Combatir la violencia machista tras 17 comités de crisis, muchas medidas en un cajón y algunos éxitos

Hacer frente al repunte de feminicidios. Con ese objetivo nacieron hace casi cuatro años los llamados comités de crisis, una iniciativa gestada en el seno del Ministerio de Igualdad y acordada con las comunidades autónomas para dar una respuesta coordinada a los crímenes machistas. Desde entonces, se han celebrado un total de diecisiete reuniones, en las que un grupo multidisciplinar de especialistas se ha esforzado en trazar medidas, recomendaciones y estrategias pensadas, todas ellas, con un mismo propósito: el de salvar vidas. 

Han pasado casi cuatro años desde el primer comité, en diciembre de 2022, un año que se cerró con 50 crímenes de género mortales. ¿Cuáles de las medidas propuestas han sido implementadas? ¿Han sido escuchadas las expertas? ¿Cuál es la utilidad real de los comités? 

"El objetivo era encontrar qué fallos podía haber cometido el sistema en su globalidad". Habla Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, una de las artífices de la iniciativa. La clave, asiente al otro lado del teléfono, pasaba por poder convocar de urgencia a distintos actores siempre que existiera una concentración de cinco o más feminicidios en el periodo de un mes. 

Así, representantes de Igualdad y otros ministerios –como Interior y Justicia– se dan cita con comunidades, Fiscalía y Poder Judicial para tratar de determinar qué falló en cada uno de los casos estudiados, especialmente cuando las víctimas "sí habían puesto en conocimiento de las instituciones la violencia, pero habían sido asesinadas después", rememora la exdelegada. El foco estaba, esencialmente, en ese punto: las circunstancias alrededor de los casos cuyas víctimas "ya han hecho lo que les hemos pedido y la respuesta no ha sido suficiente".

Un espacio privilegiado

Las conclusiones de los comités eran fruto del análisis, la reflexión y el trabajo colectivo. Y cada una de las medidas diseñadas, explica la exdelegada, era competencia de una administración concreta. Una vez trazada, se enviaba la propuesta a la administración responsable para que la ejecutara, si bien en muchas ocasiones ya había estado presente en el propio comité. Rosell insiste en que se trataba siempre de "medidas pensadas en un lugar privilegiado de toma de decisiones", donde distintos actores tienen la capacidad de poner en común su conocimiento en busca de mejorar la estrategia global contra la violencia machista.

Pero con el paso de los años, no son pocas las voces críticas que ponen en cuestión la utilidad real de esta fórmula. "Hablamos de medidas pensadas de cara a la opinión pública cuando hay una acumulación de casos", lamenta Nuria Varela, directora general de Igualdad del Gobierno de Asturias entre 2019 y 2023. Para la asturiana, el problema fundamental de los comités de crisis es que se trata de una herramienta pensada para abordar el después, en lugar de funcionar desde una óptica preventiva. 

Pero además, a su juicio existen dos grandes lastres en lo que respecta a cualquier iniciativa en materia de igualdad: la falta de presupuesto para su ejecución y la ausencia de poder real a la hora de situar las políticas públicas como un asunto prioritario.

Algunos éxitos

Este diario ha contactado con el Ministerio de Igualdad para solicitar información precisa sobre los acuerdos adoptados en cada uno de los comités, pero no ha obtenido respuesta. El equipo anterior celebraba ruedas de prensa posteriores, en las que detallaba las conclusiones alcanzadas tras el estudio de los casos. Esas comparecencias dejaron de celebrarse con el actual equipo: la ministra Ana Redondo se dirige a los medios antes de la celebración de cada comité, por lo que la dificultad de conocer los asuntos tratados es mayor. Puntualmente, sí se han difundido algunas de las recomendaciones salidas de los encuentros, pero no de forma sistemática.

En estos cuatro años, muchas de las conclusiones han tomado forma de recomendaciones genéricas, a falta de un aterrizaje formal. Se ha hablado de incentivar la denuncia por parte del entorno, reforzar el rol de los profesionales de la salud para mejorar la detección temprana o tender la mano a las mujeres atravesadas por factores de vulnerabilidad.

Pero de los comités han salido también propuestas concretas y de peso para las víctimas, algunas ejecutadas posteriormente con éxito. Tras el comité celebrado el 27 de enero de 2023, el equipo del Ministerio de Igualdad subrayó la importancia de no dejar inactivo en el sistema de seguimiento (VioGén) ningún caso hasta que no se extinguieran los antecedentes del agresor. El Ministerio del Interior tomó nota y, poco más de un año después, se endurecieron los criterios de inactivación para prolongar la protección y evitar una "indefensión prematura" de las víctimas. 

Sobre los antecedentes de los maltratadores volvieron a debatir los asistentes a otro comité de crisis posterior, celebrado el 2 de junio de 2023. En esta ocasión, eran partidarios de ofrecer a las mujeres información sobre los antecedentes de su pareja, incluso antes de que existiera una denuncia formal. Interior acababa de anunciar la puesta en marcha de un protocolo para alertar a las víctimas en caso de que sus agresores fueran reincidentes, una medida que las expertas reunidas alrededor de los comités querían mejorar desligándola de la existencia de denuncia previa.

Otra de las valoraciones que cíclicamente han venido haciendo los comités de crisis tiene que ver con las mejoras en el sistema. Algunas de ellas fueron incorporadas en la actualización de VioGén efectuada a principios del año pasado, un rediseño de la plataforma que trataba de dar respuesta a algunas de las inquietudes planteadas por las expertas, como la mejora en la valoración del riesgo, un seguimiento más riguroso de los casos complejos o el tratamiento específico de los agresores persistentes. 

Medidas llamadas a salvar vidas

Pero no son pocas las medidas que cayeron en el olvido. Hace cerca de tres años, el ministerio trataba de atajar un problema habitual entre las víctimas: la falta de recursos. Partiendo de esa base, planteó el acceso automatizado a recursos habitacionales y económicos –como casas de acogida o el ingreso mínimo vital– siempre que la policía apreciara riesgo alto. Así lo sugerían por un motivo: la cantidad de feminicidios registrados en un contexto de dependencia y convivencia no deseada. En aquel mismo comité se demandó la extensión de los servicios de atención psicológica y prestaciones a hijos mayores de edad y al entorno de la víctima y más tarde se perfiló la posibilidad de atender con especial cuidado a las víctimas embarazadas, haciendo extensivas al bebé las órdenes de protección de forma automática tras su nacimiento. 

Fue en un comité de crisis, celebrado hace ahora tres años, cuando se propusieron también cambios en el fondo de garantía de pago de alimentos. La pretensión del ministerio pasaba por dirigirlo no sólo a menores, sino a los mayores dependientes a cargo de la víctima, aumentar el umbral de ingresos exigido por hogar, ampliar la cuantía mensual en términos de anticipo –pasando de los cien a los quinientos euros– y dotar al fondo de personalidad jurídica. "Toca abrir una reflexión en esta materia", señalaba la entonces secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, quien enmarcaba las grietas en el pago de pensiones de alimentos como una expresión de violencia económica. 

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También en términos económicos se propuso equiparar las indemnizaciones a víctimas de violencia machista con aquellas que reciben las víctimas de terrorismo, con cuantías de hasta 250.000 euros frente a los 90.000 contemplados en la ley para víctimas de delitos violentos.

Igualmente, fue a partir de un comité de crisis que se propuso una revisión a fondo de los requisitos en lo que respecta a la tenencia de armas, llegando a plantear la retirada automática de las licencias una vez exista denuncia por malos tratos. En las mismas fechas, las expertas introdujeron la posibilidad de pautar un acompañamiento institucional para la recogida de enseres, tras constatar como momento de especial alerta para las mujeres no sólo la ruptura con sus maltratadores, sino el simple hecho de ir a recoger sus cosas.

El último comité de crisis, celebrado a mediados del pasado marzo, se cerró con algunas propuestas prácticamente idénticas a las que se han planteado en años anteriores. Son mejoras que verbalizan cíclicamente las expertas, como reforzar la detección en el sistema sanitario y mejorar la formación especializada del personal que atiende a las víctimas. Para Victoria Rosell, hacer oídos sordos es, sencillamente, una "tremenda irresponsabilidad". "La mayoría de esas medidas no se han implementado y estaban llamadas a salvar vidas", lamenta.