Cuando los servicios públicos no llegan: así asumen las entidades la regularización de migrantes

Gerjo Pérez casi no tiene tiempo ni para atender al teléfono. A las puertas de la asociación en la que participa cuenta que se agolpan centenares de personas desde hace días, algunas incluso tras haber pasado la noche aguardando su turno para ser atendidas. Acción Triángulo es una de las entidades colaboradoras acreditadas para sacar adelante el proceso de regularización extraordinaria en Madrid, asesorando y guiando a las personas migrantes. Muchas llegan obviando que es necesario concertar cita previa, desesperadas porque los tiempos corren y seguras de que la Administración no dará respuesta a sus necesidades. 

Una de las principales demandas tiene que ver con el certificado de vulnerabilidad, necesario en algunos casos concretos. Las personas que hayan sido solicitantes de protección internacional, las que hayan trabajado con contrato en España o las que tengan hijos menores a su cargo no lo necesitarán. Pero el real decreto de regularización sí lo introduce como una condición obligatoria en el resto de supuestos.

La Comunidad de Madrid asegura que no tiene competencias para la emisión de estos certificados, mientras que el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida "solo ofrece el documento de manera automática" a las personas que tienen ya un expediente abierto con los servicios sociales, según expone el portavoz de la asociación. Para los demás, el procedimiento transcurre con "absoluta lentitud, dando citas para agosto", cuando el plazo para solicitar la regularización vence el 30 de junio. En consecuencia, lamenta el activista, "las personas se desesperan".

La sobrecarga que durante los primeros días recayó sobre las oficinas de la Administración, se ha trasladado ahora a las puertas de las organizaciones que se prestan a tender la mano a las personas migrantes. "Abrimos de lunes a domingo y no damos abasto", abunda el activista, quien lamenta estar llevando "todo el peso" del proceso de regularización. "Se te parte el alma", asiente. 

Pérez asegura con total certeza que en la comunidad "quieren bloquear la medida, perjudicando a personas que viven y residen con nosotros". Acción Triángulo, una entidad de defensa de los derechos humanos, cuenta con más de una treintena de personas voluntarias para trabajar y expedir los certificados de vulnerabilidad, pero sus manos son insuficientes para abarcar la cantidad de solicitudes que reciben cada día. "Solo lo hacemos con cita, pero las personas hacen cola por la noche para intentarlo, con una preocupación inmensa porque les falta ese papel", clama el activista.

Otras organizaciones acreditadas comparten las mismas percepciones. "No tenemos información de recogida detallada por el momento, aunque son evidentes las barreras que muchas administraciones están poniendo a la hora del empadronamiento o citas con servicios sociales para certificados de estancia y certificados de vulnerabilidad", sostienen fuentes de Médicos del Mundo. Estos últimos, añaden, son los que "realmente están provocando la mayor demanda que nos llega y en lo que estamos trabajando desde todas nuestras oficinas".

Álvaro González, abogado de Movimiento por la Paz, también certifica la existencia de algunas barreras, si bien lo que a su juicio destaca por encima de todo es la "confusión en torno al certificado de vulnerabilidad que pueden emitir los servicios sociales públicos o entidades acreditadas". En el día a día, añade, "pueden notarse diferencias según los recursos y la capacidad de atención de los servicios sociales en cada territorio", por lo que la coordinación entre las administraciones y las entidades sociales "es fundamental".

Para otras, la carga de trabajo es tal que ni siquiera han podido detenerse a analizar el desarrollo del procedimiento y sus posibles disfunciones. "Por la carga de trabajo que estamos asumiendo actualmente nos es imposible dar respuesta", resumen desde Arcópoli.

Los problemas no son exclusivos de la Comunidad de Madrid. Lo explican desde Regularización Ya: "Las entidades están asumiendo toda la carga de trabajo, estamos totalmente desbordadas", advierte Silvana Cabrera, portavoz de la entidad en València. También su organización se ha visto obligada a atender a centenares de migrantes desorientados y perplejos ante la inacción de las instituciones. Cabrera habla igualmente de una atención continuada, sin cerrar los fines de semana y sin ningún día de descanso ante las "barreras que está poniendo la Administración". "Los servicios públicos no están a la altura", lamenta. Otras entidades que operan en territorios como Navarra, Málaga y Canarias han reportado barreras administrativas y burocráticas similares.

Trabas burocráticas

A las puertas de la sede donde Gerjo Pérez pasa la mayor parte de su tiempo, el activista ha escuchado a muchos relatar las trabas burocráticas que se han encontrado a la hora de enfrentar el procedimiento de regularización, especialmente en lo que respecta a tener que acreditar la estancia ininterrumpida en suelo español durante los últimos cinco meses. 

"Yo he acompañado a gente al centro de salud y las citas no salen en el sistema, tienen que hacer una instancia y ya les llegará a su casa", comparte. Algo similar sucede con el abono transporte, una prueba de utilidad para demostrar la permanencia en el país. En Madrid solo existe una oficina que expida el certificado, pero el inicio del proceso de regularización ha provocado su colapso total. El grupo socialista presentó a mediados de abril una proposición no de ley para instar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a ampliar el número de oficinas que se encarguen del trámite, un paso que por el momento la comunidad se ha negado a dar. 

La Asamblea Antirracista por la Regularización emitió a finales de abril un comunicado en el que advierte de un "cuello de botella operativo por las citas previas y para la atención presencial" en Madrid. Hablan igualmente de una "disparidad de criterios y barreras de acceso" a la hora de obtener el certificado de vulnerabilidad, con casos en los que los servicios sociales "directamente niegan la tramitación". En zonas como Villaverde, Tres Cantos y Colmenar Viejo, se exige el empadronamiento como requisito previo y en Alcalá de Henares, además del padrón, se requiere "haber tenido atención en servicios sociales en los últimos cinco meses". En otros municipios, añaden, "se reporta falta de citas o negativa a asumir esta función por parte de servicios sociales".

Este diario ha preguntado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento si tienen constancia de las quejas expresadas, además de si existen mecanismos para atajar los problemas expuestos, pero no ha obtenido respuesta. 

En todo caso, la presencia de trabas y barreras que dificultan el proceso se reproduce a lo largo del mapa. El portavoz socialista en las Corts Valencianes, José Muñoz, denunció esta semana la existencia de una circular interna firmada por el director general de Atención Primaria y remitida a los centros de salud, en la que se indica que "los justificantes o certificados que se puedan emitir desde los sistemas de información sanitaria de la Conselleria de Sanidad, como pueden ser el certificado de alta en el Sistema de Información Poblacional (SIP) o el registro de asistencias, no tienen validez legal a efectos de esta regularización".

El socialista ha denunciado en sede parlamentaria que la circular funciona a modo de “orden que les dice a los trabajadores de los centros de salud que, si van personas migrantes que quieren regularizar su situación y les piden documentos públicos, no los emitan porque no son válidos en derecho".

A Cabrera no le resulta extraño, lo encaja en una suerte de “racismo institucional”. En el mismo edificio donde se ubica la sede en la que trabaja, se encuentra también una oficina de los servicios sociales valencianos. "Y cuando una persona acude a ellos pidiendo el certificado de vulnerabilidad, directamente nos la derivan", denuncia. 

La activista y sus compañeros también se han topado con dificultades a la hora de acceder a historiales médicos y de transporte, pero sobre todo encuentran trabas en la solicitud de los antecedentes penales, un documento que tiene fecha de caducidad. "La gente acude a los servicios sociales y les dan una cita para el certificado de vulnerabilidad cuando les van a vencer los penales", expone. "Además en muchos sitios les exigen el empadronamiento, aunque no es necesario", completa al otro lado del teléfono, en lo que califica como un "proceso burocrático totalmente racista".

¿Qué dice el Gobierno?

La fuerza asociativa que empujó la regularización se reorganiza para convertirla ahora en acceso a derechos

Ver más

Preguntadas al respecto, fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dicen no tener constancia de ninguno de los hechos expuestos y apelan a la "responsabilidad institucional para que cada administración trabaje en fortalecer y adecuar sus competencias a la población que tienen obligación de atender". 

Las mismas voces indican que "gran parte de los servidores públicos están ya mostrando altura de miras y poniendo su granito de arena para este proceso", algunos llegando a ampliar "recursos humanos o logísticos para dar respuesta a las peticiones de estas personas". En cuanto a la carga de trabajo que asumen las organizaciones sociales, las voces consultadas dicen entender "el esfuerzo y el compromiso de todas las entidades sociales con este proceso de regularización", por lo que agradecen su labor y hacen un "llamamiento a la calma porque el procedimiento estará abierto hasta el día 30 de junio, es un proceso totalmente dimensionado, vivo y va a dar tiempo a todo el mundo a presentar su solicitud".

Para las entidades, no obstante, las palabras de agradecimiento se quedan cortas. Son varias las organizaciones que se reunieron a finales de abril con la Delegación del Gobierno en Madrid, precisamente para exponer los problemas y barreras detectadas. Silvana Cabrera, por su parte, cree que al final del proceso el ministerio "tendrá que ver cuántos certificados se han emitido desde las entidades y desde la Administración", para hacer balance y sacar conclusiones. Ella lo tiene claro: este procedimiento "ha sacado a la luz todo el racismo institucional que padecen las personas migrantes".