"Solo queremos una vida digna": las historias detrás de la regularización extraordinaria de migrantes

“Estoy cruzando los dedos para tener buenas noticias pronto”, asegura Rachid Bouderka, un joven de 29 años originario de Marruecos y una de las 900.000 personas que se ha acogido al proceso de regularización extraordinaria que aprobó el Gobierno el pasado 14 de abril, que finaliza este 30 de junio. Bouderka es diseñador web y en su país veía muy limitadas sus oportunidades profesionales, por lo que decidió venir a España “para encontrar algo mejor”.

En marzo de 2025 viajó a Portugal, país para el que tenía visado, y desde ahí se trasladó a Madrid. En la capital ya estaba su primo asentado, que le ayudó a encontrar una habitación en la que vivir. En el año y tres meses que lleva en España ha tenido que encadenar diferentes trabajos irregulares, como repartidor, jardinero o pintor, para poder mantenerse. “Cuando me salía algo, tenía que hacerlo”, cuenta en conversación con infoLibre.

Por esta razón, el proceso de regularización extraordinario fue una luz de esperanza en su camino. “Cuando salió la noticia, supe que era una buena noticia, porque yo tenía el plan de esperar dos años para hacer arraigo”, relata. El pasado 27 de abril pudo presentar la solicitud y ahora está a la espera de una respuesta. “Tuve que aportar una lista de documentos”, entre ellos el certificado de antecedentes penales de Marruecos y pruebas de presencia en España como la tarjeta de transporte público, una tarjeta de donación de sangre y pruebas de participación en eventos deportivos.

“Para mí la regularización me permitirá tener estabilidad legal, que es todo lo que estoy buscando, para tener esa tranquilidad. Ojalá me salga el permiso de trabajo y residencia, porque voy a conseguir crecer profesionalmente y un trabajo de lo mío”, explica. Durante todo el proceso ha estado acompañado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), donde ahora participa como voluntario.

Esa misma tranquilidad buscaba Carla (nombre ficticio), que llegó desde Colombia a España en 2023 en busca de asilo. En su país tuvo problemas con sus tierras familiares y se vio envuelta en un conflicto en el que desaparecieron sus tíos y su abuelo. Cuando llegó, lo que más sintió fue la “incertidumbre”: tuvo que trabajar en lo que podía, muchas veces solo durante unas horas. “Es muy duro emocionalmente no tener una estabilidad laboral”, denuncia al otro lado del teléfono. 

“Muchas empresas no te contratan cuando ven la tarjeta roja de asilo, por lo que este proceso ha sido como una luz en el túnel”, explica. En su caso, ya ha recibido la buena noticia de que su regularización ha sido aceptada. “Estoy muy feliz, ya pidiendo la cita para las huellas”, relata, y destaca el acompañamiento recibido por parte de las trabajadoras sociales de CEAR.

“Soy la voz de muchos migrantes que realmente lo que queremos es una calidad de vida y una tranquilidad” agrega. Y explica que ya se puede olvidar de “ese agobio de si vendrá esa resolución de asilo”. “Era una incertidumbre muy terrible”, resume.

Una mayor presencia de personas asiáticas

“El perfil de las personas que hemos atendido refleja bastante bien la realidad migratoria de España”, relata a este periódico el presidente de CEAR, Mauricio Valiente. Predominan las personas latinoamericanas, “muchas de ellas jóvenes”, aunque la organización ha observado “una mayor presencia de personas procedentes de países asiáticos, algo que resulta llamativo en comparación con nuestro trabajo habitual”. “Hemos atendido a numerosas personas de Bangladesh, India o Sri Lanka, colectivos que probablemente han permanecido en situaciones de irregularidad menos visibles hasta ahora”, añade.

Detrás de cada una de estas solicitudes hay una historia distinta, pero desde CEAR destacan tres factores comunes entre muchas de las personas migrantes que han acudido al proceso. “El primero es la necesidad de regularizar trayectorias migratorias que ya están plenamente asentadas en España. Se trata de personas que han construido aquí su vida, que tienen posibilidades reales de empleo y de integración y que desean normalizar su situación administrativa”, destaca Valiente.

“El segundo factor es la posibilidad de recuperar la relación con los familiares. La regularización no solo permite avanzar hacia la reagrupación familiar, sino también recuperar algo tan básico como la posibilidad de viajar y mantener el contacto con los seres queridos. Para muchas personas migrantes, la imposibilidad de regresar a su país o de visitar a sus familiares constituye una de las situaciones más dolorosas de la irregularidad administrativa”, continúa.

Por último, Valiente apunta una tercera dimensión, mucho más simbólica, “relacionada con el reconocimiento del papel que estas personas desempeñan en la sociedad española. El hecho de que este proceso haya sido impulsado por una iniciativa legislativa popular y que las propias organizaciones de personas migrantes hayan tenido un papel protagonista ha generado una percepción de reconocimiento y participación que también resulta importante”.

“Empezar a construir una vida digna”

Vitali Aguilar, de 31 años y nacido en Rusia, no tiene ninguna duda del objetivo que persigue con su regularización y la de su familia. “Al final, lo único que quiero es trabajar, contribuir y sacar adelante a mi familia. Quiero tener una vida digna y ofrecerle a mi hijo un futuro mejor”, explica a infoLibre.

Su historia con España es larga, ya que llegó al país por primera vez con ocho años, “gracias a un programa que existía entonces y que permitía que niños rusos y ucranianos pasaran aquí los veranos”. Estuvo con una familia de acogida y repitió la experiencia durante los siguientes veranos. Con 14 años, su abuelo le preguntó si quería venirse a vivir a España y dijo que sí.

“Vine con un permiso de estudios y, cuando terminé mi formación, obtuve un permiso de trabajo”, relata. Sin embargo, acabó teniendo que volver a Rusia. El estallido de la guerra en su país de origen lo cambió todo y, junto a su mujer, decidieron hace tres años regresar de forma definitiva a España, concretamente a Sevilla. “Al regresar me encontré con que había perdido toda mi documentación y tenía que empezar prácticamente desde cero”, denuncia.

Por esta razón pidieron asilo político y han estado años pendientes de la resolución, hasta que el pasado mayo recibieron la noticia de que se lo habían denegado. “Cuando vimos que la situación se complicaba, empecé a buscar alternativas para regularizar nuestra situación. Ya no éramos solo dos: también teníamos un hijo pequeño y necesitábamos estabilidad”, explica Aguilar.

En un principio se planteó recurrir la resolución, pero entonces llegó la noticia de la regularización extraordinaria. “Me enteré por la televisión, como creo que le ocurrió a mucha gente. Al principio me costó creerlo. A veces se anuncian medidas relacionadas con migración que luego tardan mucho en aplicarse o no terminan de materializarse, así que tenía dudas. Sin embargo, me llamó la atención que fuera un proceso relativamente sencillo y con menos exigencias documentales de las habituales”, celebra Aguilar.

Contactó con varios abogados para buscar orientación y fue una de las letradas de CEAR la que le explicó bien el procedimiento. Finalmente, la familia presentó la solicitud para toda la familia el 17 de junio. 

“La posibilidad de regularizar nuestra situación no solo significa poder trabajar, también supone poder pensar en el futuro. Cuando una familia tiene estabilidad económica puede plantearse ahorrar, comprar una vivienda o incluso abrir un pequeño negocio. En definitiva, permite empezar a construir una vida digna. Mi mayor deseo es que mi hijo tenga oportunidades que yo no tuve. Quiero que estudie en buenos centros, que pueda formarse y que tenga la posibilidad de elegir el futuro que quiera para sí mismo”, explica Aguilar.

Los retos a futuro

Aunque CEAR describe el proceso como “positivo”, también destaca una serie de problemas detectados durante estos meses. En el momento del anuncio, la principal crítica se dirigió a la “falta de preparación inicial, fundamentalmente por la falta de concreción por parte de la Administración”, explica el director general de la organización.

“Sin embargo, el desarrollo posterior del proceso ha sido razonablemente bueno. Hemos podido ir resolviendo las dificultades que han ido apareciendo sobre la marcha y creemos que finalmente ha llegado a las personas a las que iba dirigido”, relata .

Los problemas, no obstante, no han tenido tanto que ver con los plazos como con la imposibilidad de obtener determinados documentos, “especialmente en algunos países donde renovar un pasaporte o conseguir antecedentes penales resulta muy complicado”. Valiente destaca que estos obstáculos “difícilmente se habrían solucionado con una simple ampliación del plazo”.

Las mayores tensiones se han vivido en las ciudades donde hay una mayor concentración de población migrante, como Madrid o Barcelona, donde “la magnitud del proceso ha movilizado a centenares de miles de personas”.

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A esto se suma que la respuesta institucional ha sido desigual. “Ha habido comunidades autónomas y ayuntamientos que han colaborado activamente, movilizando recursos y facilitando el desarrollo del proceso. Otras administraciones, en cambio, han adoptado una actitud más pasiva e incluso han intentado obstaculizarlo”, relata Valiente. En este punto, CEAR señala las ocho comunidades gobernadas por el PP —Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia— que han presentado recursos para intentar paralizar la regularización.

Sin embargo, este proceso no es nada más que un punto de partida.“Una regularización extraordinaria es, en cierto modo, la constatación de que algo no está funcionando adecuadamente en los mecanismos ordinarios, porque lo deseable es que los procedimientos habituales de regularización sean capaces de responder a las necesidades reales de las personas migrantes sin necesidad de recurrir periódicamente a medidas excepcionales”, asegura Mauricio Valiente.

“El nuevo reglamento ha ampliado y simplificado algunas vías de arraigo, y eso supone un avance importante. Ahora el reto consiste en garantizar que esas herramientas funcionen adecuadamente, para lo que hacen falta recursos, personal y capacidad administrativa. Las buenas leyes, si no van acompañadas de medios suficientes para aplicarlas, corren el riesgo de quedarse en papel mojado”, denuncia.