“Yo pienso en mi abuela, en un pueblo de 2.000 habitantes al sur de Extremadura, sin independencia económica, sin acceso a Internet; si se hubiera dado el caso, ¿cómo iba a denunciar? Sin duda ahora hay muchos más recursos que antes, más información y también más concienciación. Eso influye en que esté bajando la edad media de las víctimas y a la vez subiendo las órdenes de protección. Y, al mismo tiempo, se evidencia que la violencia sigue ahí y cada vez más entre las más jóvenes; pero es que ahora, además, se niega continuamente su existencia, y eso hace mucho daño”. La reflexión es de Alba Redondo Mesa, agente de igualdad de Malvaluna, una asociación feminista con sede en Mérida que lleva décadas atendiendo a mujeres que sufren el maltrato machista.

Ella plantea este razonamiento tras su análisis del último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre violencia de género. Las cifras aseguran que en la región extremeña, en los últimos tres años, se ha duplicado el número de chicas menores de 18 años que necesitan protección para evitar ser atacadas por sus parejas o exparejas. Los datos concretos dicen que si fueron 14 las órdenes o medidas cautelares establecidas en 2022, en 2025 llegaron a 27. La subida ha sido gradual en ese periodo. “Parece que 27 en un año no son muchas, pero estamos hablando de Extremadura, una comunidad con poca población, y además esas 27 es solo lo que sale a la luz”, asegura.    

¿Qué hay detrás de ese número? “Mucha violencia digital”, subraya Redondo, que pone el foco en dos cuestiones: por un lado, la facilidad de control que da un teléfono móvil; por otro, las ideas conservadoras que se fomentan por las redes sociales. En el primer caso, explica: “A los adolescentes les cuesta concebir una relación sin estar hablando constantemente, y eso se alimenta con que hay aplicaciones que te permiten saber la localización de tu pareja, lo cual desemboca en situaciones de control absoluto. Significa atentar contra la intimidad de la otra persona. Ahí empieza la violencia psicológica”. En el segundo caso, expone: “Las redes sociales nos están volviendo a colar la idea del amor romántico de que ‘cuanto más celoso sea, más me quiere’. Y no somos conscientes del gran poder que tienen esas redes para imponer discursos”.

En este sentido, prosigue: “Es muy difícil luchar contra esa realidad porque la sociedad va tan deprisa que no tenemos tiempo ni de explicar ni de educar, de manera que no existe pensamiento crítico, todo lo damos por bueno”.

Una de las labores de Malvaluna es dar charlas en los institutos para concienciar sobre qué es la violencia machista y sus consecuencias, pero desde la asociación aseguran que cada vez tienen más dificultades en Extremadura para acceder a los centros educativos por la negativa de los padres y madres a que se impartan los talleres: “Creen que vamos a adoctrinar a sus hijos”.

Redondo explica que a los alumnos se les intenta hacer pensar. Pone un ejemplo: “Queremos hacerles ver que tienen que sacar la violencia de las pantallas. Les preguntamos que qué pensarían si un vecino les enseñara los genitales por la calle para que entiendan que es igual de grave que la foto que le llega al móvil”.

Asimismo, en estos encuentros se encuentran a veces con comentarios como “la cocina es cosa de mujeres” o “los cuidados no es un trabajo”.

“El problema es que los partidos de ultraderecha no quieren educación sexual porque creen que eso es manipular y condicionar. Y, evidentemente, ese mensaje va calando. No se paran a pensar en el peligro que supone que los adolescentes no cuenten con herramientas propias para digerir la información que reciben”, expresa, por su parte, Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). Ella habla directamente de la pornografía: “Ya sabemos que hay niños que con ocho años empiezan a ver vídeos donde lo que aprenden es violencia, porque lo que ven son prácticas sin preservativo, abusos, violaciones múltiples o escenas similares muy agresivas”.

“La curiosidad por ver estos vídeos —continúa Fondón— existe, es innata, eso es obvio, pero si la única educación sexual que reciben es esa, ahí empieza el problema. Además, ellas también acceden a esos vídeos para aprender esas posturas y actitudes sumisas”.

La presidenta de Adhex tiene claro que el contexto descrito influye directamente en las relaciones entre adolescentes y en los roles que se asumen. Su asociación también imparte talleres en institutos. Ella lamenta que cada vez más jóvenes nieguen la violencia de género. “Se banaliza, y eso provoca que cada vez haya más casos. Antes daba vergüenza hacer determinados comentarios y ahora vuelven a resultar graciosos”.

No obstante, tanto Redondo como Fondón coinciden en que el camino recorrido no ha caído en saco roto y que también hay adolescentes muy conscientes de qué es la violencia de género: saben identificarla y combatirla.

Con ellas está igualmente de acuerdo Manuel Calvo Macías, psicólogo de la asociación Victoria Kent, con sede en Badajoz, que lleva tres años dando charlas en centros educativos de la provincia pacense. “Quien es consciente, lo es mucho más que antes, eso es innegable”, subraya. No obstante, critica que cuando se habla de igualdad en términos generales o de violencia machista, casi siempre se mira solo a las chicas. “Se pone el foco en ellas cuando la educación la tienen que recibir sobre todo ellos”, incide.

Este psicólogo pone como ejemplo comentarios o comportamientos machistas que, a veces, percibe en niños de diez años: “Es evidente que repiten lo que escuchan en casa. Por eso es tan importante que se trabaje con estos talleres de igualdad y de educación sexual en los centros”.

Otra cuestión que desde las tres asociaciones destacan es cómo influyen determinados discursos políticos en el fomento de la desigualdad, la cual, básicamente, es el caldo de cultivo de la violencia de género.

Lo resume Redondo: “Se está legitimando la negación de la violencia machista en las instituciones, se le quita importancia y se vuelven a cuestionar los derechos de las mujeres. Y esos discursos llegan a las redes sociales y a la calle”.

Cuando el falso síndrome de alienación parental (SAP) comenzó a emerger en los juzgados, no fueron pocas las voces expertas que advirtieron de su trasfondo: la criminalización sistemática de las madres que buscaban proteger a sus hijos, especialmente en contextos de violencia de género. Aquella advertencia no cayó en saco roto, sino que tuvo calado en la legislación: hace ahora cinco años, el uso de este instrumento quedó prohibido por la ley de protección a la infancia, un veto que ha sido esta semana reforzado a través de la aprobación de un anteproyecto de reforma que busca extinguir esta práctica. 

El legislador despliega todas las herramientas a su alcance para desterrar definitivamente el falso síndrome de los tribunales, pero a lo largo de los años este se las ha arreglado para sobrevivir, sorteando las adversidades. Tiene algunos cómplices: los operadores jurídicos que creen firmemente en su existencia, a pesar de la carencia de base científica y de los reproches sostenidos por parte de las entidades internacionales especializadas.

Con este telón de fondo, el reto pasa por definir cuál es la manera de acabar con un falso síndrome que tiene mucho que ver con sesgos todavía muy presentes en la judicatura. Las juristas lo tienen claro: formación y sanciones.

Así lo explica la abogada Altamira Gonzalo. "Sanciones disuasorias y formación. Sin esos dos instrumentos se seguirá aplicando, porque es una manera de pensar, una ideología", introduce en conversación con infoLibre. El SAP, añade, existe en "muchas ocasiones aunque no se le mencione: cuando se utilizan prejuicios o se tilda a las mujeres de manipuladoras". 

El falso síndrome no solo hace acto de presencia en las resoluciones judiciales, sino también en los argumentos de las defensas o en los informes psicosociales que evalúan a los menores. Incluso en jornadas divulgativas dirigidas a profesionales, muchas veces bajo eufemismos que buscan darle una apariencia de rigurosidad e imparcialidad.

"Normalmente, cuando leemos un informe psicosocial o una sentencia, enseguida vemos cuándo se tiene formación y cuándo se ha aplicado el falso síndrome, aun sin mencionarlo", añade la jurista. 

Violeta Assiego, abogada y exdirectora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, insiste en que hablar del falso síndrome de alienación parental conlleva necesariamente hablar también del interés superior del menor y del derecho a ser escuchado. Es, a su juicio, una tríada indisociable. "Se utilizan muchas fórmulas para decir lo mismo: que las madres obstruyen, sobreprotegen o interfieren en el testimonio del niño", una creencia que condiciona "el derecho del niño a ser escuchado, porque al final se resta credibilidad al testimonio". 

El problema, coincide, tiene mucho que ver con la especialización. "Se necesita un grado de especialización en el que estas tres variables se aborden por gente muy especializada. Lo que está pasando es que personas sin cualificación en estas especialidades están tomando decisiones influidas por sesgos". 

El SAP quedó prohibido en la ley de protección a la infancia, hace ahora cinco años, pero el principal escollo identificado en este lustro ha sido la extraordinaria capacidad de adaptación y supervivencia de este instrumento en los pasillos de los tribunales. Tal vez ya nadie hable de ningún síndrome, pero el espíritu de la herramienta sigue enquistado en el sentir de muchos operadores jurídicos.

Un informe publicado el año pasado por Themis Mujeres Juristas se hacía eco de la existencia de métodos "similares a los utilizados en el falso síndrome de alienación parental (SAP) en los servicios de coordinación de parentalidad". En el 15,26% de las sentencias analizadas por las autoras, en las que se establecía la intervención de coordinación de parentalidad, existían antecedentes de violencia de género.

Lo cierto es que Naciones Unidas ha señalado a España en diversas ocasiones precisamente por la aplicación, directa o indirecta, de este falso síndrome en los tribunales. El Defensor del Pueblo también puso la lupa sobre el problema hace ahora dos años y subrayó que las madres siguen dándose de bruces contra un muro institucional que obstaculiza la protección de sus hijos y las revictimiza. 

Pero si el falso síndrome ya está prohibido por ley y pese a ello se sigue aplicando, ¿cuáles son las novedades que plantea la reforma y cómo prevé enyesar esa brecha entre la legislación y la realidad material de los juzgados?

La primera gran diferencia entre la nueva propuesta y la redacción actual es puramente semántica. La ley actual fija que los poderes públicos tomen "las medidas necesarias para impedir" este tipo de planteamientos, mientras que la reforma introduce una prohibición expresa y literal, según el texto consultado por este diario: "Queda prohibido el uso de planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental o cualquiera de sus reformulaciones". 

En caso de salir adelante, la modificación blinda que "no podrá ser utilizado en ningún procedimiento, judicial, administrativo o de otra clase, cualquier tipo de informe, bien sea de una entidad pública o privada, basado en estos planteamientos o en cualquier prejuicio que genere discriminación". Y de hecho estipula que "las resoluciones en las que se tenga en cuenta este tipo de planteamientos podrán ser impugnadas".

En los puntos de encuentro familiar, uno de los espacios donde las mujeres expresan mayores índices de violencia institucional, se establece que los profesionales deberán contar con "formación especializada en perspectiva de infancia, género, interseccional, trauma, enfoque de derechos humanos, violencia de género, violencias sexuales y violencia sexual en el ámbito familiar". En caso de que la entidad gestora del punto de encuentro no cumpla con los criterios contemplados en la ley, "especialmente en cuanto a la aplicación por parte de sus profesionales del síndrome de alienación parental", se procederá a la "resolución del contrato". A nivel formativo y en términos generales, la nueva norma apuntala el principio de diligencia debida "incidiendo en la prohibición" del falso síndrome.

Pero la reforma no perfila sanciones concretas. Tal y como confirman fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, "la ampliación hace una prohibición expresa, más garantista y que abre la puerta a la impugnación de las resoluciones donde se utilice", pero "no tiene régimen sancionador específico". 

Es uno de los puntos débiles que detectan algunas expertas.

"Si no se establecen sanciones para aplicar en caso de incumplimiento, la medida es totalmente ineficaz, se queda simplemente en una declaración de intenciones", introduce Altamira Gonzalo.

Asiente la jueza Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La magistrada se apresura a destacar que la prohibición "ya estaba vigente desde 2021", momento en el que se introdujo la necesidad de trabajar sobre un "régimen sancionador, pero no se consiguió". La posibilidad de impugnar resoluciones no está, en su opinión, a la altura. "¿Cuál es la consecuencia para el profesional, de la psicología, la psiquiatría, incluso forense, que lo aprecia en sus informes? Ninguna. Entonces no hay régimen sancionador y es lo mismo que había antes: una prohibición sin sanción", lamenta.

Rosell aclara que tanto las expertas que trabajaron por sacar adelante la primera ley, como aquellas que han puesto su grano de arena a la hora de moldear la presente reforma, "querían ir más allá, pero no se ha conseguido".

Assiego, en cambio, expresa dudas respecto a las sanciones como principal fórmula para erradicar el uso del síndrome. "El SAP ha permeado totalmente en el sistema y eso con una sanción no se resuelve", reflexiona. A su juicio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería llevar a cabo una "auditoría a los juzgados, para comprobar si las resoluciones judiciales están dando cabida" a esta noción. El Poder Judicial "tiene una responsabilidad de supervisión y debe velar" por el cumplimiento de la ley, enfatiza la abogada.

La mujer que ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Santa Úrsula (Tenerife) tenía 57 años, no estaba en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del presunto autor, que está detenido.

La madre de la víctima también se encuentra hospitalizada y deberá ser intervenida quirúrgicamente, según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Santa Úrsula.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, ha relatado que los hechos ocurrieron cerca del domicilio de la víctima, en la calle Lomo Hilo, sobre las tres y media de la mañana.

En este lugar, el agresor acuchilló a la mujer asesinada, a la par que hirió a la madre de la víctima.

"Y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo", ha detallado Acosta, que ha apuntado que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los "gritos enormes" que se produjeron durante los hechos.

El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha señalado que han sido activados los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento y ha pedido "el máximo respeto hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia".

Como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos oficiales hoy y mañana, ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de mañana frente al consistorio y ha decretado luto oficial para dicho día.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.

El número de menores que convive en hogares marcados por la violencia de género va en aumento. Según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con información relativa al año pasado, un total de 1.935 menores fueron víctimas directas de violencia machista. La cifra no ha dejado de crecer en los últimos cuatro años, con un aumento del 40,6% respecto a 2022.

Todos ellos contaban con órdenes de protección o medidas cautelares. Más de la mitad (54%) tenía menos de diez años y el 81,6% eran hijos e hijas del agresor. Las cifras sobre menores víctimas de la violencia ejercida por sus padres llegan en un momento especialmente relevante, poco después de que salieran a la luz las declaraciones del magistrado David Maman Benchimol, especializado en violencia machista, asegurando que muchas madres son “enemigas acérrimas de la custodia compartida” y que "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Los datos ofrecidos por el INE se basan en las víctimas con órdenes de protección y en los denunciados con medidas cautelares que han sido inscritos en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género del Ministerio de Justicia. Un total de 33.373 mujeres fueron víctimas de este tipo de violencia y la mayoría tenía una relación de expareja con su agresor. 

La cifra de hombres denunciados asciende a 33.228, la mayoría fueron señalados por delitos de lesiones (21.560), pero también por torturas (8.125), amenazas (6.450) y quebrantamiento de condena (3.740). Entre las 98.551 medidas cautelares dictadas, solo 305 fueron de suspensión de la patria potestad y 3.007 de suspensión del régimen de visitas. La prohibición de aproximarse a la víctima se acordó en 26.080 ocasiones y la prohibición de comunicarse con ella en 25.881. En 2.229 casos se privó del derecho a la tenencia y porte de armas, mientras que en 86 se procedió directamente a su incautación.

En cuanto a las sentencias, los tribunales condenaron a un total de 40.929 hombres en asuntos procedentes del mismo año y de ejercicios anteriores. 

El INE también publica información relativa a violencia doméstica, aquella ejercida en el ámbito familiar por parte de cualquier miembro. Cabe destacar que incluso en este epígrafe la mayoría de las víctimas (60,8%) son mujeres y el grueso de los denunciados (71,6%) son hombres, por lo que predomina un sesgo de género evidente también cuando se trata de otras formas de violencia en el hogar. 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado este lunes que inicia una investigación por los comentarios machistas proferidos en febrero por el juez David Maman Benchimol, el magistrado encargado de la denuncia contra el ex jefe de la Policía Nacional. 

El promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces ha acordado incoar una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas contra el magistrado ocho de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Madrid. En el marco de una actividad formativa impartida a finales de febrero en el Colegio de la Abogacía de Madrid, el togado aseguró que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirmó que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y deslizó que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres".

Sus comentarios han sido objeto de duras críticas por parte de líderes políticos y compañeros de profesión, derivando algunas de ellas en quejas formales. El propio Ministerio de Igualdad, mediante la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, registró una queja argumentando que sus palabras podían constituir una falta grave recogida en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por suponer un "exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos". Según la misma norma, este tipo de faltas podrán ser sancionadas con multas de hasta 6.000 euros.

El despacho Olympe Abogados también formalizó una queja el mismo jueves por la noche, mientras que un centenar de organizaciones y particulares emitieron al final de la semana pasada un manifiesto conjunto que se tradujo igualmente en una queja formal, por entender que sus declaraciones "pueden resultar incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto a la ciudadanía y ausencia de estereotipos de género exigibles a quien ejerce funciones jurisdiccionales".

La diligencia informativa equivale a una suerte de fase previa en la que el objetivo pasa por analizar los hechos denunciados. El siguiente paso, si así lo aprueba la Comisión Permanente, consistiría en incoar expediente y tratar de dilucidar si lo sucedido puede ser constitutivo de una falta. Entonces, el promotor elevaría una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria, cuyos miembros decidirán si se debe sancionar al responsable o archivar el caso.

Maman Benchimol compartió sus opiniones machistas en un contexto formativo y tan solo un día después de que una mujer denunciara al ex jefe de la Policía Nacional, José Ángel González, como presunto autor de una agresión sexual. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima. El magistrado lleva más de una década trabajando directamente con víctimas, tras especializarse en violencia contra la mujer en el año 2011.

Ahora que la nave Artemis II ha regresado de la Luna y ha vuelto a demostrar que la Tierra es esférica, los “terraplanistas” han aprovechado para insistir en que la Tierra es plana y la Luna una galleta. Y como sus argumentos no están basados en elementos objetivos ni en estudios científicos, sino en lo que ellos deciden interpretar y en el refuerzo que se produce dentro de su grupo, pues siempre tienen razón.

Los “denunciafalsistas” actúan del mismo modo, es decir, en grupo, negando la mayor, o sea, la violencia de género, y a partir de ahí todas sus consecuencias, entre ellas las denuncias interpuestas por su causa. Pero como no es posible ocultar las más de 200.000 denuncias que se ponen al año, lo que hacen es decir que la mayoría son falsas, idea que consigue dos objetivos: incidir en la negación de la violencia y presentar a las mujeres como malas y manipuladoras, reforzando el mito de la Eva perversa.

Y como toda buena manipulación necesita de algún elemento que permita su enganche con la realidad, la clave está en utilizar elementos de esa realidad para darle un significado diferente. Y es en ese sentido en el que recurren a los datos oficiales sobre la violencia de género, para manipularlos y alcanzar la conclusión de que la mayoría de las denuncias son falsas.

La realidad es muy distinta, y la FGE y el CGPJ en diferentes Memorias y estudios indican que las denuncias falsas representan alrededor del 0,01%.

Para el machismo la conclusión es distinta, y afirma que todo lo que no termina en sentencia condenatoria es una denuncia falsa, concluyendo que estas representan el 70% de las denuncias, según sus cálculos.

Para poner de manifiesto la manipulación machista, vamos a tomar los datos del último informe del CGPJ, presentado el 31-3-2026, sobre las denuncias de 2025.

Las denuncias que se pusieron a lo largo de ese año fueron 204.342, y el número de mujeres víctimas ha sido 185.188.

El total de sentencias dictadas en el ámbito de la violencia de género fue de 60.942, de las cuales 50.190 terminaron con una condena para el hombre denunciado, es decir, el 82,36% de los casos juzgados. A partir de esta situación establecen la primera y gran trampa, y se ponen a jugar con los datos para darle verosimilitud y que su bulo sobre las denuncias falsas tenga acogida social.

El planteamiento es muy simple, si hay 204.342 denuncias y solo se juzgan 60.942 casos, quiere decir que 143.400 denuncias “se quedan en el camino” y no llegan a juicio, algo que directamente explican al decir que se debe a que son “denuncias falsas” por hechos incongruentes que conducen directamente a su archivo. Pero no es así.

Veamos que ocurre en realidad.

A las 204.342 denuncias hay que restarle los casos en los que las mujeres que han denunciado renuncian al procedimiento al acogerse a la dispensa de declarar por el artículo 416 de la LECrim, que son 20.977 casos que no pueden llegar a juicio por la renuncia de las víctimas, y que no siempre significa que es una la denuncia que se retira, porque algunas de estas mujeres han interpuesto varias denuncias que quedarían “anuladas” al desistir del procedimiento. Luego al total de denuncias que “se quedan por el camino” (143.400) hay que restarle estos casos, por lo que las denuncias “fuera de control” quedarían en 122.423 si solo correspondieran a una sola denuncia por caso, pero los estudios indican que son bastantes más, puesto que la renuncia se produce con frecuencia en mujeres revictimizadas sometidas a la presión y a las amenazas de los entornos y del propio agresor.

La diferencia entre los casos juzgados y el número de “denuncias sobrantes” tiene su clave en lo que acabamos de indicar, concretamente el número de casos en que un agresor maltrata más de una vez a la misma mujer, circunstancia habitual en violencia de género al tratarse de una conducta que se mantiene en el tiempo, no son hechos aislados, y que lleva a las víctimas a denunciar en varias ocasiones la violencia repetida que sufren.

Esta circunstancia forma parte de la revictimización, y dentro de ella está lo que se conoce como “multirreincidencia”, es decir, agresiones repetidas de un agresor sobre la misma víctima, y por otra parte está la “polirreincidencia” cuando un mismo agresor agrede a diferentes mujeres. Desde el punto de vista de las denuncias y sus consecuencias judiciales, en el caso de las agresiones cometidas por un agresor sobre la misma mujer, las distintas denuncias se verían en un solo juicio, mientras que en la “polirreincidencia” las denuncias se juzgarían en juicios separados.

Los estudios indican que cuando se trata de agresiones repetidas cometidas por un agresor sobre una mujer, el número de denuncias varía. Concretamente, en el trabajo titulado “Agresores plurivictimizadores en violencia de género: un estudio exploratorio”, de Marta Caballé-Pérez, realizado por varias universidades españolas y la SES del ministerio de Interior (febrero 2024), se indica que el número de denuncias interpuestas por una misma víctima en estas circunstancias puede llegar hasta 7. Si se tiene en cuenta, tal y como recoge la investigación, que entre el 33% y el 42% de los agresores son multirreincidentes, y que el 36,2% es denunciado más de una vez por la misma mujer, pudiendo llegar a ser este número de denuncias hasta 7, el número final de denuncias correspondientes a una misma mujer resulta muy elevado. Veámoslo de manera aproximada. Si hay 185.188 víctimas y el 35% (tomando una referencia entre 33-42%), son reincidentes sobre una sola mujer, significa que hay 64.816 maltratadores reincidentes, de los cuales el 36,2% (23.463) son denunciados de 2 a 7 veces por la misma mujer, es decir, que las denuncias en estas circunstancias podrían sumar entre 46.926 (si se ponen 2 denuncias) y 164.241 (si se pusieran 7 denuncias). 

Como se puede ver, la multirreincidencia y las denuncias que la acompañan justifican por sí solas el total de denuncias que se interponen cada año como parte de la violencia de género, sin que el resultado final se deba a “denuncias falsas”.

Y sobre todo ello hay que considerar también las otras formas de terminar el proceso que recoge el informe del CGPJ, entre ellas el sobreseimiento, pero representan porcentajes bajos y forman parte de una situación común a todo tipo de delitos, sin que signifique que se está ante denuncias falsas. Menos aún en violencia de género, una violencia que se produce en la privacidad del hogar, sin testigos presentes y que con frecuencia se denuncia tiempo después de los hechos, con lo cual las evidencias sobre la violencia se han modificado de manera significativa y dificultan demostrar su existencia. En este sentido la FGE, ya en su Memoria de 2012, fue clara y recogió que la “no condena” o la “prueba insuficiente” no equivale a denuncia falsa. Estos datos sobre los archivos desmontan otro de los bulos del machismo cuando dice que los hombres “han perdido la presunción de inocencia”, y ponen de manifiesto que lo que realmente existe es una “presunción de culpabilidad” para las mujeres como autoras de un delito de denuncia falsa.

La manipulación del machismo es evidente y busca defender su modelo androcéntrico, y que la violencia que históricamente han ejercido los hombres contra las mujeres se mantenga dentro de la normalidad y la privacidad, y con ella todos los privilegios masculinos. Por eso, a toda la manipulación sobre las “denuncias falsas” unen que la mayoría de las condenas se deben a “conformidad”, es decir, a la aceptación de los hechos por parte del agresor, y presentan esta situación como consecuencia de la amenaza del sistema con mandarlo a la cárcel, cuando en realidad son casos evidentes que se conforman para rebajar la pena, algo de lo que he sido testigo como médico forense.

La manipulación es tan evidente que no tendría recorrido ni aceptación en ningún otro tema, pero la tiene en violencia de género demostrando que esta es una parte esencial del machismo y su cultura.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Asegura que las mujeres gozan de "ventajas" en los tribunales, afirma que los abogados de las víctimas de violencia de género van "a la caza de la orden" de protección y cree que las madres "lavan el coco a sus hijos y acaban separándolos de los padres". Su nombre es David Maman Benchimol y es el juez responsable de instruir el caso contra el ex jefe de la Policía Nacional denunciado por violencia sexual por una subordinada. Las afirmaciones las pronunció hace dos meses frente a los micrófonos, en una jornada organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en torno a las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y que ha hecho públicas laSexta.

Las juristas feministas que escuchan hoy sus palabras se reconocen inquietas por los efectos que pueden tener en los tribunales, pero admiten que no resultan sorprendentes. "Es bastante típico, sobre todo en violencia sexual", expresa una jueza especializada que pide no revelar su nombre. 

Lejos de tratarse de comentarios excepcionales, no son pocos los jueces que manifiestan opiniones estigmatizantes y ancladas en los muchos sesgos que todavía campan a sus anchas en los tribunales. "Cuestionan a las víctimas o insinúan que se mueven por intereses", comparte la misma jueza, quien observa que los estereotipos están especialmente presentes en los casos de violencia sexual. "Estamos como en violencia de género hace dos décadas, cuando salió la ley: no se cree a las mujeres".

"Hay más ejemplos, lamentablemente", coincide la abogada María Naredo. Al otro lado del teléfono, la letrada expresa preocupación "no solo porque haya jueces misóginos, sino porque sean titulares de un juzgado especializado". Al mismo punto llega la jueza Cira García, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe (Madrid), quien considera inadmisible dar rienda suelta a este tipo de prejuicios en el caso de un magistrado que trabaja directamente con víctimas desde hace 15 años. 

Jorge Piedrafita, el abogado de la denunciante, ha señalado que confía en que las declaraciones del magistrado "se encuentren delimitadas a su derecho de libertad de expresión". No obstante, ha advertido, "si en el transcurso de la instrucción se observa cualquier conducta arbitraria por sesgo machista este letrado se verá obligado a solicitar la recusación en defensa y protección de su cliente víctima de agresión sexual en un contexto de violencia sobre la mujer".

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explican a este diario que el órgano "no tiene mucho margen de maniobra" en este tipo de situaciones, en parte porque entra "en juego la independencia de los jueces". El grueso de la actividad que emana de la Comisión Disciplinaria, según exponen las mismas fuentes, procede de quejas o denuncias, no tanto de una actuación de oficio. Pero existe una limitación clara: los hechos tienen que encajar en las faltas que prevé la ley. "Si el hecho no constituye una falta disciplinaria, entonces tampoco puede derivar en una sanción". 

¿Pueden ser estas manifestaciones una falta? Las fuentes consultadas matizan que se trata de opiniones expresadas fuera de los tribunales, por lo que no necesariamente tienen impacto en sus resoluciones judiciales. Las mismas voces ponen un ejemplo: "Puede haber un elevado porcentaje de jueces que no estén de acuerdo con las leyes, pero luego las aplican", zanjan.

Las juristas feministas discrepan. Cuando se manifiestan opiniones en las que "subyacen prejuicios y estereotipos de género", necesariamente va a existir un impacto, asiente Cira García. "No se puede disociar, este tipo de comentarios impregnan tu práctica judicial" y eso deriva en una lesión al "derecho a la tutela judicial efectiva" de las víctimas, clama la magistrada. Un mes después de pronunciar aquellas palabras, el juez denegó la medida cautelar solicitada por la víctima.

En el mismo sentido se expresa María Naredo: "Los prejuicios van contigo y te acompañan en todas tus resoluciones judiciales". Y precisamente por este motivo existe todo un marco internacional que busca proteger a las víctimas poniendo la lupa en los sesgos que todavía anidan en el ámbito judicial. 

Mientras el juez Maman Benchimol lamenta que las defensas de las víctimas vayan "a la caza de la orden" de protección y las mujeres se beneficien de "tantas ventajas para poner una denuncia", lo cierto es que es el propio marco internacional el que obliga a que así sea. El Convenio de Estambul exige la adopción de medidas para que las víctimas puedan "beneficiarse de mandamientos u órdenes de protección adecuados", a través de una "protección inmediata" que no suponga "una carga económica o administrativa excesiva". Y el mismo tratado obliga a prestar apoyo a las víctimas en la presentación de sus denuncias. En ese mismo sentido, los estados firmantes deben alentar a que cualquier persona que haya presenciado violencia la denuncie ante las autoridades. No es que las mujeres tengan ventajas por denunciar, es que deben tener facilidades para poder hacerlo.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su recomendación general número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, se detiene precisamente en el efecto de los estereotipos y prejuicios de género en el sistema judicial. Según el organismo de las Naciones Unidas, los sesgos de género "tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres" y además "pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley", afectando particularmente a "las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia". Los estereotipos, añade en su recomendación, "distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos". 

Esos estereotipos no son opiniones aisladas, sino que "pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa". El resultado puede derivar en una "cultura de impunidad" en los tribunales.

En su informe de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (GREVIO) también señalaba los defectos formativos en materia judicial en suelo español. "A pesar de las medidas para ampliar la formación sobre violencia de género contra las mujeres", lo cierto es que los jueces que no trabajan en tribunales especializados en violencia de género "siguen sin recibir formación sistemática sobre temas relacionados con la violencia contra las mujeres". Muchos de ellos, observan los expertos, "siguen careciendo de un enfoque centrado en la víctima y en el trauma".

En el citado informe, los expertos hablaban además del uso "incontrolado" de conceptos como el "denominado síndrome de alienación parental". Lo cierto es que Naciones Unidas ha señalado a España en diversas ocasiones precisamente por la aplicación, directa o indirecta, de este falso síndrome en los tribunales, una herramienta que recupera ahora el juez Maman Benchimol cuando desliza que algunas madres manipulan a sus hijos. "La madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y se va separando del padre poco a poco", aseguraba el magistrado. 

En realidad, la idea de una manipulación sistemática e interesada no solo ha sido refutada por expertos a lo largo de los años, sino que el uso de ese argumento en el ámbito judicial está prohibido gracias a la ley de protección a la infancia. La norma veta el uso de ese síndrome en concreto, pero también de todas sus derivadas: "Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración". 

En 2024, el Defensor del Pueblo también puso la lupa sobre el problema y subrayó que las madres siguen dándose de bruces contra un muro institucional que obstaculiza la protección de sus hijos y las revictimiza.  

A la formación como una de las grandes asignaturas pendientes en la judicatura es adonde llegan todas las expertas consultadas. Hace ahora siete años, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluyó una batería de medidas procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre las que se encontraba la obligación de un curso en perspectiva de género dirigido a aquellos jueces y magistrados que quisieran acceder a cualquier especialización. Se trata de un curso online, con una carga lectiva de 50 horas, que en todo caso es voluntario para el conjunto de la carrera judicial. 

Sumado a ello, existe un curso obligatorio para aquellos jueces que deciden iniciar un cambio de orden hacia los juzgados con competencia en materia de violencia de género. En este caso, el curso combina contenidos teóricos y prácticos, repartidos en dos etapas: la estancia en órganos judiciales y el estudio de los contenidos fijados a través de una fase online. 

Uno de los principales problemas, según indican las juristas entrevistadas, es que los profesionales que sí los han cursado no están obligados a actualizar su formación y ensanchar sus conocimientos con el paso de los años. Así que los operadores jurídicos más veteranos "van sorteando los requisitos posteriores que sí afectarían a las nuevas hornadas", lamentan las voces consultadas. Todas ellas coinciden en algo: la formación en perspectiva de género se ha demostrado no ser una prioridad.

Una mujer de 43 años ha sido asesinada este jueves presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que tenía antecedentes por violencia machista y que después se ha ahorcado en Seseña (Toledo), tras una pelea con el hijo de la víctima, que ha acabado en el hospital.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, el cuerpo de la mujer, de nombre Melissa, ha sido encontrado en el interior de su vivienda con signos de violencia por arma blanca. También en la vivienda los agentes de la Guardia Civil han hallado el cuerpo del hombre ya fallecido.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento, según las fuentes, que han indicado que ahora mismo no constaban medidas judiciales sobre él. Sí que tenía antecedentes por violencia machista, y la mujer estaba en el sistema VioGen con un nivel de riesgo bajo.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 17 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.360 desde 2003.

La frase del entonces presidente del PNV, Xabier Arzalluz, recogida en el acta de una reunión mantenida con Herri Batasuna en abril de 1990, en la que, refiriéndose a la independencia de los pueblos y al papel que ejercía ETA, dijo “unos sacuden el árbol para que caigan las nueces y otros las recogen”, fue muy polémica y debatida durante mucho tiempo por el significado que le daba a la banda terrorista. 

Cuando ETA asesinaba nadie decía que los terroristas habían actuado bajo los efectos del alcohol o las drogas, o que tenían algún trastorno mental, ni que representaban el 0,00…1% de los vascos. Y cuando aumentaban los atentados todo el mundo sabía que lo hacían como parte del clima político y social en el que se movían. Nadie se preguntaba por qué habían aumentado sus acciones respecto al año anterior, y mucho menos se negaba que ETA existiera como banda terrorista, aunque algunos intentaran hacerla pasar como un movimiento de liberación que respondía a la violencia del Estado. La situación contraria a la banda era tan clara que llegó a ilegalizarse a los partidos que justificaban y minimizaban las consecuencias de ETA. El objetivo era claro, acabar con el terrorismo.

En violencia de género, a pesar de su constancia año tras año con 58 homicidios de media, siempre andamos preguntándonos “qué ha fallado”, “qué es lo que está pasando…”, “cómo es posible qué…” y lo hacemos ante casos individuales que terminan en el homicidio. Pero nadie mira cómo el árbol social es agitado para que luego los casos caigan y sean recogidos por quienes los utilizan para decir que son la demostración de que la violencia de género no existe, y que matan a las mujeres porque las medidas que se ponen no pueden ser eficaces, puesto que no es la construcción de género la que está detrás de esos homicidios. Las mismas posiciones que agitan el debate social que niega la violencia contra las mujeres son las que recogen los casos para continuar con sus críticas.

Estamos dejando que quienes niegan la violencia de género mantengan su relato y presenten las medidas como un ataque contra los hombres. Y se trata de posiciones que quieren vivir bajo las referencias de una cultura machista que entiende que la violencia de género es una parte de la normalidad, y que los hombres puedan corregir o castigar a sus mujeres cuando ellos entiendan que es necesario hacerlo.

Y al mismo tiempo estamos dejando que sus mensajes definan la realidad y alimenten a una sociedad que, insisto, no solo niega y justifica la violencia de género en gran parte, sino que ante ella con sus 58 homicidios cada año y las más de 6700 mujeres maltratadas cada día (Macroencuesta 2024), solo un 0,8% la considera como un “problema principal” (CIS 2025), mientras que los jóvenes la justifican de manera aún más manifiesta, hasta el punto que el 22% de los chicos afirma que “si es de poca intensidad no es un problema” (CRS/FAD 2025).

El caso de Tulia, la mujer asesinada el lunes 13 de abril en Córdoba tras haber denunciado a su asesino el viernes anterior, tres días antes, es muy gráfico sobre lo que significa vivir en una realidad en la que se cuestiona a la víctima, puesto que ese mensaje al mismo tiempo refuerza a los agresores.

Cuando una mujer denuncia por violencia de género ya está ante una situación de riesgo por romper con todos los obstáculos que hacen que el 92% de las mujeres no denuncien, tal y como indican los datos del CGPJ en relación con los de la Macroencuesta de 2024. Si además de la denuncia la valoración policial del riesgo arroja que presentan un “riesgo medio”, la gravedad de la situación se incrementa porque la mayoría de las mujeres presentan un riesgo bajo o inexistente. Este escenario debe conducir, debe hacerlo siempre, pero más en estas circunstancias, a la valoración forense urgente del riesgo en sede judicial a través del protocolo específico que existe para tal objetivo, que se trata de una valoración profesional y con elementos más científicos.

Al actuar de ese modo se pueden tomar las medidas más adecuadas para cada caso, y ver si una orden de alejamiento puede ser eficaz en ese contexto, puesto que, recordemos, la eficacia de una medida de alejamiento se deja en manos de quien ejerce la violencia que lleva a poner esa orden. Es el agresor quien decide si la cumple o no la cumple. Y en este caso el agresor decidió no cumplirla y acercarse a la mujer para matarla, algo que pudo hacer porque no iba acompañada por un policía a pesar de estar en una situación de riesgo medio. 

No se puede aceptar que no la acompañe un policía porque ella lo rechace, pues significa desconocer que la inmensa mayoría de las mujeres minimiza el riesgo que viven, no lo exageran y mienten como dicen desde el machismo. Además, el objetivo del acompañamiento no es que la mujer no esté sola, ni darle conversación, ni indicarle dónde están las dependencias para el juicio, sino que es garantizar su seguridad a partir de los elementos objetivos que llevan a entender que hace falta que un policía la acompañe. Y si esta responsabilidad de garantizar la seguridad de la mujer no se puede cumplir actuando sobre ella porque así lo decide, se debe hacer sobre el agresor por medio de su seguimiento. Hablamos de prevenir un delito público en el contexto de una situación de violencia de género que ha sido puesta de manifiesto en las actuaciones iniciales, hasta el punto de acordar una orden de alejamiento. Nunca debería haberse quedado sin medidas de protección en esas circunstancias.

Pensar que el clima social no tiene nada que ver con este incremento de la violencia de género y sus asesinatos, ni con las decisiones que se toman en ese escenario es desconocer la realidad de esta violencia, y eso también es responsabilidad, como la del médico o la médica que desconoce las características de la enfermedad que debe tratar.

Y ese clima social viene marcado por el negacionismo de la violencia de género por parte de la ultraderecha con el seguidismo de la derecha para poder pactar con ella, y con una intensificación de los ataques contra las mujeres y el feminismo, y de manera muy especial contra las medidas dirigidas a responder ante esta violencia.

Es terrible que toda esta situación esté contribuyendo a un clima social en el que el número de mujeres asesinadas ha aumentado respecto al mismo periodo del año pasado un 77,8%, y en el que la referencia del debate social sea, una vez más, las denuncias falsas con personas en programas de televisión y radio de máxima audiencia para propagar el mensaje. Si esto se hiciera con el terrorismo, el narcotráfico o cualquier otra violencia muchas de esas personas estarían encausadas como responsables del clima que facilita que esas violencias se ejerzan.

En violencia de género no ocurre, lo cual es inadmisible, pero al mismo tiempo demuestra cómo forma parte estructural de la construcción social androcéntrica que actúa de ese modo.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El pasado mes de febrero, una exedil del Partido Popular interpuso una querella por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Casi dos meses después, la Fiscalía ha enviado un escrito al juzgado correspondiente instándole a poner en marcha el procedimiento. El Ministerio Fiscal llama la atención a los tribunales respecto al tiempo transcurrido y exige un impulso procesal. En prácticamente dos meses, el juzgado no ha ordenado diligencias de ningún tipo, ni ha citado a las partes. La víctima sigue esperando.

No es, en realidad, una anomalía. La dilación de los tiempos se ha erigido en no pocas ocasiones como una de las muchas barreras que disuaden a las mujeres a la hora de denunciar y como uno de los elementos que las revictimizan cuando se deciden a hacerlo. La magistrada Paz Filgueira encaja las demoras en los tiempos de la justicia como una brecha a corregir en términos generales, pero matiza que cuando se trata de violencia sobre las mujeres, esos retrasos "tendrán un impacto gravísimo en la víctima y en su entorno, especialmente cuando hay menores de por medio".

Si el punto de partida para el grueso de las víctimas implica ya un daño emocional y psicológico, hilvana la jueza, todas "las dilaciones en juicios o trámites administrativos coetáneos van a profundizar siempre el trauma e impedir su cierre". El retraso en "la respuesta, las investigaciones y la resolución va a aumentar elevadamente el fin de las secuelas y va a hacer que las mujeres revivan el trauma de forma continua", agrega. 

Y no es algo que suceda de forma aislada. En los casos de violencia contra las mujeres "nos encontramos con que muchísimas veces los procedimientos judiciales se dilatan de una forma incomprensible para las víctimas", asiente la abogada especializada Amparo Díaz Ramos. Todo ello, continúa, les genera "un gran daño psicológico", pero además deriva en que "con bastante frecuencia se apliquen, para el condenado, atenuantes de dilaciones indebidas". El resultado es que "la víctima, además de soportar la incertidumbre y la ansiedad durante más tiempo del oportuno, tampoco percibe haber conseguido justicia o una pena acorde con lo que ha sufrido".

Ocurrió recientemente en Murcia. Un grupo de empresarios que reconoció estar implicado en una red de prostitución con menores de edad consiguió eludir la cárcel después de que el proceso judicial tardase diez años en celebrarse. Entre los argumentos para reducir la condena inicialmente demandada, estaba el de dilaciones indebidas. 

En noviembre de 2024, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer (Grevio) publicó su primer informe de evaluación de las políticas y la estrategia españolas en materia de violencia machista. En su análisis, las especialistas destacaban la necesidad de realizar investigaciones y procesos judiciales "rápidos y eficaces que se basen en una comprensión de este tipo de delitos desde una perspectiva de género y que tengan en cuenta los derechos de la víctima durante todas las fases". 

"A menudo, las fuerzas y cuerpos de seguridad o el poder judicial no dan prioridad a los incidentes de violencia contra las mujeres", reprochaban las expertas, una dinámica que contribuye a "la impunidad de los agresores". Consecuencia de esa escasa prioridad "son los retrasos en el inicio de las investigaciones y los procesos judiciales, que a su vez pueden conducir a la pérdida de pruebas vitales y a un mayor riesgo para la víctima de sufrir violencia repetida".

Fue lo que les sucedió a dos mujeres víctimas de violencia sexual en Pamplona. En octubre del año pasado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no haber llevado a cabo una investigación eficaz en este caso, tras constatar una excesiva duración del procedimiento, junto con la pérdida y manipulación de pruebas y la falta de independencia suficiente en la investigación.

El artículo 49 del Convenio de Estambul –el marco jurídico europeo para una estrategia común contra la violencia machista– obliga a adoptar todas las medidas necesarias para que los procedimientos judiciales relativos a la violencia contra las mujeres se lleven a cabo "sin demoras injustificadas". En el mismo sentido, el artículo 50 obliga a que las fuerzas y cuerpos de seguridad "respondan de forma rápida y eficaz a todas las formas de violencia".

Actualmente, completa Filgueira, "lo estamos describiendo como un tipo de violencia institucional, porque a través del sistema lo que se está haciendo es impedir el cierre de la situación". No hay que perder de vista que para una víctima "el primer elemento y uno de los más importantes en términos de reparación es la sentencia". Pero además, agrega la jueza, el daño de las demoras es global: si los tiempos de la justicia se dilatan, necesariamente se alargará el proceso de recuperación de la víctima. "Es un daño también para el sistema de salud, por lo que se trata de un coste multilateral poco eficaz para el sistema". 

A juicio de Díaz Ramos, es fundamental que el Ministerio de Justicia comience a contemplar "indemnizaciones por las segundas victimizaciones en los procedimientos judiciales, entre ellas la causada por las dilaciones indebidas". La letrada sabe bien de lo que habla. Ella misma llevó un caso que terminó con una "indemnización cuantiosa" para la víctima, después de que su agresor viera acortada su condena por dilaciones indebidas. 

"Acreditamos que hubo un funcionamiento anormal de la administración de justicia porque dejó, en varias ocasiones, el procedimiento paralizado, causando una dilación indebida que sirvió para una rebaja significativa de la pena", comparte con este diario. El impacto en la víctima fue incuestionable: se produjo "un padecimiento psicológico, también en su imagen e identidad", lo que además derivó en un deterioro de su “derecho a obtener justicia”, tal como quedó acreditado por distintos informes psicológicos.

Las juristas consultadas aciertan a señalar un foco claro en la base del problema: la falta de recursos. "Los juzgados estamos absolutamente colapsados", sostiene Filgueira. La magistrada se refiere al aumento de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, desde que en octubre del año pasado pasaron a asumir además los delitos sexuales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señaló entonces que la incorporación de los nuevos asuntos implicaría una sobrecarga de trabajo del 12,9%, una cifra que algunas voces elevaron al 20%. "Se ha evidenciado que el sistema requiere de más recursos humanos, materiales y de atención a las víctimas", zanja la jueza.  

Pero, ¿es todo cuestión de tiempos? Las expertas no se quedan ahí. "En violencia de género en pareja se da la paradoja de que la primera parte del procedimiento suele ser extraordinariamente rápida, porque suele haber una petición de orden de protección que se tramita de manera exprés", observa Díaz Ramos. Pero no por ello es más eficaz: "Es muy superficial, se hace normalmente sin pruebas y en muchos juzgados incluso sin escuchar a las víctimas". En algunas ocasiones, el juzgado puede incluso decidir tramitar el procedimiento como juicio rápido "porque solo evalúa un episodio específico, sin tener en cuenta otros anteriores y sin darle a la víctima la oportunidad de que desarrolle o complete lo que denunció en un primer momento". 

En ese mismo punto se detiene la jurista Altamira Gonzalo. "Las dilaciones prolongan la incertidumbre y revictimizan a las mujeres, pero también nos encontramos con juicios rápidos que no son satisfactorios, porque la celeridad impide hacer pruebas que requieren más tiempo", sostiene en conversación con este diario.

A la necesidad de reforzar y ampliar los recursos, se añade otro imperativo: la formación. "La confianza de las mujeres en la justicia se recuperará cuando sean atendidas con empatía, cuando desde la abogacía hasta la judicatura sean capaces de ponerse en su lugar y entender la situación en la que se encuentra una mujer que denuncia", zanja Gonzalo.

La ministra Sira Rego, la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, la eurodiputada Irene Montero y la primera dama de Brasil, Rosângela 'Janja' da Silva, han defendido en València la unión de las mujeres ante la violencia política que se ejerce contra ellas y han reivindicado la participación femenina en los espacios de decisión.

Así lo han señalado en un acto celebrado este jueves en el Jardín Botánico de la Universitat de València, en el que bajo el título 'No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista' las cuatro mujeres progresistas y representantes de distintos partidos han hablado durante noventa minutos de estas cuestiones y han mostrado complicidad entre ellas.

"Ha sido balsámico", ha asegurado Oltra al final del que ha sido su primer acto público tras anunciar hace unos días que acepta el reto de ser la candidata de Compromís a la alcaldía de València tras cuatro años retirada de la política, a quien el público le ha gritado "alcaldesa" y ella ha dicho: "A por ellos, que me dijo mi madre".

La esposa de Lula da Silva ha destacado que la violencia política contra las mujeres no puede ser naturalizada o invisibilizada, porque perpetúa desigualdades que no caben en el mundo que quieren construir, y ha apelado a estar juntas con coraje, firmeza y esperanza.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer de 64 años este lunes en Córdoba, tras ser apuñalada presuntamente a manos de su expareja, que había sido denunciado recientemente por la víctima por violencia de género.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos, a la espera de confirmación del caso de otra mujer fallecida en Pamplona tras precipitarse desde la ventana de un tercer piso.

Tulia Ester murió presuntamente a manos de su expareja, de 65 años, el mismo día en el estaban citados en el juzgado. Contra el presunto agresor, que está a la espera de pasar ante la autoridad judicial, existían antecedentes en VioGén y la víctima le había denunciado recientemente, por lo que había sido detenido el pasado 11 de abril con anterioridad al asesinato.

En ese incidente ocurrido en la vivienda de la mujer, según consta en la denuncia, su expareja entró armado con un martillo y le destrozó el equipo de música, tras lo que la habría cogido por el pecho y la habría amenazado con destrozarle la vivienda. Por estos hechos, el hombre fue detenido y pasó ese mismo sábado a disposición de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Córdoba, en funciones de guardia, que acordó su puesta en libertad provisional y la adopción de la medida cautelar que fue solicitada por las partes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado en un comunicado su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima. Han pedido, además, "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por asesinar a una mujer con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato, según informa EFE. El crimen ha tenido lugar el lunes a las nueve de la mañana en el Pasaje Virgen de Luna.

Los agentes policiales y los bomberos se han desplazado allí porque el hombre se había atrincherado en casa y había llenado de gas el portal del edificio, tras el crimen.

Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y, una vez dentro, han comprobado que la mujer se encontraba fallecida por heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

Según las fuentes, el hombre detenido y a la mujer, que era su expareja, convivían en el mismo bloque del edificio y en plantas consecutivas a pesar de que el presunto asesino ya contaba con una orden de alejamiento y ambos estaban citados este lunes en el juzgado por un episodio de violencia de género ocurrido durante este fin de semana. Concretamente, el hombre fue detenido el pasado sábado por agredir a la mujer, pero tras pasar a disposición judicial quedó en libertad con medidas cautelares.

La mujer asesinada constaba en el Sistema VioGén y la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos de este asesinato por un posible caso de violencia de género

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La tradición vale para un roto y para un descosido, porque quien la cose en cada momento y lugar es quien decide lo que es tradición y lo que no. Lo hemos visto recientemente en las cofradías de Sagunto y Aguilar de la Frontera (Córdoba), al rechazar la incorporación de las mujeres, pero también lo vemos cuando se defienden diferentes formas de maltrato animal en nombre de la tradición.

Y la tradición no es lo que consolida el tiempo, sino lo que impone la cultura, es decir, la construcción androcéntrica, o sea, el machismo, a partir de un determinado momento para que luego el tiempo le dé la razón ante la imposibilidad de incorporar cualquier alternativa no permitida por la cultura.

Lo que nunca explican los que defienden la tradición como valor absoluto es que cuando empezó “su tradición” lo hizo en contra de las tradiciones existentes en ese momento y, sin embargo, no dudaron en cambiarlas para imponer su idea. Así ocurrió en la Edad Media cuando llegaron las procesiones a Europa y se crearon las primeras cofradías, que rompieron con muchos elementos de la tradición que existía en ese momento, y con otras tradiciones no religiosas o paganas que sin ningún problema fueron canceladas, incluso perseguidas, transformadas en expresiones religiosas o directamente absorbidas y reinterpretadas. Así ocurrió con muchas fiestas alrededor de la fertilidad y la renovación que representaba la primavera, o con otros rituales, expresiones alrededor del fuego, y otras procesiones que fueron consideradas paganas y, por tanto, prohibidas.

En todas esas decisiones religiosas y en otras fiestas donde se maltrataba a los animales, no importó la tradición existente hasta ese momento, como, por ejemplo, el Toro de la Vega en Tordesillas, que, solo considerando nuestra era, cuenta con una tradición de 600-800 años, y una ausencia de tradición de 1200-1400 años.

La tradición solo es un argumento más para consolidar a través de la costumbre las imposiciones de los mandatos culturales. Ese es el juego, y el juego continúa hoy en otros temas.

La estrategia de refundación que sigue el machismo en la actualidad, y que lideran las posiciones ultraderecha y derecha en la política con un amplio apoyo social, se basan en el concepto de tradición para presentar sus ideas, valores y creencias como razón para definir el orden que debe caracterizar la realidad. Por eso hablan de batalla y guerra cultural, porque lo que defienden son los valores y referencias de una cultura que ha definido la forma de ser y organizarnos históricamente, y presentan cualquier transformación como un ataque.

Toda la estrategia mundial de la ultraderecha y derecha en su afán de refundar la cultura se basa en los elementos androcéntricos y, en consecuencia, en un ataque y cuestionamiento a las mujeres, a las personas extranjeras y a la diversidad, pues el reconocimiento de derechos y la corrección histórica que la desigualdad y la discriminación han impuesto sobre esos grupos de población, especialmente sobre las mujeres como núcleo y pilar de la construcción androcéntrica, se percibe como un ataque al orden (guerra cultural), y justifica la respuesta con todos los instrumentos y “armas” a su alcance, pues ya se sabe lo que dice la tradición al respecto, que “en el amor y en la guerra todo vale”. Y si la guerra es en relación al amor, como ocurre con la violencia de género, pues vale mucho más. Por eso necesitan negar la violencia contra las mujeres, para mantener su impunidad y la invisibilidad en nombre de la “normalidad” impuesta por la costumbre.

Pues esa es la clave, la cultura impone unos hechos que se vuelven costumbre, es decir, la manera habitual de comportarse, y luego la tradición, que es transmisión, la va pasando de unas personas a otras y de generación en generación para que se expanda y mantenga en el tiempo. Es lo que observamos cuando los jóvenes de 15-29 años dicen hoy que “si la violencia es de poca intensidad no es un problema para la pareja”. Así lo afirma el 22% de los chicos y el 16% de las chicas, un porcentaje que va subiendo en cada estudio. (Barómetro CRS/FAD 2025).

La cultura se mantiene por la tradición, por eso no quieren tocar la segunda para que no afecte a la primera, es más, ahora lo que se pretende es reforzar la tradición para conseguir la refundación de la cultura.

La política hoy gira alrededor de ese objetivo, incluso presentando a los Gobiernos de izquierdas como ilegítimos, algo que no es de extrañar que funcione cuando los sistemas conservadores de gobierno han estado presentes miles de años, mientras que el primer Gobierno de izquierdas en España llegó con la II República en 1931, hace 95 años.

Por eso la izquierda debe ser consciente del factor cultural que hay detrás de toda la política actual, y no limitarse solo a la gestión de las consecuencias del modelo conservador-androcéntrico, eso siempre será insuficiente, y entrar a fondo en la transformación cultural.

Hoy no es el pasado lo que se reivindica desde la derecha y la ultraderecha, sino la tradición. Porque la tradición es la que hace posible adaptar el tiempo pasado al presente sin que parezca que hablamos de ayer. 

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Más denuncias, un ligero aumento de víctimas y menos órdenes de protección concedidas son los principales indicadores de la violencia de género en España en 2025, año en el que se presentaron 204.342 denuncias, un 2,64% más que en 2024; hubo 185.188 víctimas, el 0,70% más, y 47.944 órdenes de protección adoptadas, un 2,68% menos, según recoge EFE.

Son datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que este lunes ha publicado su estadística anual que señala que cada día del año pasado se presentó una media de 559 denuncias (fueron 544 en 2024) y hubo 507 mujeres víctimas (502 mujeres en 2024 y 533 en 2023).

El 71,61% de las denuncias las interpuso la propia víctima; el 16,25%, la policía; el 7,07%, se debieron a parte de lesiones; el 3,11% las interpusieron terceros y un escaso 1,96% los familiares de la víctima. El 61,64% de las víctimas eran españolas y el resto, extranjeras.

Un total de 20.977 víctimas renunciaron a declarar contra su agresor en 2025, un 12,60% más que en 2024, es decir tomaron esta decisión once mujeres víctimas de cada cien (11,33%). De ellas, un 10,17 de las españolas y un 13,19% de las extranjeras. 

En 2025 descendieron las órdenes de protección solicitadas por las víctimas (47.944, un 2,68% menos). De ellas, fueron acordadas 32.840 y se denegaron otras 14.851, un 1,22% y un 6,2% menos que en 2024, respectivamente. El 61,4% de las víctimas que solicitaron protección (24.683) eran españolas y un 0,9% del total (españolas y extranjeras) eran menores de edad. 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 se dictaron 60.942 sentencias por asuntos de violencia de género, y las condenatorias aumentaron del 80,55% de 2024 al 82,36 % en 2025. En concreto fueron 50.190 las condenatorias y 10.752 absolutorias.

Un año más, el mayor porcentaje de condenas se dio en los juzgados especializados de violencia sobre la mujer (92,93%), seguido de las audiencias provinciales (79,96%) y, en último lugar, los juzgados de lo penal (72,2%).

Los juzgados de menores enjuiciaron a 417 delitos relacionados con violencia contra la mujer, 75 más que en 2024 cuando fueron 342, y se impusieron medidas en el 91,85% de los casos.

En todo 2025 las medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores) fueron de 59.158 (frente a las 59.850 del mismo periodo de 2024), y las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación (22.951) y la orden de alejamiento (22.845), seguidas de otras como la suspensión de la tenencia y uso de armas. 

Por su parte, se dictaron 19.127 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal (en 2024 fueron 19.745). De las dictadas, las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (5.939), seguidas por las de la atribución de la vivienda (3.912), la suspensión del régimen de visitas (3.911) y la suspensión de la guardia y custodia (2.583). 

Los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron el pasado año 7.337 juicios sobre delitos leves, de los que 3.530 (el 48%) fueron de enjuiciamiento inmediato.  

El número de personas enjuiciadas en estos órganos judiciales fue de 30.099. El 99,4% fueron hombres y, de ellos, el 92,9% fueron condenados. El porcentaje de condenadas es también muy elevado en el caso de las mujeres enjuiciadas (93,9%), que en total fueron 180. 

Los datos del CGPJ reflejan que la violencia machista se dio de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 74 en el conjunto del país, el mismo que en 2024. 

La tasa superó a la media nacional en Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunitat Valenciana (92,7), Canarias (90,3), Murcia (89,8), Andalucía (81,9), Comunidad de Madrid (78,9).

Las tasas más bajas se registraron en Castilla y León (48,4), Galicia (49,8), La Rioja (55,8), Asturias (58), Extremadura (58,5), País Vasco (59,9), Castilla-La Mancha (61,3), Catalunya (61,5), Aragón (64,9) y Cantabria (73,4).

Cuatro años después de que una diputada de extrema derecha dijera a la entonces ministra Irene Montero que "su único mérito" era "haberse estudiado en profundidad a Pablo Iglesias", las expresiones de violencia política en instituciones, actos públicos o televisiones por parte de representantes políticos siguen copando la actualidad. En este tiempo, además, una parte sustancial de la sociedad, pero también de los representantes políticos y las élites globales han normalizado esta violencia en sus declaraciones.

La última escena se vivió este jueves en Les Corts. En pleno debate sobre la contratación de la pareja del president valenciano Juanfran Pérez Llorca por la Diputación de Valencia —en comisión de servicios como secretaria de dirección y con un sueldo por encima de los 52.000 euros—, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, acusó a la oposición de ser unos "machistas de libro" por poner el foco en la pareja de Pérez Llorca —obviando que su formación hace lo propio con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de manera recurrente—. "Ustedes que consienten abusadores, que el Gobierno esté lleno de prostitutas y el uso público que ha hecho el Gobierno pagando a prostitutas", espetó Camarero a la bancada de la oposición.

Esas palabras provocaron una reacción inmediata de las formaciones de la izquierda, que solicitaron la dimisión de Camarero y una rectificación. Horas después, la también consellera de Vivienda difundió un comunicado en el que pidió disculpas y aseguró que se trató de un "lapsus". Según explicó, su intención era referirse únicamente a la segunda parte de su intervención, es decir, a la denuncia de que hubo miembros del Gobierno que pagaron prostitución con dinero público, en alusión al exministro José Luis Ábalos. En ese mismo parlamento hace un año, el diputado del PP José Ramón González de Zárate llamó "caniche de Gandia" a la ministra Diana Morant y "ratonera de Valencia" a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

No es el único caso. Dos días antes, el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, afirmó durante un coloquio organizado por El Confidencial que la líder del PSOE aragonés y exministra Pilar Alegría era "físicamente más atractiva" que la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero. "Creo que Pilar Alegría, cuidado estas cosas que se dicen ahora, físicamente es más atractiva que María Jesús Montero, a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría".

La propia Alegría respondió a ese comentario en sus redes con un mensaje irónico en el que se dirigió al barón del PP como "Jorge Torrente", seguido de un "el que quiere ser presidente". Tras el revuelo generado, Azcón publicó un mensaje en X en el que pidió disculpas por sus palabras, aunque lo hizo a medias y citó el "doble rasero" del PSOE. "Recientemente la Ministra Montero aludió a la apariencia física de Miguel Tellado señalándolo por su calvicie. Yo hoy he cometido el error de hablar de su apariencia física sin darme cuenta que puede resultar ofensivo. Ella, con el habitual doble rasero del PSOE, no lo hizo con Tellado, pero yo sí reconozco mi error y pido disculpas", escribió. Lo cierto es que Montero pidió disculpas por ese comentario y sin recurrir a justificaciones.

Los casos de Camarero y Azcón se suman a otro episodio protagonizado por el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, el pasado domingo. En un acto de Nuevas Generaciones en Toledo cargó contra los ministros de Sumar por su apariencia física. Así, se refirió a Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Sira Rego y Mónica García como "personajes" del 15M "casi siempre bastante poco aseados". "Estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados, decidieron quedarse fuera. no fuera a ser… Y me refiero a falta de aseo personal e intelectual, pero esto es otra cosa", señaló.

Tras esas palabras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que "se retrata quien dice semejante estupidez". De los Santos, sin embargo, restó importancia a lo sucedido al asegurar que se trataba de un "chascarrillo" sin mayor importancia y evitó pedir perdón. Este mismo viernes aseguró en Antena 3 que a sus adversarios no solo les falta "altura de miras" y "responsabilidad", sino también "sentido del humor". El lunes, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, también utilizó la palabra "chascarrillo" para referirse a las palabras de su compañero de filas.

No es, sin embargo, la primera vez que el responsable de Educación e Igualdad del PP protagoniza unas declaraciones de este tipo. En agosto del pasado año, en una pregunta sobre a la tertuliana Sarah Santaolalla, afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba acostumbrado a pagar con dinero público "incluso a mujeres prostituidas" y a colocarlas en empresas públicas. En esa misma intervención, se refirió a Santaolalla como "esta señorita" y pidió su salida de RTVE. Tras ello, el dirigente del PP se vio obligado a aclarar que no se había referido a la tertuliana como prostituta, sino a las contrataciones durante la etapa de Ábalos como ministro.

La diputada madrileña Elisa Vigil también aprovechó un intercambio con Santaolalla para exhibir su machismo. Después de recriminar que el análisis de la tertuliana sobre Venezuela era "simplista", esta le replicó de inmediato: "Pues como tus bailes". Fue entonces cuando la diputada le espetó: "Sarah, para simples tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí".

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género contará en 2026 con un respaldo económico de 11,9 millones de euros adicionales, que serán destinados a medidas específicas de atención y prevención, además de otras 13 iniciativas, que se sumarán a las 461 que contempla el acuerdo.

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno contra Violencia de Género (DGVG), Carmen Martínez Perza, en el Congreso en la comisión de seguimiento y evaluación del pacto de Estado en esta materia, para informar de la ejecución del mismo, que fue renovado el pasado 26 de febrero de 2025. Dicho pacto contempla 461 medidas en total, de las que son responsables, además de Igualdad, otros ministerios, administraciones e instituciones, y contó en 2025 con 82 millones destinados a medidas directas, además de 160 millones transferidos a comunidades autónomas y 40 millones más para entidades locales.

Estos recursos han garantizado la continuidad de servicios esenciales como los centros de crisis 24 horas, el servicio telefónico 016, Atenpro o Cometa, según ha precisado la delegada. De las 461 iniciativas que contempla el pacto, ya se han aplicado 251, lo que representa el 51% de su ejecución global por parte del Gobierno, según ha detallado Martínez Perza.

En el caso de las iniciativas que son competencia del Ministerio de Igualdad, se han puesto en marcha 113 medidas de las 211, lo que supone el 54% de ejecución de las iniciativas, con avances en violencia vicaria, trata, violencia sexual, servicios esenciales, y acreditaciones administrativas. En concreto, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene encomendadas 159 medidas propias y más de 21 compartidas con el Instituto de las Mujeres (IM). De ellas, en 2025 se activaron 90 de las propias y 8 de las compartidas. Por su parte, el Instituto de las Mujeres ha avanzado en 3 de sus 9 medidas exclusivas y 2 compartidas, mientras que en el ámbito general del ministerio, se han ejecutado 12 de las 22 medidas que están bajo su paraguas.

En cuanto al resto de ministerios, ha destacado algunas medidas como la mejora en la protección de menores en entornos digitales y la adecuación de sedes judiciales impulsadas por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; o actuaciones centradas en el asilo, la actualización de VioGén y la protección internacional de las víctimas del Ministerio del Interior.

La delegada ha precisado que la activación de las medidas varía según su complejidad, ya que algunas "son inmediatas", como campañas, formaciones o ajustes de protocolos, mientras que otras requieren reformas legales, cambios estructurales o actualización de sistemas de evaluación. Además, ha subrayado "el impulso normativo realizado", como en la lucha contra la violencia vicaria o la ley integral de trata, que está prevista elevar al Congreso en los próximos meses.

En su intervención, la delegada ha enumerado otros avances que ya se han producido, como el sistema de acreditación de las víctimas, las mejoras en los sistemas de protección, o los ajustes en los criterios para garantizar coherencia legal y seguridad jurídica en las subvenciones estatales de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata, entre otros.

El pasado fin de semana, la sociedad española volvió a sufrir —no siempre con la misma intensidad— dos nuevos crímenes machistas. Una mujer de 42 años fue asesinada a tiros por su expareja en Zaragoza. Con ella, son ya 14 las mujeres asesinadas en lo que va de 2026. El mismo día, en Alicante, un padre ahorcó a su hija de tan solo tres años. Son ya tres menores víctimas de esta violencia en el mismo periodo.

No es un dato menor que ambos agresores decidieran quitarse la vida después de cometer los crímenes, y no antes. En ese gesto final subyace una lógica profundamente arraigada: la de “poner las cosas en su sitio” y evitar, al mismo tiempo, las consecuencias de sus actos. No se trata de arrebatos sino de decisiones.

Asistimos a un repunte de feminicidios e infanticidios en el contexto de la violencia de género, acompañado además de una mayor brutalidad en su ejecución. Y, aunque resulte incómodo decirlo, era esperable. Numerosas voces expertas advierten de un efecto de refuerzo: algunos agresores encuentran legitimación en los crímenes previos, en la constatación de que otros han llevado a cabo aquello que ellos fantaseaban. Contar las víctimas es imprescindible para dimensionar la tragedia, pero también nos obliga a reflexionar sobre los efectos que esa visibilidad puede generar.

Sin embargo, lo verdaderamente peligroso es que el machismo no se alimenta únicamente de dinámicas individuales. Su verdadera fortaleza es colectiva. Se sostiene, se financia y se reproduce con eficacia. Como una planta bien enraizada, apenas necesita cuidados para seguir creciendo: el sustrato —un sistema heteropatriarcal profundamente imbricado en lo económico y lo cultural— ya está ahí.

Se habla, con razón, de la machosfera y preocupan los discursos misóginos que circulan entre la juventud, envueltos en una estética de rebeldía o de supuesto despertar crítico. Inquieta también ver cómo algunas jóvenes abrazan la femiesfera y sus narrativas de retorno a lo doméstico, a roles tradicionales y a modelos profundamente desiguales. Todo ello es grave. Pero no es lo esencial.

El problema no es solo el “cómo”, sino el “para qué”. Las campañas de descrédito del feminismo —y, por tanto, de la igualdad como valor democrático— no son fenómenos aislados. Se articulan desde estrategias culturales, mediáticas y también políticas que están no sólo planificadas sino muy bien financiadas. Determinados sectores de la derecha extrema y la extrema derecha impulsan, mediante la desinformación y el odio, el desmontaje de los mecanismos que garantizan los derechos fundamentales de las mujeres.

Y conviene entender que el objetivo no es solo la igualdad de género aunque el feminismo sea el principal enemigo a batir. Existe una intensificación de la promoción del odio hacia personas migrantes, especialmente si son musulmanas; hacia quienes pertenecen a minorías religiosas; hacia las personas racializadas; hacia el colectivo LGTBI; hacia quienes viven en la pobreza; hacia las personas con discapacidad o las personas mayores.

Y quizá el odio es el fin en sí mismo y no un efecto colateral de nada. El odio resulta funcional para quienes necesitan la confrontación y la deshumanización como base de su proyecto y por lo tanto es una herramienta política fundamental en los regímenes fascistas. Por eso, el feminismo se convierte en objetivo prioritario: porque ha demostrado ser un movimiento sólido, transversal y profundamente igualitario, capaz de integrar múltiples luchas contra la opresión.

En apenas unos años, hemos pasado de un machismo que operaba de forma soterrada a otro que se exhibe sin complejos. Por eso, ya no es extraño que más del doble de los cofrades con “derecho” a voto de una pequeña hermandad en Sagunto decidan que las mujeres y niñas que profesan su misma devoción deban dedicarse a otras cosas, y que lo decidan a puerta cerrada, entre aplausos e incluso alguno de ellos con cierto tono chulesco y desafiante en la explicación pública de ese posicionamiento.

Por eso, no toda la sociedad reacciona con horror ante cada nuevo asesinato. Crece también el número de quienes miran hacia otro lado, relativizan o incluso difunden consignas como “todas mienten”, contribuyendo a erosionar la credibilidad de las víctimas y a sostener el sistema que las vulnera.

El mensaje es claro, aunque no siempre explícito: las mujeres deben volver a su sitio.

Al que ellos decidan.

Atrás. Y abajo.

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Vanessa Casado Caballero es Jurista, Experta en Derechos Humanos y Género e Igualdad de Oportunidades