Igualdad ignora cuáles son las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que anuncia como cumplidas

El Ministerio de Igualdad presume de haber cumplido más de la mitad de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero reconoce que no sabe cuáles son exactamente esas medidas. Así lo ha señalado el departamento de Ana Redondo a preguntas de infoLibre, después de difundir esta semana que el 51% de las líneas contempladas en el acuerdo estaban ya implementadas. 

El 26 de febrero de 2025 se acordó la renovación del Pacto y se trazaron 461 medidas transversales, pensadas para abordar distintos ámbitos de actuación y bajo la responsabilidad de diversas áreas administrativas. Algunas fueron heredadas del primer pacto, aprobado hace casi nueve años; otras buscaban darle continuidad, y el resto eran estrictamente nuevas. Esta semana, el Ministerio de Igualdad ha celebrado que el 51% de las medidas son ya una realidad. Pero la ovación es de corto alcance.

"En este momento, no disponemos del dato desagregado de medidas ejecutadas y finalizadas". Es la respuesta oficial del ministerio, a preguntas de este diario en busca de qué resoluciones en concreto están ya en funcionamiento. Fuentes oficiales detallan que a finales del año pasado, el departamento simplemente pidió a los demás ministerios "las medidas cuya ejecución habían iniciado", un dato que les permite afirmar que "se han puesto en marcha 235 de las 461 medidas que contempla el Pacto de Estado".

En el documento conviven objetivos muy ambiciosos, como la activación de leyes orgánicas, con otros más sencillos como el desarrollo de campañas de sensibilización. El hecho de desconocer cuáles son las disposiciones implantadas supone un lastre importante en el proceso de evaluación, porque impide desarrollar un seguimiento eficaz de su grado de cumplimiento, una tarea que demandan las expertas y organizaciones especializadas. 

No basta con un porcentaje

A quienes trabajan tendiendo la mano a las víctimas, les resulta contradictorio celebrar victorias en un contexto de retrocesos. Las organizaciones de mujeres miran preocupadas no sólo las cifras de la violencia de género, sino la difusión de discursos ultra, su impacto entre los más jóvenes y el deterioro de servicios básicos para las mujeres. Por eso, creen que ya es hora de hacer autocrítica y trabajar para mejorar un sistema que en no pocas ocasiones se ha demostrado deficitario. 

Así lo expresan las organizaciones de mujeres que desde el primer momento han estado presentes en la gestación y el desarrollo del acuerdo. Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, cree que todo análisis basado en el porcentaje de cumplimiento, sin detallar expresamente cuáles son las iniciativas en marcha, resulta necesariamente sesgado e incompleto. Sobre todo en un momento especialmente duro para las víctimas: la experta critica la "exhibición de autocomplacencia en pleno repunte y con el peor trimestre en mucho tiempo".

En todo caso, Soleto expresa "sorpresa ante los resultados" por su visión parcial. "En una evaluación tienen que operar otro tipo de factores, más allá de la mera realización", como el impacto social de las implementaciones, el análisis sobre su funcionamiento real o el resultado que ha tenido cada medida, cita. 

A la misma conclusión llega la jurista Altamira Gonzalo. "Medir de esa manera el cumplimiento de los pactos es un poco burocrático", asiente en conversación con este diario, pero además "parece dar la impresión de que estamos ganando la batalla a la violencia machista", en el peor trimestre en términos de crímenes mortales del último lustro. "El cumplimiento se tiene que traducir en eficacia", continúa la jurista, "así que si no la hay, las medidas no sirven para el fin que perseguimos". 

Aunque Gonzalo subraya que la visión crítica no debe opacar la realidad –el hecho de que las políticas públicas son beneficiosas para las mujeres–, es partidaria de conjugar la defensa del sistema con la ambición por mejorarlo. "Tenemos muchas tareas pendientes y hablar de porcentajes no sirve".

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, coincide en que cualquier paso adelante es necesario, pero insiste en que no basta con dar por cumplidas las medidas sin poner la lupa sobre las brechas en el sistema. "Es imprescindible mejorar la coordinación con las comunidades y los ayuntamientos, ver a qué se destinan los recursos y si realmente están funcionando". Sin perder de vista, enuncia la experta, que la erradicación de la violencia de género es por definición un objetivo "muy complejo, más aún si tenemos en cuenta que se trata de una práctica milenaria". 

Que llegue, que funcione, que sea útil

El éxito de una herramienta como el Pacto de Estado no se mide tanto en porcentajes, sino en garantizar que llegue, que funcione y que sea útil a las víctimas. Es ahí donde ponen el foco las organizaciones. Y lo hacen sabiendo que no siempre una medida cumplida equivale a una medida eficaz.

Un ejemplo está en el falso síndrome de alienación parental (SAP). Su uso quedó expresamente prohibido en la ley de protección a la infancia en el año 2021. La norma no sólo veta la utilización de ese síndrome en concreto, sino todas sus derivadas, después de que el primer Pacto de Estado así lo mandatara. Tres años después, las instituciones frenaron diversas actuaciones formativas dirigidas a profesionales de la psicología que blanqueaban el síndrome. Pero, todavía hoy, las juristas feministas denuncian que sigue presente en los pasillos de los tribunales bajo otras fórmulas y eufemismos que buscan evitar su erradicación definitiva. 

La violencia machista deja una mujer asesinada cada semana desde 2003

Ver más

El verano pasado, las Comunidades pisaron el acelerador para cumplir con otro mandato: contar con un centro de crisis de atención a víctimas de violencia sexual en cada provincia. El acelerón les permitió descorchar la botella, pero el recurso está lejos de ser un éxito. A finales del año pasado, Amnistía Internacional evaluaba la herramienta y llegaba a algunas conclusiones poco satisfactorias respecto a los fallos estructurales detectados. En su informe, señalaba que algunos de los centros no funcionan ininterrumpidamente, otros presentan barreras de acceso a mujeres migrantes y muchas de las víctimas ni siquiera conocen la existencia de este tipo de centros especializados.

En la lectura que el Ministerio de Igualdad hace del cumplimiento del Pacto de Estado, destaca también otra cuestión de peso: el impulso a la ley contra la violencia vicaria y la ley integral de trata. Sin embargo, ambas legislaciones llevan tiempo enquistadas. El propósito de contar con una ley de trata lleva años instalado en la Administración, herencia del anterior ministerio y objeto de divisiones internas que no terminan de resolverse. La ley contra la violencia vicaria, si bien es un objetivo planteado recientemente, ha sido también motivo de desacuerdos entre los distintos ministerios implicados.

Las expertas advierten de que los discursos autocomplacientes son sólo útiles de cara a la galería, pero el verdadero éxito sólo llegará cuando las instituciones garanticen que todas las mujeres, en cualquier rincón del mapa, estén realmente protegidas. En un contexto de avance reaccionario, la tarea es urgente.