seguir", comparte. "Saber que hay personas que han vivido lo mismo que tú y que te pueden escuchar es un apoyo fundamental".

Si la nacionalidad puede ordenar la atención sanitaria, también puede acabar ordenando la vivienda, las ayudas sociales, la dependencia, la atención a la infancia o cualquier prestación social destinada a garantizar unas condiciones básicas de vida. Lo que está en juego es más que un acuerdo político: es el principio que organiza el acceso a los derechos sociales, si se ordenan por necesidad o por pertenencia.

La Organización Mundial de la Salud ha insistido recientemente en que las desigualdades en salud no pueden entenderse al margen de las condiciones sociales: vivienda, empleo, protección social, discriminación estructural, desplazamiento forzoso o acceso desigual a servicios. Basta atender a los más de 10 años de diferencia en esperanza de vida que se da entre los barrios de la ciudad de Madrid, por ejemplo. Si la evidencia nacional e internacional pone el foco en reducir discriminaciones estructurales para mejorar la salud y el bienestar, la “prioridad nacional” camina en la dirección contraria.

“Los españoles primero” es más que un eslogan traducido del America First (EEUU primero). Es una forma de redefinir quién merece ser cuidado, protegido o acompañado por las instituciones públicas. Allí donde una política social debería preguntarse qué necesita una persona, empieza a preguntarse dónde ha nacido. El desplazamiento es más hondo de lo que parece. Cambia la arquitectura moral del Estado de bienestar.

En España, podemos sentir orgullo de muchos logros democráticos recientes. En la Transición, los Servicios Sociales se consolidaron como parte fundamental del Estado de bienestar, en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Nacieron como un sistema interdisciplinar, local y comunitario, orientado a atender necesidades sociales y proteger a colectivos vulnerables o en riesgo. Superar la beneficencia significó avanzar hacia una lógica de derechos, responsabilidad pública y protección frente a la vulnerabilidad. La “prioridad nacional” devuelve a los Servicios Sociales al terreno de la caridad y retoma una pregunta que el Estado de bienestar ha tratado de superar: quién merece nuestra atención.

Desde la psicología social sabemos que este argumento puede resultar tentador porque activa una intuición poderosa: si “ellos” reciben ayuda, “nosotros” la perdemos. Introduce una frontera simbólica entre “nosotros” y “ellos”, y convierte la escasez de recursos en una disputa entre grupos. Esta lógica ha estado históricamente en la base de muchas formas de prejuicio, discriminación racial y hostilidad hacia los grupos construidos como externos. En una lista de espera, en una ayuda para la vivienda o en una beca comedor, la persona migrante deja de ser alguien con una necesidad concreta y pasa a ser imaginada como una competidora ilegítima.

Sin embargo, hay una premisa que sí es cierta y debemos atender: efectivamente, hay listas de espera imposibles, precariedad, alquileres desorbitados, servicios públicos saturados y profesionales desbordados. La solución parte de aceptar que el sistema está fallando, pero también debemos impedir que ese malestar se traduzca en discriminación. La “prioridad nacional” se alimenta de problemas reales, pero ofrece una solución que es falsa: el conflicto no es entre nacionales y extranjeros. La verdadera brecha se da entre hacer valer los derechos sociales y las políticas que dirigen el enfado y la frustración hacia las personas más vulnerables.

Estamos jugando con fuego. Una vez que aceptamos que es legítimo ordenar el acceso a derechos por nacionalidad, el criterio puede desplazarse. Primero pueden ser las personas extranjeras. Después, se puede legitimar dejar fuera de la cobertura sanitaria a las personas que no han cotizado lo suficiente o limitar los recursos para las personas que tienen una enfermedad que requiere un tratamiento costoso, o retirar las ayudas para las familias que no son tradicionales, o negar la atención a las personas LGTBIQ+. Cuando una sociedad acepta que es lícito dejar algunas vidas sin protección, el círculo de derechos puede estrecharse una y otra vez. La exclusión no siempre se impone de golpe, la mayoría de las veces se aprovecha una crisis para justificar dejar sin acceso a recursos básicos a una parte de la población.

El Estado de bienestar se basa en que cualquiera puede atravesar una situación de vulnerabilidad y encontrar un suelo común de protección. La “prioridad nacional” rompe esa universalidad mínima y convierte los derechos sociales en un campo de sospecha, vigilancia y jerarquización. Va más allá de excluir a algunas personas: cambia el pacto social que hacía posible proteger a cualquiera que lo necesitara.

La alternativa a la “prioridad nacional” tampoco es ingenuidad ni “barra libre”. Es una priorización basada en el análisis de necesidades y en la planificación territorial. En lugar de preguntarnos quién debe ir primero, deberíamos preguntarnos qué barrios tienen menos recursos, qué servicios están saturados, qué ayudas llegan tarde y qué coordinación falta entre servicios sociales, sanidad, educación, vivienda y empleo. Una política social puede y debe priorizar. Lo que no puede hacer es convertir la nacionalidad en medida de la dignidad.

La respuesta es reconstruir un “nosotros” que no sea excluyente. Nuestra sociedad no es una comunidad con una identidad única o cerrada; nunca lo ha sido. Debemos recordar que la tarea democrática consiste en ensanchar las condiciones que permiten cuidar mejor. Ese “nosotros” al que aspiramos no se construye expulsando a quien tiene menos recursos o menos papeles. Se construye garantizando que la vulnerabilidad de una persona nunca sea usada como argumento para degradar su dignidad.

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Rubén García Sánchez es Doctor en Psicología. Coordinador del Máster en Intervención Psicosocial y Comunitaria, y docente e investigador del Dpto. de Psicología Social y Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.

España ya puede presumir de estar en la cima de la defensa europea de los derechos LGTBIQ+. Es la conclusión del mapeo que cada año confecciona la organización ILGA Europa, un análisis que pone sobre la mesa los avances simbólicos, materiales y legislativos, pero también los retrocesos y la reacción ultra que pone en la diana las conquistas del colectivo.

El mapa que escudriña la situación de las personas LGTBIQ+ en casi medio centenar de países europeos concede a España el primer puesto tras haber constatado que el Gobierno "ha cumplido con los compromisos establecidos en las leyes LGBTI y trans de 2023", mediante la adopción de planes de acción para la igualdad, la creación de una autoridad independiente para la igualdad de trato y la implementación plena de la despatologización de las personas trans en el sistema sanitario, tal y como ha publicado la organización este martes. 

España destaca por encima de los demás países en prácticamente todas las áreas estudiadas. Los expertos le otorgan la máxima puntuación en terrenos como la participación política, en tanto que las personas del colectivo cuentan con las bases necesarias para el ejercicio de la libertad de reunión, asociación y expresión. También obtiene sobresaliente en cuanto al reconocimiento y la protección de los derechos familiares de las personas LGTBIQ+, gracias a las leyes que regulan el matrimonio igualitario, la adopción, la inseminación artificial y la paternidad trans. Y las políticas de asilo incluyen medidas positivas respecto a las personas del colectivo, como la formación específica o la existencia de módulos especializados para garantizar los derechos de los solicitantes de asilo.

La responsable de la puntuación obtenida es fundamentalmente la conocida como ley trans, elogiada por los autores y autoras del informe en el grueso de su análisis. Si España puede hoy ser referente en cuanto a la despatologización del colectivo, la autodeterminación del género o la educación en diversidad, es gracias a la legislación aprobada hace ahora tres años y a su aplicación efectiva.

"Hoy es un día importante", ha señalado la ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Es el reconocimiento de mucho trabajo durante muchos años", ha presumido en declaraciones a los medios, tras advertir que aun así urge estar "muy atentos y muy alerta para que no haya retrocesos".

Katrin Hugendubel, subdirectora de ILGA Europa, ha situado este martes a España como "un claro ejemplo de lo que se puede lograr cuando un Gobierno decide deliberadamente impulsar la igualdad en lugar de retroceder". Sin embargo, su organización advierte de "la brecha entre el progreso legal y la experiencia cotidiana". Las agresiones contra las personas LGTBIQ+, según el último informe de la Federación Estatal, han aumentado un 15% "impulsadas por un clima de discurso de odio que envalentona la violencia contra los grupos vulnerables".

En enero del año pasado, una discoteca de Torremolinos (Málaga) publicó en redes sociales un reglamento de admisión para entrar en el espacio de ocio. Entre los requisitos, figuraba uno muy concreto: no ser homosexual. Es uno de los hechos que recoge el informe anual, cuyos expertos ponen la lupa también sobre todos los mecanismos que inmediatamente se activaron para corregir la situación.

ILGA no pasa por alto aquellos recovecos en los que las buenas prácticas todavía no han logrado resultados. Mencionan, entre otras cuestiones, la falta de reconocimiento formal hacia las personas no binarias, la restricción de edad para la plena autodeterminación de género o la ausencia de una justicia accesible para las personas intersexuales que hayan sido víctimas de intervenciones médicas. 

El informe menciona a la extrema derecha como principal responsable de difundir discursos de odio y obstaculizar los derechos del colectivo. Pero no solo: el Partido Popular también ha llamado la atención de la organización por su oposición reiterada a la ley trans estatal y sus alianzas autonómicas con la ultraderecha para restringir derechos. El informe recoge, en ese sentido, los intentos de retroceso en Valencia y Madrid tras las modificaciones de sus leyes específicas, ambas recurridas ante la justicia y suspendidas parcialmente por el Tribunal Constitucional.

Lo cierto es que no todo son buenas noticias para las personas LGTBIQ+ que habitan en suelo europeo. En siete países no existe ninguna protección legal contra la discriminación hacia el colectivo y solo diez países prohíben las mal llamadas terapias de conversión. En menos de la mitad de los países analizados se permite el matrimonio igualitario y en un total de 18 no existe ningún tipo de protección legal para las parejas del mismo género. 

Únicamente Alemania, Grecia, Islandia, Malta, Portugal y España prohíben las intervenciones quirúrgicas o médicas innecesarias en menores intersexuales. Y doce países no cuentan con ningún procedimiento legal o administrativo para el reconocimiento legal del género.

Países como Rusia, Azerbaiyán, Turquía, Bielorrusia, Armenia, Georgia, Mónaco, Rumanía o Ucrania están a la cola en la defensa de las personas LGTBIQ+. Pero no son los únicos: la media europea no llega al aprobado –el porcentaje se instala en el 42,73% en Europa y en el 52,1% en la Unión Europea–, mientras que territorios como Italia, Polonia, Hungría o Chipre están lejos de ser lugares seguros para el colectivo.

La “prioridad nacional” no es solo una consigna más en el mercado de los eslóganes políticos. Es un cambio de fondo en la manera de entender qué es una sociedad y qué nos debemos unos a otros. Presentada como un gesto de sentido común –“primero los de casa”–, en realidad introduce una ética del egoísmo identitario que erosiona, ladrillo a ladrillo, los cimientos de la convivencia.

En el plano filosófico, la idea es sencilla y devastadora. En lugar de partir de la dignidad universal de las personas, se parte de la pertenencia a un “nosotros” nacional. Los derechos dejan de ser derechos para convertirse en privilegios condicionados por el origen. No se discute quién necesita más, quién está más desprotegido, quién sufre una situación más urgente, sino quién puede exhibir un pasaporte determinado. Esa mutación del lenguaje –de la igualdad a la preferencia– consolida la idea de que hay vidas que valen más que otras.

En sanidad, el contraste es claro. Un sistema sanitario público se justifica éticamente porque atiende según la gravedad y la necesidad, no según la procedencia. La “prioridad nacional” introduce una preclasificación: antes de enfermo, eres nacional o extranjero. Dos personas llegan a urgencias con el mismo diagnóstico, el mismo riesgo, el mismo dolor. La lógica universalista diría: tratemos primero al más grave. La lógica de la “prioridad nacional” legitima que se favorezca al nacional aunque la necesidad sea igual. En el momento en que aceptamos esto, estamos renunciando a la idea de que todos merecemos la misma consideración cuando la vida está en juego.

En vivienda se reproduce el mismo patrón. El problema real es una combinación de salarios bajos, especulación y falta de parque público. Sin embargo, el discurso de la “prioridad nacional” desplaza el foco: ya no se mira hacia los fondos buitre o la ausencia de políticas de vivienda, sino hacia la familia migrante que también busca un techo. Esa familia deja de ser un hogar vulnerable y pasa a ser “competencia” frente a los de aquí. El conflicto deja de plantearse entre quienes concentran la propiedad y quienes no tienen acceso a ella, para convertirse en una pugna moralizada entre “los nuestros” y “los otros”.

La educación, que debería ser la gran escuela de ciudadanía, tampoco queda al margen. La “prioridad nacional” puede filtrarse en el reparto de becas, plazas de escuela infantil o programas de apoyo. Donde antes el criterio era la renta, la necesidad educativa o la situación familiar, empiezan a pesar los años de residencia, la nacionalidad de los progenitores o el origen. Los niños aprenden así, sin que nadie lo diga en voz alta, que hay compañeros que merecen menos inversión pública que ellos. El aula deja de ser el lugar donde se descubre que compartimos futuro y se convierte en el escenario donde se interioriza una jerarquía de valor.

El impacto de todo esto va más allá de quienes se ven relegados al último puesto en la fila. La “prioridad nacional” mina la confianza básica que hace posible la vida en común: la confianza en que, si un día caes enfermo, pierdes la casa o necesitas una beca, las instituciones no te medirán con la vara de tu origen. Cuando se rompe ese principio, todos quedamos más expuestos. Hoy es el extranjero el que queda atrás. Mañana puede ser el empobrecido, el disidente, el “poco productivo”. Una vez aceptado que se puede discriminar en el acceso a derechos, discutir el criterio se vuelve cuestión de oportunidad política.

Vivir en sociedad implica aceptar una cierta renuncia al propio egoísmo. Pagamos por escuelas que quizá no pisaremos, por hospitales en los que tal vez nunca entremos, por viviendas sociales que no ocuparemos. Lo hacemos porque entendemos que sostener ese entramado nos protege a todos, también cuando la vida nos golpea a nosotros. La “prioridad nacional” propone una mutación ética: ya no se trata de sostener un sistema justo, sino de blindar un trozo del pastel para los nuestros, aunque eso suponga dejar a otros a la intemperie.

La paradoja es que esa deriva identitaria, alimentada por partidos que se reclaman patriotas, termina debilitando el propio país que dicen defender. Una comunidad que naturaliza que haya vidas de segunda acaba siendo una comunidad más frágil, más fácil de romper, más vulnerable al miedo y al resentimiento. La verdadera fortaleza de una sociedad no se mide en muros ni en filtros, sino en la capacidad de tratar como iguales a quienes son diferentes. Defender esa igualdad, frente a la “prioridad nacional”, no es una extravagancia moral: es la condición de posibilidad de seguir viviendo, de verdad, en sociedad.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

Amnistía Internacional ha reclamado la “liberación inmediata e incondicional” de Saif Abukeshek, activista de origen palestino con nacionalidad sueco-española, y del activista brasileño Thiago Ávila, detenidos por Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, una iniciativa internacional de apoyo a la población palestina y de denuncia del bloqueo sobre Gaza.

La organización de derechos humanos ha denunciado que ambos permanecen privados de libertad sin cargos formales y ha alertado de las condiciones de su detención. Según ha señalado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, “Israel ha presentado una lista de acusaciones sin fundamento, pero no cargos formales”. Beltrán ha afirmado además que esta situación “pone de relieve las peligrosas consecuencias de décadas de impunidad por las constantes atrocidades cometidas por Israel”.

Los dos activistas comparecerán el próximo domingo 10 de mayo ante el Tribunal de Distrito de Beer Sheva, después de que un tribunal de Ashkelon prorrogara durante seis días su detención sin juicio ni imputación formal.

La defensa legal de ambos corre a cargo del Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (Adalah), que ha denunciado amenazas, torturas y malos tratos durante el tiempo que permanecen bajo custodia israelí. Entre las denuncias recogidas figuran intimidaciones, abusos psicológicos, golpes, aislamiento en celdas con la luz encendida las 24 horas, amenazas de muerte durante interrogatorios prolongados y traslados y revisiones médicas realizados con los ojos vendados.

Tanto Saif Abukeshek como Thiago Ávila mantienen actualmente una huelga de hambre en protesta por su situación. En el caso del activista hispano-palestino, además, ha dejado también de ingerir líquidos, una circunstancia que incrementa la preocupación sobre su estado de salud.

En declaraciones a infoLibre, la esposa de Saif Abukeshek, Sally Issa, ha asegurado que la situación de ambos activistas está completamente ligada. “Ni Thiago ni Saif van a salir si el otro no sale. Son compañeros hasta el final”, ha afirmado. Issa, de origen sirio y nacionalidad sueca, ha explicado que mantiene contacto con Lara, esposa de Thiago Ávila, y destaca la coordinación entre los gobiernos de España y Brasil para exigir la liberación de ambos detenidos.

Issa ha relatado además las dificultades que atraviesa su marido durante la detención. Según ha contado a infoLibre, Saif apenas tenía acceso a agua potable, una de las razones por las que ha decidido dejar de beber. “Saif solo tiene acceso a un vaso de agua al día. En la celda hay una fuente que Israel dice que es potable, pero no lo es, huele horrible”, ha denunciado. La esposa del activista asegura haber trasladado esta información directamente al equipo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

La mujer del activista palestino-español también valora el respaldo recibido por parte del Ejecutivo español. “El ministro Albares ha dicho que han investigado y saben que no hay nada. Lo ha dicho clarísimo: la Flotilla es una misión humanitaria legal. Y el secuestro fue absolutamente ilegal porque ocurrió en aguas internacionales”, ha sostenido en la  conversación con infoLibre.

Amnistía Internacional ha recordado el historial de abusos documentados contra personas palestinas detenidas por Israel y ha mostrado una especial preocupación por el caso de Saif Abukeshek, nacido en el campo de refugiados de Askar, en Nablus, en la Cisjordania ocupada. Abukeshek reside desde hace unos veinte años en España y vive actualmente en Barcelona junto a Sally Issa y sus tres hijos.

En la entrevista con infoLibre, su esposa ha descrito, además, el impacto de la detención sobre la familia. “Lo que más me duele son nuestros hijos”, ha dicho. El mayor, de ocho años, conoce ya la situación de su padre, mientras que el hijo mediano cumplió seis años el mismo día de la detención y no pudo hablar con él.

Amnistía Internacional también ha instado al Gobierno español a mantener la presión diplomática y la asistencia consular al activista. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó públicamente a Israel de “violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen” y reiteró su petición a la Unión Europea para suspender el acuerdo de asociación con Israel.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado en dos ocasiones a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid para trasladarle la “más enérgica condena” del Ejecutivo español por la detención del activista y exigir su liberación. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, Saif Abukeshek recibe asistencia continuada y visitas diarias del consulado español.

Los hechos se remontan al pasado 30 de abril, cuando el ejército israelí interceptó al menos 22 embarcaciones de la Flotilla Global Sumud y detuvo a unas 180 personas tripulantes en aguas internacionales cerca de Grecia. Según la información disponible, Israel bloqueó además los canales de comunicación de la flotilla, impidiendo la coordinación entre barcos y la solicitud de ayuda.

Amnistía Internacional considera que la interceptación de la flotilla y la posterior detención de decenas de activistas constituyen una violación del derecho internacional. La organización reclama además el levantamiento inmediato del bloqueo sobre Gaza y pide a la comunidad internacional “medidas concretas” para poner fin a las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina.

El Gobierno ha exigido la inmediata liberación de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la Flotilla a Gaza, y ha condenado su retención y posible traslado a Israel, han informado a EFE fuentes de Exteriores.

Este viernes, Israel informó que la mayoría de los activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en aguas internacionales se encontraban ya en territorio griego, salvo dos que serían llevados a Israel para ser "interrogados". Saif Abukeshek, de origen palestino, ha sido señalado como "sospechoso de pertenecer a una organización terrorista", mientras que brasileño Thiago Ávila es "sospechoso de actividades ilegales". Israel no ha concretado los cargos.

"Todos los activistas de la Flotilla se encuentran ahora en Grecia, excepto Saif Abukeshek y Thiago Ávila", añadieron posteriormente fuentes de Exteriores sobre las alrededor de 175 personas detenidas el jueves por las fuerzas israelíes cuando se dirigían hacia Gaza en misión humanitaria.

En ese contexto, la cónsul de España en Atenas se ha desplazado a Creta para esperar la llegada de la treintena de integrantes españoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores, han señalado las fuentes, está en contacto con las autoridades griegas "a todos los niveles" en relación con este episodio.

El mismo jueves, el Ministerio convocó "urgentemente" a la encargada de negocios de la embajada de Israel en España, máxima responsable de la misión, para trasladarle su "más enérgica condena por el arresto de los miembros de la Flotilla.

España es uno de los países que ha expresado su condena explícita al ataque. Un total de once países lo han hecho en un comunicado conjunto, difundido por el ministro José Manuel Albares y sus homólogos de Turquía, Brasil, Jordania, Pakistán, Malasia, Bangladés, Colombia, Maldivas, Sudáfrica y Libia.

Los ataques israelíes contra los buques y la detención ilegal de los activistas "constituyen violaciones flagrantes del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", zanjan.

En la nota, los once países remarcan que la Flotilla Global Sumud es una iniciativa civil pacífica y humanitaria destinada a llamar la atención de la comunidad internacional sobre la catástrofe humanitaria en Gaza.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió de nuevo el jueves a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel de manera inmediata.

"Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una Flotilla civil en aguas que no le pertenecen", escribió Sánchez en su cuenta de la red X. El líder del Ejecutivo remarcó que "no basta" con las acciones del Gobierno de España e insistió en que la UE "tiene que suspender YA" el acuerdo de asociación con Israel y exigir al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que "cumpla la ley de nuestros mares".

Centenares de personas, 400 según el Ayuntamiento de Barcelona, se concentraron el jueves en la plaza de Sants para protestar por la interceptación. El portavoz de la Global Sumud Flotilla en Cataluña, Pablo Castilla, calificó los hechos como "un nuevo acto de piratería" y denunció que se trata de "un ataque contra embarcaciones civiles en aguas internacionales en una misión humanitaria".

En paralelo, decenas de ciudadanos se concentraron la tarde del jueves ante las puertas del Ministerio de Exteriores para protestar por el arresto. Convocados por Global Sumud, los manifestantes portaron banderas palestinas y corearon consignas pidiendo el "boicot a Israel" y reivindicando "la lucha el pueblo palestino".

Entre los asistentes se encontraban Pablo Fernández, secretario de organización y portavoz de Podemos, y el que fuera jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Julio Rodríguez.

El pasado viernes, 10 de abril, representantes de varias organizaciones de derechos humanos se reunieron con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para trasladarle su preocupación por la práctica de la tortura en España. Según denuncian en un comunicado, "sigue siendo una realidad incuestionable" que "se sigue llevando a cabo, si no de forma sistemática, sí con una frecuencia más que esporádica, según han reiterado varias instituciones internacionales de derechos humanos".

Durante el encuentro, las entidades trasladaron a Gabilondo su "preocupación por la impunidad de la que gozan los delitos de tortura en el Estado español" y le pidieron que impulsara "algún tipo de actuación ante las Cortes Generales a fin de que la representación pública valore la posibilidad de realizar actos de reconocimiento y reparación a las víctimas".

En concreto, las organizaciones reclamaron al Defensor del Pueblo que prepare un informe extraordinario sobre la tortura en España y lo presentara ante las Cortes Generales. Su petición se ampara en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo: "Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen [el Defensor] podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas".

A esta solicitud, Gabilondo replicó que, como Alto Comisionado de las Cortes Generales, no puede realizar actuaciones que conlleven alguna forma de incidencia política; es decir, no puede conminar o dar órdenes a las Cortes ni a la presidenta del Congreso.

Asimismo, argumentó que para elaborar un informe de estas características necesitaría contar con los medios adecuados y con un encargo del Congreso de los Diputados. También recordó a los representantes de las organizaciones que la figura del Defensor del Pueblo no es la única institución encargada en exclusiva de la protección de los derechos humanos, remitiéndoles a otras instancias como la Ley de Memoria Democrática de 2022, la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática y a la Comisión de la Verdad (adscrita al Consejo de la Memoria Democrática).

Gabilondo afirmó, además, que deseaba “buscar caminos" para ayudar a estas organizaciones "en el tema de la tortura” y les aseguró que se pondrá en contacto con ellos.

Por su parte, los colectivos valoran "la reunión mantenida con el Defensor del Pueblo", al tiempo que manifiestan su voluntad de seguir trabajando para que la institución, "en el ámbito de sus competencias y dentro del marco establecido en el artículo 32.2 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo", elabore un informe sobre la tortura en el Estado español "que abarque, al menos, desde los años 1960 hasta la actualidad" y lo presente a las Cortes Generales.

"También queremos hacer un llamamiento a las agrupaciones y organizaciones sociales, en especial a las que trabajan en la defensa y protección de los derechos humanos, para que se sumen a esta iniciativa encaminada al reconocimiento, reparación y justicia de las víctimas de tortura y otras vulneraciones de derechos causadas por agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los funcionarios de prisiones", añaden en el comunicado.

No es solo uno de los más de 5.000 jueces que hay en España. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano constitucional que tiene como principal misión preservar, promover y defender la independencia judicial en España. Desde esa atalaya, a la que fue aupado por el PSOE y Sumar, el consejero Carlos Hugo Preciado ha denunciado que el Gobierno formado por esos dos partidos pretendería controlar la elección del próximo miembro español de la más alta instancia de protección de los derechos fundamentales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Y lo ha hecho tras presentar su candidatura y no pasar la primera criba. Preciado ha impugnado el proceso ante la Audiencia Nacional y ha solicitado su paralización. Prospere o no, su recurso extiende una sombra de sospecha que afectará al debate sobre los candidatos y a la apariencia de imparcialidad de quien resulte finalmente designado, advierten en el CGPJ.

Preciado, que no ha recurrido las bases de la convocatoria hasta que no ha sido rechazado para el puesto, advierte ahora que la comisión que debe seleccionar a los tres candidatos de la lista que el Consejo de Ministros enviará a la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa para que dé su última palabra sobre el miembro español del TEDH está formada mayoritariamente por personas vinculadas al Gobierno. Esa comisión está integrada por tres miembros del Ejecutivo –los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores y Justicia y el subsecretario de Presidencia– a los que se une una magistrada designada por el CGPJ (en este caso la designada es la vocal conservadora Gema Espinosa) y un jurista de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio, preferiblemente seleccionados entre personas que hayan sido miembros del TEDH (en el proceso actual, la catedrática de Derecho Internacional Público, miembro permanente del Consejo de Estado y exjueza ad hoc del tribunal, Paz Álvarez).

Con su recurso contencioso-administrativo, Preciado lanza dudas sobre la imparcialidad de un proceso que, sin embargo, fue regulado hace seis años por el Gobierno socialista mediante un reglamento precisamente para darle la objetividad, transparencia e institucionalidad que el Consejo de Europa –la organización internacional en la que se encuadra el tribunal europeo– reclamaba para los procesos internos de selección de jueces de cada país. En la anterior elección, la de la magistrada actual, María Elósegui, la preselección de la terna fue de cuatro miembros del Gobierno exclusivamente (secretarios de Estado y subsecretarios de Asuntos Exteriores, Justicia y Presidencia), sin la participación de ningún magistrado ni experto jurista, al contrario que ahora. El procedimiento, además, no estaba recogido en una norma, como actualmente, sino en unas simples “pautas” acordadas previamente por el Consejo de Ministros.

En cualquier caso, la última palabra sobre los tres candidatos finales, tanto entonces como ahora, corresponde al Ejecutivo, que, en teoría, puede devolver la terna de candidatos seleccionada si considera que no está formada por personas aptas para el cargo. Nunca lo hace. En realidad, en casi todos los Estados miembros, al igual que en España, la decisión final corresponde a alguna instancia gubernamental, ya sea el Consejo de Ministros, el presidente, el primer ministro o el ministro de Justicia o Asuntos Exteriores. Esas son las instituciones de cada país que envían la terna a la Comisión para la elección de los jueces del TEDH, un órgano de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el organismo que tiene en sus manos la decisión final sobre el nombramiento del juez de cada Estado.

Sembrar dudas sobre la intervención del Gobierno en el procedimiento de elección de los jueces, ya sea del último juzgado de pueblo o del presidente del Tribunal Supremo, o acusarlo de ataques a su independencia es uno de los mantras de la derecha judicial al que ahora se suma Preciado, un vocal del Poder Judicial progresista, elevándolo todavía más hasta el magistrado español del TEDH. Las asociaciones judiciales conservadoras (APM, Francisco de Vitoria y Foro) han llegado a comparar a España con la Hungría del recién derrocado Viktor Orbán –que sometió el Poder Judicial de su país al Ejecutivo–. Incluso han reclamado a la Unión Europea que abra un procedimiento de sanción contra España (que supondría cortar un flujo de miles de millones de euros en fondos europeos) por, supuestamente, vulnerar las normas europeas sobre el Estado de derecho. Bruselas jamás ha comprado esa iniciativa y, en sus últimos informes, ha valorado las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno de Sánchez.

Fuentes del sector progresista del CGPJ muestran su sorpresa con el recurso de Preciado porque, dicen, afectará a la imagen de la Justicia española ante uno de sus principales organismos evaluadores, el Consejo de Europa. Se cual sea el recorrido del pleito, estas fuentes dan por seguro que el cuestionamiento de la convocatoria por un miembro del órgano de gobierno de los jueces hará que las dudas sobre la legalidad del proceso planeen sobre todo el debate que mantengan los miembros de la Asamblea Parlamentaria de ese organismo internacional. Dos de sus grupos de trabajo, el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) y la Comisión de Venecia analizan periódicamente la calidad democrática de las instituciones y los poderes públicos en España y emiten recomendaciones. El grado de cumplimiento de estas últimas es también el termómetro al que recurre la Comisión Europea para redactar su informe anual sobre el Estado de derecho.

Las fuentes del Consejo consultadas, además, cuestionan la propia candidatura de Preciado, lanzada desde otro puesto de designación política como es el de vocal. El candidato ya desechado llegó a su cargo en el Poder Judicial en 2024 a propuesta del PSOE y Sumar, lo que podría afectar a su propia apariencia de imparcialidad en el proceso de selección de nuevo juez del TEDH al aparecer ya ligado a esos dos partidos, los que conforman el Gobierno cuya injerencia denuncia. Además, las fuentes critican que haya utilizado el órgano de gobierno de los jueces como “trampolín” para saltar a un nuevo puesto. Por último, recuerdan que en el caso de que hubiera podido conseguir la plaza en el tribunal europeo, el Consejo habría quedado definitivamente escorado a la derecha, ya que su sustituto sería un miembro de la conservadora y mayoritaria APM propuesto por el PP.

Fuentes del Gobierno aseguran que, por el momento, el proceso de selección sigue adelante. Si el vocal progresista consiguiera que la Audiencia Nacional lo paralizara cautelarmente, el resultado sería el bloqueo de la renovación del magistrado español del tribunal y la prórroga en ese puesto de María Elósegui, conservadora, perteneciente al Opus Dei y aupada por el Gobierno de Mariano Rajoy hace ocho años. Elósegui fue muy criticada tras su nombramiento por formaciones como Podemos, IU o En Comú (estas dos últimas forman parte de Sumar) por varias manifestaciones homófobas previas a su designación como jueza española del TEDH.

Preciado, a través de un portavoz, ha rechazado hacer ningún tipo de declaración sobre su recurso contencioso-administrativo y los motivos que le han llevado a presentarlo. Sin embargo, su interposición ha generado ya un efecto. La comisión de selección ha decidido entrevistar a todos los candidatos al puesto, entre ellos al propio vocal progresista, pese a que inicialmente descartó a 13 de ellos, entre los que se encontraba el consejero propuesto por Sumar.

Este martes, 21 de abril, se ha producido un nuevo avance en materia de derechos LGTBI+ en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia por la que determina que Hungría “ha violado el derecho de la Unión” con su conocida como Ley antipropaganda LGTBIQ+, aprobada en 2021.

Este hecho llega casi dos semanas después de arrasar en las urnas el candidato a las elecciones húngaras de Tisza, Péter Magyar, quien había evitado pronunciarse sobre el tema pero declaró tras su victoria electoral que Hungría sería “un país en el que no se castigue a nadie por pensar distinto que la mayoría, por amar a alguien de forma diferente que la mayoría”.

Con esta decisión, Europa ha sentado un precedente condenando por primera vez a uno de los Estados miembros por violar los principios fundacionales de la Unión Europea.

El 15 de junio de 2021, el Parlamento de Hungría aprobaba con los votos de Fidesz –el partido del ultranacionalista Viktor Orbán– su polémica Ley de Protección de la Infancia, escudándose en la protección de los menores y vetando para ello la divulgación de información sobre el colectivo LGTBIQ+ en las escuelas.

Entre las principales medidas de esta ley se encuentran la restricción de contenidos que "fomenten la homosexualidad" –relacionada por el Gobierno húngaro con la pedofilia– tanto en los centros escolares como en los medios de comunicación, cine y libros.

En agosto de ese año, se emitió un decreto por el cual los libros infantiles que "describan una desviación respecto de la identidad de género concebida en el nacimiento, o describan un cambio de género, o popularicen la homosexualidad", entre otras condiciones, no podrán mostrarse en los escaparates o exhibirse claramente en el interior de las librerías.

Por otro lado, y siguiendo con su particular cruzada contra las personas LGTBIQ+, en el verano de 2025 se prohibió la marcha del Orgullo apoyándose en una enmienda que anteponía "la protección de la infancia" a derechos fundamentales como son el de reunión y libre expresión.

El texto de esta enmienda constitucional señalaba que "todo niño tiene derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su correcto desarrollo físico, mental y moral".

Ya en 2021, la Comisión Europea expedientó a Hungría por esta ley; su presidenta, Ursula Von der Leyen, la calificó de “vergüenza”. "Europa no tolerará nunca que miembros de nuestra sociedad sean estigmatizados, ya sea por la persona a la que aman, por su edad, por su origen étnico, sus opiniones políticas o sus convicciones religiosas", expresó.

Así, la Comisión envió una carta de emplazamiento detallando las razones por las que Bruselas se hallaba preocupada ante esta nueva ley y pidiendo a las autoridades húngaras enmendar la situación en el plazo de dos meses.

Ya en aquel entonces se había previsto una segunda etapa de diálogo de no resolverse el conflicto en el plazo acordado y, como último recurso, se elevaría el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Finalmente, ha sido este martes, 21 de abril de 2026, cuando el TJUE ha condenado al Gobierno húngaro. Y lo ha hecho con rotundidad: "esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo”. “Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados", recoge la sentencia.

Veinte Estados miembros de la Unión Europea –Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y Suecia– exigieron la anulación de esta ley y sus enmiendas.

Según la sentencia, Hungría ha “incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión” al adoptar esta ley, y ha incumplido tanto el Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como diversas directivas y reglamentos.

El TJUE define la ley como "un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales".

"La legislación húngara estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales y (...) las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas", advierte.

“Las disposiciones nacionales en cuestión son manifiestamente contrarias a las exigencias que, en una sociedad basada en el pluralismo, se derivan de la prohibición de discriminación por razón de sexo y de orientación sexual establecida en el artículo 21, apartado 1, de la Carta y vulneran, por tanto, el contenido esencial de dicha disposición”, recoge la sentencia.

Asimismo, hace hincapié en que la protección a los menores puede darse “sin para ello operar una discriminación directa por razón de sexo y de orientación sexual”.

“En efecto, la mera circunstancia de que los contenidos popularicen o representen la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad no permite, por sí misma, demostrar el carácter potencialmente perjudicial de tales contenidos”, añade.

Por otro lado, el TJUE hace alusión a la Carta incidiendo en que “a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción” y, además, “el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas”. 

Asimismo, el TJUE considera que esta ley atentaría también contra la ley general de protección de datos y contra la libertad de prestar y recibir servicios de comunicación audiovisual. 

“La restricción impuesta a la emisión de programas que tengan como elemento central la violencia o la popularización o representación de la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad elimina la presencia efectiva, en esos programas, de personas no cisgénero o no heterosexuales, así como de su modo de vida, aun cuando esas personas forman parte integrante de una sociedad caracterizada por la diversidad y el pluralismo, de conformidad con los valores contemplados en el artículo 2 TUE. La Comisión concluye de ello que el artículo 9, apartado 6, de la Ley de Servicios de Medios de Comunicación da lugar a una discriminación directa por razón de sexo o de orientación sexual, prohibida por el artículo 21, apartado 1, de la Carta”, informa la sentencia.

Tras esta sentencia, que tanto la Comisión Europea como distintas ONG en un comunicado conjunto –Amnistía  Internacional de Hungría, el Comité Helsinki húngaro y la Asociación Háttér– han calificado de “histórica”, sólo queda que el nuevo Gobierno de Péter Magyar la ejecute, acabando así con una de las leyes más injustas y polémicas en materia LGTBIQ+ del continente europeo.

El distanciamiento entre Israel y los países de la Unión Europea es lento pero progresivo desde que España, Irlanda y Noruega —este último país aliado no comunitario— reconocieron a Palestina como Estado en mayo de 2024. Entonces, aquella era aún una postura minoritaria y controvertida entre los Veintisiete que levantó críticas, pero pronto otros países como Eslovenia, y posteriormente Francia, Bélgica, Luxemburgo y Malta, la imitaron.

Ahora, Italia ha decidido suspender el acuerdo de cooperación militar con Tel Aviv, vigente desde 2025 y que debe renovarse cada cinco años. Guido Crosetto, ministro de Defensa, notificó en una carta formal a su homólogo israelí que el pacto se pondrá en cuarentena, afectando a 11 artículos de un memorándum de entendimiento sobre cooperación en defensa, investigación militar o desarrollo de capacidades conjuntas.

La realpolitik, en un contexto internacional cada vez más tensionado donde los conflictos bélicos van en aumento desde hace un lustro, está trastocando las posturas tradicionales de países y partidos políticos europeos. Tras las críticas de gobiernos progresistas o liberales, como el español, el esloveno o el irlandés, ahora es Italia, con un Ejecutivo de extrema derecha, o son formaciones y políticos ultras quienes empiezan a distanciarse de Israel.

Giorgia Meloni ha asumido personalmente la decisión de cortar amarras con Israel. “En consideración de la situación actual, el Gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel”, anunció la primera ministra italiana. La semana pasada, Roma convocó al embajador israelí después de que las fuerzas armadas hebreas dispararan contra un convoy de cascos azules trasalpinos en Líbano. A ello se sumaron los “ataques inaceptables” contra civiles libaneses denunciados por el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, que provocaron una protesta formal de Tel Aviv.

Italia podría modificar ahora su postura sobre la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, algo que ha solicitado formalmente el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En septiembre de 2025, la Comisión Europea propuso una suspensión parcial de sus disposiciones tras concluir que las fuerzas armadas israelíes habían vulnerado los derechos humanos en Gaza. Desde entonces, la iniciativa sigue bloqueada, pero si Italia cambia el sentido de su voto alteraría las mayorías dentro del Consejo al ser uno de los países más poblados de la Unión.

El próximo martes, los ministros de Exteriores de los 27 estudiarán imponer nuevas sanciones al Gobierno de Benjamin Netanyahu por la expansión de sus asentamientos en Cisjordania, los ataques indiscriminados en el sur del Líbano y la posibilidad de adoptar también sanciones comerciales. La Comisión tiene además desde este semana una petición ciudadana firmada por más de un millón de europeos para suspender ese acuerdo bilateral, y no sólo las partes comerciales o de colaboración en proyectos de I+D.

La suspensión del acuerdo de defensa por parte de Italia afecta al tercer proveedor de armas a Israel, por detrás de Estados Unidos y Alemania, aunque este negocio sólo supone un 1,3% de las importaciones de armas de ese país. En agosto de 2025, Eslovenia se convirtió en el primer país europeo en formalizar un embargo total de armas a Israel. Un mes después lo hizo España, Bélgica lo aplicó para las exportaciones desde la región de Valonia y, posteriormente, prohibió cualquier movimiento de material militar con dirección Israel desde el puerto de Amberes.

El pasado fascista de la extrema derecha trasalpina, —ya sea en Fratelli d'Italia, heredero del Movimiento Social Italiano, o de forma menos explícita en La Lega—, así como el colaboracionismo nazi del lepenismo francés, distancian a estos movimientos de un apoyo cerrado a Israel, más habitual en la democracia cristiana y en el conservadurismo europeos. Carlota García Encina, investigadora principal del Real Instituto Elcano explica a infoLibre “que es bastante ambiguo” sostener que la extrema derecha haya sido más proisraelí. “Muchas veces lo han sido precisamente por apoyar a la Administración Trump”. García Encina añade además que ese distanciamiento, o al menos esas dudas respecto a Israel, “es incluso anterior al Gobierno de Netanyahu” y a la guerra abierta en Oriente Medio.

La reorientación que Marine Le Pen realizó del Front National para convertirlo en el Rassemblement National posibilitó al partido abandonar sus posturas antisemitas para presentarse como defensor del Estado de Israel. Su delfín, Jordan Bardella, llegó a visitar ese país hace un año. Pero recientemente la líder ultra francesa ha exigido a Tel Aviv que “respete las reglas del derecho internacional, especialmente en los conflictos armados”, en un reproche claro a su actuación en Gaza y Líbano, al tiempo que ha pedido al Gobierno de Macron que proteja a Israel, “a su población y su soberanía”.

En Polonia, el distanciamiento entre elementos de su extrema derecha e Israel también es visible. El diputado Konrad Berkowicz, uno de los líderes de la formación ultra KORWiN, Nueva Esperanza, ha mostrado en su Parlamento una bandera del Estado judío con la Estrella de David reemplazada por la esvástica mientras acusaba a ese país de ser un “nuevo tercer Reich” por los crímenes de guerra y el genocidio cometidos en Gaza. En Hungría, el cambio de Gobierno sustituirá un aliado incondicional como era Viktor Orbán por un nuevo primer ministro también de derechas, que deberá posicionarse en el debate europeo.

A preguntas de infoLibre, el también investigador de Elcano, Federico Molina, señala la división ideológica entre formaciones de extrema derecha en la UE, “una paradoja interesante, porque además es muy difícil juntar el agua y el aceite de derechas nacionalistas húngaras, eslovacas o francesas” al explicar la diferente posición sobre Israel o la Administración Trump y cómo, ante la actual coyuntura internacional, estos partidos vuelven a enfocarse en los problemas internos domésticos y mismo europeos ya que “vender a tu electorado una globalización o cosas que son completamente ajenas a su agenda tiene, a mi juicio, muchas limitaciones y creo que la europeización de estos grupos va a seguir avanzando”.

“Hay quien interpreta la elección del domingo en Hungría como la prueba de que Orbán se había vuelto demasiado globalista y había abandonado el discurso conservador húngaro tradicional para abrazar agendas llegadas de Estados Unidos o de Israel”, dice Molina, que enmarca también en esa lógica “la reacción de las últimas horas en Italia, con un Gobierno cerrando filas” frente a Trump o Israel. Esa renacionalización de los ultras europeos los está alejando del belicismo y de las ambiciones territoriales de Tel Aviv en Oriente Medio y, por tanto, de un apoyo sin fisuras.

Rocío Wanninkhof tenía 19 años cuando fue asesinada. Era otoño de 1999, en Mijas (Málaga). El crimen tuvo un impacto mediático sin precedentes, atravesado por la desinformación y el señalamiento taxativo de una mujer como culpable: Dolores Vázquez, pareja de la madre de la víctima. Los medios colocaron enseguida sobre ella el título de criminal, esquivaron las evidentes raíces machistas del asesinato e introdujeron lo que más tarde pasaría a engrosar los manuales de comunicación como pena de telediario. En las entrañas del caso subyacía una latente lesbofobia que encontró acomodo social y judicial, terminando con la condena de la principal sospechosa. 

Casi tres décadas después, no queda ya quien dude de la violencia institucional que pesó sobre la acusada en falso. Y por eso, son las propias instituciones quienes comienzan ahora a pronunciar un perdón público: el Ministerio de Igualdad le entregará el próximo 27 de abril, Día de la Visibilidad Lésbica, la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad.

Dolores Vázquez fue declarada culpable de asesinato por un jurado popular. La Fiscalía la describió como una mujer con una personalidad "muy pusilánime y muy gallega", atravesada por "explosiones de ira" y absolutamente "desquiciada" en el momento de los hechos, debido al fin de la relación afectiva con la madre de la víctima. El grueso de los medios de comunicación apuntalaron su imagen de mujer fría, agresiva y temperamental. Permaneció 519 días en prisión, hasta que el hallazgo de una segunda víctima, Sonia Caravantes, dio un vuelco al caso.

"El retrato que se hizo de ella fue fundamental en su culpabilización y en el hecho de que podamos decir que fue un caso de lesbofobia". Habla Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). Los medios enseguida la presentaron como "una lesbiana monstruosa, en el sentido en que tradicionalmente se ha representado a las lesbianas desde la misoginia", abunda la autora a preguntas de este diario.

Sobre Dolores Vázquez se arrojaron todos "los estereotipos de esa lesbiana perversa", ligándola a una persona "masculinizada, agresiva, desagradable, sexualmente perversa y pervertidora de mujeres inocentes, antipática, capaz de todo, tirana con sus empleados y envidiosa de la maternidad ajena". El caldo de cultivo perfecto para hacerla encajar en el molde de culpable.

"Los medios de comunicación tuvieron un papel esencial a la hora de construir un retrato de Dolores Vázquez que casaba con prejuicios instalados en el imaginario colectivo y que dibujan a las mujeres lesbianas como personas perversas, incluso retorcidas y amargadas", hilvana Charo Alises, abogada y activista en la Federación Estatal LGTBIQ+, quien se detiene en los prejuicios sociales respecto a las mujeres lesbianas. 

El calado social fue inmediato. No hubo expresiones de apoyo a Dolores Vázquez, apenas existió un análisis crítico de lo que estaba sucediendo y nadie se concentró a las puertas de los tribunales para denunciar el linchamiento contra la principal acusada. 

El mecanismo de señalamiento fue milimétricamente articulado: "Nunca se dijo públicamente que era lesbiana porque eso hubiera permitido entender y combatir la imagen que se estaba dando de ella", pero al mismo tiempo "se expusieron todos los estereotipos negativos que se asocian a dicha condición", abunda Gimeno. En definitiva, "el armario funciona avisando a los demás de lo que les puede pasar si se atreven a solidarizarse con la persona atacada".

Así lo entiende también Violeta Assiego, abogada especializada en derechos humanos. "El hecho de ser una mujer lesbiana activó un juicio social previo que no se quedó en el ámbito mediático, sino que permeó el proceso penal y condicionó la decisión del jurado popular", asiente en conversación con este diario. El jurado tomó la decisión de declararla culpable "en un contexto fuertemente atravesado por prejuicios, donde la imagen construida de Dolores Vázquez funcionó como un relato verosímil en aquella época que suplía la falta de evidencias".

La mayoría del jurado la encontró culpable, a pesar de la ausencia de pruebas. "Los estereotipos la señalaron socialmente y operaron como un marco interpretativo desde el cual se juzgaron los hechos, anulando la presunción de inocencia y basándose en prejuicios, en vez de en pruebas", sostiene Assiego. 

No fue hasta 2003 cuando el verdadero asesino de Rocío Wanninkhof fue identificado. Tony Alexander King, un agresor machista, un violador y un "auténtico cazador de mujeres", define el periodista José Antonio Sau. El criminal era un viejo conocido de las autoridades: había cometido delitos de la misma naturaleza en Reino Unido y el Gobierno de España había recibido en 1998 la alerta de que se encontraba en suelo español y era peligroso. 

Assiego cree que existió una "clara ausencia de perspectiva de género en la investigación del caso y su enjuiciamiento", un procedimiento en el que "no se contempló la hipótesis de un crimen sexual machista, pese a que esos eran los indicios que fueron determinantes cuando se identificó al verdadero autor". Esa ceguera, completa Gimeno, "permitió que el asesino no solo siguiera libre, sino que asesinara a otra mujer".

Dolores Vázquez nunca fue indemnizada. Lo solicitó en julio de 2015, pero el Tribunal Supremo desestimó la demanda por un defecto formal. Pasó 17 meses en prisión y alrededor de una década en Reino Unido, hasta que decidió regresar. En un documental emitido hace cuatro años, ella misma sostenía que, al margen de la reparación económica, le bastaría con un perdón: "Siempre lo he pedido. Que admitan que se han equivocado conmigo".

La misma idea volvió a expresarla el año pasado en su Betanzos (A Coruña) natal, en la recogida del XVII premio Úrsula Meléndez de Texeda. "Necesito que el Gobierno me pida perdón", manifestó públicamente.

El acto organizado por el Ministerio de Igualdad busca, en parte, curar esa herida todavía abierta. "Es un acto de homenaje y reparación", asiente Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+. "Es muy importante reconocernos en el pasado porque no hay democracia sin memoria", añade a preguntas de este diario. A su juicio, este caso debe estar "siempre presente, especialmente para que nunca se repita una situación como la que vivió ella". Es, a su juicio, un símbolo "pero ante todo es una persona que fue muy maltratada y que merece todo el cariño".

Precisamente en la garantía de no repetición se detiene Assiego. Si bien el perdón institucional "tiene un valor simbólico, jurídico y democrático", lo cierto es que "llega tarde y corre el riesgo de que se quede en algo decorativo si no se va más allá del acto institucional". Para la jurista, nombrar la injusticia "es imprescindible para restituir, en la medida de lo posible, la dignidad de Dolores Vázquez", pero también estima que los efectos de esa reparación tendrían que ser más amplios. 

"Debería tener un valor jurídico en términos de garantías y dar pie a que se comprobase si, en la actualidad, las prácticas judiciales, la conformación de los jurados, los protocolos y los estándares probatorios impedirían que se produjera el mismo resultado", plantea la abogada.

En todo caso, zanja la Assiego, el peso del perdón está ligado "al valor que la propia Dolores Vázquez le dé". Es a ella, afina, a quien "hay que pedir perdón y es a ella a quien hay que escuchar y no a los representantes de los ministerios o a quienes han estudiado y escrito sobre esto". Su voz, zanja, es ahora la más importante de esta historia.