Este martes ha tenido lugar la segunda reunión entre los representantes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) y Telefónica, después de que la compañía de telecomunicaciones plantease un expediente de regulación de empleo (ERE) que, según las informaciones conocidas hasta la fecha, afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso. Tras constituirse las primeras mesas de negociación, fuentes sindicales señalan a infoLibre que la empresa ha justificado el proceso “por la competencia del mercado, la reducción de márgenes y la automatización de procesos mediante inteligencia artificial (IA)”.

Cuestiones como “los menores márgenes por venta de fútbol” o la transición del cobre a la fibra óptica también aparecen entre las causas que alega la empresa. “Esto se ha llevado muchos puestos de trabajo, sobre todo en operaciones, porque antes teníamos muchas averías todos los días —si hacía mal tiempo mucho más— y ahora la fibra es prácticamente inmune a cualquier acontecimiento climático y no tiene averías”, señalan fuentes de la negociación.

En cuanto a su negocio audiovisual, la operadora compró recientemente los derechos de la Champions para emitir el fútbol hasta 2031, aunque pagará un 14% más por ellos respecto al contrato actual. Otros puntos que también aparecen son la competencia de las empresas low cost o una reducción de sus márgenes por los rivales en el mercado.

La digitalización de los procesos y la irrupción de la inteligencia artificial son dos de los puntos que abordan. “Lo que alegan es que les sobra personal. Además, estiman que en el corto plazo, van a poder hacer muchas otras tareas con inteligencia artificial”. De hecho, a este punto se ha referido UGT en la nota de prensa publicada en la mañana de este miércoles: “reclamamos a Telefónica apostar por estrategias que permitan abrir nuevas oportunidades de negocio aprovechando la IA, no utilizarla para hacer despidos”, señalaban.

Por su parte, desde CCOO, afirman que la información que han recibido es “incompleta y contradictoria en algunos casos”. Solicitan más datos relativos a las personas afectadas y que se aclaren unos plazos de salida que no son claros: “Si bien se establece que la mayoría de ellas se realizará en 2026, también mencionan el año 2027 y hasta diciembre de 2028”, concluyen.

“No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos despida a más de 5.000 trabajadores”, ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, ha calificado la operación de “indecente”, alegando que “el dinero público no está para despedir a nadie”. Desde la cartera de Economía, el ministro Carlos Cuerpo se ha limitado a señalar que estarán “encima” para que el proceso se haga “de la mano de los sindicatos”.

Telefónica es una de las empresas españolas consideradas como estratégicas y está participada por el Estado. Entre su accionariado, una parte importante, el 10,06% es público y está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A continuación aparece Criteria Caixa, con un 10,05%; Saudí Telecom, con 10,03%; BBVA Asset, con el 5,05% y el fondo de inversión estadounidense Black Rock, con un 3,6%.

El despido afecta a siete filiales de la compañía y aunque los números suelen bailar en las primeras fases de estas negociaciones, las más golpeadas serían tres: Telefónica España, con 3.649 puestos afectados; Telefónica Móviles España, con 1.124 afectados, y Telefónica Soluciones, con 267 afectados. Todas estas sociedades, que suman 5.040 trabajadores, están unidas bajo un convenio conjunto (CEV) que les permite negociar como un bloque, pero además hay otras cuatro filiales más afectadas.

Telefónica Sociedad Anónima, Telefónica Global Solutions, Movistar Plus y Telefónica Innovación Digital suman a la cuenta 1.048 personas más, hasta llegar a la cifra propuesta por la empresa de 6.088. Desde la compañía, han declinado hacer declaraciones mientras tiene lugar el proceso de negociación.

La empresa es un gigante del sector de las telecomunicaciones, con una capitalización bursátil que supera los 21.000 millones, según los datos del gestor de bolsa BME. La multinacional emplea a nivel internacional a una plantilla de 100.800 trabajadores y opera en 10 países, aunque recientemente se desplomó en bolsa un 13%, su tercera mayor caída de la historia en una jornada. Las causas: una menor retribución a los accionistas y un plan estratégico que busca ahorrar hasta 3.000 millones de euros anuales en costes.

En esta primera ronda de contactos apuntan a que han comenzado a tantear la forma de reducir “el volumen de despidos” y buscar acuerdos en lo que tiene que ver con las indemnizaciones. “Todo esto nos llevará hasta Navidad”, señalan fuentes sindicales. Entre las peticiones está que no haya ninguna adhesión forzosa y que no se produzca “discriminación en relación con el sesgo de edad”.

Además, piden que algunas salidas se enlacen con la jubilación y que para ello se tenga en cuenta que la edad de jubilación va a subir en España. “Hay que tener en cuenta el impacto de la ley que actualiza el sistema de Seguridad Social elevando la edad a 66 años y 10 meses en 2026 y a 67 años en 2027, lo que condiciona cualquier medida que pretenda vincularse a la jubilación anticipada”, concluyen desde CCOO.

Además, piden que el plan de salida se vincule a medidas para mejorar las condiciones laborales: revisiones salariales, incremento del importe para dietas y kilometraje, permisos retribuidos, aumentar el teletrabajo, jornadas flexibles bonificadas, mejorar las pólizas de salud o los avales de vivienda, entre otras.

No es la primera vez que la compañía pasa por un proceso de despidos tan amplio. En el periodo 2023-2024, bajo el mandato de José María Álvarez‑Pallete, la multinacional pactó con los sindicatos un ERE que supuso la salida de 3.421 trabajadores. Un plan que costó a la compañía 1.300 millones, pero que estaba destinado a ahorrar en costes de personal. De hecho, la sospecha de un nuevo expediente de regulación de empleo ya llevaba sonando un tiempo, desde que en la presentación de su plan estratégico deslizaran que ahorrar y simplificar la estructura de la firma serían los objetivos primordiales y que estimaban una reducción del 25% en costes operativos.

La Bolsa española ha abierto este martes con una fuerte caída del 1,33%, por debajo de los 15.900 puntos, arrastrada por uno de los grandes valores del mercado español, Telefónica, que se hunde el 9,30% tras los resultados, según informa EFE.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal selectivo español se deja ese 1,33% y los 15.900 puntos (15.824,4 enteros). Las ganancias del año se reducen al 36,44%.

Dentro del indicador, Telefónica cae con fuerza, el 9,30%, después de anunciar que perdió 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que ganó en los nueve primeros meses de 2024, y que recortará al 50% el dividendo que pagará en 2026.

Sobre el papel, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene como misión velar de forma independiente por el correcto funcionamiento de los mercados y sectores económicos en España, garantizar la libre competencia y proteger los intereses de los consumidores.

Pero en sus manos se acumulan cada vez más funciones. Supervisa y regula ocho grandes sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones y audiovisual, transporte ferroviario y aéreo, servicios postales, agua y saneamiento, competencia económica general, mercados digitales y contratación pública.

En energía, por ejemplo, tiene que controlar los precios y la transparencia de la electricidad y el gas; en telecomunicaciones y audiovisual, vigilar la competencia entre operadoras y el cumplimiento de las obligaciones de servicio público de RTVE; en transporte, garantizar el acceso no discriminatorio a las infraestructuras y la libre competencia en ferrocarril y aviación; y en mercados digitales y competencia, investiga y sanciona conductas anticompetitivas, como cárteles o abusos de posición dominante.

Pronto tendrá que ocuparse, además, de la supervisión prevista en el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés) y de la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales.

La agenda de reuniones de la CNMC, que el organismo hace pública a través de sus páginas web, es muy reveladora acerca de cuáles son los sectores que consumen de verdad su tiempo y sus recursos. Son las empresas energéticas, y en particular las eléctricas, las que más veces se han reunido con altos cargos de la Comisión en lo que va de año. Entre las que tienen hilo directo con el órgano regulador están Red Eléctrica, Endesa, Naturgy e Iberdrola. Pero también Repsol, con presencia en petróleo, gas, generación eléctrica y energías renovables, o Enagás, el principal gestor técnico del sistema gasista español, que ha participado en tres reuniones.

¿De qué hablan en sus reuniones, casi cinco al mes? El portal de transparencia de la CNMC, en el que se anotan estas citas, no lo dice, más allá de reseñar quiénes participan por parte de la Comisión —en este caso son habituales la presidenta, Cani Fernández, y la directora de Energía, Rocío Prieto, entre otros responsables— y señalar que el asunto consiste en abordar de “temas del sector”.

En total, el registro público de la Comisión reseña 26 reuniones con compañías eléctricas y 21 con empresas energéticas, casi todas gasistas: 47 de las 109 que el regulador ha celebrado desde el 10 de enero hasta hoy.

No han sido solo empresas. También asociaciones y organizaciones que trabajan como lobbies de determinados sectores, como la Unión Española Fotovoltaica o la Asociación de Empresas de Energías Renovables.

La CNMC desempeña un papel central en la supervisión del sector energético, por lo que las grandes eléctricas y compañías de gas dependen de ella en múltiples asuntos críticos. Entre sus funciones destacan la fijación y supervisión de tarifas, el control de los precios mayoristas de electricidad y gas, y la garantía de que se cumpla la competencia en el mercado, evitando cárteles o abusos de posición dominante. Sin embargo, poco o nada se sabe acerca de los temas abordados en esas reuniones.

Otro ámbito clave es la transición energética: la CNMC regula las subastas de energías renovables, los incentivos a nuevas tecnologías y evalúa cómo estas políticas afectan la competencia y el equilibrio del sistema eléctrico. En conjunto, cualquier decisión estratégica de las grandes eléctricas —desde fijación de precios hasta inversiones en redes o renovables— está condicionada por la supervisión de la CNMC, que tiene la capacidad de autorizar, sancionar o condicionar sus operaciones para asegurar un mercado competitivo, seguro y transparente.

El segundo grupo más numeroso de reuniones de la CNMC tiene que ver con el sector de las telecomunicaciones. A este ámbito corresponden hasta 16 citas, con un especial protagonismo de Telefónica, la empresa más importante que opera en nuestro país. El diálogo del regulador se ha extendido también a compañías como Masorange, Cellnex, Euskaltel o Amazon Web Services (AWS), la división del gigante norteamericano que ofrece servicios en la nube y cuya reciente caída afectó a numerosas empresas en todo el mundo.

En el sector de telecomunicaciones, la CNMC supervisa a las principales operadoras españolas para garantizar la competencia efectiva y la protección de los consumidores. Regula precios y tarifas, evita prácticas anticompetitivas, autoriza y controla el despliegue de infraestructuras como fibra óptica y 5G, y establece niveles de calidad de servicio mediante acuerdos de nivel de servicio (ANS). Además, asegura el acceso no discriminatorio a redes y servicios, condicionando las decisiones estratégicas de las compañías en precios, fusiones, inversiones y lanzamiento de nuevos servicios.

La patronal completa el podio de los que más veces se han reunido con directivos de la CNMC en lo que va de año. El registro oficial reseña reuniones con la CEOE, que dirige Antonio Garamendi y representa sobre todo los intereses del gran capital español, pero también con otras organizaciones especializadas en marcas, comercio exterior, tecnología digital, electrónica, comercio de cereales o fabricantes y distribuidores de latas.

En lo que va de año, los responsables de la CNMC se han reunido también con organizaciones relacionadas con el sector mediático. Entran ahí el Observatorio de Medios, una organización financiada por donaciones privadas, o el Club Abierto de Editores (CLABE), la principal asociación del sector de medios de comunicación en España, que representa a más de 190 grupos editoriales con cerca de 1.500 cabeceras en diversos formatos, temáticas y periodicidades.

También han acudido a la CNMC representantes del sector de la publicidad, como la Asociación Española de Anunciantes o Autocontrol; la Asociación de Revistas Independientes (ARI); la Unión Española de Creadores; empresas de medición de audiencias como OJD o Comscore; la Asociación Española de Influencers (Apide) y hasta la Autoridad de Medios de Comunicación del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.

En el sector audiovisual, constan dos reuniones con RTVE y dos más con gigantes del streaming: Netflix y Amazon, además de otra con Meta, la tecnológica que controla WhatsApp, Facebook o Instagram. Como en el resto de citas, la CNMC se limita a apuntar que hablaron de “temas del sector”.

No consta que durante 2025, el año clave para la implementación en España del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, la Comisión se haya reunido con ninguna organización profesional de periodistas, ni de carácter privado ni de las corporaciones de derecho público que los representan a través de los colegios profesionales en numerosas comunidades autónomas.

En la lista de quienes sí se reunieron con directivos del regulador están tres consultoras: PwC España (dos veces), FEV Consulting Iberia (especializado en movilidad, automoción y transición energética), y BFE+, un despacho especializado en resolución de conflictos, regulación y competencia.

La cúpula de la CNMC se ha reunido también con Adif, dos operadores ferroviarios privados (Ouigo e Iryo) y una plataforma de venta de billetes (Trainline), además del operador de autobuses de bajo coste europeo Flixbus.

La lista completa incluye una decena más de reuniones con actores muy variados. Desde la Red de Oficinas y Agencias Anticorrupción, a la multinacional de medicina nuclear Curium, pasando por el banco holandés ING, el Comité de Energía y Comercio del Senado de EEUU, la tabacalera Comet y hasta la compañía de alimentación Mars, muy conocida por fabricar y distribuir la marca M&Ms.

Telefónica, que acaba de renovar su cúpula, obtuvo en el primer trimestre del año una pérdida atribuida de 1.304 millones de euros, por los impactos de las ventas en Argentina y Perú, frente al beneficio de 533 millones de 2024, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según informa EFE.

Las operaciones en discontinuación (las desinversiones) le han supuesto al operador unas pérdidas de 1.731 millones, de los que 1.200 millones corresponden a la venta de Argentina (principalmente por diferencias de conversión acumuladas) y 500 millones a la de Perú, por préstamos, minusvalías de la venta y resultados de la compañía.

Si sólo se tienen en cuenta las operaciones continuadas, el resultado de la compañía es de 427 millones de euros, un 26% menos que el año pasado, tras caer sus ingresos hasta los 9.221 de enero a marzo, un 2,9% en términos reportados. Los orgánicos (sin tener en cuenta la variación de moneda) crecieron un 1,3%. La deuda financiera se sitúa en 27.049 millones, un 4,9% menos.

A mediados de enero, Telefónica eligió a un nuevo presidente, Marc Murtra, en sustitución de José María Álvarez-Pallete, y ha relevado parte de sus directivos, entre ellos el consejero delegado, que es Emilio Gayo.

Estos son los primeros resultados que presenta el nuevo equipo de dirección, que ha confirmado el dividendo para 2025 de 30 céntimos por acción en efectivo, que se pagará, el 50%, el 18 de diciembre de 2025 y el resto en junio de 2026.

Por regiones, los ingresos crecieron un 1,7% en España, hasta los 3.170 millones, y cayeron en el resto de mercados, un 7,2% en Brasil, hasta los 2.337 millones; un 2% en Alemania, hasta los 2.056 millones, y un 8,6% en su unidad de Hispam (Latinoamérica menos Brasil), hasta los 1.245 millones.

Además de las ventas en Argentina y Perú, el primer trimestre ha sido afectado por la depreciación interanual del real brasileño, que provocó un impacto negativo de 388 millones en los ingresos.

Sus accesos totales crecieron un 0,3%, hasta los 353,5 millones; tras aumentar sobre todo los de fibra, un 8,8%, hasta los 15,7 millones; en servicios mayoristas, un 7,9%, hasta los 28,5 millones; y en contrato, 0,9%, hasta los 120,6 millones. Sin embargo, cayó en televisión de pago, un 1,2%, hasta los 8,8 millones.

Telefónica lidera el apagado de la red de cobre en Europa con el cierre de más del 90% de las 8.532 centrales iniciales. Debido a requerimientos regulatorios, las restantes, 700 millones, se cerrarán en este mes.

El consejero delegado del operador ha afirmado que los resultados están en línea con sus expectativas y confía en que mejoren a lo largo del año, ya que se está en buen camino para cumplir los objetivos de 2025.

El operador está inmerso en la revisión de su estrategia y sigue dando pasos relevantes en la reducción de su exposición en Hispam, como se refleja con la reciente venta de Telefónica Argentina y Telefónica del Perú y la firma vinculante de la venta de Telefónica Colombia.

"Esto es inconstitucional. Es como si se cerrara un edificio entero porque en uno de los pisos se trafica". Así resume Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial, la impotencia que llevan sufriendo en este medio de análisis internacional durante los últimos dos meses. Con cada partido de LaLiga, da igual que sea sábado, domingo o entre semana, su web se apaga impidiendo que los usuarios accedan a sus informaciones y que sus propios empleados puedan entrar al sistema para trabajar durante horas. 

Lo que le está pasando a El Orden Mundial no es una anomalía. Decenas de webs totalmente legales y legítimas llevan desde principios de febrero sufriendo estos bloqueos por la lucha contra el fraude y la piratería audiovisual de LaLiga para proteger sus derechos audiovisuales. En el sitio ¿Hay ahora fútbol? es posible monitorizar el estado de los cortes y se puede comprobar cómo durante el fin de semana son notables desde las 16 horas hasta medianoche. "Hay un silencio absoluto por parte de las autoridades porque es LaLiga. Estamos luchando contra un Goliat dopado", asegura Saldaña.

La entidad presidida por Javier Tebas cuenta con una orden judicial que le permite solicitar a las operadoras de telefonía cuando hay fútbol estos "bloqueos dinámicos y temporales" de rangos de IPs que hacen retransmisiones ilegales de partidos y que están vinculadas al servidor Cloudflare, uno de los principales proveedores a nivel mundial. Fuentes de LaLiga consultadas por infoLibre señalan que "a día de hoy, no hemos recibido tampoco ninguna reclamación formal". 

"Estos bloqueos son una buena idea contra la piratería, el problema es cómo se está ejecutando. Se puede hacer a cañonazos o de forma selectiva. Como el juez no decide cómo, lo están haciendo a cañonazos", explica Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, para la que la idea puede ser "aceptable" en el sentido de "proteger el dinero de una empresa privada": "Pero esto no es admisible en un estado democrático como España porque se afectan a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de información o de empresa". 

"LaLiga tiene una política judicial más agresiva que la que tuvo la SGAE, que se convirtió en el objetivo número uno de los internautas", admite Carlos Sánchez Almeida, abogado director de Bufet Almeida y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Por que estos bloqueos recuerdan a todo lo que ocurrió en la época de la pirateria de cine y series tras la aprobación de la Ley Sinde, que modificó la ley de Propiedad Intelectual para permitir a los titulares de derechos de autor demandar el cierre de páginas web que faciliten la distribución ilegal de sus obras. 

Tal y como detalla Xataka, lo que está ocurriendo ahora es que entre estas IPs que se apagan hay algunas que no están dedicadas a un único servicio, es decir, se comparten entre decenas, cientos e incluso miles de ellos. Si el proveedor de internet no realiza un bloqueo selectivo, también se afecta a otros servicios que son totalmente legítimos. Y no pueden hacerlo porque Cloudflare anonimiza los datos de sus clientes. Fuentes de LaLiga defienden que no se trata de un movimiento "masivo e indiscriminado" sino que "algunos proveedores se niegan a colaborar y prefieren perjudicar a sus usuarios legales y legítimos mientras se lucran de la piratería y otras actividades ilegales". Los usan como "un escudo digital". La entidad que preside Tebas recuerda que esta plataforma ya ha sido sentenciada en Francia, Italia y Alemania por no colaborar en la lucha contra la piratería.

No obstante, el efecto dominó ha provocado que patrocinadores de clubes, como Kelme, la web de soporte de Samsung o la RAE hayan vivido puntualmente alguno de estos bloqueos desde el pasado febrero. Otros como El Orden Mundial, Only Tenis o plataformas de eCommerce lo sufren partido tras partido y juegue quien juegue. Y, cuando afectan a un medio, tal y como recuerda Tejerina, "hablamos ya de un derecho fundamental como el de la libertad de información". 

"Nos afecta al tráfico web y a la conversión de suscriptores. Tampoco podemos acceder a nuestro espacio de trabajo", reconoce Saldaña en conversación con infoLibre. Una lista de afectados por estos bloqueos con decenas de empresas y negocios valoran ya en casi 200.000 euros las pérdidas económicas. 

Desde El Orden Mundial aún no ponen una cifra exacta a las pérdidas que le supone esta situación aunque ya han notado que durante el último mes han bajado las suscripciones debido a que "el fin de semana es cuando más se producen" y el bloqueo de la web en determinadas horas estos días supone "un obstáculo para que cualquier persona pueda acceder con normalidad". "Es desesperante. El pasado sábado tenía que trabajar y no pude desde las 18 hasta las 21", relata Saldaña. 

"Todos aquellos que están en Cloudflare y no tienen nada que con retransmisiones piratas de fútbol son víctimas de una medida judicial excesiva y de un abuso de derecho que se ha perpetrado por un contubernio entre la parte demandada y la demandante", explica Sánchez Almeida porque las operadoras "no han defendido los derechos de sus clientes". 

¿Qué soluciones tienen? LaLiga ha puesto un buzón de comunicación a disposición de las empresas legales que se vean afectadas. Por su parte, El Orden Mundial ya tiene sobre la mesa buscar un servicio alternativo a Cloudflare porque desde la plataforma no les ofrecen alternativas y pagar tampoco les asegura que no les bloqueen: "Todo el mundo nos está diciendo que la situación es complicada y que se puede prolongar en el tiempo". 

Además, El Orden Mundial también se plantea sumarse a la demanda colectiva que se está preparando porque todo hace pensar que los bloqueos continuarán en las cuatro jornadas que restan esta temporada, quizás incluso de forma más intensa en la de este mismo domingo con el clásico entre Barcelona y Real Madrid que se juega a partir de las 16.15 horas. Asimismo, la sentencia en la que se apoya LaLiga se extiende hasta el curso 2026/27. El problema aquí es que estas empresas para poder reclamar tienen que contratar un abogado y, según Tejerina, supone unos gastos de "unos 2.000 euros" que no todas se pueden permitir.

También, tal y como adelanta Tejerina, se está preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Tiene la relevancia suficiente para que la corte de garantías no se lo pueda quitar de encima sin entrar en el fondo", indica esta abogada. 

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La lucha de LaLiga contra estas prácticas piratas vienen de lejos. En palabras del propio Tebas en un Desayuno Deportivo de Europa Press el pasado febrero, "la piratería es el mayor competidor que tenemos". En concreto, afirmó que en España "el 30% paga menos o gratis" por ver un partido: "Si esto sigue así en cuatro o cinco años el fútbol español estará en la ruina, no es ser valientes, es ser coherentes y responsables". Fuentes de la LaLiga estiman que las pérdidas económicas derivadas de la piratería oscilan entre los 600 y 700 millones de euros anuales.

Así, en 2019, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso al ente una multa de 250.000 euros por espiar a los bares con su app para analizar si retransmitían partidos sin pagar, aunque finalmente el Supremo absolvió al ente en 2024. En 2021, logró una orden para bloquear dominios pertenecientes a varios proveedores de IPTV y cardsharing, un método para compartir el acceso a servicios de pago. En 2024, la Audiencia Nacional hizo un amago de cerrar Telegram, por compartir contenido con copyright, incluyendo el fútbol, aunque finalmente dio marcha atrás porque calificó esta decisión de "excesiva y no proporcional".

Ahora, después de identificar que muchas plataformas "piratas" utilizaban los servicios de Cloudflare para ocultar su identidad y evadir sus medidas antipiratería, presentó una demanda junto a Telefónica y logró una orden en diciembre de 2024 para solicitar a operadoras como Movistar, O2, DIGI y MásOrange bloqueos temporales de IPs. "Telefónica y Movistar se autodemandan y esto es un abuso de derechos porque se allanan (que se refiere a la conformidad o aceptación de una parte ante la petición de la parte contraria, que en este caso es la misma empresa) y el juez no entra en el fondo del procedimiento", explica Tejerina. 

"Intentar eliminar Telegram sin entender cómo funciona es lo que hace ambos casos tan parecidos. La idea es buena, pero la ejecución es torpe", reconoce Tejerina. "Bloquear contenido sin revisar lo que bloquean lo que hace es demostrar a todo el mundo es que se te olvida que tu objetivo son los malos y el resto te da igual", detalla esta experta que apunta que los que piratean el fútbol van a seguir creando contenido pirata porque pueden "recurrir a otros métodos" ya que "la tecnológica no se crea ni se destruye, se transforma". En cambio,  "están dejando a gente normal sin servicio para sus clientes o sin poder informar"  

Esta sentencia fue respaldada este mismo marzo por el juzgado de lo mercantil nº6 de Barcelona que desestimó las solicitudes de nulidad de actuaciones presentadas por Cloudflare y RootedCON al ratificar, según fuentes de LaLiga, "la validez del procedimiento seguido, descartando que exista un procedimiento de bloqueos masivos ni indiscriminados, declarando expresamente que no existe merma de garantías"."Al haber un allanamiento previo, el juez concluye que no existen daños y vuelve a no entrar en el fondo del asunto", apostilla Tejerina. 

En esta línea de ofensiva contra Cloudflare, esta misma semana, LaLiga ha anunciado que una alianza con Twitch, Vercel, Scaleway y Gcoreque, varios de los competidores del servidor, para trabajar en su estrategia antipiratería y desactivar las transmisiones piratas de partidos bloqueando de forma específica estos dominios. 

¿Qué base legal respalda estas sentencias? Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que ninguna. Sánchez Almeida recuerda que "el fútbol carece de propiedad intelectual" por lo que "los artículos que se han invocado no pueden ser aplicados a acontecimientos deportivos". En este caso, tal y como señala Tejerina, tendría que tratarse de "los derechos de retransmisión" pero "LaLiga los tienen cedidos".

La sentencia de diciembre de 2024 se basa en el artículo 270.2 del Código Penal que penaliza "la facilitación, distribución o puesta a disposición de listas clasificadas de obras protegidas por derechos de autor sin autorización". Sin embargo, en 2022, una sentencia del Tribunal Supremo estableció que la emisión de un partido de fútbol no encaja en la noción de "obra o prestación literaria, artística o científica" porque "es un espectáculo deportivo, no artístico". "Es una sentencia desgraciada de un juzgado de lo mercantil", indica Sánchez Almeida que apunta que LaLiga tiene "un derecho civil a cobrar por las entradas o por las retransmisiones, pero no es un derecho fundamental". 

Todos estos bloqueos, ¿vulneran derechos fundamentales como el acceso a la información o la libertad de expresión? "Sí, pero no llegan al nivel de la censura previa o a impedir a alguien un derecho, esto son delitos. Pero, en este caso, lo que han hecho es pactar sin considerar los derechos de los usuarios, que son los grandes perjudicados", sostiene Sánchez Almeida. 

Ofelia Tejerina considera que estos bloqueos abren la puerta a una censura técnica porque "si no controlan a donde disparan", es decir, a que webs afecta, su finalidad legítima se "distorsiona" porque al final solo "protegen los negocios privados de una empresa": "Nunca se ha usado este método en delitos como la pederastia o el terrorismo".

Para Eduardo Saldaña, que se pregunta qué tipo de jurisprudencia se crea con estos bloqueos, asegura que el principal riesgo que existe es que estas decisiones se normalicen. "Es una violación de los derechos digitales", defiende el codirector de El Orden Mundial que además recuerda que, a pesar de esta ofensiva, lo cierto es que en redes sociales se sigue viendo cómo la gente sigue consumiendo fútbol en retransmisiones piratas: "No está funcionando". "No podemos permitir que una organización como LaLiga tenga tantísima impunidad", concluye. 

El Gobierno prevé licitar el nuevo canal de televisión en abierto antes de julio, según ha anunciado este jueves el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, que ha descartado instar a Telefónica a que concurra a esta convocatoria. En un desayuno organizado por Europa Press, el ministro ha afirmado que el nuevo canal de televisión en abierto se adjudicará en el plazo de tres meses después de que se haya aprobado (la semana pasada) el nuevo Plan técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT), según informa EFE.

A partir de que se licite este nuevo canal, comenzarán los trámites para su adjudicación, lo que conllevará un periodo de unos seis meses. Con ello, se prevé que este canal se adjudique en otoño o invierno.

En este desayuno, el ministro ha sido preguntado por la posibilidad de que inste a Telefónica a que concurra a la licitación de este canal de TV, teniendo en cuenta que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) posee el 10%, y ha descartado esta posibilidad.

Este nuevo canal resulta de la redistribución del espacio radioeléctrico a raíz de que haya quedado libre espacio con motivo del paso de la televisión de alta definición a la de ultraalta definición. "La ley establece que no puede haber espacio radioeléctrico libre y que el Gobierno tiene la obligación de convocar un concurso para redistribuirlo", ha dicho López.

Ha destacado el consenso con "todo el sector audiovisual" con el que se ha elaborado este plan técnico y ha afirmado que existe un plazo de tres meses para convocar el concurso. "Le convocaremos en este plazo", ha dicho el ministro. Preguntado por si le "incomodó" el rechazo del grupo Prisa para acudir a la convocatoria del nuevo canal, no ha querido "opinar sobre un grupo privado de comunicación". "Habrá un concurso con normalidad como ha habido siempre".

También ha sido preguntado por cuándo se contempla crear el registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación de carácter público, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y no ha dado fecha: "Se creará cuando se apruebe la ley". Un sistema de IA para estimar la edad del comprador, seleccionado para los ensayos sobre IA

Por otro lado, se ha referido al sandbox (banco de pruebas) de inteligencia artificial (IA), que España ha puesto en marcha para que las empresas españolas puedan testar los requisitos establecidos por el reglamento europeo para los sistemas de alto riesgo y ha anunciado que ya están seleccionados los 12 sistemas de IA que participarán en el ensayo. Entre los elegidos, según ha avanzado, figura un sistema de IA para estimar la edad del comprador a través del reconocimiento facial.

El objetivo es que, una vez concluidas las pruebas, se publiquen las guías destinadas a todas las empresas españolas como paso previo a la implantación de este reglamento de IA, así como las sanciones que estarán en marcha en agosto. Para elegir a estos 12 sistemas, se abrió una convocatoria a la que se han presentado 45 solicitudes de sistemas de IA de alto riesgo presentado por un centenar de empresas.

La causa abierta  por presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha abierto de nuevo el debate sobre la privacidad digital. Más allá de las cuestiones políticas y judiciales alrededor de esta investigación del Tribunal Supremo, dos de sus últimos autos han provocado que el foco se ponga en WhatsApp —propiedad del imperio de Mark Zuckerberg— y en Google. 

En concreto, el pasado enero, el juez Ángel Hurtado pidió a Meta y Google que aportasen los datos que tuviesen de García Ortiz entre los días 8 y 14 de marzo de 2024 para intentar recuperar los chats que envió durante este período. La decisión se produjo tras conocerse que los investigadores de la Guardia Civil no habían encontrado un solo mensaje en el terminal intervenido durante los registros. En un segundo auto, de este mismo mes de marzo, y después de que la UCO informase que ambas empresas accedían a conservar esta información, el magistrado detalló qué información les solicitaba. 

Con estos dos autos y la petición del magistrado a WhatsApp y Google, el foco se ha vuelto a poner sobre una controvertida verdad relacionada con la tecnología que no todos los usuarios perciben, incluido el propio García Ortiz: borrar mensajes o correos de nuestros móviles, ordenadores o cuentas no significa que desaparezcan completamente de la faz de la tierra. "Esto es un tema histórico. Por ejemplo, cuando un usuario entra en una web también pasa y deja un rastro: la dirección IP, qué otras páginas ha visitado…", explica Javier Casares, administrador de sistemas. 

"La protección de datos es muy importante, pero si hay un juez que pide estos datos los tienen que suministrar. El derecho a la privacidad cede ante una petición judicial que tiene que justificar por qué pide la información que pide", argumenta Eduardo Valpuesta, catedrático de Derecho Mercantil y director del Máster de Derecho Digital de la Universidad. Para este experto, este caso deja una enseñanza clara: "Aunque pensemos que tenemos mucha privacidad en Internet, al final es casi nula. A pesar de que uno borre el contenido del teléfono, puede hay información guardada en los servidores de las tecnológicas". 

En el caso de las aplicaciones de mensajería y los servicios de correo como Gmail, conservan registros y copias de seguridad que persisten más allá de un borrado local del propio dispositivo por muy exhaustivo o profesional que sea. La clave, tal y como señala Casares, son los metadatos, es decir, "la información que hay alrededor de los datos reales" y que va desde información de los remitentes y destinatarios, pasando por fecha y hora, la frecuencia de comunicación, duración de las interacciones hasta ubicación gracias a la dirección IP. 

Unos metadatos que las tecnológicas guardan fragmentados y divididos a buen recaudo en sus servidores. En Europa, Meta tiene centros de datos localizados en Dinamarca, Irlanda y Suecia. Los de Google, por su parte, están en Irlanda, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Alemania.

Lo que no guardan, o eso dicen, es el contenido de estas conversaciones. Es decir, desconocen si el usuario ha escrito "hola", "adiós" o "te paso esta imagen". Eduardo Valpuesta lo compara con Correos: "Puede certificar una carta, pero no la leen". 

En el caso de WhatsApp, Meta presume desde 2016 de tener implantado el cifrado "end to end" o "extremo a extremo" que impide el acceso no autorizado a las conversaciones privadas de los usuarios. "No tenemos manera de escuchar las llamadas ni ver el contenido de los mensajes", detalla la plataforma. Es decir, la información sale cifrada del móvil del emisor y sólo se descifra al llegar al destinatario, quedando oculta incluso para la empresa propietaria del servidor. 

"Nadie, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos", explica el servicio de mensajería en su política de privacidad. "Todo lo que hay alrededor sí que está disponible", matiza Casares que recuerda que en cambio en Signal, la aplicación donde la Administración de Donald Trump compartió con un periodista sus planes de guerra en Yemen, está absolutamente todo cifrado. 

¿Tienen entonces asegurado así los usuarios que sus conversaciones sean totalmente privadas? No y por dos razones principales. La primera es que, aunque el cifrado "end to end" sea ultraseguro, en el caso de WhatsApp la contraseña de este sistema la guarda la plataforma, es decir, que puede llegar a descifrar los mensajes. En cambio, Signal, que también usa este cifrado, conserva esta clave en el propio dispositivo. 

La segunda razón son las copias de seguridad del propio WhatsApp: se hacen automáticamente, en segundo plano, en ocasiones sin conocimiento explícito del usuario y en aplicaciones de terceros como Google Drive o iCloud de Apple. "Al final, las conservaciones están en varios sitios: en el dispositivo del usuario, en los servidores de Meta y en los de Google o Apple", indica Casares. Y aquí está el meollo de la cuestión y el gran agujero de seguridad. 

En el caso de Google Drive, donde se guarda la copia de seguridad, tal y como recuerda Casares, había opciones para cifrar el contenido que guardaban en la copia de seguridad pero "lo cambiaron y ahora prácticamente toda la información está sin cifrar". Apple, en cambio, dice que iCloud utiliza "métodos de seguridad sólidos" y "es pionero en el sector en el uso de tecnologías de seguridad para proteger la privacidad, como la encriptación de punto a punto de tus datos". 

¿Cuánto tiempo se guarda todo esto? "De forma ilimitada. Cómo no tienen el contenido, no se consideran datos sensibles", admite Casares que recuerda que las tecnológicas son empresas que viven por y para saber todo y más de sus usuarios para venderles su principal forma de financiación: anuncios.  

¿Y qué pasa cuando se borra una conversación? "Se guarda de forma local en el móvil y en las copias de seguridad pueden llegar a conservarse", afirma Casares. ¿Y en el caso de tener activado en un chat los mensajes temporales, que desaparecen automáticamente después de un periodo de tiempo establecido? "En general, todo se guarda en el dispositivo, hasta el punto de que puede ser recuperable", apunta este experto. 

¿Y si se borra la cuenta? "No se borra nunca nada. En general, es la regla de oro de las tecnológicas. Y legalmente tampoco lo pueden hacer", reconoce Casares que recuerda que la información que estas plataformas se guardan en sus servidores de forma "ilimitada". "Cómo no tienen el contenido, no se consideran datos sensibles", asegura al tiempo que recuerda que son empresas que viven por y para saber todo y más de sus usuarios para venderles su principal forma de financiación: anuncios.  

Ahora que ya sabemos lo que pasa en WhatsApp, lo pasa con los emails es algo muy similar. En el caso de Gmail, por ejemplo, "el correo está cifrado en tránsito, pero no el contenido", sostiene Casares. Es decir, "Google puede leer lo que el usuario ha escrito".

Eso sí, esto podría tener solución. Aunque la tendría que buscar el propio usuarios. "Podría utilizarse un cifrado a parte", señala Casares. 

"Recogemos información para proporcionar los mejores servicios a todos nuestros usuarios: desde determinar información básica, como el idioma que hablas, hasta datos más complejos, como los anuncios que te resultarán más útiles o los vídeos de YouTube que te pueden gustar", explica Google en su política de privacidad. 

Pero ya sea un whatsapp o un correo, tal y como apuntábamos más arriba, estas empresas no pueden eliminar toda esta información, incluso cuando una persona se borra la cuenta, por motivos legales. "Por ley, durante un año, tienen que guardar de los usuarios a quién ha mandado mensajes, en qué hora, desde qué dispositivos… Supuestamente, ni Google ni WhatsApp tienen acceso al contenido en sí. Pasado este año, ya no los tienen porque guardar y los pueden borrar", detalla Eduardo Valpuesta que recuerda que, mucho antes de las tecnológicas, las operadoras telefónicas ya habían lo mismo. 

Por ejemplo, si reciben una "solicitud legal válida", como "una orden de conservación o una orden de registro" por parte de una autoridad gubernamental, policiales o judicial. "En realidad, en estos servidores, no hay nadie mirando esta información más allá de herramientas automatizadas, a no ser que alguien denuncie y se presente estos requerimientos", reconoce Casares. Es lo que pasa ahora en el caso del fiscal general. 

"Es un procedimiento completamente normal. Estas empresas responden automáticamente y después ya miran si la ha registrado un juez legítimo, los acuerdos entre países…Tienen un departamento que mira lo que se tiene que responder", indica Valpuesta que apunta que en un 80% de los casos se ofrecen datos. 

En concreto, según los datos del último informe publicado por Meta correspondientes con el periodo de enero a junio de 2024, la tecnológica recibió desde España 3.100 peticiones en procesos legales correspondientes a 5.765 cuentas o usuarios que incluyen a WhatsApp pero también a Facebook o Instagram. Un 66,3% de las solicitudes produjeron "algunos datos". 

Según las últimas cifras de su informe de transparencia correspondiente con el periodo de enero hasta junio de 2024, Google recibió desde España 7.180 solicitudes gubernamentales de información sobre 11.368 usuarios De ellas, el 85% generaron datos. 

El juez Hurtado, en el caso de WhatsApp, solicita en la comisión rogatoria datos como mensajes recibidos y/o enviados por los usuarios "indicando los detalles básicos asociados a estas comunicaciones (emisor, receptor, día, hora, etc), copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia, registro de las comunicaciones realizadas "incluyendo fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación". 

Según detalla la plataforma en el Centro de Ayuda, "WhatsApp no divulga el contenido de los mensajes de sus usuarios en respuesta a solicitudes gubernamentales, y tampoco puede hacerlo" por su protocolo de cifrado: "El contenido sólo se conserva en tu teléfono (y, si lo eliges, en la copia de seguridad de tu teléfono basada en la nube)". En función de la solicitud, la respuesta puede incluir "información básica del suscriptor (como su nombre, fecha de inicio del servicio, fecha de última vez, dirección IP, tipo de dispositivo y dirección de correo electrónico) e información de la cuenta (como fotos del perfil, información de grupos y lista de contactos)". 

Incluso, tal y como puntualiza Javier Casares, WhatsApp puede facilitar información sobre el tamaño de la comunicación, es decir, si es un texto largo, corto o si contenía archivos multimedia o documentos. También podrían facilitar información sobre los chats temporales. "El mensaje en sí no, pero sí que se podrá informar sobre que tal persona mandó un mensaje temporal", reconoce este experto.

En el caso de Google, el juez Hurtado le solicita los datos almacenados en los diversos servicios y productos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de los dispositivos vinculados a la cuenta, copias de seguridad de aplicaciones de terceros, copias de seguridad de los chats y/o archivos multimedia, y log o registro de las comunicaciones realizadas "incluyendo fecha, hora, origen, destino y tipo de comunicación". 

Es decir, no se centra en los posibles correos que envió García Ortiz durante estos días si no en la posibilidad de que tenga una copia de seguridad de WhatsApp con las conversaciones que tuvo ese día. Si el magistrado solicitara información sobre los emails de Gmail, Google podría ofrecer información del suscriptor, como las direcciones de IP de inicio de sesión; metadatos no relacionados con el contenido como la información de la cabecera; como el contenido de los propios mensajes porque, como se explicó previamente, no están cifrados. 

El rey Felipe VI ha presidido este domingo en Barcelona la tradicional cena de bienvenida al congreso MWC, un evento de gala que ha estado marcado por la normalidad institucional y por las menciones a la guerra en Ucrania, según informa EFE. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido al monarca a la entrada del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), donde se ha celebrado la cena, un saludo entre el presidente catalán y el jefe del Estado que no se producía desde hacía ocho años en el MWC. Desde 2017, cuando lo había hecho por última vez Carles Puigdemont, el presidente catalán no participaba en la recepción al rey.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, el de Transición Digital, Óscar López, la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Teresa Ribera, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, estaban asimismo entre las autoridades que le han recibido.

A la cena, que da cada año el pistoletazo de salida al mayor congreso mundial del sector de la conectividad, que comienza este lunes, han asistido unos 250 invitados, incluidos empresarios e inversores internacionales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el año pasado asistió a la cena, ha estado este domingo en Londres, donde ha sido recibido por el primer ministro británico, Keir Starmer, para participar en una cumbre en la que los principales líderes europeos han abordado la situación en Ucrania.

En su discurso, Felipe VI ha enviado un mensaje de solidaridad y apoyo al pueblo ucraniano "en su legítima defensa" y en su derecho de lograr una paz justa y duradera, "defendiendo su independencia y su integridad territorial".

El jefe del Estado ha recordado que ya hace tres años de la edición del Mobile en la que también condenó el comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania por la invasión rusa. "Las razones para la firme condena y rechazo de tal agresión contraria a la legalidad internacional y a la Carta de Naciones Unidas siguen muy vigentes y nuestro país, junto a la UE y muchos otros así lo seguimos haciendo", ha recalcado el rey.

Illa ha mencionado asimismo que la situación en Ucrania atraviesa un "momento crítico" y ha abogado por fortalecer un orden mundial basado en normas y en el "multilateralismo", así como por avanzar hacia una paz "duradera" y "justa" en Ucrania.

Antes del comienzo de un congreso que estará marcado por la irrupción de la inteligencia artificial, el rey ha pedido que la industria reafirme su compromiso con el desarrollo seguro y responsable de esa tecnología. "Seamos abiertos y receptivos, pero también cautelosos y no ingenuos", ha advertido.

"Avanzar de manera coordinada será fundamental para garantizar que implementemos esta transformación con la máxima seguridad y protección para los consumidores, que tienen preocupaciones totalmente comprensibles sobre la protección y la privacidad. Ahora, como ha sido tan a menudo el caso, la clave será lograr el equilibrio adecuado entre innovación y regulación", ha indicado Felipe VI.

Illa ha defendido en su intervención la "cooperación entre administraciones" como la mejor vía para impulsar el crecimiento. Tanto las administraciones implicadas como la sociedad catalana y Fira de Barcelona han remado en la misma dirección desde la primera edición del evento: "No nos hemos enfrentado los unos a los otros", ha señalado.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha destacado por su parte la digitalización como "una oportunidad para la concordia". "Debemos reivindicar, hoy más que nunca, el valor de la cooperación y el multilateralismo", ha dicho el ministro, que ha apostado por fortalecer la colaboración público-privada.

Ha intervenido asimismo en los parlamentos previos a la cena el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha destacado el impacto del MWC en "la economía, la actividad, la proyección internacional y la transformación urbana" de la capital catalana. El Mobile es "mucho más que un congreso", que se ha convertido con los años en "una fuerza que impulsa las oportunidades, las alianzas", y donde "se da forma al futuro de la tecnología", ha dicho.

El Mobile World Congress (MWC) vuelve a encender sus luces a partir de este lunes 3 de marzo. Hasta el jueves 6, Barcelona se convierte en el escaparate mundial de la tecnología para enseñar las novedades en dispositivos móviles, ordenadores y tablets, pero también en wereables, smart home, robots y automoción. Todo adornado y aderezado con mucha inteligencia artificial, la gran protagonista de la que será la edición número 19, tal y como pasó hace un año. "Va a estar en cada estand y en 2026 también", pronostica César Córcoles, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El MWC trae hasta Barcelona lo más nuevo del sector tecnológico y en esta edición se podrán ver smartphones que brillan, la nueva generación de anillos inteligentes o coches controlados por control remoto. Es decir, artilugios que parecen recién sacados de una película de ciencia ficción o de un capítulo de Black Mirror. Sin embargo, toda esta innovación para atraer la atención de medios y visitantes corre un riesgo: en esta carrera por ser el estand más original, estar en este prestigioso congreso no siempre es sinónimo de éxito. Y no hay que irse muy atrás en el tiempo. 

Por ejemplo, el año pasado fue el turno de smartphones y los ordenadores transparentes, como el ThinkBook de Lenovo, que un año después ni han salido a la venta ni se han vuelto prácticamente a hablar de ellos y las últimas reseñas son del MWC de 2024. Peor suerte corrió el AI Pin de Humane, un móvil que no parecía un móvil ya que no tenía pantalla y que fue un auténtico fracaso: tal y como explicó Xataka el pasado agosto, las críticas nunca le acompañaron, el fabricante tuvo que recomendar dejar de usar su estuche de carga por riesgo de incendio y el ritmo de devoluciones llegó a superar al de ventas. 

Pero antes también fracasaron tras su paso por el MWC las pantallas 3D en móviles que acapararon los focos en 2011, los smartphones de 25 dólares de Mozilla en 2014 o el intento de Kodak por subirse al mercado de los teléfonos en 2015. Fueron las estrellas de sus ediciones y no hemos vuelto a saber de ellas. 

A la espera de conocer cuáles serán los siguientes artilugios que entren en este listado, lo cierto es que seguirá engordando ya que a este congreso aún le queda mucha vida en Barcelona. El Gobierno anunció esta misma semana que prorrogará tres años los beneficios fiscales del MWC para mantener su celebración en la ciudad condal. Por ahora, el objetivo más a corto plazo de su organizador, GSMA, es superar las 101.000 personas que asistieron en 2024 y llegar hasta los 550 millones de euros de impacto económico.

Para ello contará con la presencia de unas 2.700 empresas como Google, Meta, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, Qualcomm, MediaTek, Telefónica o Vodafone. También habrá un programa de conferencias con 1.200 ponentes entre los que destacan nombres como el cofundador de Apple, Steve Wozniak, el líder de IA de Meta, Cristian Canton, o el padre de la inteligencia artificial, Jurgen Schmidhuber. 

Porque, como decíamos al principio, la inteligencia artificial será la estrella e inundará el MWC mucho más aterrizada que hace doce meses. En concreto, en Barcelona se comprobará cómo los asistentes virtuales, es decir, herramientas al estilo de ChatGPT o el reciente DeepSeek, despuntan ya como la punta de lanza del futuro de una industria que busca mejorar a toda velocidad la forma de interactuar con los modelos de lenguaje. 

Se esperan que sean muchos los anuncios relacionados con el futuro de la inteligencia artificial —alguno quizás del propio Gobierno como pasó el año pasado con Alia, la IA pública en español y en lenguas cooficiales—. Honor, por ejemplo, ya ha adelantado que el domingo, un día antes de que abra oficialmente sus puertas, mostrará sus nuevos productos pero también su plan para el futuro de esta tecnología. Es lo que ha llamado el plan Alpha, que estará centrado en su ecosistema con el que buscan "crear posibilidades sin precedentes para el futuro". Además, es probable que adelante algún detalle de su herramienta para la detención de deepfakes que lanzará el próximo abril.

Aunque, sin duda, todos los ojos están puestos en los anuncios que puede hacer Google. Los rumores, tal y como recoge Xataka, apuntan a que podría traer a Barcelona la presentación de nuevas funciones de Gemini, su bot conversacional incrustado ya en prácticamente todas sus herramientas, desde su buscador hasta Gmail. 

Toda esta inteligencia artificial tendrá un traslado directo a decenas de productos, sobre todo a los móviles, los grandes protagonistas del MWC, que regresan a Barcelona con esta etiqueta pegada a sus prestaciones y bajo el mantra de que todo lo que se presenta actualmente o lleva IA o no existe. "Es un factor de venta para las empresas, pero para los consumidores no es un factor de compra", reconoce César Córcoles. 

Porque, a pesar de lo que parece actualmente, la inteligencia artificial lleva ya instalada en nuestros smartphones más tiempo de lo que nos creemos. "Lleva años implementada en el móvil, por ejemplo en el enfoque fotográfico", admite Cristina Puente, doctora en informática. Esta profesora en ICAI y colaboradora de la Fundación Alternativa detalla que lo que está pasando ahora responde a un "boom", a "un momento histórico para esta tecnología" y a una "maravillosa labor de marketing". 

Además de descubrir que la IA lleva en nuestros bolsillos más de lo que nos venden, lo que hay que tener en cuenta al repasar todos estos nuevos teléfonos vinculados con esta tecnología es que mientras en algunos se gestiona desde la nube, en otros se hace desde el propio dispositivo. En el primer caso, en aquellos productos en el que son las aplicaciones las que hacen peticiones a la nube, es decir, a la red de servidores remotos conectados a internet que almacenan, administran y procesan datos o software. 

Pero no toda la inteligencia artificial tiene que funcionar en grandes servidores y aquí entran en juego los chips, como los de NVIDIA, Quantum o MediaTek, que también estarán en Barcelona. Y es que lo que está claro es que cada vez los fabricantes necesitarán "procesadores cada vez más potentes" que los va a encarecer aún más, "sobre todo los smartphone de gama más alta", explica Córcoles.

¿Y en que se traducirá para el usuario? "A partir de ahora lo que notaremos es que los algoritmos o las apps con esta tecnología nos van a dar datos cada vez más personalizados", apunta Puente que señala que el riesgo estará en la privacidad: "La IA debe respetar las configuraciones de los usuarios y estar bien delimitado sus límites. Si instalas una app que pueda acceder a todos los datos del móvil, le ofreces una información que para la empresa es oro". 

Más allá de la tecnología que esconden los smartphones y los debates alrededor de la inteligencia artificial, una de las cosas más esperadas del MWC son los nuevos dispositivos. Aunque si bien es cierto que durante los últimos años el Consumer Electronics Show (CES) que se celebra en Las Vegas a principios de enero se lleva algunas de las presentaciones más esperadas del año y muchas empresas hacen durante estos meses sus propios eventos, Barcelona también espera tener su cuota de titulares. 

Entre las novedades que se esperan que traigan los fabricantes a este MWC, está confirmado que Xiaomi hará este mismo domingo la puesta de largo de su nuevo buque insignia, el Xiaomi 15, incluyendo tanto el modelo estándar como el Ultra. Entre sus novedades están la estética de plata líquida o un marco de aluminio que promete una durabilidad excepcional, aunque la joya de la corona es su sistema de cámaras desarrollado en colaboración con Leica.

También verá la luz en Barcelona, el 4 de marzo, el nuevo smartphone de Nothing, Phone (3a). Con un procesador Snapdragon de Qualcomm, le permitirá aumentar su velocidad en un 25% con respecto a su modelo anterior y además contará con una cámara que prometen que será espectacular. 

También es probable que hagan su presentación en sociedad en Barcelona el Oppo Find N5, que se anunció la semana pasada como "el plegable más fino del mundo", junto con los nuevos dispositivos de Realme: el P3 Pro 5G, que aterrizó a finales de febrero con el titular de que brilla en la oscuridad, y el 14 Pro, que cambia de color. 

Después, se entra en el terreno de las especulaciones. Muchos, tal y como recoge Xataka, apuntan a que Barcelona acogerá la presentación del nuevo Samsung Galaxy S25 Edge: aunque se vio un adelanto en el último Unpacked de la firma surcoreana, aún guarda muchos secretos que podrían ver la luz en el MWC. Los expertos también señalan a la puesta de largo del Razr+, el siguiente plegable de Motorola.

Aunque los móviles son las estrellas del evento, los estands del MWC también se llenan de muchos otros dispositivos. "No son el núcleo del negocio, pero atraen mucho la atención", reconoce César Córcoles. 

Así, en este apartado de dispositivos que buscan el titular del periódico y el vídeo de la televisión, encontramos nuevos ordenadores y tablets junto con muchos wereables como relojes, anillos, cascos de realidad virtual o gafas. "Meta, por ejemplo, está invirtiendo muchísimo dinero con Ray Ban en el campo de las gafas inteligentes", explica Cristina Puente. Por ahora, eso sí, los rumores apuntan a que la gran novedad podría llegar de la mano de Samsung, que podría estrenar su Galaxy Ring 2. 

Aunque lo cierto es que los focos probablemente se los llevarán, como casi cada año, los robots humanoides. La robótica es otro de los campos de la tecnología en los que se están viendo avances sorprendentes gracias, en parte, a la implementación en estos dispositivos de la IA generativa. Y lo mismo pasa con la domótica, que también tendrá su dosis de protagonismo en Barcelona como una industria en ciernes que busca despuntar de una vez por todas. 

"Vamos a ver nuevos dispositivos con inteligencia artificial que nos facilitarán la vida. Estamos acostumbrados ya a los sistemas de recomendaciones como en Netflix o Prime Video, pero estas recomendaciones se afinarán muchísimo más y, con con todo el boom de ChatGPT y DeepSeek, se pueden desarrollar aún más otras herramientas mucho más potentes", destaca Puente. 

Es, por ejemplo, el uso que se hace de drones en materia de seguridad. El Puerto de Barcelona presentará en el Mobile World Congress las pruebas piloto que está realizando con drones aéreos y acuáticos para explorar cómo estas tecnologías pueden agilizar y facilitar la gestión y transmitir imágenes en tiempo real al centro de control de la Policía Portuaria.

Y, por último, la automoción también tiene un hueco reservado en el MWC, sobre todo en todo lo referente a los vehículos autónomos. "Una de las grandes batallas de futuro se dará en los coches entre Google y Apple por controlar la fabricación de sus pantallas", adelanta Córcoles que plantea ya un debate interesante que se producirá en el sector en el futuro: "Posicionarse en hacer delegación a las tecnológicas, porque se dedican a fabricar coches, o no y hacerlos ellos mismos".  

Y aunque las empresas son reacias a adelantar detalles de lo que se traerán a Barcelona, la organización sí que se ha permitido el lujo de hacer algún que otro spoiler en este campo. En la presentación del MWC a finales de enero, adelantaron que una de las grandes atracciones de la edición de este año será Nokia y Elmo Cars, que mostrarán cómo se puede conducir de forma remota un coche ubicado en Finlandia. Ya solo le falta que estos vehículos hablen como Kitt. 

El Gobierno de Argentina investigará si la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom Argentina, acordada este lunes, no configura una situación de monopolio en el mercado de las telecomunicaciones en el país suramericano. El Ejecutivo de Javier Milei anunció en un comunicado que dará intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, regulador de las telecomunicaciones en Argentina) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD) "para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio", según informa EFE.

Además, señaló que "esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa", en referencia al grupo argentino de medios Clarín, uno de los principales accionistas de Telecom Argentina.

El Gobierno de Milei advirtió que, de confirmarse una situación de monopolio, "el Estado nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo". Recordó que el marco de regulación vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las empresas con licencias de servicios de la información y las comunicaciones.

"Así como ocurre en otros países de Occidente, el Gobierno nacional está comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio, que con estas características, creado a la luz de décadas de beneficios estatales, iría en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario que está atravesando la Argentina", añade el comunicado. El Ejecutivo aseguró que "tomará todas las medidas para garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia y la accesibilidad a los servicios de la telecomunicación".

Este lunes, Telefónica Hispanoamérica -empresa del grupo español Telefónica- llegó a un acuerdo con Telecom Argentina para vender la totalidad de sus acciones en el capital social de Telefónica Argentina.

Según un comunicado difundido por Telefónica Argentina, la transacción, valorada en 1.245 millones de dólares, se inscribe en la estrategia del grupo español de "reducir la exposición a la región y continuar operando de forma sostenible para construir valor para sus accionistas".

Telecom y Telefónica dominan el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que a finales de la década de 1990 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Telecom Argentina, cuyas acciones se cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, está participada en un 28,16% de las acciones por Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo Clarín) y en un 30,03% por el fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez), mientras que un 21,84% de las acciones está en un fideicomiso y un 11,42% está en cartera de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina.

Con gran parte de las facturas de telefonía disparadas —Movistar, Orange y Vodafone han subido sus tarifas casi un 12% en los últimos tres años, según Kelisto—, los usuarios a los que les toca cambiar de smartphone miran con preocupación sus precios en los catálogos, webs o en los lanzamientos de nuevos productos. Si antes de la pandemia se podían encontrar con facilidad móviles de gama media —con buenas pantallas, buena duración de la batería y características ya interesantes— por 200 euros, actualmente están entre los 400-500 euros. En cambio, los de gama alta —procesadores más potentes, diseños premium y grandes capacidades — se disparan ya por muy encima de los 1.000 euros. 

Según la última investigación de Canalys publicada la semana pasada, el mercado mundial de móviles creció un 7% en 2024, alcanzando 1.220 millones de unidades, lo que marca un repunte después de dos años consecutivos de caídas. Sin embargo, su precio de venta promedio global aumentó en torno al 3% interanual hasta los 365 dólares, según el informe Market Outlook de Counterpoint Research publicado en noviembre de 2024. 

En 2025 se espera, según los resultados preliminares del estudio Market Pulse de Counterpoint Research adelantados este enero, que el crecimiento de los ingresos continúe superando el aumento del volumen, con un incremento de los ingresos del 8% interanual en comparación con el de las ventas del 4%. Es decir, que se venderán más teléfonos sí, pero sobre todo serán más caros.

Aunque a estas cifras, César Córcoles, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), les añade un matiz: "Primero, hay que separar los datos de los modelos Android de los Apple, cuyos precios de lanzamiento son de 700 euros como mínimo en los modelos más básicos. Y, segundo, en el Sudeste Asiático y África se venden muchos modelos más baratos de 300 euros". La percepción cambia, explica, en EEUU y Europa, incluida España, donde es "muy difícil encontrar estos modelos más básicos". 

Quitando la variable de Asia y África, ¿por qué se está produciendo esta subida de precios en los móviles en el resto del mundo? "El incremento en los últimos ejercicios, sobre todo de los smartphones de gama media, ha sido destacable. Cualquier usuario lo ha podido percibir al ir a comprar un terminal similar al de generaciones anteriores", apunta Sara Muñoz Santos, economista y experta en consumo. 

Los expertos consultados por infoLibre reconocen que esta subida responde a varios factores de tipo tecnológico pero también económico, social y estratégico.

El primero, por el propio ecosistema. "Estamos en un mercado que prácticamente está en manos de tres o cuatro fabricantes grandes, en una situación casi de oligopolio", asegura Córcoles. En el caso de España, Xiaomi, Samsung y Apple acapararon en 2024 el 70,9% de las ventas totales.

Ante este escenario, las compañías a veces intentan aprovechar su posición de ventaja y rentabilizar las novedades. Por ejemplo, Apple fue muy criticada en 2022 por la subida de precios del iPhone 14 ya que, incluso en su configuración de menor memoria, superaba la barrera de los 1.000 euros. Esto se tradujo en menores ventas y que, un año, el iPhone 15 llegase con un coste un poco más bajo —el modelo de 128 GB se podía comprar 959 euros— y similares al modelo anterior. 

Y, más recientemente, la explosión de los móviles plegables tira también para arriba de los precios. "El último Oppo, por ejemplo, está en 2.000 euros porque es el smartphone plegable más delgado del mundo. Así que, ante estas cifras, gastarte 1.000 ya no parece tan caro", reconoce Córcoles. 

El segundo elemento a tener en cuenta en la subida es que la frecuencia con la que una persona suele cambiar de móvil se ha elevado: si antes se hacía cada año o año y medio, ahora se puede hacer cada tres o cinco años. "Esto provoca que como es un mercado más frío se disparan los precios", sostiene Córcoles. 

Este factor está estrechamente ligado con el tercero: estos dispositivos se están volviendo cada vez mejores y tienen una vida útil más larga. Por un lado, porque, tal y como detalla Córcoles, amplían las actualizaciones de los sistemas operativos, tienen menos diferenciaciones entre las gamas ya que son diferencias que el usuario no nota a nivel usuario y, sobre todo, porque las baterías han mejorado "su degradación" y cada vez duran más a pleno rendimiento. 

Por ello, tal y como señala Córcoles, los fabricantes, que son conscientes de esta nueva realidad, cada vez abren más el mercado a "anillos, cascos de realidad virtual o gafas". 

Y el cuarto elemento a tener en cuenta es el incremento del importe de los materiales. "La inclusión de componentes más premium, que antes se asocian únicamente a la alta gama, ha contribuido al aumento del coste de estos modelos más accesibles", reconoce Muñoz Santos que cita las pantallas OLED, procesadores más potentes, cámaras de alta resolución, múltiples lentes, mayor capacidad de procesamiento de imágenes, resistencia al agua o la conexión 5G. 

Unos componentes que son cada vez más premium, pero también más caros por la inflación generalizada y el incremento en los costes de componentes como chips, pantallas y baterías. Pero, tal y como explica Muñoz Santos, no hay que olvidarse de "los problemas en la cadena de suministro, como la escasez de semiconductores, que ha repercutido en los importes de fabricación de los terminales, y por ende, en el precio final de los dispositivos". 

En una industria especialmente afectada por el incremento de importes logísticos y de distribución tras la pandemia y la posterior la crisis económica por la guerra de Ucrania, se vivió el "cóctel perfecto". "Hubo escasez de materiales, especialmente de semiconductores, aumentaron los precios de los componentes como pantallas, chips, o baterías, se incrementaron los costes manufactureros y de transporte", defiende Muñoz Santos que apunta que todo esto contribuye a "engordar la suma final de los terminales". 

Sin olvidarse, de la guerra comercial y de aranceles que se está abriendo tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. "Si EEUU o cualquier otro país decide interponer nuevos aranceles que afectan a productos electrónicos tendrá un impacto directo en el precio de los smartphones", avisa Muñoz Santos. 

Aunque esta experta reconoce que aún no se pueden aventurar las consecuencias exactas porque aún no se conocen la magnitud de los mismos, sí que se pueden intuir recordando lo que sucedió en el anterior mandato de Trump con su guerra arancelaria con China. "Un móvil depende de una gran cantidad de componentes electrónicos que se fabrican e importan desde diferentes países. Si se implantan nuevos aranceles a los productos importados de estos países, los costes de fabricación, ensamblaje y distribución aumentan", indica Muñoz Santos que recuerda que "no es descabellado" pensar que esta subida se traslada al precio final que ve el usuario en la tienda. 

Esta guerra arancelaria también podría afectar a la demanda de los dispositivos de mayor importe y provocar una deslocalización de la producción a países con políticas en esta materia más laxas. "Aunque hablamos de un arma de doble filo, ya que si bien se pueden suavizar los efectos de los aranceles, hay que incurrir en costes de reubicación. Algo que implicaría, en el corto plazo al menos, un incremento en el precio de los smartphones, dadas las inversiones que tendrían que asumir los fabricantes", sostiene Muñoz Santos. 

"Lo que está claro es que el consumidor medio gasta cada vez más en el móvil", resume Córcoles. Para este experto, para un usuario medio, pesa más el tipo de cámara y sus especificaciones que la etiqueta que están añadiendo ahora todos los fabricantes: la inteligencia artificial. "Es un factor de venta para las empresas, pero para los consumidores no es un factor de compra", reconoce este profesor. 

Un factor de venta que puede encarecer aún más el dispositivo en función de cómo se gestione esta tecnología: si desde la nube o en el propio teléfono. 

En el primer caso, en aquellos productos en el que son las aplicaciones las que hacen peticiones a la nube, es decir, a la red de servidores remotos conectados a internet que almacenan, administran y procesan datos o software. En este caso, aunque no tienen porque encarecer la fabricación, si que encarecen las infraestructuras. 

Pero no toda la inteligencia artificial tiene que funcionar en grandes servidores, también lo puede hacer en el propio dispositivo. Y aquí entran en juego los chips de cada fabricante y donde aparecen nombres como NVIDIA, Quantum o MediaTek. Unos chips que, como apuntamos más arriba, han visto aumentado sus costes en los últimos años. 

Más allá de la tecnología, hay que tener en cuenta que los tiempos han cambiado y ya no hay la misma percepción de los móviles que existía hace ya un par de años. Los teléfonos son, cada vez más, una extensión de nuestra mano. Más allá de la adición o no que generan en cada uno, cada vez hace más cosas: sus cámaras y sus pantallas han desplazado a las cámaras digitales y también a ordenadores y televisiones, se puede navegar ya cómodamente por Internet, cuenta con miles de aplicaciones para facilitar al usuario su día a día…  

Los fabricantes son conscientes de su presencia casi constante en nuestra vida y sacan provecho de ello añadiendo además otro elemento impulsado por la actual sociedad capitalista en la que vivimos: el efecto lujo. "En determinados entornos, hay presión social por tener un móvil potente", reconoce Córcoles. "Saben que estos smartphones tienen un nicho de mercado muy concreto y que la razón de su venta no es solamente las características inherentes y que se presuponen a la "gama alta". Se trata de una cuestión de estatus también", completa Muñoz Santos. 

Lo que empezó Apple con sus iPhone en 2007 y ha ido perfeccionando en estos casi veinte años con sus series Pro y Plus, ha provocado que otras se suban a este barco, por ejemplo, Samsung con su gama Galaxy S. "Marcas que apostaban por smartphones de gama baja o gama media-baja, han empezado a dotar de elementos más premium a sus dispositivos y, en consecuencia, han incrementado su precio para posicionarse en el mercado como una opción intermedia y más atractiva para el grueso de los consumidores", explica Muñoz Santos. 

Para esta experta, la desaparición de los móviles de 150-200 euros del mercado no se debe tanto a que no haya modelos de gama baja en esta horquilla de precio sino que "ha habido un desplazamiento de la oferta hacia precios más elevados a causa de las mejoras tecnológicas, un encarecimiento de los costes de fabricación y distribución, y también a un posicionamiento de marca, que busca ofrecer un plus de calidad en sus terminales, por un precio algo superior". Eso sí, Muñoz Santos vaticina "una mayor diferenciación o brecha de precios y un mercado tal vez más segmentado", es decir, "que algunos smartphones se conciban como un lujo, destinados a un nicho de consumidores muy concreto, mientras que otros, que aunque aumenten ligera o moderadamente de precio, continuarán siendo asequibles para un gran número de usuarios". 

El Consejo de Administración de Telefónica ha aprobado este sábado el relevo de su presidente, José María Álvarez-Pallete, al frente del operador y será sustituido por el presidente de Indra, Marc Murtra, según han informado desde el operador a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La noticia la ha adelantado este sábado El Confidencial, que ha publicado que los nuevos accionistas de Telefónica, liderados por la SEPI, han puesto en marcha el relevo de José María Álvarez-Pallete, cuyo cargo expiraba este año.

Los motivos del relevo no han trascendido, si bien fuentes cercanas al propio presidente de Telefónica han afirmado a EFE que "la situación del Consejo no podía aguantar mucho", dadas las discrepancias existentes en el mismo, aunque no se explican la "urgencia" de este relevo.

De hecho, el presidente de Telefónica desconocía este viernes por la mañana estos cambios y estaba preparando su discurso para el Foro económico mundial de Davos (Suiza) que se celebra la semana que viene. Según las fuentes, el presidente de Telefónica se enteró de la operación de relevo el viernes por la tarde en una reunión donde participaron tres personas, una en nombre de la SEPI, un representante de Criteria y otro de STC.

Pallete fue ratificado en el cargo de presidente en la junta de accionistas de la multinacional española en 2021, con el respaldo del 99,97%, y su mandato expiraba este año.

El contrato de Pallete prevé una compensación económica por extinción de la relación laboral de hasta cuatro anualidades, incluyendo la retribución fija y variable, hasta sumar algo más de 23 millones de euros.

Según el último informe anual de Gobierno corporativo de 2023, publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tanto el contrato de Pallete como su consejero delegado, Angel Vilá, contemplan una compensación económica pactada por extinción de la relación, que puede alcanzar cuatro anualidades como máximo.

Cada anualidad contempla la última retribución fija y la media aritmética de la suma de las dos últimas retribuciones variables anuales percibidas según contrato, según ese informe.

El presidente de Telefónica cobró en 2023 1,92 millones de euros, a los que se suma la retribución variable de 3,71 millones. En total se embolsó 5,64 millones. El año anterior había cobrado 6,12 millones, según consta en el informe anual de Remuneraciones de consejeros. En el caso de que se acuerde el pago de estas cuatro anualidades, Pallete percibiría casi 24 millones.

Paralelamente, Pallete cuenta con un plan de previsión social de directivos, por el que, a 31 de diciembre de 2023, tendría derecho a percibir 11,4 millones.

Sin embargo, según este mismo informe, "cualquier indemnización derivada del cese de la relación laboral será incompatible con el reconocimiento de derecho económico alguno vinculado a este plan".

Según el informe de Gobierno corporativo, en el caso de que un consejero cese en su cargo antes del término de mandato (cuatro años), ya sea por dimisión o por acuerdo de la Junta General de Accionistas, éste deberá explicar en una carta -que remitirá a todos los miembros del consejo de administración- las razones de su cese, y en el caso de los consejeros ejecutivos, como es el caso de Pallete, los motivos.

La sociedad ha de publicar a la mayor brevedad el cese "incluyendo referencia suficiente de los motivos o circunstancias aportados por el consejero". Los motivos de la propuesta de cese no han transcendido.

La SEPI es el principal accionista de Telefónica, con un 10% (porcentaje que alcanzó en mayo de 2024), seguido muy de cerca por Criteria con un 9,9%. A continuación está el grupo saudí STC, quien entró en Telefónica en septiembre de 2023 con un 4,9%, pero que tiene autorización desde el pasado 28 de noviembre del Gobierno de España para hacerse con un 9,97%.

El Consejo de Administración estaba pendiente de que los saudíes solicitaran asiento en este órgano, aunque de momento no lo han hecho, según han informado a EFE fuentes de STC.

El Consejo de Administración de Telefónica está integrado por 15 miembros, aunque a día de hoy hay una vacante, la de Javier Echenique, consejero independiente y uno de los vicepresidentes del operador, que falleció repentinamente el pasado diciembre.

Telefónica cuenta, a día de hoy, con tres consejeros dominicales, uno de la SEPI (Carlos Ocaña), otro de Criteria (Isidro Fainé) y otro de BBVA (José María Abril-Pérez).

A estos se suman dos consejeros ejecutivos, José María Álvarez-Pallete y Angel Vilá (consejero delegado); uno externo, Javier de Paz; y ocho independientes. Estos catorce miembros serán los que decidan sobre este relevo de Pallete.

Telefónica ha registrado un beneficio de 989 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 21,7% menos que en el mismo periodo de 2023, cuando ganó 1.262 millones, según las cuentas presentadas antes de la apertura de mercado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge EFE.

Los ingresos de la operadora han caído un 2,9% en el tercer trimestre hasta los 10.023 millones de euros como consecuencia del comportamiento de las divisas, mientras que en el acumulado de los nueve primeros meses los ingresos han alcanzado los 30.418 millones, un 0,3% menos que en el mismo periodo de 2023.

La depreciación de las divisas ha tenido un impacto trimestral de 429 millones de euros en los ingresos de la operadora y de 159 millones de euros en el resultado operativo antes de amortizaciones (ebitda).

Los ingresos de la compañía en España hasta septiembre se situaron en 9.427 millones de euros, un 1% más que hace un año, en plena reorganización del sector de las telecomunicaciones tras la fusión de Orange y MásMóvil, que ha creado MasOrange, y la venta de Vodafone España al fondo británico Zegona. Por otra parte, los ingresos en Alemania en los nueve primeros meses del año fueron de 6.286 millones, un 0,6% menos.

En Brasil, estos alcanzaron los 7.268 millones de euros hasta septiembre, un 2,2% más. El impacto de la depreciación del real brasileño hace que en el tercer trimestre los ingresos en este mercado hayan caído un 6,4%.

En la unidad de Hispam, que engloba los mercados de Latinoamérica donde está presenta la operadora salvo Brasil, los ingresos alcanzaron los 6.404 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supuso un retroceso del 4,8%.

España se mantiene como el principal mercado para la compañía de telecomunicaciones al representar un 31% de los ingresos, seguido por Hispam, un 24%; Brasil, un 21% y Alemania, otro 21%.

Por su parte, Telefónica Tech registró un crecimiento de los ingresos del 9,5% hasta septiembre al alcanzar los 1.453 millones de euros apoyada en la actividad comercial en grandes clientes que le permitió un aumento de la cartera de mayor valor con servicios más recurrentes, pero con una conversión de ingresos más lenta.

Telefónica Infra ha registrado un crecimiento interanual del tráfico del 12% en los nueve primeros meses del año.

Telefónica ha confirmado el dividendo para el ejercicio 2024 consistente en 0,30 euros por acción, que se pagará en dos tramos de 0,15 euros cada uno, en diciembre y en junio de 2025.

En relación con la inversión, la cifra a cierre de septiembre se ha situado en 3.642 millones de euros, lo que supone una caída del 4,8% y representa un 12% de los ingresos, en línea con las previsiones anuales.

Respecto a la deuda, se cifra en 28.748 millones de euros, un 8,3% más que en el mismo periodo de hace un año.

Estos resultados llegan en un momento en el que la operadora saudí STC está a la espera de la autorización del Gobierno para poder incrementar su participación en Telefónica hasta el 9,9%, después de haber comunicado en septiembre de 2023 que se hacía con un 4,9% en acciones representativas del capital de Telefónica y de instrumentos financieros sobre un 5%.

La conversión de estos instrumentos financieros le llevaría a elevar su participación en la empresa de telecomunicaciones al 9,9%, pero para ello necesita autorización, dado que Telefónica realiza actividad relacionada con la defensa nacional, una petición que está a la espera de respuesta.

Como recibir un mazazo. Así percibieron los trabajadores de Vodafone España, ahora propiedad del fondo británico Zegona, la noticia de que tendrían que afrontar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), el quinto en poco más de una década. Aunque, tras días de intensas reuniones, los sindicatos han logrado que la compañía reduzca la afectación máxima del despido colectivo de los 1.198 que se plantearon de inicio a los 938 empleados, 260 menos, junto a algún otro compromiso como que al menos 60 de 68 vacantes salgan de la plantilla. La representación laboral de los trabajadores sigue considerando la oferta “insuficiente” e “inaceptable”.

De ahí que hayan puesto en juego otras armas como la protesta. Este martes 9 de julio, alrededor de un millar de personas han llevado a cabo una concentración ante el Ministerio de Transformación Digital, al entender que “es uno de los que ha autorizado la venta de Vodafone España a Zegona sin una cláusula de garantía de empleo". "Eso nos ha llevado a esta situación porque está claro que el fondo británico viene a hacer una política ultraliberal”, explica a infoLibre Diego Gallart, coordinador de UGT Vodafone. “Durante las sesiones de la mesa -une- se ha demostrado que este ERE no va a resolver los problemas de la compañía. De hecho, lo que se quieren ahorrar en masa salarial, sólo es un 2,6% de lo que pretenden resolver. Vodafone factura unos 4.000 millones y tiene 3.500 de gastos que le llevan a las pérdidas que está presentando. Es decir, es un ERE ideológico porque ese 2,6% vinculado a los trabajadores es prescindible, es el margen de error de cualquier operación y no es necesario”, argumenta.

Durante la jornada, varios representantes sindicales han conseguido “sentarse” con el titular del ministerio, José Luis Escrivá. “Le hemos solicitado su ayuda para que intervenga e influya en la dirección de la compañía, especialmente en Zegona que es el que está poniendo palos en la rueda a la negociación de este ERE”, resume Gallart. Y concluye: “Esperamos que de verdad lo haga, y a ver si la situación en mesa cambia”.

De su lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha anotado que le habían trasladado “la necesidad de que el Gobierno sea más ofensivo a la hora de cambiar las condiciones en las que Vodafone ha planteado el ERE”. “Puede hacer cosas, este es un sector estratégico donde los nuevos inversores acceden en unas determinadas condiciones y luego no pueden hacer un expediente de regulación de empleo que afecta a prácticamente a 1.000 personas de cualquier manera”. Ha dejado claro que su sindicato continuará con las movilizaciones, mientras confían en que se pueda “abrir una vía para mover la posición, porque hasta ahora no se ha dado una negociación”. “Estas empresas están acostumbradas a hacer un planteamiento, no mover su posición, dejar que transcurran los periodos de consulta de los ERE, ejecutar y en todo caso que los trabajadores luego vayan a la Justicia ordinaria”, ha sintetizado. Un “esquema” que, a su entender, “no puede ser”. “El Gobierno se tiene que hacer valer frente a un ERE” con unas condiciones que “pasan por encima de los derechos y la dignidad de la plantilla”, ha sostenido.

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien ha definido el proceso negociador del ERE de “comedia”, ha lanzado un mensaje rotundo: "No sólo vamos a movilizarnos, vamos a intentar que este atropello no se produzca", ha proclamado. En ese sentido, ha instado al Gobierno a “regular el sector” de la telefonía y ha advertido de que la ciudadanía "está absolutamente desprotegida ante las multinacionales, por lo que le tienen que dar una bofetada inmensa a Vodafone, ya que no se puede jugar con la vida de las personas". Desde UGT buscan que el Gobierno "abandere un cambio regulatorio que permita detener la destrucción de empleo y la merma de inversiones a la que está conduciendo una regulación basada únicamente en una competencia feroz en precios". Desde ambos sindicatos reclaman “una negociación seria” y que el Ejecutivo “presione” a Zegona.

Antes, Sordo ya había abogado por una cierta ruptura de reglas al exhortar al Ejecutivo a dificultar el despido colectivo para impedir que fondos de inversión vengan al país con el único objetivo de sacar réditos "inmediatos y especulativos", como está pasado, a su juicio, con Zegona. "Vienen a España porque está chupado despedir", aseguró en una reciente entrevista en RTVE, en la que afirmó que “no es de recibo cómo está actuando la empresa” en este caso y avisó del problema que puede suponer para el Estado que compañías situadas en sectores estratégicos comiencen a despedir trabajadores para dar una mayor retribución a los accionistas o facilitar un alza del precio de la acción en actividades que son puramente especulativas.

Pero, ¿se puede hacer algo para frenar el despido colectivo en el marco legislativo actual? El líder de CCOO no dijo cómo se podrían poner trabas a los ERE masivos. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, echa la vista atrás para mirar hacia adelante. "Hasta el 2012 –recuerda–, cuando se producía un despido colectivo, un ERE, se trataba de un trámite administrativo. Es decir, resolvía la autoridad laboral, la Dirección General de Trabajo de la comunidad, si sólo afectaba a una autonomía; o el Ministerio de Trabajo, si alcanzaba a más de una comunidad". Encadena que, "cuando se producía uno que podía afectar a la economía de una zona o a los niveles de empleo, por ejemplo, además de las razones económicas, organizativas, técnicas o productivas que siguen vigentes, se necesitaba que la Administración pública, que el Estado, autorizara ese despido colectivo, una vez finalizado el correspondiente expediente administrativo con la intervención de la Inspección de Trabajo y de todos los interesados en una decisión de trascendencia social y económica". 

Ese paso ya no existe y el movimiento sindical aspira a "recuperar, al menos en parte, la vieja autorización administrativa que se derogó en la reforma laboral" del PP. ¿La causa? "Que aquellas decisiones de naturaleza económico-laboral-social que puedan afectar mucho a una comarca, provincia o incluso a todo el Estado, además de los trámites normales tengan ese otro control", sintetiza Luján. A su entender, "el Estado debe pedir garantías cuando concede determinados beneficios y ayudas, si no, desgraciadamente, como ha desaparecido esa autorización que evaluaba el impacto social y económico de la medida, se puede hacer poco. No parece que tenga mucho sentido, sobre todo si encima la propia aportación del Estado ha podido ser fuente de los beneficios empresariales, que no se tenga ningún tipo de supervisión o de verificación previa para destruir de manera masiva puestos de trabajo".

Insiste en que sería "necesaria" esa herramienta que permitiera vigilar el impacto y la adecuación a la legislación por la autoridad laboral, "añadido a la existencia de las causas" que pueda argumentar la empresa "en extinciones de contratos de trabajo" múltiples. "Si empresas como la actual Vodafone no tienen ningún tipo de freno para hacer lo que quieran, porque la legislación del 2012 lo eliminó, se dan situaciones injustas que pueden afectar a la economía nacional", alerta, para apostar por que se legisle para reestablecerlo, más si cabe en sectores estratégicos.

Tiene claro que de los polvos aquella reforma de 2012, "que se hizo en 50 días de espaldas a los sindicatos, sin negociación y sin dialogo social de ningún tipo pese a que se tocaron aspectos esenciales del Estatuto de los Trabajadores", estos lodos. "Una de las cosas que derogaron en función del sacrosanto liberalismo fue la autorización administrativa, con lo que ahora, si la empresa decide despedir, lo hace. Se ejecuta el despido, se va a juicio y se estima que no había razones y que no está justificado la destrucción de tanto empleo, le pagarán 33 días por año trabajado con el límite de 24 mensualidades, porque la empresa no tenía causa para despedir. Y ya puede ser un fondo o estar en cualquiera de los paraísos fiscales", abrocha Luján.

Junto al encuentro con Escrivá de este martes, los sindicatos han anunciado otra reunión para este jueves 11 de julio, esta vez con el Ministerio de Trabajo que capitanea Yolanda Díaz, al que también pretenden implicar en el rastreo de soluciones. Fuentes de ese departamento hacen notar que han "reforzado la vigilancia de los ERE" y han puesto el foco "en la causalidad de estos expedientes". "La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene que elaborar un informe sobre cada ERE que se presenta, para determinar si se ajusta o no a las razones que alega y, además, desde el 13 de julio de 2023, la empresa debe avisar a la parte social con seis meses de antelación" a su formulación, arguyen.

Si bien, no descartan más avances. Matizan que plantean, asimismo, que, "a través de la próxima Ley de Industria se ponga coto a prácticas, especialmente en el caso de compañías que reciben ayudas públicas, como las deslocalizaciones y las ventas de empresas que ponen en peligro la viabilidad de estos proyectos y la garantía de la protección de los derechos de las personas trabajadoras".

CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación la Caixa, ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha alcanzado una participación del 9,99% del capital social de Telefónica mediante la adquisición de un bloque de acciones que representan el 4,91% del capital social de la teleco, según ha informado Europa Press. Con este porcentaje, CriteriaCaixa casi alcanza el que tiene el Estado en la teleco a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), del 10%.

El holding se ha propuesto alcanzar como máximo un 10,01% del capital social de la operadora, adquiriendo acciones adicionales cuando se obtengan las autorizaciones administrativas requeridas para la adquisición de una participación indirecta en ciertas filiales reguladas de Telefónica.

CriteriaCaixa realizó su última operación de inversión en Telefónica el pasado mes de abril, cuando alcanzó un 5,01% de su capital, aunque dicho porcentaje pasó a ser del 5,08% después de la reciente reducción de capital de la operadora. "Este nuevo incremento de participación se ajusta a la política de inversión de CriteriaCaixa, caracterizada por una gestión eficiente y prudente de su portafolio, focalizado en compañías con una atractiva política de dividendos, como Telefónica", defiende el holding.

Para CriteriaCaixa, la participación en Telefónica "tiene carácter estratégico y de largo plazo". En este sentido, CriteriaCaixa considera que su inversión "contribuirá a dotar de mayor estabilidad accionarial a la operadora, compañía esencial tanto para el país como para el sector a nivel internacional".

La relación de La Caixa con Telefónica se remonta a 1987. Desde entonces, tanto La Caixa primero, como posteriormente CaixaBank y ahora CriteriaCaixa, han mantenido su presencia en los órganos de gobierno de la compañía. Actualmente, esa representación la tiene Isidro Fainé, que es vicepresidente de Telefónica, y que este año ha superado los 30 años continuados de servicio como consejero de la compañía.

El fondo británico Zegona, que gestiona el negocio de Vodafone en España desde comienzos de este mes, ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 1.198 empleados, lo que supone el 36,65% de la plantilla, integrada por un total de 3.268 trabajadores, según ha informado la compañía en un comunicado.

Vodafone España ha convocado a los sindicatos para iniciar el periodo de consultas, si bien todavía no se ha fijado la fecha de inicio para la negociación de este despido colectivo.

"Dicho procedimiento surge desde el convencimiento de que es la única fórmula para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro y se aborda con una actitud responsable y dialogante, desde la operadora, y con la voluntad de alcanzar el mejor acuerdo posible para todas las partes", ha subrayado la empresa.

La compañía ha argumentado que el ERE se debe a "razones económicas, productivas y organizativas" ante el "fuerte deterioro financiero y comercial".

En concreto, y según los datos ofrecidos por la empresa, la teleco ha disminuido sus ingresos totales en un 8% y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años.

"También se debe a la necesidad urgente de efectuar un cambio organizativo y operativo, con el objetivo de redimensionar la organización para adaptarse a la nueva realidad de mercado y recuperar la competitividad. Este procedimiento de despido colectivo no afectará ni a la calidad del servicio ni al soporte que se presta a los clientes", ha añadido la empresa.

Telefónica registró un beneficio neto de 532 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un incremento de casi el 79% en comparación con los 298 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según las cuentas presentadas este jueves por la compañía y recoge Europa Press.

La teleco facturó 10.140 millones de euros entre enero y marzo de 2024, es decir, un 0,9% más que los 10.045 millones de euros que ingresó en los mismos meses del ejercicio previo, un incremento que la compañía ha achacado al impulso de las ventas por servicio (+2,3% interanual).

En tanto, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 3.205 millones de euros, lo que representa un avance interanual del 1,9% en relación con los 3.145 millones de euros del mismo periodo del curso anterior.

Asimismo, el beneficio operativo cerró el trimestre en 1.042 millones de euros, lo que representa un avance interanual del 7,4% en comparación con los 970 millones de euros del mismo periodo del año previo.

"Hemos arrancado el año mostrando un sólido fortalecimiento de nuestro negocio apoyado en el despliegue de nuestra nueva hoja de ruta, el plan estratégico GPS, que guiará a Telefónica hasta 2026. Mejoran los ingresos, mejora la actividad comercial y mejora la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes y su satisfacción", ha destacado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. "Telefónica avanza firmemente en el año de su centenario con nuestros principios de integridad, compromiso y transparencia generando valor para el accionista", ha agregado el directivo.

En ese sentido, la operadora ha ratificado que en este ejercicio repartirá un dividendo en efectivo de 0,3 euros por acción que se abonará en dos tramos de 0,15 euros por título, en concreto, uno en diciembre de 2024 y el otro en junio de 2025. Esta retribución se complementa con la reducción del capital social efectuada el pasado abril mediante la amortización de 80,3 millones de acciones propias.

Por su parte, Telefónica España facturó 3.118 millones de euros entre enero y marzo, un 0,97% más en comparación con los 3.088 millones de euros del mismo periodo del año anterior, según las cuentas presentadas por la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El operador ha atribuido este resultado al aumento de los ingresos de servicio (+1,2% interanual), dado que la facturación procedente de la venta de terminales se redujo un 3,3% en el periodo. "Los ingresos minoristas crecen un 1,6% en el primer trimestre de 2024, reflejando la buena evolución comercial y la actualización de tarifas en residencial, así como la sólida evolución de las ventas de TI (tecnologías de la información) en empresas", ha añadido la compañía.

Los ingresos de mayoristas y otros se redujeron un 0,8% interanual, con impactos negativos derivados de la reducción de precios de la interconexión móvil (-50% desde el 1 de enero de 2024) y de los menores contenidos de televisión (Fórmula 1), "no compensados por la buena evolución de los ingresos de operadores móviles virtuales (OMVs)".

Por otro lado, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Telefónica en España cerró el trimestre en 1.118 millones de euros, un 0,2% más en comparación con los 1.116 millones de euros del mismo periodo del año anterior.

La teleco ha achacado esta mejora del Ebitda a los mayores ingresos y a los ahorros de alrededor de 20 millones de euros asociados a la salida el 1 de marzo de la mayoría de los empleados adheridos al expediente de regulación de empleo (ERE), a pesar de tener unos mayores gastos directos (como en TI).

De este modo, el margen Ebitda ajustado de Telefónica en el primer trimestre del curso se situó en el 35,8%, lo que supone una caída de 0,3 puntos porcentuales en comparación con el margen del 36,1% registrado al cierre de marzo de 2023.

En cuanto a los accesos, que experimentaron un incremento interanual del 1%, la compañía ha destacado el crecimiento en banda ancha fija y contrato móvil (+1,2% interanual en ambos casos) y la ganancia neta en televisión de pago por tercer trimestre consecutivo (7.000 usuarios más).

Asimismo, el crecimiento de los accesos de fibra se aceleró con 113.000 accesos sobre una red de 29,7 millones de unidades inmobiliarias, de las que 447.000 fueron nuevas en el primer trimestre, mientras que los clientes convergentes mantuvieron una ganancia neta positiva (+3.000 hasta marzo).

Por otro lado, el ingreso medio por cliente (ARPU) de Telefónica en España aumentó en un euro, hasta 92,2 euros, mientras que la tasa de baja (churn) se redujo hasta el 0,9% "a pesar de la subida de precios". "La combinación del liderazgo en ARPU y churn consolida un valor de la planta convergente, muy superior al de cualquier otro operador", ha valorado la compañía.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado finalmente dejar sin efecto la orden de bloquear la aplicación de mensajería instantánea Telegram que él mismo autorizó el pasado viernes argumentando que la medida sería "excesiva y no proporcional" y asegurando que "supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan".

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 incide en que el bloqueo "tendría un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas".

"Lo mismo podría decirse de algunos grupos, organizaciones o entidades de distinto tipo, que podrían estimar que ello afectará a sus mecanismos y procesos organizativos al privarles de una vía o canal de comunicación rápido y de gran alcance a su mercado diana. No se trata de libertad de expresión o información, sino si la medida es o no proporcional. Y lo que se constata, por lo dicho y después de dictar el auto, es que la medida sería excesiva y no proporcional", sostiene.

La decisión llega después de que en la mañana de este lunes el juez acordase suspender la ejecución del bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea para solicitar al servicio de inteligencia de la Policía a que le aporten datos sobre las características de la plataforma "así como la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal".

Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando el magistrado acordó bloquear Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.

Un día después, el sábado, el juez dio tres horas a las operadoras españolas para que, desde la recepción de su comunicación, procediesen a la suspensión de los recursos asociados a la aplicación. Fuentes jurídicas han explicado que, sin embargo, el magistrado no llegó a ejecutar ese requerimiento.

El juez consideraba la medida del bloqueo como necesaria, idónea y proporcional para la que no existía alternativa que pudiera detener la reiteración de los hechos denunciados, toda vez que las autoridades de las Islas Vírgenes no han colaborado con la comisión rogatoria enviada con el fin de que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

La resolución explicaba que para el buen fin de la instrucción resultaba necesaria la práctica las diligencias contenidas en la comisión rogatoria remitida a Islas Vírgenes sin que hasta el momento se tuvieran noticia del cumplimiento del citado instrumento de cooperación, por lo que quedarían pendientes numerosas diligencias de investigación dependiendo de la información que facilitará la ejecución de la citada Comisión Rogatoria Internacional. El incumplimiento reiterado de la petición dirigida a Islas Vírgenes de 28 el julio del 2023, señalaba, impide la continuación de la instrucción de la causa. En dicha comisión se solicitó que Telegram informase sobre determinados datos técnicos que permitirían identificar los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual de las entidades personadas como acusación particular.

Esa falta de colaboración de las autoridades de islas Vírgenes, apuntaba el juez, a las que solo se les pedía una actividad de comunicación a los responsables de la red social provocó que debieran adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares.

A su juicio, las medidas cautelares solicitadas se erigían como las únicas posibles ante la falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes. "No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados", subrayaba. Añadía el magistrado que la medida acordada es idónea porque su ejecución podría fin a la infracción de los derechos de la propiedad intelectual denunciada a impedir el acceso a través de la red a los contenidos de los derechos citados.

En su resolución, Pedraz también explicaba que la medida tiene apoyo legal contemplado en el artículo 13.2 de la LECRIM. Por todo ello, consideraba que la medida cautelar interesada estaba justificada porque es necesaria para poner fin a la infracción denunciada, es proporcional e idónea para el fin perseguido por la medida ya que no cabe acudir a otro tipo de actuación con la misma finalidad y está contemplada expresamente por la Ley.

El Mobile World Congress (MWC) se ha rendido a la inteligencia artificial. Era lo que se esperaba y se vaticinaba sobre la 18º edición del principal congreso tecnológico del mundo. Y la bajada del telón en Barcelona este mismo jueves lo deja claro. Si el año pasado fue el futuro 6G el que copó todos los titulares, doce meses después ha sido esta tecnología la que lo ha inundado todo, con permiso del vehículo volador de Alef Aeronautical. "Era inevitable que hubiese miles de anuncios relacionados con la inteligencia artificial. Venimos de un año en el que en esta industria sólo se ha hablado de esto. Y si los fabricantes quieren vender productos nuevos y llamar la atención, lo que van a hacer es añadir la etiqueta de la IA como sea porque va a ser un factor de venta", explica en conversación con infoLibre César Córcoles, profesor de los Estudios de Informática de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 

Aunque el MWC ya no es sólo una feria sobre móviles, lo cierto es que estos dispositivos se han llevado la palma de nuevos artilugios añadiendo la inteligencia artificial. "Todo el mundo va a terminar teniendo cosas con inteligencia artificial", avisa Córcoles. Los primeros en llevarse el gato al agua fueron Honor y Xiaomi que adelantaron las presentaciones de sus nuevos productos al domingo.

Honor se subió al carro de la inteligencia artificial con Magic6 Pro. En su caso, lo hace de la mano de Meta y su modelo de lenguaje Llama2 y bajo el nombre MagicLM. Este modelo generativo, que no llegará hasta el mes de marzo, permitirá llevar a cabo tareas como la creación de textos o mejorar el reconocimiento de imágenes en la galería. También hizo una demostración de una de las funciones que están preparando: poder mover el coche con la mirada. Además, la tecnológica china aprovechó este marco para dejar otra de las tendencias de este congreso: la presentación en sociedad del Honor Magic V2, el smartphone plegable más fino del mundo. 

Xiaomi también adelantó al domingo la presentación de todo un reguero de productos, aunque fue el Xiaomi 14 el que acaparó todos los focos. Este modelo adopta plenamente la inteligencia artificial gracias al nuevo sistema operativo HyperOS, desarrollado por la propia empresa china. Esta tecnología se integra en varias aplicaciones con funciones como Subtítulos IA, que transcribe en tiempo real videollamadas, o Retratos IA, que usa algoritmos para crear nuevas composiciones de retratos. Pero, es la función HyperMind la más llamativa ya que permite que los dispositivos aprendan patrones de los usuarios y lleve a cabo acciones automáticamente. 

Otros de los smartphones que pudieron coger en sus manos los asistentes fueron los Galaxy S24 de Samsung. El gigante surcoreano presentó esta gama el pasado enero junto con su nuevo sistema con inteligencia artificial, Samsung AI, que integra esta tecnología en el propio teléfono. Así, permite diferentes funcionalidades como traducir en tiempo real una llamada o una conversación en un chat o la opción rodea para buscar, desarrollada junto a Google, y que permite buscar cualquier elemento que se pueda capturar a través de una imagen. "Son aplicaciones que hace un año eran ciencia ficción", apunta Córcoles. 

Mientras que los productos de Honor, Xiaomi o Samsung son ya realidades que se pueden tocar y adquirir, Motorola trajo a Barcelona uno de los prototipos más buscados. Se trata de un móvil plegable con "pantalla adaptativa" que se puede moldear al gusto del usuario, es decir, podría acabar convertido en una especie de pulsera. Un smartphone a medio camino de los dispositivos wearables, incorpora la inteligencia artificial para analizar la ropa que se lleve puesta y generar un fondo de pantalla adaptado. 

Deutsche Telekom también aprovechó el escaparate del MWC para presentar en sociedad el AI Phone, un móvil sin aplicaciones que solo tiene inteligencia artificial. Esta idea innovadora de la operadora alemana utiliza un asistente o un chatbot para realizar búsquedas y gestiones sin tener que recurrir a las habituales apps de nuestros smartphones. 

Aunque, sin duda, uno de los productos que más miradas acapararon por su singularidad fue el AI Pin de Humane. Este dispositivo es un móvil que no parece un móvil ya que no tiene pantalla. Visto de lejos, lo que parece es una especie de pin más grande de los normal que se coloca en la chaqueta. El objetivo de esta empresa estadounidense es convertirlo en una alternativa a la tiranía de las pantallas de los smartphones con un pequeño proyector, una cámara y un asistente con inteligencia artificial. Más allá de la curiosidad que ha despertado, lo cierto es que a los expertos no ha terminado de convencerlos. 

Más allá de nuevos dispositivos, Google aprovechó su presencia en el MWC para presentar nuevas funcionalidades gracias a la inteligencia artificial para su sistema operativo Android. En concreto, explicó que integra su bot conversacional Gemini —que hasta hace un par de semanas se conocía como Bard— en la aplicación de Mensajes. Además, Android Auto utilizará esta tecnología para resumir textos largos y para sintetizar el contenido cuando en  un grupo se acumulan muchos mensajes, mientras que Lookout la incorporará para obtener descripciones de imágenes, vital para personas con problemas de visión. 

Lo que hay que tener en cuenta al repasar todos estos nuevos artilugios vinculados con la inteligencia artificial es que mientras en algunos casos la tecnología se gestiona desde la nube, en otros se hace desde el propio teléfono. "Casi todos tienen ambas cosas, pero el fabricante no lo pone muy fácil para saber qué pasa dónde. Pero las dos vías son interesantes", explica Córcoles. 

En el primer caso, en aquellos productos en el que son las aplicaciones las que hacen peticiones a la nube, es decir, a la red de servidores remotos conectados a internet que almacenan, administran y procesan datos o software. "Son una especie de ChatGPT empaquetados con ciertas características en una aplicación", indica Córcoles que apunta que esto es "relativamente fácil" para los fabricantes de móviles. Eso sí, este experto avisa que "las infraestructuras tienen un coste tremendo" y aún no se sabe cómo se va a sostener: "Es caro. Quizás Microsoft o Google se pueden permitir mantener estos servicios gratuitos para sus usuarios, pero el resto no y los harán de pago". 

Pero no toda la inteligencia artificial tiene que funcionar en grandes servidores. Y aquí entran en juego los chips de cada fabricante. "Apple y Google, pero también Quantum o MediaTek, están trabajando ya para que sus semiconductores incorporen esta tecnología. Hay que tener en cuenta que tienen que funcionar dentro del procesador del smartphone sin dejarnos sin batería porque consumen muchos recursos", apunta Córcoles. Además de ofrecer funciones que dependan de la nube y servidores externos, el objetivo es que "cositas más sencillas puedan pasar dentro del móvil". 

¿Qué supondrá para los usuarios la implementación de la inteligencia artificial en los teléfonos? "Tiene implicaciones de todo tipo, y no sólo a nivel tecnológico", apunta Córcoles. Para este experto el cambio no es "tan radical" como cuando se lanzó el iPhone: "En un nuevo móvil, todos los usuarios esperamos que sea mágico, y no es así. La IA va a tener muchos efectos, como ahorrar tiempos, pero lo que va a pasar aún no lo podemos predecir".

Aunque tenemos la tecnología, nos faltan las aplicaciones para sacarle todo el partido. "Vamos a ver muchas cosas que se van a estampar y que van a producir más problemas que beneficios. Pero a alguien se le va a ocurrir una aplicación nueva que va a cambiar las cosas y que va a ser lo realmente radical", explica Córcoles. 

Pero la inteligencia artificial no sólo ha contagiado a los móviles. Lenovo, por ejemplo, presentó el primer portátil transparente, el ThinkBook Transparent Laptop Concept. Este ordenador, además de ofrecer contenido adaptado al entorno, forma parte de lo que la multinacional china ha denominado "PC con IA" y que está conformado por las series ThinkPad y ThinkBook, todos con un botón Copilot, que permite acceder directamente al asistente de Microsoft. 

ZTE presentó, dentro de su nuevo ecosistema impulsado por inteligencia artificial y que abarca escenarios que van desde la conducción hasta el entretenimiento, su segunda generación de su tableta 3D sin gafas. En concreto, la Nubia Pad 3D II ofrece una imagen inmersiva sin necesidad de gafas 3D gracias a un motor de procesamiento de IA y unas lentes de cristal líquido. 

Amazfit, por su parte, anunció que integra esta tecnología en su gama de relojes inteligentes Balance. Gracias a la introducción del asistente Zepp Flow, una inteligencia artificial ejecutada en local dentro de los propios relojes y sin necesidad de un teléfono o internet, facilitará al usuario la interacción con su dispositivo. 

Además, en el apartado de los wearables, Samsung también trajo al MWC novedades en el apartado relacionado con el ejercicio y la salud. En concreto, la presentación en sociedad del Galaxy Ring, su anillo inteligente del que hasta ahora sólo se había escuchado hablar. En Barcelona, se pudo ver y tocar y descubrir cómo, a través de sensores de inteligencia artificial y la Samsung AI, permitirá conocer el estado de bienestar y vigilar el ritmo cardíaco o analizar la calidad del sueño. 

Pero más allá de móviles, ordenadores y wearables, si algo triunfa siempre en este tipo de congresos tecnológicos como el MWC son los robots. Y Barcelona no iba a ser menos. En el recinto Gran Via de Fira se vieron hasta dos tipos de robodogs, es decir, un robot con forma de perro. Fue la apuesta de Xiaomi con su CyberDog 2 y de Tecno con Dynamic 1. 

También acaparó muchas miradas el robot conversacional de la empresa británica Engineered Arts, aunque la compañía encargada de mostrarla al público del MWC fue la operadora Etisalat de Emiratos Árabes Unidos. Ameca, un androide robótico, llegó a Barcelona con una versión más adelantada que la original que se presentó en 2021: ahora usa GPT-4 y permite mantener una conversación realista al tiempo que simula expresiones humanas. 

El centro tecnológico Eurecat presentó en Barcelona un robot capaz de ofrecer asistencia personalizada. Con un aspecto mucho menos humano que el de Ameca,  utiliza avances en inteligencia artificial generativa para permitir interacciones complejas entre personas y robot siendo capaz de mantener una conversación. 

Y, como todo no iban a ser robots, los drones también han sucumbido a la inteligencia artificial. En el MWC, los Mossos d'Esquadra presentaron un dron de vigilancia dotado con sistemas basados en esta tecnología para optimizar su autonomía al tiempo que dirige la cámara y lo conduce hasta puntos preprogramados. 

Además de los nuevos dispositivos conquistados por la inteligencia artificial, el MWC también fue escenario de anuncios relacionados con esta tecnología. Uno de los más relevantes se produjo el domingo, durante la cena oficial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de un gran modelo fundacional de lenguaje entrenado "específicamente" en castellano y el resto de lenguas cooficiales de España. "Esta es la vía española hacia el progreso. Un camino en el que la transformación digital está al servicio de la conquista de más derechos", apunta el líder del Ejecutivo. 

Supondrá crear un modelo entrenado para extraer métricas estadísticas a partir de grandes cantidades de texto en español, gallego, catalán o euskera. Esto permitirá realizar tareas sobre textos en ese idioma con gran eficacia o generar textos inéditos a partir de una semilla o prompt, la llave de entrada que utilizamos para comunicarnos con la máquina. Es, a grandes rasgos y en resumen, el programa en el que se basa el popular ChatGPT que es sólo el programa o la interfaz. "Supone hacer algo para crear un ChatGPT en español", reconoce Córcoles que reconoce que es "un proyecto interesante" y una buena idea "dedicar recursos a la inteligencia artificial". Eso sí, "no está muy claro a donde va a ir, hay que esperar a qué se ponga en marcha". 

Hay cesiones que marcan la diferencia. Representantes de Telefónica y de los sindicatos tenían hoy una nueva cita para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) que pesa sobre la multinacional y ya hay acuerdo. La compañía que capitanea José María Álvarez-Pallete ha rebajado la afectación del ajuste laboral a 3.421 personas, lo que supone 138 menos que la última cifra lanzada y 1.703 menos que la señalada al inicio del diálogo. Ha formulado además una propuesta de mejora de las rentas y el acompañamiento, según adelantan fuentes sindicales.

Por lo que respecta a las rentas, lo expuesto ahora por la empresa pasa por que las personas nacidas en 1968 reciban un 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% hasta los 65; y los nacidos en 1967, 1966, 1965 o 1964, un 62% hasta los 63 años y un 34% hasta los 65. Se aumenta para ellos la prima por acceder a la salida de forma voluntaria a 10.000 euros. En el caso de los nacidos en 1963 o en años anteriores, el porcentaje que perciban será del 52% del salario regulador hasta los 63 años y un 34% hasta los 65 y también se eleva para este tramo la prima por voluntariedad a 10.000 euros. El salario regulador estará compuesto por la suma de los devengos fijos anuales reconocidos en el momento de la baja dividido entre 12 mensualidades, según explican desde UGT.

Se han puesto además encima de la mesa, asimismo, otras condiciones complementarias como la reversibilidad de las rentas, es decir, en caso de fallecimiento del trabajador o la trabajadora, los herederos legales podrán percibir los fondos pendientes, el abono del descuento de la Seguridad Social del empleado durante el paro; un seguro colectivo hasta los 63 años en general; una póliza de salud básica al cien por cien; o el compromiso por parte de la compañía que comanda de una creación de empleo "igual al 7% de la afectación".

Las fuentes consultadas de UGT valoran "de forma positiva" los avances recogidos en la nueva propuesta y reconocen la "demostrada voluntad negociadora" de la compañía, lo que ha posibilitado que ambas partes logren pasos significativos "hasta configurar, en caso de acordarse, las mejores condiciones de salida que se han firmado en Telefónica y, en consecuencia, en España". Los sindicatos quedan ahora a la espera de recibir por escrito lo armado por la parte empresarial. Con todo, durante parte del día el sello del pacto ha estado condicionado a la negociación paralela del III Convenio Colectivo de Empresas Vinculadas. Pero finalmente en esa órbita también ha funcionado el diálogo.

En lo relativo al convenio, las principales novedades respecto a lo ya conseguido por las organizaciones sindicales los días anteriores, tienen que ver, para arrancar, con la revisión salarial de la plantilla. No se moverá la actual cláusula vinculada al Índice de precios de consumo (IPC), "que se concreta en una propuesta de subida salarial del 1,5% al año" y un repaso con relación al mismo índice a la finalización del convenio. A esto se añade un "plus de productividad de octubre de 300 euros, con 150 consolidables por cada año de vigencia; y la conservación de los bienios y la antigüedad sin limitación. Respecto a la jornada laboral, la multinacional ha aceptado la petición de UGT de reducir la jornada hasta las 36 horas durante la vigencia del convenio, seis días de permisos para asuntos imprevistos y urgentes o de índole personal sin justificación; y se mejorará la bonificación de la semana flexible hasta el 30% de la reducción consecuente. Se ha conseguido arañar también del lado de los representantes de los trabajadores una póliza reembolso dental optimizada.

Desde UGT, sindicato mayoritario en Telefónica, trasladan que ha sido "un duro y complejo proceso de negociación", pero que al final les ha permitido "obtener de la empresa sendas propuestas". Una, la del ERE, "para blindar la estabilidad económica y el futuro acceso a la jubilación" de quienes se adscriban a la oferta de prejubilación, que es, insisten, "la mejor alcanzada en la historia" de la empresa "y, posiblemente, de España". Y dos, la del convenio colectivo, que, dicen, va unido a "una apuesta firme por parte de Telefónica por la internalización de actividades, el reskilling y el mantenimiento de empleo en todas las provincias". Sólo queda ya la valoración y validación del órgano consultivo del sindicato y todo apunta a que será positiva.