Lamine Yamal nació en Esplugues de Llobregat, de padre marroquí y madre de Guinea Ecuatorial, es negro y profesa el islam. Apenas cumplida la mayoría de edad, acumula los récords de precocidad del fútbol europeo y es el referente más visible de la selección española. Durante el amistoso España-Egipto en Cornellá, miles de aficionados en una zona reservada a grupos con invitación corearon consignas islamófobas. Visiblemente molesto en el campo, el jugador respondió en Instagram: "Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable". Lo que el episodio revela no es una anécdota ni un hecho aislado. Es la exteriorización de la denominada inclusión condicional. El delantero puede representar a España mientras haga goles, pero su fe es inadmisible en cuanto trasciende en público.

¿Habrían resonado los mismos cánticos si el rival hubiera sido Alemania, Brasil o Japón? El alarido "musulmán el que no bote" presupone un adversario percibido como religiosamente otro y ante Egipto, país árabe y africano cuya mayoría profesa esa misma fe, la frontera identitaria se activa con una especificidad que no operaría frente a otro equipo. El partido no engendró la islamofobia, pero sí proporcionó un objetivo reconocible y la cobertura de un espacio de masas donde la Real Federación Española de Fútbol no activó el protocolo antirracismo pese a la magnitud de lo ocurrido. Que de ese mismo círculo también emanaran consignas contra el presidente del Gobierno no es baladí. Es la prueba de que el islamófobo y el antisanchista comparten un mismo proyecto de construcción del enemigo.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia constata una persistente alza de casos en el conjunto del Estado. En Cataluña, las denuncias por odio islamófobo pasaron de 22 en 2022 a 72 en el pasado ejercicio, un incremento del 220%. El informe INFRA-D de Accem documenta que la población magrebí concentra el 36% de los incidentes de discriminación racial, aunque el fenómeno afecta también a otras comunidades islámicas, desde la argelina hasta la pakistaní. En España residen alrededor de un millón de marroquíes, que son blanco recurrente del odio antiislámico. Para ellos, lo sobrevenido en Cornellá no es novedoso. El poso de intolerancia llega ahora a los recintos deportivos y halla en la desinhibición colectiva un amplificador que hace aflorar la hostilidad que en otros contextos subsiste latente.

Lo ocurrido arroja luz sobre el proyecto político de la ultraderecha. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, no condenó los hechos. Al contrario, bajo su blindaje racial arremetió contra supuestas secuelas de la inmigración, desde el aumento de las violaciones hasta la presencia yihadista en Europa, aserciones que los datos no sustentan. No se acredita relación causal entre el fenómeno migratorio y la delincuencia, pero tal narrativa funciona como marco de sentido para establecer una separación entre quienes pertenecen a la tribu y quienes sobran. El PP, que ha condenado lo sucedido, defiende no obstante una "inmigración culturalmente próxima", que excluye implícitamente a colectivos de religiones no cristianas, y acaba de votar favorablemente en las Cortes Valencianas una proposición que vincula inmigración y criminalidad. Feijóo ha vinculado además el proceso de regularización en curso con el riesgo terrorista derivado del conflicto en Oriente Medio.

El año pasado se editó en español la obra de referencia de Francisco Bethencourt, Racismos, donde repasa las evoluciones del fenómeno desde la Edad Media hasta el siglo XX. El historiador portugués, profesor en el King's College, demuestra que el racismo no es un fenómeno natural sino una construcción política que combina prejuicio étnico o religioso con acción discriminatoria que responde a proyectos de dominación. Su tesis apunta que la racialización de las minorías desvía la tensión social hacia grupos vulnerables en lugar de abordar las causas estructurales de la desigualdad, movilizando a las clases populares contra el distinto antes que contra quienes concentran recursos y poder. Es la misma estrategia empleada en los años veinte y treinta contra judíos, comunidades gitanas y otros grupos humanos en los imperios coloniales, y que hoy opera a través de renovadas plataformas.

El mecanismo de activación de la animadversión no es espontáneo y no puede entenderse sin el aparato ideológico que lo sustenta. Las consignas en el estadio partieron de un grupo organizado en una zona estratégica de la grada y se propagaron a miles de espectadores. Según la psicología social, en espacios de alta intensidad emocional una parte significativa de la multitud secunda comportamientos iniciados con suficiente energía por conformidad antes que por convicción, cuando el anonimato disuelve cualquier responsabilidad individual. Vox participará el próximo 30 de mayo en Oporto en una cumbre para evitar "el suicidio étnico de la Europa blanca" por la presencia de comunidades musulmanas. La diputada ultra Rocío de Meer resume la posición del partido en tres palabras: "remigración o desaparición". El terreno está deliberadamente abonado. El estadio solo cosechó los frutos.

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David Alvarado es doctor en Ciencia Política, profesor universitario, periodista y consultor.

En 2020, España tenía más ateos y agnósticos que musulmanes. Bastante más: el 26,4% de la población no se identificaba con ninguna religión, frente al 3,6% que era musulmán. Si hubiera que describir la transformación religiosa real de España en la última década, el protagonista no sería el islam. Sería la secularización.

Este dato procede del informe Religious Diversity Around the World, publicado en febrero de 2026 por el Pew Research Center, el centro de investigación demográfica más citado del mundo en materia de religión. El estudio analiza la composición religiosa de 201 países y territorios a partir de más de 2.700 censos y encuestas, y construye un índice que permite comparar el grado de pluralismo religioso entre naciones y regiones. Sus conclusiones sobre España no dejan mucho margen a la ambigüedad: este es un país con una minoría musulmana modesta, en retroceso cristiano acelerado y con un nivel de diversidad religiosa inferior al promedio europeo.

Para ordenar y comparar, Pew utiliza el Índice de Diversidad Religiosa (RDI), una herramienta matemática derivada del índice Herfindahl-Hirschman, habitual en economía para medir la concentración de mercados. Una puntuación cercana a 0 indica que casi toda la población pertenece a un único grupo religioso. Una próxima a 10 refleja una distribución muy equilibrada entre siete categorías: cristianos, musulmanes, hindúes, budistas, judíos, otras religiones y personas sin afiliación religiosa.

España obtuvo en 2020 una puntuación de 5,2, lo que la sitúa en el nivel “moderado” de diversidad. Diez años antes, en 2010, su puntuación era de 4,0. El salto es real, pero su causa principal no es el crecimiento del islam sino la desafiliación religiosa masiva entre la población tradicionalmente cristiana.

La comparación dentro de Europa es donde el contraste se hace más nítido. El continente en su conjunto registra un RDI de 5,6, clasificado como diversidad ”alta”. España, con su 5,2, no alcanza ese umbral. Está por debajo de la media.

Los países europeos con mayor diversidad religiosa son también aquellos con minorías más numerosas y mejor distribuidas: Francia alcanza un RDI de 6,9, el Reino Unido llega igualmente a 6,9, Suecia a 6,3, Alemania a 6,4, Suiza a 6,1 y Bélgica a 6,8. Todos clasificados como diversidad “alta”. España, con su 5,2, no comparte esa categoría.

El desglose de población musulmana confirma la misma imagen. Francia tenía en 2020 un 9,1% de musulmanes. El Reino Unido, un 6,4%. Alemania, un 6,5%. Suecia, un 8,1%. Austria, un 8,3%. Bélgica, un 6,8%. España, con su 3,6%, estaba por debajo de todos ellos, y en algunos casos la diferencia no es marginal: Francia tenía más del doble de proporción de población musulmana que España. Suecia, más del doble también. Austria, más del doble.

Para encontrar países europeos con proporciones similares a las de España hay que mirar hacia el sur y el este del continente: Italia tenía un 4,4%, Grecia un 5,1%, Portugal un 0,4%. España ocupa, en el mapa europeo, una posición intermedia-baja en lo que a presencia musulmana se refiere.

Hay un ángulo que los relatos del pánico demográfico eluden sistemáticamente. El principal cambio en la composición religiosa española entre 2010 y 2020 no fue el crecimiento del islam, sino el retroceso del cristianismo y la expansión de la desafiliación religiosa.

En una sola década, la proporción de cristianos en España bajó del 78,6% al 69,5%: nueve puntos porcentuales. En el mismo período, las personas sin religión pasaron del 19% al 26,4%, un crecimiento de más de siete puntos. El islam creció del 2,1% al 3,6%, un aumento de un punto y medio. Los titulares sobre el cambio religioso en España deberían hablar de laicización, no de islamización.

Este patrón se repite en toda Europa occidental con variaciones de grado. El informe de Pew documenta que los cambios más significativos en el RDI de alrededor de dos docenas de países entre 2010 y 2020 se debieron fundamentalmente a la desafiliación cristiana. En Estados Unidos, el mayor país cristiano del mundo por número de fieles, la proporción de cristianos cayó catorce puntos en una década, del 78% al 64%, mientras que los sin religión pasaron del 16% al 30%. El país no se islamizó. Se secularizó.

Un informe anterior del mismo Pew Research Center, publicado en 2017 y dedicado específicamente al crecimiento de la población musulmana en Europa, ofrecía proyecciones hasta 2050 bajo tres escenarios distintos en función de los flujos migratorios.

En el escenario de cero migración —suponiendo que toda inmigración cesase de forma inmediata y permanente—, la población musulmana en España crecería del 2,6% de 2016 al 4,6% en 2050, impulsada únicamente por la mayor fecundidad relativa y la menor edad media de esa población. En el escenario de migración media —continuación de flujos regulares sin el componente de refugiados—, el porcentaje llegaría al 6,8%. En el escenario alto, el más extremo y que el propio informe calificaba de poco realista para España dado su perfil migratorio histórico, alcanzaría el 7,2%. Dentro de 24 años.

El contexto de esas cifras importa tanto como las cifras mismas. España es un destino de migración regular procedente principalmente de Marruecos, no un receptor masivo de refugiados como sí lo fueron Alemania o Suecia durante la crisis de 2014-2016. Esa diferencia en el perfil migratorio explica por qué las proyecciones españolas son las más moderadas de Europa occidental. En el escenario alto para Suecia, la proporción de musulmanes podría superar el 30% en 2050. Para España, no llega al 8% ni en el peor de los casos.

Dicho de otro modo: en 2050, incluso en el escenario más elevado de las proyecciones, España tendría una proporción de musulmanes inferior a la que Francia, el Reino Unido o Alemania tenían ya en 2020.

Habrá quien considere desactualizadas las cifras del Pew y sus previsiones. Según el Barómetro sobre Religión y Creencias en España (BREC) 2025, elaborado por un equipo académico coordinado por Eugenia Relaño Pastor y publicado por el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, las confesiones no católicas, incluyendo la musulmana junto al resto de minorías religiosas, no superan en 2025 el 8% de la población adulta, frente a una mayoría relativa que sigue declarándose católica y a un 42% que se sitúa ya fuera de cualquier adscripción religiosa.

No es el único estudio que apunta en esa dirección. En la nota de coyuntura social de Funcas titulada Poco más de la mitad de los españoles se reconoce como católico (junio de 2025), elaborada por el Área Social de Funcas, se señala que las religiones no cristianas —principalmente el islam— han crecido en la población residente en España, pasando del 1% al 3% entre 2002 y 2024 según la Encuesta Social Europea.

Pero este aumento se inscribe en un contexto en el que el espacio dejado por el catolicismo no ha sido ocupado sobre todo por otras confesiones, sino por personas que se declaran indiferentes, agnósticas o ateas. El informe subraya que, pese a la incorporación de población de origen extranjero que podría haber impulsado otras religiones, el cambio más cuantitativamente relevante es el incremento de quienes no se identifican con ninguna religión, del 22% en 2002 al 42% en 2024, lo que supone una transformación sustancial del panorama religioso en España.

La teoría del gran reemplazo, popularizada por el escritor francés Renaud Camus a partir de 2011 y adoptada posteriormente por partidos y movimientos de extrema derecha en toda Europa, incluido Vox, sostiene que las poblaciones autóctonas occidentales están siendo reemplazadas deliberadamente por poblaciones inmigrantes de mayoría musulmana. Es una narrativa que ha inspirado atentados terroristas —en Christchurch, en Quebec o en Londres— y que ha ido ganando terreno en el discurso político convencional de varios países europeos, España incluida.

Su eficacia persuasiva no descansa en los datos, sino en su capacidad de generar inquietud ante cambios demográficos reales, pero mucho más modestos de lo que el relato sugiere. La presencia musulmana en España es un hecho documentado y ha crecido en las últimas décadas, igual que ha crecido el número de personas de otras confesiones y de ninguna. Eso es lo que hacen las sociedades abiertas: diversificarse. Pero la distancia entre ese proceso —gradual, documentable, comparable con el de cualquier democracia europea— y la narrativa de la sustitución deliberada es la distancia que separa un hecho de una conspiración.

Los datos del Pew Research Center no hacen política. Miden distribuciones, proporciones, índices. Y lo que miden para España en 2020 es un país con mayoría cristiana en retroceso acelerado, un sector laico en expansión, una minoría musulmana por debajo de la media europea y un nivel de diversidad religiosa moderado. Nada en esas cifras sostiene el relato del gran reemplazo.

Europa tiene un reflejo recurrente en momentos de crisis política en el extranjero: la búsqueda de un rostro único que encarne movimientos sociales complejos. En el caso del levantamiento iraní de 2026, ese impulso se ha traducido en la rápida elevación de figuras en el exilio como presuntos “líderes” de una revuelta que se desarrolla dentro del país. Pero la visibilidad exterior no equivale a legitimidad organizativa en el interior.

El levantamiento nacional que sacudió Irán a finales de 2025 y comienzos de 2026 ha sido uno de los episodios políticos más relevantes desde 1979. Lo que comenzó como protestas contra el colapso económico y la corrupción evolucionó hacia una rebelión extendida a las 31 provincias del país. Los manifestantes rechazaron la dictadura en todas sus formas y exigieron una república democrática. La represión del régimen reveló la profundidad del descontento y la crisis estructural de la República Islámica.

A diferencia de anteriores olas de protesta, esta insurrección mostró signos de coordinación política. Las autoridades iraníes denunciaron reiteradamente la implicación de redes clandestinas asociadas a las unidades de resistencia de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, lo que refleja un reconocimiento involuntario del régimen de que existen estructuras políticas organizadas dentro del país. Las protestas no fueron meros estallidos espontáneos, sino la expresión de demandas políticas acumuladas y de una creciente conciencia republicana.

Un lema condensó el espíritu del movimiento: “Abajo el opresor, sea el Sha o el Ayatolá”. No era una llamada a restaurar el pasado ni una petición de intervención extranjera. Era el rechazo del autoritarismo en todas sus formas y una afirmación de autodeterminación.

Sin embargo, fuera de Irán la imagen ha sido con frecuencia distorsionada. A medida que la movilización se intensificaba, ganó fuerza en medios occidentales y círculos políticos la búsqueda de un “líder de la oposición” único en el exilio. Esa proyección ha contado además con una amplificación constante en medios en lengua persa como BBC Persian y la cadena Iran International, financiada por capital saudí, que han contribuido a consolidar su perfil como referencia exterior.

Durante la crisis de enero defendió públicamente “acciones sobre Irán” que muchos ciudadanos dentro del país observan con cautela. En las calles iraníes, el discurso dominante ha rechazado tanto la dictadura como la intervención militar externa, insistiendo en un cambio impulsado desde dentro.

La sobredimensión de la diáspora también ha condicionado las percepciones. Las cifras de la concentración pro-Pahlavi del 14 de febrero en Múnich fueron ampliamente infladas a nivel internacional y posteriormente cuestionadas por la prensa alemana mediante análisis técnicos que redujeron la asistencia anunciada. El episodio muestra cómo el espectáculo exterior puede cristalizar en narrativas políticas que proyectan una imagen de liderazgo consolidado no necesariamente respaldada por la realidad sobre el terreno.

En ese mismo acto, un orador invocó la fórmula “una patria, una bandera, un líder” en referencia a Pahlavi, una construcción con similitudes estructurales con el eslogan nazi “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”. En el contexto alemán, esa retórica evoca asociaciones inquietantes y remite a estéticas políticas vinculadas al neofascismo.

Un contraste significativo se observó en la concentración del 7 de febrero en Berlín. Representantes de movimientos kurdos, grupos republicanos de izquierda y liberales, asociaciones de mujeres y redes cívicas se reunieron bajo un lema ampliamente coreado dentro de Irán: “Ni Sha ni mulás, hacia una república democrática y laica”. El énfasis no estaba en restaurar una dinastía ni en aglutinarse en torno a un título heredado, sino en construir un futuro basado en la igualdad, el laicismo y el pluralismo político.

Esta distinción es fundamental. Las transiciones democráticas no se construyen en torno a la visibilidad personal ni a la continuidad dinástica. Se articulan mediante movimientos organizados y compromisos institucionales. Confundir claridad mediática con profundidad política puede conducir a diagnósticos erróneos.

El panorama opositor iraní no carece de plataformas organizadas. Entre ellas, el Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, impulsor de la concentración de Berlín, ha articulado un marco transitorio centrado en la movilización interna más que en la intervención extranjera, defendiendo la separación entre religión y Estado, la igualdad de género y la abolición de la pena de muerte. Tales propuestas merecen ser evaluadas por su programa y su profundidad organizativa, no por su visibilidad mediática.

Para Europa, las implicaciones son claras. El compromiso diplomático, la política de sanciones y cualquier eventual apoyo a una transición dependen de una evaluación rigurosa de qué actores cuentan con capacidad real dentro de Irán. Confundir el espectáculo exterior con legitimidad interna puede distorsionar decisiones políticas y reforzar involuntariamente la narrativa del régimen de que la oposición es un producto fabricado desde fuera.

El levantamiento iraní de 2026 no es una disputa sobre quién hereda el poder, sino sobre si el poder será responsable ante la ciudadanía. Las consignas que resuenan en las calles rechazan tanto la teocracia como la monarquía porque, en Irán, ambas representan el autoritarismo. 

El futuro de Irán no lo decidirán títulos heredados ni ópticas amplificadas desde la diáspora, sino fuerzas pluralistas capaces de transformar la protesta en una república democrática.

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Firouz Mahvi es analista especializado en asuntos de Irán, derechos humanos y política europea.

El pleno del Ayuntamiento de Lorca (Murcia) ha aprobado este lunes, a propuesta de Vox y con el respaldo del PP, una moción para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios municipales, iniciativa que ha contado con el voto en contra del PSOE e IU-V-AV, informa EFE.

La concejala de Vox María Teresa Ortega ha justificado la propuesta en la necesidad de “garantizar la identificación, la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios públicos” y en su moción defiende que “la identidad visual del rostro resulta en determinados servicios y trámites presenciales un requisito imprescindible y funcional”.

La propuesta de su partido pasa por “regular una condición objetiva de acceso y uso de dependencias municipales vinculada exclusivamente a la ocultación integral del rostro, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien porte esa prenda”.

Según Ortega la regulación se aplicaría “a cualquier atuendo que impida o dificulte sustancialmente la identificación facial” y la propuesta de su partido se basa en la Ley de Bases del Régimen Local que ampara la capacidad de los ayuntamientos para fijar condiciones de acceso a sus instalaciones.

La concejala de Vox también ha argumentado que la utilización de estas prendas “tiene una clara implicación de erradicación de identidad personal de la mujer de la vida colectiva” y es una muestra de “sometimiento al varón” y ha pedido “no normalizar bajo ningún concepto códigos de vestimenta que pongan a la mujer por debajo del hombre”.

El PP ha recogido la propuesta de Vox de prohibir el velo islámico integral en España –justificada por motivos claramente islamófobos– y, tras su rechazo en el Congreso, la ha racionalizado y civilizado dándole encaje en los estándares de libertades públicas establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pero que la proposición de ley orgánica presentada el jueves por el partido conservador entre en los límites de la doctrina que estableció el tribunal de Estrasburgo no significa que en España pueda considerarse constitucional. La aconfesionalidad establecida en la Constitución tolera de manera muy amplia las manifestaciones de las distintas religiones y credos aunque choquen con otros derechos fundamentales. Incluso en casos como el rechazo a las transfusiones de los Testigos de Jehová, que fue aceptado por el Tribunal Constitucional, pese a la implicación del derecho a la vida y a la integridad.

Frente al texto de Vox, que planteaba castigar el uso del burka o el niqab aplicando la ley de seguridad ciudadana –la ley mordaza– con multas de hasta 600 euros y preveía la expulsión en caso de reiteración por una extranjera inspirándose en "los pilares de la tradición cristiana y de la cultura grecorromana", el PP ha presentado una propuesta mucho acotada cuyo articulado se parece a la ley francesa de 2010 que prohibió en el espacio público "las prendas diseñadas para la ocultación del rostro". Al igual que la norma del país vecino, la primera en salir adelante en Europa, su preámbulo recoge entre los motivos para su eventual aprobación el argumento de la necesidad de proteger por parte del Estado "la convivencia" y "la interacción social básica", las mismas razones a las que el tribunal de Estrasburgo se aferró en 2014 para permitir la prohibición francesa.

La motivación de la proposición de ley del PP, sin embargo, hace referencia a otros motivos rechazados por el TEDH, como el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Estrasburgo asegura que no se puede validar una prohibición del burka con ese razonamiento cuando se trata de "una práctica defendida por mujeres", a menos que deba entenderse que "las personas pueden ser protegidas del ejercicio de sus propios derechos fundamentales"; es decir, que las mujeres no deben ser tuteladas sobre lo que quieran o no quieran ponerse. El PP también se refiere a "la dignidad", pero el tribunal rechaza ese motivo argumentado que aunque esas prendas "pueden ser percibidas como extrañas" por muchas personas, son "la expresión de una identidad cultural que contribuye al pluralismo inherente a una sociedad democrática".

El tribunal europeo, por último, rechazó los motivos relacionados con la seguridad ciudadana que también esgrime ahora el PP, es decir, el peligro que puede suponer un velo integral para la identificación de las mujeres que lo lleven. Prohibir el burka o el niqab por ese motivo supondría privar a esas personas "de un elemento de su identidad que consideran importante", así como de "la forma en la que han elegido para manifestar su religión o sus creencias", algo que, según Estrasburgo podría evitarse con "una mera obligación de mostrar el rostro e identificarse cuando se haya establecido un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes o cuando circunstancias particulares hagan sospechar una suplantación de identidad".

En su sentencia, el TEDH interpretó exclusivamente la norma francesa, que fue aprobada en la Asamblea Nacional de ese país (equivalente al Congreso) con un solo voto en contra, el mismo resultado que obtuvo en el Senado. La propia resolución tuvo en cuenta ese consenso en un Estado en el que la laicidad, en el sentido de la estricta separación del ámbito público del religioso –que impone una rigurosa neutralidad de los organismos y cargos públicos– es un principio consagrado en Francia legal y constitucionalmente desde 1905. "Las normas en este ámbito varían de un país a otro según las tradiciones nacionales y las exigencias impuestas por la necesidad de proteger los derechos y libertades de los demás y mantener el orden público", relataron los magistrados.

Eso es lo que explica que una proposición de ley como la del PP, que en principio parece adaptada a los cánones impuestos por Estrasburgo, podría perfectamente ser declarada inconstitucional en España en caso de que fuera aprobada: que la peculiaridad francesa de la laicidad es mucho más restrictiva que la aconfesionalidad de nuestra Constitución, que obliga a los poderes públicos a tener en cuenta "las creencias religiosas de la sociedad española" y a mantener con las diferentes confesiones "relaciones de cooperación", en especial con la "Iglesia católica", que aparece expresamente recogida en el artículo 16 de la norma fundamental, el que regula el derecho fundamental a la libertad religiosa.

Al contrario que en Francia, donde las religiones se excluyen del ámbito público, España mantiene acuerdos sobre la participación de las distintas confesiones. Especialmente con la Iglesia católica, a la que el Estado financia a través de la declaración de la renta de todos y para la que se han establecido determinados beneficios fiscales, además de su participación en la educación pública, hospitales, fuerzas armadas, cárceles, el reconocimiento del matrimonio religioso... La relación con la Comisión Islámica de España, las comunidades judías y los evangélicos, aunque menos intensa, se regula a través de tres acuerdos firmados en 1992, que regulan el estatuto de sus ministros de culto (imanes, rabinos o pastores), un régimen fiscal particular y su participación en la educación y otros ámbitos públicos. En 2023, ese régimen fiscal se extendió a otros cultos como la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, los mormones o los Testigos de Jehová.

En el marco de esa tradición, el Tribunal Constitucional ha dado una interpretación muy amplia a la libertad religiosa admitiendo incluso prácticas polémicas de algunas confesiones, aunque todavía no se ha pronunciado sobre el velo integral. El órgano de garantías español, por ejemplo, amparó la libertad religiosa de unos padres testigos de Jehová que rechazaron una transfusión para su hijo de 13 años. El tratamiento fue finalmente ordenado por un juez, pero llegó tarde y el menor murió. La sentencia, de 2002, reconocía ese mismo derecho al niño, que también manifestó antes de morir su negativa a ser transfundido, pese a lo cual se le suministró la sangre que necesitaba.

En 2001, el órgano de garantías obligó al Ministerio de Justicia a inscribir en el registro de entidades religiosas a la denominada secta Moon (Iglesia de la Unificación), a la que se había denegado esa posibilidad tras haber sido considerada por la Audiencia Nacional "una asociación con fines ilícitos, cuyos métodos para la captación de nuevos miembros constituye un verdadero peligro". Pese a que el Parlamento Europeo la había calificado de "secta destructiva", el Constitucional obligó al Gobierno a registrarla como cualquier otra confesión al considerar que se había vulnerado la libertad religiosa de sus seguidores. "Solo por sentencia firme, y por referencia a las prácticas o actividades del grupo, podrá estimarse acreditada la existencia de conductas contrarias al orden público que faculten para limitar lícitamente el ejercicio de la libertad religiosa", estableció el tribunal.

Vuelta a la sentencia del TEDH que avaló la prohibición francesa del burka y el niqab. La decisión de Estrasburgo no fue pacífica. Dos de sus magistrados redactaron un voto particular discrepante en el que entendían que el veto a ambas prendas sí atentaba contra el derecho a la vida privada y familiar y la libertad religiosa. La resolución recoge, además, la opinión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (la organización internacional a la que pertenece el tribunal), que recomendó no prohibir el uso general del velo integral advirtiendo que podría provocar que las mujeres que deseen llevarlo se quedaran en casa y fueran excluidas socialmente, abandonaran sus trabajos fuera del hogar o sus estudios. El camino, según la resolución que se aprobó en 2010, debía ser desarrollar políticas "destinadas a aumentar la conciencia de las mujeres musulmanas sobre sus derechos, ayudarles a participar en la vida pública y ofrecerles igualdad de oportunidades para ejercer una vida profesional y obtener independencia social y económica".

"La prohibición del burka y el niqab no liberará a las mujeres oprimidas, sino que podría conducirlas a una mayor exclusión y alienación en las sociedades europeas", sostuvo por su parte el Comisario de Derechos Humanos de esa misma organización en un dictamen también recogido en la resolución de Estrasburgo. "Una prohibición general de tal vestimenta constituye una invasión desacertada de la privacidad individual", proseguía el texto, que concluía que, una medida como la que ahora proponen Vox, el PP y Junts, "sería tan desafortunada como criminalizar las caricaturas danesas. Tal prohibición es ajena a los valores europeos".

El único precedente en España fue la aprobación por el Ayuntamiento de Lleida, en 2010, de una ordenanza que prohibía el uso de esta vestimenta (como cualquier otra que tapara la cara) en dependencias municipales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló la medida, pero su sentencia fue revocada por el Tribunal Supremo en 2013. El argumento fue que una norma municipal no puede regular derechos fundamentales como la libertad religiosa, que están reservados a una ley orgánica. La sentencia del Alto Tribunal, sin embargo, recogía algunos de los puntos ahora en debate como el riesgo de enclaustramiento de las mujeres que llevaran el velo integral y el rechazo a que su uso perturbara la tranquilidad y la convivencia. "Carece de demostración convincente en cuanto simple constatación sociológica", concluyó.

La ultraderecha no defiende a las mujeres. No: no hay un feminismo de Vox, ni en Extremadura ni en ningún otro sitio. Y, sin embargo, asistimos a la aparición de argumentos pseudofeministas en torno a la propuesta de prohibir el burka, que Vox y PP utilizan para agitar aún más el debate político. Resulta especialmente descorazonador comprobar cómo algunas voces feministas de referencia compran este mensaje de brocha gorda —y no es el único que compran de la ultraderecha—. Desde ciertos sectores de la izquierda, por su parte, se añade que un Estado laico no puede permitir esta práctica. España es un Estado aconfesional, por cierto, pero este matiz no es ahora relevante. Feminismo y laicismo, dos conceptos que se apoyan o se rechazan, desde la izquierda y la derecha, dependiendo de cuántos votos calculen unos y otros que van a arañar tirándoselos a la cabeza al contrincante.

La cuestión del burka es especialmente atractiva para los intereses de algunos partidos. Incluye mujeres, inmigrantes e islam, y se presenta en algunos casos como una propuesta compasiva para mostrar la superioridad de nuestra civilización sobre otras. No se engañen: es una trampa. Las derechas no están preocupadas por el bienestar de las mujeres. Las derechas están instrumentalizando valores y miedos legítimos para seguir marcando la agenda política y arrinconar a la izquierda en sus contradicciones.

Una sociedad democrática debe velar por la seguridad de sus ciudadanos. Por esta razón, quizá sería aconsejable regular en qué circunstancias individuos con el rostro cubierto pueden transitar por espacios públicos. En España no hay prohibición al respecto, no porque no se haya intentado, sino porque no es tan fácil de implementar sin entrar en conflicto con el Estado de derecho. ¿Podemos prohibir que repartidores de comida a domicilio entren en restaurantes con casco? ¿Hay que prohibir el uso de mascarillas? ¿Qué hacemos con pañuelos y bufandas? Intuitivamente, hay una diferencia entre un pasamontañas y una mascarilla, pero hacer leyes justas que prohíban situaciones peligrosas y permitan situaciones razonables conlleva dificultades que han imposibilitado hasta ahora la aprobación de medidas en esta dirección. Especialmente en un clima político como el que vivimos. Todo esto las derechas lo saben, saben que las mujeres con burka no representan ninguna amenaza para la sociedad y saben igualmente que el asunto del burka no va a prosperar. Pero qué más da, estamos en perpetua precampaña electoral.

El burka es una “salvajada”, ha dicho Gabriel Rufián recientemente en un acto público. Hay razones sobradas para apoyar esta opinión. La identificación de las personas en espacios públicos es una medida de protección para todos. Máscaras y velos no solo imposibilitan la identificación de potenciales agresores, sino que imposibilitan la identificación de las víctimas. El burka oculta las marcas de la violencia, el miedo, la angustia y la desesperación. Impide además que esas mujeres sean reconocidas como individuos y que puedan interactuar con otros. Una persona con la cara tapada pierde parte de su humanidad, no puede comunicarse, expresarse, recibir reconocimiento o pedir ayuda. Sin tu cara, no eres nadie. Por estas razones, el burka es una salvajada, sí, una forma de tortura contra las mujeres, amparada desde una interpretación radicalizada de una religión que se ha convertido en caballo de batalla política. 

Pero no saquen pecho, señores, cristianismo y judaísmo no están en condiciones de tirar la primera piedra. La subordinación de las mujeres y la violencia de género han encontrado amparo histórico en interpretaciones dominantes de estas tradiciones, desde la resistencia al divorcio y la prohibición del aborto hasta la normalización de las violaciones dentro del matrimonio. En suma, la naturalización de relaciones de dependencia estructural de las mujeres respecto de los varones. El bienestar de las mujeres no interesa ni a los defensores de los valores de occidente ni a los islamistas radicales. En este debate, como en tantos otros, las mujeres son siempre las víctimas, que quedan atrapadas en el fuego cruzado entre los contendientes que supuestamente pelean por defenderlas.

Y en este tema el laicismo también es parte de la solución. El laicismo con todo lo que conlleva, no su invocación interesada y parcial. Feminismo y laicismo son aspectos constitutivos de la democracia en la medida en que ambos persiguen la ampliación de derechos, la igualdad y la no discriminación. El laicismo rechaza que se pueda apelar a códigos religiosos para legitimar prácticas como la ablación, la tortura, la violación o la deshumanización extrema que supone el burka. Rechaza también que tales códigos obstaculicen el ejercicio de derechos, como la interrupción del embarazo o la posibilidad de una muerte digna. El laicismo es, en ese sentido, garantía del respeto a la dignidad de las personas y del ejercicio efectivo de su autonomía.

Las mujeres han sido a menudo las transmisoras de costumbres que perpetúan su propia discriminación, amparadas en religiones estructuralmente dominadas por varones. Por eso, el movimiento feminista tiene que ser laicista. Pero no nos tomen el pelo, señoras y señores de la derecha. Si existe una preocupación genuina por el bienestar de las mujeres, abran el debate del laicismo en serio e impidan que las religiones sigan siendo instrumentos de dominación y adoctrinamiento en beneficio de los de siempre y en perjuicio de las de siempre. ¿Están dispuestos? Pues si no, no nos hagan perder el tiempo. Y dejen de gastar dinero público en sus luchas internas, que lo único que hacen es desviar la atención de los asuntos importantes y alejar a los ciudadanos de la política.

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María José Frápolli es miembro del Grupo de Pensamiento Laico y catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia (UGR).

El pleno del Congreso ha rechazado este martes la proposición de ley de Vox para prohibir el uso del nicab y el burka en el espacio público, tras un debate en el que los portavoces de los grupos han reconocido sus reticencias al uso de estas prendas, informa EFE.

La votación para la toma en consideración de la iniciativa ha sido rechazada con 177 votos en contra -de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Compromís-, frente a 170 votos a favor, pues al apoyo de Vox se han sumado el PP y UPN. Ha habido una abstención.

El PP había mostrado su voluntad de votar a favor de la proposición de ley de Vox, mientras que JxCat registraba este martes su propio proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas.

Durante el debate, la diputada de Vox Blanca Armario ha definido el burka como una "mazmorra textil" y el uso del velo como una "práctica incompatible con los valores fundamentales de Europa".

"No es intolerancia, sino cuidado de aquello que durante siglos nos ha costado mucho construir", ha asegurado Armario, quien ha acusado a la izquierda de "acelerar el borrado" de la identidad nacional y a los populares de "apoyar" al PSOE en ese camino.

El PP ha considerado que el texto es "imperfecto", pero ha criticado la postura de la izquierda por "indefendible". "Son mujeres en cárceles de tela", ha subrayado Ester Muñoz.

"El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina", ha afirmado la diputada popular.

Para el PNV, las sanciones que propone Vox son "desproporcionadas" y "discriminatorias", dado que solo afectan a prendas islámicas, y el texto registrado "exacerba estereotipos impuestos al islamismo fomentando su intolerancia en la sociedad".

"Creemos que deberíamos poder debatir sobre la regulación en espacios públicos de prendas que cubran completamente el rostro", ha subrayado el diputado vasco Mikel Legarda, cuyo partido ha propuesto la creación de una subcomisión de estudio en el Congreso para analizar el tema con expertos, "sin argumentos xenófobos" y basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

JxCat también ha registrado este martes su propio proyecto de ley: "Ni burka, ni Vox. Ni velo integral, ni la extrema derecha. Tampoco miedo, tampoco complejos", ha aseverado la diputada catalana Miriam Nogueras, quien ha reivindicado una norma hecha a la "catalana", basada en la "centralidad".

Desde el PSOE, Andrea Fernández ha reconocido que indumentarias como el burka o el nicab "parten de lógicas machistas" y se ha abierto a mantener un debate "serio y riguroso" sobre el tema. "No queremos para otras lo que no queremos para nosotras mismas", ha puntualizado.

Sin embargo, la diputada socialista ha advertido a Vox de que esta premisa "no abre la puerta al racismo, la xenofobia y el supremacismo", y ha reivindicado la "tolerancia como valor moral".

"Mezclar delincuencia con islam no tiene nada que ver con la dignidad de las mujeres, pero sí tiene mucho que ver con su xenofobia, con la polarización que pretenden trasladar a la sociedad española", ha subrayado Fernández, quien ha criticado el "populismo" de los de Santiago Abascal.

Por su parte, la diputada de ERC Pilar Valluguera ha criticado tanto el discurso de Vox como el de JxCat, pese a que ha reconocido que a su formación tampoco le gustan ni el burka ni el nicab.

"Quienes niegan la violencia machista no pueden venir a dar lecciones sobre la dignidad o seguridad de las mujeres", ha resaltado Esther Gil de Reboleño, de Sumar, quien ha expresado que el uso del burka es un fenómeno minoritario en España y ha instado a Vox a proteger a las mujeres musulmanas apoyando la regularización de migrantes.

El Congreso también ha rechazado este martes una proposición de ley sobre la evaluación del impacto en el ámbito de la juventud de las políticas públicas, impulsada por el PSOE, que proponía modificar la legislación para que la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas públicas tenga en cuenta la juventud como indicador de evaluación.

La iniciativa se ha rechazado por 172 votos a favor y 174 en contra.

El PP de Cataluña impulsará una proposición de ley desde el Parlament para pedir al Congreso de los Diputados que prohíba el burka y el niqab en el espacio público, según recoge EFE.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del PP de Cataluña en el Parlament, Juan Fernández, que ha recordado que el Parlamento balear aprobó recientemente una iniciativa para instar al Gobierno central a prohibir el uso del burka en espacios públicos.

Fernández ha explicado que su grupo presentará una proposición de ley en el Parlamento catalán para ser trasladada al Congreso, para que prohíba el uso del burka y el niqab en espacios públicos.

Según el portavoz popular, no se trata de una iniciativa "contra la libertad de creencias", sino de una "medida por la seguridad y por la dignidad de la mujer".

El burka, ha denunciado, "no es una prenda neutra, es un símbolo de sumisión y de invisibilidad", que "representa la negación de la igualdad entre el hombre y la mujer".

"¿Qué tipo de feminismo es aquel que tolera que las mujeres tengan que ir bajo una prisión de tela?", se ha preguntado Fernández, que no se ha pronunciado sobre qué votará su partido en el Congreso en el debate sobre la proposición de ley de JxCat contra el burka.

Por otra parte, Fernández ha celebrado que la Junta de Portavoces del Parlament haya dado luz verde a tramitar una propuesta del PPC para "suprimir el impuesto de sucesiones en Cataluña".

En su opinión, este "impuesto de la muerte" grava el "esfuerzo de toda una vida", por lo que no puede considerarse "justicia fiscal".

Junts ha anunciado que no apoyará la propuesta de Vox que debate este martes el Congreso para prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos porque, aunque rechaza el uso del velo en estos lugares, según recoge EFE. Por ello, la formación catalana ha registrado un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y solicitar la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas, señala en su comunicado.

“Ni burka, ni VOX. Junts per Catalunya registra un proyecto de ley para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y la delegación a Catalunya de competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas. Una ley rigurosa y que sí cumple los estándares europeos”, explican en el documento.

El no de Junts impedirá que la iniciativa de Vox salga adelante, pese a que el PP ha anunciado su apoyo. "Decimos no al burka porque es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian. Decimos no al fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas", asegura la formación catalana.

Subraya Junts que "nunca ha votado ninguna propuesta de Vox" en el Congreso y asegura que la formación que lidera Santiago Abascal "es un partido político anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Catalunya".

El Congreso debate este martes la toma en consideración de la proposición de Vox para prohibir el uso en el espacio público o en espacios privados con "proyección de uso público" de velos como el nicab y el burka al considerar que el uso de estas prendas tiene una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva" y de "sometimiento al varón".

La iniciativa parlamentaria propone también castigar con hasta tres años de prisión a los que impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo, así como la expulsión del territorio español de los extranjeros cuando cometan alguna infracción grave.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes que votarán a favor del proyecto de ley de Junts para prohibir el burka si es "igual" al que han presentado ellos mismos en el Congreso de los Diputados y que Junts rechaza. Después de que Junts haya anunciado que no votarán en el Congreso de los Diputados la propuesta de Vox para prohibir el burka y el nicab en espacios públicos para presentar una propia, Garriga ha abierto la puerta a apoyarla.

"Si la propuesta es literal, igual a la de Vox, la votaremos a favor porque hemos venido a mejorar la vida de la gente. Y si sólo incluye el nicab haremos enmiendas para que incorpore el burka", ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio. Para Garriga, es "evidente" que Junts no quiere apoyar una propuesta de Vox por tacharlos de "fascistas y homófobos, las cuatro tonterías que nadie se cree pero que rentan mucho a ciertos partidos".

Ramadán es un momento de gran importancia para la comunidad musulmana. Se trata del nombre del noveno mes del hijri, el calendario islámico, y consiste en un período de recogimiento donde las personas que practican el islam trabajan en conectar más con la religión y su espiritualidad, así como con la familia y los seres queridos.

El hijri es un calendario lunar y no coincide con el gregoriano (el que usamos de manera estándar en Occidente), así que cada año las fechas en las que se desarrolla el Ramadán son distintas. En España, este año comprende desde la noche del 17 de febrero hasta el 20 o 21 de marzo, dependiendo del estado de la luna. 

Durante este periodo, que dura entre 29 y 30 días, unos dos millones de personas celebran esta festividad en España, y unos 2.000 millones en todo el mundo. El islam, la segunda religión más seguida del planeta, engloba al 25% de la población mundial.

Durante este mes se transita un período de recogimiento. Se trata de reconectar con uno mismo y con la religión, y de buscar el equilibrio y la estabilidad para revisarse y mejorar. Entre otras cosas, se practica el ayuno durante las horas de sol. Además, se favorece la lectura, el estudio del Corán, la solidaridad y se intenta mejorar las relaciones con los demás.

Desde que sale el sol hasta que se pone no se ingieren alimentos ni bebidas. Tampoco se toma agua ni café ni se mastican chicles. Los niños, las personas ancianas o enfermas, aquellas que estén en período de lactancia, menstruando, etc., están exentas de realizarlo. Esta parte de la práctica suele iniciarse en la preadolescencia, entre los 12 y los 14 años, cuando los niños ya son suficientemente mayores.

Al anochecer es tradición reunirse con la familia y los seres queridos para romper el ayuno y comer los platos especialmente cocinados para la ocasión. La costumbre marroquí, por ejemplo, es la de tomar leche, dátiles y harira (un tipo de sopa). 

Durante el Ramadán no se suele escuchar música, sino que suelen estar presentes grabaciones de versos del Corán, recitados por los mejores oradores.

Al finalizar este período tiene lugar el Eid al-Fitr, que se corresponde con los tres primeros días del mes siguiente (Shawwal). Esta festividad, traducida como “Fiesta de ruptura del ayuno”, se celebra con los seres queridos con mesas repletas de comida y puede felicitarse con la expresión "¡Eid Mubarak!" (¡Feliz Eid!).

Los practicantes del ayuno que no hayan podido realizarlo por algún motivo que sea transitorio, suelen “recuperarlo” a lo largo del año, ayunando otros días. Si, por el contrario, la persona no puede ayunar nunca, por ejemplo, por motivos de salud, es común donar a los más necesitados la cantidad proporcional de dinero o comida que has ingerido durante esas semanas.

El calendario islámico o hijri es un calendario lunar con 12 meses, con 354 o 355 días, dependiendo del año. Se diferencia del gregoriano (el usado en casi todo el mundo, incluido España) en que se guía por las fases de la luna para definir el inicio del nuevo mes. Además, el día comienza cuando cae el sol, y no después de medianoche, como en el gregoriano. 

Comenzó en el 622 d.C., por lo que en la actualidad es el año 1447 H (de la Hégira). Arabia Saudí es el único país que lo usa oficialmente, mientras que el resto de la comunidad musulmana lo usa de guía para conocer las fechas de los eventos relacionados con el islam, como el Ramadán, el Eid, etc.

Para saber cuándo comienza y termina exactamente este noveno mes del hijri, los astrónomos saudíes observan la luna. Cuando comienza la fase creciente, un par de días después de haber desaparecido del cielo en su fase nueva, un nuevo mes da comienzo.

Son muchas las personas musulmanas que forman parte de España. Unos dos millones de ciudadanos en todo el territorio profesan esta religión, que apenas tiene representación a nivel institucional. 

De hecho, a pesar de que España es un país aconfesional no se ha planteado reconocer como festivos algunas fechas muy señaladas, como el Eid al-Fitr, que celebran un gran número de personas. Activistas como Safia El Aaddam reivindican que estos días se incluyan en el calendario escolar y laboral, ya que son fechas para celebrar en familia. 

El Aaddam asegura que “estaría bien” que por el momento, al menos, se feliciten estas fechas a los alumnos en los colegios e institutos: “La diversidad cultural y religiosa en España es latente. Mirar hacia otro lado, no hablar de ello ni felicitar a nuestro alumnado no nos hace más progresistas. Nos aleja de ellos y nos convierte en excluyentes”.

¿Una prenda de ropa puede ser una amenaza para la sociedad occidental? Es el argumento detrás de la última proposición de ley de Vox, que este martes forzará en el Congreso el debate para prohibir el burka y niqab en los espacios públicos. Una iniciativa que contará con el apoyo del Partido Popular, tal y como anunció el domingo el líder nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, porque ambas prendas atentan "contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos": "Somos partidarios de prohibirlo", señaló en una entrevista en el diario El Mundo. Sin embargo, los motivos que da Vox no son los mismos. Según defiende la formación de Santiago Abascal en la exposición de motivos, tanto el burka como el niqab son "sencillamente incompatibles con el modo de vida de nuestra civilización, además de entrañar graves peligros para la seguridad ciudadana".

A falta de conocer la posición de Junts, que será clave para que la iniciativa siga su cuso en la Cámara Baja o decaiga, con esta prohibición —ya vigente en algunos países europeos— la ultraderecha española quiere retirar el amparo legal a las mujeres que lleven estas prendas, endurecer el Código Penal cuando exista coacción y convertir la reincidencia en una puerta directa a sanciones muy superiores. Para ello Vox quiere servirse de la Ley de Seguridad Ciudadana —la conocida como ley mordaza— para que la sanción no se mida en “multas simbólicas”, sino en un rango de sanciones que podría superar los 30.000 euros. 

Aunque el PP trata de justificar su posición amparándose en la "seguridad", Vox vincula directamente la iniciativa con "la llegada masiva de inmigrantes de países con fuerte influencia islamista" lo que, a juicio de los ultras, "plantea la cuestión de cómo deben actuar los poderes públicos de las naciones occidentales como España" ante "el hecho cierto de que algunas de esas personas pretenden imponer las costumbres islamistas en el espacio público". Así, defienden que España debe protegerse de la "ideología islamista, caracterizada por la intolerancia para con otras creencias y costumbres": "No se trata de una cuestión de sentimientos religiosos, sino del peligro que representa una ideología incompatible con el modo de vida occidental", argumentan.

A todo ello se le suma, según la formación de Abascal, "la posición netamente subordinada que tienen las mujeres en la familia y la sociedad": "La utilización de estas prendas tiene, sin discusión, una clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva de la comunidad en la que se encuentra y de sometimiento al varón", señalan, por lo que defienden vetar que las mujeres puedan llevar el niqab o el burka, ya sea de forma voluntaria o impuesta por su entorno.

La argumentación de Vox choca con algunos de los principios constitucionales, según apuntan voces expertas consultadas por infoLibre. "En mi opinión, una prohibición general no sería constitucional, y tampoco creo que vaya a ser considerada conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)", explica Benito Aláez Corral, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. El catedrático apunta a que esta prohibición limitaría "el ejercicio de varios derechos fundamentales de las usuarias de estas prendas" (como la libertad religiosa, la propia imagen, y libertad de expresión) y, por ello, debe "perseguir un fin legítimo" para que "la prohibición sea constitucional".

La llamada al respeto y protección de la mujer corre el riesgo de caer, además, en una vulneración de su libertad de elección. Es la tesis defendida por Ana Valero, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha. "Cualquier prohibición generalizada del uso de estas prendas puede vulnerar el derecho de libertad religiosa de estas mujeres", sostiene la docente. "Prohibir el burka o el niqab con carácter general no se sostiene", considera la experta, para la que "únicamente sería argumentable cuando se trate de supuestos en los que son necesarios la identificación de la mujer, como en el seno de organismos públicos, o en cuanto a las fotografías del DNI", pero la situación no es la misma si hablamos de "andar por la calle o bañarse en las playas".

Para la profesora de Derecho Constitucional, "desde el momento en que una mujer adulta argumenta que usa esa prenda desde el ejercicio de su libertad", ir en contra de esa voluntad "no es sostenible". El catedrático señala, además, que la concepción de dignidad e igualdad "tienen un carácter subjetivo y están vinculados a la voluntad de la mujer", por lo cual considera que "difícilmente pueden ser finalidades legítimas para justificar la prohibición general del uso del velo islámico integral". Por lo que respecta al argumento de la "alteración del orden social", el experto plantea que "no hay estadísticas ni datos contrastados que vinculen el uso de esta prenda con una mayor vulneración de cualesquiera normas legales en España".

Ambos expertos recuerdan que esta prohibición está vigente en países vecinos, pero señalan que el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos "no aceptó las motivaciones dadas por el Gobierno francés o belga para la prohibición", entre ellas aquellas sobre la igualdad de género y la dignidad de la persona, ni tampoco la protección del orden público, "cuya amenaza por el uso de la prenda no se logró probar", explica Aláez. Valero insiste en que esos dos argumentos "no eran aceptables" desde la perspectiva del convenio y que rigió "el principio de convivencia en común, que gira en torno al derecho de las personas a ver el rostro de otras personas".

Por lo que respecta a la legislación española, el Tribunal Supremo anuló la ordenanza municipal que vetaba el velo integral en dependencias y equipamientos municipales aprobada por el Ayuntamiento de Lleida. El Supremo argumentó dos razones clave. Por un lado, la competencia y "rango" de la norma; al afectar a un derecho fundamental (libertad religiosa), no se podía imponer por ordenanza municipal, sino que exigía una la ley orgánica. Por otro lado, la sentencia subrayó la falta de justificación al afirmar que el velo integral perturba la "seguridad" o el "orden público", o que su prohibición era necesaria para "proteger la igualdad" de la mujer.

Además, aunque varias democracias occidentales han aprobado vetos al velo integral, lo han hecho con bastantes matices respecto al planteamiento de la extrema derecha española, sobre todo por lo que respecta a la cuantía de las multas. El contraste con la propuesta de la extrema derecha española es evidente. La formación de Santiago Abascal defiende en su iniciativa que la reincidencia se convierta en infracción grave bajo la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que conllevaría la imposición de la multa máxima en España, que alcanzaría los 30.000 euros; esto multiplicaría por 200 veces la referencia francesa de 150 euros y por casi 60 veces el máximo neerlandés, de 515 euros.

La República Islámica de Irán cumple este jueves una semana con el acceso bloqueado al internet global y con las comunicaciones internas limitadas, una medida tomada para detener las protestas que sacuden el país desde hace 19 días, según informa EFE. 

Se trata del mayor periodo de desconexión con el mundo exterior vivido hasta ahora por el país persa y justificado por las autoridades iraníes como la única manera de detener unas protestas alentadas por Estados Unidos e Israel para justificar “una intervención en el país”.  

Muchos iraníes no comparten esa justificación: “Cortan internet cada vez que van a matar gente”, dice a EFE un vecino de Teherán. “Esto no es nuevo, ha ocurrido en el pasado cuando ha habido protestas, y lo hacen para que no se sepa fuera lo que ocurre”, alegó este vecino.  

El corte de las comunicaciones comenzó el jueves pasado por la tarde cuando dejó de funcionar el acceso al internet global, las llamadas de teléfonos internacionales y los SMS internos. 

Al mismo tiempo se produjo un despliegue masivo de fuerzas de seguridad en la capital con policías y antidisturbios en cruces y circulando por las calles en motos. 

Dentro de Irán solo era posible acceder a una intranet interna del país con acceso a medios estatales y servicios locales. Se podían realizar llamadas locales y en algunas jornadas éstas también quedaban bloqueadas durante unas horas por la tarde y noche, cuando se producían las protestas. 

En estas circunstancias no funcionan las aplicaciones de VPNs, que permiten saltarse la censura que impone el Gobierno iraní a internet y necesarias para usar Whatsapp, X o Instagram, redes sociales que han espoleado las protestas en el pasado. Esta situación se prolongó hasta el martes por la mañana, cuando volvieron a operar las llamadas internacionales, pero solo de salida. 

Ahora continúa cortado el acceso al internet global y los SMS, y la única manera de conectar con el exterior es realizar llamadas internacionales. 

No es la primera vez que Irán corta las comunicaciones con el exterior para detener protestas. Sucedió en 2019 cuando estallaron unas protestas por la subida de los precios del combustible y Teherán cortó el internet durante tres días en los que murieron 350 personas en la represión, según Amnistía Internacional. Pero en aquella ocasión solo se cortaron los SMS por las tardes y noches y continuaron funcionando las llamadas internacionales. 

En las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico se produjeron cortes parciales de internet por zonas por las tardes y noches durante meses para tratar de desactivar unas movilizaciones en las que murieron unas 550 personas. 

En los tres últimos días no se han producido nuevas protestas y las autoridades iraníes no dan cifras de víctimas civiles, solo reconocen que “ha habido muchos muertos”. Del número de efectivos de las fuerzas de seguridad si tienen recuento y hasta ahora se ha informado de al menos 150 de ellos muertos en las protestas, de los cuales un centenar fue despedido el miércoles en un funeral estatal en la capital.

“No es turismo, lo disfrazan de expedición o de experiencia incluso, pero lo que realmente están haciendo es blanquear un régimen”, dice Raquel Martínez, responsable de una agencia de viajes. Habla de una tendencia creciente entre algunos influencers que nos animan a “visitar y vivir Afganistán”, un país bajo el yugo del régimen talibán que, como ocurrió en Arabia Saudí con el deporte, está viviendo su particular 'instawashing’. Un término que sirve para describir cómo, a través de sus publicaciones en redes sociales, los creadores de contenido con millones de seguidores lavan la imagen de una dictadura.

Se conoce como turismo de peligro y no es nuevo. "Se lleva viendo años en lugares como Irak, Siria, Israel, Sri Lanka, Fukushima e incluso algún país africano”, recuerda Martínez. Su agencia no ofrece viajes a zonas a las que Interior no recomienda viajar. "Es un seguro tanto para los turistas como para la empresa en caso de que suceda algo”, insiste. infoLibre ha preguntado a varias agencias que realizan estos viajes para conocer detalles sobre la gestión de los seguros y de organización de los turistas, pero no ha obtenido respuesta.

Afganistán hace mucho que dejó de ser un destino vacacional. La ocupación estadounidense tras los atentados de las Torres Gemelas para eliminar a Al Qaeda sumió al país en un colapso del que no se ha llegado a recuperar nunca. Tras la retirada de las tropas de la OTAN en 2021 y la vuelta al poder del régimen talibán, la situación sigue siendo muy delicada a la vista de los organismos internacionales. Eso, a pesar de lo que muchos creadores de contenido quieren transmitir desde sus redes sociales.

El grupo islamista se hizo con el poder tras la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021 y desde entonces, el país está regido por una estricta interpretación de la ley islámica. Afganistán se ha convertido en el único lugar del mundo donde las mujeres tienen prohibido acceder a la educación secundaria y universitaria, además de sufrir severas restricciones en el trabajo y la vida pública. 

infoLibre habla con Ahmed Abed. Vive en El Cairo, donde también trabaja como guía turístico. Ha visitado otras zonas de Oriente Próximo y por eso, lo tiene claro. Asegura que nunca iría a un país en el que una mujer es rehén de su marido. "No entiendo cómo hay occidentales que con un nivel de vida muy superior al nuestro, quieren visitar un lugar así", concluye.

“Bueno, sí. Llevan barbas largas y sombreros raros, pero nos reímos mucho, son muy majos y de mente abierta”, cuenta Tibi Jones, un youtuber con cerca de 560.000 suscriptores. En su canal, tiene cuatro vídeos de una hora de duración sobre su visita a Afganistán. En ellos, vende las 'bondades' de un país del que ahora dice que es seguro, tras superar la ocupación estadounidense. No es el único. Otras cuentas como Turispedia o Lethal Crysis siguen este mismo patrón.

Muchos de los vídeos que se pueden ver en Youtube o Instagram tienen un denominador común, un leit motiv que impregna todo: 'Esto solo lo puedes ver aquí'. Asadullah, compañero de Jones en su viaje por el país afgano, ofrece un recorrido al margen de los “clichés etnocéntricos de los occidentales”, un paseo por sus puestos de comida, sus tiendas, las escuelas o los restos arqueológicos. “Un lavado de cara en toda regla para atraer turismo”, asegura Abed.

De la situación de Afganistán también alerta el Ministerio del Interior español que, pese a reconocer que “es posible moverse por el país porque no se encuentra en una situación de guerra civil" alerta de que "son frecuentes los atentados en todo el territorio” por lo que su recomendación es “no viajar bajo ninguna circunstancia”. Y recuerda que “pese a que el aumento de ofertas de viajes organizados por agencias especializadas pudiera indicar lo contrario, el riesgo de secuestro o atentado es elevado”.

¿Qué piensan otros gobiernos internacionales? Para el Departamento de Estado de EEUU, Afganistán se encuentra en ‘Nivel 4: No viajar’ y cita “el terrorismo, el riesgo de detención ilegal, los disturbios civiles, los secuestros y la delincuencia” como razones para su calificación. Una recomendación a la que también se une Reino Unido.

Pese a la peligrosidad de la que alerta el Gobierno español, en 2024, tres turistas nacionales fueron asesinadas en la provincia de Bamiyán, cuando se encontraban de visita en uno de los principales lugares turísticos del país. Un hombre armado abrió fuego de forma indiscriminada contra el grupo de 13 turistas, que estaban comprando en un mercado. El ministro Albares lo calificó como un acto terrorista, el primero desde 2021 contra un grupo de ciudadanos extranjeros, días más tarde, el Estado Islámico lo reivindicó.

Raquel Martínez, recuerda que “España no tiene ahora mismo servicio consular ni de embajada” como también certifica la web de Exteriores que informa a la ciudadanía de que ese servicio se presta en Doha hasta que las condiciones permitan su reapertura en Kabul.

Uno de estos influencers, @jakeyoungblood, relata en un vídeo publicado en sus redes sociales que simuló ser rehén de los talibanes para, a renglón seguido, explicar que mintieron a todo el mundo para probar “lo equivocados que estáis con Afganistán”.

En una crónica para The New Yorker, el periodista Teddy Brown admite que la primera vez que vio esta broma se rio. Después cayó en la cuenta del alcance de esta narrativa, que la define como “cinismo preocupante”. La estrategia: ridiculizar el relato “dominante” sobre Afganistán, el que difunden los medios occidentales, utilizando para ello a jóvenes influencers “alternativos” ansiosos por ofrecer a su audiencia un contenido necesariamente disruptivo y “diferente” y todo con ese aura de “contar la verdad”.

Said Samir, guía turístico en Egipto pero que ha trabajado en Afganistán, es claro: “Los turistas son ajenos a la realidad del país” y los talibanes, para lavar su imagen, ”quieren turistas y están casi obligados a tratarte bien”.

Ben Herskowitz, creador de contenido, asegura en sus vídeos que Afganistán es “uno de los lugares más hermosos en los que he estado en mi vida”, habla de la hospitalidad de los talibanes y critica la masificación de otros países: “Vas a Roma o a Grecia a ver ruinas y hay miles de turistas bloqueándote el paso", afirma. "Aquí, en cambio, puedes sentarte en estos hermosos lugares que tienen tanta historia de tantas épocas, y estar solo”.

El viceministro de Turismo, Qudratullah Jamal, aseguró en Euronews que casi 9.000 turistas internacionales visitaron Afganistán en 2024, y que otros 3.000 lo hicieron durante los primeros tres meses de 2025. Algunos informes apuntan a que solo en agosto llegaron unos 5.000 visitantes. En lo que respecta a los turistas españoles, los datos no están disponibles y tampoco son accesibles. infoLibre ha preguntado tanto a Exteriores como a la Embajada de Afganistán y a la Sección Consular de Doha, sin recibir respuesta.

Para el periodista Mortaza Behboudi, nacido en Afganistán y refugiado en Francia desde 2015, coautor junto a Marine Courtade del documental 'Afghanistan: l’impossible voyage des femmes' (Arte), los vídeos de estos creadores de contenido como cuenta en Le Nouvel Obs no muestran la realidad: “Bajo sus contenidos pseudoinformativos se esconden puestas en escena elaboradas, un “blanqueamiento político” orquestado por los talibanes para normalizar el nuevo régimen”. Esta iniciativa no tiene “nada de inocente”: equivale a ofrecer “contenido patrocinado por una dictadura mientras miles de voces independientes son silenciadas”, explica el reportero, que fue detenido y encarcelado durante más de nueve meses mientras realizaba un reportaje en Afganistán, el 7 de enero de 2023.

Porque, tras el escaparate de un país “divertido”, “seguro” e 'instagrameable', la realidad del país es bien distinta. Cerca de dos tercios de la población vivían en la pobreza hace dos años, según Naciones Unidas. La economía ha caído un 25% desde 2020, según el Banco Mundial, y está sostenida artificialmente por la ayuda humanitaria. 

“Es evidente que todos soñamos con visitar lugares así para hacer fotos de paisajes o trabajar en proyectos audiovisuales o para ver los contrastes, pero también hay una realidad y es la ética”, asegura Eliana Fuentes, fotógrafa, “y es que no podría ir a un país en el que la sharia (ley islámica) rige todo”. 

Porque las niñas y las mujeres han sido borradas de la vida pública: sin escuela, sin trabajo, sin posibilidad de cantar, ni siquiera con derecho a mostrar el rostro. Confinadas en casa “pero no les impedimos salir, pueden subir al tejado a tomar el aire”, dice uno de los talibanes en un vídeo.

Pero estos vídeos de un Afganistán fabuloso, con talibanes maravillosos, bromeando, bailando y pasándolo bien, tienen un denominador común, y no es casualidad, los protagonistas y viajeros de todos los vídeos siempre son hombres.

Por todo ello, me he armado de valor y he decidido escribirle públicamente esta carta para confesarle sin ningún rubor que le tengo miedo a Vd y a sus compañeros de viaje; cada vez que les oigo vociferar azuzando el odio al distinto, al inmigrante, me pregunto qué será de mis hijos y de mis nietos. ¿Qué España les deparará el futuro? ¿Cómo será la España gobernada por alguien que predica abiertamente la discriminación entre ciudadanos por su origen y religión que profesan, como hace Vd. diariamente?

Hace muy pocos días estuvo Vd, Sr. Feijóo, en Soria y, cómo no, habló de esos invasores que vienen a vivir a costa de los españoles “de bien" y me acordé de mi primera visita a esa maravillosa provincia, habitada por gente austera, amable y solidaria, recorriendo sus pueblos, un 11 de agosto de 1970 conocí a la que hoy es mi mujer y compañera de vida. Formé una familia, tengo hijos y nietos, e igual que millones de trabajadores contribuyen al desarrollo de este país, serví al Estado durante más de 35 años como funcionario, me alegré y sufrí por igual todos los avatares de este país… pues bien, ya que me armé de valor para confesarle mis miedos, sin acritud, quiero hacerle saber mi negativa a integrarme (signifique lo que signifique este palabro) en la España que vd representa, esa España triste e insolidaria; hace muchísimos años decidí voluntariamente formar parte de una España que entonces luchaba por salir de la pobreza, el atraso y dejar atrás la dictadura, que gracias a la lucha de muchísimos hombres y mujeres es hoy un país moderno, democrático, diverso y acogedor, con una Constitución que nos ampara y nos obliga a todos; por cierto, no tengo ninguna duda de que entre esas exigencias lingüísticas, culturales y constitucionales que pretenden inculcar a los inmigrantes "que pretenden invadir el país para vivir del cuento y ensuciar la calle con su presencia", se les explicará lo que pensaba Aznar en 1979 de la Constitución y sobre todo el sentido del voto de los Diputados de su partido y, lo más importante (permítame la broma), que "Huelva no está en el Mediterráneo".

Qué estafa, Sr. Feijóo; Vd. que venía a ganar en buena lid al Sr. Sánchez y a no insultar, ¿qué ha pasado? Verle en su escaño en el parlamento, fuera de sí, con el rostro desencajado, gritando desaforadamente, le confieso que me produce vergüenza ajena, y como ya le dejé dicho más arriba, me da Vd miedo, cada vez que le oigo envenenando con sus soflamas la convivencia, y estigmatizando a los inmigrantes que no encajan en esa España soñada por Vd; me pregunto qué medida o medidas le quedan por proponer, para según Vd controlar la inmigración, ha propuesto tantas que sólo le queda que en una de las próximas giras que viene haciendo últimamente por España proponga que los inmigrantes que practican el islam y sobre todo si son pobres deberán llevar una media luna cosida a la solapa de su vestimenta para su control hasta que se proceda a su expulsión; ni a Vd ni a ninguno de los que propagan el odio por las calles de este país les molestan esas señoras tapadas hasta las cejas pertenecientes a esos países árabes ricos gobernados por sátrapas y que son recibidas entre aplausos en las tiendas de lujo del barrio de Salamanca de Madrid o las del Paseo de Gracia de Barcelona.

Sr. Feijóo, discúlpeme el atrevimiento, me permito proponerle una medida muy simple, solo una, pero hay que ser valiente, en alguno de esos discursos suyos culpando a los inmigrantes de las siete plagas de Egipto, diga que el día que llegue al Gobierno prohibirá que ninguna niña llevará el velo en ningún colegio público o concertado de este país, tendrá mi aplauso y el de muchísimos ciudadanos.

Sr. Feijóo, soy un Sr. mayor y también con el pelo blanco, y he vivido bajo la dictadura franquista, he vivido la transición, los gobiernos de distinto signo, y en ningún momento me he sentido discriminado, ni observado, pero desde que llegó Vd y se despojó rápidamente de su traje de moderado y empezó a competir con otros sembradores del odio en muy poco tiempo, ha logrado con sus arengas racistas inculcar en muchos ciudadanos el veneno del odio a un determinado colectivo de inmigrantes y eso estando en la oposición, qué no hará cuando llegue al Gobierno acompañado de los lobos, y es aquí cuando empiezo a tener miedo de Vd y preguntarme por qué tanta inhumanidad, por qué tanta miseria moral, por competir por unos votos. Que indecencia, Sr.Feijóo.

Antes de despedirme de Vd. quiero decirle respetuosamente que no logrará nada bueno para este país compitiendo con los lobos, le acabarán devorando.

Atentamente,

Mohamed Ahmed B.

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Mohamed Ahmed B. es socio de infoLibre.

No soy musulmana ni árabe ni amazigh. A mí, más bien, me confunden con cubana o dominicana, lo cual no significa que no pudiera ser musulmana, ojo, pero aquí el Islam tiende a asociarse a población magrebí o de África Occidental. Y no tiene nada que ver cómo se trata, contempla o juzga a una comunidad o a otra. Aunque esto dependa mucho del barrio y de la época, en el racistómetro, las personas a las que leen como “moras” y/o musulmanas suelen estar bien arriba. Probablemente, seguidas de las gitanas.

Tanto hombres como mujeres viven bajo sospecha y, además, desde edades muy tempranas. Si son chicos y van en pandilla a partir de las siete de la tarde, serán leídos como peligrosos menas “pelobrócoli”. Si son chicas y llevan hijab, parte de la sociedad pensará que son unas pobrecitas sumisas y si no lo llevan, que se han quedado sin familia por romper con “Musulmania”.

En cuanto cumplan algo más de edad, hay quien les acusará de querer “musulmanizar” y radicalizar a las nuevas generaciones con el fin de acabar con la supuesta Europa católica y blanca, ya sea a través de atentados o pariendo.

Para apoyar esta última tesis, suelen citarse “la teoría del gran reemplazo” o el “plan Kalergi”. Aún no los distingo mucho debido a que tremendos invents son muy parecidos. Se supone que algo tan poco concreto como “las élites”, que a mí me gusta imaginarme como un grupo de señores que acarician gatos sentados en algún despacho, están promoviendo la entrada de inmigrantes porque se les da genial procrear. Entre tanto, las europeas de pura cepa, que no sé que es eso, están absteniéndose, cada vez más, de ser madres por la falta de políticas natalistas. No porque no quieran, ojo, sino por la ausencia de dichas políticas y por culpa del feminismo, encarnado por señoras con pelo rojo y de mediana edad a las que llaman “Charos”, que también tienen querencia por los gatos y que, de manera perversa, les animan a hacer con su cuerpo lo que quieran. Qué barbaridad. 

Aparte, esas mismas élites promueven la mezcla entre personas de distintos colorines con el objetivo de acabar con la raza blanca y, por tanto, y más allá de lo fenotípico, debilitar una civilización puntera y ejemplar como es la occidental. 

Supongo que debieron de hablar con mi madre hace 50 años para que se liara con mi padre y nos trajeran al mundo a mi hermano y a mí. Algún día le preguntaré si le pagaron algo, por saber qué hay de lo mío. 

Total, que mucho texto y demasiada fantasía para justificar la xenofobia, la islamofobia, el racismo y, de paso, meterse con los jugadores de la selección francesa de fútbol masculino que, como cuenta con varios jugadores negros y/o musulmanes, a sus ojos, es el ejemplo que mejor ilustra el mejunje de “información” sacada de vídeos de redes que duran un minuto.

Explicar, a estas alturas, que no existen las razas, me parece muy de volver a párvulos. De existir, la europea estaría muy cogida con pinzas. Le pese a quien le pese, la apariencia de un nórdico o de un mediterráneo promedio distan muchos tonos, tanto de piel como de pelo. 

Pero erre que erre. Y para ilustrar que nos acercamos al final de los buenos tiempos de un occidente glorioso y prístino debido a la degeneración racial, los conspiranoicos van soltando sus bulos retrotópicos. Hablan de los años 60 o 70 y hasta de los 80 o 90 como épocas de pleno empleo, bonanza, derechos garantizados, pisos a 10 pesetas y familias numerosas en las que solo trabajaba fuera de casa el marido y, aún así, vivían bien y estaban a gustísimo con una división de roles que otorgaba un papel subalterno a las mujeres. 

Jóvenes que no habían nacido comparan, sin usar ni datos ni fuentes, los viejos tiempos, en los que afirman que no había criminalidad en las calles, con la realidad actual y, en el caso de España, describen Madrid o Barcelona como si fueran idénticas a Sin City. Lo de la falta de derechos y libertades, las jeringuillas en los parques, los descampados llenos de alambres oxidados, los atracos, las violaciones en los portales o las cacerías de nazis, eso a mí me pilló en plena juventud, lo debo de haber soñado. 

El problema es pensar que tanto el racismo como la islamofobia son solo un sentimiento individual que se traduce en exabruptos en las redes sociales o, en el peor de los casos, en violencia física infligida por turbas enajenadas en las calles.

¿Pero qué hay de lo que está por encima de los individuos? El otro día, el periodista Youssef M. Ouled citaba tres ejemplos cercanos en el tiempo que evidenciaban que la islamofobia trasciende las fronteras de lo opinativo y que tiene un componente claramente institucional.

El primero era el caso del chaval de 17 años marroquí al que metieron en prisión en Las Palmas acusado de haber quemado a una chica. Le soltaron recientemente tras comprobar que no solo no había tratado de atentar contra la vida de la joven sino que intentó ayudarla. Lo heavy es que además de la sombra de la sospecha perenne, que en demasiadas ocasiones puede devenir en condena, también está la acusación infinita a sabiendas de que la persona es inocente. Eso es lo que ha hecho Abascal cuando, tras la liberación del chico, que implica el reconocimiento de su error de la justicia, el líder del partido de las tres letras publicó en sus redes un titular de 'La Gaceta' en el que el medio afirmaba que habían dejado en libertad al inmigrante ilegal que había quemado viva a una joven. No contento con amplificar una mentira, la enmarcó con un comentario en el que, además de quejarse de que dejaran en la calle “a esos monstruos”, en un plural envenenado, aseguraba que “algún día a los españoles se les acabará la paciencia y pedirán responsabilidades directas a los que hacen posible esta aberración”. Un diez en odio, en sembrar la duda acerca de la labor de la judicatura de este país, en amenaza indirecta y, de paso, en estigmatizar a un colectivo vulnerable como es el de los menores migrantes.

Todo mal, todo xenófobo, todo racista y todo islamófobo, que es importante llamar a las cosas por su nombre porque puede que suene fuerte pero más fuerte es el impacto sobre quienes son objeto de esas fobias. 

A continuación, Youssef recordaba el caso de Ahmed Tommouhi, el albañil marroquí al que condenaron a prisión por diez violaciones que no cometió. Un hombre inocente que pasó quince largos años en prisión y al que se han negado a indemnizar por arrebatarle tres lustros de vida. 

El último ejemplo que citó fue el de Nordine, un chaval de Leganés al que han acusado de “adoctrinar físicamente y en redes sociales de salafismo yihadista”. Esas supuestas redes son el canal de YouTube que creó en 2012 y para el que se ha grabado durante más de una década haciendo calistenia y dando recomendaciones. A principios de este año le metieron en la cárcel en régimen de prisión provisional y hasta mayo no ha salido. En julio se archivó la causa por falta de pruebas. 

Yo le conocí cuando tenía unos catorce años ya que grabé un reportaje sobre streetworkout. Era un chico delgadito, tímido pero muy dispuesto y el menor de un grupo de jóvenes de extrarradio que practicaba esa modalidad deportiva. Consistía en hacer un uso respetuoso del mobiliario urbano para mover el cuerpo. Agarrándose a las barras de los parques, apoyándose y cuidándose entre ellas y ellos, fortalecieron también la cabeza y la autoestima. Se convirtieron en el modelo a seguir de un montón de hijas e hijos de inmigrantes y de personas del extrarradio madrileño, en general, que o eran estudiantes y no tenían dinero para pagarse un gimnasio o, de tenerlo, por estar trabajando también, les faltaba tiempo para asistir. En los parques las puertas siempre estaban abiertas a todo el mundo y ya fueran las 6 de la mañana o las once de la noche. 

A través del deporte adquirieron el sentimiento de pertenencia, el compromiso, la disciplina y la autoconfianza que les había ido quitando la vida. Se encontraron y forjaron un paradigma de convivencia y unión férrea entre personas con orígenes en muchos sitios, incluyendo España, y pudieron cumplir algunos de los sueños pequeñitos que se plantean quienes pertenecen a los colectivos que nacen teniendo ya trabas grandes por color, credo o por ser de la periferia. Participaron en un montón de festivales y asistieron a varios centros educativos para explicarle a un alumnado al que se parecían los beneficios del deporte individual con el que habían crecido en equipo. Lo bonito es que hicieron piña también con el vecindario. Es cierto que, al principio, a algunas personas les dio cosa ver a un grupo nutrido de negros, moros, latinos y rubios, con pinta de ser del este de Europa, poniéndose como toros en los parques del municipio, con todo, tan pronto como se acostumbraron, les bajaban botellas de agua y hasta bocadillos.

Los tiempos han cambiado desde que les grabé. Diría que en relación al tema sobre el que trata el artículo, la islamofobia, ahora existen más canales para difundir odio. De ahí que sea importante nombrarla, con todas sus letras, y admitir que, este país, es algo fundacional. A pesar de los topónimos chivatos y de todo lo que heredamos, para una parte de la población queda un poso de desconfianza, cuando no animadversión, que, en función de la época, se ha expresado de un modo u otro. A día de hoy, hay partidos políticos que sacan a pasear su inquina sin pudor, pseudomedios que no pierden la oportunidad de machacar a las personas musulmanas, aunque eso implique soltar bulos, e influencers ultras que agitan avisperos imaginarios y llaman a la acción directa. Para ellos no hay castigo, ni siquiera las más mínimas consecuencias. 

Nordine, en cambio, debe de haber padecido un infierno. ¿Quién le va a devolver los 111 días que pasó encerrado? ¿Cómo extirparle de la cabeza los días internado y el miedo a no salir de ahí? ¿De qué forma se repara su imagen o su confianza en el país en el que nació, España, y que sin embargo le ha fallado?

En el falso documental Camino a Guantánamo contaban la historia real de unos chavales ingleses, de ascendencia bangladeshí y pakistaní, que fueron a una boda a Pakistán, decidieron visitar Afganistán y acabaron en la cárcel estadounidense de Guantánamo. Sin posibilidad de representación legal, estuvieron ahí dos años sin cargos legales. 

Yo no soy socióloga pero que te destrocen la vida sin haber hecho nada ilegal, que a pesar de los millones de intentos de encajar y de ser lo suficientemente perfecto como para que no te odien, que siempre te lean como alguien ajeno, intruso, sospechoso o peligroso desde antes de nacer, puede ser una vía directa de desafección hacia el país al que ¿llama(ba)s? casa. Puede que de acceso directo desconozco si a la radicalización pero, desde luego, sí al dolor y a la rabia.

Eduardo Mendieta señala en el formidable prólogo que escribió para el libro Democracia y abolición, de Angela Davis, que existe una tecnología política de los cuerpos por la cual “la raza, el género y la clase entran en una sinergia para atomizar y singularizar el cuerpo que debe ser regimentado y disciplinado".

Lo anterior debería llevarnos a plantearnos varias cuestiones: ¿Cómo se leen los cuerpos masculinos no blancos ?¿En qué barrios se hacen más redadas policiales? ¿Quiénes padecen más las identificaciones por perfil racial? ¿Qué trato reciben? ¿A qué youtubers se investiga? En plena ola reaccionaria en Europa, con influencers vomitando violencia, mentiras y medias verdades a diario, ¿a qué llamamos radicalización y por qué algunas son admisibles y otras no? ¿De qué medios económicos disponen para defenderse las personas migrantes, racializadas y de ascendencia migrante? ¿Qué apoyo, mediático o social, reciben? ¿A qué grupos humanos se les concede el beneficio de la duda?

Políticamente hablando, Murcia es una región que parece estar abonada a las crecientes desigualdades sociales, al racismo, la xenofobia, la aporofobia y la islamofobia. Y no es precisamente porque la población murciana se caracterice por estas fobias. Todo lo contrario. Vengo visitando la región desde hace 40 años y conviviendo con personas y colectivos sociales, políticos y religiosos de Murcia y puedo confirmar que cuenta con una ciudadanía abierta, acogedora, hospitalaria, solidaria y respetuosa de la gran diversidad étnica, cultural, religiosa y lingüística que en ella existe. Ahí radican su riqueza y su atractivo.

¿A qué se deben entonces las fobias? Yo creo que es un problema político. El PP lleva gobernando en la comunidad autónoma murciana los 30 últimos años, primero en solitario y después en colaboración y alianza con Vox. Pareciera que ambos partidos programaran los actos fóbicos para su repetición periódica. Hace unas semanas fue Torre Pacheco, luego le ha tocado a Jumilla. ¿Cuál será la próxima parada? Todo depende del calendario excluyente que marque Vox, al que suele plegarse el PP para seguir manteniendo el Gobierno de la Comunidad. Los desencuentros y desacuerdos entre ellos terminan siempre en consensos.

¿Cuál es su modo de proceder? Primero elaboran discursos de odio, basados en fake news, contra los inmigrantes, mayoritariamente magrebíes y musulmanes, muchos de ellos con nacionalidad española. Luego los traducen en normativas restrictivas que limitan sus derechos humanos, incluidos los sociales. Finalmente llaman a movilizaciones apoyadas por personas agitadoras venidas de fuera que atizan el fuego de la islamofobia yendo a la caza “del moro”, asaltando sus casas y creando el pánico en las poblaciones en las que hasta ese momento reinaba la convivencia pacífica y el respeto al pluriverso ideológico, cultural y religioso.

Desde hace días, quien está en el punto de mira islamófobo es la población murciana de Jumilla, de 27.000 habitantes, con una comunidad musulmana de entre 1.500 y 2.000 personas, que celebra desde hace varios años dos fiestas: la del final del Ramadán y la del Cordero en el polideportivo municipal. Son fiestas que cuentan con el respeto del pueblo y nunca han creado problema alguno. La comunidad musulmana paga “religiosamente” el canon fijado por el Ayuntamiento. Como condición necesaria para la aprobación de los presupuestos municipales, Vox ha exigido al PP la prohibición de dichas fiestas en el polideportivo y el PP ha aprobado una normativa que ratifica dicha prohibición. 

La alcaldesa ha justificado la prohibición en su deseo de “priorizar nuestra identidad y tradiciones”. Aquí es donde radica el problema: en la estrecha y excluyente concepción de la identidad española que tienen Vox y el PP, que identifican con el catolicismo. Tal identificación se demuestra en que, mientras se niega el uso del polideportivo a los musulmanes, se subvenciona a la Iglesia católica el mantenimiento de tres templos de la localidad jumillana. Yo pregunto a la alcaldesa cómo puede establecer tan crasa discriminación de la comunidad musulmana y el trato privilegiado a la Iglesia católica cuando el islam es una religión de notorio arraigo con la que el Estado español tiene un convenio firmado en 1992 y cuando la Constitución española afirma que el Estado no tiene religión oficial (Art. 16.3).

Pero hay más: ¿Cómo puede reducirse la identidad española al catolicismo cuando, con la historia en la mano, el islam ha conformado y sigue confirmando nuestra identidad, como demuestran su presencia durante siglos en España y las múltiples manifestaciones arquitectónicas, filosóficas, jurídicas, literarias, religiosas, filológicas, toponímicas e intelectuales musulmanas que constituyen una de las mayores riquezas culturales de nuestro país y son la mejor muestra de su plural identidad? 

A la pregunta qué es la identidad, el politólogo polaco Zygmunt Bauman responde con lucidez: la identidad es como un mosaico al que le falta una tesela. ¡Excelente definición! Pues bien, en el caso de la identidad española bien puede afirmarse que la tesela que le falta es el islam, Por eso, coincido con el arabista Pedro Martínez Montávez en que "el islam es nuestra alter-identidad". Y esto puede decirse con más razón todavía de Murcia, lugar donde nació Ibn Arabi, el más grande intelectual de la tradición sufí de todos los tiempos y el místico considerado universal por encima de la diferencia de credos.

Espero que la alcaldesa de Jumilla lea estas reflexiones, amplíe su estrecha concepción sobre nuestra identidad incorporando al islam y, en consecuencia, anule la normativa que prohíbe celebrar las dos fiestas islámicas anuales en el polideportivo de Jumilla. Así lo deseo y espero de su digna presidencia del Consistorio. De lo contrario tendría que retirarle el adjetivo que acabo de aplicarle.    

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Juan José Tamayo es teólogo de la liberación y profesor emérito honorífico de la Universidad Carlos III de Madrid. Su último libro es 'Cristianismo radical' (Trotta, 2025, 3ª ed.). 

Lo sucedido en el Ayuntamiento de Jumilla con motivo de una petición de la comunidad musulmana para celebrar su fiesta tradicional del cordero en el polideportivo de la localidad nos debe preocupar a todos ante la deriva integrista y fascista promocionada en nuestro país por el partido político Vox con el apoyo complaciente del PP.    

El guion estaba escrito desde que algunos dirigentes de este partido propugnaban ni más ni menos que expulsar a 8.000.000 de emigrantes. Antes de que sigan adelante con tan demencial propósito, les aconsejaría consultar con los expertos del Ejército israelí que consideran logísticamente imposible expulsar a 2.000.000 de personas de Gaza. 

Hay que reconocer que Vox, al formular la petición de prohibir la fiesta musulmana del cordero, ha sido coherente con sus postulados, pero la señora alcaldesa, al tratar de cubrir con un ropaje administrativo tan inconstitucional pretensión, ha demostrado que comparte el “riesgo identitario”,dictando una resolución que vulnera de plano valores esenciales de nuestra Constitución. En unas declaraciones a un medio de difusión nacional, manifiesta: “Vamos a priorizar nuestras tradiciones y nuestra identidad”. 

Le recuerdo que vivimos en un país que ha deglutido, sin grandes traumas, la celebración de Papá Noel, el árbol de Navidad, Halloween y que ha convertido las cabalgatas de Reyes en una especie de desfile carnavalesco, y no ha pasado nada.   

Declara que se opone a la petición de la comunidad musulmana porque que lo que "priorizamos" en el Ayuntamiento son acontecimientos históricos. Cita la celebración de la Constitución y de Santiago Apóstol, patrón de España, ignorando que oficialmente que es solo el patrón de Galicia y de algunas localidades que lo han adoptado como tal, pero no es fiesta nacional. En relación con las fiestas patronales de Jumilla, no tengo nada que objetar.

Manifiesta que este sentimiento está arraigado en Jumilla. Es posible, pero no encuentro razón alguna para negar la utilización del polideportivo a otras culturas y religiones oficialmente reconocidas por la ley de libertad religiosa que comenzó otorgando rango preferente a las monoteístas (cristianismo, judaísmo e islamismo). Ofrece, como alternativa al polideportivo, el mercado y el parking. ¡¡Genial!!

En otros tiempos, el vino de Jumilla y el “maldito Cariñena” (La venganza de Don Mendo) se llevaban la palma en el ranking de vinos de mala calidad. El de Jumilla, en la actualidad, ha adquirido una calidad difícilmente mejorable. Es una tentación su consumo. Seguramente el concejal de Vox, cuando redactó su moción, se encontraba bajo los efectos de una libación abundante de sus magníficos caldos.

Hay que tomárselo con humor. De otra forma no se explica el contenido de un texto que parece tomado de revistas humorísticas. El título ya nos da la pista sobre el resto del contenido. Moción sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas. Repasemos algunos de sus pasajes: “España es una nación forjada sobre los fundamentos de la filosofía griega, el derecho romano y la civilización cristiana”. Aristóteles, Platón, Menéndez Pelayo y Menéndez Pidal, sin enterarse. Que pérdida para la Real Academia de la Historia.  

Insta a las autoridades competentes a promover activamente la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de los sellos extranjeros como el halal, garantizando el derecho de los consumidores a productos arraigados en nuestra cultura alimentaria y apoyando a los productores que defienden nuestras costumbres, en especial locales.

Expresa que la Corporación Municipal rechace la realización de dicha conmemoración e impida la consolidación de prácticas culturales foráneas que no forman parte de la tradición española y que inciden sobre la cohesión social, generando tensiones y conflictos internos, desarraigo y erosión de la identidad nacional promovidas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica.

La nación tiene derecho a la propia cultura, mediante la cual el pueblo expresa y promueve su “soberanía” espiritual. Las consecuencias de no defender el ethos (gracias por el culteranismo) de nuestro pueblo afectan directamente la cohesión de nuestra patria, como advierte el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Y el CNI sin enterarse.

Henchido de fervor patriótico, pide al Ayuntamiento que impulse las medidas necesarias para recuperar en toda España las fiestas propias de nuestra nación, de modo que también en el ámbito festivo se reconstruya todo lo derribado: 25 de julio, Santiago Apóstol; 19 de marzo, San José; el Corpus Christi; la Ascensión; 29 junio, Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Se olvida de Santa Teresa de Jesús y de las innumerables advocaciones de la virgen en todos los rincones de España.

Por fin, el punto séptimo encuentra eco en el Grupo de Gobierno del PP, que se adhiere a la petición de instar al equipo de Gobierno a iniciar los trámites oportunos de modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales a fin de que el uso sea exclusivamente para el ámbito deportivo, o para actos y actividades organizados por el Ayuntamiento de Jumilla. 

El edil de Vox exclamó, con razón, “objetivo cumplido”. Dicho en términos bélicos: "cautivos y desarmados los principios constitucionales, las fuerzas reaccionarias e integristas han conseguido sus objetivos”.

Señora alcaldesa, se ha metido en un buen lío. Para determinar cuáles son las actividades exclusivamente deportivas, tendrá usted que consultar con el Consejo Superior de Deportes o con el Comité Olímpico Internacional ¿Cómo calificaría usted la petanca o el ajedrez? El entretenimiento de la petanca es de origen francés y el ajedrez nació en la India. No se olvide de la pelota vasca separatista y de las diferentes modalidades del juego de bolos.

En la parte final de su descabellada propuesta se atribuye al Ayuntamiento barra libre para decidir qué actos se pueden celebrar y cuáles no, sean o no de carácter deportivo. No olvide que, según la ley de libertad religiosa, el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución

Tenga cuidado al tomar decisiones arbitrarias o contrarias a la legalidad constitucional y ordinaria. Pueden ser constitutivas de delito (prevaricación y discriminación). Asesórese bien. No se fie de Abogados Cristianos, Manos Limpias o Hazte Oír. De todas formas, gracias por su iniciativa, los votantes ya saben lo que les espera.

Dada la mayoría que el PP y Vox tienen en el Ayuntamiento de Jumilla, el requerimiento del Gobierno enviado al municipio para que anule el acuerdo que impedirá de facto la celebración de festividades musulmanas en el pabellón deportivo municipal de la localidad cuenta, a priori, con muy pocas opciones de prosperar. Pero el escrito supone el último trámite administrativo antes de que el Ejecutivo recurra ante los tribunales de lo contencioso-administrativo la moción presentada por Vox y luego blanqueada por el equipo de gobierno del PP con el objetivo claro de impedir en dependencias municipales los actos religiosos que la comunidad musulmana de esa localidad venía celebrando desde hace décadas sin ningún tipo de problema y siempre con licencia del Ayuntamiento, según explicó el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal.

El escrito de la Abogacía del Estado, firmado por la delegada del Gobierno en Murcia, María Dolores Guevara Cava, se basa en el texto inicial de la moción de Vox (luego enmendada y apoyada por el PP), las declaraciones de sus dirigentes y las reflejadas en sus perfiles en redes sociales para concluir lo obvio: que el acuerdo que insta al ayuntamiento a "proteger" y "defender" los "valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país" y le obliga a reformar el reglamento de instalaciones deportivas para impedir su uso para "actividades culturales, sociales o religiosas" tiene una única finalidad: la voluntad política de impedir las celebraciones religiosas musulmanas en esas instalaciones. Un objetivo que sus promotores —el único concejal de Vox y el grupo municipal mayoritario del PP— no solo no ocultan, sino que reconocen expresamente.

El acuerdo, aprobado el pasado 28 de julio, parte de una moción presentada por Juan Agustín Navarro, el único concejal de Vox en el Ayuntamiento. En ella, el edil reclamaba al Gobierno Local la prohibición de la celebración pública del Eid al-Adha, la fiesta del cordero musulmana, y "otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones". También le pedía que reclamara a las autoridades promover "la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de los sellos extranjeros como el halal", el que certifica que el animal se ha sacrificado conforme a la tradición islámica. En la motivación de la declaración aseguraba, además, que esa fiesta suponía "un retroceso cultural" y un "agravio comparativo hacia quienes conservan las tradiciones españolas". Para aprobarla, el equipo de gobierno del PP la enmendó retirando toda la parafernalia racista y antimusulmana de Vox, pero manteniendo su esencia discriminatoria: que se reformara la normativa municipal para evitar que los musulmanes siguieran desarrollando su celebración en el pabellón deportivo.

Que el objetivo era ese también se desprende de las declaraciones posteriores a que se aprobara el acuerdo. "Solo estamos defendiendo nuestras tradiciones frente a la constante ofensiva ideológica de la izquierda por imponernos costumbres ajenas a nuestra identidad", dijo el concejal de Vox a un periódico local. El edil también aseguró que, a partir de ese momento, "no se volverá a celebrar ni el fin del Ramadán ni el rezo del cordero". En su perfil de X, la formación ultraderechista se vanaglorió de haber conseguido que se aprobara "el primer decreto que prohíbe las ceremonias islámicas en lugares públicos en España". "España ha sido y seguirá siendo un pueblo cristiano", añadió.

Todo ello conduce a la Abogacía del Estado a concluir que, "aunque el texto final del acuerdo formalmente parece orientado a organizar el uso de las instalaciones deportivas municipales [...], la conformación del acuerdo revela una intención distinta y subyacente que incurre en vulneraciones añadidas de nuestro ordenamiento jurídico". "Se observa así que la motivación real del acuerdo se encuentra en la voluntad política [de Vox y también del PP] de impedir las celebraciones religiosas musulmanas en instalaciones deportivas municipales", añade el escrito del Gobierno. Esa finalidad real revela que el texto que finalmente se aprobó supone "un supuesto manifiesto de desviación de poder", es decir, un uso de las potestades políticas administrativas contrarias al ordenamiento jurídico "que deriva indefectiblemente en la anulación del acuerdo afectado por tal vicio". En realidad, insiste el abogado del Estado, "bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa".

El recurso recoge también una profusa descripción de lo que supone ese derecho fundamental recogido en el artículo 16 de la Constitución. En primer lugar recuerda que ese precepto constitucional así como la ley orgánica que lo desarrolla establece que el único motivo por el que la libertad religiosa puede limitarse es el "mantenimiento del orden público". "La exclusión de actos religiosos ajenos al ayuntamiento sin acreditar perturbación del orden público ni conflicto de usos constituye una restricción injustificada de este derecho fundamental" que "afecta directamente a la comunidad musulmana de Jumilla, impidiendo el ejercicio colectivo del culto sin una justificación objetiva", según los servicios jurídicos del Estado.

Pero, además, el acuerdo propuesto por Vox y apoyado por el PP incumple otro precepto constitucional: el que obliga a que cualquier regulación o limitación de cualquier derecho fundamental —y la libertad religiosa es uno de ellos— solo pueda hacerse mediante ley que, además, tiene que ser orgánica. Y cita una sentencia del Supremo que anuló la prohibición del uso del burka en dependencias municipales del Ayuntamiento de Lleida. "Según el referido precepto constitucional, todo el ejercicio del derecho fundamental está reservado a la ley, y no puede por ello ser objeto directo de regulación por una ordenanza municipal", estableció el Alto Tribunal en 2013. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce el derecho a reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y obliga a los "poderes públicos" a adoptar "las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos".

El Gobierno considera igualmente que la moción ultra vulnera el principio de neutralidad religiosa de la Administración, establecido por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la máxima autoridad en derechos fundamentales reconocida por el derecho español. Ese principio establece la garantía de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos, sin obstaculizar el ejercicio de derechos en función de la confesión religiosa implicada. "La neutralidad institucional en cuanto a la religión impide que las administraciones puedan inmiscuirse en debates estrictamente dogmáticos o de moral religiosa, debiendo conciliar los intereses de diversos grupos y garantizar el respeto de todas las creencias", dice el recurso firmado por la delegada del Gobierno en Murcia.

Una vez enviado el requerimiento, el Ayuntamiento de Jumilla tiene un plazo de un mes para aceptarlo y anular el acuerdo, o rechazarlo. A partir de ese momento, el Gobierno tendrá abierta la vía para recurrir ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda, aunque la ley también faculta al Ejecutivo a saltarse este trámite y acudir directamente a los tribunales.

Prohibir las celebraciones de actos islámicos en los espacios públicos. Esa fue la iniciativa que presentó el único concejal que tiene Vox en el Ayuntamiento murciano de Jumilla, un municipio de alrededor de 27.000 habitantes en el que aproximadamente el 5,5% — 1.500, según fuentes locales— profesan esa religión, de cara a la negociación presupuestaria con el Partido Popular, que gobierna en el municipio. Los conservadores cuentan con diez concejales frente a los diez de la izquierda —nueve del PSOE y uno de IU-Podemos— y necesitaban el apoyo o la abstención de los ultras para sacar adelante las cuentas, lo que les llevó a aceptar la iniciativa de la extrema derecha incluyendo algunas modificaciones.

Lo que Vox buscaba, y finalmente ha conseguido, es impedir la celebración pública del Aid el-Fitr —rezo del fin del mes de ayuno—y Aid el-Adha —la Fiesta del Sacrificio—, las dos grandes festividades musulmanas previstas para la primavera de 2026. La moción de los ultras se justificaba en que son actos "ajenos a la identidad del pueblo" por lo que había que defender "los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas" y pedía "promover la actividad y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de los sellos extranjeros como el halal". El coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal, ha calificado la iniciativa como un "paso atrás" que ha dejado "en shock" a la comunidad musulmana de la población.

La iniciativa de Vox vulnera de manera clara la Constitución Española, que defiende la libertad de credo, pero en lugar de rechazarla, el PP la reformuló para hacerla más genérica y tratar de evitar problemas con los tribunales. Así, la iniciativa aprobada insta al gobierno municipal a promover "actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales", sin citar ninguna en concreto, y modifica el Reglamento de Uso y Funcionamiento de Instalaciones Deportivas Municipales —donde se han realizado estas celebraciones en los últimos años— para que se utilicen "exclusivamente para el ámbito deportivo" y no para "actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento".

Para la extrema derecha se trata de una victoria. "Jumilla hace historia. Gracias a Vox se aprueba la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos. ¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!", señala el post de la cuenta oficial del partido en Murcia, pese a que su concejal se abstuvo y la iniciativa salió adelante por el 'sí' del PP, gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Severa González.

Es a esa abstención a lo que se agarra la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo para defender la iniciativa: "Lo que se ha aprobado en Jumilla no ha contado con el voto afirmativo de Vox", señaló el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, este jueves, que calificó de "absolutamente inaceptable que se pretenda presentar al PP como un partido xenófobo" y culpó al Gobierno de querer "polarizar" con esta cuestión.

El vicesecretario del PP respondía así a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, Elma Saiz, que este jueves incidía en que su Ministerio va a estar "muy vigilante" a través de la monitorización de los discursos de odio que realiza el observatorio Español del Racismo y la Xenofobia para "frenar cualquier intento de propagar el odio contra la población migrante", como sucedió en Torre Pacheco, donde determinados agitadores ultras utilizaron las redes sociales para convocar a sus seguidores y escenificar disturbios y enfrentamiento social en un pueblo involuntariamente convertido en epicentro de un falso enfrentamiento racial.

Sin embargo, el dirigente conservador evitó concretar por qué su formación había reformulado el texto en lugar de rechazarlo directamente. "No a las noticias falsas, no a las cuestiones grandilocuentes que pretenden incendiar un país que es ejemplar", fue su respuesta ante las preguntas de la prensa, una intervención en la que también aseguró que el PP respeta la "libertad" de que "se crea en uno, en siete o en ningún Dios".

De los Santos trató de despejar el asunto diciendo que la iniciativa es una "bravuconada" de Vox y que forma parte de sus "líos": "Por encima de cualquier otra cuestión está el respeto a que cada uno, sea lo que quiera ser, piense, rece o pertenezca a la etnia que pertenezca", afirmó. Tras la polémica, la Conferencia Episcopal Española ha indicado que ese veto "atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano".

Con esta iniciativa, el PP se sitúa a rebufo de la extrema derecha —al amplificar su mensaje y sus políticas— y logra colocar en la agenda un planteamiento xenófobo y originariamente inconstitucional, aunque desde el PP de Jumilla se asegura que se va a buscar un nuevo emplazamiento para la celebración del Ramadán. La formación de Santiago Abascal considera especialmente peligrosos a los migrantes —pobres— provenientes del mundo islámico, una palabra que intercambian con islamista indistintamente, sin atender a sus diferencias.

Las referencias del partido ultra a la supuesta "invasión islámica" que amenaza la identidad" no solo española, también europea, han sido constantes desde el nacimiento de Vox. Sus dirigentes y portavoces han construido un relato basado en una sustitución de la población blanca que, además, está "orquestada por oligarquías" que buscan destruir Occidente en connivencia con la Unión Europea, con la teoría del Gran Reemplazo como telón de fondo.

El PP y Vox han vetado que las personas musulmanas de Jumilla (Murcia) puedan celebrar sus fiestas religiosas, como la del Cordero o el final del Ramadán, en espacios públicos. La moción fue propuesta por el único concejal de Vox del Ayuntamiento, pero gracias a una enmienda del PP, ha logrado salir adelante.

Inicialmente, el partido de extrema había presentado una iniciativa que contenía, entre otras medidas, la prohibición de este tipo de celebraciones en lugares públicos para, según ellos, "preservar las tradiciones españolas". A esta propuesta, el PP respondió con una enmienda que, si bien no prohíbe directamente las fiestas musulmanas, tiene la misma consecuencia que la moción de la extrema derecha.

Los conservadores llevaron a cabo una modificación en el reglamento de instalaciones deportivas para que "no se pueda realizar ninguna actividad ajena al deporte, a no ser que esté promovida por el Ayuntamiento".

El cambio, aprobado con los votos favorables del PP y la abstención de Vox, hace inviable para la comunidad musulmana el uso de esos espacios, que hasta ahora eran utilizados para conmemorar sus festividades. Este hecho convierte a la localidad murciana en la primera de toda España que realiza un veto de estas características y en línea con las ideas defendidas por la extrema derecha.