Una mujer que acaba de sufrir una agresión puede entrar en una carpa violeta, sentarse, sentirse segura y decidir qué hacer después. Nadie debe obligarla a denunciar ni cuestionar su relato. Puede pedir asistencia sanitaria, acudir a la policía, volver a casa o solicitar que alguien la acompañe. Ese apoyo inmediato es la parte más visible de los puntos violeta, presentes ya en numerosas fiestas populares y festivales de música de todo el país. 

Su origen se remonta a 2014, cuando varios colectivos feministas empezaron a montar puestos improvisados con brazaletes morados en fiestas populares para repartir información sobre cómo actuar ante una agresión sexista. Un año después, en 2015, el Ayuntamiento de Pamplona instaló durante los Sanfermines la primera caseta municipal de este tipo, y desde entonces, la fórmula se ha extendido a prácticamente todo el país, impulsada también por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que destina presupuesto específico a esta red.

José Luis Izaguirre, socio y consultor de Egaleco —cooperativa de políticas públicas, igualdad y comunicación que gestiona dispositivos de este tipo sobre todo en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia—, resume la función de un punto violeta como “la parte visible de un dispositivo entero de prevención y atención frente a las vivencias machistas”, pensado para entornos de ocio donde se concentra mucha gente, se consume alcohol y aumenta el riesgo de agresión sexista. Detrás de la carpa hay una coordinación permanente con los servicios municipales, sobre todo con las técnicas de igualdad de cada ayuntamiento, que trabajan durante todo el año, no solo en fiestas y también con la policía y los servicios sanitarios.

En la práctica, la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad varía según el municipio y el tiempo disponible para preparar el dispositivo. Izaguirre explica que, al inicio del turno, los agentes de guardia, uniformados o de paisano, se acercan a la carpa para presentarse y dejar un contacto directo. “La colaboración siempre es muy positiva”, resume, aunque reconoce que lo ideal sería contar con más margen para diseñar protocolos conjuntos con policía, sanidad y la concejalía de Igualdad antes de las fiestas, algo que choca muchas veces con los plazos administrativos de las licitaciones públicas.

El perfil profesional de quienes atienden la carpa es amplio, pero todos comparten formación en violencias machistas y perspectiva de género. Egaleco recurre habitualmente a promotoras de igualdad con formación de grado superior y a titulados en másteres especializados en género y políticas públicas. “En cada dispositivo suele haber al menos dos profesionales, de forma que si una tiene que acompañar a alguien fuera de la carpa, la otra pueda seguir atendiendo” comenta Izaguirre. Cuando una mujer llega tras sufrir una agresión, la prioridad es buscarle un espacio donde se sienta segura. A partir de ahí, la profesional informa de los recursos disponibles, pero es ella quien decide. “No es agobiarla para que vaya a denunciar sí o sí, ni asustarla, ni mucho menos cuestionar su testimonio. Estamos para acompañar y para ofrecer recursos”, subraya.

Según la experiencia de Egaleco, los casos de agresión grave no son los más frecuentes. La función principal del punto violeta es la sensibilización. “Muchas mujeres se acercan porque el dispositivo transmite seguridad, para pedir información o simplemente porque han oído hablar de él, y también se acercan madres que agradecen que exista ese recurso para sus hijas” asegura Izaguirre. 

La extensión de estos servicios plantea también nuevos retos. Cada vez más ayuntamientos los incluyen en sus fiestas, pero Izaguirre advierte de la dificultad de preparar protocolos conjuntos con suficiente antelación y la tendencia de algunos pliegos de reducir las horas de formación exigidas al personal.

Junto a los puntos violeta, cada vez más ferias y festivales incorporan los puntos arcoíris, dispositivos especializados en la prevención de la LGTBIfobia.

Antonio Ferre, presidente de la Federación Andalucía Diversidad LGBT, los define como “un lugar donde cualquier persona LGTBI debe saber que puede acercarse y sentirse escuchada, acompañada y segura” ante discriminación, acoso o agresiones por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Las situaciones atendidas no siempre empiezan con una agresión física. Ferre explica que pueden arrancar con una burla, un comentario o una provocación hacia una pareja del mismo sexo, y escalar después hacia el acoso o la agresión. El protocolo de atención comparte filosofía con el punto violeta: primero se atiende a la persona, después se aborda el procedimiento, sin interrogar ni cuestionar el relato, y sin presionar a la víctima para que denuncie si no quiere hacerlo en ese momento.

Entre los lugares donde las personas LGTBIQ+ sufren más agresiones de odio, el informe Estado del Odio 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), señala la calle como el escenario principal (32%) y los espacios de ocio, como discotecas o bares, en tercer lugar (13%).

La Federación Andaluza LGBT ha instalado puntos arcoiris en eventos como la Caseta La Colega, durante la Feria de Málaga, o la Feria y Romería de San Miguel de Torremolinos. Algunos municipios empiezan a unificar puntos violeta y arcoíris en un único espacio. Ferre no rechaza esa fórmula, pero pone una condición: “Si unir significa sumar, nos parece positivo. Si significa reducir atención o especialización, no”, advierte. Su mensaje se dirige a las administraciones: un punto arcoíris, insiste, “no es un lujo ni un elemento decorativo de una fiesta, sino una inversión en seguridad y convivencia que no debería recortarse en momentos de ajuste presupuestario”.

Si los procesos migratorios sitúan a quienes los transitan en contextos de extrema vulnerabilidad, los riesgos se multiplican cuando se trata de mujeres e infancias. Más aún en situaciones excepcionales como la que desde hace semanas tiene lugar en Ceuta. Las autoridades de la ciudad autónoma han recibido varias denuncias de violencia sexual, los juzgados especializados han tramitado al menos tres y las instituciones han comenzado a activar todas las alertas. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señaló en un comunicado emitido el miércoles que los juzgados ceutíes han tramitado tres denuncias por delitos contra la libertad sexual de mujeres marroquíes, dos de ellas menores de edad, en los últimos días. En dos de los casos, los jueces decretaron el ingreso en prisión de los inculpados y en el tercero se acordó la expulsión del detenido. 

El Ministerio de Igualdad envió este jueves un oficio al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, para reiterar la "plena colaboración" ante la "necesidad de protección de las mujeres y niñas que han llegado". En la misiva, dirigida también a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, la ministra Ana Redondo se ofrece a conceder "los recursos económicos correspondientes al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como los medios técnicos y humanos necesarios para activar dichos recursos lo más ágilmente posible". 

El departamento también solicita que se utilice al completo el centro de crisis para víctimas de violencia sexual, ocupado actualmente de forma parcial. "Se considera que hay que aprovechar toda su capacidad para acoger a mujeres y niñas en situación de especial vulnerabilidad", sostienen fuentes de la cartera. Amnistía Internacional denunció en un informe publicado a finales del año pasado que el centro de la ciudad autónoma era el único inactivo de todo el país.

La realidad es que numerosos testimonios atestiguan episodios de violencia sexual en la ciudad y no son pocas las mujeres llegadas al territorio que expresan el temor que las asola ante la escalada de violencia. A la situación de vulnerabilidad propia del proceso migratorio, se suman en su caso los riesgos ligados a su género. El Defensor del Pueblo inició este jueves una actuación de oficio en la que advierte de menores todavía sin identificar, con especial preocupación por las niñas fuera del sistema de protección. Las alianzas entre organizaciones del tercer sector y vecinos han llevado a la apertura improvisada de espacios específicos para dar cobijo a mujeres y niñas, centros que se encuentran ya al límite de su capacidad. 

A las complejidades de una situación extraordinaria se suma la falta de recursos y la desinformación en torno a los derechos que asisten a las víctimas. Las mujeres migrantes en situación administrativa irregular que hayan sufrido violencia machista tienen derecho a recibir protección, asistencia sanitaria, psicológica, social y jurídica, con independencia de su situación administrativa y al margen de que exista una denuncia formal. 

Lo recuerda la jueza Victoria Rosell. Las mujeres que han sufrido violencia machista a su llegada a la ciudad autónoma tienen "exactamente los mismos derechos" que las españolas, asiente la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La conocida como ley del solo sí es sí determina en su artículo 3.2 que la protección integral fijada por la norma es de aplicación "a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencias sexuales" en territorio español, con independencia de "su nacionalidad y de su situación administrativa". 

La misma ley, expone la exdelegada, modificó la legislación de extranjería para "evitar la incoación de expediente administrativo sancionador en el caso de las mujeres víctimas de violencias sexuales que denuncien su situación, como ya ocurre en el caso de víctimas de violencia de género".

Las mismas pueden solicitar además un permiso de residencia y trabajo por situaciones extraordinarias, como las descritas, pero en este caso sí "sería necesaria una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal acreditando que existen indicios de violencia", puntualiza Rosell. Por esta vía, las mujeres podrían obtener una autorización provisional mientras se resuelve el caso. En el supuesto de que termine en archivo o sobreseimiento debido a la expulsión del agresor o a que se encuentra en paradero desconocido, la ausencia de condena no impide obtener la autorización definitiva, siempre que de la resolución judicial se deduzca que la mujer fue víctima de violencia sexual.

Aquellas que huyan de sus países debido a episodios de violencia machista, tienen además derecho a protección internacional siempre que exista riesgo de persecución por razones de género. Pero la información no siempre llega, los recursos escasean y la ayuda se revela insuficiente. Y es preciso tener en cuenta que "la necesidad de las víctimas crece cuando no tienen red o cuando dependen del agresor", situaciones que hacen necesario "mucho más apoyo y atención", con una mediación cultural especializada, abunda la magistrada. 

En el año 2010, Médicos Sin Fronteras documentó cómo "el uso de la violencia sexual se convierte en una de las prácticas violentas más habituales contra la mujer en el marco del fenómeno migratorio", basándose en las mujeres subsaharianas atrapadas en Marruecos de camino a Europa. Dos años después, otro análisis de la situación concluía que si bien el peso exacto de la violencia sexual es imposible de medir, los datos sugieren que se trata de "un problema de alarmantes proporciones". La organización dibuja a mujeres y niñas como sujetos especialmente expuestos durante el viaje y en las zonas fronterizas, tanto a violencia sexual como a captación por redes de trata y explotación.

También Caminando Fronteras, en un análisis sobre las personas migrantes en la frontera occidental euroafricana, advierte que mientras están en situación de tránsito, las mujeres "sufren violencia, discriminación, racismo, deportaciones y violencia sexual, viéndose obligadas a sobrevivir en condiciones extremas que las empujan a la mendicidad, la prostitución y los trabajos precarios, además de correr el peligro de ser captadas por redes de trata".

En términos generales, Red Acoge reseña que "muchas mujeres sufren discriminaciones y violencias que son acumulativas a lo largo del proceso migratorio". La violencia, sentencia la organización en una guía publicada hace tres años, "puede ser una de las motivaciones para querer migrar, puede darse también en los territorios de tránsito, en especial si se han visto forzadas a utilizar canales irregulares y, también, pueden sufrirla en los países de acogida".

A las mismas conclusiones llega Alejandra Alemán, abogada en la organización Women’s Link Worldwide. "La migración no afecta igual a las mujeres que a los hombres, por las motivaciones, los riesgos, las formas de migrar y la inserción social posterior", afirma la experta, todos ellos procesos caracterizados por una "mayor exposición a la violencia basada en el género". 

A todo ello, lamenta la jurista, se suman los muchos obstáculos en los países de destino: desde las barreras para denunciar hasta el trato de las autoridades, lo que deriva en ocasiones en una suerte de violencia institucional que se cronifica. "El estatus migratorio irregular no reduce las obligaciones de los Estados", recuerda Alemán. Al contrario, las instituciones tienen la obligación de garantizar la integridad de las mujeres, no solo mediante la identificación de situaciones de violencia, "sino también activando sistemas de protección independientemente de la condición migratoria de la víctima".

Lucila Rodríguez-Alarcón, cofundadora y directora de la Fundación porCausa, pone de relieve las características diferenciales que obligan a extremar la precaución en el análisis sobre la situación en Ceuta. El volumen de personas que han llegado a la ciudad autónoma "es enorme", por tanto la situación es de "una excepcionalidad máxima" en comparación con los procesos migratorios "irregulares en todo el camino", en los que "las mujeres representan una minoría, precisamente porque tienen un nivel de vulnerabilidad elevado".

La emergencia actual, afina la experta al otro lado del teléfono, no equivale a "un proceso migratorio, sino a una marcha organizada que ha utilizado a un pueblo muy vulnerable como herramienta para desestabilizar el gobierno de una nación". En consecuencia, "no hay recursos para atender a nadie, porque es una marcha diseñada para desbordar el sistema de la ciudad". 

He presenciado cómo un hombre, a quien me referiré como el espectador, veía Jarrapellejos, una película en la que, en medio de un relato complejo sobre el poder, varios hombres violan a dos mujeres y las asesinan.

Me sorprendo mirándolo a él. No puedo dejar de preguntarme qué ocurre en su conciencia mientras ve la película ni qué pensará cuando termine. Me pregunto qué siente durante esos minutos en los que dos mujeres forcejean, gritan, intentan escapar, son violadas y asesinadas.

No sé qué piensa el espectador. Tampoco puedo saber con exactitud qué sintieron aquellas mujeres a las que dos actrices dan vida en la pantalla. Pero sí reconozco lo que esa escena despierta en mí y sospecho que muchas mujeres identifican esa sensación: la de contemplar el cuerpo de la mujer convertido en el lugar donde es posible el ejercicio del poder absoluto.

La escena me resulta insoportable y me alejo.

El espectador continúa viendo la película.

Durante horas pienso en lo que acabo de ver y en el espectador. Intento comprender qué ocurre en la conciencia de alguien que permanece ante unas imágenes que para mí resultan insufribles. Más tarde comprendo que me estaba haciendo la pregunta equivocada porque, en realidad, no era aquel espectador quien me interesaba. Era el poder. Porque la violación no es solo una agresión sexual, es la expresión extrema del dominio de un ser humano sobre otro. El sexo no es el fin, sino el lenguaje. Lo que en realidad se afirma es algo mucho más profundo: esa mujer ha dejado de ser tratada como una persona cuya voluntad merece respeto para convertirse en un cuerpo sobre el que todo está permitido. Es decir: puedo hacer contigo lo que quiera.

Y entonces aparece la única pregunta que importa: ¿por qué, cuando una cultura necesita representar el poder en su forma más cruda, tan a menudo lo representa sobre el cuerpo de una mujer?

Vivo en una sociedad que jurídicamente ha reconocido la igualdad entre hombres y mujeres. Las leyes han cambiado de una manera que habría parecido imposible hace apenas unas décadas. Las mujeres somos hoy, al menos en el ordenamiento jurídico, personas con los mismos derechos que los hombres.

Pero una cultura no cambia al mismo ritmo que sus leyes. El derecho puede reconocer a la mujer como persona mucho antes de que la sociedad haya transformado por completo las formas más profundas en las que mira a las mujeres, las interpreta y se relaciona con ellas. El lugar que una cultura reserva a las mujeres no se modifica por decreto. Se transforma lentamente a través de la educación, de las costumbres, de las religiones, de la literatura, del cine y del lenguaje. Durante siglos son hombres quienes escriben, interpretan y dotan de autoridad a los grandes relatos que ordenan la vida social. No solo establecen una relación con lo sagrado o con la ley, también definen qué debe ser una buena mujer, qué comportamientos merecen aprobación y cuáles merecen sospecha, desprecio o castigo.

La historia de las mujeres puede leerse también como la historia de un reconocimiento siempre incompleto de su plena condición de persona. Las leyes han desmontado una parte de ese edificio, pero la transformación cultural es más lenta, porque no afecta únicamente a las normas visibles, sino a las formas aprendidas de mirar y valorar.

Y es que el poder más eficaz no siempre necesita mostrarse como poder. Triunfa cuando consigue fundirse con la costumbre, con la tradición, con aquello que parece natural porque siempre ha estado ahí. Por eso el poder no reside únicamente en los parlamentos o en los tribunales. Habita también en las relaciones personales, en la familia, en la educación sentimental, en las expectativas que hombres y mujeres aprendemos desde la infancia. No se trata solo de quién tiene formalmente derechos. Se trata también de quién es escuchado, quién es creído, quién ve reconocida su voluntad como un límite que los demás deben respetar. Porque una persona no es meramente alguien a quien la ley reconoce derechos. Es también alguien cuya palabra tiene valor, cuyo deseo importa y cuyo cuerpo no está disponible para la voluntad ajena.

Al hilo de esto hay algo que siempre me ha llamado la atención: uno de los mayores temores de muchos hombres al ingresar en prisión es ser violados por otros hombres. Ese miedo revela algo esencial. No se refiere únicamente al dolor físico o a la humillación.

Revela el horror de ser privado de la capacidad de disponer del propio cuerpo, de convertirse en un cuerpo por completo sometido a la voluntad ajena. En ese sometimiento radical, cualquier ser humano comprende qué significa que otro decida, que su propia voluntad no cuente. Todos entendemos, de una manera inmediata, el significado de esa forma de poder.

Y, sin embargo, esa misma forma de poder aparece una y otra vez representada sobre los cuerpos de las mujeres en la ficción. Lo insoportable no es la escena concreta, sino que su repetición haya terminado por convertirla en una representación reconocible y habitual del dominio.

No sé qué pensaba el espectador mientras veía Jarrapellejos. Nunca podré saberlo. Pero sí sé lo que esa secuencia que yo no pude seguir viendo me ha llevado a pensar: la igualdad jurídica ha llegado mucho antes de que la sociedad haya alcanzado el reconocimiento cultural pleno de las mujeres como personas, cuya voluntad, cuya palabra y cuyo cuerpo poseen el mismo valor que los de cualquier otro ser humano.

Las leyes pueden cambiar mucho antes que una cultura. Una cultura se transforma cuando deja de considerar imaginable, representable y aceptable aquello que durante siglos le había parecido natural. Porque las culturas no solo revelan aquello que admiran; también delatan aquello que consideran disponible. Quizá la verdadera igualdad comience el día en que el cuerpo de las mujeres deje de ser el lugar privilegiado sobre el que una sociedad representa el ejercicio del poder más absoluto.

¿Cómo sabremos que ese cambio se ha producido? Tal vez cuando una escena como la de Jarrapellejos deje de parecernos una forma reconocible de representar el poder. Cuando, por primera vez, ya no nos resulte natural. Cuando nos resulte extraña. Porque quizá sea entonces, y solo entonces, cuando haya dejado de ser imaginable la suspensión de la condición de persona de un ser humano, aunque solo sea por el tiempo que dura una escena.

_____________

Isabel Torné es socia de infoLibre.

Andalucía avanza hacia las tesis negacionistas de la violencia de género en un contexto de emergencia nacional debido al repunte de feminicidios registrados este verano. La composición del gobierno regional deja en manos de la ultraderecha parte de las competencias en violencia machista, un extremo que preocupa especialmente teniendo en cuenta que es en la comunidad donde se ha concentrado la mayoría de los últimos crímenes mortales.

En este contexto, el Ministerio de Igualdad anunció este mismo lunes que en septiembre celebrará su próximo comité de crisis en suelo andaluz. Según explican fuentes del departamento que dirige Ana Redondo, el objetivo pasa por llevar esta herramienta a "los territorios más afectados por la violencia de género y poder seguir coordinando el análisis y la respuesta entre todas las administraciones y organismos involucrados en la prevención y la atención de las víctimas".

Andalucía registra, en lo que va de año, el 27,8% del total de víctimas mortales de todo el territorio nacional, diez puntos por encima de su peso poblacional. Son diez las mujeres asesinadas en el territorio. El 60% de ellas perdieron la vida en Málaga. "Ante la preocupación por estas cifras, el Ministerio de Igualdad ha decidido trasladar allí el comité de crisis, a la espera también de cerrar la reunión solicitada con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla", señalan las mismas fuentes.

El ministerio pretende no solo abordar una situación de clara emergencia, sino además examinar la cesión de competencias sobre violencia machista a Vox. "Nos preocupan las cifras de Andalucía y el posible desmantelamiento de la atención a las víctimas en manos de la ultraderecha", asienten desde el ministerio. 

Lo cierto es que Andalucía se encuentra entre las comunidades con mayores tasas acumuladas de crímenes machistas. En la serie histórica (2003-2025), la región registra una tasa de 80,7 muertes por cada millón de mujeres, solo por detrás de Illes Balears (89,8), Canarias (93,9), Ceuta (96) y Melilla (168). 

Es, hasta el momento, el territorio con un mayor número de asesinatos machistas: 291 de un total de 1.377. En lo que va de año, son diez las mujeres asesinadas, pero el año anterior también rozó máximos, con 15 feminicidios. Además, el mayor número de casos registrados en una comunidad en un solo año se dio en 2006, también en Andalucía, con 21 casos.

Si bien las razones que sitúan a una comunidad u otra entre las más peligrosas en términos de violencia machista son multifactoriales, lo cierto es que el acceso a recursos y una red sólida en lo que respecta a la prevención y la detección se entretejen como claves. En ese contexto, la ultraderecha mantiene intacto su rechazo explícito a las políticas públicas en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista, por lo que dejar en sus manos la gestión de los recursos destinados a las víctimas se presume, cuanto menos, peligroso. Vox defiende la derogación de la ley estatal contra la violencia de género, la supresión de los juzgados especializados y rechaza el pacto estatal que despliega medidas claves para las mujeres.

Igualdad ha expresado su "profunda preocupación" ante esta situación y considera que ceder las competencias judiciales a Manuel Gavira (Vox) es una decisión de "enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso" de la región en su lucha contra la violencia y el "consenso democrático construido para combatir una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres".

La escalada de violencia que ha tenido lugar en las últimas semanas sucede precisamente en la época más peligrosa para las mujeres: los meses de verano. Las dos mujeres asesinadas en agosto se suman a otras ocho víctimas mortales que deja tras de sí julio. Según las cifras oficiales, julio es el mes con más feminicidios registrados en toda la serie histórica (147), seguido de junio (128) y agosto (122). El verano concentra un tercio de todos los crímenes machistas. 

Pasar periodos largos de convivencia en el caso de las parejas o perder el control sobre la víctima en el caso de las exparejas son factores de riesgo que extreman la violencia que sufren las mujeres, según han podido constatar los especialistas. El estudio Olas de calor y riesgo de la violencia de género, publicado en 2018 por el Instituto de Salud Carlos III, concluye que "tres días después de que se produzca una ola de calor en Madrid el riesgo de feminicidio aumenta un 40%". 

"El riesgo de sufrir violencia de género aumenta en períodos vacacionales. Alertar, informar y denunciar es un asunto público y un deber de la ciudadanía que salva vidas", advierte en sus redes sociales la propia Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El pasado miércoles, un agente de la Guardia Civil que había sido expulsado del cuerpo entró en el cuartel de Llanes y, tras hacerse con un arma, asesinó a su expareja, una guardia civil que trabajaba en ese puesto. El atacante murió también por los disparos de sus compañeros, pero el suceso abre una pregunta: ¿cómo pudo un agente apartado del cuerpo tener acceso a un arma?

La pistola con la que cometió el crimen se encontraba en la taquilla de un compañero, que el asesino forzó para hacerse con el arma. “En Asturias no hay casi armeros —cajas de seguridad diseñados para guardar armas de fuego— repartidos de forma oficial. Habrá diez, y casi todos los tienen algunos oficiales o personal de oficinas. Poco más. En el resto no hay ningún tipo de armero”, relata José Álvaro Nieto, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Asturias (AUGC), en conversación con infoLibre. Por ello, “los agentes tienen que dejar el arma en la taquilla o llevársela a casa”.

El problema es que las taquillas personales no están diseñadas para custodiar armas. “Son taquillas metálicas con un candado”, explica el portavoz asturiano, que añade que las que tienen cerradura son minoritarias y presentan un nivel de seguridad “insuficiente”. “No hay ningún tipo de protocolo. Aquí lo que hacen es responsabilizarte a ti del arma. La Guardia Civil realmente se lava las manos”, denuncia.

El problema no solo está en Asturias. Desde Madrid, Ivo Pantoja, también portavoz de esta asociación, explica que solo hay armeros en algunas unidades y que, según su experiencia, “el 99% de los destinos” que conoce no disponen de ellos para todos los agentes. Señala que la mayoría de los armeros oficiales se concentran en lugares donde la normativa obliga a retirar el arma al agente, como los centros de detención.

“Muchas de las armas están guardadas directamente en las taquillas. Pero una taquilla es la típica taquilla metálica que con un destornillador la abres”, explica, en la misma línea que su compañero de Asturias. Añade que, en el puesto en el que trabaja, de las 26 taquillas que tienen, “hay muchas que ni abren ni cierran porque está rota la cerradura y tienen, a lo mejor, 40 años de servicio”. Desde la propia Guardia Civil indican que son conscientes de que actualmente no hay armeros “suficientes” y que se está ampliando su número en función de las disponibilidades presupuestarias, pero insisten en que la custodia final del arma recae en el propio agente.

Ante esta situación, la AUGC lleva desde 2010 reclamando la instalación de armeros individuales para todos los agentes. Según explica el portavoz del área jurídica de esta asociación, Eugenio Nemiña, la primera petición tenía precisamente como argumento la seguridad de las armas y la dificultad de custodiar una pistola en un domicilio particular. 

“Hay casas donde tienes niños, donde tienes una persona que limpia la casa o que cuida a los niños. Entonces tú no puedes estar todo el día con el arma encima y tienes que dejar el arma en casa”, denuncia. Agrega que la única alternativa que queda es la taquilla. “Más seguro que en la calle sí que es, pero eso no quita que se pueden abrir fácilmente”, explica.

De esta manera, la asociación ha planteado esta problemática mediante el envío de diferentes escritos y en las reuniones del Consejo de la Guardia Civil. Al principio, la única respuesta que recibían era que la responsabilidad de custodiar el arma recaía en el propio agente, pero en los últimos años “poco a poco ha ido mejorando la cosa y ahora reconocen que sí, que son importantes, pero cuando hay presupuesto. Y de ahí no salen. El presupuesto nunca llega y estamos siempre con las mismas”.

La AUGC lleva más de una década reclamando armeros individuales para las armas cortas. Ya en 2012 planteó en el Consejo de la Guardia Civil que la facilidad de acceso al arma de un compañero por parte de una persona que estuviera de baja psicológica era “absoluta”, según el acta a la que ha tenido acceso infoLibre. La respuesta entonces fue que “el arma formaba parte del uniforme y el guardia era responsable de ella en todo momento”.

Las peticiones se repitieron en los años siguientes. En 2013, el Estado Mayor del Mando de Operaciones insistió en la responsabilidad individual de los agentes aunque reconoció que el lugar más seguro para guardar las armas era “el propio acuartelamiento”. En 2024, 2015 y 2017, las reclamaciones de más armeros chocaron principalmente con la falta de presupuesto. 

En 2021, la Guardia Civil valoró “positivamente” la instalación de armeros individuales, pero reconoció que los 5.118 disponibles en toda España eran insuficientes para cubrir las necesidades del resto de la plantilla. Dos meses después anunció la adquisición de otras 5.200 unidades, adjudicadas finalmente en 2023 por 416.000 euros.

Ese mismo año, un teniente general reconoció ante el Consejo que la disponibilidad de un medio letal era uno de los factores que influían en las conductas suicidas y señaló entre las medidas preventivas complementarias el “resguardo del arma oficial” en unidades dotadas con armeros. La última adjudicación, realizada en febrero de 2026, contempla un mínimo de 6.450 nuevos armeros en 2026 y 2028.

Pese al aumento de la dotación, la AUGC considera que sigue siendo insuficiente para una plantilla de más de 80.000 agentes. La asociación evita afirmar que un armero hubiera impedido el asesinato machista de Llanes, pero sostiene que habría añadido una barrera de seguridad. “Sería indecente vender la idea de que una caja fuerte es un escudo, pero hay un abismo entre no poder impedir un crimen y ponérselo fácil”, concluyen.

Aunque la relación de pareja que mantuvieron durante años había llegado a su fin, ambos llevaban un tiempo compartiendo piso. Él la asesinó ahí, en el hogar común. Acabó con su vida, se dio a la fuga y permaneció diez días desaparecido. El crimen machista sucedió a finales de julio, pero fue confirmado el pasado viernes, después de que el agresor fuera localizado por las autoridades y se reconociera como tal en un diario personal. Es el último feminicidio incorporado a la estadística oficial, en el marco de un verano atravesado por una escalada de crímenes que muestra la peor cara de la violencia machista. 

Con el asesinato confirmado en Benahavís (Málaga), son ya 36 mujeres las víctimas mortales de la violencia machista hasta este lunes. Se trata de la peor cifra registrada a estas alturas del año en mucho tiempo, concretamente desde 2019.

En lo que va de mes, dos mujeres han sido asesinadas a manos de hombres que eran sus exparejas. Ambas habían denunciado a sus agresores por violencia de género. Las víctimas dieron la voz de alarma, acataron los mandatos que recaen sobre quienes sufren violencia y siguieron los pasos de un itinerario pensado, al menos sobre el papel, para protegerlas. Pero el sistema no estuvo a la altura.

No son casos excepcionales: según la base de datos oficial, en doce de los feminicidios registrados existían denuncias previas y en nueve de ellos se adoptaron medidas de protección. Una de cada tres víctimas alertó de la violencia y pidió ayuda.

A principios de agosto, una mujer fue asesinada en Murcia. Su expareja le quitó la vida en la trastienda de uno de los muchos negocios que pueblan el centro comercial Carrefour Infante. Tenían una hija de cinco años en común y sobre él pesaba una orden de alejamiento. El día del crimen, un miércoles cualquiera a plena tarde, las autoridades se llevaron consigo el cadáver de la víctima ante la mirada perpleja de quienes todavía se paseaban por los pasillos del edificio.

También ocurrió en el espacio público el crimen machista que el pasado mes de mayo marcó a los vecinos de Figueres (Girona). El agresor asesinó a su expareja a plena luz del día en una de las plazas de la localidad, a pesar de contar con una orden de alejamiento y aunque la víctima había advertido de la violencia que lastraba sus días.  

Los feminicidios fuera del hogar no son los más habituales, pero existen. El año pasado, según el balance anual confeccionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 4,3% de los crímenes mortales tuvieron como escenario central la calle y un 6,5%, otro distinto al domicilio, tasas que se han mantenido prácticamente inmutables en el último lustro. Los expertos afirman que los asesinatos fuera del ámbito privado encajan en la categoría de "crimen moral". En lo que va de año, otros agresores machistas han acabado con las vidas de sus víctimas en espacios públicos: en un portal, en el centro de trabajo de ella o a tiros en la calle. Incluso en un cuartel de la Guardia Civil.

El mismo día del crimen que tuvo lugar en el centro comercial murciano, a más de 800 kilómetros de distancia, un hombre se desplazaba al cuartel de la Guardia Civil donde trabajaba su expareja, con la firme intención de acabar con su vida. La víctima tenía tres hijos –dos gemelas menores de edad– y sabía con certeza que su maltratador no iba a parar hasta quitarle la vida. Así lo verbalizó en numerosas ocasiones.

Al agresor, quien también había sido guardia civil, le habían retirado su arma reglamentaria y esa misma semana había recibido una notificación formal para apartarle del servicio. Pero llevaba mucho tiempo hostigando, maltratando y violentando a la víctima, hasta que decidió quebrantar la orden de alejamiento, desplazarse a su cuartel, forzar la taquilla de un compañero y sustraer el arma que allí estaba custodiada. Acabó con la vida de su expareja al instante. 

A principios de junio, un hombre asesinaba a tiros a su mujer y después se suicidaba. Y tan solo un mes antes, otro crimen brutal atravesó a la Guardia Civil: el hallazgo de los cuerpos sin vida de tres personas de una misma familia en una de las viviendas del cuartel en el municipio alicantino de Dolores. El asesino mató a su mujer y a su hijo de un disparo. Después se quitó la vida. 

En lo que va de año, al menos cuatro feminicidios se han perpetrado haciendo uso de armas de fuego. El año pasado tan solo se registró uno, pero el anterior el porcentaje de crímenes machistas cometidos con pistolas o escopetas ascendió al 20,5%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las armas de fuego están presentes en aproximadamente el 12% de los crímenes machistas documentados desde que existen registros.

Este asunto, la posesión de armas de fuego, ya fue objeto de análisis por parte del anterior Ministerio de Igualdad a finales de 2023. Fue a raíz de estudiar las particularidades de distintos feminicidios consecutivos en los que el agresor había terminado con la vida de la víctima con un arma de fuego, el instrumento más letal en los contextos de violencia de género y cuya sola tenencia provoca un terror prolongado sobre la víctima.

Entonces, el comité de crisis convocado determinó que convendría controlar y revisar los permisos de armas desde una perspectiva de género. Las conclusiones fueron sólidas: era urgente no solo endurecer las condiciones en la obtención y renovación de los permisos, sino también aplicar un enfoque de género riguroso. Igualdad no ha aclarado, a preguntas de este diario, si desde entonces se han consolidado avances en ese sentido.

En el primer trimestre del presente año, la suspensión de la tenencia y uso de armas supuso el 17,9% de las medidas penales acordadas en los juzgados, en contextos de violencia de género, según el Observatorio de Violencia del CGPJ. En todo el año anterior, el porcentaje fue del 14,8%.

Invisible, relegada al silencio y muchas veces impune. La violencia sexual durante la infancia constituye uno de los mayores fracasos sociales e institucionales de nuestro tiempo, el retrato impoluto de un sistema que enmudece y se demuestra incapaz de proteger a los más vulnerables. Supone, además, una quiebra de las expectativas vitales de la víctima y la desacralización de la familia como institución segura. Uno de cada cinco menores es víctima de violencia sexual, según el Consejo de Europa. En España, el 28,9% de las personas que tienen entre 18 y 30 años se reconoce como tal. Casi tres de cada diez jóvenes.

Esta última cifra proviene del estudio Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, confeccionado hace un año por el Ministerio de Juventud e Infancia. Se trata de la macroencuesta más completa en la materia hasta la fecha, basada en 9.037 entrevistas a personas jóvenes. Los resultados constatan que la violencia sexual en la infancia es estructural y no únicamente una dolorosa excepcionalidad, resulta más habitual de lo que aparenta y está marcada por un evidente sesgo de género: ellas se nombran como víctimas en mayor medida (33,6%) que los hombres encuestados (24,4%).

La adolescencia es el momento más peligroso para los menores. El 26% de las personas encuestadas se remonta a esta etapa cuando recuerda los abusos sufridos, frente al 6,3% que menciona la infancia y el 3,4% que habla de violencia continuada. Acercando la lupa a aspectos concretos como la etapa evolutiva, se puede constatar un viraje estadístico en términos de género: en la infancia, son los niños varones quienes tienden a sufrir más violencia (6,8%), en comparación con las niñas (5,8%). Ellos también padecen violencia sexual de manera habitual o recurrente en mayor medida (6,4%) que las chicas (4,1%). 

La noción de la familia como espacio seguro se desmorona en contextos de violencia durante la infancia. Es precisamente el entorno familiar el principal escenario de abusos, según el 46,6% de las personas entrevistadas. Le siguen el comunitario o vecinal (37,3%) y el escolar (36,9%).

Sin embargo, el perfil de los agresores varía sustancialmente según las características de la violencia y de las víctimas. En el caso de los abusos durante la infancia, el rostro de los abusos es precisamente el de quien se presupone garante del bienestar familiar: el padre, citado por el 21,6% de quienes expresan haber sufrido violencia durante la niñez. En cambio, durante la adolescencia entran en juego las relaciones afectivas: la pareja de la víctima es mencionada por el 34,1% de los encuestados. 

Los matices en función del género de quien responde a la encuesta son, una vez más, reveladores. Los hombres víctimas de violencia señalan mayoritariamente a sus padres (28,3%). Las mujeres, en cambio, señalan a sus novios (40,4%). 

El informe Agresión sexual en niñas y adolescentes, según su testimonio. Evolución en España (2019-2023), confeccionado por la Fundación ANAR a partir de las vivencias de 4.522 niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual que llegaron a la organización buscando ayuda, constata que los agresores son, sin apenas excepciones, hombres adultos: ellos constituyen el 94,3% y el 78,6% es mayor de edad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar sus datos sobre sentencias condenatorias dictadas a lo largo del año pasado y los resultados muestran que el 23,5% del total de condenas impuestas a personas adultas corresponden a delitos de agresión sexual contra menores de 16 años. En el caso de los menores condenados, este porcentaje se eleva hasta el 58,3%.

Es en la esfera jurídica donde también ha decidido poner el foco la organización Save the Children. En un análisis publicado el año pasado, la entidad concluyó que el 98% de las personas que se sientan en el banquillo de los acusados son hombres. "Este dato evidencia una marcada tendencia de género en la comisión de abusos sexuales a la infancia", estiman los autores. En ocho de cada diez casos analizados –345 sentencias dictadas en 2023 y 2024–, el agresor es un conocido de la víctima. 

El mismo estudio confirma que los principales victimarios en el ámbito familiar son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%). Fuera del hogar, el 75,2% de los agresores eran conocidos o amigos de la víctima. El 63% son personas sin antecedentes y quienes sí los tenían eran, en su mayoría, por delitos que nada tenían que ver con la libertad sexual. "Estos datos muestran que por lo general los agresores de este tipo de delitos son difícilmente identificables como potenciales agresores sexuales de niños y niñas en base a sus antecedentes", afirman. 

El 52,5% de las personas que participaron en la encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia reconoce haber convivido con los abusos a lo largo de su vida. Nadie les tendió la mano, ninguna institución supo reconocer la violencia y no encontraron la ayuda necesaria para ponerle remedio. Solo un 9,6% denunció lo sucedido ante las autoridades, siendo los varones quienes en mayor medida dan el paso (14,3%) en comparación con las mujeres (6,1%). 

Pero sí hay algo que hacen tanto los chicos como las chicas: contárselo a alguien. Así lo indica el 27,2% de los supervivientes. La inmensa mayoría (61%) se apoya en sus amigos a la hora de romper el silencio. La amistad se entreteje como el principal colchón para amortiguar el golpe, por delante de las madres (30,3%).

Según Save the Children, son precisamente las madres quienes, una vez conocen los hechos, deciden denunciar formalmente lo sucedido. Ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas, una decisión no exenta de consecuencias. Naciones Unidas ha señalado en diversas ocasiones que el sistema judicial español no protege a los niños de padres abusivos y tiene un sesgo discriminatorio contra las mujeres. Las conocidas como madres protectoras han cargado desde hace años con el peso de una justicia que no da credibilidad a su palabra. 

En cuanto a la respuesta institucional, solo el 3,8% de los profesionales de la salud y la educación, espacios claves para la detección, decide dar la voz de alarma. 

La ausencia de herramientas a disposición de los menores, la falta de un entorno seguro que funcione como tabla de salvación y el silencio impuesto como única vía para seguir adelante dejan secuelas en quienes han sufrido esta forma de violencia. La Fundación ANAR indica que casi siete de cada diez problemas asociados a la violencia sexual (68,6%) tienen que ver con la salud mental. Los supervivientes hablan de miedo (21,7%), ansiedad (19,6%) y tristeza (18,8%). Entre las víctimas adolescentes aparecen además conductas suicidas (7,2%), autolesiones (5,2%), baja autoestima (3,5%), trastornos alimentarios (2,4%), depresión (2%) y adicciones (1,9%). Pese a los datos, un 70,3% de las víctimas no recibe ningún tipo de tratamiento psicológico en el momento de los hechos.

Además de las consecuencias directas sobre su salud, las víctimas también soportan el descrédito que sobrevuela a su alrededor, responsable de sembrar una duda perpetua que dificulta su recuperación. En seis de cada diez casos (63,4%) se han apreciado fallos en el entorno social de la víctima. La mayoría tienen que ver con actitudes negligentes (41,5%): es decir, la falta de atención, consideración o actuación cuando se conoce el problema. 

Pero también existe un miedo genuino a la revictimización que pueda sufrir la víctima durante el proceso (21,8%). Y así la inacción se configura erróneamente como una forma de protección. En el entorno se asienta también la negación (17,9%), la culpabilización de la víctima (9,8%) y la justificación de la violencia (9%), conductas que no solo apuntalan las secuelas psicológicas, sino que disuaden a los menores a la hora de denunciar y los condenan a vivir con el peso de lo sucedido durante largos años. 

Un guardia civil ha asesinado este miércoles a su expareja, otra agente del instituto armado destinada en el cuartel de Llanes (Asturias), en el que ha disparado contra la mujer antes ser abatido por los disparos efectuados por sus compañeros para repeler la agresión.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el agresor, de 49 años y que tenía expedientes abiertos por violencia machista, ha accedido al cuartel poco antes de las 13:30 horas para disparar mortalmente contra su expareja, de 50 años.

En el cruce de disparos un teniente ha resultado herido grave de bala en una pierna, así como el presunto autor de los hechos que, tras ser atendido por los servicios sanitarios, ha fallecido en la UVI móvil en la que estaba siendo evacuado.

Las mismas fuentes han precisado que el autor de los hechos recibió hace unos días la resolución de separación del servicio y que por ello no disponía ya de su arma reglamentaria, por lo que habría consumado su agresión con una que habría robado o bien en las taquillas o bien arrebatado a algún compañero.

El agresor, cuyo último destino fue la Comandancia de Zamora, no entró al cuartel por la puerta principal, sino por algún otro lugar que él conocía al haber estado destinado allí previamente y, tras acercarse a la mujer, le ha disparado antes de intentar huir perseguido por un teniente del cuerpo, que ha resultado herido grave al recibir un balazo en una pierna.

También un brigada del cuartel ha intentado repeler la agresión y evitar la huida disparando contra el supuesto asesino, al que las heridas recibidas le han causado la muerte posteriormente.

La agente asesinada, que tenía un hijo de 18 años y dos gemelas de 14 con su agresor, se encontraba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha anunciado que investiga este caso violencia machista y, de confirmarse como tal, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

Para mucha gente puede parecer algo menor o muy subjetivo, pero hoy el 39,6% de las mujeres tienen miedo al caminar solas por las calles, en gran medida por la violencia que ejercen los hombres (CIS, marzo 2026), y otras muchas sienten ese mismo miedo en sus casas por la violencia de género. Más de la mitad de las mujeres, concretamente el 57,3%, ya ha vivido alguna forma de este tipo de violencia dentro o fuera de la pareja (Macroencuesta 2019), pero todas la han sufrido porque el objetivo de la violencia de género no es solo dañar, lo hace y mucho, sino aleccionar a cada una de las mujeres para marcarles el territorio y los comportamientos que el modelo cultural androcéntrico decide. Por eso tenemos expresiones totalmente integradas como, “estos no son sitios para una mujer”, o “estas no son hora para una mujer”, “mi marido me pega lo normal”, “mi pareja no me ha pegado nunca, claro que yo tampoco le he dado motivo”… expresiones que reflejan la normalidad y la connivencia social con esa violencia, algo imposible para cualquier otra manifestación violenta.

Por eso la verdadera prioridad para las mujeres es poder vivir una vida en paz y sin violencia, sin que para lograrlo tengan que someterse al dictado del hombre de turno que lo permita.

Y esa convivencia con la violencia también está en la política y en las acciones de gobierno, y lo está de forma vergonzante y responsable en algunos escenarios. En los cuatro últimos pactos de gobierno entre PP y Vox se han creado consejerías y viceconsejerías de “desregulación”, para acabar con lo que desde sus mentes inmaculadas denominan “leyes ideológicas”, entre ellas las normas contra la violencia de género.

Empezaron negándola y ahora, como dicen que no existe, actúan en consecuencia y pretenden quitar las leyes dirigidas a algo que no forma parte de la realidad. Pura lógica machista.

El problema es que sí existe, que cada año asesinan de media a 58 mujeres, que solo se denuncia un 9 % de todos los casos, que cada día maltratan a 6.759 mujeres (Macroencuesta 2024), y que en los hogares donde se produce esta violencia viven alrededor de 1.700.000 niños y niñas que también la sufren.

El último de esos pactos de la vergüenza que habla de “prioridad nacional” y posterga la violencia contra las mujeres, ha sido en Andalucía, una comunidad autónoma en la que durante los meses que se preparaban las elecciones, después se negociaba el pacto y finalmente se aprobó, han asesinado a 10 mujeres, el 31,2% de todas las mujeres asesinadas por violencia de género, cuando la población andaluza representa el 17,6 % de la población nacional.

Pero no solo es un problema de este año. En los cinco años previos a la llegada del PP al gobierno de la Junta de Andalucía (2014-2018), la media de mujeres asesinadas en nuestra comunidad fue de 9,8, y representaba el 18,4% de todos los homicidios por violencia de género, que en España y para esos años fueron 53,2. En los cinco años siguientes (2019-2024), el número de mujeres asesinadas ha sido de 11,7, lo cual significa un aumento del 19,4%, mientras que en España el número de homicidios en el mismo periodo ha sido de 52, es decir, un descenso del 2,2%.

Algo no se está haciendo bien en Andalucía cuando en los periodos de tiempo considerados los homicidios por violencia de género disminuyen en España y aumentan en Andalucía. Y este 2026 hasta el mes de julio la situación, tal y como hemos adelantado, es más grave con esos 10 homicidios representando el 31,2% de todos los homicidios por violencia de género cometidos en España.

Y si ya preocupa el resultado también lo hace la situación social que da lugar al mismo. Según el barómetro del CIS, la media de población que considera la violencia de género entre los problemas principales en España en 2026, con 32 mujeres asesinadas, es del 0,5%. Pero en Andalucía la situación es más preocupante cuando el Barómetro andaluz de marzo de 2026 recoge que el porcentaje de población que considera la violencia de género entre los problemas principales es el 0%.

La violencia contra las mujeres está presente, pero sin política, sin medidas y sin recursos no se acabará con ella. Y con vicepresidencias de desregulación y negacionismo mucho menos, salvo que lo que se pretenda es llegar a la situación anterior a 2003 donde no había datos ni estadísticas, y se tomaba lo invisible por inexistente.

Ya escribí que lo de la “prioridad nacional” en verdad significaba “los hombres primero”, y parece que es lo que intentan. Pero si esa es la estrategia que sepan que la sociedad no lo va a permitir, y que continuará trabajando y avanzando bajo la prioridad vital de las mujeres hasta la erradicación de la violencia que sufren.

_______________

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Han pasado diez años desde los sucesos de La Manada en Pamplona. Diez años desde unos hechos que marcaron para siempre la vida de casi todos nosotros.

Aquello no fue un abuso, ni un jolgorio festivo y consentido. Fue una violación salvaje. Y la respuesta social que siguió cambió la forma en que muchas personas entendían el consentimiento, la violencia sexual y el papel de la justicia.

Diez años después, queda bastante camino por recorrer (porque tenemos al PP y al alcalde de Móstoles por ahí, a Abascal y sus secuaces y su forma de entender la violencia machista, a Salazar y Ábalos del PSOE...), pero también una lección que no debería olvidarse: hay que escuchar a las víctimas, y seguir construyendo una sociedad en la que ninguna mujer tenga que demostrar que se resistió para que se reconozca que fue víctima de una violación o de una agresión.

Diez años dan para demasiados titulares. Para demasiados escándalos. Para demasiadas decepciones. Cambian los nombres, cambian los gobiernos, cambian los protagonistas... pero demasiadas veces permanecen las mismas inercias.

Entre otras mucha cosas, hemos conocido al ángel de Jorge Fernández Díaz, hemos condecorado con la medalla al mérito policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor. Descubrimos a Cristina Cifuentes robando cremas, a María Dolores de Cospedal y Villarejo conspirando entre grabaciones. Albert Rivera e Inés Arrimadas han desaparecido de nuestras vidas, lo mismo que Pablo Casado. Esperanza Aguirre ha pasado a ser activista de primera línea, cortando carreteras. Seguimos sin saber quién era "MpuntoRajoy". Hemos asistido a la exhumación de la tumba del dictador, convertida por unos en reparación democrática y por otros en una afrenta a España.

Hemos visto a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán investigados y algunos condenados por tramas de corrupción. Hemos conocido las investigaciones sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presuntos delitos fiscales. Hemos visto hospitales en Madrid tratando de ahorrar hasta en el material sanitario de un solo uso, mientras las listas de espera crecían. Hemos visto al PP regalar cestas de fruta al PSOE y, según nos ha dicho un pajarito que venía del despacho de Abogados Cristianos, Santi Abascal está muy ofendido porque a él también le gusta mucho, mucho, muuuucho la fruta.

Hemos descubierto "El Ventorro" como símbolo de una comida de trabajo, un reservado y una gestión criminal. Hemos asistido al desastre de los cribados del cáncer de mama en Andalucía.

Ha fallecido el papa Francisco y la pederastia en la Iglesia española ha saltado al primer plano de la actualidad. El exministro Montoro se nos ha destapado, se nos ha salido de madre, parecía tonto el chaval. Hemos visto una España rota, hecha jirones por la amnistía a los líderes del independentismo catalán. Pero todos tranquilos: España para los españoles primero, la prioridad es nacional. Acordémonos de Torre-Pacheco.

Y así, mientras España arde, podríamos seguir hasta aburrirnos.

Pero ¿qué será de nuestra política dentro de diez años? Yo me lo imagino así:

Isabel Díaz Ayuso, Feijóo, MAR y Tellado ya no estarán entre nosotros (puede que vengan otros que igual les hacen buenos). El PP seguirá sin gobernar, los pensionistas y los trabajadores, por fin han dejado de votarles. Vox desaparecerá para siempre. El novio de Ayuso no se habrá suicidado ni se habrá exiliado, seguirá viviendo en su ático de lujo pero sin relaciones con Quirón. Puigdemont seguirá en Waterloo, "no viene porque no quiere". Los jueces encajarán bien las críticas a su trabajo, la ley será igual para todos. La monarquía estará a punto de desaparecer y Euskadi y Cataluña casi serán independientes (Otxandiano y Rufián serán los lehendakaris). Al "Perro Sánchez" me lo imagino presidiendo la ONU. Y por qué no: una mujer de izquierdas será presidenta del Gobierno. Los partidos a la izquierda del PSOE serán capaces de construir un frente común sin desperdiciar energías en discusiones estériles y batallas de egos. Los derechos conquistados sobrevivirán porque ha habido una ciudadanía dispuesta a defenderlos.

______________

Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

La Guardia Civil investiga como posible crimen machista la muerte de una mujer de 45 años hallada este martes con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga). La víctima presentaba un corte en el cuello provocado por un arma blanca y estaba registrada en el sistema de seguimiento VioGén, aunque su caso se encontraba inactivo. Los agentes buscan a un hombre que habría escapado de la zona después del crimen.

El Ministerio de Igualdad todavía no ha confirmado este caso como violencia de género. Sí ha ratificado los asesinatos ocurridos en las últimas horas en Antequera (Málaga) y Alameda de la Sagra (Toledo), que elevan a 31 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 y a 1.372 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas, en 2003.

En Antequera, una mujer de 29 años fue hallada muerta el lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda. Según las primeras investigaciones, fue asesinada por su expareja, que se suicidó después de cometer el crimen. La víctima tenía dos hijos menores de edad y existían denuncias previas contra el presunto agresor.

Con este asesinato, Andalucía acumula nueve víctimas mortales por violencia de género en 2026 y se convierte en la comunidad autónoma con más crímenes machistas. El de Antequera es, además, el cuarto asesinato ocurrido en la provincia de Málaga durante el mes de julio, a la espera de que se esclarezca el caso de Benahavís.

El otro crimen confirmado ocurrió el martes en Alameda de la Sagra (Toledo). Una mujer de 45 años fue asesinada con un arma blanca presuntamente por su pareja, un hombre de 48 años que fue detenido por la Guardia Civil. La víctima tenía un hijo menor de edad y tres hijos mayores. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

A estos casos se suma el asesinato de Aicha, una mujer de 31 años que falleció el pasado 17 de julio tras permanecer hospitalizada durante casi seis meses. La joven había sufrido quemaduras graves en el 50% de su cuerpo después de ser rociada con un líquido inflamable y prendida fuego el pasado febrero en Sevilla la Nueva (Madrid), presuntamente por orden de su marido.

Aicha tenía un hijo y dos hijas menores de edad y tampoco existían denuncias previas contra el presunto agresor. Su muerte y los crímenes de Antequera y Alameda de la Sagra forman parte de un repunte que ha vuelto a activar todas las alarmas. Desde el pasado 31 de mayo, nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.

La cifra registrada este año supera ampliamente la de ejercicios anteriores. En estas mismas fechas de 2025 se habían contabilizado 22 asesinatos machistas. Hay que remontarse a 2019, cuando se habían confirmado 37 crímenes, para encontrar un balance peor a estas alturas del año.

En lo que va de año, 20 menores han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista. Desde que comenzaron a contabilizarse estos casos en 2013, la cifra asciende a 530.

La autopsia practicada a la mujer de 56 años hallada muerta el lunes por la noche en su domicilio de Almoradí (Alicante) ha descartado que se trate de un asesinato machista.

El examen forense ha concluido que la mujer falleció por causas naturales. Su marido, detenido inicialmente mientras se investigaban las circunstancias de la muerte, ha sido puesto en libertad. El hombre ya había sido arrestado en 2008 por una denuncia presentada por la fallecida.

Ante el repunte de asesinatos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha convocado para el próximo martes 28 de julio un comité de crisis. Este mecanismo institucional se activa cuando se produce una concentración de asesinatos machistas o cuando concurren circunstancias de especial relevancia en alguno de los casos.

La última reunión de este tipo se celebró el 21 de mayo, después de que cinco mujeres fueran asesinadas durante ese mes. En esta ocasión, el comité analizará los últimos crímenes y las circunstancias que rodeaban a las víctimas, entre ellas la existencia de denuncias o antecedentes en el sistema VioGén.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha advertido de que los periodos vacacionales son “especialmente duros y cruentos” por el aumento de la convivencia con los agresores y la ruptura de las rutinas habituales.

Martínez Perza ha pedido también la implicación de familiares, amistades, vecinos y compañeros de trabajo. “Cualquiera podemos estar al lado de esa víctima, acompañarla, que no se sienta sola y así haremos siempre más difícil que el maltratador actúe”, ha señalado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “más absoluta condena” y su “rotundo rechazo” ante los últimos feminicidios y ha trasladado su apoyo a los familiares y amistades de las víctimas.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que la violencia de género continúa siendo una “lacra” que no puede normalizarse ni aceptarse “bajo ningún concepto”. “Ante esta barbarie, solo cabe una respuesta: la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad”, ha declarado tras el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha trasladado su solidaridad a los familiares y amigos de las mujeres asesinadas en Madrid, Málaga y Toledo. “Estamos ante una tragedia insoportable que nos golpea como sociedad y que no podemos normalizar ni aceptar”, ha escrito en la red social X.

Sánchez ha reclamado “más unidad, firmeza y compromiso de toda la sociedad” y ha insistido en que erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva. El presidente ha recordado además que tanto las víctimas como quienes conozcan algún caso pueden recurrir al teléfono 016: “Denuncia. No estás sola”.

Evitar que el pitido que marca el final del partido preceda a una explosión de violencia contra las mujeres. Es el objetivo que persiguen las organizaciones que han puesto en marcha campañas de sensibilización y prevención de cara al Mundial de fútbol 2026. Expectantes y ansiosas de celebración, millones de personas recorrerán durante algo más de un mes los tres países que serán sede del gran evento deportivo a partir del próximo jueves: Estados Unidos, México y Canadá. Con este telón de fondo, hay quien ha puesto la mirada en el entramado de violencia que muchas veces pasa desapercibido en medio del tumulto. 

"Mientras el Mundial 2026 se promociona como símbolo de orgullo internacional, turismo y desarrollo económico, las violencias contra las mujeres continúan ausentes de gran parte de la conversación pública", señala la red de organizaciones que ha diseñado la campaña feminista en México. 

No es la primera vez que entidades de todo el mundo ponen la lupa sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en los grandes eventos deportivos. En julio de hace ahora ocho años, el Centro Nacional para la Violencia Doméstica del Reino Unido confeccionó una campaña poniendo el foco en esa violencia oculta. "Mientras la fiebre del fútbol se extiende por todo el planeta, muchos prefieren no enfrentarse a la incómoda verdad que ensombrece el deporte favorito del mundo", trazaban sus autores. Y advertían: la violencia contra las mujeres y la Copa del Mundo "están estrechamente relacionadas".

La afirmación venía sostenida con datos concretos. El estudio ¿Puede relacionarse el Mundial de fútbol de la FIFA con un aumento de la violencia doméstica?, publicado por la Universidad de Lancaster (Reino Unido), analiza incidentes de violencia machista denunciados a la policía en el noroeste del país durante los mundiales de 2002, 2006 y 2010. El informe, pionero en la materia, concluye que el riesgo relativo de violencia machista aumenta un 26% cuando la selección inglesa gana o empata, un porcentaje que se dispara hasta el 38% en caso de derrota. El mismo análisis detecta un incremento del 11% durante el día siguiente al partido, independientemente del resultado.

No se trata de un escenario excepcional. Según un informe elaborado en 2023 por ONU Mujeres, "en todo el mundo, las denuncias policiales por violencia doméstica aumentan" durante grandes eventos deportivos y en algunos territorios "el incremento es superior a un tercio".

El análisis feminista lleva tiempo estudiando el impacto de los llamados factores estresantes en contextos de violencia de género. A las causas estructurales que alimentan la violencia, se suman una serie de detonantes situacionales muy concretos que pueden desencadenar episodios de violencia extrema. Ocurre, por ejemplo, durante las vacaciones estivales, en situaciones de mayor convivencia y en momentos de ola de calor. El verano no es la causa principal de la violencia, pero sí puede dispararla.

Con las grandes competiciones deportivas ocurre algo similar. "Existe una constatación objetiva, documental y científica de que hay un incremento", asiente el médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente. Para empezar, introduce, por el simple hecho de que se produce una enorme concentración de gente, como sucede en otros grandes eventos de ocio.

"La concentración alrededor de la celebración es una especie de exaltación de las masculinidades" en un contexto de "hombres competitivos, famosos y que buscan enfrentarse unos con otros para salir victoriosos", perfila el exdelegado. Si en un contexto de ocio masivo, como festivales, fiestas populares y ferias se activan puntos violeta y campañas específicas porque se produce una "exaltación de la masculinidad, en una convocatoria en la que precisamente esa masculinidad está en el centro la alerta debe ser mayor".

En ese punto concreto se detiene el análisis Grandes eventos deportivos y violencia machista: una reivisión sistemática, cuyas autoras examinan la literatura científica existente y aterrizan cómo los grandes eventos deportivos pueden funcionar como elemento de riesgo en aquellas situaciones en las que ya existen dinámicas previas de abuso.

Lorente aprecia, partiendo de esa base, dos factores clave que pueden tener incidencia directa en los índices de violencia machista: las dinámicas de grupo y el alcohol. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el consumo nocivo del alcohol como uno de los factores de riesgo en lo que respecta a la violencia machista: "El consumo excesivo de alcohol contribuye a la comisión de actos violentos, incluido un mayor riesgo de violencia de pareja y agresión sexual", señala la organización.

El artículo Fútbol, alcohol y violencia machista, analiza datos relativos a llamadas policiales durante ocho años en Reino Unido, concluyendo que "los partidos de fútbol cambian la dinámica en lo que respecta a la victimización por violencia machista el día del partido". Según el análisis publicado hace dos años, la violencia se disipa durante el encuentro deportivo, pero alcanza su punto máximo entre ocho y diez horas después. El motivo es que "los partidos comienzan más temprano y el agresor se encuentra bajo los efectos del alcohol", existiendo por tanto un "aumento acumulativo general de la violencia".

Las grandes competiciones deportivas "siguen siendo eventos liderados por masas de hombres heterosexuales" que son copartícipes de las "lógicas del ganar y perder", expone la doctora en género y especialista en violencias sexuales Bárbara Tardón. "A la masculinidad hegemónica le encanta competir, pero no soporta perder", afina. Y en ese contexto, los grandes eventos deportivos y "las frustraciones respecto a las expectativas son detonantes del ejercicio de la violencia en pareja o en entornos de ocio". Surge entonces una suerte de cóctel perfecto, no porque la competición deportiva sea por sí misma causa de la violencia, sino porque "se concibe el disfrute de ese evento deportivo en base a un sesgo de género liderado por la masculinidad hegemónica".

Y ahí entra en juego el grupo. El ejercicio de la violencia se ve alimentado por escenarios de celebración, éxtasis y entusiasmo compartido, en los que se produce un "reconocimiento entre iguales, la tendencia a seguir lo que hace el grupo y la sensación de que se diluye la responsabilidad", expone el médico forense. Durante el Mundial de Rusia de 2018 se sucedieron una serie de episodios específicos de acoso a las mujeres periodistas que cubrían el evento. La violencia fue entonces muy visible, con besos, tocamientos y comentarios por parte de aficionados ante las cámaras y la complicidad de quienes lo presenciaban.

Otro ejemplo relacionado con la desinhibición de los agresores está en el caso de la agresión sexual perpetrada por Luis Rubiales contra Jennifer Hermoso. La defensa del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol no dudó en utilizar la euforia y la alegría como baza para desacreditar a la víctima. "No se gana un mundial todos los días", llegó a afirmar el condenado durante el juicio.

"Hablar de descontrol es una de las estrategias para justificar la violencia", expone Lorente. Algo así como el hombre "al que se le va la cabeza o que no supo controlarse". Coincide Tardón: "Forma parte de la excusa recurrente de la ideología patriarcal para justificar por qué se agrede a las mujeres". En ese marco, es habitual una "reinterpretación y manipulación" del contexto, de manera que "cuando se pierde, agreden porque están frustrados; y cuando ganan, porque están eufóricos", ignorando que en realidad "son ellos los que eligen ejercer esa violencia". 

"Las impresionantes esposas y novias de las estrellas", "las mujeres más estilosas" o "las mujeres de los futbolistas europeos más buscadas en la red", son algunos de los mensajes que difunden medios de comunicación al calor de los grandes eventos deportivos. "Son ambientes especialmente propensos a la cosificación y la sexualización de las mujeres, incluso antes de que empiece el campeonato", analiza Lorente, quien sitúa como ejemplo más claro el tratamiento mediático en torno a las denominadas wags –término con el que se conoce a las mujeres y novias de los futbolistas, por su acrónimo en inglés–. "Ahí se les empieza a dar un valor añadido a las mujeres en función de la satisfacción de los hombres", sostiene el exdelegado.

El estudio Tratamiento informativo de las esposas y novias (wags) de los deportistas en la prensa digital deportiva española, concluye que en los cuatro diarios digitales españoles con mayor número de lectores, "existe un desigual tratamiento entre mujeres y hombres", no solo a nivel cuantitativo, sino también cualitativo. Ellas son definidas "por su vida sentimental y esfera privada, presentándolas con patrones de feminidad tradicional basados en la belleza y el apoyo al varón", pero también como "mujeres fatales". Ellos, en cambio, "representan un ideal de masculinidad hegemónica", expresado en el "reconocimiento de sus logros deportivos y adjetivos que alaban su profesionalidad".

Este mismo año volverá a ser protagonista la paraguaya Larissa Riquelme, quien en el Mundial de 2010 fue bautizada por los medios como La novia del Mundial, haciéndose internacionalmente conocida. Hoy, los medios celebran su regreso a las gradas sin cuestionar el sentido, las raíces y las connotaciones de aquel sobrenombre.

La deriva machista no es intrínseca a los ambientes masculinizados, pero lo cierto es que tradicionalmente el mundo del fútbol sí ha estado íntimamente ligado a estereotipos de género y expresiones misóginas. También a pequeña escala: a mediados de mayo, un club de fútbol valenciano celebró la victoria de su equipo juvenil, en el que participan menores, con una stripper en el polideportivo municipal. Tardón cree que el análisis feminista no puede "obviar una realidad: que determinadas disciplinas deportivas están atravesadas por una estructura patriarcal" y eso tiene consecuencias. Ante ese escenario, la experta apuesta por "transversalizar políticas de género en el deporte" y evitar así que las mujeres no solo se queden fuera de ciertas competiciones, sino que además puedan formar parte de los espacios de celebración sin miedo a ser violentadas, invisibilizadas o sexualizadas.

Un total de 22 mujeres han sido asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas en lo que va de año. El balance que deja la violencia machista a las puertas del ecuador de 2026 hace saltar las alarmas de quienes acostumbran a examinar las estadísticas: los feminicidios han aumentado un 83% respecto al año pasado. "Estamos en un momento de rearme patriarcal", señalan las voces expertas. 

El Ministerio de Igualdad convocó el lunes el comité de crisis precisamente para analizar la acumulación de casos en los últimos meses, entre ellos el asesinato de una niña menor. En lo que va de año, han sido tres los menores asesinados en casos de violencia de género contra sus madres, la peor cifra de la serie histórica a estas alturas del año.

"La concentración de casos obedece a distintos factores, pero estamos ante una situación extraordinaria que muestra un aumento preocupante de los feminicidios". Habla Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. El experto considera necesario el análisis riguroso de una situación de extrema urgencia, huyendo de relatos alarmistas. "El resultado de una concentración como la actual es consecuencia de algo, no tiene que ver con el azar", afirma en conversación con este diario.

Lorente menciona cuestiones clave, como el factor individual y las características particulares de cada caso, pero también enarbola un enfoque global al plantear elementos culturales, contextuales y sociales presentes en cada feminicidio. "Cada caso individual se ve influido por un contexto relacional, familiar, laboral y social donde los factores individuales se pueden potenciar o minimizar", razona. El momento actual resulta, además, especialmente sensible porque precede a una época tradicionalmente crítica para las víctimas: los meses estivales, en los que el periodo vacacional, la convivencia y el calor tienen impacto en la violencia machista, con un incremento sostenido de las cifras. 

Graciela Atencio, investigadora y cofundadora de la web Feminicidio, recuerda que prácticamente todos los años asistimos a "una explosión de casos", pero alerta de que "cada vez hay menos distancia entre una acumulación y otra", un factor que resulta a su juicio "muy significativo". En lo que va de año, se han celebrado ya cuatro comités de crisis, una herramienta pensada para analizar los errores del sistema tras acumulaciones de cinco asesinatos o más en el periodo de un mes. Todos los meses, salvo en abril, las instituciones han tenido que reunirse para estudiar los fallos estructurales a la hora de proteger a las mujeres. En todo 2025 fueron tres los comités de crisis convocados.

"El feminicidio es el resultado de una violencia machista multicausal, así que debemos ver cuáles son los otros elementos presentes en la sociedad que producen este aumento de los asesinatos", sugiere la experta.

Las voces consultadas encuentran una explicación plausible en el aumento de los discursos de odio y la normalización de un rechazo casi militante a las políticas de igualdad. Lorente lo percibe así en las redes sociales, pero también en los programas de máxima audiencia. "Hay un clima de agresividad y violencia" que funciona no solo como caldo de cultivo, sino como aliciente para los agresores, expresa el exdelegado. 

Los hombres que ya están insertos en la violencia "entienden que aquello que les pasa es producto de las denuncias falsas y de la perversidad de las mujeres", mensajes que calan en la población general, pero que tienen especial impacto entre aquellos socializados en la violencia contra las mujeres. Y hay más: para el exdelegado, ese clima propenso a la difusión de mensajes negacionistas permea también en aquellos agentes que deben brindar protección a las mujeres. "Si tú como juez, como forense o como policía estás inmerso en ese debate, acabas minimizando la situación de riesgo", afina. 

Atencio habla directamente de un "momento de rearme patriarcal" marcado por la "negación de la violencia machista y el envalentonamiento colectivo del machismo y la misoginia", una atmósfera que se expone sin disimulo "en redes sociales y se traslada a la vida real", coincide la periodista.

Ambos expertos inciden en un extremo que consideran fundamental: alertar sobre el repunte de feminicidios debe servir para reclamar más políticas públicas, no para revertir las conquistas en igualdad. Es ahí donde radica la diferencia entre la perspectiva feminista y el discurso abanderado por la reacción ultra. 

Los primeros son críticos con el sistema porque creen que existe un amplio margen de mejora en beneficio de las mujeres. Los segundos, en cambio, impugnan las políticas de igualdad porque son genuinamente negacionistas de la violencia machista. 

Vox es la máxima expresión de ese sentir. El partido de extrema derecha volvió a exigir la derogación de la ley contra la violencia de género la semana pasada en el Senado. La senadora ultra Paloma Gómez no dudó en instrumentalizar la vida de las víctimas para exigir recortes en la lucha contra la violencia machista. Cargó contra medidas que "han evidenciado sus limitaciones", reprodujo un marco ficticio de denuncias falsas y denunció el supuesto "riesgo penal" que recae sobre los varones como consecuencia de la legislación vigente.

Ante una situación de crisis, sin embargo, los expertos apuestan por reforzar las medidas, destinar más recursos y definir estrategias garantistas para las mujeres. "Habría que activar campañas públicas que inunden las redes para contrarrestar estos discursos, además de preparar a toda la población ante esta situación de emergencia global", asiente Atencio. 

Si los expertos insisten en la importancia de poner en marcha más políticas públicas y destinar más recursos a la lucha por la igualdad, es porque la estrategia contra la violencia ha demostrado dar sus frutos. Una mirada amplia a las cifras oficiales así lo atestigua: el número de feminicidios se ha reducido un 32,4% desde el año 2003. Si la media de crímenes mortales durante los primeros diez años de la estadística era de 66 asesinatos al año, durante la segunda década la cifra cayó hasta los 52. Un descenso progresivo que da cuenta del impacto de la legislación y las medidas dirigidas a la prevención, la detección y la protección de las mujeres. 

Con el paso de los años, además, las víctimas de violencia machista han sentido cada vez más confianza para acudir a las autoridades: las denuncias han pasado de 135.539 en el año 2009 a 204.342 en 2025, según los datos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por otra parte, las llamadas al 016 han escalado desde las 15.715 en 2007 hasta las 130.257 consultas registradas el año pasado.

El Ministerio de Igualdad no termina de deshacerse de la que ha sido su mayor crisis hasta la fecha: los fallos en las pulseras de protección contra maltratadores. Cada error puntual, cada brecha en el sistema y cada alerta para las mujeres trae de vuelta los ecos de aquel terremoto que sacudió al departamento hace meses. Ha sucedido esta semana después de que un hombre se quitara la pulsera que portaba y se dirigiera a su víctima para intentar agredirla, en el municipio de As Neves (Pontevedra). 

Las víctimas que han depositado su confianza en las autoridades conviven con el miedo cada vez que un nuevo caso evidencia los fallos que existen en el sistema. A día de hoy existen 4.330 dispositivos activos que monitorizan los movimientos de los agresores machistas. Pero ante cada grieta, emerge de nuevo la pregunta clave: ¿qué están haciendo las instituciones para enmendar los errores?

La respuesta que ofrece el departamento de Ana Redondo es taxativa: mejorar el sistema. Y para cumplir con este cometido, mayo ha sido un mes clave. El actual contrato para la gestión del servicio llega a su fin, así que el ministerio se ha puesto manos a la obra para encontrar un responsable capaz de desarrollar la herramienta con todas las garantías. 

La sorpresa saltó hace unos días, cuando el departamento anunció su intención de volver a conceder el contrato –una decisión que es provisional– a las mismas empresas que estaban detrás de los fallos detectados meses atrás: Vodafone y Securitas.

¿Cuáles son las razones por las que Igualdad decide confiar de nuevo en ellas? Según la cartera, tanto los requisitos exigidos por la Administración como las mejoras propuestas por la unión temporal de empresas suponen un salto cualitativo en el servicio. El nuevo acuerdo introduce términos que contribuyen a "reforzar la fiabilidad y la eficacia del sistema", abunda Igualdad. 

A principios de febrero, el departamento sacó a licitación un contrato más amplio y con condiciones más estrictas para la gestión del servicio, con un presupuesto que supera los 111 millones de euros (111.100.438,80 euros) para tres años, ampliables a cinco. Tan solo un mes después, la Mesa de Contratación analizó las dos grandes propuestas que se ajustaban a las demandas trazadas: una liderada por Orange y Verisure; otra por Vodafone y Securitas. La segunda candidatura se erigió como la líder, muy por encima de sus competidores, obteniendo la máxima puntuación en la evaluación técnica.

Según concluyeron los técnicos, la unión de empresas incluyó en su oferta "destacadas medidas de protección" para garantizar el funcionamiento de los dispositivos, con materiales "concebidos para soportar golpes, arañazos y desgaste diario, resistencia alta frente al agua y al polvo, sensores de temperatura corporal y distintas capas de seguridad para detectar cualquier intento de manipulación". Algunas de las fallas detectadas en años anteriores tenían que ver precisamente con el deterioro de las pulseras cuando se sumergían en agua y sus escasas garantías a la hora de evitar manipulaciones, tal y como ha sucedido esta semana en el caso de As Neves.

Otro de los cambios introducidos atañe al corazón mismo de la herramienta: los dispositivos se incrementarán hasta un total de 17.660, pero además ya no se tratará de pulseras, sino que en su mayoría serán tobilleras. Igualdad argumenta que esta clase de aparatos tienen una "mayor dificultad para ser manipulados". La unión de empresas también mejorará la batería de los móviles, dispositivos de control, rastreo y comunicación que portan tanto el agresor como la víctima y que son imprescindibles para el funcionamiento del sistema.

Eso sí, en un documento público de preguntas y respuestas, la Administración indica a los licitadores que los nuevos dispositivos serán "compatibles" con los que ya existen a día de hoy. En el caso concreto de los móviles, "una parte de ellos se seguirá utilizando, independientemente de si son dispositivos más antiguos". Los que están en funcionamiento, añade el órgano de contratación en una de las respuestas, "no tienen que cumplir necesariamente los requisitos del pliego que está en licitación actualmente, pero son del ministerio, son válidos y aún tienen tiempo de vida útil. Los nuevos estarán más actualizados y tienen que cumplir las especificaciones del pliego". 

La oferta de Vodafone y Securitas incluye también la definición de "protocolos específicos de resolución de contingencias e incidencias operativas del servicio", una cuestión especialmente relevante dada la crisis que estalló en el seno del ministerio hace meses. 

Hoy, la unión temporal de empresas detalla las medidas a aplicar ante la gestión de incidencias, tanto en la instalación de los dispositivos como en los "casos de caída o degradación de la plataforma, picos de demanda y eventos concurrentes, contingencias climatológicas y de movilidad, indisponibilidad de recursos humanos, contingencias de seguridad física y ciberincidentes". Las soluciones propuestas, valoran los expertos, son "adecuadas y coherentes", si bien "no se detalla en qué medida permiten reducir los tiempos de respuesta y resolución".

Garantizar una respuesta ágil ante cualquier tipo de eventualidad cobra especial relevancia dado el contexto. El 11 de noviembre de 2025, el servicio sufrió una caída durante doce horas que hizo saltar todas las alarmas, tanto de la Administración como de las víctimas. A principios de marzo, Igualdad anunció que sancionaba a Vodafone con una multa de 25.285 euros como responsable de este fallo. 

El sistema de seguimiento telemático lleva meses en el foco no solo por esta grieta registrada en noviembre, sino por las múltiples incidencias sostenidas en el tiempo desde que la unión temporal de empresas se hiciera cargo del servicio, hace ahora dos años. Todo comenzó durante el proceso de migración de datos entre la anterior adjudicataria y la actual. En ese momento, un error en el volcado de información provocó diversas absoluciones y sobreseimientos en los tribunales, con un impacto material y simbólico en las víctimas. 

A ese fallo se sumaron otras disfunciones técnicas, relacionadas con cuestiones como la durabilidad de las baterías, la manipulación de los dispositivos por parte de los agresores y los saltos aleatorios de las alertas, elementos que han tenido un peso importante en el nuevo contrato. Igualdad trató entonces de atemperar los ánimos, subrayando que el sistema era garantista, aunque no infalible. Ahora, el ministerio trata de hacerlo cada vez más eficaz dándole una segunda oportunidad a los responsables de la mayor crisis del departamento.

Después de todo lo ocurrido en el entrenamiento y del significado que guarda, la respuesta del club ha sido destacar que el problema está en la filtración que ha permitido que se conozca lo ocurrido, y se ha señalado hacia quien lo ha hecho para intentar adoptar medidas contra él, una iniciativa que refleja muy bien cuál es el sistema impuesto por el modelo androcéntrico, y cómo su exigencia es mayor conforme el ambiente donde se presenta el conflicto es más masculino.

Un sistema de poder se sostiene sobre la injusticia, y para que pueda perpetuarse necesita de dos elementos esenciales. Por un lado, la capacidad de someter para que todo se ajuste a lo establecido por las jerarquías, a sabiendas de que cada pieza tiene que realizar su función a cambio de la recompensa correspondiente, y por otro, el silencio para que no se descubran las dinámicas, elementos y relaciones que se llevan a cabo dentro de él como parte de la injusticia. No basta con que cada uno haga su parte, sino que además debe guardar silencio sobre todos los demás.

Gracias a ese mutismo el sistema de poder se mantiene sobre la injusticia, y nadie cuestiona nada por ese silencio que invisibiliza, y por esa complicidad que obliga para que el todo y las partes obtengan su recompensa.

De ese modo, entre el silencio y la ceguera resulta difícil conocer y tomar conciencia de nada.

La desigualdad y la sumisión de las mujeres a lo que el modelo androcéntrico ha establecido se basan en esa injusticia de tomar lo masculino como superior, y en el silencio para cuestionar lo que sucede como parte de sus dinámicas y relaciones. Esa idea hace que cualquier situación que se presente sea integrada dentro de la normalidad definida por el sistema, de ahí que la violencia de género se aceptada, como manifiesta el 22% de los jóvenes al afirmar que “si es de poca intensidad no es un problema para la pareja” (CRS 2025).

Por lo tanto, no hay desigualdad ni injusticia en que las niñas no fueran a la escuela ni las mujeres a la universidad, tampoco en que no pudieran votar o trabajar sin el permiso del marido, ni en que cobren menos por el mismo trabajo, ni en que no tengan las mismas oportunidades para ocupar puestos de responsabilidad ni de representación política, todo es parte de esa organización creada por la cultura androcéntrica y su normalidad.

El problema está en quien rompe el silencio, en el chivato que muestra la injusticia y denuncia los hechos. Y quienes han roto el silencio masculino han sido las mujeres y el feminismo, de ahí toba la violencia desatada contra ellas, contra las “chivatas”.

Y como ocurre en otras situaciones, cuanto más masculinizado sea el contexto, más necesario es el silencio para que la invisibilidad se mantenga. Y nada más masculino en su definición y configuración que las relaciones familiares y de pareja, tanto que el sistema todavía hoy, en pleno siglo XXI, se sustenta en las labores domésticas que realizan las mujeres en todo el planeta. 

Por eso el silencio es esencial sobre lo que ocurre en casa, y por esa razón siempre se ha dicho que la violencia que sufren las mujeres en las relaciones de pareja es un tema privado en el que no se debe entrar, salvo que el resultado sea grave. Recuerdo cómo en los años 2000 se decía desde algunas posiciones jurídicas que desarrollar una ley contra la violencia de género era “criminalizar las relaciones de pareja”, algo que no es muy diferente a lo que hoy critican muchos cuando dicen que “ahora todo es violencia”, para cuestionar que muchas conductas que antes ejercían con impunidad ahora son denunciadas y condenadas. 

De manera que para el machismo el problema de la violencia de género son las “chivatas” que denuncian lo que pasa en casa y, como el Real Madrid o cualquier otra persona, entidad o empresa, lo que hay que hacer es actuar con quien rompe el silencio con independencia de que una vez conocido lo ocurrido se tenga que actuar sobre el responsable.

Esa imposición del silencio, una vez que la sociedad es lo suficientemente consciente del problema de la violencia de género, es lo que lleva a hablar de denuncias falsas para que se mantenga la normalidad impuesta que cada agresor establece en su casa y en su relación. Ya no pueden imponer el silencio a las mujeres, pero tratan de taparles la boca con sus críticas y amenazas, y presentando sus palabras como falsas. 

La realidad de la violencia de género es muy clara, como recoge la Macroencuesta del 2024. Más de 2,4 millones de mujeres maltratadas cada año, de ellas más de 141.000 mujeres violadas al año por sus parejas, y solo un 9% de denuncias. El silencio predomina, pero cada vez es menor y el eco del conocimiento mayor. Y eso para el machismo es inaceptable, de ahí su violencia en las redes y su guerra cultural, y su estrategia de cuestionar a las mujeres que sufren la violencia de los hombres, en lugar de criticar a los agresores. En definitiva, es la misma “estrategia del chivato” que se mantiene como parte de su modelo para conseguir dos objetivos: uno, criticar todo lo relacionado con la violencia de género, y el otro, desviar la mirada del problema real para situarlo en temas secundarios, con el objeto de que la gente se mantenga lejos de su realidad y acepte que todo es un “invento ideológico”, como tanto repiten.

No lo conseguirán porque hoy sabemos que quien actúa contra una violencia estructural, como es la violencia de género, está defendiendo los Derechos Humanos y la democracia, y ante eso nunca nos van a callar.

_________________

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El pasado 19 de mayo, Andrés Roche Cerón asesinó presuntamente —y empieza a resultar indignante tener que añadir siempre ese adverbio para no incomodar a un sistema que demasiadas veces da la espalda a las víctimas de violencia de género— a Erica D.G., también conocida como Kimberli. El crimen quedó grabado y fue difundido en redes sociales. Las imágenes muestran, con una crudeza insoportable, la violencia extrema del terrorismo machista al que siguen estando sometidas miles de mujeres, niñas y niños, también en nuestro país.

Como feminista, me niego a aceptar que este sea “un feminicidio más”. Me niego a que, tras el habitual minuto de silencio institucional, el nombre de Erica —o de Kimberli, como ella prefiriera ser llamada— quede sepultado la próxima semana bajo el de otra víctima, mientras todo continúa exactamente igual. Es decir: con una parte de la sociedad abrazando discursos negacionistas alentados por la extrema derecha; con una derecha cada vez más radicalizada que rehúye destinar recursos propios a combatir la violencia machista y se suma a esos discursos cuando le resulta políticamente rentable; y con una izquierda que, aun siendo consciente de las graves carencias del sistema de protección, sigue sin afrontar reformas profundas que vayan más allá del papel.

Porque quizá haya llegado el momento de plantear medidas verdaderamente valientes: mecanismos eficaces para apartar de estos procedimientos a jueces, juezas y fiscales que no apliquen la perspectiva de género y para inhabilitar a quienes, mediante negligencias graves, pongan en riesgo la vida de mujeres, niñas y niños a quienes tienen la obligación de proteger.

Más allá del horror que produce ver cómo un hombre asesina a su pareja en plena calle, asestándole veinte puñaladas y abandonando su cuerpo como si fuera basura antes de lavarse la sangre en una fuente pública con absoluta frialdad; más allá del nudo en el estómago que provoca otro vídeo, difundido por un medio de comunicación de horas antes del crimen, donde puede verse a la víctima acompañando al agresor a una tienda y permaneciendo detrás de él, con una postura corporal que transmite terror incluso sin necesidad de verle el rostro; más allá de todo eso, ha llegado la hora de exigir responsabilidades.

El asesinato de Erica —o Kimberli— es un ejemplo doloroso de muchas cosas. Entre ellas, de la incapacidad de una parte del sistema judicial para proteger adecuadamente a las víctimas de violencia de género y para comprender las realidades complejas de aquellas mujeres que no encajan en el irreal “perfil ideal de víctima”. Especialmente cuando sus vidas están atravesadas por múltiples formas de discriminación: pobreza, migración, exclusión social, identidad de género o adicciones.

Erica había denunciado, al menos una vez que sepamos. Había pedido protección y le fue concedida una orden. Pero aquella protección no sirvió de nada: en menos de 24 horas el agresor volvió a lesionarla. La Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra hicieron su trabajo. A partir de ahí, responsabilizar a la víctima de la inacción judicial es no solo injusto, sino profundamente ignorante.

Quienes trabajamos desde hace años en este ámbito sabemos —y llevamos demasiado tiempo denunciándolo— que existen herramientas legales suficientes para actuar frente a un quebrantamiento de medidas de protección. Son mecanismos previstos por el sistema y, aplicados correctamente, habrían podido salvar esta y muchas otras vidas.

Desconozco los detalles concretos del caso, pero diversos medios han señalado que Erica era una mujer trans, hondureña y empobrecida. Es decir, una víctima atravesada por múltiples factores de vulnerabilidad. El agresor acumulaba indicadores evidentes de peligrosidad, no solo por el historial de violencia ejercida, sino por la intensidad y frecuencia de las agresiones. El sistema debe poder adaptarse a lo anterior, de lo contrario es discrimatorio.

Preguntarse por qué la víctima no acudió al médico forense es colocar el foco en el lugar equivocado. Tal vez estuviera hospitalizada recuperándose de las lesiones que su agresor le había provocado menos de 24 horas después de dictarse la orden de protección. Tal vez estuviera escondida, aterrada o incluso con él, porque la dependencia emocional no desaparece automáticamente tras una denuncia. Tal vez no tuviera recursos para desplazarse, para recibir notificaciones judiciales o para acceder a un alojamiento seguro. Las mujeres en situación de sinhogarismo con patologías duales, sencillamente, no encajan en muchos de los dispositivos institucionalizados de protección.

La pregunta no es qué hizo o dejó de hacer Erica. La pregunta es cuánto interés puso el sistema en protegerla. Si tradujo “vulnerable” por “complicada”. Si dio su caso por perdido antes siquiera de intentarlo.

Dejemos de culpabilizar a las víctimas de violencia de género por los fallos de un sistema que nos interpela a todas y todos. Empecemos a escuchar de verdad a las profesionales que llevan años advirtiendo de estas negligencias: abogadas, juristas, trabajadoras sociales y especialistas que se dejan la piel acompañando a víctimas a la par que denuncian las carencias de la administración de justicia.

Teniendo en cuenta que lo escatológico se ha colado en el debate público: la situación actual para demasiadas víctimas de violencia de género es una mierda de dimensiones descomunales y la urgencia de su abordaje desde una perspectiva de género y realmente interseccional, es inaplazable.

_________________

Vanessa Casado Caballero es jurista experta en Género y Derechos Humanos.

Andrés tenía vigente una orden de alejamiento cuando asesinó a puñaladas a su expareja. Ocurrió este martes, a plena luz del día, en la vía pública y bajo la mirada atónita de los vecinos de Figueres (Girona). El agresor había sido detenido por maltrato y amenazas. El lunes se celebró un juicio rápido, el acusado reconoció los hechos y aceptó los seis meses de prisión impuestos por la justicia, pero eso no le impidió seguir hostigando a su víctima. Horas después fue arrestado de nuevo por lesiones y quebrantamiento de condena. Tras quedar en libertad, acabó con la vida de la joven.

Este último caso de violencia de género se suma a otros que se han concentrado en apenas unos días. El sábado, un hombre asesinó a su mujer y a su hijo, antes de quitarse la vida, en la casa cuartel en la que residían en Dolores (Alicante). El lunes, otra mujer fue asesinada por su marido en Arguedas (Navarra) y un joven acabó con la vida de su madre y su padrastro tras un tiroteo en El Ejido (Almería), un crimen que se investiga como violencia de género y vicaria. Tan solo un día después, un varón mató a la bisabuela de su expareja, en Loja (Granada). Cinco mujeres, un hombre y un joven han sido asesinados en contextos de violencia machista en solo cuatro días. 

En lo que va de año, el número de feminicidios en pareja o expareja confirmados asciende a 20. En ocho de los casos registrados existían denuncias previas: el 40% del total. Un porcentaje muy por encima de la media global. En toda la serie histórica, la tasa de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tras haber dado el paso de denunciar es del 22,4%. Con ese telón de fondo, el caso de Figueres ha abierto una grieta en la ya deteriorada confianza de las víctimas en un sistema que vuelve a demostrarse ineficaz.

A Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, este último caso le recuerda a otro similar registrado el pasado mes de abril en Córdoba. El agresor había sido denunciado apenas dos días antes de cometer el feminicidio y la víctima fue incluida en el sistema, pero con riesgo medio. Él desobedeció las medidas de protección y terminó con su vida. "El sistema falla conceptualmente. Cuando tenemos una tasa tan alta de homicidios con denuncia previa, podemos afirmar que la denuncia no está siendo una fuente de protección y seguridad", sostiene el exdelegado. 

Las voces expertas detectan elementos de peso en este último caso, particular por su atrocidad, pero con patrones comunes a otros feminicidios registrados en el pasado. La abogada María Naredo se detiene en la rapidez de los procedimientos, los llamados juicios rápidos, muchas veces incapaces de evaluar rigurosamente una situación de riesgo y actuar en consecuencia. "La justicia sigue sin entender que la violencia va escalando y se comporta basándose en ciclos", sostiene la letrada, por lo que valorar sin contexto un episodio aislado de violencia puede conllevar una evaluación parcial del problema. "Muchas veces no se dan las bases para que la víctima cuente la globalidad de la violencia, no se evalúa el cuadro completo, sino una parcela ínfima y eso lleva a imponer penas rebajadas", sostiene. 

Para Naredo, si bien la protección debe ser "máxima e inmediata", la investigación ante una denuncia por violencia machista "no puede saldarse con una pena de conformidad de seis meses de prisión", sino que debe ir más allá y explorar toda la violencia sufrida en su conjunto. 

Isaac Guijarro, cofundador del despacho Olympe Abogados, pone por delante que los fallos del sistema tienen responsables directos: "En este caso han fallado los jueces y las juezas que decidieron no dictar prisión provisional a pesar de haber quebrantado la orden de alejamiento y pese a sus numerosos antecedentes". A su juicio, la desobediencia ante las medidas impuestas por la justicia debería haber sido suficiente indicador para constatar su "desprecio absoluto a la administración de justicia" y por tanto el riesgo que pesaba sobre la víctima.

El abogado insiste en que "no son fallos puntuales", sino déficits que se reproducen de manera habitual. En la administración de justicia las fallas afloran prácticamente a diario, asiente Guijarro. "El hecho de no adoptar medidas cautelares o no acordar prisión provisional pese al quebrantamiento de una medida pasa cada día", porque existe una tendencia a "minimizar el riesgo, el dolor y las secuelas psicológicas en las víctimas en favor de no restringir las libertades del agresor". Verbalizarlo es, a su entender, el punto de partida para corregirlo: "Minimizarlo y no reconocer que se está haciendo mal y que tenemos un sistema tremendamente deficiente impide reparar todas las disfuncionalidades que existen", lamenta. 

En marzo de este mismo año, un hombre asesinaba a su expareja a tiros en plena calle. El agresor, que contaba con licencia de armas de uso deportivo, se desplazó hasta el centro de trabajo de la víctima y acabó con su vida de varios disparos a primera hora del día, en Zaragoza. El verano pasado, otro hombre le quitaría la vida a su pareja ante la mirada de los viandantes en Marbella (Málaga). El agresor la golpeó hasta matarla en una calle próxima a su trabajo. Meses antes, en febrero de 2025, otra mujer era asesinada en Langreo (Asturias) por su pareja, en la vía pública. La apuñaló delante de varios testigos. 

Los feminicidios en la vía pública no son los más habituales, pero existen. El año pasado, según el balance anual confeccionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un 4,3% de los crímenes mortales tuvieron como escenario central la calle, un porcentaje idéntico al registrado el año anterior y que se ha mantenido prácticamente inmutable en el último lustro.

Miguel Lorente recuerda que el asesinato en la vía pública es una anomalía en criminología, pero uno de los elementos diferenciales de la violencia machista. "Es un crimen moral, así que el agresor tiende a asumir las consecuencias y actúa con total indiferencia, porque normalmente se va a entregar o a quitar la vida, así que no le importa exponerse", asiente el médico forense. "No tiene sentido desde el punto de vista criminal, pero en violencia machista sí pasa". 

Pero además, agrega María Naredo, asesinar en plena calle es la máxima expresión de "la escalada de la violencia". Al principio, abunda la jurista, la violencia machista tiende a producirse en la "intimidad y de manera más sutil, primero con violencia psicológica o de control, después con maltrato físico", pero el hecho de que el agresor "cometa un acto de tal gravedad en la calle nos habla de una escalada en la cual ha habido muchos incumplimientos por parte de las instituciones", remata.

“Yo pienso en mi abuela, en un pueblo de 2.000 habitantes al sur de Extremadura, sin independencia económica, sin acceso a Internet; si se hubiera dado el caso, ¿cómo iba a denunciar? Sin duda ahora hay muchos más recursos que antes, más información y también más concienciación. Eso influye en que esté bajando la edad media de las víctimas y a la vez subiendo las órdenes de protección. Y, al mismo tiempo, se evidencia que la violencia sigue ahí y cada vez más entre las más jóvenes; pero es que ahora, además, se niega continuamente su existencia, y eso hace mucho daño”. La reflexión es de Alba Redondo Mesa, agente de igualdad de Malvaluna, una asociación feminista con sede en Mérida que lleva décadas atendiendo a mujeres que sufren el maltrato machista.

Ella plantea este razonamiento tras su análisis del último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre violencia de género. Las cifras aseguran que en la región extremeña, en los últimos tres años, se ha duplicado el número de chicas menores de 18 años que necesitan protección para evitar ser atacadas por sus parejas o exparejas. Los datos concretos dicen que si fueron 14 las órdenes o medidas cautelares establecidas en 2022, en 2025 llegaron a 27. La subida ha sido gradual en ese periodo. “Parece que 27 en un año no son muchas, pero estamos hablando de Extremadura, una comunidad con poca población, y además esas 27 es solo lo que sale a la luz”, asegura.    

¿Qué hay detrás de ese número? “Mucha violencia digital”, subraya Redondo, que pone el foco en dos cuestiones: por un lado, la facilidad de control que da un teléfono móvil; por otro, las ideas conservadoras que se fomentan por las redes sociales. En el primer caso, explica: “A los adolescentes les cuesta concebir una relación sin estar hablando constantemente, y eso se alimenta con que hay aplicaciones que te permiten saber la localización de tu pareja, lo cual desemboca en situaciones de control absoluto. Significa atentar contra la intimidad de la otra persona. Ahí empieza la violencia psicológica”. En el segundo caso, expone: “Las redes sociales nos están volviendo a colar la idea del amor romántico de que ‘cuanto más celoso sea, más me quiere’. Y no somos conscientes del gran poder que tienen esas redes para imponer discursos”.

En este sentido, prosigue: “Es muy difícil luchar contra esa realidad porque la sociedad va tan deprisa que no tenemos tiempo ni de explicar ni de educar, de manera que no existe pensamiento crítico, todo lo damos por bueno”.

Una de las labores de Malvaluna es dar charlas en los institutos para concienciar sobre qué es la violencia machista y sus consecuencias, pero desde la asociación aseguran que cada vez tienen más dificultades en Extremadura para acceder a los centros educativos por la negativa de los padres y madres a que se impartan los talleres: “Creen que vamos a adoctrinar a sus hijos”.

Redondo explica que a los alumnos se les intenta hacer pensar. Pone un ejemplo: “Queremos hacerles ver que tienen que sacar la violencia de las pantallas. Les preguntamos que qué pensarían si un vecino les enseñara los genitales por la calle para que entiendan que es igual de grave que la foto que le llega al móvil”.

Asimismo, en estos encuentros se encuentran a veces con comentarios como “la cocina es cosa de mujeres” o “los cuidados no es un trabajo”.

“El problema es que los partidos de ultraderecha no quieren educación sexual porque creen que eso es manipular y condicionar. Y, evidentemente, ese mensaje va calando. No se paran a pensar en el peligro que supone que los adolescentes no cuenten con herramientas propias para digerir la información que reciben”, expresa, por su parte, Flor Fondón, presidenta de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex). Ella habla directamente de la pornografía: “Ya sabemos que hay niños que con ocho años empiezan a ver vídeos donde lo que aprenden es violencia, porque lo que ven son prácticas sin preservativo, abusos, violaciones múltiples o escenas similares muy agresivas”.

“La curiosidad por ver estos vídeos —continúa Fondón— existe, es innata, eso es obvio, pero si la única educación sexual que reciben es esa, ahí empieza el problema. Además, ellas también acceden a esos vídeos para aprender esas posturas y actitudes sumisas”.

La presidenta de Adhex tiene claro que el contexto descrito influye directamente en las relaciones entre adolescentes y en los roles que se asumen. Su asociación también imparte talleres en institutos. Ella lamenta que cada vez más jóvenes nieguen la violencia de género. “Se banaliza, y eso provoca que cada vez haya más casos. Antes daba vergüenza hacer determinados comentarios y ahora vuelven a resultar graciosos”.

No obstante, tanto Redondo como Fondón coinciden en que el camino recorrido no ha caído en saco roto y que también hay adolescentes muy conscientes de qué es la violencia de género: saben identificarla y combatirla.

Con ellas está igualmente de acuerdo Manuel Calvo Macías, psicólogo de la asociación Victoria Kent, con sede en Badajoz, que lleva tres años dando charlas en centros educativos de la provincia pacense. “Quien es consciente, lo es mucho más que antes, eso es innegable”, subraya. No obstante, critica que cuando se habla de igualdad en términos generales o de violencia machista, casi siempre se mira solo a las chicas. “Se pone el foco en ellas cuando la educación la tienen que recibir sobre todo ellos”, incide.

Este psicólogo pone como ejemplo comentarios o comportamientos machistas que, a veces, percibe en niños de diez años: “Es evidente que repiten lo que escuchan en casa. Por eso es tan importante que se trabaje con estos talleres de igualdad y de educación sexual en los centros”.

Otra cuestión que desde las tres asociaciones destacan es cómo influyen determinados discursos políticos en el fomento de la desigualdad, la cual, básicamente, es el caldo de cultivo de la violencia de género.

Lo resume Redondo: “Se está legitimando la negación de la violencia machista en las instituciones, se le quita importancia y se vuelven a cuestionar los derechos de las mujeres. Y esos discursos llegan a las redes sociales y a la calle”.