Evitar que el pitido que marca el final del partido preceda a una explosión de violencia contra las mujeres. Es el objetivo que persiguen las organizaciones que han puesto en marcha campañas de sensibilización y prevención de cara al Mundial de fútbol 2026. Expectantes y ansiosas de celebración, millones de personas recorrerán durante algo más de un mes los tres países que serán sede del gran evento deportivo a partir del próximo jueves: Estados Unidos, México y Canadá. Con este telón de fondo, hay quien ha puesto la mirada en el entramado de violencia que muchas veces pasa desapercibido en medio del tumulto. 

"Mientras el Mundial 2026 se promociona como símbolo de orgullo internacional, turismo y desarrollo económico, las violencias contra las mujeres continúan ausentes de gran parte de la conversación pública", señala la red de organizaciones que ha diseñado la campaña feminista en México. 

No es la primera vez que entidades de todo el mundo ponen la lupa sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en los grandes eventos deportivos. En julio de hace ahora ocho años, el Centro Nacional para la Violencia Doméstica del Reino Unido confeccionó una campaña poniendo el foco en esa violencia oculta. "Mientras la fiebre del fútbol se extiende por todo el planeta, muchos prefieren no enfrentarse a la incómoda verdad que ensombrece el deporte favorito del mundo", trazaban sus autores. Y advertían: la violencia contra las mujeres y la Copa del Mundo "están estrechamente relacionadas".

La afirmación venía sostenida con datos concretos. El estudio ¿Puede relacionarse el Mundial de fútbol de la FIFA con un aumento de la violencia doméstica?, publicado por la Universidad de Lancaster (Reino Unido), analiza incidentes de violencia machista denunciados a la policía en el noroeste del país durante los mundiales de 2002, 2006 y 2010. El informe, pionero en la materia, concluye que el riesgo relativo de violencia machista aumenta un 26% cuando la selección inglesa gana o empata, un porcentaje que se dispara hasta el 38% en caso de derrota. El mismo análisis detecta un incremento del 11% durante el día siguiente al partido, independientemente del resultado.

No se trata de un escenario excepcional. Según un informe elaborado en 2023 por ONU Mujeres, "en todo el mundo, las denuncias policiales por violencia doméstica aumentan" durante grandes eventos deportivos y en algunos territorios "el incremento es superior a un tercio".

El análisis feminista lleva tiempo estudiando el impacto de los llamados factores estresantes en contextos de violencia de género. A las causas estructurales que alimentan la violencia, se suman una serie de detonantes situacionales muy concretos que pueden desencadenar episodios de violencia extrema. Ocurre, por ejemplo, durante las vacaciones estivales, en situaciones de mayor convivencia y en momentos de ola de calor. El verano no es la causa principal de la violencia, pero sí puede dispararla.

Con las grandes competiciones deportivas ocurre algo similar. "Existe una constatación objetiva, documental y científica de que hay un incremento", asiente el médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente. Para empezar, introduce, por el simple hecho de que se produce una enorme concentración de gente, como sucede en otros grandes eventos de ocio.

"La concentración alrededor de la celebración es una especie de exaltación de las masculinidades" en un contexto de "hombres competitivos, famosos y que buscan enfrentarse unos con otros para salir victoriosos", perfila el exdelegado. Si en un contexto de ocio masivo, como festivales, fiestas populares y ferias se activan puntos violeta y campañas específicas porque se produce una "exaltación de la masculinidad, en una convocatoria en la que precisamente esa masculinidad está en el centro la alerta debe ser mayor".

En ese punto concreto se detiene el análisis Grandes eventos deportivos y violencia machista: una reivisión sistemática, cuyas autoras examinan la literatura científica existente y aterrizan cómo los grandes eventos deportivos pueden funcionar como elemento de riesgo en aquellas situaciones en las que ya existen dinámicas previas de abuso.

Lorente aprecia, partiendo de esa base, dos factores clave que pueden tener incidencia directa en los índices de violencia machista: las dinámicas de grupo y el alcohol. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el consumo nocivo del alcohol como uno de los factores de riesgo en lo que respecta a la violencia machista: "El consumo excesivo de alcohol contribuye a la comisión de actos violentos, incluido un mayor riesgo de violencia de pareja y agresión sexual", señala la organización.

El artículo Fútbol, alcohol y violencia machista, analiza datos relativos a llamadas policiales durante ocho años en Reino Unido, concluyendo que "los partidos de fútbol cambian la dinámica en lo que respecta a la victimización por violencia machista el día del partido". Según el análisis publicado hace dos años, la violencia se disipa durante el encuentro deportivo, pero alcanza su punto máximo entre ocho y diez horas después. El motivo es que "los partidos comienzan más temprano y el agresor se encuentra bajo los efectos del alcohol", existiendo por tanto un "aumento acumulativo general de la violencia".

Las grandes competiciones deportivas "siguen siendo eventos liderados por masas de hombres heterosexuales" que son copartícipes de las "lógicas del ganar y perder", expone la doctora en género y especialista en violencias sexuales Bárbara Tardón. "A la masculinidad hegemónica le encanta competir, pero no soporta perder", afina. Y en ese contexto, los grandes eventos deportivos y "las frustraciones respecto a las expectativas son detonantes del ejercicio de la violencia en pareja o en entornos de ocio". Surge entonces una suerte de cóctel perfecto, no porque la competición deportiva sea por sí misma causa de la violencia, sino porque "se concibe el disfrute de ese evento deportivo en base a un sesgo de género liderado por la masculinidad hegemónica".

Y ahí entra en juego el grupo. El ejercicio de la violencia se ve alimentado por escenarios de celebración, éxtasis y entusiasmo compartido, en los que se produce un "reconocimiento entre iguales, la tendencia a seguir lo que hace el grupo y la sensación de que se diluye la responsabilidad", expone el médico forense. Durante el Mundial de Rusia de 2018 se sucedieron una serie de episodios específicos de acoso a las mujeres periodistas que cubrían el evento. La violencia fue entonces muy visible, con besos, tocamientos y comentarios por parte de aficionados ante las cámaras y la complicidad de quienes lo presenciaban.

Otro ejemplo relacionado con la desinhibición de los agresores está en el caso de la agresión sexual perpetrada por Luis Rubiales contra Jennifer Hermoso. La defensa del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol no dudó en utilizar la euforia y la alegría como baza para desacreditar a la víctima. "No se gana un mundial todos los días", llegó a afirmar el condenado durante el juicio.

"Hablar de descontrol es una de las estrategias para justificar la violencia", expone Lorente. Algo así como el hombre "al que se le va la cabeza o que no supo controlarse". Coincide Tardón: "Forma parte de la excusa recurrente de la ideología patriarcal para justificar por qué se agrede a las mujeres". En ese marco, es habitual una "reinterpretación y manipulación" del contexto, de manera que "cuando se pierde, agreden porque están frustrados; y cuando ganan, porque están eufóricos", ignorando que en realidad "son ellos los que eligen ejercer esa violencia". 

"Las impresionantes esposas y novias de las estrellas", "las mujeres más estilosas" o "las mujeres de los futbolistas europeos más buscadas en la red", son algunos de los mensajes que difunden medios de comunicación al calor de los grandes eventos deportivos. "Son ambientes especialmente propensos a la cosificación y la sexualización de las mujeres, incluso antes de que empiece el campeonato", analiza Lorente, quien sitúa como ejemplo más claro el tratamiento mediático en torno a las denominadas wags –término con el que se conoce a las mujeres y novias de los futbolistas, por su acrónimo en inglés–. "Ahí se les empieza a dar un valor añadido a las mujeres en función de la satisfacción de los hombres", sostiene el exdelegado.

El estudio Tratamiento informativo de las esposas y novias (wags) de los deportistas en la prensa digital deportiva española, concluye que en los cuatro diarios digitales españoles con mayor número de lectores, "existe un desigual tratamiento entre mujeres y hombres", no solo a nivel cuantitativo, sino también cualitativo. Ellas son definidas "por su vida sentimental y esfera privada, presentándolas con patrones de feminidad tradicional basados en la belleza y el apoyo al varón", pero también como "mujeres fatales". Ellos, en cambio, "representan un ideal de masculinidad hegemónica", expresado en el "reconocimiento de sus logros deportivos y adjetivos que alaban su profesionalidad".

Este mismo año volverá a ser protagonista la paraguaya Larissa Riquelme, quien en el Mundial de 2010 fue bautizada por los medios como La novia del Mundial, haciéndose internacionalmente conocida. Hoy, los medios celebran su regreso a las gradas sin cuestionar el sentido, las raíces y las connotaciones de aquel sobrenombre.

La deriva machista no es intrínseca a los ambientes masculinizados, pero lo cierto es que tradicionalmente el mundo del fútbol sí ha estado íntimamente ligado a estereotipos de género y expresiones misóginas. También a pequeña escala: a mediados de mayo, un club de fútbol valenciano celebró la victoria de su equipo juvenil, en el que participan menores, con una stripper en el polideportivo municipal. Tardón cree que el análisis feminista no puede "obviar una realidad: que determinadas disciplinas deportivas están atravesadas por una estructura patriarcal" y eso tiene consecuencias. Ante ese escenario, la experta apuesta por "transversalizar políticas de género en el deporte" y evitar así que las mujeres no solo se queden fuera de ciertas competiciones, sino que además puedan formar parte de los espacios de celebración sin miedo a ser violentadas, invisibilizadas o sexualizadas.

Un total de 22 mujeres han sido asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas en lo que va de año. El balance que deja la violencia machista a las puertas del ecuador de 2026 hace saltar las alarmas de quienes acostumbran a examinar las estadísticas: los feminicidios han aumentado un 83% respecto al año pasado. "Estamos en un momento de rearme patriarcal", señalan las voces expertas. 

El Ministerio de Igualdad convocó el lunes el comité de crisis precisamente para analizar la acumulación de casos en los últimos meses, entre ellos el asesinato de una niña menor. En lo que va de año, han sido tres los menores asesinados en casos de violencia de género contra sus madres, la peor cifra de la serie histórica a estas alturas del año.

"La concentración de casos obedece a distintos factores, pero estamos ante una situación extraordinaria que muestra un aumento preocupante de los feminicidios". Habla Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. El experto considera necesario el análisis riguroso de una situación de extrema urgencia, huyendo de relatos alarmistas. "El resultado de una concentración como la actual es consecuencia de algo, no tiene que ver con el azar", afirma en conversación con este diario.

Lorente menciona cuestiones clave, como el factor individual y las características particulares de cada caso, pero también enarbola un enfoque global al plantear elementos culturales, contextuales y sociales presentes en cada feminicidio. "Cada caso individual se ve influido por un contexto relacional, familiar, laboral y social donde los factores individuales se pueden potenciar o minimizar", razona. El momento actual resulta, además, especialmente sensible porque precede a una época tradicionalmente crítica para las víctimas: los meses estivales, en los que el periodo vacacional, la convivencia y el calor tienen impacto en la violencia machista, con un incremento sostenido de las cifras. 

Graciela Atencio, investigadora y cofundadora de la web Feminicidio, recuerda que prácticamente todos los años asistimos a "una explosión de casos", pero alerta de que "cada vez hay menos distancia entre una acumulación y otra", un factor que resulta a su juicio "muy significativo". En lo que va de año, se han celebrado ya cuatro comités de crisis, una herramienta pensada para analizar los errores del sistema tras acumulaciones de cinco asesinatos o más en el periodo de un mes. Todos los meses, salvo en abril, las instituciones han tenido que reunirse para estudiar los fallos estructurales a la hora de proteger a las mujeres. En todo 2025 fueron tres los comités de crisis convocados.

"El feminicidio es el resultado de una violencia machista multicausal, así que debemos ver cuáles son los otros elementos presentes en la sociedad que producen este aumento de los asesinatos", sugiere la experta.

Las voces consultadas encuentran una explicación plausible en el aumento de los discursos de odio y la normalización de un rechazo casi militante a las políticas de igualdad. Lorente lo percibe así en las redes sociales, pero también en los programas de máxima audiencia. "Hay un clima de agresividad y violencia" que funciona no solo como caldo de cultivo, sino como aliciente para los agresores, expresa el exdelegado. 

Los hombres que ya están insertos en la violencia "entienden que aquello que les pasa es producto de las denuncias falsas y de la perversidad de las mujeres", mensajes que calan en la población general, pero que tienen especial impacto entre aquellos socializados en la violencia contra las mujeres. Y hay más: para el exdelegado, ese clima propenso a la difusión de mensajes negacionistas permea también en aquellos agentes que deben brindar protección a las mujeres. "Si tú como juez, como forense o como policía estás inmerso en ese debate, acabas minimizando la situación de riesgo", afina. 

Atencio habla directamente de un "momento de rearme patriarcal" marcado por la "negación de la violencia machista y el envalentonamiento colectivo del machismo y la misoginia", una atmósfera que se expone sin disimulo "en redes sociales y se traslada a la vida real", coincide la periodista.

Ambos expertos inciden en un extremo que consideran fundamental: alertar sobre el repunte de feminicidios debe servir para reclamar más políticas públicas, no para revertir las conquistas en igualdad. Es ahí donde radica la diferencia entre la perspectiva feminista y el discurso abanderado por la reacción ultra. 

Los primeros son críticos con el sistema porque creen que existe un amplio margen de mejora en beneficio de las mujeres. Los segundos, en cambio, impugnan las políticas de igualdad porque son genuinamente negacionistas de la violencia machista. 

Vox es la máxima expresión de ese sentir. El partido de extrema derecha volvió a exigir la derogación de la ley contra la violencia de género la semana pasada en el Senado. La senadora ultra Paloma Gómez no dudó en instrumentalizar la vida de las víctimas para exigir recortes en la lucha contra la violencia machista. Cargó contra medidas que "han evidenciado sus limitaciones", reprodujo un marco ficticio de denuncias falsas y denunció el supuesto "riesgo penal" que recae sobre los varones como consecuencia de la legislación vigente.

Ante una situación de crisis, sin embargo, los expertos apuestan por reforzar las medidas, destinar más recursos y definir estrategias garantistas para las mujeres. "Habría que activar campañas públicas que inunden las redes para contrarrestar estos discursos, además de preparar a toda la población ante esta situación de emergencia global", asiente Atencio. 

Si los expertos insisten en la importancia de poner en marcha más políticas públicas y destinar más recursos a la lucha por la igualdad, es porque la estrategia contra la violencia ha demostrado dar sus frutos. Una mirada amplia a las cifras oficiales así lo atestigua: el número de feminicidios se ha reducido un 32,4% desde el año 2003. Si la media de crímenes mortales durante los primeros diez años de la estadística era de 66 asesinatos al año, durante la segunda década la cifra cayó hasta los 52. Un descenso progresivo que da cuenta del impacto de la legislación y las medidas dirigidas a la prevención, la detección y la protección de las mujeres. 

Con el paso de los años, además, las víctimas de violencia machista han sentido cada vez más confianza para acudir a las autoridades: las denuncias han pasado de 135.539 en el año 2009 a 204.342 en 2025, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otra parte, las llamadas al 016 han escalado desde las 15.715 en 2007 hasta las 130.257 consultas registradas el año pasado.

El Ministerio de Igualdad no termina de deshacerse de la que ha sido su mayor crisis hasta la fecha: los fallos en las pulseras de protección contra maltratadores. Cada error puntual, cada brecha en el sistema y cada alerta para las mujeres trae de vuelta los ecos de aquel terremoto que sacudió al departamento hace meses. Ha sucedido esta semana después de que un hombre se quitara la pulsera que portaba y se dirigiera a su víctima para intentar agredirla, en el municipio de As Neves (Pontevedra). 

Las víctimas que han depositado su confianza en las autoridades conviven con el miedo cada vez que un nuevo caso evidencia los fallos que existen en el sistema. A día de hoy existen 4.330 dispositivos activos que monitorizan los movimientos de los agresores machistas. Pero ante cada grieta, emerge de nuevo la pregunta clave: ¿qué están haciendo las instituciones para enmendar los errores?

La respuesta que ofrece el departamento de Ana Redondo es taxativa: mejorar el sistema. Y para cumplir con este cometido, mayo ha sido un mes clave. El actual contrato para la gestión del servicio llega a su fin, así que el ministerio se ha puesto manos a la obra para encontrar un responsable capaz de desarrollar la herramienta con todas las garantías. 

La sorpresa saltó hace unos días, cuando el departamento anunció su intención de volver a conceder el contrato –una decisión que es provisional– a las mismas empresas que estaban detrás de los fallos detectados meses atrás: Vodafone y Securitas.

¿Cuáles son las razones por las que Igualdad decide confiar de nuevo en ellas? Según la cartera, tanto los requisitos exigidos por la Administración como las mejoras propuestas por la unión temporal de empresas suponen un salto cualitativo en el servicio. El nuevo acuerdo introduce términos que contribuyen a "reforzar la fiabilidad y la eficacia del sistema", abunda Igualdad. 

A principios de febrero, el departamento sacó a licitación un contrato más amplio y con condiciones más estrictas para la gestión del servicio, con un presupuesto que supera los 111 millones de euros (111.100.438,80 euros) para tres años, ampliables a cinco. Tan solo un mes después, la Mesa de Contratación analizó las dos grandes propuestas que se ajustaban a las demandas trazadas: una liderada por Orange y Verisure; otra por Vodafone y Securitas. La segunda candidatura se erigió como la líder, muy por encima de sus competidores, obteniendo la máxima puntuación en la evaluación técnica.

Según concluyeron los técnicos, la unión de empresas incluyó en su oferta "destacadas medidas de protección" para garantizar el funcionamiento de los dispositivos, con materiales "concebidos para soportar golpes, arañazos y desgaste diario, resistencia alta frente al agua y al polvo, sensores de temperatura corporal y distintas capas de seguridad para detectar cualquier intento de manipulación". Algunas de las fallas detectadas en años anteriores tenían que ver precisamente con el deterioro de las pulseras cuando se sumergían en agua y sus escasas garantías a la hora de evitar manipulaciones, tal y como ha sucedido esta semana en el caso de As Neves.

Otro de los cambios introducidos atañe al corazón mismo de la herramienta: los dispositivos se incrementarán hasta un total de 17.660, pero además ya no se tratará de pulseras, sino que en su mayoría serán tobilleras. Igualdad argumenta que esta clase de aparatos tienen una "mayor dificultad para ser manipulados". La unión de empresas también mejorará la batería de los móviles, dispositivos de control, rastreo y comunicación que portan tanto el agresor como la víctima y que son imprescindibles para el funcionamiento del sistema.

Eso sí, en un documento público de preguntas y respuestas, la Administración indica a los licitadores que los nuevos dispositivos serán "compatibles" con los que ya existen a día de hoy. En el caso concreto de los móviles, "una parte de ellos se seguirá utilizando, independientemente de si son dispositivos más antiguos". Los que están en funcionamiento, añade el órgano de contratación en una de las respuestas, "no tienen que cumplir necesariamente los requisitos del pliego que está en licitación actualmente, pero son del ministerio, son válidos y aún tienen tiempo de vida útil. Los nuevos estarán más actualizados y tienen que cumplir las especificaciones del pliego". 

La oferta de Vodafone y Securitas incluye también la definición de "protocolos específicos de resolución de contingencias e incidencias operativas del servicio", una cuestión especialmente relevante dada la crisis que estalló en el seno del ministerio hace meses. 

Hoy, la unión temporal de empresas detalla las medidas a aplicar ante la gestión de incidencias, tanto en la instalación de los dispositivos como en los "casos de caída o degradación de la plataforma, picos de demanda y eventos concurrentes, contingencias climatológicas y de movilidad, indisponibilidad de recursos humanos, contingencias de seguridad física y ciberincidentes". Las soluciones propuestas, valoran los expertos, son "adecuadas y coherentes", si bien "no se detalla en qué medida permiten reducir los tiempos de respuesta y resolución".

Garantizar una respuesta ágil ante cualquier tipo de eventualidad cobra especial relevancia dado el contexto. El 11 de noviembre de 2025, el servicio sufrió una caída durante doce horas que hizo saltar todas las alarmas, tanto de la Administración como de las víctimas. A principios de marzo, Igualdad anunció que sancionaba a Vodafone con una multa de 25.285 euros como responsable de este fallo. 

El sistema de seguimiento telemático lleva meses en el foco no solo por esta grieta registrada en noviembre, sino por las múltiples incidencias sostenidas en el tiempo desde que la unión temporal de empresas se hiciera cargo del servicio, hace ahora dos años. Todo comenzó durante el proceso de migración de datos entre la anterior adjudicataria y la actual. En ese momento, un error en el volcado de información provocó diversas absoluciones y sobreseimientos en los tribunales, con un impacto material y simbólico en las víctimas. 

A ese fallo se sumaron otras disfunciones técnicas, relacionadas con cuestiones como la durabilidad de las baterías, la manipulación de los dispositivos por parte de los agresores y los saltos aleatorios de las alertas, elementos que han tenido un peso importante en el nuevo contrato. Igualdad trató entonces de atemperar los ánimos, subrayando que el sistema era garantista, aunque no infalible. Ahora, el ministerio trata de hacerlo cada vez más eficaz dándole una segunda oportunidad a los responsables de la mayor crisis del departamento.

Después de todo lo ocurrido en el entrenamiento y del significado que guarda, la respuesta del club ha sido destacar que el problema está en la filtración que ha permitido que se conozca lo ocurrido, y se ha señalado hacia quien lo ha hecho para intentar adoptar medidas contra él, una iniciativa que refleja muy bien cuál es el sistema impuesto por el modelo androcéntrico, y cómo su exigencia es mayor conforme el ambiente donde se presenta el conflicto es más masculino.

Un sistema de poder se sostiene sobre la injusticia, y para que pueda perpetuarse necesita de dos elementos esenciales. Por un lado, la capacidad de someter para que todo se ajuste a lo establecido por las jerarquías, a sabiendas de que cada pieza tiene que realizar su función a cambio de la recompensa correspondiente, y por otro, el silencio para que no se descubran las dinámicas, elementos y relaciones que se llevan a cabo dentro de él como parte de la injusticia. No basta con que cada uno haga su parte, sino que además debe guardar silencio sobre todos los demás.

Gracias a ese mutismo el sistema de poder se mantiene sobre la injusticia, y nadie cuestiona nada por ese silencio que invisibiliza, y por esa complicidad que obliga para que el todo y las partes obtengan su recompensa.

De ese modo, entre el silencio y la ceguera resulta difícil conocer y tomar conciencia de nada.

La desigualdad y la sumisión de las mujeres a lo que el modelo androcéntrico ha establecido se basan en esa injusticia de tomar lo masculino como superior, y en el silencio para cuestionar lo que sucede como parte de sus dinámicas y relaciones. Esa idea hace que cualquier situación que se presente sea integrada dentro de la normalidad definida por el sistema, de ahí que la violencia de género se aceptada, como manifiesta el 22% de los jóvenes al afirmar que “si es de poca intensidad no es un problema para la pareja” (CRS 2025).

Por lo tanto, no hay desigualdad ni injusticia en que las niñas no fueran a la escuela ni las mujeres a la universidad, tampoco en que no pudieran votar o trabajar sin el permiso del marido, ni en que cobren menos por el mismo trabajo, ni en que no tengan las mismas oportunidades para ocupar puestos de responsabilidad ni de representación política, todo es parte de esa organización creada por la cultura androcéntrica y su normalidad.

El problema está en quien rompe el silencio, en el chivato que muestra la injusticia y denuncia los hechos. Y quienes han roto el silencio masculino han sido las mujeres y el feminismo, de ahí toba la violencia desatada contra ellas, contra las “chivatas”.

Y como ocurre en otras situaciones, cuanto más masculinizado sea el contexto, más necesario es el silencio para que la invisibilidad se mantenga. Y nada más masculino en su definición y configuración que las relaciones familiares y de pareja, tanto que el sistema todavía hoy, en pleno siglo XXI, se sustenta en las labores domésticas que realizan las mujeres en todo el planeta. 

Por eso el silencio es esencial sobre lo que ocurre en casa, y por esa razón siempre se ha dicho que la violencia que sufren las mujeres en las relaciones de pareja es un tema privado en el que no se debe entrar, salvo que el resultado sea grave. Recuerdo cómo en los años 2000 se decía desde algunas posiciones jurídicas que desarrollar una ley contra la violencia de género era “criminalizar las relaciones de pareja”, algo que no es muy diferente a lo que hoy critican muchos cuando dicen que “ahora todo es violencia”, para cuestionar que muchas conductas que antes ejercían con impunidad ahora son denunciadas y condenadas. 

De manera que para el machismo el problema de la violencia de género son las “chivatas” que denuncian lo que pasa en casa y, como el Real Madrid o cualquier otra persona, entidad o empresa, lo que hay que hacer es actuar con quien rompe el silencio con independencia de que una vez conocido lo ocurrido se tenga que actuar sobre el responsable.

Esa imposición del silencio, una vez que la sociedad es lo suficientemente consciente del problema de la violencia de género, es lo que lleva a hablar de denuncias falsas para que se mantenga la normalidad impuesta que cada agresor establece en su casa y en su relación. Ya no pueden imponer el silencio a las mujeres, pero tratan de taparles la boca con sus críticas y amenazas, y presentando sus palabras como falsas. 

La realidad de la violencia de género es muy clara, como recoge la Macroencuesta del 2024. Más de 2,4 millones de mujeres maltratadas cada año, de ellas más de 141.000 mujeres violadas al año por sus parejas, y solo un 9% de denuncias. El silencio predomina, pero cada vez es menor y el eco del conocimiento mayor. Y eso para el machismo es inaceptable, de ahí su violencia en las redes y su guerra cultural, y su estrategia de cuestionar a las mujeres que sufren la violencia de los hombres, en lugar de criticar a los agresores. En definitiva, es la misma “estrategia del chivato” que se mantiene como parte de su modelo para conseguir dos objetivos: uno, criticar todo lo relacionado con la violencia de género, y el otro, desviar la mirada del problema real para situarlo en temas secundarios, con el objeto de que la gente se mantenga lejos de su realidad y acepte que todo es un “invento ideológico”, como tanto repiten.

No lo conseguirán porque hoy sabemos que quien actúa contra una violencia estructural, como es la violencia de género, está defendiendo los Derechos Humanos y la democracia, y ante eso nunca nos van a callar.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El pasado 19 de mayo, Andrés Roche Cerón asesinó presuntamente —y empieza a resultar indignante tener que añadir siempre ese adverbio para no incomodar a un sistema que demasiadas veces da la espalda a las víctimas de violencia de género— a Erica D.G., también conocida como Kimberli. El crimen quedó grabado y fue difundido en redes sociales. Las imágenes muestran, con una crudeza insoportable, la violencia extrema del terrorismo machista al que siguen estando sometidas miles de mujeres, niñas y niños, también en nuestro país.

Como feminista, me niego a aceptar que este sea “un feminicidio más”. Me niego a que, tras el habitual minuto de silencio institucional, el nombre de Erica —o de Kimberli, como ella prefiriera ser llamada— quede sepultado la próxima semana bajo el de otra víctima, mientras todo continúa exactamente igual. Es decir: con una parte de la sociedad abrazando discursos negacionistas alentados por la extrema derecha; con una derecha cada vez más radicalizada que rehúye destinar recursos propios a combatir la violencia machista y se suma a esos discursos cuando le resulta políticamente rentable; y con una izquierda que, aun siendo consciente de las graves carencias del sistema de protección, sigue sin afrontar reformas profundas que vayan más allá del papel.

Porque quizá haya llegado el momento de plantear medidas verdaderamente valientes: mecanismos eficaces para apartar de estos procedimientos a jueces, juezas y fiscales que no apliquen la perspectiva de género y para inhabilitar a quienes, mediante negligencias graves, pongan en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños a quienes tienen la obligación de proteger.

Más allá del horror que produce ver cómo un hombre asesina a su pareja en plena calle, asestándole veinte puñaladas y abandonando su cuerpo como si fuera basura antes de lavarse la sangre en una fuente pública con absoluta frialdad; más allá del nudo en el estómago que provoca otro vídeo, difundido por un medio de comunicación de horas antes del crimen, donde puede verse a la víctima acompañando al agresor a una tienda y permaneciendo detrás de él, con una postura corporal que transmite terror incluso sin necesidad de verle el rostro; más allá de todo eso, ha llegado la hora de exigir responsabilidades.

El asesinato de Erica —o Kimberli— es un ejemplo doloroso de muchas cosas. Entre ellas, de la incapacidad de una parte del sistema judicial para proteger adecuadamente a las víctimas de violencia de género y para comprender las realidades complejas de aquellas mujeres que no encajan en el irreal “perfil ideal de víctima”. Especialmente cuando sus vidas están atravesadas por múltiples formas de discriminación: pobreza, migración, exclusión social, identidad de género o adicciones.

Erica había denunciado, al menos una vez que sepamos. Había pedido protección y le fue concedida una orden. Pero aquella protección no sirvió de nada: en menos de 24 horas el agresor volvió a lesionarla. La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra hicieron su trabajo. A partir de ahí, responsabilizar a la víctima de la inacción judicial es no solo injusto, sino profundamente ignorante.

Quienes trabajamos desde hace años en este ámbito sabemos —y llevamos demasiado tiempo denunciándolo— que existen herramientas legales suficientes para actuar frente a un quebrantamiento de medidas de protección. Son mecanismos previstos por el sistema y, aplicados correctamente, habrían podido salvar esta y muchas otras vidas.

Desconozco los detalles concretos del caso, pero diversos medios han señalado que Erica era una mujer trans, hondureña y empobrecida. Es decir, una víctima atravesada por múltiples factores de vulnerabilidad. El agresor acumulaba indicadores evidentes de peligrosidad, no solo por el historial de violencia ejercida, sino por la intensidad y frecuencia de las agresiones. El sistema debe poder adaptarse a lo anterior, de lo contrario es discrimatorio.

Preguntarse por qué la víctima no acudió al médico forense es colocar el foco en el lugar equivocado. Tal vez estuviera hospitalizada recuperándose de las lesiones que su agresor le había provocado menos de 24 horas después de dictarse la orden de protección. Tal vez estuviera escondida, aterrada o incluso con él, porque la dependencia emocional no desaparece automáticamente tras una denuncia. Tal vez no tuviera recursos para desplazarse, para recibir notificaciones judiciales o para acceder a un alojamiento seguro. Las mujeres en situación de sinhogarismo con patologías duales, sencillamente, no encajan en muchos de los dispositivos institucionalizados de protección.

La pregunta no es qué hizo o dejó de hacer Erica. La pregunta es cuánto interés puso el sistema en protegerla. Si tradujo “vulnerable” por “complicada”. Si dio su caso por perdido antes siquiera de intentarlo.

Dejemos de culpabilizar a las víctimas de violencia de género por los fallos de un sistema que nos interpela a todas y todos. Empecemos a escuchar de verdad a las profesionales que llevan años advirtiendo de estas negligencias: abogadas, juristas, trabajadoras sociales y especialistas que se dejan la piel acompañando a víctimas a la par que denuncian las carencias de la administración de justicia.

Teniendo en cuenta que lo escatológico se ha colado en el debate público: la situación actual para demasiadas víctimas de violencia de género es una mierda de dimensiones descomunales y la urgencia de su abordaje desde una perspectiva de género y realmente interseccional, es inaplazable.

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Vanessa Casado Caballero es jurista experta en Género y Derechos Humanos.

Andrés tenía vigente una orden de alejamiento cuando asesinó a puñaladas a su expareja. Ocurrió este martes, a plena luz del día, en la vía pública y bajo la mirada atónita de los vecinos de Figueres (Girona). El agresor había sido detenido por maltrato y amenazas. El lunes se celebró un juicio rápido, el acusado reconoció los hechos y aceptó los seis meses de prisión impuestos por la justicia, pero eso no le impidió seguir hostigando a su víctima. Horas después fue arrestado de nuevo por lesiones y quebrantamiento de condena. Tras quedar en libertad, acabó con la vida de la joven.

Este último caso de violencia de género se suma a otros que se han concentrado en apenas unos días. El sábado, un hombre asesinó a su mujer y a su hijo, antes de quitarse la vida, en la casa cuartel en la que residían en Dolores (Alicante). El lunes, otra mujer fue asesinada por su marido en Arguedas (Navarra) y un joven acabó con la vida de su madre y su padrastro tras un tiroteo en El Ejido (Almería), un crimen que se investiga como violencia de género y vicaria. Tan solo un día después, un varón mató a la bisabuela de su expareja, en Loja (Granada). Cinco mujeres, un hombre y un joven han sido asesinados en contextos de violencia machista en solo cuatro días. 

En lo que va de año, el número de feminicidios en pareja o expareja confirmados asciende a 20. En ocho de los casos registrados existían denuncias previas: el 40% del total. Un porcentaje muy por encima de la media global. En toda la serie histórica, la tasa de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tras haber dado el paso de denunciar es del 22,4%. Con ese telón de fondo, el caso de Figueres ha abierto una grieta en la ya deteriorada confianza de las víctimas en un sistema que vuelve a demostrarse ineficaz.

A Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, este último caso le recuerda a otro similar registrado el pasado mes de abril en Córdoba. El agresor había sido denunciado apenas dos días antes de cometer el feminicidio y la víctima fue incluida en el sistema, pero con riesgo medio. Él desobedeció las medidas de protección y terminó con su vida. "El sistema falla conceptualmente. Cuando tenemos una tasa tan alta de homicidios con denuncia previa, podemos afirmar que la denuncia no está siendo una fuente de protección y seguridad", sostiene el exdelegado. 

Las voces expertas detectan elementos de peso en este último caso, particular por su atrocidad, pero con patrones comunes a otros feminicidios registrados en el pasado. La abogada María Naredo se detiene en la rapidez de los procedimientos, los llamados juicios rápidos, muchas veces incapaces de evaluar rigurosamente una situación de riesgo y actuar en consecuencia. "La justicia sigue sin entender que la violencia va escalando y se comporta basándose en ciclos", sostiene la letrada, por lo que valorar sin contexto un episodio aislado de violencia puede conllevar una evaluación parcial del problema. "Muchas veces no se dan las bases para que la víctima cuente la globalidad de la violencia, no se evalúa el cuadro completo, sino una parcela ínfima y eso lleva a imponer penas rebajadas", sostiene. 

Para Naredo, si bien la protección debe ser "máxima e inmediata", la investigación ante una denuncia por violencia machista "no puede saldarse con una pena de conformidad de seis meses de prisión", sino que debe ir más allá y explorar toda la violencia sufrida en su conjunto. 

Isaac Guijarro, cofundador del despacho Olympe Abogados, pone por delante que los fallos del sistema tienen responsables directos: "En este caso han fallado los jueces y las juezas que decidieron no dictar prisión provisional a pesar de haber quebrantado la orden de alejamiento y pese a sus numerosos antecedentes". A su juicio, la desobediencia ante las medidas impuestas por la justicia debería haber sido suficiente indicador para constatar su "desprecio absoluto a la administración de justicia" y por tanto el riesgo que pesaba sobre la víctima.

El abogado insiste en que "no son fallos puntuales", sino déficits que se reproducen de manera habitual. En la administración de justicia las fallas afloran prácticamente a diario, asiente Guijarro. "El hecho de no adoptar medidas cautelares o no acordar prisión provisional pese al quebrantamiento de una medida pasa cada día", porque existe una tendencia a "minimizar el riesgo, el dolor y las secuelas psicológicas en las víctimas en favor de no restringir las libertades del agresor". Verbalizarlo es, a su entender, el punto de partida para corregirlo: "Minimizarlo y no reconocer que se está haciendo mal y que tenemos un sistema tremendamente deficiente impide reparar todas las disfuncionalidades que existen", lamenta. 

En marzo de este mismo año, un hombre asesinaba a su expareja a tiros en plena calle. El agresor, que contaba con licencia de armas de uso deportivo, se desplazó hasta el centro de trabajo de la víctima y acabó con su vida de varios disparos a primera hora del día, en Zaragoza. El verano pasado, otro hombre le quitaría la vida a su pareja ante la mirada de los viandantes en Marbella (Málaga). El agresor la golpeó hasta matarla en una calle próxima a su trabajo. Meses antes, en febrero de 2025, otra mujer era asesinada en Langreo (Asturias) por su pareja, en la vía pública. La apuñaló delante de varios testigos. 

Los feminicidios en la vía pública no son los más habituales, pero existen. El año pasado, según el balance anual confeccionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 4,3% de los crímenes mortales tuvieron como escenario central la calle, un porcentaje idéntico al registrado el año anterior y que se ha mantenido prácticamente inmutable en el último lustro.

Miguel Lorente recuerda que el asesinato en la vía pública es una anomalía en criminología, pero uno de los elementos diferenciales de la violencia machista. "Es un crimen moral, así que el agresor tiende a asumir las consecuencias y actúa con total indiferencia, porque normalmente se va a entregar o a quitar la vida, así que no le importa exponerse", asiente el médico forense. "No tiene sentido desde el punto de vista criminal, pero en violencia machista sí pasa". 

Pero además, agrega María Naredo, asesinar en plena calle es la máxima expresión de "la escalada de la violencia". Al principio, abunda la jurista, la violencia machista tiende a producirse en la "intimidad y de manera más sutil, primero con violencia psicológica o de control, después con maltrato físico", pero el hecho de que el agresor "cometa un acto de tal gravedad en la calle nos habla de una escalada en la cual ha habido muchos incumplimientos por parte de las instituciones", remata.

“Yo pienso en mi abuela, en un pueblo de 2.000 habitantes al sur de Extremadura, sin independencia económica, sin acceso a Internet; si se hubiera dado el caso, ¿cómo iba a denunciar? Sin duda ahora hay muchos más recursos que antes, más información y también más concienciación. Eso influye en que esté bajando la edad media de las víctimas y a la vez subiendo las órdenes de protección. Y, al mismo tiempo, se evidencia que la violencia sigue ahí y cada vez más entre las más jóvenes; pero es que ahora, además, se niega continuamente su existencia, y eso hace mucho daño”. La reflexión es de Alba Redondo Mesa, agente de igualdad de Malvaluna, una asociación feminista con sede en Mérida que lleva décadas atendiendo a mujeres que sufren el maltrato machista.

Ella plantea este razonamiento tras su análisis del último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre violencia de género. Las cifras aseguran que en la región extremeña, en los últimos tres años, se ha duplicado el número de chicas menores de 18 años que necesitan protección para evitar ser atacadas por sus parejas o exparejas. Los datos concretos dicen que si fueron 14 las órdenes o medidas cautelares establecidas en 2022, en 2025 llegaron a 27. La subida ha sido gradual en ese periodo. “Parece que 27 en un año no son muchas, pero estamos hablando de Extremadura, una comunidad con poca población, y además esas 27 es solo lo que sale a la luz”, asegura.    

¿Qué hay detrás de ese número? “Mucha violencia digital”, subraya Redondo, que pone el foco en dos cuestiones: por un lado, la facilidad de control que da un teléfono móvil; por otro, las ideas conservadoras que se fomentan por las redes sociales. En el primer caso, explica: “A los adolescentes les cuesta concebir una relación sin estar hablando constantemente, y eso se alimenta con que hay aplicaciones que te permiten saber la localización de tu pareja, lo cual desemboca en situaciones de control absoluto. Significa atentar contra la intimidad de la otra persona. Ahí empieza la violencia psicológica”. En el segundo caso, expone: “Las redes sociales nos están volviendo a colar la idea del amor romántico de que ‘cuanto más celoso sea, más me quiere’. Y no somos conscientes del gran poder que tienen esas redes para imponer discursos”.

En este sentido, prosigue: “Es muy difícil luchar contra esa realidad porque la sociedad va tan deprisa que no tenemos tiempo ni de explicar ni de educar, de manera que no existe pensamiento crítico, todo lo damos por bueno”.

Una de las labores de Malvaluna es dar charlas en los institutos para concienciar sobre qué es la violencia machista y sus consecuencias, pero desde la asociación aseguran que cada vez tienen más dificultades en Extremadura para acceder a los centros educativos por la negativa de los padres y madres a que se impartan los talleres: “Creen que vamos a adoctrinar a sus hijos”.

Redondo explica que a los alumnos se les intenta hacer pensar. Pone un ejemplo: “Queremos hacerles ver que tienen que sacar la violencia de las pantallas. Les preguntamos que qué pensarían si un vecino les enseñara los genitales por la calle para que entiendan que es igual de grave que la foto que le llega al móvil”.

Asimismo, en estos encuentros se encuentran a veces con comentarios como “la cocina es cosa de mujeres” o “los cuidados no es un trabajo”.

“El problema es que los partidos de ultraderecha no quieren educación sexual porque creen que eso es manipular y condicionar. Y, evidentemente, ese mensaje va calando. No se paran a pensar en el peligro que supone que los adolescentes no cuenten con herramientas propias para digerir la información que reciben”, expresa, por su parte, Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). Ella habla directamente de la pornografía: “Ya sabemos que hay niños que con ocho años empiezan a ver vídeos donde lo que aprenden es violencia, porque lo que ven son prácticas sin preservativo, abusos, violaciones múltiples o escenas similares muy agresivas”.

“La curiosidad por ver estos vídeos —continúa Fondón— existe, es innata, eso es obvio, pero si la única educación sexual que reciben es esa, ahí empieza el problema. Además, ellas también acceden a esos vídeos para aprender esas posturas y actitudes sumisas”.

La presidenta de Adhex tiene claro que el contexto descrito influye directamente en las relaciones entre adolescentes y en los roles que se asumen. Su asociación también imparte talleres en institutos. Ella lamenta que cada vez más jóvenes nieguen la violencia de género. “Se banaliza, y eso provoca que cada vez haya más casos. Antes daba vergüenza hacer determinados comentarios y ahora vuelven a resultar graciosos”.

No obstante, tanto Redondo como Fondón coinciden en que el camino recorrido no ha caído en saco roto y que también hay adolescentes muy conscientes de qué es la violencia de género: saben identificarla y combatirla.

Con ellas está igualmente de acuerdo Manuel Calvo Macías, psicólogo de la asociación Victoria Kent, con sede en Badajoz, que lleva tres años dando charlas en centros educativos de la provincia pacense. “Quien es consciente, lo es mucho más que antes, eso es innegable”, subraya. No obstante, critica que cuando se habla de igualdad en términos generales o de violencia machista, casi siempre se mira solo a las chicas. “Se pone el foco en ellas cuando la educación la tienen que recibir sobre todo ellos”, incide.

Este psicólogo pone como ejemplo comentarios o comportamientos machistas que, a veces, percibe en niños de diez años: “Es evidente que repiten lo que escuchan en casa. Por eso es tan importante que se trabaje con estos talleres de igualdad y de educación sexual en los centros”.

Otra cuestión que desde las tres asociaciones destacan es cómo influyen determinados discursos políticos en el fomento de la desigualdad, la cual, básicamente, es el caldo de cultivo de la violencia de género.

Lo resume Redondo: “Se está legitimando la negación de la violencia machista en las instituciones, se le quita importancia y se vuelven a cuestionar los derechos de las mujeres. Y esos discursos llegan a las redes sociales y a la calle”.

Cuando el falso síndrome de alienación parental (SAP) comenzó a emerger en los juzgados, no fueron pocas las voces expertas que advirtieron de su trasfondo: la criminalización sistemática de las madres que buscaban proteger a sus hijos, especialmente en contextos de violencia de género. Aquella advertencia no cayó en saco roto, sino que tuvo calado en la legislación: hace ahora cinco años, el uso de este instrumento quedó prohibido por la ley de protección a la infancia, un veto que ha sido esta semana reforzado a través de la aprobación de un anteproyecto de reforma que busca extinguir esta práctica. 

El legislador despliega todas las herramientas a su alcance para desterrar definitivamente el falso síndrome de los tribunales, pero a lo largo de los años este se las ha arreglado para sobrevivir, sorteando las adversidades. Tiene algunos cómplices: los operadores jurídicos que creen firmemente en su existencia, a pesar de la carencia de base científica y de los reproches sostenidos por parte de las entidades internacionales especializadas.

Con este telón de fondo, el reto pasa por definir cuál es la manera de acabar con un falso síndrome que tiene mucho que ver con sesgos todavía muy presentes en la judicatura. Las juristas lo tienen claro: formación y sanciones.

Así lo explica la abogada Altamira Gonzalo. "Sanciones disuasorias y formación. Sin esos dos instrumentos se seguirá aplicando, porque es una manera de pensar, una ideología", introduce en conversación con infoLibre. El SAP, añade, existe en "muchas ocasiones aunque no se le mencione: cuando se utilizan prejuicios o se tilda a las mujeres de manipuladoras". 

El falso síndrome no solo hace acto de presencia en las resoluciones judiciales, sino también en los argumentos de las defensas o en los informes psicosociales que evalúan a los menores. Incluso en jornadas divulgativas dirigidas a profesionales, muchas veces bajo eufemismos que buscan darle una apariencia de rigurosidad e imparcialidad.

"Normalmente, cuando leemos un informe psicosocial o una sentencia, enseguida vemos cuándo se tiene formación y cuándo se ha aplicado el falso síndrome, aun sin mencionarlo", añade la jurista. 

Violeta Assiego, abogada y exdirectora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, insiste en que hablar del falso síndrome de alienación parental conlleva necesariamente hablar también del interés superior del menor y del derecho a ser escuchado. Es, a su juicio, una tríada indisociable. "Se utilizan muchas fórmulas para decir lo mismo: que las madres obstruyen, sobreprotegen o interfieren en el testimonio del niño", una creencia que condiciona "el derecho del niño a ser escuchado, porque al final se resta credibilidad al testimonio". 

El problema, coincide, tiene mucho que ver con la especialización. "Se necesita un grado de especialización en el que estas tres variables se aborden por gente muy especializada. Lo que está pasando es que personas sin cualificación en estas especialidades están tomando decisiones influidas por sesgos". 

El SAP quedó prohibido en la ley de protección a la infancia, hace ahora cinco años, pero el principal escollo identificado en este lustro ha sido la extraordinaria capacidad de adaptación y supervivencia de este instrumento en los pasillos de los tribunales. Tal vez ya nadie hable de ningún síndrome, pero el espíritu de la herramienta sigue enquistado en el sentir de muchos operadores jurídicos.

Un informe publicado el año pasado por Themis Mujeres Juristas se hacía eco de la existencia de métodos "similares a los utilizados en el falso síndrome de alienación parental (SAP) en los servicios de coordinación de parentalidad". En el 15,26% de las sentencias analizadas por las autoras, en las que se establecía la intervención de coordinación de parentalidad, existían antecedentes de violencia de género.

Lo cierto es que Naciones Unidas ha señalado a España en diversas ocasiones precisamente por la aplicación, directa o indirecta, de este falso síndrome en los tribunales. El Defensor del Pueblo también puso la lupa sobre el problema hace ahora dos años y subrayó que las madres siguen dándose de bruces contra un muro institucional que obstaculiza la protección de sus hijos y las revictimiza. 

Pero si el falso síndrome ya está prohibido por ley y pese a ello se sigue aplicando, ¿cuáles son las novedades que plantea la reforma y cómo prevé enyesar esa brecha entre la legislación y la realidad material de los juzgados?

La primera gran diferencia entre la nueva propuesta y la redacción actual es puramente semántica. La ley actual fija que los poderes públicos tomen "las medidas necesarias para impedir" este tipo de planteamientos, mientras que la reforma introduce una prohibición expresa y literal, según el texto consultado por este diario: "Queda prohibido el uso de planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental o cualquiera de sus reformulaciones". 

En caso de salir adelante, la modificación blinda que "no podrá ser utilizado en ningún procedimiento, judicial, administrativo o de otra clase, cualquier tipo de informe, bien sea de una entidad pública o privada, basado en estos planteamientos o en cualquier prejuicio que genere discriminación". Y de hecho estipula que "las resoluciones en las que se tenga en cuenta este tipo de planteamientos podrán ser impugnadas".

En los puntos de encuentro familiar, uno de los espacios donde las mujeres expresan mayores índices de violencia institucional, se establece que los profesionales deberán contar con "formación especializada en perspectiva de infancia, género, interseccional, trauma, enfoque de derechos humanos, violencia de género, violencias sexuales y violencia sexual en el ámbito familiar". En caso de que la entidad gestora del punto de encuentro no cumpla con los criterios contemplados en la ley, "especialmente en cuanto a la aplicación por parte de sus profesionales del síndrome de alienación parental", se procederá a la "resolución del contrato". A nivel formativo y en términos generales, la nueva norma apuntala el principio de diligencia debida "incidiendo en la prohibición" del falso síndrome.

Pero la reforma no perfila sanciones concretas. Tal y como confirman fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, "la ampliación hace una prohibición expresa, más garantista y que abre la puerta a la impugnación de las resoluciones donde se utilice", pero "no tiene régimen sancionador específico". 

Es uno de los puntos débiles que detectan algunas expertas.

"Si no se establecen sanciones para aplicar en caso de incumplimiento, la medida es totalmente ineficaz, se queda simplemente en una declaración de intenciones", introduce Altamira Gonzalo.

Asiente la jueza Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La magistrada se apresura a destacar que la prohibición "ya estaba vigente desde 2021", momento en el que se introdujo la necesidad de trabajar sobre un "régimen sancionador, pero no se consiguió". La posibilidad de impugnar resoluciones no está, en su opinión, a la altura. "¿Cuál es la consecuencia para el profesional, de la psicología, la psiquiatría, incluso forense, que lo aprecia en sus informes? Ninguna. Entonces no hay régimen sancionador y es lo mismo que había antes: una prohibición sin sanción", lamenta.

Rosell aclara que tanto las expertas que trabajaron por sacar adelante la primera ley, como aquellas que han puesto su grano de arena a la hora de moldear la presente reforma, "querían ir más allá, pero no se ha conseguido".

Assiego, en cambio, expresa dudas respecto a las sanciones como principal fórmula para erradicar el uso del síndrome. "El SAP ha permeado totalmente en el sistema y eso con una sanción no se resuelve", reflexiona. A su juicio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería llevar a cabo una "auditoría a los juzgados, para comprobar si las resoluciones judiciales están dando cabida" a esta noción. El Poder Judicial "tiene una responsabilidad de supervisión y debe velar" por el cumplimiento de la ley, enfatiza la abogada.

La mujer que ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Santa Úrsula (Tenerife) tenía 57 años, no estaba en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del presunto autor, que está detenido.

La madre de la víctima también se encuentra hospitalizada y deberá ser intervenida quirúrgicamente, según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Santa Úrsula.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, ha relatado que los hechos ocurrieron cerca del domicilio de la víctima, en la calle Lomo Hilo, sobre las tres y media de la mañana.

En este lugar, el agresor acuchilló a la mujer asesinada, a la par que hirió a la madre de la víctima.

"Y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo", ha detallado Acosta, que ha apuntado que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los "gritos enormes" que se produjeron durante los hechos.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha señalado que han sido activados los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento y ha pedido "el máximo respeto hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia".

Como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos oficiales hoy y mañana, ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de mañana frente al consistorio y ha decretado luto oficial para dicho día.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.

El número de menores que convive en hogares marcados por la violencia de género va en aumento. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con información relativa al año pasado, un total de 1.935 menores fueron víctimas directas de violencia machista. La cifra no ha dejado de crecer en los últimos cuatro años, con un aumento del 40,6% respecto a 2022.

Todos ellos contaban con órdenes de protección o medidas cautelares. Más de la mitad (54%) tenía menos de diez años y el 81,6% eran hijos e hijas del agresor. Las cifras sobre menores víctimas de la violencia ejercida por sus padres llegan en un momento especialmente relevante, poco después de que salieran a la luz las declaraciones del magistrado David Maman Benchimol, especializado en violencia machista, asegurando que muchas madres son “enemigas acérrimas de la custodia compartida” y que "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Los datos ofrecidos por el INE se basan en las víctimas con órdenes de protección y en los denunciados con medidas cautelares que han sido inscritos en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género del Ministerio de Justicia. Un total de 33.373 mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia y la mayoría tenía una relación de expareja con su agresor. 

La cifra de hombres denunciados asciende a 33.228, la mayoría fueron señalados por delitos de lesiones (21.560), pero también por torturas (8.125), amenazas (6.450) y quebrantamiento de condena (3.740). Entre las 98.551 medidas cautelares dictadas, solo 305 fueron de suspensión de la patria potestad y 3.007 de suspensión del régimen de visitas. La prohibición de aproximarse a la víctima se acordó en 26.080 ocasiones y la prohibición de comunicarse con ella en 25.881. En 2.229 casos se privó del derecho a la tenencia y porte de armas, mientras que en 86 se procedió directamente a su incautación.

En cuanto a las sentencias, los tribunales condenaron a un total de 40.929 hombres en asuntos procedentes del mismo año y de ejercicios anteriores. 

El INE también publica información relativa a violencia doméstica, aquella ejercida en el ámbito familiar por parte de cualquier miembro. Cabe destacar que incluso en este epígrafe la mayoría de las víctimas (60,8%) son mujeres y el grueso de los denunciados (71,6%) son hombres, por lo que predomina un sesgo de género evidente también cuando se trata de otras formas de violencia en el hogar. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este lunes que inicia una investigación por los comentarios machistas proferidos en febrero por el juez David Maman Benchimol, el magistrado encargado de la denuncia contra el ex jefe de la Policía Nacional. 

El promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces ha acordado incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas contra el magistrado ocho de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Madrid. En el marco de una actividad formativa impartida a finales de febrero en el Colegio de la Abogacía de Madrid, el togado aseguró que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirmó que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y deslizó que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Sus comentarios han sido objeto de duras críticas por parte de líderes políticos y compañeros de profesión, derivando algunas de ellas en quejas formales. El propio Ministerio de Igualdad, mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, registró una queja argumentando que sus palabras podían constituir una falta grave recogida en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por suponer un "exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos". Según la misma norma, este tipo de faltas podrán ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros.

El despacho Olympe Abogados también formalizó una queja el mismo jueves por la noche, mientras que un centenar de organizaciones y particulares emitieron al final de la semana pasada un manifiesto conjunto que se tradujo igualmente en una queja formal, por entender que sus declaraciones "pueden resultar incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto a la ciudadanía y ausencia de estereotipos de género exigibles a quien ejerce funciones jurisdiccionales".

La diligencia informativa equivale a una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar los hechos denunciados. El siguiente paso, si así lo aprueba la Comisión Permanente, consistiría en incoar expediente y tratar de dilucidar si lo sucedido puede ser constitutivo de una falta. Entonces, el promotor elevaría una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria, cuyos miembros decidirán si se debe sancionar al responsable o archivar el caso.

Maman Benchimol compartió sus opiniones machistas en un contexto formativo y tan solo un día después de que una mujer denunciara al ex jefe de la Policía Nacional, José Ángel González, como presunto autor de una agresión sexual. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima. El magistrado lleva más de una década trabajando directamente con víctimas, tras especializarse en violencia contra la mujer en el año 2011.

Ahora que la nave Artemis II ha regresado de la Luna y ha vuelto a demostrar que la Tierra es esférica, los “terraplanistas” han aprovechado para insistir en que la Tierra es plana y la Luna una galleta. Y como sus argumentos no están basados en elementos objetivos ni en estudios científicos, sino en lo que ellos deciden interpretar y en el refuerzo que se produce dentro de su grupo, pues siempre tienen razón.

Los “denunciafalsistas” actúan del mismo modo, es decir, en grupo, negando la mayor, o sea, la violencia de género, y a partir de ahí todas sus consecuencias, entre ellas las denuncias interpuestas por su causa. Pero como no es posible ocultar las más de 200.000 denuncias que se ponen al año, lo que hacen es decir que la mayoría son falsas, idea que consigue dos objetivos: incidir en la negación de la violencia y presentar a las mujeres como malas y manipuladoras, reforzando el mito de la Eva perversa.

Y como toda buena manipulación necesita de algún elemento que permita su enganche con la realidad, la clave está en utilizar elementos de esa realidad para darle un significado diferente. Y es en ese sentido en el que recurren a los datos oficiales sobre la violencia de género, para manipularlos y alcanzar la conclusión de que la mayoría de las denuncias son falsas.

La realidad es muy distinta, y la FGE y el CGPJ en diferentes Memorias y estudios indican que las denuncias falsas representan alrededor del 0,01%.

Para el machismo la conclusión es distinta, y afirma que todo lo que no termina en sentencia condenatoria es una denuncia falsa, concluyendo que estas representan el 70% de las denuncias, según sus cálculos.

Para poner de manifiesto la manipulación machista, vamos a tomar los datos del último informe del CGPJ, presentado el 31-3-2026, sobre las denuncias de 2025.

Las denuncias que se pusieron a lo largo de ese año fueron 204.342, y el número de mujeres víctimas ha sido 185.188.

El total de sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género fue de 60.942, de las cuales 50.190 terminaron con una condena para el hombre denunciado, es decir, el 82,36% de los casos juzgados. A partir de esta situación establecen la primera y gran trampa, y se ponen a jugar con los datos para darle verosimilitud y que su bulo sobre las denuncias falsas tenga acogida social.

El planteamiento es muy simple, si hay 204.342 denuncias y solo se juzgan 60.942 casos, quiere decir que 143.400 denuncias “se quedan en el camino” y no llegan a juicio, algo que directamente explican al decir que se debe a que son “denuncias falsas” por hechos incongruentes que conducen directamente a su archivo. Pero no es así.

Veamos que ocurre en realidad.

A las 204.342 denuncias hay que restarle los casos en los que las mujeres que han denunciado renuncian al procedimiento al acogerse a la dispensa de declarar por el artículo 416 de la LECrim, que son 20.977 casos que no pueden llegar a juicio por la renuncia de las víctimas, y que no siempre significa que es una la denuncia que se retira, porque algunas de estas mujeres han interpuesto varias denuncias que quedarían “anuladas” al desistir del procedimiento. Luego al total de denuncias que “se quedan por el camino” (143.400) hay que restarle estos casos, por lo que las denuncias “fuera de control” quedarían en 122.423 si solo correspondieran a una sola denuncia por caso, pero los estudios indican que son bastantes más, puesto que la renuncia se produce con frecuencia en mujeres revictimizadas sometidas a la presión y a las amenazas de los entornos y del propio agresor.

La diferencia entre los casos juzgados y el número de “denuncias sobrantes” tiene su clave en lo que acabamos de indicar, concretamente el número de casos en que un agresor maltrata más de una vez a la misma mujer, circunstancia habitual en violencia de género al tratarse de una conducta que se mantiene en el tiempo, no son hechos aislados, y que lleva a las víctimas a denunciar en varias ocasiones la violencia repetida que sufren.

Esta circunstancia forma parte de la revictimización, y dentro de ella está lo que se conoce como “multirreincidencia”, es decir, agresiones repetidas de un agresor sobre la misma víctima, y por otra parte está la “polirreincidencia” cuando un mismo agresor agrede a diferentes mujeres. Desde el punto de vista de las denuncias y sus consecuencias judiciales, en el caso de las agresiones cometidas por un agresor sobre la misma mujer, las distintas denuncias se verían en un solo juicio, mientras que en la “polirreincidencia” las denuncias se juzgarían en juicios separados.

Los estudios indican que cuando se trata de agresiones repetidas cometidas por un agresor sobre una mujer, el número de denuncias varía. Concretamente, en el trabajo titulado “Agresores plurivictimizadores en violencia de género: un estudio exploratorio”, de Marta Caballé-Pérez, realizado por varias universidades españolas y la SES del ministerio de Interior (febrero 2024), se indica que el número de denuncias interpuestas por una misma víctima en estas circunstancias puede llegar hasta 7. Si se tiene en cuenta, tal y como recoge la investigación, que entre el 33% y el 42% de los agresores son multirreincidentes, y que el 36,2% es denunciado más de una vez por la misma mujer, pudiendo llegar a ser este número de denuncias hasta 7, el número final de denuncias correspondientes a una misma mujer resulta muy elevado. Veámoslo de manera aproximada. Si hay 185.188 víctimas y el 35% (tomando una referencia entre 33-42%), son reincidentes sobre una sola mujer, significa que hay 64.816 maltratadores reincidentes, de los cuales el 36,2% (23.463) son denunciados de 2 a 7 veces por la misma mujer, es decir, que las denuncias en estas circunstancias podrían sumar entre 46.926 (si se ponen 2 denuncias) y 164.241 (si se pusieran 7 denuncias). 

Como se puede ver, la multirreincidencia y las denuncias que la acompañan justifican por sí solas el total de denuncias que se interponen cada año como parte de la violencia de género, sin que el resultado final se deba a “denuncias falsas”.

Y sobre todo ello hay que considerar también las otras formas de terminar el proceso que recoge el informe del CGPJ, entre ellas el sobreseimiento, pero representan porcentajes bajos y forman parte de una situación común a todo tipo de delitos, sin que signifique que se está ante denuncias falsas. Menos aún en violencia de género, una violencia que se produce en la privacidad del hogar, sin testigos presentes y que con frecuencia se denuncia tiempo después de los hechos, con lo cual las evidencias sobre la violencia se han modificado de manera significativa y dificultan demostrar su existencia. En este sentido la FGE, ya en su Memoria de 2012, fue clara y recogió que la “no condena” o la “prueba insuficiente” no equivale a denuncia falsa. Estos datos sobre los archivos desmontan otro de los bulos del machismo cuando dice que los hombres “han perdido la presunción de inocencia”, y ponen de manifiesto que lo que realmente existe es una “presunción de culpabilidad” para las mujeres como autoras de un delito de denuncia falsa.

La manipulación del machismo es evidente y busca defender su modelo androcéntrico, y que la violencia que históricamente han ejercido los hombres contra las mujeres se mantenga dentro de la normalidad y la privacidad, y con ella todos los privilegios masculinos. Por eso, a toda la manipulación sobre las “denuncias falsas” unen que la mayoría de las condenas se deben a “conformidad”, es decir, a la aceptación de los hechos por parte del agresor, y presentan esta situación como consecuencia de la amenaza del sistema con mandarlo a la cárcel, cuando en realidad son casos evidentes que se conforman para rebajar la pena, algo de lo que he sido testigo como médico forense.

La manipulación es tan evidente que no tendría recorrido ni aceptación en ningún otro tema, pero la tiene en violencia de género demostrando que esta es una parte esencial del machismo y su cultura.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Asegura que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirma que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y cree que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres". Su nombre es David Maman Benchimol y es el juez responsable de instruir el caso contra el ex jefe de la Policía Nacional denunciado por violencia sexual por una subordinada. Las afirmaciones las pronunció hace dos meses frente a los micrófonos, en una jornada organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en torno a las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y que ha hecho públicas laSexta.

Las juristas feministas que escuchan hoy sus palabras se reconocen inquietas por los efectos que pueden tener en los tribunales, pero admiten que no resultan sorprendentes. "Es bastante típico, sobre todo en violencia sexual", expresa una jueza especializada que pide no revelar su nombre. 

Lejos de tratarse de comentarios excepcionales, no son pocos los jueces que manifiestan opiniones estigmatizantes y ancladas en los muchos sesgos que todavía campan a sus anchas en los tribunales. "Cuestionan a las víctimas o insinúan que se mueven por intereses", comparte la misma jueza, quien observa que los estereotipos están especialmente presentes en los casos de violencia sexual. "Estamos como en violencia de género hace dos décadas, cuando salió la ley: no se cree a las mujeres".

"Hay más ejemplos, lamentablemente", coincide la abogada María Naredo. Al otro lado del teléfono, la letrada expresa preocupación "no solo porque haya jueces misóginos, sino porque sean titulares de un juzgado especializado". Al mismo punto llega la jueza Cira García, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe (Madrid), quien considera inadmisible dar rienda suelta a este tipo de prejuicios en el caso de un magistrado que trabaja directamente con víctimas desde hace 15 años. 

Jorge Piedrafita, el abogado de la denunciante, ha señalado que confía en que las declaraciones del magistrado "se encuentren delimitadas a su derecho de libertad de expresión". No obstante, ha advertido, "si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta arbitraria por sesgo machista este letrado se verá obligado a solicitar la recusación en defensa y protección de su cliente víctima de agresión sexual en un contexto de violencia sobre la mujer".

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explican a este diario que el órgano "no tiene mucho margen de maniobra" en este tipo de situaciones, en parte porque entra "en juego la independencia de los jueces". El grueso de la actividad que emana de la Comisión Disciplinaria, según exponen las mismas fuentes, procede de quejas o denuncias, no tanto de una actuación de oficio. Pero existe una limitación clara: los hechos tienen que encajar en las faltas que prevé la ley. "Si el hecho no constituye una falta disciplinaria, entonces tampoco puede derivar en una sanción". 

¿Pueden ser estas manifestaciones una falta? Las fuentes consultadas matizan que se trata de opiniones expresadas fuera de los tribunales, por lo que no necesariamente tienen impacto en sus resoluciones judiciales. Las mismas voces ponen un ejemplo: "Puede haber un elevado porcentaje de jueces que no estén de acuerdo con las leyes, pero luego las aplican", zanjan.

Las juristas feministas discrepan. Cuando se manifiestan opiniones en las que "subyacen prejuicios y estereotipos de género", necesariamente va a existir un impacto, asiente Cira García. "No se puede disociar, este tipo de comentarios impregnan tu práctica judicial" y eso deriva en una lesión al "derecho a la tutela judicial efectiva" de las víctimas, clama la magistrada. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima.

En el mismo sentido se expresa María Naredo: "Los prejuicios van contigo y te acompañan en todas tus resoluciones judiciales". Y precisamente por este motivo existe todo un marco internacional que busca proteger a las víctimas poniendo la lupa en los sesgos que todavía anidan en el ámbito judicial. 

Mientras el juez Maman Benchimol lamenta que las defensas de las víctimas vayan "a la caza de la orden" de protección y las mujeres se beneficien de "tantas ventajas para poner una denuncia", lo cierto es que es el propio marco internacional el que obliga a que así sea. El Convenio de Estambul exige la adopción de medidas para que las víctimas puedan "beneficiarse de mandamientos u órdenes de protección adecuados", a través de una "protección inmediata" que no suponga "una carga económica o administrativa excesiva". Y el mismo tratado obliga a prestar apoyo a las víctimas en la presentación de sus denuncias. En ese mismo sentido, los estados firmantes deben alentar a que cualquier persona que haya presenciado violencia la denuncie ante las autoridades. No es que las mujeres tengan ventajas por denunciar, es que deben tener facilidades para poder hacerlo.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su recomendación general número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, se detiene precisamente en el efecto de los estereotipos y prejuicios de género en el sistema judicial. Según el organismo de las Naciones Unidas, los sesgos de género "tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres" y además "pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley", afectando particularmente a "las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia". Los estereotipos, añade en su recomendación, "distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos". 

Esos estereotipos no son opiniones aisladas, sino que "pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa". El resultado puede derivar en una "cultura de impunidad" en los tribunales.

En su informe de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (GREVIO) también señalaba los defectos formativos en materia judicial en suelo español. "A pesar de las medidas para ampliar la formación sobre violencia de género contra las mujeres", lo cierto es que los jueces que no trabajan en tribunales especializados en violencia de género "siguen sin recibir formación sistemática sobre temas relacionados con la violencia contra las mujeres". Muchos de ellos, observan los expertos, "siguen careciendo de un enfoque centrado en la víctima y en el trauma".

En el citado informe, los expertos hablaban además del uso "incontrolado" de conceptos como el "denominado síndrome de alienación parental". Lo cierto es que Naciones Unidas ha señalado a España en diversas ocasiones precisamente por la aplicación, directa o indirecta, de este falso síndrome en los tribunales, una herramienta que recupera ahora el juez Maman Benchimol cuando desliza que algunas madres manipulan a sus hijos. "La madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y se va separando del padre poco a poco", aseguraba el magistrado. 

En realidad, la idea de una manipulación sistemática e interesada no solo ha sido refutada por expertos a lo largo de los años, sino que el uso de ese argumento en el ámbito judicial está prohibido gracias a la ley de protección a la infancia. La norma veta el uso de ese síndrome en concreto, pero también de todas sus derivadas: "Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración". 

En 2024, el Defensor del Pueblo también puso la lupa sobre el problema y subrayó que las madres siguen dándose de bruces contra un muro institucional que obstaculiza la protección de sus hijos y las revictimiza.  

A la formación como una de las grandes asignaturas pendientes en la judicatura es adonde llegan todas las expertas consultadas. Hace ahora siete años, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluyó una batería de medidas procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre las que se encontraba la obligación de un curso en perspectiva de género dirigido a aquellos jueces y magistrados que quisieran acceder a cualquier especialización. Se trata de un curso online, con una carga lectiva de 50 horas, que en todo caso es voluntario para el conjunto de la carrera judicial. 

Sumado a ello, existe un curso obligatorio para aquellos jueces que deciden iniciar un cambio de orden hacia los juzgados con competencia en materia de violencia de género. En este caso, el curso combina contenidos teóricos y prácticos, repartidos en dos etapas: la estancia en órganos judiciales y el estudio de los contenidos fijados a través de una fase online. 

Uno de los principales problemas, según indican las juristas entrevistadas, es que los profesionales que sí los han cursado no están obligados a actualizar su formación y ensanchar sus conocimientos con el paso de los años. Así que los operadores jurídicos más veteranos "van sorteando los requisitos posteriores que sí afectarían a las nuevas hornadas", lamentan las voces consultadas. Todas ellas coinciden en algo: la formación en perspectiva de género se ha demostrado no ser una prioridad.

Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que tenía antecedentes por violencia machista y que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo), tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre Melissa, ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca. También en la vivienda los agentes de la Guardia Civil han hallado el cuerpo del hombre ya fallecido.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento, según las fuentes, que han indicado que ahora mismo no constaban medidas judiciales sobre él. Sí que tenía antecedentes por violencia machista, y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 17 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.360 desde 2003.

La frase del entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, recogida en el acta de una reunión mantenida con Herri Batasuna en abril de 1990, en la que, refiriéndose a la independencia de los pueblos y al papel que ejercía ETA, dijo “unos sacuden el árbol para que caigan las nueces y otros las recogen”, fue muy polémica y debatida durante mucho tiempo por el significado que le daba a la banda terrorista. 

Cuando ETA asesinaba nadie decía que los terroristas habían actuado bajo los efectos del alcohol o las drogas, o que tenían algún trastorno mental, ni que representaban el 0,00…1% de los vascos. Y cuando aumentaban los atentados todo el mundo sabía que lo hacían como parte del clima político y social en el que se movían. Nadie se preguntaba por qué habían aumentado sus acciones respecto al año anterior, y mucho menos se negaba que ETA existiera como banda terrorista, aunque algunos intentaran hacerla pasar como un movimiento de liberación que respondía a la violencia del Estado. La situación contraria a la banda era tan clara que llegó a ilegalizarse a los partidos que justificaban y minimizaban las consecuencias de ETA. El objetivo era claro, acabar con el terrorismo.

En violencia de género, a pesar de su constancia año tras año con 58 homicidios de media, siempre andamos preguntándonos “qué ha fallado”, “qué es lo que está pasando…”, “cómo es posible qué…” y lo hacemos ante casos individuales que terminan en el homicidio. Pero nadie mira cómo el árbol social es agitado para que luego los casos caigan y sean recogidos por quienes los utilizan para decir que son la demostración de que la violencia de género no existe, y que matan a las mujeres porque las medidas que se ponen no pueden ser eficaces, puesto que no es la construcción de género la que está detrás de esos homicidios. Las mismas posiciones que agitan el debate social que niega la violencia contra las mujeres son las que recogen los casos para continuar con sus críticas.

Estamos dejando que quienes niegan la violencia de género mantengan su relato y presenten las medidas como un ataque contra los hombres. Y se trata de posiciones que quieren vivir bajo las referencias de una cultura machista que entiende que la violencia de género es una parte de la normalidad, y que los hombres puedan corregir o castigar a sus mujeres cuando ellos entiendan que es necesario hacerlo.

Y al mismo tiempo estamos dejando que sus mensajes definan la realidad y alimenten a una sociedad que, insisto, no solo niega y justifica la violencia de género en gran parte, sino que ante ella con sus 58 homicidios cada año y las más de 6700 mujeres maltratadas cada día (Macroencuesta 2024), solo un 0,8% la considera como un “problema principal” (CIS 2025), mientras que los jóvenes la justifican de manera aún más manifiesta, hasta el punto que el 22% de los chicos afirma que “si es de poca intensidad no es un problema” (CRS/FAD 2025).

El caso de Tulia, la mujer asesinada el lunes 13 de abril en Córdoba tras haber denunciado a su asesino el viernes anterior, tres días antes, es muy gráfico sobre lo que significa vivir en una realidad en la que se cuestiona a la víctima, puesto que ese mensaje al mismo tiempo refuerza a los agresores.

Cuando una mujer denuncia por violencia de género ya está ante una situación de riesgo por romper con todos los obstáculos que hacen que el 92% de las mujeres no denuncien, tal y como indican los datos del CGPJ en relación con los de la Macroencuesta de 2024. Si además de la denuncia la valoración policial del riesgo arroja que presentan un “riesgo medio”, la gravedad de la situación se incrementa porque la mayoría de las mujeres presentan un riesgo bajo o inexistente. Este escenario debe conducir, debe hacerlo siempre, pero más en estas circunstancias, a la valoración forense urgente del riesgo en sede judicial a través del protocolo específico que existe para tal objetivo, que se trata de una valoración profesional y con elementos más científicos.

Al actuar de ese modo se pueden tomar las medidas más adecuadas para cada caso, y ver si una orden de alejamiento puede ser eficaz en ese contexto, puesto que, recordemos, la eficacia de una medida de alejamiento se deja en manos de quien ejerce la violencia que lleva a poner esa orden. Es el agresor quien decide si la cumple o no la cumple. Y en este caso el agresor decidió no cumplirla y acercarse a la mujer para matarla, algo que pudo hacer porque no iba acompañada por un policía a pesar de estar en una situación de riesgo medio. 

No se puede aceptar que no la acompañe un policía porque ella lo rechace, pues significa desconocer que la inmensa mayoría de las mujeres minimiza el riesgo que viven, no lo exageran y mienten como dicen desde el machismo. Además, el objetivo del acompañamiento no es que la mujer no esté sola, ni darle conversación, ni indicarle dónde están las dependencias para el juicio, sino que es garantizar su seguridad a partir de los elementos objetivos que llevan a entender que hace falta que un policía la acompañe. Y si esta responsabilidad de garantizar la seguridad de la mujer no se puede cumplir actuando sobre ella porque así lo decide, se debe hacer sobre el agresor por medio de su seguimiento. Hablamos de prevenir un delito público en el contexto de una situación de violencia de género que ha sido puesta de manifiesto en las actuaciones iniciales, hasta el punto de acordar una orden de alejamiento. Nunca debería haberse quedado sin medidas de protección en esas circunstancias.

Pensar que el clima social no tiene nada que ver con este incremento de la violencia de género y sus asesinatos, ni con las decisiones que se toman en ese escenario es desconocer la realidad de esta violencia, y eso también es responsabilidad, como la del médico o la médica que desconoce las características de la enfermedad que debe tratar.

Y ese clima social viene marcado por el negacionismo de la violencia de género por parte de la ultraderecha con el seguidismo de la derecha para poder pactar con ella, y con una intensificación de los ataques contra las mujeres y el feminismo, y de manera muy especial contra las medidas dirigidas a responder ante esta violencia.

Es terrible que toda esta situación esté contribuyendo a un clima social en el que el número de mujeres asesinadas ha aumentado respecto al mismo periodo del año pasado un 77,8%, y en el que la referencia del debate social sea, una vez más, las denuncias falsas con personas en programas de televisión y radio de máxima audiencia para propagar el mensaje. Si esto se hiciera con el terrorismo, el narcotráfico o cualquier otra violencia muchas de esas personas estarían encausadas como responsables del clima que facilita que esas violencias se ejerzan.

En violencia de género no ocurre, lo cual es inadmisible, pero al mismo tiempo demuestra cómo forma parte estructural de la construcción social androcéntrica que actúa de ese modo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El pasado mes de febrero, una exedil del Partido Popular interpuso una querella por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Casi dos meses después, la Fiscalía ha enviado un escrito al juzgado correspondiente instándole a poner en marcha el procedimiento. El Ministerio Fiscal llama la atención a los tribunales respecto al tiempo transcurrido y exige un impulso procesal. En prácticamente dos meses, el juzgado no ha ordenado diligencias de ningún tipo, ni ha citado a las partes. La víctima sigue esperando.

No es, en realidad, una anomalía. La dilación de los tiempos se ha erigido en no pocas ocasiones como una de las muchas barreras que disuaden a las mujeres a la hora de denunciar y como uno de los elementos que las revictimizan cuando se deciden a hacerlo. La magistrada Paz Filgueira encaja las demoras en los tiempos de la justicia como una brecha a corregir en términos generales, pero matiza que cuando se trata de violencia sobre las mujeres, esos retrasos "tendrán un impacto gravísimo en la víctima y en su entorno, especialmente cuando hay menores de por medio".

Si el punto de partida para el grueso de las víctimas implica ya un daño emocional y psicológico, hilvana la jueza, todas "las dilaciones en juicios o trámites administrativos coetáneos van a profundizar siempre el trauma e impedir su cierre". El retraso en "la respuesta, las investigaciones y la resolución va a aumentar elevadamente el fin de las secuelas y va a hacer que las mujeres revivan el trauma de forma continua", agrega. 

Y no es algo que suceda de forma aislada. En los casos de violencia contra las mujeres "nos encontramos con que muchísimas veces los procedimientos judiciales se dilatan de una forma incomprensible para las víctimas", asiente la abogada especializada Amparo Díaz Ramos. Todo ello, continúa, les genera "un gran daño psicológico", pero además deriva en que "con bastante frecuencia se apliquen, para el condenado, atenuantes de dilaciones indebidas". El resultado es que "la víctima, además de soportar la incertidumbre y la ansiedad durante más tiempo del oportuno, tampoco percibe haber conseguido justicia o una pena acorde con lo que ha sufrido".

Ocurrió recientemente en Murcia. Un grupo de empresarios que reconoció estar implicado en una red de prostitución con menores de edad consiguió eludir la cárcel después de que el proceso judicial tardase diez años en celebrarse. Entre los argumentos para reducir la condena inicialmente demandada, estaba el de dilaciones indebidas. 

En noviembre de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (Grevio) publicó su primer informe de evaluación de las políticas y la estrategia españolas en materia de violencia machista. En su análisis, las especialistas destacaban la necesidad de realizar investigaciones y procesos judiciales "rápidos y eficaces que se basen en una comprensión de este tipo de delitos desde una perspectiva de género y que tengan en cuenta los derechos de la víctima durante todas las fases". 

"A menudo, las fuerzas y cuerpos de seguridad o el poder judicial no dan prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres", reprochaban las expertas, una dinámica que contribuye a "la impunidad de los agresores". Consecuencia de esa escasa prioridad "son los retrasos en el inicio de las investigaciones y los procesos judiciales, que a su vez pueden conducir a la pérdida de pruebas vitales y a un mayor riesgo para la víctima de sufrir violencia repetida".

Fue lo que les sucedió a dos mujeres víctimas de violencia sexual en Pamplona. En octubre del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no haber llevado a cabo una investigación eficaz en este caso, tras constatar una excesiva duración del procedimiento, junto con la pérdida y manipulación de pruebas y la falta de independencia suficiente en la investigación.

El artículo 49 del Convenio de Estambul –el marco jurídico europeo para una estrategia común contra la violencia machista– obliga a adoptar todas las medidas necesarias para que los procedimientos judiciales relativos a la violencia contra las mujeres se lleven a cabo "sin demoras injustificadas". En el mismo sentido, el artículo 50 obliga a que las fuerzas y cuerpos de seguridad "respondan de forma rápida y eficaz a todas las formas de violencia".

Actualmente, completa Filgueira, "lo estamos describiendo como un tipo de violencia institucional, porque a través del sistema lo que se está haciendo es impedir el cierre de la situación". No hay que perder de vista que para una víctima "el primer elemento y uno de los más importantes en términos de reparación es la sentencia". Pero además, agrega la jueza, el daño de las demoras es global: si los tiempos de la justicia se dilatan, necesariamente se alargará el proceso de recuperación de la víctima. "Es un daño también para el sistema de salud, por lo que se trata de un coste multilateral poco eficaz para el sistema". 

A juicio de Díaz Ramos, es fundamental que el Ministerio de Justicia comience a contemplar "indemnizaciones por las segundas victimizaciones en los procedimientos judiciales, entre ellas la causada por las dilaciones indebidas". La letrada sabe bien de lo que habla. Ella misma llevó un caso que terminó con una "indemnización cuantiosa" para la víctima, después de que su agresor viera acortada su condena por dilaciones indebidas. 

"Acreditamos que hubo un funcionamiento anormal de la administración de justicia porque dejó, en varias ocasiones, el procedimiento paralizado, causando una dilación indebida que sirvió para una rebaja significativa de la pena", comparte con este diario. El impacto en la víctima fue incuestionable: se produjo "un padecimiento psicológico, también en su imagen e identidad", lo que además derivó en un deterioro de su “derecho a obtener justicia”, tal como quedó acreditado por distintos informes psicológicos.

Las juristas consultadas aciertan a señalar un foco claro en la base del problema: la falta de recursos. "Los juzgados estamos absolutamente colapsados", sostiene Filgueira. La magistrada se refiere al aumento de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, desde que en octubre del año pasado pasaron a asumir además los delitos sexuales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló entonces que la incorporación de los nuevos asuntos implicaría una sobrecarga de trabajo del 12,9%, una cifra que algunas voces elevaron al 20%. "Se ha evidenciado que el sistema requiere de más recursos humanos, materiales y de atención a las víctimas", zanja la jueza.  

Pero, ¿es todo cuestión de tiempos? Las expertas no se quedan ahí. "En violencia de género en pareja se da la paradoja de que la primera parte del procedimiento suele ser extraordinariamente rápida, porque suele haber una petición de orden de protección que se tramita de manera exprés", observa Díaz Ramos. Pero no por ello es más eficaz: "Es muy superficial, se hace normalmente sin pruebas y en muchos juzgados incluso sin escuchar a las víctimas". En algunas ocasiones, el juzgado puede incluso decidir tramitar el procedimiento como juicio rápido "porque solo evalúa un episodio específico, sin tener en cuenta otros anteriores y sin darle a la víctima la oportunidad de que desarrolle o complete lo que denunció en un primer momento". 

En ese mismo punto se detiene la jurista Altamira Gonzalo. "Las dilaciones prolongan la incertidumbre y revictimizan a las mujeres, pero también nos encontramos con juicios rápidos que no son satisfactorios, porque la celeridad impide hacer pruebas que requieren más tiempo", sostiene en conversación con este diario.

A la necesidad de reforzar y ampliar los recursos, se añade otro imperativo: la formación. "La confianza de las mujeres en la justicia se recuperará cuando sean atendidas con empatía, cuando desde la abogacía hasta la judicatura sean capaces de ponerse en su lugar y entender la situación en la que se encuentra una mujer que denuncia", zanja Gonzalo.

La ministra Sira Rego, la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, la eurodiputada Irene Montero y la primera dama de Brasil, Rosângela 'Janja' da Silva, han defendido en València la unión de las mujeres ante la violencia política que se ejerce contra ellas y han reivindicado la participación femenina en los espacios de decisión.

Así lo han señalado en un acto celebrado este jueves en el Jardín Botánico de la Universitat de València, en el que bajo el título 'No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista' las cuatro mujeres progresistas y representantes de distintos partidos han hablado durante noventa minutos de estas cuestiones y han mostrado complicidad entre ellas.

"Ha sido balsámico", ha asegurado Oltra al final del que ha sido su primer acto público tras anunciar hace unos días que acepta el reto de ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València tras cuatro años retirada de la política, a quien el público le ha gritado "alcaldesa" y ella ha dicho: "A por ellos, que me dijo mi madre".

La esposa de Lula da Silva ha destacado que la violencia política contra las mujeres no puede ser naturalizada o invisibilizada, porque perpetúa desigualdades que no caben en el mundo que quieren construir, y ha apelado a estar juntas con coraje, firmeza y esperanza.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 64 años este lunes en Córdoba, tras ser apuñalada presuntamente a manos de su expareja, que había sido denunciado recientemente por la víctima por violencia de género.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, a la espera de confirmación del caso de otra mujer fallecida en Pamplona tras precipitarse desde la ventana de un tercer piso.

Tulia Ester murió presuntamente a manos de su expareja, de 65 años, el mismo día en el estaban citados en el juzgado. Contra el presunto agresor, que está a la espera de pasar ante la autoridad judicial, existían antecedentes en VioGén y la víctima le había denunciado recientemente, por lo que había sido detenido el pasado 11 de abril con anterioridad al asesinato.

En ese incidente ocurrido en la vivienda de la mujer, según consta en la denuncia, su expareja entró armado con un martillo y le destrozó el equipo de música, tras lo que la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda. Por estos hechos, el hombre fue detenido y pasó ese mismo sábado a disposición de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, que acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar que fue solicitada por las partes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en un comunicado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Han pedido, además, "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por asesinar a una mujer con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato, según informa EFE. El crimen ha tenido lugar el lunes a las nueve de la mañana en el Pasaje Virgen de Luna.

Los agentes policiales y los bomberos se han desplazado allí porque el hombre se había atrincherado en casa y había llenado de gas el portal del edificio, tras el crimen.

Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y, una vez dentro, han comprobado que la mujer se encontraba fallecida por heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

Según las fuentes, el hombre detenido y a la mujer, que era su expareja, convivían en el mismo bloque del edificio y en plantas consecutivas a pesar de que el presunto asesino ya contaba con una orden de alejamiento y ambos estaban citados este lunes en el juzgado por un episodio de violencia de género ocurrido durante este fin de semana. Concretamente, el hombre fue detenido el pasado sábado por agredir a la mujer, pero tras pasar a disposición judicial quedó en libertad con medidas cautelares.

La mujer asesinada constaba en el Sistema VioGén y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos de este asesinato por un posible caso de violencia de género

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.