La reciente ola de calor ha llevado al límite a decenas de millones de europeos no acostumbrados al calor. Hospitales colapsados, trenes cancelados, ríos urbanos convertidos en piscinas o colegios desalojados. Son imágenes que se han repetido a lo largo de todo el continente. La falta de aire acondicionado en hogares, oficinas, edificios estatales y el transporte público comienza a verse ya como una amenaza de salud pública en verano, lo que podría traducirse en la instalación de millones de aparatos de climatización en la próxima década.

Esta transición supone paradójicamente engordar el problema, según los expertos, ya que estos aparatos contribuyen a incrementar el efecto isla de calor de las ciudades debido a que el compresor expulsa aire caliente fuera del edificio. También supone un fuerte incremento del consumo eléctrico que en muchos países debe ser compensado con mayor generación con gas natural o carbón, acelerando el cambio climático, que es, a su vez, el origen del problema.

"Es una dicotomía, desde luego", resume Ana Terra, investigadora del Basque Centre for Climate Change. "Es imprescindible para proteger a la población vulnerable y debería estar en colegios, residencias y hospitales, es una cuestión de supervivencia. Pero también son una fuente de calor dentro de las ciudades y de emisiones de CO2", añade. Según su opinión, no es factible que todos los hogares tengan aire acondicionado porque sería contraproducente, sino que hay que a gran escala habría que apostar por soluciones más sostenibles.

Sin embargo, las opciones que dan la arquitectura o los expertos en eficiencia energética para afrontar las canículas deben implementarse a gran escala, con ayudas públicas y mediante planes de actuación escalonados. En los últimos cinco años, los proyectos de rehabilitación de edificios han demostrado que prácticamente nadie tiene intención de aventurarse a realizar estas reformas millonarias, y cuando se ha intentado, ha habido cuellos de botella porque la mano de obra es limitada.

Nazaret Ruiz, profesora del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Cádiz, también opina que hace falta apostar por planes alternativos al aire acondicionado para evitar engordar el problema todavía más. "Los edificios ya consumen el 40% de la energía global y producen el 30% de las emisiones. Tenemos un objetivo de cero emisiones en 2050, ¿cómo pensamos cumplirlo con más aire acondicionado?", cuestiona la experta.

En su caso, propone una construcción inteligente sacando provecho a la orientación para evitar el sol directo en las horas centrales, maximizar la vegetación urbana, instalar toldos –mejor que persianas– para que la luz no llegue a la fachada y utilizar ventiladores de bajo consumo cuando sea necesario. "Pero si llega el calor y todo esto no se ha contemplado, cada uno mira para sí mismo y termina tirando del aire acondicionado", resume Ruiz.

Los problemas asociados a la refrigeración, sin embargo, no parece que vayan a frenar el crecimiento astronómico de estos aparatos en el mundo. La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) equipara el aire acondicionado con los coches eléctricos, los electrodomésticos o los centros de datos como los principales responsables del crecimiento de la demanda eléctrica global.

Si bien es cierto, será en los países en desarrollo donde más se instalarán simplemente por el crecimiento económico de estas regiones, donde la población se acomodará, pero el cambio climático será responsable de 170 gigavatios (GW) de demanda extra en refrigeración, y en los años más cálidos habrá un consumo añadido de 270 GW. "Estos aumentos acumulados elevarían la demanda máxima [eléctrica global] en más de un 15% para 2035 con respecto al nivel actual", calcula la IEA en su informe anual de 2025.

Este consumo añadido, unido al calor sofocante de los veranos actuales, golpeará también por diferentes frentes a las redes eléctricas, con el consiguiente encarecimiento de la luz para los consumidores, como subraya José Pablo Chaves, investigador energético de la Universidad Pontificia Comillas.

Por una parte, el propio aumento de la demanda energética provoca que más plantas de generación tengan que ponerse en marcha, instalaciones menos eficientes y más contaminantes que venden su electricidad más cara. Mientras que las mayores temperaturas provocan averías en la red y pueden inhabilitar centrales nucleares, como ocurrió la semana pasada en Francia, contribuyendo también al encarecimiento de la luz.

"El incremento de la dependencia del aire acondicionado supone y supondrá un encarecimiento de la energía generalizado. Aunque hay países con energías renovables con ventaja, como España, donde el incremento del consumo de luz coincide con las horas centrales del día, que es cuando más energía renovable se produce, de manera que ambas situaciones se acoplan y el impacto se reduce. Otros países, sin embargo, tienen que tirar de gas para compensar la situación", opina Chaves.

Este problema sobre los precios no es un escenario futuro, sino que se reconoce claramente esta semana observando los precios de la electricidad en Europa. La ola de calor se ha desplazado al centro del continente y golpea en este momento Alemania, donde el coste de la luz en el mercado mayorista marcó este lunes, a las 17:15 horas, 693,47 euros/MWh y, en Bélgica, 946,29 euros/MWh. En ese momento, la luz en España y Portugal costaba 128,08 euros/MWh.

Una cifra oficial y muchas preguntas. El sábado 27 de junio, diez días después del inicio de la ola de calor, la agencia nacional Salud Pública Francia (SPF) dio a conocer sus primeras estimaciones sobre el exceso de mortalidad provocado por esta ola de calor excepcional: desde el 24 de junio, según indica, se han registrado unas 1.000 muertes adicionales (ver despiece a pie de página) con respecto a lo habitual, principalmente en las regiones en alerta roja.

Se han alzado voces a lo largo de la semana criticando la falta de preparación del Gobierno y sus deficiencias en la lucha contra el calentamiento global. Críticas que Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu han tratado de desestimar: el primero, defendiendo su gestión y explicando que “no te adaptas a un pico que no tiene parangón”; el segundo, arremetiendo contra los “inspectores de obras terminadas” en una carta dirigida a los alcaldes.

Más allá de las meras batallas políticas, se multiplican las críticas, tanto a nivel estructural —la lucha contra el cambio climático y la adaptación de las infraestructuras— como desde el punto de vista de la gestión de la crisis en sí misma —prevención a la población, política colectiva de salud pública, transparencia… “No se ha aprendido nada de las olas de calor anteriores”, critica el doctor François Bourdillon, fundador y antiguo director de SPF, en declaraciones a Mediapart.

“No se previene, se reacciona, y, solo lo mínimo, en situación de crisis. Cuando ya desde [la crisis de] 2003, como mínimo, podríamos haber adaptado los hospitales, los centros educativos, el transporte público y las viviendas…”, continua François Bourdillon. El viernes 26 de junio, en el noveno día de la ola de calor, el sistema sanitario se encontraba sometido a una tensión muy intensa, especialmente en Île-de-France, donde los hospitales (la mitad de los cuales carecían de aire acondicionado) estaban saturados y los bomberos, abrumados por las llamadas.

De hecho, fue ese mismo viernes cuando el primer ministro, Sébastien Lecornu, terminó por “aprobar” un pedido de “30.000 aparatos de aire acondicionado para los hospitales”, a propuesta de la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist. En los últimos días, mientras Francia ya atravesaba su segunda ola de calor del año, Lecornu también pidió a los ministros implicados que elaboraran diferentes escenarios para el futuro. “Van con retraso en todo, da la sensación de que se ven arrastrados por lo que está pasando”, confían desde el sector público.

En este contexto, opina François Bourdillon, las medidas de prohibición adoptadas por el Gobierno —como la relativa a la compra de alcohol o su consumo en la vía pública— tienen como objetivo “desvincularse de los problemas estructurales e individualizar la culpa”. Una crítica compartida por otros profesionales de la sanidad pública, que no dejan de establecer un paralelismo con la desastrosa gestión de la crisis del covid.

En una nota dirigida a Macron el 14 de abril de 2020, Jean-François Delfraissy, presidente del Comité Consultivo Nacional de Ética y, en aquel momento, presidente del consejo científico dedicado a la pandemia del covid, invitó al jefe de Estado a involucrar urgentemente a la sociedad en la gestión de la crisis sanitaria para no alimentar “la crítica a una gestión autoritaria y desconectada de la vida de la gente”. No sirvió de nada, como todo el mundo recuerda.

El profesor recordaba entonces al presidente de la República que “incluso en una situación de emergencia, la adhesión de la población es una condición importante para el éxito de la respuesta”; que las organizaciones de la sociedad civil cuentan con una “experiencia” determinante, sobre todo gracias a su “excelente conocimiento de la diversidad de los entornos sociales”; y que “gran parte de las respuestas a la crisis son respuestas locales, que se basan en los impulsos de solidaridad y en el ingenio de las asociaciones”.

Seis años después, la gestión de la ola de calor despierta esos recuerdos: las autoridades insisten en las medidas individuales —no beber alcohol, no practicar deporte, no instalar piscinas en la vía pública, no hacer fiestas…— sin presentar ni el más mínimo esbozo de una respuesta solidaria que tenga en cuenta todas las necesidades de la sociedad. Hacen recaer sobre los hombros de cada uno la presión del sistema hospitalario.

“La ola de calor no es una fatalidad”, recuerda, sin embargo, una fuente prefectoral, que califica de “deplorable” el enfoque del Ejecutivo. Tras la ola de calor de 2003, el informe de la Asamblea Nacional sobre la “crisis sanitaria y social” recordaba así la importancia de una estrategia inclusiva. “Organizarse —escribía entonces el ponente Denis Jacquat—, significa difundir mensajes de prevención a nivel local, identificar de antemano a las personas más vulnerables, localizar entre su entorno a aquellas personas que puedan constituir redes locales de solidaridad, y localizar los lugares ‘frescos’ a los que se les pueda llevar para que se recuperen durante unas horas en caso de ola de calor”.

Evidentemente, se han llevado a cabo algunas medidas en los últimos veinte años, sobre todo por iniciativa de las administraciones locales, a las que, sin embargo, el primer ministro ha señalado con el dedo en los últimos días. Se han creado registros, de carácter voluntario, destinados a las personas vulnerables que deseen que se les contacte en caso de ola de calor, sobre todo para intentar romper el aislamiento social. Pero la gestión del Gobierno, por su parte, sigue siendo invariablemente vertical.

Entre los profesionales de la salud pública entrevistados por Mediapart, algunos lamentan también la falta de coordinación con el sector asociativo o la ausencia de mensajes políticos contundentes dirigidos a los jóvenes, que, sin embargo, se verán gravemente afectados por la ola de calor (enfermedades crónicas, riesgos psiquiátricos…). Pero, al igual que durante la pandemia del covid, en lugar de apoyarles en esta crisis, la mayoría de las declaraciones tienen como objetivo sancionarles o hacerles sentirse culpables.

El tema es tan delicado que el Ministerio del Interior ha impuesto una línea firme a sus equipos: los prefectos tienen prohibido hacer un recuento público del número de ahogamientos, según indicó la dirección de comunicación del ministerio durante una videoconferencia organizada con carácter de urgencia el jueves 25 de junio.

Según el acta de esa reunión, a la que Mediapart ha tenido acceso, el Gobierno aún no disponía en esa fecha —una semana después del inicio de una ola de calor anunciada con mucha antelación— de una estrategia nacional de prevención frente a los ahogamientos. Un riesgo que, sin embargo, aparece claramente en cada episodio de altas temperaturas.

“El Ministerio de Deportes está preparando una campaña nacional que se pondrá en marcha en los próximos días”, justificó un representante de Interior durante la videoconferencia. Mientras tanto, las prefecturas deben limitarse a difundir “mensajes de prevención difundidos por la agencia Vías Navegables de Francia”, mientras el número de tragedias no deja de aumentar.

Preguntados sobre la prohibición de comunicar el número de fallecidos, el gabinete del ministro del Interior dio marcha atrás y ofreció una interpretación totalmente diferente de sus instrucciones. “Hemos precisado que no es aconsejable realizar un recuento diario de ahogamientos, salvo en casos excepcionales. Pero la ola de calor es un caso excepcional”.

El sábado 27 de junio, según nuestra información, las autoridades registraron la muerte de 74 personas en todo el territorio desde el inicio de la ola de calor a causa de ahogamientos (lo que supera los niveles habituales). Es decir, 19 fallecidos más que dos días antes, en una fecha en la que la ministra de Deportes, Marina Ferrari, ya lamentaba un “balance dramático” en France Info.

Ya en 2025, mientras la Federación Francesa de Natación llevaba años dando la voz de alarma, SPF había señalado un "aumento notable" de las muertes por ahogamiento durante las olas de calor. Este año, a la vista de las previsiones meteorológicas, la agencia había decidido adelantar su vigilancia de los ahogamientos, a partir del 1 de mayo, para adaptarse al “contexto del cambio climático”. Sin embargo, en lo que respecta a la prevención, no se ha puesto en marcha ninguna medida.

Traducción de Miguel López

Un verano más, las temperaturas del mar Mediterráneo vuelven a situarse en niveles inimaginables hace solo dos décadas. Si 2024 y 2025 fueron los dos años más cálidos jamás registrados en estas aguas, 2026 apunta de nuevo a cifras récord. Este domingo se ha registrado una anomalía térmica de 8 ºC en el sur de Francia, junto al Golfo de León, una cifra que ha desbordado los mapas de calor que monitorizan la situación.

El desfase ha sido visible, por ejemplo, en las cartografías del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). En ellas se observa cómo se le ha asignado el color blanco al punto más cálido de la región porque la escala cromática terminaba en una anomalía de +8 ºC, una cifra que no se esperaba superar cuando se ideó el sistema.

Francisco Pastor, investigador del Área de Meteorología y Climatología y especialista en olas de calor marinas del CEAM, ratifica que la anomalía ha dejado atónitos incluso aquienes llevan varios años monitorizando el Mediterráneo y han visto cómo se superan récords uno detrás de otro. "Es algo que yo creo que nunca habíamos visto, desde luego yo no lo había visto. Es la primera vez que un dato se sale de nuestra escala de colores", afirma.

Este punto del mar, situado a unos 200 kilómetros al este de la costa de Girona, no es el más cálido del Mediterráneo occidental –el termómetro marca allí alrededor de 26 ºC–, pero sí es el que registra la mayor diferencia entre la temperatura superficial del agua y la media del periodo 1991-2020. En la costa oriental de Italia, el agua está algo más caliente, a unos 28 ºC, mientras que la costa levantina española se mueve entre los 22 ºC del sur y los 26 ºC de la Comunitat Valenciana y Cataluña.

Otro de los mapas de anomalías de temperatura marítima que ha quedado totalmente desfasado es el del Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (Icatmar), que publica diariamente una completa cartografía sobre el estado del Mediterráneo. Su paleta de colores de anomalía térmica va desde los -5 ºC a los + 5ºC, una horquilla que se ha quedado corta para medir este episodio. Como se ve a continuación, el mapa muestra una gran mancha roja triangular que abarca todo el Mediterráneo noroccidental. 

Francisco Pastor explica que esta ola de calor marítima está estrechamente relacionada con la ola de calor atmosférica que sufrió el sur y el centro de Europa la semana pasada, y ambas se retroalimentan. "Una ola de calor marina se intensifica por la ola de calor atmosférica, y viceversa. En la costa, cuando tienes un mar tan caliente, las brisas del Mediterraneo se debilitan porque estas surgen por la diferencia entre la temperatura del mar y del aire, pero la diferencia es menor en estas circunstancias", opina el experto.

Las consecuencias de tener un mar tan caliente podrían sentirse el próximo otoño, cuando comience la temida temporada de danas en España, que suelen castigar especialmente a la costa valenciana. "Se está acumulando mucho calor y energía en las capas superficiales y profundas del mar. Eso no garantiza una lluvia torrencial, pero si se dan otros factores como la inestabilidad atmosférica, sí tendremos unas tormentas más intensas. Es como echar más combustible a la tormenta", añade el investigador del CEAM.

Si ustedes son fans de las películas clásicas de ciencia ficción, recordarán la escena de la película de 1954 en la que sale un ciudadano japonés con los ojos muy abiertos a modo de dibujo anime señalando al monstruo y pronunciando su nombre. Pues esta semana los meteorólogos de la NASA están repitiendo este proceso con el Fenómeno del Niño que se está desatando, y que por convenciones de nominación lleva el nombre de Godzilla.

El fenómeno del Niño es cíclico y ocurre frente a las costas de Perú, pero tiene implicaciones en el clima mundial. Cada siete años, más o menos, las aguas del Pacífico sur sufren un calentamiento anómalo que altera las corrientes de circulación atmosférica, provocando a la vez sequías en unas partes del globo y precipitaciones extremas en otros. Esto conlleva grandes desastres naturales, perdida de cosechas y, en algunas zonas, pérdida de vidas humanas. Es algo que se puede prever y actuar en consecuencia. Las agencias meteorológicas vigilan cuándo surge un aumento de la temperatura del mar frente a las costas de Perú, y ponen en marcha planes de adaptación. Pero los primeros síntomas de este año anticipan que el fenómeno del Niño va a ser uno de los mayores hasta la fecha, de carácter monstruoso, como Godzilla.

No pretendo jugar a ser meteorólogo, sino traducir una serie de artículos científicos y advertir sobre la necesidad de planificar para lo que viene en los próximos meses. Hasta el Banco de España, que no es sospechoso de ser un grupo de ecologistas trasnochados, en un informe sobre el impacto de la Dana dice que estos fenómenos extremos no son solo una desgracia humana, son un hachazo a la productividad del país: provocan cuellos de botella inmediatos en la oferta, paralizan la cadena de suministro y hunden la afiliación a la Seguridad Social en las zonas afectadas.

Pero miremos el mapa de la NASA, que pese a los intentos de censura de Trump, la Agencia de Observación de la Tierra Americana (NOAA) sigue produciendo estos mapas tan coloridos. Es un mapa de la temperatura del océano centrado en América, que explica las desviaciones sobre la media (anomalías), pero si se fijan hay dos cosas que llaman la atención poderosamente. Una es el fenómeno del Niño que se está formando demasiado pronto y que tiene anomalías por encima de los 4º. Y la segunda, si se fijan en la parte derecha del mapa y buscan nuestra casa, entre las Islas Baleares y la Península, verán que el Mediterráneo occidental está 5º por encima de lo normal. Es una sopa burbujeante.

El Niño no es un fenómeno provocado directamente por el cambio climático, pero la temperatura del Mediterráneo sí. Y la combinación de un mar hirviendo con un patrón atmosférico alterado no es un problema de ecologismo de pancarta; es un explosivo riesgo sistémico.

Me gustaría asimismo hacer una advertencia a modo de disclaimer, como en las películas, y es que la meteorología es una ciencia basada en tendencias y probabilidades, y de ninguna manera estoy afirmando que se acerca otra Dana ni nada parecido. Sino que se dan las condiciones para que se produzcan fenómenos meteorológicos intensos.

Pero volvamos a conectar puntos en el mundo, porque el clima es global, y si tenemos un Niño desatado en el Pacífico, en Europa nos podemos preparar para un invierno intenso. Una vez más, sin caer en alarmismos sino por hacer una llamada a la prevención y a trabajar juntos. Es mejor tener planes preparados y no utilizarlos que no tenerlos.

El fenómeno del Niño producirá, probablemente, una alteración de las masas cálidas que suben desde África, produciendo olas de calor más continuadas, y una sequía durante la primera parte del invierno y, a partir de ahí, los efectos del Niño van a ser todavía peores. Las plantas, como he dicho en otras ocasiones, no tienen cerebro, cuentan días de calor. Si les damos un invierno cálido, brotan antes. Si luego les quitamos la lluvia fina que recarga los acuíferos y, en su lugar, les mandamos una lluvia torrencial de otoño alimentada por un Mediterráneo hipercalentado, el agua no cala, arrasa, y de paso se lleva por delante infraestructuras.

En España, la naturaleza nos lleva avisando mucho tiempo. La Estrategia Nacional a 2050 ya asume, negro sobre blanco, que, si no tomamos medidas contundentes, la España del futuro será más cálida y árida, las sequías afectarán a un 70% más de nuestro territorio y 27 millones de personas vivirán en zonas con escasez de agua. La agencia estatal de meteorología publicó la semana pasada su predicción para los próximos tres meses y, de momento, respalda este patrón con un verano con temperaturas por encima de lo normal.

Y aquí viene otra vez la prédica en el desierto: el cambio climático está aquí y no nos lo vamos a quitar ignorándolo, pero cuando vienen fenómenos complementarios debemos estar preparados para afrontarlos. Dejo a los políticos la planificación de los planes más inmediatos, pero es necesaria la concienciación de la ciudadanía de lo que nos viene encima.

Como en la película de 1954, podemos quedarnos señalando al monstruo con los ojos muy abiertos mientras Godzilla avanza hacia la costa. O podemos entender que la meteorología ya no es una anécdota del telediario, sino el mayor factor de riesgo para nuestra economía y seguridad. La sopa burbujeante del Mediterráneo nos está avisando: el tiempo de las 'predicciones' se ha acabado, ha llegado el tiempo de la adaptación forzosa. Más nos vale que cuando Godzilla toque tierra, no nos pille discutiendo sobre el color del paraguas.

____________________

Isaac Pozo es director de Proyectos de la Fundación Alternativas.

En 2050, el mundo respira con tranquilidad. La temperatura ambiente no supera los 25 °C gracias a una gigantesca cúpula refrigerante construida por los magnates de la exploración minera en Marte. Han respondido al llamamiento de Elon Musk para crear un gigantesco sistema de aire acondicionado. En el firmamento, los extraterrestres sobrevuelan un antiguo planeta azul que se ha vuelto gris bajo su cielo artificial. “Ah, estos humanos, siempre con alguna nueva locura”.

¿Una locura? No más que la idea de que vamos a aliviar el sufrimiento causado por las olas de calor climatizando todo y en todas partes. “EL aire acondicionado es LA solución”, declaró el viernes 19 de junio el diputado de la Agrupación Nacional (RN) Franck Allisio. Ese mismo día, Marine Le Pen reafirmó ante los periodistas su voluntad de aplicar un “gran plan climático” si fuera elegida presidenta de la República. En los canales de noticias 24h, el tema del aire acondicionado se repitió hasta la saciedad durante todo el fin de semana.

Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Del derecho al frescor y a unas temperaturas que no pongan en peligro la salud física y mental? ¿De diversas técnicas para refrescar los espacios de vida y de trabajo? ¿O de la instalación, tan simple como perjudicial, de aparatos eléctricos para generar frío en casa?

Esta última opción no tiene nada de indigno en sí misma: nadie puede soportar durante mucho tiempo vivir en una vivienda donde la temperatura no baja de los 30 °C. Sería injusto reprochar a las personas que sufren tales condiciones que intenten evitarlas. Las viviendas de hormigón construidas masivamente en Francia desde el siglo XX son incompatibles con el confort mínimo de vida en una situación de calentamiento global, a menos que se renueven por completo, algo que los especialistas llevan décadas explicando, pero que los sucesivos gobiernos apenas han puesto en práctica.

Pero pretender resolver el problema de la adaptación a los trastornos climáticos generalizando el aire acondicionado individual es tan absurdo como peligroso. Se trata de un pensamiento mágico y de simplismo tecnológico.

En primer lugar, porque nunca será posible climatizarlo todo. ¿Y qué pasa con las calles, las vías férreas, los establos, los campos donde trabajan los agricultores, y las obras de construcción?

Por otra parte, climatizar las viviendas con un alto consumo energético supone garantizar un aumento vertiginoso del consumo eléctrico de quienes viven en ellas y, por tanto, de su factura. Un regalo que parece bueno, pero que en realidad no lo es, para los hogares en situación de precariedad.

En la ciudad, las bombas de calor denominadas “reversibles” —porque también generan frío—, cuando son eficaces y están bien reguladas, pueden aliviar el sufrimiento que causan las temperaturas extremas en el interior de la vivienda, ya que son más eficaces que los aparatos que solo refrigeran. Se trata de aparatos costosos, que funcionan de manera óptima en edificios que no son “coladores energéticos”.

Resultado: los aparatos de aire acondicionado rudimentarios y baratos que se venden cada vez más en Francia enfrían las viviendas calentando el aire de las ciudades, lo que a su vez calienta las viviendas, que suben el aire acondicionado, lo que hace que la temperatura vuelva a subir. El círculo vicioso de la "maladaptación" funciona a pleno rendimiento. Y para quienes sufren las olas de calor actuales y futuras, es una triple pena: pasar demasiado calor en casa, fuera de ella y agotar su presupuesto en facturas de electricidad.

Entonces, ¿a qué se debe tanta presión a favor de la climatización? Se trata de un atractivo mercado emergente en Francia para la industria. Es una aparente varita mágica para resolver de un plumazo un problema complejo.

Los especialistas en clima y transición energética hablan de “maladaptación” para describir las falsas soluciones a los trastornos climáticos: captura y almacenamiento de carbono, megabalsas, coches eléctricos como única vía para la descarbonización del transporte, etc.

El “todo por el clima” es un ejemplo típico de mala argumentación. Ocupa el lugar de un debate mucho más urgente, ya que es sistémico: la creación de un verdadero servicio público de enfriamiento, al igual que se necesitaría un verdadero servicio público de rehabilitación o de confort térmico.

Porque, para que todo el mundo tenga acceso al fresco, existen alternativas al aire acondicionado: las redes de aire fresco subterráneas en la ciudad, la vegetación, la eliminación del asfalto en los espacios que lo permitan —por ejemplo, los patios de los colegios—, la generalización de las contraventanas, la pintura reflectante en los tejados y la ventilación. Pero también la apertura gratuita de museos y salas de conciertos.

Regular la circulación de los coches para que circulen el menor número posible por la ciudad durante las olas de calor, teniendo en cuenta su efecto de calentamiento; dejar de construir con hormigón para no seguir encerrando a la gente en futuras viviendas que tienen el doble inconveniente de ser demasiado calurosas durante el día para sus ocupantes y de liberar por la noche aún más calor al aire (es el fenómeno de las islas de calor urbanas); reducir la jornada laboral y desplazar las actividades a los momentos del día en los que el sol no pega fuerte.

El aire acondicionado no es un enemigo demoníaco contra el que luchar. Con el aumento de las temperaturas, se volverá necesario para mantener habitables edificios diseñados para otro clima: colegios, administraciones, consultas médicas, residencias para personas vulnerables, salas de urgencias, transporte público.

¿Colegios, universidades, administraciones, hospitales, transporte público? Los lugares que más sufren ante las temperaturas extremas son los del servicio público. Allí donde se aplican las políticas puestas en marcha por la comunidad en nombre del interés general y del lema republicano “libertad, igualdad, fraternidad”, al que sin duda sería muy útil añadir el objetivo de la habitabilidad, tal y como proponen el jurista Laurent Neyret y el filósofo Baptiste Morizot.

Así pues, si las palabras tienen sentido —y la de “aire acondicionado” no tiene más que las demás—, la mejor manera de refrescar a un pueblo agobiado por el peso de la ola de calor es salvar y reforzar los servicios públicos, los lugares de protección, de atención, de solidaridad y de cuidado de la colectividad.

Y, de paso, se ven claramente los límites de las políticas del “todo eléctrico” y del “todo nuclear”. Por mucho que Francia sea el país más nuclearizado de Europa, también es aquel cuya capital es la más mortífera para la población en épocas de ola de calor.

Al final de este razonamiento hay una buena noticia: es posible otro tipo de aire acondicionado, sin mentiras ni promesas vacías de la extrema derecha.

Este artículo se modificó el 23 de junio, hacia las 7:35, para corregir la descripción de las bombas de calor reversibles. Gracias a las lectoras y lectores por su atención.

Traducción de Miguel López

No hay duda de que España sufre una semana fatídica de calor, pero el mensaje que llega a buena parte de la población es que la situación es menos grave de lo que realmente es. Este lunes, el mapa de avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiñe el país de amarillo y naranja, salvo una zona del País Vasco (rojo), una imagen que replican, entre otros, el Ministerio del Interior o las cuentas oficiales del 112 en cada comunidad autónoma. Ese plano contrasta con el mapa de Meteosalud del Ministerio de Sanidad, que pinta de rojo todo el tercio norte de la península y numerosos puntos del centro y el sur.

La diferencia se ve claramente en las dos imágenes siguientes. El de la izquierda es el mapa de avisos por calor de Aemet, y el de la derecha, el de avisos de Meteosalud (consideradas olas de calor epidemiológicas). Ambos corresponden a este lunes, pero la diferencia es similar este martes y mañana miércoles.

La brecha entre ambos puede dar lugar a confusión porque la percepción del riesgo por parte de la población es evidentemente menor en el mapa de Aemet. La diferencia entre los dos radica en que el primero solo mide las temperaturas máximas de cada una de las 182 zonas climáticas del país durante esa jornada, las compara con una tabla de registros históricos y emite un aviso (amarillo, naranja o rojo) en función de cuánto superen ese umbral.

El segundo mapa, elaborado por el Ministerio de Sanidad, incluye en su cálculo el impacto fisiológico del calor. Es decir, cruza la temperatura media de un periodo de tres días con el factor de riesgo de cada zona climática, que representa lo adaptada que está la población de cada territorio al calor. De esta manera, Meteosalud se basa en que 33º C en A Coruña tienen un impacto mucho mayor sobre el organismo que 40ºC en la campiña sevillana.

Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) especializado en salud y cambio climático, fue uno de los ideólogos de Meteosalud y critica que se dé mucho más peso al mapa de avisos climáticos que a la versión que incorpora la variable sanitaria. "Seguimos destacando más las noticias de que se alcanzan 40ºC en lugares donde están acostumbrados a registrar 40ºC, cuando lo importante no es dónde se registran las temperaturas más altas, sino cómo afecta a la gente que vive allí", destaca el investigador.

De hecho, es habitual que sea el mapa de Aemet el que se imponga en los medios de comunicación y en el debate público. Principalmente, porque el de Sanidad empezó a publicarse en 2024, mientras que el de la Agencia de Meteorología se creó hace 20 años.

Por ejemplo, esta semana, en plena crisis de calor, tanto el Ministerio del Interior como Protección Civil se han hecho eco de la versión de Aemet en redes sociales. También todas las cuentas autonómicas del 112, como Cataluña, Cantabria o Madrid, tres lugares marcados en alerta roja por Meteosalud este lunes, pero que en el mapa de Aemet están pintados de amarillo y naranja.

Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático en el Gabinete de la ministra de Sanidad, reconoce que están todavía trabajando en popularizar e imponer la versión de 2024, que pone el foco en la salud pública. "Los dos mapas cumplen funciones diferentes, y nosotros recomendamos el de Meteosalud, que es el que importa a las personas. Lo que pasa es que el nuestro es más reciente y todavía estamos dándolo a conocer", dice el alto cargo. "Por ahora, es verdad que el de la Aemet tiene mucho más tirón", añade.

Un estudio publicado en 2024 con datos de 2008 a 2019 confirma la profunda brecha que hay entre lo que Aemet y Sanidad consideran una situación de riesgo, en este caso a la hora de decretar una ola de calor. En el 52,5% de las 182 zonas climáticas españolas se considera peligroso para la salud (según Meteosalud) un umbral de temperaturas máximas menor del necesario para que Aemet declare una ola de calor en esos lugares. Es decir, en algo más de la mitad del país, aunque no se declare ola de calor, la salud de los ciudadanos está en riesgo por las altas temperaturas.

Julio Díaz fue uno de los autores de aquel trabajo, y resume así sus conclusiones: "En más de la mitad de las situaciones en las que habría que dar una alerta por calor, no se están dando".

La razón es que, para que la Aemet declare una ola de calor, se tienen que dar una serie de complejas circunstancias: un episodio de al menos tres días consecutivos en que como mínimo en el 10% de las estaciones de medición se registren máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000. Sin embargo, en muchos lugares de España no hace falta llegar a ese extremo para que la población esté expuesta al peligro.

Por ejemplo, el estudio en el que se basa Meteosalud calcula que, en el litoral de Gipuzkoa, los vecinos están en riesgo sanitario en el momento en el que se superan los 25,7 ºC, una temperatura que supone el percentil 79,3% de la media de las máximas, 15 puntos por debajo del umbral de ola de calor.

La dificultad de que estas condiciones encajen es tal que las declaraciones de alerta de Meteosalud y ola de calor de Aemet solo coinciden en el 30,7% de los casos. En el 52,5%, Meteosalud activa el riesgo sanitario con temperaturas inferiores a las necesarias para que la Aemet declare una ola de calor. En el 16,7% de los casos restantes ocurre lo contrario: Meteosalud tiene un umbral todavía superior, lo que significa que en una de cada seis zonas de España se declara ola de calor con temperaturas inferiores a las que son peligrosas para la ciudadanía. 

"Los resultados obtenidos en este estudio indican la necesidad de utilizar una definición de ola de calor basada en estudios epidemiológicos de temperatura y mortalidad, en lugar de valores basados en datos meteorológicos", resume el estudio, publicado en la prestigiosa revista Environmental Sciences Europe.

Las comunidades del norte del país, que tradicionalmente han sido un refugio frente al calor del verano en España, son las que más riesgo presentan para la salud durante los episodios de temperaturas extremas como el que se espera este fin de semana. Aunque los termómetros allí no se disparen tanto como en Córdoba, Zaragoza o Cáceres, el mayor número de avisos del Ministerio de Sanidad por exceso de calor durante el verano pasado se registró en Asturias, contra todo pronóstico, y las comunidades con más muertes atribuibles al calor –en relación a su población– fueron Castilla y León y Galicia en los últimos dos años.

La tendencia este verano apunta en la misma línea, pero de manera incluso más exagerada. Según el Monitor de Mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, desde el 15 de mayo hasta ahora se estiman 168 muertes atribuibles al calor en España, y 148 de ellas (el 83%) se concentran exclusivamente en Asturias, Galicia y País Vasco. En Andalucía, el epicentro del calor en España, solo se estiman cuatro fallecimientos. 

Los picos de temperatura de lugares tradicionalmente cálidos son los que reciben atención porque allí se registran las temperaturas más salvajes, pero los expertos subrayan que el riesgo para la salud radica en lo acostumbrada que esté la población a ese calor y en la adaptación de las casas y las ciudades a él, como recuerda Julio Díaz, investigador del  Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la Escuela Nacional de Sanidad.

"La clave está en el umbral de mortalidad por temperaturas que tiene cada región porque no es lo mismo 37ºC en Sevilla que en A Coruña. En la primera puede ser duro, pero en la segunda es una barbaridad", opina Díaz. "En Sevilla es muy raro el que no tiene aire acondicionado o toldos, o los pueblos de Málaga tienen calles estrechas para que corra el aire y las casas son blancas para reflejar la luz. Eso no ocurre en Galicia", resume.

Este investigador fue precisamente uno de los ideólogos del mapa Meteosalud, del Ministerio de Sanidad, que se actualiza cada día con el riesgo sanitario por altas temperaturas en España en las 182 zonas meteorológicas en las que se divide el país. En él se cruzan la temperatura esperada para las siguientes tres jornadas y los datos históricos de mortalidad por calor, y evidencia las grandes diferencias que hay en el país.

Por ejemplo, en la costa de Cantabria la temperatura máxima a partir de la cual se considera riesgo de salud son 26,7 ºC, y 31,2ºC en la zona centro de esa Comunidad, mientras que en Badajoz las alarmas no saltan hasta los 39,9ºC.

El mapa de Meteosalud también envía alertas cada día en forma de tres colores (amarillo, naranja o rojo) cuando se prevé que una zona del país vaya a sufrir un episodio de riesgo sanitario. Esta cartografía es diferente al clásico mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), puesto que el primero se basa en índices sanitarios y el segundo simplemente compara los picos de calor con datos históricos de temperatura, sin tener en cuenta la capacidad de la población de adaptarse a la situación.

Un análisis de todos los avisos de Meteosalud publicados el verano pasado arroja que las provincias del norte del país son de lejos las más preocupantes. Sumando los emitidos en amarillo, naranja y rojo, Asturias es la número uno (259 avisos), seguida de Tarragona (203), Cantabria (162), Pontevedra (150) y Valencia (114). Esas cifras no equivalen a que en 2025 hubiesen temperaturas peligrosas durante 259 días, en el caso de Asturias, sino que la suma de las cuatro zonas meteorológicas de Asturias tuvieron en total ese número de avisos. 

Si se cuentan solo las advertencias de nivel rojo, durante las cuales el organismo está sometido a temperaturas realmente peligrosas, Tarragona es la primera (44 avisos), seguida de Asturias (38), Pontevedra (38), Cantabria (33) y Soria (30).

Como el resto de España, las comunidades autónomas tradicionalmente frescas en verano también están sufriendo un incremento de la temperatura media anual de los récords de temperatura máxima y de las temperaturas nocturnas.

Por ejemplo, en Cantabria, una de las regiones que ocupa los rankings de riesgo por calor, los datos de laAemet apuntan a un aumento de 0,3ºC por década en las temperaturas medias, el equivalente a alrededor de 1ºC más en lo que va de siglo. En cuanto a registros extremos, hasta 2022 nunca se había registrado una temperatura superior a 42ºC, pero desde entonces se ha medido en 22 ocasiones. En cuanto a las noches tropicales (una mínima superior a 20º), el promedio del periodo de referencia (1991-2020) es 3,5 días al año, y en los últimos cinco días se ha casi duplicado esa estadística, hasta 5,8 días.

Sergio Fernández, delegado de Aemet en Cantabria, explica que el debate sobre el calor empieza a ser cada vez más recurrente en la política y la sociedad cántabra a medida que la situación empeora. "Aquí nunca ha hecho falta aire acondicionado, pero en mayo llegamos a alcanzar los 37,1ºC, un récord para ese mes, y se abrió el debate sobre su necesidad en las aulas. La particularidad de este episodio es que fue más fuerte aquí que en el sur de España y llegamos a medir 10ºC más de lo que tocaba en esas fechas", afirma este doctor en ciencias físicas.

No dejemos que los “tecno-autócratas” se adueñen del imaginario del futuro. Con esta frase resume el investigador Lucas Chancel, codirector del Laboratorio sobre las Desigualdades Mundiales, creado por el economista Thomas Piketty en 2007, la intención que subyace al “proyecto de justicia mundial” publicado el jueves 4 de junio y al que Mediapart tuvo acceso con antelación.

Un título ambicioso para una iniciativa un tanto descabellada: trazar una hoja de ruta para hacer del mundo un lugar más justo de aquí a 2100, a pesar de las limitaciones y amenazas del cambio climático. Esta gran reforma, sintetizada en un informe redactado por más de 40 investigadores, pasaría por la creación de un “fondo para la justicia mundial”, financiado mediante la tributación de los multimillonarios (sobre su capital y sus ingresos) y redistribuido a los países en función de su riqueza per cápita.

Ese maná —equivalente al 10% del PIB mundial gastado cada año— serviría para financiar políticas progresistas de reducción de la jornada laboral, de refuerzo de los sectores de la salud y la educación, así como la transición hacia un sistema energético descarbonizado. Una especie de “tasa Zucman ampliada”, mediante el cual ya no se trataría solo de luchar contra la evasión fiscal, sino de refundar la arquitectura de la economía mundial.

Al término de este ambicioso proceso de redistribución, los países ricos y pobres convergerían hacia un nivel medio de ingresos comparable: 5.000 euros de renta nacional bruta al mes por habitante, en lugar de la diferencia actual de 1 a 16 entre los países del África subsahariana (290 euros) y los de América del Norte y Oceanía (4.590 euros).

El mundo se volvería así menos desigual: la parte de la riqueza mundial del 50% más pobre pasaría del 2% al 30%, mientras que la de los multimillonarios se reduciría del 6% al 0,05%. “Casi el 90% de la población mundial duplicaría sus ingresos trabajando la mitad de lo que trabaja hoy”, escriben los autores del informe.

¿Un flagrante caso de pensamiento mágico o una apuesta populista? Lucas Chancel lo niega: “A principios del siglo XX se trabajaban 3.200 horas al año, pero hoy en día solo 1.600 horas al año en los países ricos. […] Nuestra propuesta es reducir la jornada laboral en Europa a cuatro o cinco horas al día. Algunos dirán que es una locura. Pero ya hemos reducido a la mitad las horas trabajadas a la semana desde principios del siglo XX. Y con el desarrollo de la IA, ¿cómo no pensar que todo esto va a cambiar profundamente otra vez?”.

Para los 45 investigadores que han participado en este trabajo prospectivo, es posible demostrar, con cifras, que las políticas de redistribución económica son compatibles con las medidas de fuerte descarbonización del sector energético.

“¿Se puede lograr progreso social bajo la presión de actuar contra el cambio climático? La respuesta es sí”, asegura Chancel, “pero con tres condiciones: una fuerte reducción de las desigualdades entre países y dentro de los países, con mucha más sobriedad y llevando a cabo la transición energética”.

El colectivo de especialistas se basa en lo ocurrido durante el siglo pasado: “En el siglo XX fue posible una reducción muy significativa de las desigualdades”, recuerda Chancel, retomando una de las principales tesis de Thomas Piketty. “Cosas que parecían utópicas a principios del siglo XX —la Seguridad Social, el impuesto progresivo sobre la renta, la educación para todos— se han convertido en algo totalmente habitual”

El programa del Laboratorio de Desigualdades Mundiales se basa pues en una apuesta paradójica: seguir con la tendencia a largo plazo del siglo XX de reducir las desigualdades y reconocer los derechos sociales, pero romper con el actual laissez-faire tan favorable a las grandes fortunas y a los poderosos.

Se trataría de crear un nuevo sistema de tributación de los ultrarricos: un sistema fiscal doble, para gravar tanto el capital que poseen los multimillonarios como sus ingresos. El tipo impositivo sobre el patrimonio (bienes inmuebles, participaciones en sociedades, títulos financieros, etc.) se fijaría en el 1% para las personas que posean el equivalente a 20 veces la riqueza media mundial por persona (2,2 millones de euros en 2026), el 3% para los niveles 50 veces superiores, el 5% para los 100 veces superiores… hasta el 20% para quienes posean el equivalente a 5.000 veces más que la media mundial individual (550 millones de euros). Entre el 1,3% y el 1,5% de la población mundial estaría sujeta a este impuesto hasta 2050.

En cuanto a los ingresos, se crearía un impuesto mundial: un tipo del 5% para las personas que perciban unos ingresos 10 veces superiores a la renta media disponible por adulto en el mundo, del 40% para 50 veces, del 70% para 500 veces y del 90% para 5.000 veces (110 millones de euros).

En los países ricos, entre el 10% y el 20% de la población podría salir perdiendo económicamente, pero se beneficiaría de las ventajas de la sobriedad, de más tiempo libre y de la preservación de la habitabilidad del mundo. O puede que se lo crean. Esta batalla estará en el centro de las luchas sociales y políticas venideras, reconocen los autores de este informe.

El dinero de este proyecto de justicia mundial sería recaudado por una nueva institución internacional, el “Fondo para la Justicia Mundial”, que se asemeja a una especie de antítesis del Fondo Monetario Internacional (FMI) tal y como lo conocemos hoy en día.

En lugar de someter a los países pobres a planes de ajuste estructural destructivos para pagar sus deudas, este fondo les proporcionaría las subvenciones necesarias para la creación de empleo en los servicios esenciales: educación, salud, electrificación del transporte, abandono de las energías fósiles, etc. También se beneficiaría de los rendimientos de la inversión de otra nueva entidad, el “Fondo Soberano Mundial”.

Esta ingeniería técnico-burocrática no podría ser más que una herramienta que habría que poner en marcha en apoyo de fuertes movilizaciones sociales por mayor igualdad y menos caos climático. Prepararlas desde ahora implica una apuesta optimista: confiar en que llegarán a ver la luz. ¿No choca esto con las realidades del conflictivo mundo actual, marcado por la guerra de Rusia en Ucrania, los ataques estadounidenses contra Irán y el genocidio en Gaza?

No, responde Cornelia Mohren, doctoranda en desigualdades climáticas y coautora del informe: “Existe un fuerte rechazo a las injusticias y esto genera frustración en muchas sociedades. Hay por tanto una gran necesidad de contar otras historias a estas personas. En nuestro informe, cuantificamos quiénes son los ganadores y los perdedores de este nuevo sistema redistributivo y vemos que, incluso en países ricos como Estados Unidos, las personas pobres verían aumentar sus ingresos en las próximas décadas”.

Según Lucas Chancel, “nuestra época se caracteriza por una ultraconcentración de la riqueza de los multimillonarios a un nivel nunca visto en la historia. La presión climática también es única en la historia. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es aquí donde necesitamos pensar en el futuro de manera positiva y recordar los momentos históricos en los que se redujeron las desigualdades”.

¿Qué posibilidades tienen estas ideas de ser adoptadas por las fuerzas políticas? Los autores del informe abogan por la creación de nuevas alianzas con los Estados que tuvieran interés en ello, incluso sin la participación de Estados Unidos.

Países a favor de la creación de una convención de la ONU sobre fiscalidad (Global Tax Justice); tasa internacional a los superricos defendida por el presidente brasileño Lula y el presidente del Gobierno español Sánchez; compromiso del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a favor de un IPCC de las desigualdades para que los científicos trabajen siguiendo el modelo de lo que se hace con el clima, "iniciativa de Bridgetown" impulsada por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, para reforzar la financiación destinada a los países del Sur global ante el caos climático, etc.

Para Chancel, ya está tomando forma una nueva geopolítica de la demanda de justicia fiscal. ¿Qué lugar querrá ocupar en ella la Unión Europea, con sus países ricos y sus gobiernos cada vez más hostiles al reparto de la riqueza?

El Fondo para la Justicia Global es objeto de debate durante una conferencia en la Paris School of Economics hasta este sábado. No se espera la presencia de ningún candidato a las elecciones presidenciales francesas. Pero sí estará presente una estrella de la literatura de anticipación: Kim Stanley Robinson, exitoso escritor estadounidense y autor de El Ministerio del Futuro, una gran obra sobre el caos climático cuyos protagonistas acaban encontrando una solución mediante la regulación y la creación monetaria. El futuro dirá si este patrocinio literario fue un buen augurio.

Traducción de Miguel López

La ola de calor que acaba de azotar Europa sirve como un recordatorio de que el cambio climático no ha terminado. Aunque el clima haya desaparecido del radar político, los desequilibrios del sistema terrestre continúan avanzando y, de momento, ante la insuficiente reducción de los gases de efecto invernadero, parecen irreversibles.

Este caos climático es inseparable de las amenazas existenciales que pesan sobre las democracias del mundo. En 2025, se contabilizaron 91 autocracias frente a 88 democracias. A día de hoy, el 72% de la población mundial vive bajo un régimen autoritario.

Es esta crisis la que analizan la historiadora Amy Dahan y el sociólogo Stefan C. Aykut en su obra magistral La Mutation climatique —publicada por Presses de Sciences Po—, un libro atravesado por un ideal democrático y ecológico que no ha perdido del todo la esperanza.

Mediapart: En su opinión, el periodo que vivimos es una “mutación climática”, una idea que conviene distinguir de la transición ecológica. ¿Por qué?

Amy Dahan: La mutación climática es, verdaderamente, un nuevo estado de la condición humana. Es el resultado de la crisis climática y de las amenazas que ha provocado desde el punto de vista de la habitabilidad del planeta y de lo que sufren las sociedades. Las nuestras, pero también las del Sur.

Se refiere tanto a los impactos de esta crisis como a las perspectivas que abre. No es algo que se reduzca a una mera cuestión ecológica. Interactúa con los cambios geopolíticos que estamos viviendo y sus repercusiones en los regímenes democráticos, en particular en el nuestro y en Europa. Es algo nodal.

La situación actual ya no tiene nada que ver con el mito de una transición suave e indolora que, supuestamente, iba a conducirnos a soluciones gracias sobre todo a la tecnología.

¿En qué sentido ya no tiene nada que ver?

Stefan C. Aykut: Al utilizar el concepto de “mutación climática”, seguimos la intuición de dos pensadores que nos han influido: Ulrich Beck y Bruno Latour. Ambos hablaron de “mutación” y de “metamorfosis” para describir un estado del mundo en el que las herramientas para analizar las sociedades ya no parecían servir para comprender los cambios observables.

Nosotros hemos preferido el concepto de mutación, ya que da la impresión de un cambio profundo, pero no determinado de antemano. No sabemos realmente hacia dónde vamos. El concepto de transición da la impresión de que partimos de un estado estable para ir hacia otro, y que entre ambos hay un cambio más o menos lineal.

Creemos que no es en absoluto el tipo de cambio el que estamos viviendo. Una de las razones es que nuestras sociedades se han construido sobre el consumo de recursos fósiles [carbón, petróleo y gas] y han basado la legitimidad de su régimen político en esa abundancia. La redistribución de la riqueza procedente de los combustibles fósiles permitió cierta paz social.

Todo eso está cambiando hoy. Esas transformaciones son, hasta cierto punto, imprevisibles. Tienen efectos secundarios que controlamos mal y que se combinan con otras dislocaciones geopolíticas y democráticas. Esa es la turbulencia en la que nos encontramos.

Ola de calor, bloqueo del Estrecho de Ormuz, ataques de drones rusos: ¿en qué se relacionan todos estos acontecimientos?

A. D.: Con la ola de calor que acabamos de sufrir, se ve claramente que el escepticismo climático queda desmentido. La alerta climática es muy grave. Todo lo que ocurre hoy lo demuestra y lo confirma. La población es sensible a ello y no es escéptica respecto al clima.

La invasión de Ucrania responde a la ambición imperial de Rusia, un imperio autocrático que busca recuperar un lugar en Europa y amenaza a toda nuestra región. Ahora bien, Rusia vive de la exportación de combustibles fósiles. Su economía, más allá del petróleo y el gas, está en retroceso. No sabe salir de esta situación más que mediante amenazas, drones y destrucción en Kiev, frente a un país que resiste heroicamente. Es una amenaza democrática para Europa.

Se oye decir que hay que construir la paz porque la guerra consume combustibles fósiles. Pero no toda paz es legítima. La capitulación ante Putin no es paz. Está cargada de amenazas y guerras futuras.

El tercer elemento del panorama es lo que está sucediendo en el Estrecho de Ormuz y en todo Oriente Medio. Hay un giro autoritario y autocrático de Trump, que ha iniciado esta guerra en Irán supuestamente para liberar al pueblo, pero que solo tiene una idea: hacerse con el control del petróleo de toda la región. Le está saliendo muy mal, porque sus aliados regionales se han dividido. Tenemos, por tanto, una confluencia de contradicciones en esta crisis de Ormuz.

¿De qué maneras la crisis climática se está convirtiendo en una crisis existencial para las democracias?

S. C. A.:  Están llegando a su fin dos relatos fundamentales, desmentidos por lo que está sucediendo hoy.

Por un lado, el relato del fin de la historia, de la democracia “inevitable” que iba a extenderse por todas partes. Ese espíritu de los años 90—del que hoy podemos reírnos— daba la impresión de que la democratización estaba en marcha. Una impresión que, además, se vio reforzada en la década de 2010 por las primaveras árabes y las revoluciones de colores en Europa. Pero ahora vemos un efecto rebote: autocracias que se fortalecen y movimientos autoritarios que emergen en las democracias occidentales.

El segundo relato es el de la transición ecológica “inevitable”. Esa impresión de que, de todos modos, tras la Conferencia de París sobre el Clima de 2015, la transición iba a realizarse de todos modos; de que, en realidad, ya estaba en marcha y nos encontrábamos inmersos en ella.

Hoy vemos que las autocracias actúan de manera muy agresiva en el plano internacional y quieren desestabilizar a las democracias.

También vemos que los combustibles fósiles desempeñan un papel fundamental en las relaciones internacionales: en la desestabilización de Venezuela e Irán; en el refuerzo del control de Trump sobre el petróleo y en la financiación de la guerra de Putin mediante el petróleo y el gas.

Estos dos relatos han sido, sin embargo, muy importantes, porque están en el origen de la crisis actual. Según nuestro análisis, la década de 2010 supuso un gran golpe para las autocracias fósiles. Los pueblos reclamaban democracia en la plaza Tahrir, en Egipto, y en el Maidán, en Ucrania, es decir, en una zona muy próxima a las autocracias del Golfo y de Rusia. Y con el Acuerdo de París sobre el clima se tenía la impresión de que el fin de la era de los combustibles fósiles podía empezar a vislumbrarse en el horizonte.

Pero a partir de ahí se observa una reacción extremadamente violenta y de largo alcance para sofocar los movimientos democráticos. Esa reacción conduce a la invasión de Ucrania y también a la influencia de Putin en las elecciones estadounidenses.

Por otro lado, las ciencias climáticas y las políticas de transformación están siendo atacadas por todas partes. No son exactamente lo mismo, pero hay una convergencia entre el intento de erosión democrática y el intento de socavar las políticas de transformación. Las instituciones científicas —como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC— que sostienen la alerta climática son también instituciones importantes para el debate democrático.

Eso se traduce en el control de determinados medios de comunicación en Estados Unidos y Europa, y en el ataque a las políticas de transición ecológica conocidas como Pacto Verde, que apuntan tanto a la transformación hacia una economía baja en carbono como a los fundamentos democráticos y sociales de los Estados.

¿Considera usted que el retroceso ecológico y el retroceso democrático están íntimamente relacionados?

A. D.: La postura orwelliana del discurso de Trump y de los neoliberales estadounidenses desempeña un papel fundamental en esta historia. Esta cuestión de la verdad, de la adecuación a la realidad de lo que se dice del mundo, se convierte en algo muy importante.

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho posible contar y difundir un discurso completamente alternativo a la realidad, que no tiene nada que ver con la verdad. Este discurso adquiere coherencia por su mera difusión, por el simple hecho de que es retomado por gente de todas partes, en las redes sociales, pero también por intereses políticos.

Esto afecta a la cuestión del escepticismo climático, porque se niegan cosas absolutamente evidentes. Y permite campañas de desinformación e intentos de manipulación, incluso en países democráticos que no se han visto afectados por el escepticismo climático.

¿Por qué es tan importante?

S. C. A.: Desde el principio, la cuestión de la degradación de las democracias y los ataques contra las ciencias del clima estuvieron íntimamente ligados a Estados Unidos.

La Heritage Foundation, que es absolutamente fundamental en el ascenso de Trump y en la elaboración de su “Proyecto 2025”, está financiada con dinero de las energías fósiles, bajo el impulso de los hermanos Koch, que hicieron su fortuna con el petróleo y la petroquímica. De hecho, han seguido una agenda a la vez liberal en lo económico y claramente dirigida contra “la amenaza verde”, en particular la climática.

Detrás hay una corriente de pensamiento bastante profunda, articulada en torno a la idea de que si se deja que la ciencia y la democracia sigan su curso, estas regularán cada vez más, porque el modelo de negocio del capitalismo fósil no es viable para el planeta. Los defensores de las energías fósiles han optado, por tanto, por la degradación democrática antes que por cambiar su modelo de negocio.

A esto se suma hoy la nueva alianza con las GAFAM —Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft—. Durante mucho tiempo, las grandes empresas digitales fueron aliadas de la causa climática. Estos grupos tenían objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de CO2 y de uso de energías renovables. Hoy ya no se habla de eso en absoluto. Se acabó.

¿Por qué?

S. C. A.: Porque se han dado cuenta de que los centros de datos y la inteligencia artificial consumen muchísima energía. Ahora tienen un presidente que les promete suministrársela. Y, finalmente, se ha formado una alianza con esta nueva élite que ocupa el centro de nuestros sistemas de información.

Podemos tomar el ejemplo de Grokipedia, esa web alternativa a Wikipedia creada por Elon Musk y redactada íntegramente por una inteligencia artificial sesgada, que ha sido programada para reflejar sus puntos de vista. Hoy hay millones de artículos en esa web que alimentan los sistemas de inteligencia artificial de las próximas generaciones. Remiten, por ejemplo, a sitios que presentan el cambio climático como una controversia, como si no fuera un hecho causado por las actividades humanas. Aquí vemos de nuevo cómo la cuestión climática parece ser una obsesión para esos medios.

Con el proyecto de abandono de las energías fósiles, nos enfrentamos a la red de influencia más poderosa que quizá haya visto jamás el mundo. Si subestimamos el carácter conflictivo de la transformación climática, tendremos graves problemas.

En su libro hablan de una “represión política y social” de la transformación ecológica, que sería a la vez inevitable, pero también una dinámica que puede abordarse políticamente. ¿Abre esto una puerta a avances ecológicos y democráticos?

A. D.: El discurso sobre la transición justa o sobre las desigualdades ha avanzado enormemente. También lo han hecho las investigaciones de un gran número de economistas, como Lucas Chancel en Francia. Se ve claramente que las desigualdades climáticas no se dan únicamente entre países ricos y países pobres, sino también dentro de los propios países. Incluso en los países en desarrollo, las clases acomodadas consumen y emiten muchísimo. Las investigaciones muestran que el 5% más rico del mundo emite tanto como el 50% de la población mundial. Creo que este análisis sobre las desigualdades aún no ha sido valorado como merece en el espacio público.

No habrá transformación ecológica si no es redistributiva y si no avanza en la reducción de las desigualdades. No se pueden pedir sacrificios a los excluidos si los más privilegiados no hacen nada. Eso nunca funcionará.

Para lograrlo, hay que acortar los horizontes y los plazos de acción. Los objetivos de descarbonización para 2050 y de limitación del aumento de las temperaturas a finales de siglo no bastan. Reconocerlo no significa rebajar las ambiciones climáticas. Se trata, simplemente, de intentar arreglárnoslas para recorrer los próximos cinco años con una visión más o menos clara de los 50 que vendrán después. No se puede movilizar a las democracias pensando en lo que va a pasar dentro de 50 años. Se movilizan por cosas que les interesan a corto plazo.

*

Stefan C. Aykut y Amy Dahan, La Mutation climatique, Presses de Sciences Po, 418 páginas, 26 euros.

Esta entrevista tuvo lugar en Mediapart el 29 de mayo; Stefan C. Aykut participó en ella por videoconferencia desde Alemania. Los entrevistados no han pedido revisarla.

Traducción de Miguel López

El síndrome de la rana hervida funciona como una metáfora que ejemplifica cómo las personas vamos aceptando, mediante la adaptación, situaciones que resultan peligrosas o destructivas. La analogía compara así el supuestamente diferente comportamiento de las ranas si caen en una olla con agua hirviendo (de la que intentarán salir inmediatamente) o si se encuentran en un recipiente con agua que se pone al fuego y se va calentando lentamente hasta finalmente hervir; en este caso, en cambio, la rana irá acostumbrándose a la nueva temperatura hasta morir.

Aunque la base de la parábola generó controversia (distintos experimentos mostraron que la rana que se encuentra en agua que se calienta lentamente acabará intentando escapar cuando la temperatura sea excesiva), la metáfora se ha empleado para alertar de la incapacidad de los seres humanos o de las sociedades de percibir un peligro que no es súbito, sino que crece gradualmente. También en relación con el cambio climático, y de hecho Al Gore utilizó esta referencia en su famoso documental Una verdad incómoda, ganador de dos Oscar.

Los datos no mienten. El cambio climático, provocado por la acción humana, es una realidad desde hace décadas y ya estamos sufriendo sus efectos. Sube la temperatura media —lentamente, como si estuviésemos en una olla hirviendo— y aumentan los fenómenos meteorológicos extremos —sequías, récords de temperaturas, lluvias torrenciales…—, cada vez más frecuentes y cada vez más extremos.

Esta semana que termina, todo el oeste de Europa sufrió un episodio de temperaturas inusualmente altas para el mes de mayo. Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica o Irlanda batieron sus récords para este mes, con 35 grados alcanzados en Londres, 37 en el sur de Francia o más de 30 en Alemania. En Galicia, los valores alcanzados esta semana no supusieron máximas históricas, pero estuvieron cerca.

Cuando sí se baten esos récords, surge la alarma. En la segunda mitad del mes de junio del año pasado, las temperaturas en Ourense superaron los 40 grados en cuatro jornadas y durante dos semanas los termómetros no bajaron de los 30 grados. En el resto de Galicia, con valores más reducidos, la situación fue similar. Llevamos años de récords sucesivos, lo que no quiere decir que esas marcas históricas se batan todos los meses.

Pero, de nuevo, los datos muestran una realidad incómoda para muchos y desmienten los falaces argumentos de los negacionistas (interesados o dirigidos) del cambio climático. Los cuatro últimos años fueron los más cálidos de la serie histórica en Galicia, como se ve en el gráfico anterior. La temperatura media entre 2022 y 2025 se movió entre los 14,7 y los 14,9 grados, más de un grado por encima de la media del período 1980-2010 y casi dos grados más que los valores más habituales en las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo.

Las causas del calentamiento global están también claras —en especial, el uso de carbón, petróleo y gas para generar electricidad, calor o para mover vehículos de combustión— y las soluciones están igualmente enunciadas y aceptadas, a la espera de su aplicación.

David Domínguez, responsable de las cuentas de Redmeteo en X e Instagram, comenta en conversación con Praza.gal las elevadas temperaturas vividas en Galicia y en la mayor parte del oeste de Europa, subrayando que el fenómeno fue particular en el norte: “por ejemplo, en Mondoñedo sí se batió el récord de temperatura máxima para el mes de mayo, con niveles que quizá no se alcancen ni en agosto”.

Domínguez subraya que “lo que se sale de la norma no es bueno, ni las lluvias excesivas y la sucesión de días grises que tuvimos en invierno, ni el calor excesivo que vivimos en los meses más cálidos”.

El gráfico anterior muestra las anomalías de temperatura registradas mes a mes en Galicia desde el año 2020. Como se ve, predominan los colores rojos, correspondientes a los meses extremadamente cálidos y cálidos. Las excepciones son los meses con temperaturas normales o frías. En el pasado año 2025 destacaron los datos del mes de junio, ya comentado, con una anomalía de 2,8 grados. Pero también los de enero (1,8 grados por encima de la media de las últimas décadas).

En 2024 los extremos los marcaron los meses de enero y noviembre, una muestra de que las subidas de las temperaturas no afectan únicamente al período estival, sino que se dan durante todo el año, incluso en invierno y también en meses como octubre —extraordinariamente cálido en 2022 y 2023—.

Como destaca David Domínguez, los veranos son objetivamente más largos, empezando antes (los meses de abril y mayo son cada vez más cálidos y secos) y terminando más tarde, con unos meses de octubre que están marcados cada vez más por el calor y por los incendios. “Yo lo noto especialmente al final del verano, pues parece que cada vez tarda más en comenzar el otoño. Y no me refiero a la lluvia, porque al final más o menos va lloviendo lo mismo, pero sí en relación con las temperaturas. Octubre es cada vez más cálido y últimamente incluso noviembre registra temperaturas más altas”, dice.

“Los veranos, además, llegan antes, llegan de golpe y año tras año estamos batiendo récords en todos los meses”, añade, concluyendo que “esto no se puede negar: hay datos, es una evidencia científica”.

Uno o dos grados pueden no parecer mucho (de nuevo la parábola de la rana puesta a hervir), pero tiene implicaciones a corto, medio y largo plazo que todos sufrimos en nuestra vida diaria. En primer lugar, por la sucesión de anomalías de temperatura (de bajas y de altas temperaturas, más frecuentes estas últimas) que hacen más incómodas nuestras vidas y que tienen consecuencias graves para la salud de las personas más vulnerables, especialmente las de edad avanzada, pero también niños y niñas y personas con determinadas patologías.

Desde el año 2015 el Sistema de Vigilancia de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) monitoriza los excesos de mortalidad en España, realizando estimaciones que comparan los fallecimientos esperados y los reales y analizando las causas de estas desviaciones, entre ellas las temperaturas. Entre 2015 y 2025 más de dos mil personas perdieron la vida en el período estival —entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre— debido al efecto del calor.

El año pasado fue el peor de la serie, con 397 personas que fallecieron debido a los efectos atribuibles a las altas temperaturas. La mayor parte fueron personas de más de 85 años (303), especialmente en los meses de agosto y junio.

Conviene aclarar que solo una parte de estas muertes se notifica como directamente causada por las altas temperaturas (por ejemplo, los golpes de calor). Sin embargo, el efecto negativo de las altas temperaturas, sobre todo cuando estas se extienden en el tiempo, provoca un debilitamiento de la salud, especialmente en personas de edad avanzada o aquejadas por otras patologías.

Los territorios en los que tradicionalmente las temperaturas eran más altas en verano suelen estar mejor adaptados al calor por desarrollar una serie de hábitos (permanencia en espacios más frescos en las horas de más calor), medidas de protección individual (mayor presencia de aire acondicionado, persianas, toldos) y diseños urbanísticos (calles más estrechas, fuentes, zonas de sombra) que reducen los impactos del calor en la salud.

Otro efecto claro, ligado al incremento de la temperatura del agua del mar, es la crisis que sufre el importante sector marisquero en Galicia

Las temperaturas elevadas —unidas a otras consecuencias del cambio climático, como períodos prolongados de sequía— están ya provocando otros efectos evidentes, como el incremento de la peligrosidad y virulencia de los incendios forestales, más difíciles de controlar y con efectos más graves.

Otro efecto, ligado al incremento de la temperatura del agua del mar, es la crisis que sufre el importante sector marisquero en Galicia. Especialmente significativo —por su peso económico— es el declive del mejillón de las bateas gallegas: 2025 marcó un nuevo récord negativo en las últimas dos décadas. Lo mismo sucedió con la almeja, la volandera o la ostra plana, entre otros bivalvos. La contaminación y los efectos del cambio climático, entre las causas.

Quedamos, pues, a la espera de los siguientes récords históricos de temperatura, de las anomalías en relación con los valores normales y de los efectos —inmediatos y directos o a medio plazo e indirectos— de un calentamiento global que está marcando la vida de las generaciones actuales y que lo hará en mayor medida sobre las generaciones venideras.

El enfado de los sindicatos es mayúsculo. España es uno de los epicentros del calor en el hemisferio norte y el Gobierno sigue sin tomarse en serio la protección de los trabajadores durante los meses tórridos, hasta el punto de que se desconoce cuántas muertes reales ocurren por altas temperaturas. El Ministerio de Trabajo llega de nuevo al verano sin adaptar la ley de riesgos laborales al cambio climático y sin modificar los reglamentos que había prometido. Esta semana, con temperaturas que rozan los 40 ºC, se verán las primeras consecuencias.

"Las justificaciones del ministerio no convencen a nadie. Tendríamos que tener desde diciembre un real decreto aprobado, y no está ni el borrador. Tenemos una reforma legal que va al Congreso, y en la situación política actual no tengo ninguna esperanza", se desahoga Mariano Sanz, encargado de Salud Laboral y Medioambiente en Comisiones Obreras (CCOO). "La Aemet prevé un verano como el del año pasado. Ya nos han advertido, y en unos días nos rasgaremos las vestiduras cuando lleguen las consecuencias", añade con contundencia.

Agricultores, repartidores, albañiles, policías, personal de limpieza… la lista de empleos expuestos al calor es interminable, y los expertos advierten de que cada año la situación va a peor debido al cambio climático. Hace falta adaptar la ley, denuncian los sindicatos, para evitar que estos trabajadores estén desprotegidos. En general, la norma obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores, pero hace falta concreción y persecución del incumplimiento.

El paso principal es actualizar la Ley de riesgos laborales de 1997, la mejor manera de obligar a las empresas a adaptarse al calor. El Ministerio de Trabajo lleva inmerso desde febrero de 2024 en una negociación con sindicatos y patronal para reformarla, pero en noviembre los empresarios se levantaron de la mesa y la ministra Yolanda Díaz terminó publicando un anteproyecto de ley sin el apoyo de los empresarios.

Ese texto, que todavía tiene un largo camino antes de entrar en vigor, reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo, y por tanto la salud de los trabajadores. Otro punto de la reforma también señala que, si hay una previsión de que vaya a ocurrir un fenómeno meteorológico adverso en un territorio, se tratará como un "riesgo laboral grave e inminente". Estos dos cambios obligarían a las empresas a introducir en sus planes de prevención de riesgos medidas para enfrentarse al calor, a las riadas o a otros fenómenos.

El texto fue aprobado en Consejo de Ministros y se encuentra ahora en estudio por el Consejo Económico y Social, que debe emitir un informe preceptivo. No está claro, según los sindicatos, si irá después al Consejo de Estado. De ahí volverá al Consejo de Ministros –"esperamos que pronto, pero no podemos dar una fecha", afirman fuentes de Trabajo–  para ser revalidado y después pasará por el Congreso de los Diputados, donde se augura un fracaso debido a la crisis parlamentaria actual.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, recuerda que el verano pasado se estimaron casi 4.000 muertes atribuibles al calor en España, según el Ministerio de Sanidad, y que cientos de miles de trabajadores no pueden quedarse desprotegidos por un desacuerdo en el Congreso. "Nos hemos vuelto a plantar a las puertas del verano sin una ley que proteja a los trabajadores. Esperemos que esta ley no caiga por el camino porque es inadmisible volver a sufrir otro año como el pasado", critica.

Mariano Sanz, de CCOO, reconoce que la reforma de la ley de riesgos laborales es una utopía en este momento, pero que hay otra figura que permite a Yolanda Díaz actuar sin pasar por el Congreso. De hecho, es su obligación abordarla.

En noviembre de 2024, como parte del real decreto ley 8/2024, de medidas para responder a la dana de Valencia, el Gobierno introdujo una disposición que ordenaba en un plazo de 12 meses al Ministerio de Trabajo aprobar "un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral". Al no tratarse de una modificación de una ley, no requeriría ir al Congreso, y podría abordarse por decreto.

"Nuestra esperanza es que al menos este reglamento salga adelante, pero todavía no hay ni un borrador. Exigimos que se publique ya", señala el portavoz. Trabajo les ha respondido que antes necesita aprobar la reforma de la ley que tiene pendiente, pero para Sanz ese proceso no tiene futuro y solo retrasará cualquier avance en protección laboral.

Aunque la ley de prevención tiene tres décadas, uno de sus reglamentos asociados se actualizó en 2023 para introducir el riesgo por calor a la hora de modificar la jornada laboral, y esta herramienta sí que debe aplicarse ya en empresas y administraciones.

El real decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo recoge ya que todo empleado al aire libre tiene "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos", como olas de calor, si no se puede garantizar su seguridad.

También subraya que si una zona está bajo aviso naranja o rojo de la Aemet, por ejemplo por calor, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista".

Otra de las exigencias que hacen los sindicatos es abordar el escasísimo seguimiento que hay de las muertes laborales por golpe de calor. El año pasado se registraron oficialmente cinco muertes por este motivo y 259 accidentes laborales, según la Estadística de Accidentes de Trabajo del ministerio que dirige Yolanda Díaz. El año anterior se contaron cero fallecidos por altas temperaturas en puestos de trabajo.

Los sindicatos no comprenden que mientras los estudios de impacto del calor en la sociedad española estiman cientos de fallecidos cada verano, la estadística laboral ignore este problema. Según los portavoces consultados, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente no se realiza un estudio en profundidad sobre las causas de la muerte. "Si un obrero se cae de un andamio, no se indaga en si antes sufrió un golpe de calor", resume Mariano Sanz.

España ya llega tarde al plazo de dos años que dio la Unión Europea para trasponer a su legislación la nueva Directiva Penal Ambiental, que facilita que los delitos sobre la naturaleza se procesen por la vía penal para que los castigos sean proporcionales a los daños, incluyendo multas cuantiosas, penas de cárcel para casos graves y la obligación de costear la restauración del ecosistema.

Bruselas reconoce que la justicia europea no tenía hasta ahora herramientas para disuadir a empresas y administraciones de contaminar o destruir el medioambiente, y que era necesario dotar a los tribunales de herramientas más duras. Las ONG advierten de que el Ministerio de Justicia no solo llega tarde, sino que es probable que la directiva no se trasponga esta legislatura, alargando el proceso durante años.

Según explica David de la Bodega, responsable jurídico de SEO BirdLife, su organización no tiene constancia de que Justicia haya avanzado en el trabajo previo para sacar adelante la adaptación normativa ni hay un borrador. En los últimos meses han enviado dos cartas al ministerio para recordar la importancia de avanzar con este problema que no han sido contestadas. Fuentes de Justicia señalan a infoLibre que su intención es llevar el asunto "pronto al Consejo de Ministros".

"La verdad es que no tenemos esperanzas de que se vaya a trasponer durante esta legislatura. Para empezar, parece que no se ha empezado a trabajar en ello, y además necesita después el apoyo de una mayoría cualificada en el Congreso porque hace falta reformar el Código Penal, y con la situación política actual no creo que pueda lograrse", opina el activista.

Las organizaciones ecologistas llevan meses presionando para que se importe la directiva   porque afirman que España sufre un grave problema de impunidad en lo que respecta a los delitos ambientales. Están reconocidos en la ley, pero como las penas son muy bajas, casi siempre en forma de pequeñas multas, son casos de baja prioridad en los juzgados. Y si hay una condena, en muchas ocasiones merece la pena cometer la infracción y pagar.

Esta sensación se detecta a diario en casos de robo de aguas para regadío, en la contaminación de lagunas y acuíferos, en la caza furtiva de especies protegidas, en la exportación ilegal de basuras o en casos de contaminación del aire. Los que luchan cada día contra estos abusos piden también formar a jueces y fiscales en legislación ambiental.

Los estados miembros tenían hasta el jueves 21 de mayo para trasponer la normativa europea al Código Penal, cosa que no ha hecho el Gobierno. El principal cambio que introduce la directiva europea es establecer una lista de infracciones para que sean claramente reconocidas como delitos penales contra el medioambiente, puesto que en los 27 países hay discrepancias debido a la falta de claridad de la anterior directiva comunitaria de 2008. El segundo cambio clave de la nueva versión es que aclara que las personas jurídicas –las empresas– pueden ser responsables de pleno de un crimen ambiental si se benefician de él, no solo las personas que han dado la orden.

Según describen los expertos, en España, por lo general, ya se recogen como delitos la gran mayoría de casos que aparecen en la nueva directiva, pero esta también incorpora las sanciones concretas que deben pagar los acusados. Muchas de las infracciones, sobre todo las que tienen daños a largo plazo sobre un ecosistema, tendrán penas de cárcel concretas, y no habrá margen para resolverlas con una multa, como ocurre ahora.

Por ejemplo, un vertido contaminante que cause daños sustanciales en el ecosistema, si tiene el agravante de realizarse sobre un suelo protegido y con un impacto a gran escala y duradero, tiene en la directiva una pena máxima de al menos ocho años de prisión, en función de lo que decida cada Estado a la hora de la trasposición.

La normativa europea resume el cambio en que los gobiernos nacionales deben garantizar que todos los delitos ambientales recogidos "puedan ser castigados con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias".

La organización WWF es otra de las que ha hecho campaña ante el Gobierno para que cumpla con su compromiso con Europa porque consideran que muy pocos delitos contra la naturaleza terminan siendo perseguidos en España. Hace tres años publicaron un análisis en el que concluyeron que de 4.902 casos de crímenes contra la fauna protegida registrados entre 2015 y 2020 en el país, solo 327 tuvieron una sentencia judicial, el 7%.

Laura Moreno, responsable del programa de especies de WWF, opina que si se endurecieran las penas, estos delitos pasarían a ser prioritarios. "Lo importante no es que la gente vaya a la cárcel más años, sino que los jueces darían más prioridad al medioambiente y tendrían más recursos para estos casos, como escuchas telefónicas o la geolocalización, que se reservan para los casos más graves", valora.

Otro cambio primordial es que la norma europea propone poner el foco sobre las empresas que comentan un crimen ambiental, más allá de condenar a sus dueños, con castigos muy fuertes, como una multa equivalente al 5% de su facturación global en los casos de los delitos más graves.

Tanto para personas físicas como jurídicas se propone también que tengan que costear la recuperación del ecosistema dañado o que paguen una indemnización equivalente. Si bien, queda en manos de los estados miembros decidir qué castigos concretos trasponen a su normativa.

David de la Bodega destaca el castigo a las corporaciones como un cambio muy importante en la legislación ambiental porque con la normativa actual, contaminar un acuífero o abatir un animal protegido de valor incalculable para la sociedad, se resuelven con una multa.

"Un ejemplo claro es la rotura de la balsa de Aznalcollar de 1998, que hizo un daño inmenso al Parque de Doñana y a los alrededores. Como no se pudo atribuir una responsabilidad penal ni civil a la minera, terminamos pagando todos la restauración", recuerda.

Que España no incorpore los cambios en el Código Penal también conllevará que el Gobierno no elabore la Estrategia nacional de lucha contra los delitos medioambientales, un documento que forma parte de la directiva europea y que cada Estado debe publicar como tarde en mayo de 2027. Sería una guía muy útil para prevenir los daños sobre el ecosistema porque en ella se recoge qué aspectos hay que mejorar, qué administración es la responsable y cómo se van a corregir los errores. Los expertos también explican que al no trasponerse la normativa, España se expone a que la Unión Europea abra un procedimiento sancionador por incumplimiento.

Castilla y León, la región más castigada por los incendios forestales, es, paradójicamente, la que peor trata a sus bomberos forestales. Es un secreto a voces entre los profesionales de todo el país. Los que trabajan allí describen sueldos que rozan el salario mínimo, escasez de trajes antiincendios, alrededor de un 70% del cuerpo externalizado a un abanico de pequeñas empresas y una total falta de organización autonómica. El fatídico verano de 2025 –con cinco fallecidos, un récord de hectáreas quemadas y pueblos enteros arrasados– no trajo mejoras sustanciales.

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco anunció en otoño que aumentaría drásticamente el presupuesto de lucha contra incendios tras la catástrofe estival y prometió convertir en "público" un cuerpo que tenía casi por completo derivado a empresas forestales en más de un centenar de contratos. Sin embargo, ni los presupuestos ni este decreto ley para transformar la profesión salieron adelante porque este partido gobernaba entonces en solitario y la oposición los vetó.

Los bomberos consultados describen un absoluto abandono histórico de un cuerpo que cada año trabaja más al límite debido al cambio climático. De los últimos cinco años, Castilla y León ha sido la región número uno de España en hectáreas quemadas en tres de ellos.

"Es tan grande nuestra diferencia con otras comunidades autónomas que es imposible de creer", explica por teléfono Enrique Sánchez, bombero en Barco de Ávila del equipo externalizado a la empresa pública Tragsa. "Llevamos siendo el cuerpo más precario de España desde el INFOCAL de 1999 y no vemos señales de que vaya a cambiar", añade.

Las imágenes que recorrieron España el verano pasado de los incendios de Las Médulas afloraron las pésimas condiciones en las que trabajaban las brigadas autonómicas, donde en total hay unos 6.000 bomberos. En otras regiones también hay salarios bajos, enfermedades y lesiones no reconocidas o falta de vehículos y material, pero ninguna se iguala al caos que describen en Castilla y León. No solo está externalizado, sino que el cuerpo está compuesto por más de 120 contratos diferentes a más de 30 empresas. 

"Aquí llegas a un incendio y tienes personal laboral de la Junta, tienes a empresas privadas y tienes a Tragsa, cada uno con una ropa, una normativa de salud y seguridad, y con un horario diferente. El descontrol es total", relata Sánchez, también delegado del sindicato UGT en Ávila.

Aunque cayó el decreto ley que modernizaba el cuerpo, la Junta ha mantenido el compromiso de contratar de forma "pública" al personal, pero solo de manera figurada, porque el plan consiste en trasladar esos contratos a Tragsa, una empresa pública, pero con su propio convenio completamente diferente al de un funcionario o al del personal laboral de la administración. El sistema de mejora será progresivo a medida que vayan caducando los contratos actuales con empresas más pequeñas. Por ejemplo, en junio se incorporan a Tragsa tres retenes de tierra. 

Esta transición, sin embargo, también será caótica, describen los profesionales, porque se hará en forma de cascada según venzan los contratos actuales, negociando contrato a contrato de aquí a 2028, cuando se espera que todo el cuerpo externalizado haya mudado a la compañía pública. Estar en Tragsa, como ya se ha demostrado en la Comunidad de Madrid, donde los forestales llevan más de 1.000 días de huelga, no es ni mucho menos garantía de un empleo de calidad, pero es mejor que lo que tienen ahora. 

"Fíjate cómo están las cosas que pasar a Tragsa aquí es una victoria. Tienen el convenio sin actualizar desde 2011 y, aún así, es un gran salto a mejor para nosotros", reconoce resignado otro bombero castellanoleonés entrevistado.

Aunque los pasos son muy pequeños, este cambio sí traerá alguna ventaja importante para el cuerpo de Castilla y León. El principal es que todos los bomberos que se vayan incorporando a Tragsa tendrán un contrato durante los 12 meses del año, cuando lo normal hasta ahora era trabajar tres, cuatro o seis meses, una mejora laboral pero también un gran paso en las tareas de prevención de incendios. Otro plus que destacan en Tragsa es que la empresa pública garantiza a todos los profesionales trajes antiincendios, un mínimo para trabajar que por desgracia se echa en falta en muchos casos. 

Rodrigo Martín, bombero en Palencia y también del sindicato UGT en Castilla y León, trabaja en el área pública de este cuerpo como personal laboral, donde también denuncia condiciones extremadamente precarias. Habla de "los sueldos más bajos de España", donde un peón que apaga fuegos y se expone a situaciones de toxicidad, quemaduras y una inmensa lista de riesgos laborales –no reconocidos– cobra 1.280 euros al mes, poco más que el salario mínimo.

No hay pluses por peligrosidad ni reconocimiento de la categoría profesional del bombero forestal, como obliga la Ley Básica de Bomberos Forestales de 2024. Lo que sí han empezado ahora es a implementar la sobrecotización en la nómina para acceder a la jubilación anticipada, cosa que no existe en otras regiones también precarizadas, ni en las BRIF del Ministerio de Transición Ecológica.

"El problema es que la sociedad presionó a los políticos para que invirtiesen más después de los incendios, pero luego no saben gestionar ese presupuesto. Un compañero en Palencia nos contó que ahora trabaja todo el año, pero que, en vez de hacer tareas de prevención, ha estado apoyando la reintroducción del lince construyendo madrigueras para conejos", resume Martín. 

Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO, también subraya la pésima organización de la Junta de Castilla y León. "El personal suele quejarse de una falta de planificación a la hora de organizar el operativo que afecta a la eficacia de la extinción y a las condiciones de seguridad en las que se trabaja", afirma.

Durante años, Europa ha centrado gran parte de sus esfuerzos climáticos en la mitigación del cambio climático y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mientras la adaptación a sus efectos ha ocupado un lugar secundario en el debate político. 

Desafortunadamente, basta mirar lo que está ocurriendo alrededor para entender que esto no puede seguir así. En nuestra realidad cotidiana, experimentamos cada vez más inundaciones devastadoras, sequías persistentes, olas de calor muy severas e incendios forestales de sexta generación, que afectan no solo al medio ambiente, sino también al campo, al precio de los alimentos, al agua, a la salud pública y a la vida de muchas ciudades y pueblos europeos. 

Por eso, la futura ley europea de adaptación y resiliencia climática que está preparando la Comisión Europea y que presentará a finales de año, será una de las decisiones más importantes de esta legislatura, ya que tendrá como objetivo que la Unión Europea se prepare mejor ante las crisis climáticas y que no se limite a reaccionar ante ellas.  

La adaptación al clima debe estar en el centro de las decisiones políticas y tenerse en cuenta en la construcción de infraestructuras, en la planificación de ciudades, en la gestión del agua y en la inversión del dinero público, entre otros ámbitos. Sin embargo, para que el principio de “resiliencia por diseño” y no “por reacción” se integre en nuestras políticas, iniciativas, instrumentos y estructuras, anticipando riesgos en lugar de solo reaccionando ante ellos, debemos cambiar algunas inercias europeas. 

En la actualidad, cada Estado miembro cuenta con su propia metodología y valoración de los riesgos e impactos del cambio climático. La nueva ley deberá establecer un marco común basado en escenarios científicos y en evaluaciones de riesgo climático homogéneas para todos los países de la Unión, ya que los riesgos climáticos no pueden afrontarse eficientemente con 27 enfoques distintos.  

Por otro lado, el nuevo marco climático no sólo debe constar de obligaciones para la adaptación, sino también venir acompañado de soluciones y de recursos; es decir, de capacidad real para aplicarlo. En un contexto en el que las prioridades presupuestarias de la Comisión no pasan por el medioambiente y el clima, quién paga la adaptación y cómo hacerlo de manera justa será, sin duda, uno de los debates más importantes en torno a la nueva ley. Y en esta discusión será determinante tener en cuenta que adaptar Europa al cambio climático costará dinero, pero no hacerlo costará muchísimo más. 

Cada desastre climático tiene un impacto económico enorme y creciente. Por eso necesitaremos más inversión en prevención, preparación y resiliencia, y probablemente también nuevos instrumentos europeos, incluyendo mecanismos que ayuden a cubrir riesgos climáticos que el  mercado privado ya no puede asumir por sí solo.

No obstante, y a pesar de la importancia de los recursos, no podemos reducir la adaptación a una cuestión meramente presupuestaria. A veces seguimos pensando en resiliencia únicamente en términos de hormigón, diques o infraestructuras grises, y olvidamos que la naturaleza y las soluciones basadas en la misma son nuestras mejores aliadas.

Lo hemos aprendido con los incendios, con las inundaciones y con las olas de calor. Los humedales restaurados frenan crecidas. Las ciudades con más árboles soportan mejor las temperaturas extremas. Los ecosistemas sanos ayudan a reducir riesgos y hacen los territorios más resistentes. Así lo defendimos los socialistas durante la negociación de la Ley de Restauración de la Naturaleza y así continuaremos defendiéndolo en las negociaciones de la  ley de adaptación climática, porque defender la naturaleza no es solo una cuestión ambiental, sino también de seguridad y de protección civil. 

Por último, la futura ley tocará políticas y sectores sensibles que pueden resistirse, como el sector agrícola o silvícola, la gestión del agua, la ordenación del territorio, el urbanismo o las infraestructuras civiles o energéticas, por lo que su negociación será un reto político. Las resistencias ya las hubo en la Ley de Restauración de la Naturaleza cuya negociación nos dejó una lección útil. Cuando las políticas climáticas se explican únicamente como una agenda  ambiental, es más difícil construir mayorías; cuando la gente entiende que hablamos de proteger vidas, cultivos, ciudades, empleos o viviendas, el debate cambia. Adaptarse no va de ideología. Va de proteger a la gente frente a riesgos que ya están aquí. Prepararnos mejor no es un lujo ni una exageración. Es probablemente una de las inversiones más inteligentes que Europa puede hacer en los próximos años.

_____________________________________________

César Luena es diputado socialista en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medioambiente, Clima y Seguridad Alimentaria.

El verano pasado estuvo protagonizado por los brutales incendios que dejaron la mayor superficie quemada desde 1994. Ese drama, concentrado en Castilla y León y Galicia, afloró las pésimas condiciones en las que trabajan los 20.000 bomberos forestales de España. Sueldos bajos, riesgos laborales no reconocidos, imposibilidad de jubilarse anticipadamente, ausencia de complementos salariales por peligrosidad o contratos por temporadas. En ese momento de crisis se prometió una reforma integral para proteger a los profesionales, pero poco ha cambiado un año después.

"Se ha avanzado un poco en algunas cosas, pero los cambios son muy lentos", resume Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO. "Seguimos teniendo buena parte de los dispositivos trabajando durante la campaña de incendios, y en el paro durante la otra mitad del año", añade. Según calcula, este invierno han perdido su trabajo unos 6.000 bomberos forestales en España, y ahora regresan a sus puestos para enfrentarse al verano, que se espera muy duro.

La temporalidad es una de las lacras de la profesión, aunque tienen numerosos frentes abiertos. No ayuda el caos organizativo de este sector, ya que hay bomberos que trabajan para el Estado, otros para las comunidades autónomas y otros para los ayuntamientos. También se dividen entre funcionarios, personal laboral y subcontratados a empresas privadas. Dentro de estos últimos, unos 2.000 trabajan para Tragsa, una empresa pública. Cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, que se negocian por separado.

En noviembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley Básica de Bomberos Forestales, una norma pionera cuyo objetivo principal era consolidar la profesión y aclarar sus tareas, puesto que era habitual que en los contratos de trabajo se les denominase con nombres inverosímiles como peones de caza, jardineros o conductores de apoyo a la extinción, fórmulas para justificar sueldos irrisorios y condiciones precarias para trabajadores expuestos a una lista interminable de riesgos laborales.

Ese estatuto se sigue incumpliendo ampliamente en todo el país, un año y medio después de su entrada en vigor, pese a que el 8 de noviembre de 2025 debía estar implementado por completo en todo el territorio.

Carlos Martín reconoce que, desde los incendios de 2025, ha habido tibios avances y que al menos ya se les reconoce como bomberos forestales en casi todas las comunidades, aunque ese título solo tiene sentido si se acompaña de los beneficios que tiene la profesión: reconocimiento de enfermedades profesionales, turnos de trabajo adecuados, una cotización extra a la Seguridad Social para adelantar la jubilación, medidas de prevención de riesgos laborales, recolocación puestos alternativos a bomberos que no pasen las pruebas físicas anuales y garantía de trabajo durante los 12 meses del año.

Es en todos estos puntos donde el plan hace aguas, aunque varía por comunidades autónomas. Según diferentes profesionales preguntados, Castilla y León es de lejos la región más precaria de todas, pese a que fue precisamente la más castigada por los fuegos de 2025, concentrando el 46% de toda la superficie quemada. También citan a Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía. En Madrid, los forestales llevan más de 1.000 días en huelga, y probablemente continúen durante el resto de este año.

Castilla y León es el caso más sangrante porque el Gobierno regional del Partido Popular sigue sin responder pese a los salvajes incendios de 2022 (en la Sierra de la Culebra) y 2025 (en el Bierzo). En esa comunidad se estima que el 80% de las cuadrillas están externalizadas a empresas privadas, los profesionales siguen sin ser catalogados como bomberos forestales y la temporalidad provoca que hasta el mes de junio los dispositivos no estén preparados para hacer frente de manera efectiva al fuego.

En la Comunidad de Madrid también siguen faltando medidas tan básicas como el correcto reconocimiento de la profesión, según Alfonso Ferrero, bombero forestal contratado como personal laboral en esta región. "Seguimos igual desde el año pasado. Hemos estado un año negociando y en febrero cortaron las conversaciones y nos dijeron que en 2026 mantendremos las mismas condiciones que el año pasado", se queja. Todo esto después de que falleciese por primera vez en dos décadas una persona por un incendio en la Comunidad, en Tres Cantos.

La temporalidad también continúa en la plantilla del personal laboral de bomberos forestales de Madrid, donde pertenece Ferrero. Explica que ahora se ha sacado unas oposiciones para trabajar como conductor del parque móvil en invierno, y que las condiciones son las mismas que las de un bombero que se juega la vida. "Gano exactamente lo mismo conduciendo un Renault Clio que apagando fuegos en verano", resume.

Además, añade, este verano habrá en Madrid unos 130 bomberos forestales menos que el año pasado, tras la eliminación de la estacionalidad en la plantilla externalizada a Tragsa en 2026. Si antes había 300 trabajadores en invierno y unos 550 en verano, ahora pasa a haber alrededor de 420 todo el año. Más servicios de prevención en temporada baja, pero menos cobertura durante los meses más duros. 

Las comunidades autónomas no son las únicas que no cumplen la ley de 2024. Carlos Martín, de CCOO, denuncia que hay dos grandes problemas que son responsabilidad del Gobierno central. El estatuto contemplaba la creación de un reglamento de prevención de riesgos laborales para los forestales por parte del Ministerio de Trabajo antes de noviembre de 2025, pero el pasado mes de diciembre se paralizaron las conversiones para su elaboración con los sindicatos, revela el portavoz.

También está pendiente la introducción de numerosas enfermedades profesionales en la categoría del bombero forestal, que por ahora solo tienen reconocida la exposición a los óxidos de carbono, cuando el sector calcula que cada año conviven con el 90% de todos los accidentes y enfermedades catalogados como riesgos profesionales, desde descargas eléctricas hasta atropellos. También se relaciona su trabajo con más de una decena de cánceres, lesiones de espalda y articulaciones, o problemas crónicos de pulmón y corazón. Esta tarea también recae en el Ministerio de Trabajo.

Donde sí aseguran que se han mejorado las condiciones drásticamente es en las cuadrillas que trabajan para el Gobierno central, las conocidas como BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales), dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y subcontratadas a la empresa pública Tragsa, donde trabajan unos 700 bomberos.

Las BRIF tenían hasta el verano pasado unas de las condiciones más precarias de la profesión, pero el Ministerio actualizó el 20 de agosto, en medio de la ola de incendios, su convenio con Tragsa para garantizar que se cumplen las horas de convenio –antes era habitual doblar o triplicar turnos en salidas a incendios–, un aumento de los salarios y la posibilidad de librar seis días en verano, enumera Marcos Gómez, presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF.

"Este año tenemos más medios, mejores condiciones y más personal. Lo que echamos en falta todavía es que no se ha empezado a sobrecotizar en la nómina para acceder a la jubilación anticipada", matiza Gómez. Sobre el incremento de los contratos, explica que las BRIF tienen 11 bases en España, y cada una tendrá este verano entre seis y diez profesionales más, lo que equivale a un crecimiento total del cuerpo de casi el 20%.

El tren de borrascas de enero y febrero dejó el tercer invierno más lluvioso de este siglo, cargando los suelos de agua, como muestran los diferentes mapas de humedad de España. Lo que en principio debería ser una muy buena noticia para los bosques de la península, podría volverse en su contra cuando comience la temporada de incendios, que se concentra entre julio y septiembre. Según diferentes expertos, en un territorio seco y muy caluroso como el español, ese incremento de la vegetación puntual en primavera se traduce en más combustible para el fuego durante el verano.

Raúl Quílez, doctor en incendios forestales y profesor del Máster Interuniversitario en Incendios Forestales, explica esta contradicción es especialmente aguda debido al impacto del cambio climático, que extiende y hace más intensas las olas de calor de verano, las que secarán las hierbas y los matorrales que se han desarrollado exageradamente durante esta primavera. "En un escenario normal, que llueva es lo mejor porque el bosque llega reforzado a la temporada de incendios. Pero en un escenario de cambio climático se genera un cóctel que aumenta la intensidad de los incendios porque se seca la vegetación", valora el profesional.

Según opina Quílez, en ese cóctel también destacan las altas temperaturas nocturnas que caracterizan al verano peninsular, con mínimas que fácilmente superan los 25ºC e incluso los 30ºC en algunos puntos del país, una condición que acelera la evapotranspiración de la vegetación y la seca rápidamente en las primeras semanas del verano. El cambio climático también está aumentando la inestabilidad atmosférica, incrementando la probabilidad de reventones térmicos, unos fenómenos característicos del verano que generan fuertes vientos, de 70 u 80 km/h, que facilitan la propagación del fuego.

Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universitat de Lleida, añade que el efecto principal del extra de humedad en la naturaleza multiplica principalmente la presencia de gramíneas, unas plantas que, una vez secas, son muy peligrosas en caso de incendio porque facilitan su propagación. "Esta biomasa propaga los incendios porque generan pavesas que hacen que el fuego salte y genere nuevos focos", subraya.

El año pasado, cuando se registró la mayor superficie quemada en un periodo estival en lo que va de siglo, España llegó al verano en unas condiciones similares a las actuales, con unos niveles de humedad elevados en el suelo, como se observa en el histórico de la Agencia Española de Meteorología. A continuación ocurrió ese cóctel que describe Raúl Quílez: hubo dos olas de calor muy intensas y prolongadas que secaron la naturaleza. Una que transcurrió entre el 18 de junio y el 4 de julio, y otra entre el 3 y 18 de agosto. Sumando una tercera ola en Canarias, el verano de 2025 cerró como el segundo del registro histórico con más días bajo ola de calor.

Lo que está por ver en 2026 es si se repetirán esas condiciones de calor extremo que conviertan hierbas y matorrales en combustible, aunque hay indicadores que apuntan en esa dirección. Por una parte, en los últimos cuatro años se han producido tres de los cinco años más cálidos desde que comenzaron los registros en España, en 1961. Por otro, la previsión del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés) estima una probabilidad de entre el 70% y el 100% de que las temperaturas en junio y julio se ubiquen en el quintil superior del histórico, y la probabilidad continuará por encima del 50% en agosto y septiembre.

También hay por ahora una probabilidad del 60% de que a partir de junio se desarrolle en el hemisferio norte El Niño, un fenómeno climático global que provoca un aumento de la temperatura media planetaria y una reducción de las precipitaciones en verano en el noreste de Europa.

Un estudio publicado en la revista Nature en 2020, que analizó casi 10.000 incendios entre 2001 y 2018 en todo el mundo, concluyó de manera científica lo que aquí exponen los expertos. El estudio confirma que en las regiones áridas, los periodos de excesiva humedad en el suelo son la antesala de temporadas con fuegos muy intensos. "En las regiones áridas, los suelos más húmedos de lo normal facilitan el crecimiento suficiente de biomasa necesario para alimentar grandes incendios", se lee en el análisis. Mientras que en bosques tradicionalmente húmedos ocurre lo contrario: los años especialmente secos suelen caracterizarse por incendios más fuertes debido a que la biomasa acumulada en años anteriores se convierte en combustible.

Hace unos días, tomando un café con Javier, un buen amigo acostumbrado a analizar la actualidad con una mezcla de ironía y lucidez, me lanzó una reflexión que se me quedó rondando durante días. “El cambio climático ha dejado de ser cool para convertirse en cold”, me dijo, jugando con las palabras y haciendo referencia al aparente frenazo —cuando no retroceso— que parecen vivir algunas políticas ambientales en Europa.

La frase tenía algo de provocación inteligente. Basta observar el contexto político europeo de los últimos meses: revisión de algunos objetivos del Pacto Verde Europeo, protestas agrarias convertidas en símbolo contra determinadas regulaciones ambientales o discursos que presentan la transición ecológica como una amenaza económica.

Por momentos, parece que la sostenibilidad ha dejado de ocupar el espacio central que tuvo hace apenas unos años. Pero aquella conversación me dejó una duda: ¿estamos realmente ante un cambio social profundo o más bien ante una percepción amplificada por el ruido político y mediático? ¿La ciudadanía ha dejado de preocuparse por el cambio climático?

Los datos dicen otra cosa.

El reciente informe Horizontes de H/Advisors ofrece una radiografía muy precisa del estado emocional de la sociedad española. El estudio retrata un país atravesado por la incertidumbre: más de ocho de cada diez españoles consideran que el mundo es hoy más inestable que hace una década y casi tres cuartas partes lo perciben más inseguro.

Y, precisamente en ese contexto de incertidumbre, el cambio climático emerge como una preocupación extraordinariamente consolidada. Según el informe, constituye ya la tercera gran inquietud global para los españoles, con un 41,1%, solo por detrás de los conflictos bélicos y las crisis económicas. Además, supera ampliamente a otras cuestiones muy presentes en el debate político y mediático, como los flujos migratorios, que apenas alcanzan un 20,2%.

Ese dato desmonta uno de los grandes relatos que han ido creciendo en Europa durante los últimos años: la idea de que la ciudadanía habría dejado atrás la preocupación climática. No parece ser así. Más bien sucede lo contrario. La cuestión ambiental se integra cada vez más dentro de una percepción general de vulnerabilidad e inseguridad.

Y hay otro elemento clave: la sociedad ya no percibe el cambio climático como algo abstracto o lejano. Lo vive.

El Observatorio Ciudadano de ENGIE España sobre percepción del cambio climático confirma precisamente ese cambio cultural. Siete de cada diez españoles aseguran estar muy o bastante preocupados por el cambio climático y una mayoría considera que afecta ya directamente a su vida cotidiana.

España, además, es uno de los países europeos más vulnerables al aumento de temperaturas, la desertificación y el estrés hídrico. Y la ciudadanía lo percibe claramente. El estudio de ENGIE señala que casi nueve de cada diez personas consideran que han aumentado los incendios forestales y más del 80% observa una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.

Durante años, el debate ambiental estuvo atrapado entre el negacionismo y una cierta abstracción técnica. Parecía un asunto reservado a científicos o activistas. Hoy ya no. El cambio climático aparece en las olas de calor, en las restricciones de agua, en la factura energética, en los incendios o en la preocupación creciente por el futuro.

Y precisamente por eso ocurre algo especialmente relevante: la ciudadanía no solo muestra preocupación, sino que identifica cada vez con más claridad cuáles son las respuestas necesarias.

El estudio de ENGIE refleja que una mayoría social apuesta por acelerar o mantener el desarrollo de las energías renovables y avanzar en la transición energética. Incluso en un contexto de incertidumbre económica, la sociedad no interpreta la sostenibilidad como un obstáculo para el bienestar, sino como una parte esencial de la solución.

Ese es probablemente uno de los grandes cambios silenciosos de nuestro tiempo.

La transición energética ya no se percibe únicamente como una política ambiental. Se entiende también como una política de seguridad, estabilidad y modernización. La crisis energética derivada de la guerra de Ucrania dejó una lección evidente: depender de combustibles fósiles importados significa depender de contextos geopolíticos inestables.

Las energías renovables representan, por el contrario, una oportunidad de soberanía energética, resiliencia económica y reducción de vulnerabilidades futuras.

Pero existe también una dimensión emocional que conviene entender. En un momento donde muchas personas sienten que han perdido capacidad de control sobre aspectos esenciales de su vida —la vivienda, el coste de la vida o la incertidumbre tecnológica—, la transición ecológica aparece como uno de los pocos proyectos colectivos capaces de ofrecer dirección y horizonte.

Porque las sociedades necesitan relatos de futuro.

El gran riesgo de nuestro tiempo no es únicamente la polarización política; es la resignación. La idea de que ya nada puede cambiarse y de que todo empeorará inevitablemente.

Sin embargo, los datos muestran algo distinto. La ciudadanía está preocupada, sí. Incluso cansada en muchos aspectos. Pero no es indiferente.

Quizá uno de los errores de estos años haya sido explicar la transición ecológica desde parámetros demasiado técnicos o burocráticos. Hemos hablado mucho de emisiones, objetivos y regulaciones, pero menos de seguridad cotidiana, bienestar y calidad de vida.

Y las personas no viven en gráficos de CO₂. Viven en barrios, pagan facturas, sufren olas de calor y se preocupan por el futuro de sus hijos.

La clave probablemente pase ahora por conectar mejor la transición ecológica con las preocupaciones reales de la ciudadanía. Hablar de energías renovables es hablar también de estabilidad económica y autonomía estratégica. Hablar de adaptación climática es hablar de prevención de riesgos, salud pública y protección frente a fenómenos extremos.

Tal vez Javier tuviera parte de razón y el cambio climático haya dejado de ser “cool” en determinados espacios políticos o mediáticos europeos. Pero los estudios indican algo mucho más profundo: para la ciudadanía, el cambio climático ya no es una moda ni una tendencia cultural. Es una preocupación estructural ligada a la seguridad y al futuro.

Y quizá ahí esté el verdadero desafío de los próximos años.

Porque el problema ya no parece ser convencer a la sociedad de que existe un riesgo. El reto pasa ahora por conseguir que políticos, empresarios, instituciones, medios de comunicación, entidades ciudadanas y divulgadores seamos capaces de enlazar ese sentir social con acciones reales, compromisos concretos y nuevas formas de dialogar, aprender y comunicarnos.

Solo así lograremos que aquello que sentimos como amenaza y aquello que identificamos como camino avancen, por fin, en la misma dirección.

------------------------------

Miguel Aguado Arnáez es divulgador ambiental, director de la consultora B LEAF y docente de la Universidad Europea.

Una combinación de calor extremo y humedad pondrá en riesgo la salud de los jugadores y la afición durante el próximo Mundial de fútbol de Canadá, México y Estados Unidos, que comienza el 11 de junio. Según un estudio publicado este jueves, al menos una cuarta parte de los encuentros se disputarán en condiciones meteorológicas consideradas "inseguras" para un deporte de alta intensidad, y algunos de esos partidos –en principio, se estiman en cinco– tendrán lugar en condiciones de muy alto riesgo, con una sensación térmica equivalente a 38 ºC. El cambio climático, recoge el análisis, empeorará drásticamente las condiciones de juego.

El prestigioso equipo que lo ha elaborado, el World Weather Attribution, una coalición global de científicos, ha reclamado en una rueda de prensa, medidas preventivas para evitar sustos, como ataques al corazón o golpes de calor. Los autores advierten que los aficionados estarán expuestos a muchas horas de sol que se sumarán a la habitual combinación de alcohol, baja hidratación y poco descanso que caracteriza a este evento. Añaden que los jugadores procedentes de regiones frías probablemente tendrán un peor rendimiento en el campo debido al choque térmico y podrían sufrir problemas de salud.

El informe calcula la peligrosidad de cada partido teniendo en cuenta la combinación de altas temperaturas, elevada humedad, escaso viento y fuerte radiación solar. Esos cuatro parámetros combinados permiten calcular un índice llamado temperatura de bulbo húmedo (Wet Bulb Globe Temperature, o WBGT) para cada partido del Mundial. El WBGT se diferencia de la conocida como sensación térmica en que esta se mide a la sombra y solo tiene en cuenta la temperatura y la humedad.

Calcular la temperatura de bulbo es muy importante en lugares de elevada humedad porque representa el estrés térmico al que se somete el organismo, y es clave para medir el peligro al que se exponen personas que pasan mucho tiempo al sol o practican deporte. A medida que aumenta la humedad relativa del aire, el cuerpo humano pierde capacidad para sudar porque el aire se satura de agua, incrementando drásticamente la posibilidad de sufrir un golpe de calor.

A diferencia de la temperatura del aire seco que utilizamos en nuestro día a día –y que los humanos pueden soportar en niveles muy altos–, la WBGT tiene un límite máximo de 35ºC, según el consenso científico. A partir de ese nivel, cualquier persona, incluso un deportista con buena salud, sufre un golpe de calor y puede morir en cuestión de seis horas porque en esas condiciones el organismo llega a alcanzar temperaturas de 42-43 ºC. No obstante, para llegar a una temperatura de bulbo de 35 ºC haría falta, por ejemplo, que una ciudad registre 41 ºC de calor con un 75% de humedad, un escenario extremo.

En ningún caso se llegará a esos niveles durante el Mundial, pero sí se esperan umbrales de WBGT de riesgo en numerosos encuentros, especialmente en estadios del este y el suroeste de Estados Unidos, como Dallas, Houston, Atlanta, Nueva York y Kansas.

Teniendo en cuenta la fecha, hora y ubicación de cada uno de los 104 partidos del evento, los investigadores han calculado que se jugarán nueve partidos bajo una temperatura de bulbo superior a 26 ºC, el nivel a partir del cual se considera arriesgado jugar, según el sindicato internacional de futbolistas Fifpro. En esa cifra no se tienen en cuenta los enfrentamientos jugados en los estadios de Houston, Dallas y Atlanta porque estos tienen aire acondicionado, disminuyendo el peligro.

Si se incluyen también estos estadios, en total habrá 26 partidos de riesgo a lo largo del Mundial. Los autores destacan, en todo caso, que las zonas exteriores de fans en ningún caso estarán refrigeradas. A lo largo del Mundial, también habrá al menos cinco partidos en los que la temperatura de bulbo superará previsiblemente los 28 ºC, una línea roja.

La organización Fifpro recoge que cuando la temperatura de bulbo supere los 26 ºC en un partido "deberían incluirse pausas de refresco. Por ejemplo, a los 30 minutos de cada parte". Mientras que cuando se superen los 28 ºC de bulbo, "debería retrasarse o posponerse el partido hasta que las condiciones para los jugadores, árbitros y fans sean seguras". Estas advertencias contrastan con la normativa vigente de la Copa Mundial de la FIFA, que solo contempla el aplazamiento cuando la WBGT supera los 32 °C.

Chris Mullington, anestesista y profesor del Imperial College de Londres, explicó en la rueda de prensa de presentación del estudio que el índice de temperatura de bulbo será determinante en el Mundial de este año porque las condiciones serán especialmente duras.

"En la práctica, la temperatura de bulbo expresa la dificultad del cuerpo para enfriarse. Esto es importante porque los futbolistas generan grandes cantidades de calor metabólico a base de esprintar. Cuando los umbrales seguros se superan, las consecuencias son tanto de salud como de rendimiento", resumió Mullington.

El experto puso ejemplos históricos como el del corredor británico Jonny Brownlee, que tuvo que ser ayudado por un compañero en 2016 para alcanzar la meta durante una carrera en condiciones extremas de humedad en Cozumel (México).

En cuanto a los aficionados, el especialista advierte que el riesgo es todavía mayor. "Entre el público habrá gente muy joven y muy mayor, pueden tener problemas cardiovasculares o de riñones o pueden estar tomando medicamentos sensibles al estrés térmico", añade. 

Joyce Kimutai, una de las autoras del estudio e investigadora del Centro de Política Medioambiental del Imperial College, subraya que este Mundial será 0,7 ºC más cálido de media que el último celebrado en Estados Unidos, en 1994. "Este cambio es atribuible al cambio climático antropogénico. Además calculamos que esta intensidad se incrementará en el futuro a medida que el planeta se caliente. Solo el fin de los combustibles fósiles puede prevenir esta escalada", subrayó en una llamada con periodistas. Para atenuar el impacto sobre la salud del evento, incidió en que hará falta poner toldos, zonas de hidratación y aire acondicionados en todas las instalaciones. 

Tras la alarma de los primeros días, el consenso científico ya ha aclarado que el hantavirus no tiene por ahora capacidad para convertirse en una pandemia global, pero el brote del barco MV Hondius ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que enfermedades regionales o latentes puedan desencadenar un nuevo brote global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una lista de patógenos que vigila de manera especial, como el zika o el virus Nipah, aunque los expertos subrayan especialmente el riesgo de los virus de transmisión respiratoria, como el SARS o la gripe A, con alta capacidad para mutar en versiones más transmisibles.

La crisis de la gripe aviar de 2003, el SARS de 2003 o el ébola de 2014 llevaron a la OMS a elaborar en 2017 una lista de de más de 20 patógenos y familias de patógenos que cumplen con los requisitos para llegar a provocar pandemias o epidemias, entre los que destacan los coronavirus, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el ébola, el virus de Marburgo, la fiebre de Lassa, el SARS (síndrome respiratorio agudo grave), el virus Nipah, la fiebre del valle del Rift, el zika y el conocido como patógeno X. Muchos de ellos están activos en puntos concretos del planeta y contagian a decenas o miles de personas cada año.

Natalia Rodríguez-Valero, investigadora de ISGlobal y médica de salud internacional del Hospital Clínic de Barcelona, opina que la próxima pandemia que afronte la humanidad probablemente no estará protagonizada por un virus desconocido o escondido en un lugar remoto, como el hantavirus de Los Andes, sino que llegará de un virus bien conocido, como los que enumera la OMS. "Realmente no nos preocupa el potencial pandémico de los virus que pueda traer un turista, como en el hantavirus. Pueden ocurrir crisis puntuales, pero los que más me preocupan a mí son los virus respiratorios, como la gripe aviar", señala la experta.

Según explica, el peligro de descontrol de las enfermedades infecciosas está en su capacidad para propagarse, y muchos de los virus más remotos o mortales se contagian mediante fluidos corporales o contactos muy estrechos, como la variante Andes del hantavirus, que tiene un número básico de reproducción (conocido como R0) inferior a 1. Es decir, por cada persona infectada, de media se produce menos de un contagio, lo que impide que la enfermedad se extienda de manera imparable. 

Krutika Kuppalli, experta en pandemias y exasesora de emergencias sanitarias en la OMS, coincide también en que los virus respiratorios son los que suscitan "mayor preocupación". "Los virus de la gripe (especialmente las cepas de gripe aviar como el H5N1), los coronavirus y ciertos paramixovirus (el sarampión y el virus Nipah) siguen ocupando los primeros puestos de esa lista", explica a preguntas de infoLibre. Su riesgo se basa en su capacidad para saltar fronteras muy rápidamente y propagarse antes de poder ser detectados.

Varios expertos consultados ponen a la gripe aviar (H5N1), una variante de la gripe A, como el mayor peligro a largo plazo, como destaca Marina Segura, alto cargo de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Explica que, como otros virus respiratorios basados en ARN, tiene una alta capacidad para mutar y adaptarse a los humanos, aunque hasta ahora los casos que se dan son mínimos y ocurren principalmente en granjas de pollos, donde el contacto humano y animal es muy elevado, pero no hay constancia de que las variantes actuales se transmitan de persona a persona.

No obstante, no todos los virus que vigila la OMS y los expertos en salud global son aerosoles que se contagian por el aire, como los virus respiratorios. Muchos de ellos se mueven también mediante las picaduras de insectos, y la preocupación en la comunidad científica es cada vez mayor porque el cambio climático facilita su expansión. El virus Crimea-Congo se contagia principalmente por la picadura de garrapatas, cuya población está creciendo drásticamente por el aumento de las temperaturas en otoño e invierno. En España se detectaron tres positivos el año pasado.

Los mosquitos son otro vector clave que extiende virus críticos como la fiebre del valle del Rift, el virus del Nilo Occidental o el dengue, y el aumento de las temperaturas está llevando a estos insectos a expandirse por el mundo. En España, el virus del Nilo causó estragos en el verano de 2024 porque los mosquitos autóctonos –los que tienen capacidad de infección– tienen cada vez más ciclos reproductivos. Mientras que el mosquito tigre, que transmite el dengue y el chikunguña, ya está completamente establecido en todo el sur y este de España, y gana terreno año a año.

Otros virus de alto riesgo como el ébola, el virus de Marburgo o el Nipah se contagian por el contacto con fluidos, excrementos o sangre de personas infectadas, y llega a los humanos a partir del contacto con animales infectados, de manera que tienen capacidad para generar epidemias locales, pero es difícil que lleguen a extenderse y derivar en pandemias.

Estos virus zoonóticos, los transmitidos por animales, también comienzan a preocupar cada vez más debido al cambio climático, el turismo de masas o la deforestación, porque los cambios en los ecosistemas –que aceleran los movimientos de animales y personas– y el mayor contacto de humanos con animales como monos, murciélagos o roedores, facilita la aparición de brotes, como el reciente de hantavirus.

Otra enfermedad que alarma a la comunidad científica es el sarampión, según Marina Segura. Este virus tiene un número básico de reproducción de 18 –cada afectado la transmite de media a 18 personas– y que vive un resurgimiento muy fuerte en este momento, con más de 200.000 contagios en los últimos tres años solo en Europa, un peligroso incremento astronómico que la OMS achaca a la desinformación sobre las vacunas.

Lo que evita que el sarampión se desate es la muy elevada tasa de vacunación, que en España alcanza el 93,8% para las dos dosis recomendadas, una cifra inferior a la de años atrás, provocando que España perdiese el pasado enero su condición de país libre de sarampión. En Estados Unidos, las trabas que ha puesto la Administración Trump a la vacunación infantil contra el sarampión llevó en 2025 a multiplicar por ocho los casos confirmados frente al año anterior, hasta superar los 2.000, y tres niños murieron.

En la última lista de virus de riesgo pandémico de la OMS, elaborada en 2024, los expertos dan mucho más peso que en las dos entregas anteriores al conocido como patógeno X, un término que no se refiere a ninguna enfermedad concreta, sino al hecho de que cualquier familia viral conocida tiene el potencial de transformarse y suponer una amenaza a gran escala. Esta advertencia incluye la necesidad de vigilar patógenos menos peligrosos y desarrollar plataformas de investigación adaptables a todo tipo de virus.

"El concepto de enfermedad X reconoce que la próxima pandemia podría estar causada por un patógeno actualmente desconocido con potencial epidémico o pandémico. La covid-19 fue, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo la enfermedad X se hizo realidad", reconoce Krutika Kuppalli.

El cambio climático ya no es una advertencia lejana ni un concepto reservado a informes técnicos: se ha instalado en nuestra vida cotidiana con una naturalidad inquietante.

Lo notamos en las noches que ya no refrescan, en las alergias que empiezan cuando aún llevamos abrigo, en los precios de los alimentos que suben sin explicación aparente. Está ahí, atravesando conversaciones y rutinas, mientras intentamos convencernos de que todavía queda tiempo para reaccionar.

Pero los datos desmienten esa comodidad. El Informe europeo de 2026 del Lancet Countdown, citado por Enrique Alpañés en su artículo de El País del pasado 23 de abril, muestra que la temporada de polen en Europa se ha adelantado entre una y dos semanas respecto a los años 90, y que casi todas las regiones analizadas han registrado un aumento de muertes atribuibles al calor entre 2015 y 2024. En España, el impacto es especialmente duro: en Ciudad Real, las muertes por calor se han triplicado en ese periodo. No son cifras abstractas, son señales claras de que el clima se está descontrolando mientras la respuesta política sigue siendo insuficiente.

El calor y las alergias apenas rozan la superficie del problema. UNICEF advierte que, en América Latina, el cambio climático está empujando a millones de niños y adolescentes hacia una pobreza cada vez más difícil de revertir. Incluso en el escenario más optimista, 5,9 millones de menores adicionales podrían caer en la pobreza de aquí a 2030 si no se actúa con decisión (UNICEF, Clima, pobreza e infancia: América Latina en alerta, 2025). Las sequías, las inundaciones y las olas de calor no solo destruyen cultivos: también rompen trayectorias educativas, saturan sistemas de salud y debilitan redes de protección que ya eran frágiles. El clima extremo no llega solo: arrastra derechos.

El informe del Plan International sobre América Latina y el Caribe es especialmente contundente: las niñas y adolescentes están entre las más afectadas por la crisis climática, no por una cuestión biológica, sino porque las desigualdades de género existentes se agravan cuando el clima se vuelve extremo. El documento detalla cómo los fenómenos climáticos —sequías prolongadas, inundaciones, huracanes— alteran de forma directa su vida cotidiana y sus oportunidades de futuro. Cuando el agua escasea, son ellas quienes suelen recorrer distancias mayores para conseguirla, lo que aumenta el riesgo de violencia sexual y reduce su asistencia a la escuela. Tras un desastre climático, las niñas tienen más probabilidades que los niños de abandonar la educación, ya sea para asumir más tareas domésticas o porque los centros educativos dejan de ser espacios seguros.

El informe también alerta de un patrón especialmente preocupante: en contextos de pérdida de ingresos o destrucción de cosechas, aumenta el matrimonio infantil como estrategia desesperada de supervivencia familiar. La salud menstrual es otro punto crítico que el informe visibiliza: la falta de agua y saneamiento dificulta la higiene menstrual, incrementa el riesgo de infecciones y provoca ausencias escolares que se acumulan mes a mes. Y cuando las familias se ven obligadas a desplazarse por inundaciones o sequías, las niñas enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación y trata. Plan International resume esta situación con una idea clara: la crisis climática actúa como un multiplicador de desigualdades. No solo destruye infraestructuras o cosechas; también erosiona derechos, limita opciones de vida y profundiza brechas que ya eran profundas antes de que el clima empezara a desestabilizarse.

Todo esto no ocurre en el vacío. La forma en que el cambio climático golpea con más fuerza a unas personas que a otras no es casualidad ni mala suerte: es el resultado de un modelo económico que se sostiene sobre desigualdades previas y que, cuando el clima se desestabiliza, las hace estallar. Y aquí es donde las voces ecofeministas llevan años poniendo el foco: en cómo la crisis ecológica y la crisis de cuidados son dos caras de la misma moneda. No se puede entender una sin mirar la otra.

La ética del cuidado aporta una clave útil para entender por qué la crisis climática desborda tanto a las personas como a las instituciones. Desde los años 80, autoras como Carol Gilligan y Nel Noddings han señalado que nuestras sociedades se organizan como si la autonomía fuera la norma y la vulnerabilidad la excepción, cuando en realidad dependemos de redes de apoyo y de un entorno material que sostiene la vida. La ética del cuidado no se centra en emociones, sino en reconocer esa interdependencia y en asumir la responsabilidad que implica en términos sociales y políticos.

Aplicada al contexto climático, esta perspectiva permite ver algo que a menudo queda oculto: cuando los fenómenos extremos se intensifican, lo que se pone en juego no es solo la infraestructura física, sino la capacidad de las comunidades para sostener la vida cotidiana. Las olas de calor saturan los sistemas sanitarios; las inundaciones interrumpen la educación; las sequías obligan a reorganizar el tiempo y el trabajo dentro de los hogares. Y en ese reajuste, las cargas recaen de forma desigual, casi siempre sobre quienes ya estaban en posiciones más frágiles.

Hablar de cuidados en este contexto no es hablar de gestos individuales, sino de política pública. Significa reconocer que sin servicios sociales robustos, sin infraestructuras adaptadas al clima, sin redes comunitarias fuertes y sin una redistribución real del tiempo y del trabajo, cualquier transición ecológica será insuficiente. La ética del cuidado no pide que las personas “cuiden más”, sino que los Estados y las instituciones asuman su responsabilidad en garantizar condiciones de vida dignas en un mundo que cambia rápido.

Por eso este enfoque apunta directamente a quienes toman decisiones. La evidencia científica lleva años marcando el ritmo; lo que falta es una respuesta política a la altura. Regular, invertir, anticipar y proteger no son opciones: son obligaciones en un escenario donde la vulnerabilidad ya no es un asunto privado, sino un problema estructural. La ética del cuidado, entendida así, no suaviza el debate climático: lo endurece, porque obliga a mirar de frente lo que realmente sostiene nuestras sociedades.

La acción ciudadana no puede sustituir a la responsabilidad institucional, pero sí puede marcar el ritmo. Y hoy ese ritmo es desigual. Hay administraciones que han empezado a tomar medidas —planes de adaptación, zonas de bajas emisiones, inversiones en energías renovables—, pero la escala del problema supera con creces la velocidad de la respuesta. A esto se suma un escenario político complejo: el avance de fuerzas que cuestionan la evidencia científica y el negacionismo climático de sectores de la derecha tradicional están ralentizando decisiones que la comunidad científica considera urgentes.

El problema no es solo lo que se hace, sino lo que no se hace. Mientras algunos gobiernos avanzan, otros retroceden o bloquean políticas ya aprobadas. Y en medio de ese vaivén, una parte creciente de la población se informa a través de contenidos virales, desinformación y campañas que trivializan la crisis climática o la presentan como un debate ideológico. En este contexto, la acción ciudadana no es un gesto simbólico: es un mecanismo para sostener el debate público en torno a hechos verificables y para exigir coherencia a quienes gobiernan.

La experiencia demuestra que las transformaciones profundas suelen empezar fuera de las instituciones. Las movilizaciones climáticas, las plataformas vecinales que reclaman sombra y espacios habitables, las comunidades energéticas que democratizan el acceso a la energía o los colectivos que denuncian la violencia ambiental en territorios vulnerables están empujando a los gobiernos a actuar incluso cuando el clima político no acompaña. Esa presión es la que convierte la urgencia científica en urgencia política.

Pero la responsabilidad última sigue siendo institucional. La ciudadanía puede señalar prioridades, pero son los gobiernos quienes deben garantizar que la adaptación y la mitigación no dependan del lugar donde se vive ni del nivel de ingresos. La crisis climática no se resolverá con voluntarismo ni con gestos aislados: exige políticas públicas estables, inversión sostenida y una defensa activa del espacio informativo frente a la desinformación.

El mensaje final es claro: no estamos ante un destino inevitable, pero sí ante una advertencia inequívoca. La desigualdad puede crecer o puede reducirse; la vulnerabilidad puede agravarse o mitigarse. Lo que ocurra dependerá de decisiones políticas concretas y de la capacidad colectiva para exigirlas. La inacción también es una elección, y sus consecuencias ya están aquí.

El futuro no está escrito: se disputa. Y esa disputa ya ha empezado.

------------------------------

Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.