El verano pasado estuvo protagonizado por los brutales incendios que dejaron la mayor superficie quemada desde 1994. Ese drama, concentrado en Castilla y León y Galicia, afloró las pésimas condiciones en las que trabajan los 20.000 bomberos forestales de España. Sueldos bajos, riesgos laborales no reconocidos, imposibilidad de jubilarse anticipadamente, ausencia de complementos salariales por peligrosidad o contratos por temporadas. En ese momento de crisis se prometió una reforma integral para proteger a los profesionales, pero poco ha cambiado un año después.

"Se ha avanzado un poco en algunas cosas, pero los cambios son muy lentos", resume Carlos Martín, responsable de bomberos forestales del sindicato CCOO. "Seguimos teniendo buena parte de los dispositivos trabajando durante la campaña de incendios, y en el paro durante la otra mitad del año", añade. Según calcula, este invierno han perdido su trabajo unos 6.000 bomberos forestales en España, y ahora regresan a sus puestos para enfrentarse al verano, que se espera muy duro.

La temporalidad es una de las lacras de la profesión, aunque tienen numerosos frentes abiertos. No ayuda el caos organizativo de este sector, ya que hay bomberos que trabajan para el Estado, otros para las comunidades autónomas y otros para los ayuntamientos. También se dividen entre funcionarios, personal laboral y subcontratados a empresas privadas. Dentro de estos últimos, unos 2.000 trabajan para Tragsa, una empresa pública. Cada uno de ellos tiene sus propias condiciones, que se negocian por separado.

En noviembre de 2024, el Gobierno aprobó la Ley Básica de Bomberos Forestales, una norma pionera cuyo objetivo principal era consolidar la profesión y aclarar sus tareas, puesto que era habitual que en los contratos de trabajo se les denominase con nombres inverosímiles como peones de caza, jardineros o conductores de apoyo a la extinción, fórmulas para justificar sueldos irrisorios y condiciones precarias para trabajadores expuestos a una lista interminable de riesgos laborales.

Ese estatuto se sigue incumpliendo ampliamente en todo el país, un año y medio después de su entrada en vigor, pese a que el 8 de noviembre de 2025 debía estar implementado por completo en todo el territorio.

Carlos Martín reconoce que, desde los incendios de 2025, ha habido tibios avances y que al menos ya se les reconoce como bomberos forestales en casi todas las comunidades, aunque ese título solo tiene sentido si se acompaña de los beneficios que tiene la profesión: reconocimiento de enfermedades profesionales, turnos de trabajo adecuados, una cotización extra a la Seguridad Social para adelantar la jubilación, medidas de prevención de riesgos laborales, recolocación puestos alternativos a bomberos que no pasen las pruebas físicas anuales y garantía de trabajo durante los 12 meses del año.

Es en todos estos puntos donde el plan hace aguas, aunque varía por comunidades autónomas. Según diferentes profesionales preguntados, Castilla y León es de lejos la región más precaria de todas, pese a que fue precisamente la más castigada por los fuegos de 2025, concentrando el 46% de toda la superficie quemada. También citan a Baleares, Castilla-La Mancha, Canarias o Andalucía. En Madrid, los forestales llevan más de 1.000 días en huelga, y probablemente continúen durante el resto de este año.

Castilla y León es el caso más sangrante porque el Gobierno regional del Partido Popular sigue sin responder pese a los salvajes incendios de 2022 (en la Sierra de la Culebra) y 2025 (en el Bierzo). En esa comunidad se estima que el 80% de las cuadrillas están externalizadas a empresas privadas, los profesionales siguen sin ser catalogados como bomberos forestales y la temporalidad provoca que hasta el mes de junio los dispositivos no estén preparados para hacer frente de manera efectiva al fuego.

En la Comunidad de Madrid también siguen faltando medidas tan básicas como el correcto reconocimiento de la profesión, según Alfonso Ferrero, bombero forestal contratado como personal laboral en esta región. "Seguimos igual desde el año pasado. Hemos estado un año negociando y en febrero cortaron las conversaciones y nos dijeron que en 2026 mantendremos las mismas condiciones que el año pasado", se queja. Todo esto después de que falleciese por primera vez en dos décadas una persona por un incendio en la Comunidad, en Tres Cantos.

La temporalidad también continúa en la plantilla del personal laboral de bomberos forestales de Madrid, donde pertenece Ferrero. Explica que ahora se ha sacado unas oposiciones para trabajar como conductor del parque móvil en invierno, y que las condiciones son las mismas que las de un bombero que se juega la vida. "Gano exactamente lo mismo conduciendo un Renault Clio que apagando fuegos en verano", resume.

Además, añade, este verano habrá en Madrid unos 130 bomberos forestales menos que el año pasado, tras la eliminación de la estacionalidad en la plantilla externalizada a Tragsa en 2026. Si antes había 300 trabajadores en invierno y unos 550 en verano, ahora pasa a haber alrededor de 420 todo el año. Más servicios de prevención en temporada baja, pero menos cobertura durante los meses más duros. 

Las comunidades autónomas no son las únicas que no cumplen la ley de 2024. Carlos Martín, de CCOO, denuncia que hay dos grandes problemas que son responsabilidad del Gobierno central. El estatuto contemplaba la creación de un reglamento de prevención de riesgos laborales para los forestales por parte del Ministerio de Trabajo antes de noviembre de 2025, pero el pasado mes de diciembre se paralizaron las conversiones para su elaboración con los sindicatos, revela el portavoz.

También está pendiente la introducción de numerosas enfermedades profesionales en la categoría del bombero forestal, que por ahora solo tienen reconocida la exposición a los óxidos de carbono, cuando el sector calcula que cada año conviven con el 90% de todos los accidentes y enfermedades catalogados como riesgos profesionales, desde descargas eléctricas hasta atropellos. También se relaciona su trabajo con más de una decena de cánceres, lesiones de espalda y articulaciones, o problemas crónicos de pulmón y corazón. Esta tarea también recae en el Ministerio de Trabajo.

Donde sí aseguran que se han mejorado las condiciones drásticamente es en las cuadrillas que trabajan para el Gobierno central, las conocidas como BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales), dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y subcontratadas a la empresa pública Tragsa, donde trabajan unos 700 bomberos.

Las BRIF tenían hasta el verano pasado unas de las condiciones más precarias de la profesión, pero el Ministerio actualizó el 20 de agosto, en medio de la ola de incendios, su convenio con Tragsa para garantizar que se cumplen las horas de convenio –antes era habitual doblar o triplicar turnos en salidas a incendios–, un aumento de los salarios y la posibilidad de librar seis días en verano, enumera Marcos Gómez, presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF.

"Este año tenemos más medios, mejores condiciones y más personal. Lo que echamos en falta todavía es que no se ha empezado a sobrecotizar en la nómina para acceder a la jubilación anticipada", matiza Gómez. Sobre el incremento de los contratos, explica que las BRIF tienen 11 bases en España, y cada una tendrá este verano entre seis y diez profesionales más, lo que equivale a un crecimiento total del cuerpo de casi el 20%.

El tren de borrascas de enero y febrero dejó el tercer invierno más lluvioso de este siglo, cargando los suelos de agua, como muestran los diferentes mapas de humedad de España. Lo que en principio debería ser una muy buena noticia para los bosques de la península, podría volverse en su contra cuando comience la temporada de incendios, que se concentra entre julio y septiembre. Según diferentes expertos, en un territorio seco y muy caluroso como el español, ese incremento de la vegetación puntual en primavera se traduce en más combustible para el fuego durante el verano.

Raúl Quílez, doctor en incendios forestales y profesor del Máster Interuniversitario en Incendios Forestales, explica esta contradicción es especialmente aguda debido al impacto del cambio climático, que extiende y hace más intensas las olas de calor de verano, las que secarán las hierbas y los matorrales que se han desarrollado exageradamente durante esta primavera. "En un escenario normal, que llueva es lo mejor porque el bosque llega reforzado a la temporada de incendios. Pero en un escenario de cambio climático se genera un cóctel que aumenta la intensidad de los incendios porque se seca la vegetación", valora el profesional.

Según opina Quílez, en ese cóctel también destacan las altas temperaturas nocturnas que caracterizan al verano peninsular, con mínimas que fácilmente superan los 25ºC e incluso los 30ºC en algunos puntos del país, una condición que acelera la evapotranspiración de la vegetación y la seca rápidamente en las primeras semanas del verano. El cambio climático también está aumentando la inestabilidad atmosférica, incrementando la probabilidad de reventones térmicos, unos fenómenos característicos del verano que generan fuertes vientos, de 70 u 80 km/h, que facilitan la propagación del fuego.

Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universitat de Lleida, añade que el efecto principal del extra de humedad en la naturaleza multiplica principalmente la presencia de gramíneas, unas plantas que, una vez secas, son muy peligrosas en caso de incendio porque facilitan su propagación. "Esta biomasa propaga los incendios porque generan pavesas que hacen que el fuego salte y genere nuevos focos", subraya.

El año pasado, cuando se registró la mayor superficie quemada en un periodo estival en lo que va de siglo, España llegó al verano en unas condiciones similares a las actuales, con unos niveles de humedad elevados en el suelo, como se observa en el histórico de la Agencia Española de Meteorología. A continuación ocurrió ese cóctel que describe Raúl Quílez: hubo dos olas de calor muy intensas y prolongadas que secaron la naturaleza. Una que transcurrió entre el 18 de junio y el 4 de julio, y otra entre el 3 y 18 de agosto. Sumando una tercera ola en Canarias, el verano de 2025 cerró como el segundo del registro histórico con más días bajo ola de calor.

Lo que está por ver en 2026 es si se repetirán esas condiciones de calor extremo que conviertan hierbas y matorrales en combustible, aunque hay indicadores que apuntan en esa dirección. Por una parte, en los últimos cuatro años se han producido tres de los cinco años más cálidos desde que comenzaron los registros en España, en 1961. Por otro, la previsión del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés) estima una probabilidad de entre el 70% y el 100% de que las temperaturas en junio y julio se ubiquen en el quintil superior del histórico, y la probabilidad continuará por encima del 50% en agosto y septiembre.

También hay por ahora una probabilidad del 60% de que a partir de junio se desarrolle en el hemisferio norte El Niño, un fenómeno climático global que provoca un aumento de la temperatura media planetaria y una reducción de las precipitaciones en verano en el noreste de Europa.

Un estudio publicado en la revista Nature en 2020, que analizó casi 10.000 incendios entre 2001 y 2018 en todo el mundo, concluyó de manera científica lo que aquí exponen los expertos. El estudio confirma que en las regiones áridas, los periodos de excesiva humedad en el suelo son la antesala de temporadas con fuegos muy intensos. "En las regiones áridas, los suelos más húmedos de lo normal facilitan el crecimiento suficiente de biomasa necesario para alimentar grandes incendios", se lee en el análisis. Mientras que en bosques tradicionalmente húmedos ocurre lo contrario: los años especialmente secos suelen caracterizarse por incendios más fuertes debido a que la biomasa acumulada en años anteriores se convierte en combustible.

Hace unos días, tomando un café con Javier, un buen amigo acostumbrado a analizar la actualidad con una mezcla de ironía y lucidez, me lanzó una reflexión que se me quedó rondando durante días. “El cambio climático ha dejado de ser cool para convertirse en cold”, me dijo, jugando con las palabras y haciendo referencia al aparente frenazo —cuando no retroceso— que parecen vivir algunas políticas ambientales en Europa.

La frase tenía algo de provocación inteligente. Basta observar el contexto político europeo de los últimos meses: revisión de algunos objetivos del Pacto Verde Europeo, protestas agrarias convertidas en símbolo contra determinadas regulaciones ambientales o discursos que presentan la transición ecológica como una amenaza económica.

Por momentos, parece que la sostenibilidad ha dejado de ocupar el espacio central que tuvo hace apenas unos años. Pero aquella conversación me dejó una duda: ¿estamos realmente ante un cambio social profundo o más bien ante una percepción amplificada por el ruido político y mediático? ¿La ciudadanía ha dejado de preocuparse por el cambio climático?

Los datos dicen otra cosa.

El reciente informe Horizontes de H/Advisors ofrece una radiografía muy precisa del estado emocional de la sociedad española. El estudio retrata un país atravesado por la incertidumbre: más de ocho de cada diez españoles consideran que el mundo es hoy más inestable que hace una década y casi tres cuartas partes lo perciben más inseguro.

Y, precisamente en ese contexto de incertidumbre, el cambio climático emerge como una preocupación extraordinariamente consolidada. Según el informe, constituye ya la tercera gran inquietud global para los españoles, con un 41,1%, solo por detrás de los conflictos bélicos y las crisis económicas. Además, supera ampliamente a otras cuestiones muy presentes en el debate político y mediático, como los flujos migratorios, que apenas alcanzan un 20,2%.

Ese dato desmonta uno de los grandes relatos que han ido creciendo en Europa durante los últimos años: la idea de que la ciudadanía habría dejado atrás la preocupación climática. No parece ser así. Más bien sucede lo contrario. La cuestión ambiental se integra cada vez más dentro de una percepción general de vulnerabilidad e inseguridad.

Y hay otro elemento clave: la sociedad ya no percibe el cambio climático como algo abstracto o lejano. Lo vive.

El Observatorio Ciudadano de ENGIE España sobre percepción del cambio climático confirma precisamente ese cambio cultural. Siete de cada diez españoles aseguran estar muy o bastante preocupados por el cambio climático y una mayoría considera que afecta ya directamente a su vida cotidiana.

España, además, es uno de los países europeos más vulnerables al aumento de temperaturas, la desertificación y el estrés hídrico. Y la ciudadanía lo percibe claramente. El estudio de ENGIE señala que casi nueve de cada diez personas consideran que han aumentado los incendios forestales y más del 80% observa una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos.

Durante años, el debate ambiental estuvo atrapado entre el negacionismo y una cierta abstracción técnica. Parecía un asunto reservado a científicos o activistas. Hoy ya no. El cambio climático aparece en las olas de calor, en las restricciones de agua, en la factura energética, en los incendios o en la preocupación creciente por el futuro.

Y precisamente por eso ocurre algo especialmente relevante: la ciudadanía no solo muestra preocupación, sino que identifica cada vez con más claridad cuáles son las respuestas necesarias.

El estudio de ENGIE refleja que una mayoría social apuesta por acelerar o mantener el desarrollo de las energías renovables y avanzar en la transición energética. Incluso en un contexto de incertidumbre económica, la sociedad no interpreta la sostenibilidad como un obstáculo para el bienestar, sino como una parte esencial de la solución.

Ese es probablemente uno de los grandes cambios silenciosos de nuestro tiempo.

La transición energética ya no se percibe únicamente como una política ambiental. Se entiende también como una política de seguridad, estabilidad y modernización. La crisis energética derivada de la guerra de Ucrania dejó una lección evidente: depender de combustibles fósiles importados significa depender de contextos geopolíticos inestables.

Las energías renovables representan, por el contrario, una oportunidad de soberanía energética, resiliencia económica y reducción de vulnerabilidades futuras.

Pero existe también una dimensión emocional que conviene entender. En un momento donde muchas personas sienten que han perdido capacidad de control sobre aspectos esenciales de su vida —la vivienda, el coste de la vida o la incertidumbre tecnológica—, la transición ecológica aparece como uno de los pocos proyectos colectivos capaces de ofrecer dirección y horizonte.

Porque las sociedades necesitan relatos de futuro.

El gran riesgo de nuestro tiempo no es únicamente la polarización política; es la resignación. La idea de que ya nada puede cambiarse y de que todo empeorará inevitablemente.

Sin embargo, los datos muestran algo distinto. La ciudadanía está preocupada, sí. Incluso cansada en muchos aspectos. Pero no es indiferente.

Quizá uno de los errores de estos años haya sido explicar la transición ecológica desde parámetros demasiado técnicos o burocráticos. Hemos hablado mucho de emisiones, objetivos y regulaciones, pero menos de seguridad cotidiana, bienestar y calidad de vida.

Y las personas no viven en gráficos de CO₂. Viven en barrios, pagan facturas, sufren olas de calor y se preocupan por el futuro de sus hijos.

La clave probablemente pase ahora por conectar mejor la transición ecológica con las preocupaciones reales de la ciudadanía. Hablar de energías renovables es hablar también de estabilidad económica y autonomía estratégica. Hablar de adaptación climática es hablar de prevención de riesgos, salud pública y protección frente a fenómenos extremos.

Tal vez Javier tuviera parte de razón y el cambio climático haya dejado de ser “cool” en determinados espacios políticos o mediáticos europeos. Pero los estudios indican algo mucho más profundo: para la ciudadanía, el cambio climático ya no es una moda ni una tendencia cultural. Es una preocupación estructural ligada a la seguridad y al futuro.

Y quizá ahí esté el verdadero desafío de los próximos años.

Porque el problema ya no parece ser convencer a la sociedad de que existe un riesgo. El reto pasa ahora por conseguir que políticos, empresarios, instituciones, medios de comunicación, entidades ciudadanas y divulgadores seamos capaces de enlazar ese sentir social con acciones reales, compromisos concretos y nuevas formas de dialogar, aprender y comunicarnos.

Solo así lograremos que aquello que sentimos como amenaza y aquello que identificamos como camino avancen, por fin, en la misma dirección.

------------------------------

Miguel Aguado Arnáez es divulgador ambiental, director de la consultora B LEAF y docente de la Universidad Europea.

Una combinación de calor extremo y humedad pondrá en riesgo la salud de los jugadores y la afición durante el próximo Mundial de fútbol de Canadá, México y Estados Unidos, que comienza el 11 de junio. Según un estudio publicado este jueves, al menos una cuarta parte de los encuentros se disputarán en condiciones meteorológicas consideradas "inseguras" para un deporte de alta intensidad, y algunos de esos partidos –en principio, se estiman en cinco– tendrán lugar en condiciones de muy alto riesgo, con una sensación térmica equivalente a 38 ºC. El cambio climático, recoge el análisis, empeorará drásticamente las condiciones de juego.

El prestigioso equipo que lo ha elaborado, el World Weather Attribution, una coalición global de científicos, ha reclamado en una rueda de prensa, medidas preventivas para evitar sustos, como ataques al corazón o golpes de calor. Los autores advierten que los aficionados estarán expuestos a muchas horas de sol que se sumarán a la habitual combinación de alcohol, baja hidratación y poco descanso que caracteriza a este evento. Añaden que los jugadores procedentes de regiones frías probablemente tendrán un peor rendimiento en el campo debido al choque térmico y podrían sufrir problemas de salud.

El informe calcula la peligrosidad de cada partido teniendo en cuenta la combinación de altas temperaturas, elevada humedad, escaso viento y fuerte radiación solar. Esos cuatro parámetros combinados permiten calcular un índice llamado temperatura de bulbo húmedo (Wet Bulb Globe Temperature, o WBGT) para cada partido del Mundial. El WBGT se diferencia de la conocida como sensación térmica en que esta se mide a la sombra y solo tiene en cuenta la temperatura y la humedad.

Calcular la temperatura de bulbo es muy importante en lugares de elevada humedad porque representa el estrés térmico al que se somete el organismo, y es clave para medir el peligro al que se exponen personas que pasan mucho tiempo al sol o practican deporte. A medida que aumenta la humedad relativa del aire, el cuerpo humano pierde capacidad para sudar porque el aire se satura de agua, incrementando drásticamente la posibilidad de sufrir un golpe de calor.

A diferencia de la temperatura del aire seco que utilizamos en nuestro día a día –y que los humanos pueden soportar en niveles muy altos–, la WBGT tiene un límite máximo de 35ºC, según el consenso científico. A partir de ese nivel, cualquier persona, incluso un deportista con buena salud, sufre un golpe de calor y puede morir en cuestión de seis horas porque en esas condiciones el organismo llega a alcanzar temperaturas de 42-43 ºC. No obstante, para llegar a una temperatura de bulbo de 35 ºC haría falta, por ejemplo, que una ciudad registre 41 ºC de calor con un 75% de humedad, un escenario extremo.

En ningún caso se llegará a esos niveles durante el Mundial, pero sí se esperan umbrales de WBGT de riesgo en numerosos encuentros, especialmente en estadios del este y el suroeste de Estados Unidos, como Dallas, Houston, Atlanta, Nueva York y Kansas.

Teniendo en cuenta la fecha, hora y ubicación de cada uno de los 104 partidos del evento, los investigadores han calculado que se jugarán nueve partidos bajo una temperatura de bulbo superior a 26 ºC, el nivel a partir del cual se considera arriesgado jugar, según el sindicato internacional de futbolistas Fifpro. En esa cifra no se tienen en cuenta los enfrentamientos jugados en los estadios de Houston, Dallas y Atlanta porque estos tienen aire acondicionado, disminuyendo el peligro.

Si se incluyen también estos estadios, en total habrá 26 partidos de riesgo a lo largo del Mundial. Los autores destacan, en todo caso, que las zonas exteriores de fans en ningún caso estarán refrigeradas. A lo largo del Mundial, también habrá al menos cinco partidos en los que la temperatura de bulbo superará previsiblemente los 28 ºC, una línea roja.

La organización Fifpro recoge que cuando la temperatura de bulbo supere los 26 ºC en un partido "deberían incluirse pausas de refresco. Por ejemplo, a los 30 minutos de cada parte". Mientras que cuando se superen los 28 ºC de bulbo, "debería retrasarse o posponerse el partido hasta que las condiciones para los jugadores, árbitros y fans sean seguras". Estas advertencias contrastan con la normativa vigente de la Copa Mundial de la FIFA, que solo contempla el aplazamiento cuando la WBGT supera los 32 °C.

Chris Mullington, anestesista y profesor del Imperial College de Londres, explicó en la rueda de prensa de presentación del estudio que el índice de temperatura de bulbo será determinante en el Mundial de este año porque las condiciones serán especialmente duras.

"En la práctica, la temperatura de bulbo expresa la dificultad del cuerpo para enfriarse. Esto es importante porque los futbolistas generan grandes cantidades de calor metabólico a base de esprintar. Cuando los umbrales seguros se superan, las consecuencias son tanto de salud como de rendimiento", resumió Mullington.

El experto puso ejemplos históricos como el del corredor británico Jonny Brownlee, que tuvo que ser ayudado por un compañero en 2016 para alcanzar la meta durante una carrera en condiciones extremas de humedad en Cozumel (México).

En cuanto a los aficionados, el especialista advierte que el riesgo es todavía mayor. "Entre el público habrá gente muy joven y muy mayor, pueden tener problemas cardiovasculares o de riñones o pueden estar tomando medicamentos sensibles al estrés térmico", añade. 

Joyce Kimutai, una de las autoras del estudio e investigadora del Centro de Política Medioambiental del Imperial College, subraya que este Mundial será 0,7 ºC más cálido de media que el último celebrado en Estados Unidos, en 1994. "Este cambio es atribuible al cambio climático antropogénico. Además calculamos que esta intensidad se incrementará en el futuro a medida que el planeta se caliente. Solo el fin de los combustibles fósiles puede prevenir esta escalada", subrayó en una llamada con periodistas. Para atenuar el impacto sobre la salud del evento, incidió en que hará falta poner toldos, zonas de hidratación y aire acondicionados en todas las instalaciones. 

Tras la alarma de los primeros días, el consenso científico ya ha aclarado que el hantavirus no tiene por ahora capacidad para convertirse en una pandemia global, pero el brote del barco MV Hondius ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que enfermedades regionales o latentes puedan desencadenar un nuevo brote global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene una lista de patógenos que vigila de manera especial, como el zika o el virus Nipah, aunque los expertos subrayan especialmente el riesgo de los virus de transmisión respiratoria, como el SARS o la gripe A, con alta capacidad para mutar en versiones más transmisibles.

La crisis de la gripe aviar de 2003, el SARS de 2003 o el ébola de 2014 llevaron a la OMS a elaborar en 2017 una lista de de más de 20 patógenos y familias de patógenos que cumplen con los requisitos para llegar a provocar pandemias o epidemias, entre los que destacan los coronavirus, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el ébola, el virus de Marburgo, la fiebre de Lassa, el SARS (síndrome respiratorio agudo grave), el virus Nipah, la fiebre del valle del Rift, el zika y el conocido como patógeno X. Muchos de ellos están activos en puntos concretos del planeta y contagian a decenas o miles de personas cada año.

Natalia Rodríguez-Valero, investigadora de ISGlobal y médica de salud internacional del Hospital Clínic de Barcelona, opina que la próxima pandemia que afronte la humanidad probablemente no estará protagonizada por un virus desconocido o escondido en un lugar remoto, como el hantavirus de Los Andes, sino que llegará de un virus bien conocido, como los que enumera la OMS. "Realmente no nos preocupa el potencial pandémico de los virus que pueda traer un turista, como en el hantavirus. Pueden ocurrir crisis puntuales, pero los que más me preocupan a mí son los virus respiratorios, como la gripe aviar", señala la experta.

Según explica, el peligro de descontrol de las enfermedades infecciosas está en su capacidad para propagarse, y muchos de los virus más remotos o mortales se contagian mediante fluidos corporales o contactos muy estrechos, como la variante Andes del hantavirus, que tiene un número básico de reproducción (conocido como R0) inferior a 1. Es decir, por cada persona infectada, de media se produce menos de un contagio, lo que impide que la enfermedad se extienda de manera imparable. 

Krutika Kuppalli, experta en pandemias y exasesora de emergencias sanitarias en la OMS, coincide también en que los virus respiratorios son los que suscitan "mayor preocupación". "Los virus de la gripe (especialmente las cepas de gripe aviar como el H5N1), los coronavirus y ciertos paramixovirus (el sarampión y el virus Nipah) siguen ocupando los primeros puestos de esa lista", explica a preguntas de infoLibre. Su riesgo se basa en su capacidad para saltar fronteras muy rápidamente y propagarse antes de poder ser detectados.

Varios expertos consultados ponen a la gripe aviar (H5N1), una variante de la gripe A, como el mayor peligro a largo plazo, como destaca Marina Segura, alto cargo de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Explica que, como otros virus respiratorios basados en ARN, tiene una alta capacidad para mutar y adaptarse a los humanos, aunque hasta ahora los casos que se dan son mínimos y ocurren principalmente en granjas de pollos, donde el contacto humano y animal es muy elevado, pero no hay constancia de que las variantes actuales se transmitan de persona a persona.

No obstante, no todos los virus que vigila la OMS y los expertos en salud global son aerosoles que se contagian por el aire, como los virus respiratorios. Muchos de ellos se mueven también mediante las picaduras de insectos, y la preocupación en la comunidad científica es cada vez mayor porque el cambio climático facilita su expansión. El virus Crimea-Congo se contagia principalmente por la picadura de garrapatas, cuya población está creciendo drásticamente por el aumento de las temperaturas en otoño e invierno. En España se detectaron tres positivos el año pasado.

Los mosquitos son otro vector clave que extiende virus críticos como la fiebre del valle del Rift, el virus del Nilo Occidental o el dengue, y el aumento de las temperaturas está llevando a estos insectos a expandirse por el mundo. En España, el virus del Nilo causó estragos en el verano de 2024 porque los mosquitos autóctonos –los que tienen capacidad de infección– tienen cada vez más ciclos reproductivos. Mientras que el mosquito tigre, que transmite el dengue y el chikunguña, ya está completamente establecido en todo el sur y este de España, y gana terreno año a año.

Otros virus de alto riesgo como el ébola, el virus de Marburgo o el Nipah se contagian por el contacto con fluidos, excrementos o sangre de personas infectadas, y llega a los humanos a partir del contacto con animales infectados, de manera que tienen capacidad para generar epidemias locales, pero es difícil que lleguen a extenderse y derivar en pandemias.

Estos virus zoonóticos, los transmitidos por animales, también comienzan a preocupar cada vez más debido al cambio climático, el turismo de masas o la deforestación, porque los cambios en los ecosistemas –que aceleran los movimientos de animales y personas– y el mayor contacto de humanos con animales como monos, murciélagos o roedores, facilita la aparición de brotes, como el reciente de hantavirus.

Otra enfermedad que alarma a la comunidad científica es el sarampión, según Marina Segura. Este virus tiene un número básico de reproducción de 18 –cada afectado la transmite de media a 18 personas– y que vive un resurgimiento muy fuerte en este momento, con más de 200.000 contagios en los últimos tres años solo en Europa, un peligroso incremento astronómico que la OMS achaca a la desinformación sobre las vacunas.

Lo que evita que el sarampión se desate es la muy elevada tasa de vacunación, que en España alcanza el 93,8% para las dos dosis recomendadas, una cifra inferior a la de años atrás, provocando que España perdiese el pasado enero su condición de país libre de sarampión. En Estados Unidos, las trabas que ha puesto la Administración Trump a la vacunación infantil contra el sarampión llevó en 2025 a multiplicar por ocho los casos confirmados frente al año anterior, hasta superar los 2.000, y tres niños murieron.

En la última lista de virus de riesgo pandémico de la OMS, elaborada en 2024, los expertos dan mucho más peso que en las dos entregas anteriores al conocido como patógeno X, un término que no se refiere a ninguna enfermedad concreta, sino al hecho de que cualquier familia viral conocida tiene el potencial de transformarse y suponer una amenaza a gran escala. Esta advertencia incluye la necesidad de vigilar patógenos menos peligrosos y desarrollar plataformas de investigación adaptables a todo tipo de virus.

"El concepto de enfermedad X reconoce que la próxima pandemia podría estar causada por un patógeno actualmente desconocido con potencial epidémico o pandémico. La covid-19 fue, en muchos sentidos, un ejemplo de cómo la enfermedad X se hizo realidad", reconoce Krutika Kuppalli.

El cambio climático ya no es una advertencia lejana ni un concepto reservado a informes técnicos: se ha instalado en nuestra vida cotidiana con una naturalidad inquietante.

Lo notamos en las noches que ya no refrescan, en las alergias que empiezan cuando aún llevamos abrigo, en los precios de los alimentos que suben sin explicación aparente. Está ahí, atravesando conversaciones y rutinas, mientras intentamos convencernos de que todavía queda tiempo para reaccionar.

Pero los datos desmienten esa comodidad. El Informe europeo de 2026 del Lancet Countdown, citado por Enrique Alpañés en su artículo de El País del pasado 23 de abril, muestra que la temporada de polen en Europa se ha adelantado entre una y dos semanas respecto a los años 90, y que casi todas las regiones analizadas han registrado un aumento de muertes atribuibles al calor entre 2015 y 2024. En España, el impacto es especialmente duro: en Ciudad Real, las muertes por calor se han triplicado en ese periodo. No son cifras abstractas, son señales claras de que el clima se está descontrolando mientras la respuesta política sigue siendo insuficiente.

El calor y las alergias apenas rozan la superficie del problema. UNICEF advierte que, en América Latina, el cambio climático está empujando a millones de niños y adolescentes hacia una pobreza cada vez más difícil de revertir. Incluso en el escenario más optimista, 5,9 millones de menores adicionales podrían caer en la pobreza de aquí a 2030 si no se actúa con decisión (UNICEF, Clima, pobreza e infancia: América Latina en alerta, 2025). Las sequías, las inundaciones y las olas de calor no solo destruyen cultivos: también rompen trayectorias educativas, saturan sistemas de salud y debilitan redes de protección que ya eran frágiles. El clima extremo no llega solo: arrastra derechos.

El informe del Plan International sobre América Latina y el Caribe es especialmente contundente: las niñas y adolescentes están entre las más afectadas por la crisis climática, no por una cuestión biológica, sino porque las desigualdades de género existentes se agravan cuando el clima se vuelve extremo. El documento detalla cómo los fenómenos climáticos —sequías prolongadas, inundaciones, huracanes— alteran de forma directa su vida cotidiana y sus oportunidades de futuro. Cuando el agua escasea, son ellas quienes suelen recorrer distancias mayores para conseguirla, lo que aumenta el riesgo de violencia sexual y reduce su asistencia a la escuela. Tras un desastre climático, las niñas tienen más probabilidades que los niños de abandonar la educación, ya sea para asumir más tareas domésticas o porque los centros educativos dejan de ser espacios seguros.

El informe también alerta de un patrón especialmente preocupante: en contextos de pérdida de ingresos o destrucción de cosechas, aumenta el matrimonio infantil como estrategia desesperada de supervivencia familiar. La salud menstrual es otro punto crítico que el informe visibiliza: la falta de agua y saneamiento dificulta la higiene menstrual, incrementa el riesgo de infecciones y provoca ausencias escolares que se acumulan mes a mes. Y cuando las familias se ven obligadas a desplazarse por inundaciones o sequías, las niñas enfrentan mayores riesgos de violencia, explotación y trata. Plan International resume esta situación con una idea clara: la crisis climática actúa como un multiplicador de desigualdades. No solo destruye infraestructuras o cosechas; también erosiona derechos, limita opciones de vida y profundiza brechas que ya eran profundas antes de que el clima empezara a desestabilizarse.

Todo esto no ocurre en el vacío. La forma en que el cambio climático golpea con más fuerza a unas personas que a otras no es casualidad ni mala suerte: es el resultado de un modelo económico que se sostiene sobre desigualdades previas y que, cuando el clima se desestabiliza, las hace estallar. Y aquí es donde las voces ecofeministas llevan años poniendo el foco: en cómo la crisis ecológica y la crisis de cuidados son dos caras de la misma moneda. No se puede entender una sin mirar la otra.

La ética del cuidado aporta una clave útil para entender por qué la crisis climática desborda tanto a las personas como a las instituciones. Desde los años 80, autoras como Carol Gilligan y Nel Noddings han señalado que nuestras sociedades se organizan como si la autonomía fuera la norma y la vulnerabilidad la excepción, cuando en realidad dependemos de redes de apoyo y de un entorno material que sostiene la vida. La ética del cuidado no se centra en emociones, sino en reconocer esa interdependencia y en asumir la responsabilidad que implica en términos sociales y políticos.

Aplicada al contexto climático, esta perspectiva permite ver algo que a menudo queda oculto: cuando los fenómenos extremos se intensifican, lo que se pone en juego no es solo la infraestructura física, sino la capacidad de las comunidades para sostener la vida cotidiana. Las olas de calor saturan los sistemas sanitarios; las inundaciones interrumpen la educación; las sequías obligan a reorganizar el tiempo y el trabajo dentro de los hogares. Y en ese reajuste, las cargas recaen de forma desigual, casi siempre sobre quienes ya estaban en posiciones más frágiles.

Hablar de cuidados en este contexto no es hablar de gestos individuales, sino de política pública. Significa reconocer que sin servicios sociales robustos, sin infraestructuras adaptadas al clima, sin redes comunitarias fuertes y sin una redistribución real del tiempo y del trabajo, cualquier transición ecológica será insuficiente. La ética del cuidado no pide que las personas “cuiden más”, sino que los Estados y las instituciones asuman su responsabilidad en garantizar condiciones de vida dignas en un mundo que cambia rápido.

Por eso este enfoque apunta directamente a quienes toman decisiones. La evidencia científica lleva años marcando el ritmo; lo que falta es una respuesta política a la altura. Regular, invertir, anticipar y proteger no son opciones: son obligaciones en un escenario donde la vulnerabilidad ya no es un asunto privado, sino un problema estructural. La ética del cuidado, entendida así, no suaviza el debate climático: lo endurece, porque obliga a mirar de frente lo que realmente sostiene nuestras sociedades.

La acción ciudadana no puede sustituir a la responsabilidad institucional, pero sí puede marcar el ritmo. Y hoy ese ritmo es desigual. Hay administraciones que han empezado a tomar medidas —planes de adaptación, zonas de bajas emisiones, inversiones en energías renovables—, pero la escala del problema supera con creces la velocidad de la respuesta. A esto se suma un escenario político complejo: el avance de fuerzas que cuestionan la evidencia científica y el negacionismo climático de sectores de la derecha tradicional están ralentizando decisiones que la comunidad científica considera urgentes.

El problema no es solo lo que se hace, sino lo que no se hace. Mientras algunos gobiernos avanzan, otros retroceden o bloquean políticas ya aprobadas. Y en medio de ese vaivén, una parte creciente de la población se informa a través de contenidos virales, desinformación y campañas que trivializan la crisis climática o la presentan como un debate ideológico. En este contexto, la acción ciudadana no es un gesto simbólico: es un mecanismo para sostener el debate público en torno a hechos verificables y para exigir coherencia a quienes gobiernan.

La experiencia demuestra que las transformaciones profundas suelen empezar fuera de las instituciones. Las movilizaciones climáticas, las plataformas vecinales que reclaman sombra y espacios habitables, las comunidades energéticas que democratizan el acceso a la energía o los colectivos que denuncian la violencia ambiental en territorios vulnerables están empujando a los gobiernos a actuar incluso cuando el clima político no acompaña. Esa presión es la que convierte la urgencia científica en urgencia política.

Pero la responsabilidad última sigue siendo institucional. La ciudadanía puede señalar prioridades, pero son los gobiernos quienes deben garantizar que la adaptación y la mitigación no dependan del lugar donde se vive ni del nivel de ingresos. La crisis climática no se resolverá con voluntarismo ni con gestos aislados: exige políticas públicas estables, inversión sostenida y una defensa activa del espacio informativo frente a la desinformación.

El mensaje final es claro: no estamos ante un destino inevitable, pero sí ante una advertencia inequívoca. La desigualdad puede crecer o puede reducirse; la vulnerabilidad puede agravarse o mitigarse. Lo que ocurra dependerá de decisiones políticas concretas y de la capacidad colectiva para exigirlas. La inacción también es una elección, y sus consecuencias ya están aquí.

El futuro no está escrito: se disputa. Y esa disputa ya ha empezado.

------------------------------

Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.

En el 2008, llegó a las carteleras El curioso caso de Benjamin Button, película basada en un breve relato escrito en 1922 por F. Scott Fitzgerald. Su protagonista nace con el aspecto físico de un octogenario que, a medida que pasa el tiempo, ve cómo su cuerpo rejuvenece mientras que sus experiencias son sentidas de una manera “normal”. Button vive la vida al revés, rejuvenece y, en cierto modo, vuelve al origen, pues fallece siendo un niño.

Un efecto similar se ha producido a raíz de las lluvias caídas en los primeros meses de 2026, que han convertido el tramo inicial del Guadiana, en el entorno del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, en un “Benjamin Button hidrológico”. Sus aguas retroceden, discurren río arriba y terminan infiltrándose en la tierra. Aunque el fenómeno no es nuevo, no es tan conocido; en gran medida porque no resulta habitual.

En este enclave de Castilla-La Mancha, las tablas fluviales representan un ecosistema de humedal único en Europa Occidental, caracterizado por el desbordamiento de ríos en tramos llanos con muy poca pendiente y que actúan como grandes encharcamientos en los márgenes de su curso.

En condiciones normales, Las Tablas de Daimiel se formaban por la confluencia de dos ríos. Por un lado, el Cigüela, nacido en las serranías conquenses, que llegaba a Daimiel después de atravesar la llanura manchega. Por otro, el Guadiana, que nacía en los Ojos –hoy secos–, donde recuperaba en superficie el agua sobrante del acuífero subterráneo situado bajo La Mancha para unirla, kilómetros después, a las procedentes del Campo de Montiel, que discurrían por el Azuer, uno de sus afluentes.

Durante siglos, el sistema fluvial de Las Tablas funcionó de manera equilibrada. Agua, clima y suelos dieron lugar a un ecosistema dominado por un bosque mediterráneo progresivamente humanizado. Desde el siglo XIII, la Orden de Calatrava favoreció la roturación de tierras y su conversión en dehesas destinadas al pasto de ganado –generalmente ovino– que, cada invierno, llegaba a la zona procedente de las tierras altas de Castilla.

Agua, bosque y pastos convivieron en Las Tablas en un escenario natural con unas enormes potencialidades económicas. Aquel espacio, conocido entonces como Real Dehesa de Zacatena, gozó de protección, al menos desde que Felipe II dictó unas ordenanzas con el objetivo de regular los aprovechamientos forestales, piscícolas y cinegéticos que, desde entonces, estuvieron vigilados por un guarda mayor.

Uno de los elementos más prototípicos del lugar fueron los molinos de ribera, de enorme importancia en la época preindustrial. Incluso puede decirse que, en una región seca como La Mancha, fueron más numerosos y económicamente más determinantes que los gigantes a los que se enfrentó don Quijote.

Varios de ellos datan de época musulmana. Sin embargo, el sistema de molinos hidráulicos del Alto Guadiana quedó configurado a lo largo del siglo XVI. A mediados de aquella centuria, entre los Ojos del Guadiana y el límite oriental de Zacatena –en un tramo de unos veinticinco kilómetros de río– llegaron a funcionar diez ingenios. Los molinos del Guadiana también actuaron como puentes y pesquerías, así como eficaces presas que retuvieron el agua del río y ampliaron la superficie encharcada.

Aunque su uso y gestión dieron lugar a pleitos y conflictos institucionales, el sistema funcionó con eficacia durante siglos. Cuando las ideas ilustradas propias del setecientos persiguieron aumentar las tierras cultivables y desecar el cauce del Guadiana, se hizo imprescindible derruir algunos de estos molinos y limitar el funcionamiento de otros. El fracaso de aquellos proyectos mantuvo en pie la mayoría de estos ingenios hasta bien entrado el siglo XX, cuando la dictadura franquista recuperó las ideas del siglo XVIII. En aquella ocasión no hubo marcha atrás.

Los trabajos de canalización del Guadiana que se llevaron a cabo a finales de los años 1960, hicieron más profundo el cauce natural del río, alteraron el curso de las aguas, redujeron el encharcamiento de la ribera y limitaron la capacidad de molienda de las piedras que hasta entonces habían sido el motor de la economía local. Las presas fueron inutilizadas y el paisaje cambió radicalmente.

El regadío intensivo y la alteración de la dinámica natural del Guadiana condujeron a una situación insostenible. Las Tablas perdieron su equilibro natural, puesto que las aguas superficiales (cada vez más escasas) dejaron de encontrarse con las subterráneas, que ya no manaban del acuífero por la sobreexplotación a la que se le sometió.

Fue entonces cuando algunos recordaron el efecto regulador de las presas de los molinos, pero el estado de ruina en que se encontraban tras años de inactividad hizo imposible su rehabilitación. Sin embargo, el plan de regeneración hídrica que se puso en marcha en los años ochenta del siglo XX recuperó la esencia de su funcionamiento.

Para salvar Las Tablas se levantaron varias presas. Las dos más importantes fueron la de Puente Navarro y la del Morenillo. La primera se sitúa a la salida del Parque, a escasos metros del antiguo molino de El Navarro, mientras que la segunda se alza allí donde el Cigüela y el Guadiana se encuentran. La misión de ambas es mantener el nivel encharcamiento y asegurar una mínima lámina de agua, algo que, en los últimos años, ni tan siquiera ha sido posible debido, en parte y entre otros factores, a los efectos del cambio climático y la presión antrópica, que han reducido las lluvias y aumentado las extracciones del acuífero que antes alimentaba de manera natural al Guadiana.

La tercera presa es el molino de Molemocho (restaurado en 1998), que hunde sus cimientos en el río y que cierra la superficie encharcada de Las Tablas por su extremo suroriental.

La existencia de estas tres barreras cobra sentido en momentos puntuales, marcados por la abundancia de lluvias, dando lugar a fenómenos como el que ha ocurrido este año o como el acaecido durante el ciclo húmedo que tuvo lugar entre 2009 y 2013, un periodo de lluvias por encima de la media.

Cuando el cielo es generoso, el Cigüela vierte en Las Tablas y la superficie encharcada llega a su límite. Entonces, el agua rebasa la barrera central (presa del Morenillo), sigue su camino y desborda Puente Navarro. Si los niveles de encharcamiento persisten, incluso se hace necesario abrir las compuertas del Molemocho.

Es justo en ese momento cuando, como Button, el Guadiana desafía el orden natural y su corriente remonta el cauce en busca de su origen. El fenómeno no solo es curioso, sino muy positivo porque el agua termina infiltrándose en el subsuelo y contribuye a la recarga del acuífero.

Cierto es que es una situación anómala, temporalmente corta y que suele durar lo que dura la inundación máxima de Las Tablas, pero no es menos verdad que alerta acerca de la necesidad de controlar los niveles de encharcamiento y de lo mucho que la historia de las infraestructuras hidráulicas de aquella comarca puede enseñar a propios y extraños del lugar.

---------

Francisco J. Moreno Díaz del Campo es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Castilla-La Mancha. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Los pactos firmados esta semana entre PP y Vox para gobernar conjuntamente Extremadura y Aragón abren la puerta a la desregulación de las normas que protegen el patrimonio natural de estas comunidades autónomas. Los dos acuerdos recogen numerosas medidas de implantación inmediata que priorizan el interés de la agroindustria, los centros de datos, los cazadores o las grandes eléctricas sobre el interés general.

El primer punto del acuerdo de Gobierno de Extremadura consiste en alargar la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una medida que no es de competencia regional, sino nacional. El pacto propone también eliminar por completo la ecotasa autonómica que paga la instalación, librando a Iberdrola, Endesa y Naturgy del pago de más de 80 millones de euros al año.

En 2025, el Gobierno extremeño del PP ya anunció, de hecho, la reducción progresiva del 50% en ese pago, pero ahora será finalmente retirado en su totalidad de aquí a 2029. Tanto en Aragón como en Extremadura, la coalición se compromete también a facilitar la construcción de líneas eléctricas, que a menudo chocan durante su desarrollo con las normativas de protección de espacios naturales.

Otro punto polémico del pacto extremeño, que también recoge el acuerdo aragonés, es la intención de desregular leyes rurales básicas de protección ambiental relacionadas con la caza, la pesca o los espacios naturales protegidos (como las ZEPA), bajo el pretexto de "flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario" y el "blindaje del sector primario frente a la Agenda 2030", pese a que esta fue impulsada por el PP Europeo en 2020.

En Extremadura, esta desregulación se resume, por ejemplo, en su compromiso de aplicar siempre que sea "legalmente posible" el principio de la declaración responsable, que abre la puerta a la construcción o alteración del espacio sin justificar previamente su impacto en el medioambiente, presuponiendo que el ciudadano actuará siempre con la buena voluntad. En esta Comunidad, de hecho, Vox tendrá también a partir de ahora la Consejería de Desregulación.

Paco Iturbe, portavoz de Ecologistas en Acción de Aragón, opina que esta nueva coalición, en la que la extrema derecha gana peso, es el siguiente paso a lo que ya se había vivido hasta ahora. "Es sintomático que en Aragón Vox haya pedido la Consejería de Medioambiente, porque su intención siempre ha sido desmontar esta área. Lo preocupante es que el PP ha integrado estas ideas y ahora van un paso más allá", señala.

En la región del Ebro, los conservadores aspiran, por ejemplo, a redoblar su apuesta por los centros de datos, pese a los estudios que advierten del excesivo consumo de agua y luz en un momento en que las redes eléctricas tienen serios problemas para hacerse cargo de nuevas demandas y la sequía es una de las mayores amenazas de España en un futuro cercano. Sobre la política hídrica, los dos pactos de Gobierno son una apuesta total por el incremento del regadío cuando los expertos advierten que España va camino de una reducción drástica de las precipitaciones.

Un caso paradigmático de las ambiciones de PP y Vox en el regadío, una promesa habitual para ganar el voto rural, se da en Extremadura, donde aseguran que llevarán por fin el riego a la Tierra de Barros (Badajoz), "tras más de una década de estafas del PSOE a los regantes", se lee en el acuerdo. 

Joan Corominas, presidente de la Asociación Nueva Cultura del Agua y experto en regadío, ha estudiado a fondo este proyecto, que lleva más de 20 años en un cajón, y opina que ese compromiso se va a incumplir, y tanto PP como Vox lo saben.

"La realidad es que ni PP ni PSOE han podido sacar adelante este regadío, y todos hablan de Barros con la boca pequeña porque saben que no tiene futuro", opina el ingeniero agrónomo. Principalmente, el proyecto nace muerto porque el 75% del agua que supuestamente alimentaría ese regadío parte del embalse de Alangue, "que en los últimos años no ha pasado del 20% de capacidad", afirma.

En todo caso, Corminas añade que, incluso si hubiese agua, la infraestructura no ayudaría a la agricultura familiar, sino a las grandes empresas agrícolas, que son las que más acceso tienen al agua y mejor optimizan su uso. "En Andalucía, el 80% de los agricultores tienen el 20% del agua de riego, y el 20% tiene el 80%. Las grandes fincas son las que ganan en estos casos", comenta.

En Aragón, el problema que describe el experto se repite con otra de las propuestas del nuevo Gobierno. Aunque no detalla cómo, PP y Vox se comprometen a revisar de nuevo la Ley de Agricultura Familiar, una normativa que ya fue reescrita en 2023 por el PP precisamente para deshacer la protección del pequeño ganadero en beneficio de la industria intensiva del cerdo. Entonces se eliminó, entre otros, un artículo que limitaba las explotaciones a un máximo de 720 unidades de ganado mayor, facilitando la ampliación y el impacto ambiental de las granjas.

"El pasado Gobierno de PP y Vox derogó la anterior ley de agricultura familiar, y eso que ya se quedaba corta a la hora de proteger al pequeño ganadero. Ahora, con la entrada de Vox, todo esto no solo se va a acelerar, sino que lo van a convertir en su bandera", valora Iturbe, de Ecologistas.

El activista recuerda también que la expansión ganadera en Aragón ya ha dejado a decenas de pueblos sin agua potable porque sus acuíferos están contaminados por purines. Según un informe reciente de Greenpeace sobre contaminación de agua potable, entre el abuso de fertilizantes en la agricultura y los excrementos de los animales de granja, en 2024 hubo más de 3.000 municipios en España que superaron concentraciones de nitratos en agua por encima de lo recomendado por la ciencia. Docenas de ellos estaban en Aragón, como Azuara (Zaragoza), Ariño (Teruel) o Chimillas (Huesca), donde los niveles de nitratos superaron en algún momento del año los 50 mg/l, el límite legal.

En Aragón, Vox ya tuvo durante un breve periodo un consejero de Agricultura, Ángel Samper, entre 2024 y 2025, cuando fue cesado contra su voluntad tras la ruptura nacional de PP y Vox por su desacuerdo sobre la acogida de menores migrantes. Donde más poder llegó a acumular en este sector fue en Castilla y León, donde estuvo al mando de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024, y a la que también renunció por las desavenencias entre las cúpulas de los dos partidos.

En Extremadura, Vox mantuvo además, de manera breve, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, donde fue responsable de algunas áreas agrícolas, como caza o incendios, y por donde el partido ultra pasó de manera atropellada entre 2023 y 2024. La primera consejera de Vox en esa cartera, Camino Limia, no llegó a los tres meses en el cargo, mientras que su sucesor, Ignacio Higuero, rompió con el partido nueve meses después de ascender, en julio de 2024, y un año después dimitió por mentir en su currículum.

Estas experiencias, además de ser políticamente accidentadas, dejaron episodios traumáticos para algunos profesionales del sector primario, como la crisis de la tuberculosis bovina de 2023 en Castilla y León. El consejero agrario Gerardo Dueñas contradijo el histórico consenso del mundo ganadero y prometió al sector tomar medidas para evitar que las vacas infectadas por esta enfermedad tuvieran que ser sacrificadas, medida que además era ilegal y ponía en peligro a las vacas sanas de otras regiones. Cuando la promesa fracasó, la intentona se tradujo en disturbios, un detenido, y abrió una brecha política en el sector primario. 

A nivel administrativo, tampoco parece que haya habido un cambio notable en la vida de los agricultores en las comunidades gobernadas por los conservadores. En la actual crisis derivada de la guerra de Irán, el principal apoyo al sector ha llegado del descuento del Gobierno central sobre el gasóleo B (el agrícola) y de una ayuda del Ministerio de Agricultura de casi 900 millones de euros a la compra de fertilizantes.

País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana han activado además ayudas extra de 1.000 millones de euros (la primera) y 400 millones (las otras dos), mientras que Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, cuatro bastiones de la derecha con un fuerte peso agrario, todavía no han activado ayudas complementarias.

Un análisis de infoLibre publicado en febrero sobre las ayudas autonómicas al campo para apoyar la contratación de seguros agrarios también mostró que comunidades en las que Vox ha participado en el Gobierno autonómico tampoco han tenido una especial atención sobre sus profesionales. Castilla y León, Extremadura y Aragón se encuentran en la mitad inferior de la tabla que compara la participación autonómica sobre el total subvencionado en todas las regiones españolas.

No hay duda de que la foto quedará preciosa. El jueves 23 de abril, la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, llevando a sus homólogos del G7 al bosque de Fontainebleau. Paralelamente a la cumbre que reúne en París hasta este viernes a los ministros de Medio Ambiente de los países más ricos del planeta, Francia tiene mucho con lo que impresionar en este lugar emblemático de la historia de la conservación de la naturaleza.

Detrás de la postal, los ecosistemas están, en Francia como en otros lugares, cada vez más degradados. Pero la intención concreta de Monique Barbut con la que acoge esta nueva reunión internacional es la de lanzar una “alianza para la financiación de la naturaleza y los pueblos”. El objetivo es conseguir más fondos públicos y privados para la protección de la biodiversidad y favorecer la aparición de proyectos de financiación comunes.

También hay otros temas en la agenda: la lucha contra la desertificación, la protección de los océanos, el refuerzo de la resiliencia del sector inmobiliario o la preservación de los recursos hídricos. En cada uno de estos temas, la idea es “intercambiar buenas prácticas”, indica el gabinete de la ministra.

El tema del cambio climático, en cambio, se evita cuidadosamente. Y es que el objetivo de la reunión es también acercarse a la administración Trump, representada por la número dos de la Agencia Federal de Medio Ambiente (EPA), Usha-Maria Turner.

Una estrategia asumida plenamente por el gabinete de la ministra Barbut, quien explica que han optado por “no abordar de frente la cuestión del clima, porque abordar este tema de frente con Estados Unidos en el marco del G7 no permitía enviar mensajes de unidad”. “Hemos querido centrarnos en temas menos conflictivos”, precisa, “[y demostrar que] se puede trabajar con Estados Unidos, aunque conozcamos sus posiciones”.

En materia de biodiversidad, es evidente la urgencia: cerca de un millón de especies animales y vegetales se encuentran hoy en peligro de extinción en el planeta y más del 85 % de los humedales mundiales ya han desaparecido. Ante esta riqueza que se desmorona, los fondos disponibles se asignan mal.

En su último informe publicado este invierno, la IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas) indicó que, en 2023, alrededor de 7,3 billones de dólares habían tenido impactos directamente negativos, de los cuales 4,9 billones de dólares procedían de financiación privada y 2,4 billones de dólares de gasto público. Cifras que no tienen nada que ver con lo que se ha hecho en favor de la conservación: en 2023 solo se destinaron 220.000 millones de dólares de fondos públicos y privados a actividades que contribuyen a la conservación y restauración de la biodiversidad.

En este contexto, ¿qué puede aportar esta cumbre? Se pedirá a los bancos públicos de desarrollo, pero también a los actores privados, que participen más en la protección de los ecosistemas. La idea es crear un club “informal”, en el que “se invite a filántropos, sobre todo estadounidenses, pero también a fondos de impacto, a financiadores públicos de la biodiversidad, como la Agencia Francesa de Desarrollo o el Fondo Mundial para el Medio Ambiente”, precisa el gabinete de la ministra. Un club que se reunirá dos veces al año para crear “un efecto red” y, también en este caso, “intercambiar buenas prácticas”.

En definitiva, se trata, en esta fase, de una operación de comunicación, y no hay que esperar que el viernes por la noche se anuncie una dotación económica concreta. El objetivo es demostrar que hay un montón de actores “dispuestos a trabajar juntos para proteger la biodiversidad en todo el mundo” y que se puede enviar este mensaje en un periodo “en el que todo va mal y la agricultura está retrocediendo en materia medioambiental”, subraya el gabinete.

En el entorno de la ministra, se celebra además un “acuerdo” con Estados Unidos sobre esta alianza que, de materializarse, abarcará también 140 áreas protegidas de África, las áreas marinas protegidas y la pesca ilegal.

Frente a los efectos mediáticos y a la imagen de una administración escéptica con el cambio climático, las expectativas de las ONG medioambientales son muy concretas en cuanto a la urgencia de frenar el colapso de la biodiversidad.

Es el caso del WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), partidario de la financiación tanto pública como privada en este ámbito, sin que ello sea el principio y el fin de una política de conservación. “Esperamos que esta financiación se condicione a la adopción de medidas contra la deforestación o la desertificación, pero también que se establezca una moratoria sobre las ayudas públicas a la agricultura que provoca el deterioro de zonas sensibles o con alta biodiversidad”, precisa Antoine Pugliese, responsable de finanzas sostenibles de la ONG. “Y las subvenciones agrícolas que son perjudiciales deben reorientarse hacia sistemas que restauren los suelos y los entornos”.

Y lo más importante, una política centrada en la financiación y en la asignación de subvenciones públicas no debe, en ningún caso, sustituir las leyes y los marcos normativos vinculantes. “Es la normativa lo que protege la naturaleza. Un hábitat destruido por una empresa nunca puede compensarse realmente”, recuerda Antoine Pugliese, quien aboga, en nombre del WWF, por un enfoque “pragmático”, entre el desarrollo de la financiación y el mantenimiento de una serie de salvaguardias.

Una visión que no cuenta con el consenso del mundo ecologista, donde otras organizaciones temen que, con el desarrollo del enfoque financiero, se produzca una mercantilización de la naturaleza que no haría más que agravar el problema. Es el caso del Green Finance Observatory (GFO), una ONG crítica con las finanzas verdes. “Se oye decir con demasiada frecuencia que la falta de protección de la biodiversidad se debe a la falta de financiación”, subraya su director, Frédéric Hache. “Eso es falso: la razón principal es la falta de regulación.”

Aunque coincide con WWF en señalar la necesaria reorientación de las subvenciones públicas, a este experto le preocupa sobre todo las formas que podría adoptar el desarrollo de la financiarización, entre el mercado de "créditos de biodiversidad" —que Francia puso en marcha hace dos años con carácter experimental y que está llevando a nivel internacional— y los mecanismos de compensación para autorizar proyectos que invaden los espacios naturales.

Para Frédéric Hache, compensar la destrucción de un ecosistema con la protección de otro lugar no tiene ningún sentido: “No conocemos la riqueza de esos entornos ni el conjunto de relaciones ecológicas que las especies mantienen entre sí. Hasta ahora solo se ha cartografiado el 20 % de las especies, y cada año se descubren una media de 18.000 más. Somos incapaces de recrear un ecosistema. Lo que hay que hacer es evitar la destrucción en su origen”.

Traducción de Miguel López

En 2021, la mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, anunció un plan de cero emisiones para 2040, con un gran anuncio a toda página en The New York Times. La empresa, que contaminaba más que países como Italia y casi tanto como Francia, acabó en los tribunales por "marketing falso y engañoso" y sus directivos terminaron diciendo que ese eslógan era simplemente "una aspiración", pero nunca fue un compromiso legal.

Este es solo uno de los casos que recoge una investigación internacional sobre greenwashing, el nombre que recibe la práctica empresarial que consiste en hacer promesas ambientales sin fundamento o lanzar mensajes ecologistas para ganarse al público basándose en afirmaciones dudosas o falsas. El estudio, publicado este miércoles en la revista PLOS Climate, analiza 1.233 afirmaciones ambientales de compañías ganaderas y lácteas, y concluye que el 98% cumplen con las condiciones del greenwashing.

Se califican así porque se consideran promesas inverificables, que no están acompañadas de estudios científicos, que se basan en falsas soluciones o que son insignificantes en comparación con el volumen total de emisiones de las compañías. El 38% de esos reclamos (467) consisten en compromisos a futuro imposibles de corroborar, como "garantizar la recuperación de 600.000 millones de litros de agua en regiones con escasez hídrica para 2030", que era una de las promesas analizadas por los autores.

La lista está formada por todas las afirmaciones verdes realizadas por las 33 mayores empresas del mundo en lácteos y carne entre 2021 y 2024, y Danone y Nestlé están en el puesto uno y dos de las compañías que más afirmaciones han hecho con greenwashing. Aunque estas empresas son industriales –compran la leche y otros productos a los ganaderos–, las emisiones de los animales forman parte de su cadena de valor y son su responsabilidad. 

De la lista de empresas analizada, la francesa Danone es la que más compromisos ambientales ha adquirido en sus informes públicos y páginas web (106), pero prácticamente todos se catalogan como greenwashing, según este estudio. La siguiente es la suiza Nestlé, seguida de CP Group (Tailandia), Danish Crown (Dinamarca) y Hormel Foods (EEUU).

"Las empresas cárnicas y lácteas hacen muchas promesas y aportan muy pocas pruebas que las respalden. Al igual que la industria de los combustibles fósiles, que ha utilizado el greenwashing durante las últimas décadas para retrasar la adopción de medidas climáticas significativas, la industria cárnica y láctea podría estar engañando a los consumidores y a los inversores", escriben los autores, liderados por Maya Bach, del departamento de Ciencia y Política Ambiental de la Universidad de Miami.

La investigación se ha centrado en el sector de producción de alimentos porque representa el 16,5% de los gases de efecto invernadero, siendo uno de los más agresivos con el planeta, principalmente debido a las emisiones de metano de los rumiantes, de los gases de efecto invernadero provocados por el estiércol, por las emisiones de óxido nitroso derivadas de los fertilizantes y por la tala derivada de la producción de piensos.

Marina San Martín Calvo, profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Burgos, opina que estos resultados son importantes en países como España, donde la ganadería láctea y cárnica tiene un peso muy importante. "Estos datos evidencian una brecha significativa entre el discurso corporativo y la evidencia real. Sería recomendable exigir mayor transparencia y evidencia científica en las afirmaciones climáticas porque contribuirían a una transición más creíble y efectiva hacia sistemas alimentarios realmente sostenibles”, dice en un comentario publicado en la agencia Science Media Centre.

Una de las fórmulas de greenwashing más repetidas en este sector –a la que recurren 17 de las 33 empresas analizadas– es la promesa del net zero, las cero emisiones netas de CO2, generalmente para 2050. Este mensaje se encuadra dentro del llamado future-washing, basado en publicar compromisos para las próximas décadas de ayudar al planeta pero con ninguna intencionalidad real de cumplirlos.

Un informe de Foodrise, una ONG europea, se pregunta cómo Danone cumplirá su compromiso net zero en 2050 si en ningún plan de negocio recoge reducir la cabaña ganadera de la que se provee, la principal fuente de contaminación. Por ahora, la compañía francesa solo dice que para hacerlo introducirá prácticas de agricultura ecológica, soja libre de deforestación y estiércol gestionado de manera eficiente de aquí a 2030, medidas insuficientes para lograr su meta de 2050.

Tras analizar los 1.233 mensajes verdes de estas compañías, solo tres de ellos (de las empresas Fonterra, California Dairies y Perdue) estaban amparados en estudios científicos, y dos de ellos ligados a "revistas científicas estrechamente alineadas con la industria agrícolas". Solo el 29% (356 promesas) se apoyaba en algún tipo de evidencia, mientras que "más de dos tercios de las afirmaciones medioambientales carecían de pruebas, lo que dificultó evaluar su credibilidad", según los autores. 

Aunque más de 300 mensajes analizados estuvieran apoyados en información, no significa que fueran legítimos ya que la inmensa mayoría de ellos no superaron la prueba de greenwashing, basada en un test de Noémi Nemes, de la Universidad de Viena, y otros autores, creado en 2022. Solo 20 de los enunciados verdes analizados estaban libres de indicadores greenwashing, aunque el estudio aclara que no consistían en promesas, sino en argumentos genéricos, como que "en Estados Unidos, entre el 30% y el 40% de los alimentos que se producen nunca llegan a consumirse", uno de los mensajes que han superado el examen.

Los autores recogen en el estudio algunos de los eslóganes vacíos que se han encontrado, donde se publicitan acciones limpias que representan una parte ínfima de las emisiones de estas compañías. Como la británica ABP Group, que publicó que iba a iniciar un proyecto para "buscar maneras de implantar un modelo de producción sostenible" de carne en una granja de 100 hectáreas, sin aclarar qué medidas iba a implementar. O como el gigante francés Lactalis, que publicitó el cambio de una caldera de una de sus plantas.

"En lugar de buscar un cambio transformador, muchas empresas parecen dar prioridad a pequeñas mejoras en la eficiencia y promocionan ampliamente iniciativas a pequeña escala o piloto que apenas repercuten en la huella medioambiental global de la ganadería", se lee en el estudio.

Los investigadores también dan a entender que esta corriente de publicidad verde ha desatado en el último lustro una carrera empresarial por lanzar mensajes aparentemente ecologistas. En septiembre de 2020 solo cuatro de las 35 mayores cárnicas y lácteas del mundo tenían compromisos cero emisiones, y hoy son 17.

La señora Cayetana Álvarez de Toledo (PP) ha moderado en Madrid la presentación del libro El ecologista de derechas. Al decir de los dos economistas que lo han escrito, el cambio climático (en adelante CC) va a afectar de manera importante a España pero sus consecuencias no serán catastróficas. El hecho de que las derechas de siempre apadrinen este libro indicaría que sí, ahora sí, las evidencias científicas los han convencido: el CC está aquí y ha llegado para quedarse. Parece que los autores manifiestan que la mitigación es menos importante que la adaptación. Por eso defienden el uso de las renovables, en concreto de las furgonetas eléctricas. Además, afirman que lo que hagamos aquí no es importante. El meollo de la cuestión climática está en lo que hagan China e India. 

Hemos de anotar lo que se ha publicado de lo dicho por el expresidente don José María Aznar sobre el libro: “Contribuye a la construcción de un marco conceptual para abordar uno de los debates decisivos de nuestro tiempo, el medioambiental, desde una perspectiva de centroderecha”. El mismo que en 2008 apadrinaba la publicación del libro Planeta azul (no verde) del presidente checo Václac Klaus (un negacionista de la gravedad del calentamiento ya visible entonces), editado por FAES. Entonces criticaba a los "abanderados del apocalipsis climático" y animaba a "plantar cara a todos los enemigos de la libertad" (sic).

Debemos congratularnos de que esta percepción climática sea muy diferente a aquella que manifestaba en el año 2007 otro anterior presidente del Gobierno de España, también del PP, por cierto. Negaba la existencia del CC porque un primo suyo de Sevilla, físico y profesor de universidad para más señas, le había desmentido lo que por todo el mundo se veía claro. Hace unos años, el señor Trump reclamaba el uso del calentamiento global para mitigar los efectos de las intensas nevadas del noreste de su país, en una visita a Nueva York. 

Parece que la preocupación por el CC empieza a generalizarse. Covering Climate Now nos hace llegar la iniciativa “Proyecto del 89%”, destinada a evidenciar que existe una mayoría silenciosa global que quiere, demanda, una acción climática continua. The 89 Percent Project es básicamente una iniciativa periodística global. Se basa en que la inmensa mayoría de la población mundial —entre el 80% y el 89%, según estudios científicos recientes— exige que los gobiernos tomen medidas más contundentes contra el CC. Sin embargo, este hecho no se refleja en la cobertura informativa. En España sucede algo parecido, según el INE. 

En realidad, lo que se persigue es evitar la espiral del silencio. Se lo han propuesto periódicos de alcance global tan importantes como The Guardian, que daba a conocer, a comienzo de este año, un estudio en el que se demostraba que “los parlamentarios británicos subestiman el apoyo a las políticas medioambientales”. A pesar de conocer los retos de la energía solar y la eficiencia energética, o los impuestos a la carne y los gravámenes a los viajeros frecuentes, los políticos no lograron comprender el interés de la ciudadanía por las políticas que abordan el calentamiento global. Los políticos de allí se mostraron menos dispuestos a votar a favor de las políticas socioambientales o a defenderlas. Da la impresión de que los parlamentarios españoles “son muy británicos”.

Aun con todo, demos la bienvenida a la llegada del PP a la lucha por el clima. A ver en qué consiste la perspectiva de centroderecha.

__________________

Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Cada 22 de abril celebramos el día de la Tierra poniendo en duda la eficacia de la diplomacia ambiental para solventar los retos a los que se enfrenta la humanidad. Sin embargo, en este 2026, las palabras sobre sostenibilidad suenan más vacías que nunca mientras el cielo del Golfo Pérsico se tiñe de negro por el humo de la guerra. Parafraseando a Al Gore, podemos decir que nos enfrentamos a otra verdad incómoda: no existe política ambiental posible en un escenario de guerra.

La ciencia es clara y demoledora: hemos sobrepasado siete de los nueve límites planetarios. Según el Centro de Resiliencia de Estocolmo, ya no solo estamos alterando el clima y perdiendo biodiversidad a ritmos de extinción masiva, sino que hemos desbordado los ciclos del nitrógeno y fósforo, el cambio de uso de suelo, el acceso al agua dulce, la contaminación por entidades químicas sintéticas (PFSa, microplásticos, Disruptores endocrinos, etc) y, más recientemente, el umbral crítico de la acidificación de los océanos. Estamos fracturando los pilares biofísicos que han mantenido la estabilidad de la vida durante el Holoceno. Ante un colapso de tal magnitud, las políticas de "desarrollo verde" o los planes de mitigación y adaptación al cambio climático se presentan como soluciones loables, pero en realidad son meros parches de emergencia si no se detiene primero la maquinaria bélica que devora recursos y ecosistemas.

Existe una hipocresía institucionalizada en las altas esferas del poder global. Las naciones se reúnen en fastuosas cumbres climáticas (COP) para discutir reducciones marginales de CO2 y objetivos para 2050, mientras que en los consejos de defensa se aprueban presupuestos récord para la industria armamentística de aplicación inmediata. Cada misil disparado, cada tanque movilizado y cada refinería bombardeada en los actuales conflictos que asolan Irán y el Golfo Pérsico es un clavo más en el ataúd de nuestras metas climáticas. La guerra es la actividad humana con mayor intensidad de carbono y menor transparencia; sus emisiones suelen quedar fuera de los inventarios nacionales bajo la excusa de la "seguridad nacional".

El gasto militar global ha alcanzado cifras obscenas que triplican con creces la inversión anual necesaria para financiar una transición energética justa y completa en todo el Sur Global. Mientras se escatiman recursos para el Fondo Verde del Clima o para la restauración de humedales críticos, se despilfarran billones en tecnologías de muerte: drones, bombas guiadas y logística pesada que son, en esencia, la antítesis de la sostenibilidad. No estamos simplemente ante un problema de emisiones, sino ante un problema de prioridades civilizatorias. No se puede hablar de "salvar el planeta" en un foro de las Naciones Unidas mientras se suministran las armas que convertirán ecosistemas enteros en zonas de sacrificio tóxicas yermas de vida.

El conflicto en el Golfo no es solo una disputa territorial o ideológica; es el estertor de una economía del siglo XX basada en el petróleo que se niega a morir. Aquellos intereses que buscan perpetuar la dependencia fósil nos están abocando a un escenario de rotura irreversible de los límites planetarios. No estamos ante una crisis de recursos, sino ante una crisis de poder: la transición hacia energías limpias y modelos circulares amenaza los cimientos de las jerarquías que han dominado el mundo a través del control de los hidrocarburos.

La verdadera amenaza para la supervivencia humana no es solo el aumento de la temperatura, sino la voluntad de las élites políticas y económicas de mantener un modelo productivo extractivista a cualquier precio, incluso a costa de la guerra. La agresión hacia Irán y la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz son síntomas de una patología de un sistema que genera valor a partir de la destrucción. En esta lógica, la guerra no es un error del sistema, sino su herramienta de mantenimiento para asegurar que el flujo de crudo, y de capital, no se detenga, incluso si eso significa incinerar el futuro climático.

Estas acciones son las que impiden que la economía circular y la transición ecológica sean realidades sistémicas, reduciéndolas a meras estrategias de marketing corporativo. Las élites del siglo XX saben que un mundo verdaderamente circular, basado en la autosuficiencia y la regeneración local, volvería irrelevante el control militar sobre los estrechos marinos y los yacimientos. Por ello, prefieren el escenario del conflicto: la guerra justifica el gasto, el gasto alimenta la industria, y la industria perpetúa el modelo que nos está matando.

La economía circular no puede entenderse simplemente como un sistema técnico de gestión de residuos, sino que debe ser reivindicada como una estrategia de paz estructural. Al proponer un modelo productivo que elimina la necesidad de extraer materias vírgenes en geografías lejanas, la circularidad desactiva la principal motivación geopolítica de los conflictos armados contemporáneos: el control de los recursos escasos. Sin embargo, la economía de guerra actual opera bajo una ontología diametralmente opuesta, fundamentada en el consumo masivo y acelerado de recursos que jamás retornarán al ciclo productivo. Un ejemplo devastador es la huella de carbono de la logística militar, donde un solo caza de combate puede consumir en una hora de vuelo más combustible fósil del que un ciudadano medio utilizaría en varios años, anulando cualquier esfuerzo individual de ahorro energético.

Esta colisión de modelos se manifiesta con especial crudeza en los ataques a infraestructuras petroleras en Irán. Los bombardeos no solo detienen la producción, sino que liberan nubarrones masivos de hidrocarburos y metales pesados que provocan un ecocidio instantáneo. Estas partículas acidifican el suelo fértil y se filtran en la biodiversidad marina, causando un daño sistémico que la economía circular tardará siglos en intentar mitigar. Existe, además, una contradicción insalvable en la gestión de las prioridades presupuestarias; mientras las instituciones claman por fondos para la regeneración de suelos y la limpieza de plásticos en los océanos, ese capital se evapora literalmente en el humo de las explosiones de misiles cuyo coste de fabricación bastaría para restaurar ecosistemas enteros. En última instancia, la guerra representa el estadio final del modelo lineal de "extraer, fabricar y destruir", demostrando que sin un escenario de paz global cualquier avance en circularidad será insignificante, ya que es físicamente imposible reciclar un mundo que se está quemando activamente por intereses militares.

En este Día de la Tierra 2026, la demanda debe dejar de ser una súplica climática para convertirse en una rebelión política por la vida que fusione irremediablemente el movimiento ecologista con el pacifismo radical. No hay ecología posible sin la abolición de la guerra, del mismo modo que no habrá paz duradera mientras nuestra economía dependa de perforar la Tierra para quemar petróleo. Debemos entender que la seguridad del siglo XXI no se construye con sistemas antimisiles ni con la hegemonía militar en el Golfo, sino con la soberanía alimentaria, la protección de acuíferos y la creación de comunidades resilientes que no necesiten invadir a otras para sostener su existencia. El actual conflicto con Irán es la prueba definitiva de que el modelo fósil ha entrado en una fase de canibalismo terminal que pone en entredicho la supervivencia misma de la humanidad sobre este planeta.

Es una falacia creer que la biodiversidad se recuperará o que el cambio climático se detendrá mientras las grandes potencias sigan priorizando la dominación estratégica sobre la estabilidad biofísica de la biosfera. Por tanto, elegir entre perpetuar los intereses de un modelo económico basado en las energías fósiles que nos conduce al abismo o abrazar un nuevo modelo productivo basado en la dignidad de todas las personas y el respeto a los límites planetarios es la única decisión real que debemos tomar. El desmantelamiento inmediato de la economía de guerra es condición indispensable y previa a cualquier meta de sostenibilidad planetaria.

____________________________

José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Soledad Gallego (56 años, Albacete) fundó hace ahora tres años la división española y mediterránea de ClientEarth, una organización de abogados sin ánimo de lucro que defiende el medioambiente en juzgados en todo el planeta. Si el activismo ambiental se remonta al siglo pasado, la defensa de la naturaleza desde el punto de vista jurídico ha sido durante las últimas dos décadas una travesía en el desierto para unos pocos abogados que decidieron "elegir el otro lado", como lo llama Gallego. 

Al salir de la facultad decidió que nunca trabajaría para una empresa privada que contaminara porque ya eran demasiados los que tiraban por ese camino, así que trabajó durante 20 años en diferentes ONG, principalmente en SEO/BirdLife, hasta unirse finalmente a ClientEarth en 2019. Tras haber participado en casos con magistrados y fiscales de todo el país, tiene claro que hay un déficit de formación ambiental en la judicatura.

En la prensa hay casos todos los días de contaminación de suelos, robo de agua, vertidos tóxicos… y muchos de estos casos llevan años produciéndose. ¿Hay impunidad en España con los delitos ambientales?

Yo no creo que haya impunidad, aunque sí hay que estar muy vigilantes. Por una parte debemos debatir sobre si la sociedad civil puede acceder a la justicia para defender el medio ambiente. Y por otra, es muy importante que los jueces y los tribunales estén especializados en un área que es cada vez más compleja, y que cuenten con los medios y expertos adecuados.

En España nuestro derecho ambiental deriva del derecho europeo, que es uno de los más avanzados que hay en el planeta. Tenemos las directivas de aves, de hábitats, de restauración de la naturaleza, la directiva marco del agua… Todas ellas están traspuestas a la normativa española, y están muy bien, pero al final siempre tenemos un problema de aplicación y cumplimiento efectivo de la ley.

¿Cuáles son las barreras más evidentes que se encuentran?

Una barrera son los procedimientos judiciales, que son muy largos. Otra, que no se aplican medidas cautelares, y si los proyectos que son muy dañinos para la naturaleza no se paran desde el principio, por mucho que ganes el juicio, como en el caso de la urbanización de Valdecañas, el daño ya está hecho. O bien no hay acceso a abogados especializados. O los costes son excesivos, porque no olvidemos que mucha gente implicada en estos casos es voluntaria y está poniendo su dinero personal para pelear por el bien colectivo. 

¿Por qué se decidió por el derecho ambiental?

Cuando estudié Derecho, el derecho ambiental ni existía, pese a que estaba presente en todo lo que nos rodeaba. En cualquier contrato de obra pública, por ejemplo. Vi que había muchos abogados trabajando en proyectos que dañaban el medioambiente, pero que había muy pocos en el otro lado para protegerlo, así que empecé trabajando en ONG y puntualmente con algún gobierno, pero me prometí no trabajar con ninguna empresa que contaminara o dañara el medio ambiente.

¿Y cómo está la profesión hoy en día?

Cada vez hay más abogados que siguen esta línea. Muchos de los que llegan a ClientEarth trabajan en despachos corporativos típicos, pero deciden que quieren trabajar de otra manera. Es una decisión personal y es cierto que económicamente se gana más en el sector privado, pero la parte vocacional es tan importante que compensa.

Usted ha trabajado con ONG y ahora colabora con ellas, ¿cuál es la relación entre activistas y abogados?

El derecho ambiental empodera a las ONG, nos necesitamos mutuamente. Ellas conocen los problemas sobre el terreno y saben lanzar el mensaje social, pero es importante que haya expertos jurídicos para llevar a cabo las campañas. Proteger el medioambiente tiene que ser también un trabajo profesional, con los medios adecuados, porque lo que tenemos enfrente es un desafío enorme. Hay mucho trabajo voluntario que es importante, pero nosotros creemos que tiene que estar profesionalizado.

¿Cómo ve a la nueva generación de juristas? ¿Hay interés por el medioambiente?

El derecho ambiental está ahora muy al día en las facultades. Hay universidades con ramas específicas e incluso un Centro de Estudios de Derecho Ambiental en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, una referencia en este mundo. Es cierto que cuando no saben bien a dónde dirigirse, empiezan en el sector privado y luego saltan aquí, pero ya vemos abogados y abogadas jóvenes que quieren dedicarse a ello directamente porque están muy concienciados.

¿Y cómo ve los estamentos más altos? ¿Los jueces y fiscales de España están bien formados en medioambiente?

Hay jueces y fiscales que están especializados porque han ido llevando bastantes temas relacionados con agua o con contaminación. Por ejemplo, trabajamos en un caso de Galicia, el embalse de As Conchas, donde los jueces ligaron perfectamente la contaminación con la vulneración de los derechos humanos. Sobre todo es importante que conozcan el derecho europeo porque normalmente los incumplimientos son de la normativa europea. 

Luego hay otros jueces a los que les cuesta más adaptarse o que desconocen más la materia, porque es realmente compleja. Pero también es cierto que nosotros lo que intentamos siempre es abrir nuevas líneas jurídicas, que haya debate. Porque a lo mejor la primera vez no funciona, pero el juez va tomando contacto con la información, con el sistema legal, con las normas… y poco a poco va aprendiendo más del tema, hasta que llega a tomar decisiones más fundamentadas. Lo que es muy importante, igual que pasa en otros países, es que los jueces se formen y se especialicen con algún tipo de curso.

¿Y los fiscales? Al final son ellos los que tienen que levantar la liebre en muchos casos.

La Fiscalía entra en los casos penales. En los administrativos no intervienen de manera general, solo en algunos relacionados con la ley de responsabilidad medioambiental. Hay fiscales especializados en medioambiente, como Antonio Vercher, que acaba de fallecer, e hizo un trabajo pionero como primer fiscal coordinador de sala de Medioambiente y Urbanismo. Y luego en cada Tribunal Superior de Justicia hay un fiscal también especializado. Lo que pasa es que hacen falta más porque hay tantos casos, tanto trabajo… Y es esencial que cuenten con los medios y apoyo de expertos que necesiten.

¿Han trabajado en algún caso reciente donde hayan visto todos estos problemas?

Nos han dado la razón en un caso de Galicia, en el embalse de As Conchas, donde había vecinos viviendo junto a un agua contaminada; no podían ya casi ni respirar, y estaba a punto de derivar en un problema de salud pública. Alegamos vulneración de derecho fundamental a la vida, que es una norma fundamental en España, pero para demostrarlo hemos necesitado a investigadores del CSIC, a abogados de España y de otros países… Ha sido un trabajo enorme.

Parece increíble que haga falta movilizar tantos recursos para un incumplimiento tan obvio. Cuántos casos como este quedarán sin resolver porque no cuentan con equipos así.

Pues sí, lo bueno es que como la sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, puede usarse como precedente para casos similares en otros sitios. Como no podemos llegar a todos los sitios, al menos intentamos también trabajar para legislar y evitar que ocurran en el futuro, como en las negociaciones de Bruselas sobre la Ley de Restauración de la Naturaleza o el Reglamento de Deforestación Importada.

¿Y cómo es el derecho ambiental desde el otro lado? ¿Las empresas tienen buenos abogados para encontrar agujeros legales?

Bueno, por supuesto. Para defender los intereses de una empresa o un sector en medioambiente hace falta gente especializada, y hay lobbies muy fuertes en Bruselas y en los países, tanto para elaborar la legislación como para aplicarla. Al final, como abogado llega un momento en el que tú decides si quieres defender los intereses privados de una empresa o de un sector, los intereses colectivos. Y probablemente también sean muy buenos abogados ambientales. Dependiendo de para quién trabajes estás en un lado o en el otro.

Cuando trabajó en litigios ambientales europeos, ¿vio una diferencia entre las capacidades de los juristas españoles y los de otros países? ¿Hay una mejor preparación en lugares como Bruselas?

Sí, hay países como China que tienen jueces y fiscales especializados en medioambiente y les forman para ello. Y ocurre también en otros países. Eso hace falta en España, aunque aquí tenemos también cosas buenas. Por ejemplo, en derecho de aguas, aquí puedes recurrir un Plan Hidrológico de cuenca y muchas otras normativas relacionadas con la Directiva Marco del Agua, y eso no se puede hacer en Polonia o en Alemania. Otra cosa es cuando llegas al tribunal con términos como “caudal ecológico”,"conectividad de ríos”... que son auténticas tesis doctorales que hay que explicar al juez.

Hogar de innumerables ficciones, protagonista de poesías y canciones, musa de cuadros y uno de los pocos lugares en los que la modernidad tiene que pararse y limitar sus ambiciones de grandeza, puesto que en ella no caben el cemento descontrolado ni los rascacielos. Venecia, además de ser Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO, es uno de los lugares más singulares del mundo. 

Pero corre peligro. Según un artículo publicado en Nature, la subida del nivel del mar amenaza con llevarse la ciudad por delante. Y ya hay señales. En los últimos años, se ha visto cómo sus calles se inundan cada vez con más frecuencia, un proceso que comenzó hace 150 años, pero que ahora se acelera peligrosamente. De hecho, en los últimos 23 años, se ha llegado a situaciones extremas en las que el 60% de la ciudad quedaba bajo el agua.

Recientemente se ha asistido a ejemplos muy evidentes de esta situación. En 2019, la ciudad se enfrentó a la peor inundación desde 1966. El aqua alta llegó hasta los 187 centímetros y acabó sobrepasando el vestíbulo de la basílica de San Marcos. Muchas de las góndolas situadas en la Riva Degli Schiavoni rompieron las amarras e impactaron contra las columnas del Palacio Ducal. Además, varias zonas de la ciudad se quedaron sin luz y dos personas fallecieron. 

Sucedió hace apenas siete años, pero los investigadores tienen evidencias de que puede volver a ocurrir. Y no de forma aislada sino con bastante frecuencia. Según los datos proporcionados en Nature, para el año 2100 se prevé que el aumento del mar en Venecia alcance, en el mejor de los casos, prácticamente el medio metro (42 centímetros) respecto a los niveles de principios de este siglo. Eso en el escenario más favorable de emisiones, porque en el peor se estima que podría llegar a los 81 centímetros. 

Los autores del estudio consideran que las barreras móviles que se están instalando actualmente podrían ser una herramienta muy útil de prevención siempre y cuando se le añadan algunas soluciones alternativas. Desde 2022, un sistema de barreras móviles separa la laguna de Venecia del mar Adriático y ha evitado que las inundaciones fueran mucho más abundantes ya que, en los casos más extremos, como las tormentas, se elevan para proteger a la ciudad. 

El sistema MoSe (Módulo experimental electromecánico, en español) se implementó en 2020 por primera vez, pero para llegar a él han hecho falta 40 años de estudios y proyectos de prueba-error. Ya cuando empezaron a investigar, en los años 80, la alarma era máxima, aunque solo fue en el 2003 cuando se planteó el proyecto que la ciudad tiene actualmente. 

A pesar de la urgencia, la corrupción lo retrasó todo. En 2014, 35 personas fueron detenidas, entre ellas el alcalde de la ciudad, Giorgio Orsoni, por el desvío de más de 30 millones de euros de fondos públicos, que utilizaban en un sistema de sobornos y malversación. A pesar de todo, los sistemas ya han evitado que una catástrofe como la de 2019 se vuelva a repetir. Sin embargo, los investigadores temen que, con el aumento previsible de los próximos años, esto no sea suficiente. 

Para Pedro Zorrilla, coordinador de la Campaña del Cambio Climático de Greenpeace, el sistema actual es un "simple parche que no soluciona las consecuencias reales". Cuenta a infoLibre que "este sistema no resolverá los problemas a largo plazo que pueden llegar a ser devastadores". Otra de las consecuencias de las que habla el experto en cambio climático es la de la llegada de nuevas especies no autóctonas. Zorrilla lo considera un problema "real que está ocurriendo en todo el mundo, especialmente en el Mediterráneo".

No obstante, hay alternativas. Con cuatro nuevas estrategias potenciales, los científicos consideran que la ciudad podría salvarse del aumento del nivel del mar en los próximos 300 años. Pero, apuntan, solo si se actúa rápido. Entre esas estrategias están la protección del centro de la ciudad con diques para separarla del resto de la laguna, su cierre con un “superdique” o, directamente, reubicar la ciudad, sus residentes y los monumentos históricos para que no estén tan próximos al mar. 

Sobre la reubicación de ciudades, Zorrilla lo cataloga como "éxodo climático" y argumenta que "esto se está viendo en otras grandes ciudades como Yakarta, una ciudad mucho más grande que Venecia, donde están proponiendo crear una nueva ciudad en otra isla". "Tendemos a centrarnos en ciudades que tenemos más próximas, pero las consecuencias más devastadoras las están sufriendo en el Sur Global", añade.

La forma más sencilla de proteger la ciudad es, claro está, continuar con el sistema de barreras actual. Pero hay bastantes inconvenientes. El principal tiene su origen en el problema en sí: el aumento del nivel del mar. A medida que se vayan sucediendo los episodios de inundaciones, la frecuencia de los cierres también crecerá y, con ello, el mal funcionamiento y los retrasos en una operación que, al final, no conseguirá proteger la ciudad. 

Además, los investigadores alertan de que, si se sigue trabajando de la misma forma, se degradarán los ecosistemas de la laguna, las operaciones portuarias se verán limitadas y la calidad del agua podría verse comprometida, por lo que se tendría que implementar un sistema adecuado de tratamiento de aguas residuales, junto con un sistema de bombeo a gran escala para mantener los niveles de la laguna por debajo del nivel del mar. 

Otra de las soluciones que manejan los investigadores podría ser la creación de diques circulares que aíslen el centro de la ciudad y otros asentamientos del resto de la laguna, que seguiría conectada con el mar abierto. La ciudad, aunque perdería conexión con el resto de la laguna, podría permanecer intacta. Aun así, implementarlo sería caro –la cifra de construcción podría llegar hasta a los 4,5 mil millones de euros–, el turismo sufriría por el cambio de paisaje y la ciudad tendría que ser rediseñada para adaptar algunos elementos, como el transporte público. 

Existe, sin embargo, una alternativa que permitiría preservar el funcionamiento y la seguridad de la ciudad, aunque a costa del propio ecosistema. Se trata de la estrategia de la laguna cerrada, cuyo eje sería la construcción de un “superdique” que convertiría la laguna en un lago costero. La ciudad permanecería intacta, pero la laguna desaparecería.

A pesar de esa pérdida, esta alternativa sería capaz de proteger a la ciudad en casos tan extremos como un aumento de 10 metros del nivel del mar. No obstante, hay que tener en cuenta también que el coste sería mucho mayor y podría llegar hasta los 20 mil millones de euros ya que habría que crear presas permanentes en las entradas de la laguna o elevar las islas barrera y los terraplenes hacia la tierra que separan la laguna de los pólderes (una extensión de tierra baja, generalmente ganada al mar, marismas o lagos, que se encuentra al mismo nivel o por debajo del agua y está rodeada por diques para mantenerla seca). 

Para Zorrilla la verdadera solución pasa, en primer lugar, por "una mayor preocupación política y social por el cambio climático" y en segunda instancia, por un "mayor gravamen de impuestos a las empresas de combustibles fósiles que, al final, son las que más perjudican al ecosistema". "Los fondos públicos tampoco son infinitos y estamos viendo que los beneficios extraordinarios que está sacando la industria fósil ahora por la guerra de Irán están siendo récords", concluye el experto.

Aun así, la solución más extrema sería, sin duda, la de mover la ciudad completamente. El estudio publicado en Nature incluye esta posibilidad en el peor de los escenarios e indica que, en este caso, el aumento del nivel del mar transformaría la laguna actual en un entorno marino más profundo en el que aparecerían nuevas especies no autóctonas. Así, se formaría un nuevo régimen ecológico, diferente a la laguna que le dio su magia a Venecia. 

La única solución posible para lo que quede en tierra firme será hacer lo mismo, cambiar. Con un coste de 100 mil millones de euros, los investigadores explican que ante esta situación, lo más probable es que se tuviera que reubicar la ciudad. Esto consistiría en desmontar los edificios y monumentos históricos para llevarlos a otros lugares más elevados. Por lo tanto, la ciudad tal y como la conocemos hoy, se perdería. 

Los cambios de paradigma a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán son cada día más tangibles. Muchos Estados europeos, entre ellos España, se han lanzado a los despachos para crear y modificar nuevas relaciones comerciales internacionales que les permitan asegurarse su ración de hidrocarburos y minerales críticos.

África es el lugar elegido para desarrollar estos ejercicios extractivistas. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmaba recientemente que el Gobierno ha multiplicado sus contactos bilaterales y consultas políticas con el continente vecino para así "consolidar una asociación duradera". 

A raíz de estos movimientos, el escritor y experto en relaciones internacionales Sani Ladan comenta con infoLibre que "el paradigma está cambiando, pero no necesariamente hacia algo más justo para África, si no hacia algo mucho más competitivo y mucho más violento".

Estos movimientos se enmarcan dentro de la Estrategia España-África 2025-2028, un plan de negocios bajo el que se han creado numerosos organismos, como la Comisión Interministerial para África (CIMA) o el Consejo Asesor España-África, entre otros. 

La Unión Europea tampoco se ha quedado atrás. Su programa Global Gateway , al cual se destinan más de 300.000 millones de euros, está desarrollando, entre sus proyectos, corredores estratégicos, una red de transporte de materias primas que conecta entre sí a diferentes países a lo largo del continente africano y, por supuesto, con Europa.

"Lo que estamos viendo no es el fin del extractivismo, sino una forma actualizada de esos nuevos imperialismos", afirma Ladan. "Muchas veces se habla de una cooperación, de que vamos a ayudar, pero es importante que la sociedad entienda que los Estados no tienen amigos, tienen intereses".

Tras la colonización de muchos países africanos por Estados europeos, sus economías y estructuras de poder quedaron profundamente desestabilizadas. Las independencias, ocurridas en su mayoría a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, fueron duramente castigadas por los países colonizadores, que compraron a sus élites para así perpetuar estos roles de poder.

El doctor en Ciencias Históricas, Dagauh Komenan, también ha hablado con infoLibre sobre este asunto: "Existen mecanismos internacionales que obligan a estos países a seguir manteniendo una relación con la metrópolis", asegura el experto. "En muchos casos, cada vez que un país africano ha intentado diversificar de verdad sus socios comerciales se han producido conflictos, golpes de Estado y disturbios a nivel interno".

Un ejemplo explícito de este intervencionismo militar es el de Francia. El país europeo ha realizado más de 50 intervenciones directas dentro del continente africano para apoyar rebeliones armadas y fomentar cambios de gobierno en distintos países, como en Senegal, Chad o Gabón. "Los medios occidentales intentan mostrar a los dirigentes que miran por el beneficio de la población como los peores que existen. Es una lucha para ver quién controla la narrativa en ese sentido", añade Ladan.

Los intereses de España se concentran en la búsqueda de energía y en el control de la "inseguridad", es decir, del flujo migratorio.

Atendiendo esta primera parte, y en la carrera por conseguir suministros tras el cierre del Estrecho de Ormuz, Albares retomaba la relación diplomática con Argelia, el mayor proveedor de gas del país, en una visita oficial a finales de marzo. 

La compraventa energética entre ambos Estados se había suspendido en 2022 tras el apoyo de España al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, que impedía una libre autodeterminación del territorio. El ministro asegura que el asunto ha sido mencionado un par de veces en las conversaciones, pero "sin profundizar", lo que reafirma su posición junto a su también socio estratégico: Marruecos.

Rabat es, junto a otros países africanos, colaborador en materia de este "control migratorio", y a tal efecto se le entregan materiales antidisturbios. Algo que también sucede con Mauritania, un país donde el Gobierno abrió dos cárceles para migrantes que incluyen la detención de bebés en edad lactante, algo que la legislación española imposibilita. Según la Fundación porCausa, en una investigación que publicó en 2025, estas instalaciones fueron desarrolladas por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una organización autodenominada como "de cooperación" y dependiente del Gobierno.

Ladan contrapone estas medidas con el reciente anuncio de una regularización de más de medio millón de personas migrantes, y asegura que ese proceso "no es mérito del Gobierno, sino de la sociedad civil y de los colectivos de migrantes que han estado durante mucho tiempo luchando". El experto en geopolítica asegura que el del PSOE "es el mismo Gobierno de la masacre de Melilla y es el mismo que mantiene a un ministro como Marlaska en el Ministerio del Interior".

Las políticas imperialistas y los negocios energéticos en África han convertido al continente en una de las regiones del mundo más castigadas por el cambio climático. Mientras en Europa y España se promueve la transición ecológica, los materiales necesarios para sostenerla se extraen sin respetar el medio ni los derechos de quienes los obtienen. 

"Europa reduce su huella de carbono interna mientras externaliza parte del impacto ambiental a otros territorios", reflexiona Ladan. "Aquí te dicen que necesitan un coche eléctrico para proteger el medio ambiente, pero al mismo tiempo un niño de nueve años tiene que trabajar en una mina de litio en el Congo para que tú puedas tener el coche eléctrico con baterías de litio".

La extracción de estos minerales críticos implica un impacto directo en el continente a través de la contaminación del agua y, por consiguiente, de la degradación de sus suelos, lo que genera que las poblaciones locales se vean forzadas a desplazarse. Esta problemática alrededor de la minería también puede alimentar conflictos preexistentes, como ocurre en la República Democrática del Congo y en Ruanda.

Como respuesta a las consecuencias del cambio climático, Occidente ofrece a África una serie de préstamos para mitigar estos efectos: "Se debería plantear como una reparación a estos países, pero en lugar de eso es un préstamo que tienen que devolver con intereses", asegura Komenan.

El 73% de los españoles dice estar "muy o bastante preocupado" por el cambio climático y el 61% considera que este fenómeno le impacta "de forma significativa" en su día a día, según revela el 'V Informe sobre Sostenibilidad: La ciudadanía ante el riesgo climático', elaborado por ENGIE y GAD3.

La población reconoce verse afectada, principalmente, en materia de meteorología y disponibilidad de recursos. De hecho, la mayoría de las personas encuestadas cree que ha aumentado la frecuencia de los incendios forestales (88%), las inundaciones y las lluvias torrenciales (84%), y las olas de calor (83%).

Por comunidades, la percepción del aumento de las olas de calor es mayor en Comunidad Valenciana, Región de Murcia y norte de España (87%), mientras que el incremento de los incendios es percibido con más intensidad en Andalucía (88%), Cataluña (88%), Galicia (88%) y Castilla y León (88%).

La ciudadanía de Comunidad Valenciana y Región de Murcia (87%) nota especialmente el aumento de las inundaciones y las lluvias torrenciales.

Para reducir el impacto de estos episodios, el 41% de los españoles cree que la mejora de las infraestructuras de drenaje y los dispositivos de protección civil son clave, seguida de la reordenación urbanística (34%) y el refuerzo de los sistemas de alarma y los planes de emergencia (32%).

La mitad de la población (49%) considera que fenómenos como la dana o la gota fría son consecuencia del cambio climático, y el 43% opina lo mismo de los incendios forestales. Además, ocho de cada diez ciudadanos y ciudadanas afirma haber vivido "fenómenos extremos" como la dana o los incendios del verano pasado.

En cuanto a recursos, el 44% opina que el impacto "más preocupante" del cambio climático atañe a la disponibilidad de agua y la sequía, por delante de los efectos sobre la agricultura (37%), la calidad de vida (35%) o la pérdida de biodiversidad (35%).

Cuando se pregunta por acciones personales para luchar contra el cambio climático, el 34% dice estar dispuesto a usar más el transporte público y el 28% a mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Un 44% opina que los esfuerzos individuales "solo son efectivos" si van acompañados de un compromiso colectivo.

Y aunque el 70% de las personas encuestadas muestra interés por el medioambiente, la idea de que las advertencias sobre este tema son "exageradas" aumenta entre la población, especialmente en la Comunidad de Madrid (34%) y Castilla y León (33%).

El informe también revela que el desarrollo de energías renovables y procesos industriales menos contaminantes se encuentra entre las medidas más populares para luchar contra el cambio climático en España.

La combinación del calor extremo y las sequías serán cinco veces más frecuentes al final del siglo si se mantienen las políticas climáticas actuales, un fenómeno que afectará gravemente a cerca del 30 por ciento de la población y que impactará más a los países tropicales con menos ingresos, los que menos contribuyen al calentamiento global.

Los dos eventos (sequía y calor extremo) generan conjuntamente riesgos mayores que cada uno por separado, y amenazan la seguridad alimentaria, la salud humana y el acceso al agua, además de enfatizar la "profunda injusticia climática", ya que los países con menos recursos para adaptarse sufrirán las consecuencias más severas de las emisiones generadas por potencias industriales.

Son las principales conclusiones de un estudio que han realizado investigadores de la Universidad Oceánica de China y del Instituto Alfred Wegener alemán, que han observado cómo podrían evolucionar las condiciones hasta finales del siglo y han realizado para ello 152 simulaciones basadas en ocho modelos climáticos, considerando diversos escenarios de crecimiento demográfico y calentamiento global que se describen en el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).

Los investigadores han publicado hoy los resultados de su trabajo en la revista Geophysical Research Letters, de la Unión Geofísica Americana.

El análisis sugiere que cumplir con los acuerdos internacionales de emisiones podría reducir significativamente el número de personas expuestas a estos peligros ambientales, y que las decisiones políticas actuales determinarán la calidad de vida y supervivencia de miles de millones de personas en las próximas décadas.

Los investigadores han subrayado que el calor y la sequía se potencian mutuamente, y en situaciones extremas provocan restricciones de agua e inestabilidad en los precios de los alimentos, además de un mayor riesgo de incendios forestales, pérdidas agrícolas y una mayor mortalidad.

Los investigadores dividieron la superficie terrestre en celdas sobre una cuadrícula y compararon la frecuencia de las olas de calor y las sequías en cada celda, y descubrieron que las áreas terrestres sufrieron aproximadamente cuatro episodios de calor y sequía al año entre 2001 y 2020, lo que representa el doble de la frecuencia que se registraba en el período preindustrial, entre 1850 y 1900.

Y aunque han señalado que cuanto más caótico se vuelve el clima más difícil resulta hacer pronósticos, los científicos han corroborado que en el escenario de crecimiento climático y demográfico más acorde con la trayectoria actual los extremos de calor y sequía se intensificarían para el 28 por ciento de la población mundial —casi 2.600 millones de personas— para la década de 2090, y un 6,6 por ciento sufrirá ese nivel de exposición en la década de 2030.

A nivel mundial, los extremos de calor y sequía combinados podrían ocurrir casi 10 veces al año en promedio para finales de siglo, con los más largos durando alrededor de 15 días, lo que representa un aumento de 2,4 y 2,7 ​​veces con respecto a las condiciones de los últimos 25 años, respectivamente.

Los investigadores han concluido que son las emisiones humanas de gases de efecto invernadero las que impulsan estos cambios, ya que cuando analizaron simulaciones considerando únicamente fuerzas naturales, no se observaron tendencias significativas en la frecuencia o en la duración de los extremos de calor y sequía.

También han concluido que los países que más emiten no serán los que sufran los mayores impactos, y según la distribución geográfica del riesgo en las simulaciones, las naciones de bajos ingresos cercanas al ecuador y los trópicos experimentarán los extremos de calor y sequía más intensos a pesar de contribuir con muchas menos emisiones que las naciones más ricas.

Era Ortega y Gasset quien hablaba de valor de las circunstancias para afirmar que cada cual es como es por ellas; que si no las sabe gestionar difícilmente llegará a ser individuo y estar colectivamente. En esta encomienda se plantean dudas. No falta gente por ahí que defiende que hay que someterlas, no someterse a ellas; cual discípula del poeta latino Horacio. De cualquier manera, las circunstancias no deberían ser obstáculos irresolubles. Ahora nos movemos en un exceso de autocrítica. Lo cual convierte a las incertidumbres en montañas inaccesibles. Como tales, mucha gente las obvia. No será que ya no pensamos en lo que debemos hacer sino en lo que nos apetece, así se lo pregunta Victoria Camps. Seguramente se deba a que la libertad se haya vuelto egoísta y no repare nada en las circunstancias. Según ella, “La verdadera libertad implica pensar en los demás, actuar con responsabilidad y reconocer que no vivimos solos”.

Las circunstancias de la gobernanza ecosocial adquieren en estos momentos un protagonismo especial. Los partidos, los partidarios, de su libertad “ad hoc”, se mostraron satisfechos de que no se enviasen mensajes ES-alert tempranos a toda la ciudadanía expuesta a riesgos por las inundaciones de octubre de 2024. Durante estos meses de enero-febrero de 2026, las autoridades autonómicas de varias comunidades gobernadas por el PP han hecho uso de ellos. La buena gobernanza se demuestra actuando. Quedará en el anecdotario cuántas vidas se podrían haber evitado en la dana de octubre del 2024, cuánto debemos de agradecer la prevención ante estas lluvias de enero-febrero. Las circunstancias políticas deben cambiar en la dirección de proteger a la ciudadanía. El presidente andaluz, que en 2024 prefería no alarmar de forma infundada a la población, ahora ha preferido utilizar la prudencia y avisar a sus paisanos de los posibles riesgos. Las circunstancias políticas aparecen como un argumento compensatorio.

Millones de teléfonos móviles en Catalunya y otros territorios recibieron últimamente una alerta oficial que pide precaución extrema ante los temporales de viento o lluvias previstos. Las clases y otras actividades se suspendieron. La derecha no ha protestado en esta ocasión, pero nos acordamos de cuando a algunos les parecía que estos mensajes eran un “intrusión del Estado en la privacidad del ciudadano”. De cuando evacuar o confinar, como ha hecho el Gobierno del PP estos días en Grazalema y otras localidades, eran verbos prohibidos. Ya no lo son. Hablamos de cómo la meteorología ha cambiado drásticamente: muchas precipitaciones y vientos. Cabe la posibilidad de que el clima, un cúmulo interactivo de las circunstancias, esté cambiando. 

Una seria incidencia es la irregularidad de las precipitaciones. Vendrán seguramente en tropel, o faltarán cuando más se necesitan. Además, nunca llueve a gusto de todos. Los comerciantes y hoteles de zonas turísticas podrían estar pensando en demandar, ¿a quién?, por los daños sufridos o los no ingresos percibidos. Los más de 2500 litros caídos en Grazalema son el ápice que asoma cuando miramos al cielo con temor. Empequeñece nuestra perspectiva antrópica hacia todo lo natural, pues creíamos dominarlo. Las situaciones encadenadas han provocado microsismos en varios pueblos de la sierra. Me empapo de lo que el Instituto Cervantes dice sobre el papel de la causalidad en mi admirado don Quijote: algún experto ha señalado que la casualidad, las circunstancias, los sucesos ocurren de forma fortuita. En las inundaciones ha habido muchos motivos, circunstancias orográficas e hidrográficas que han desembocado en sucesos; además de pretextos diversos. Causalidades meteorológicas y de pésima gestión del territorio; circunstancias orográficas que han motivado que las nubes descarguen sin clemencia en algunas zonas y dejen fluir el agua buscando llegar a zonas más bajas. 

Aleatoridad de precipitaciones, en forma de tren de borrascas y otros fenómenos meteorológicos. Se sabe que sucesos similares ya dilataron la conquista de Granada. Los Reyes Católicos debieron someterse al tiempo, por eso su conquista iniciada en 1482 se demoró hasta 1992 con la caída de Boabdill. En este caso todo fue más difícil, tanto que los historiadores achacan a la meteorología adversa el mayor número de bajas en el ejército cristiano, y no causadas por el enemigo.

Contingente es el hecho de que Aemet considere el enero más lluvioso del último cuarto de siglo y el que menos horas de sol tuvo desde 1996. Las precipitaciones alcanzaron de media los 119 litros por metro cuadrado en la España peninsular, un 85% por encima del promedio de 1991-2020. Todos estos fenómenos nos hacen sospechar que el calentamiento global tiene varias caras. Un estudio publicado un año después en Nature Communications (17/02/2026) constató la influencia antrópica, vía cambio climático, en la magnitud de las inundaciones de octubre de 2024 en la costa levantina y Albacete.

Circunstancial es que en este comienzo del año las intensas lluvias hayan inundado una parte de España y Portugal. No lo digo solo yo. El geógrafo y climatólogo Jorge Olcina –pocas personas hay en España más autorizadas para habla de este tema– atribuye la intensidad del tren de borrascas al calentamiento global. En ese contexto, la atmósfera está intentando encontrar su propio equilibrio térmico; para eso mueve enormes masas de aire de manera mucho más frecuente y con más intensidad. Una advertencia de Olcina: danas como la de Valencia puede repetirse cada cinco años en la próxima década. 

Incidencia nada fortuita: La presión de EEUU logró eliminar –imaginamos que impuso con amenazas– el cambio climático de las principales prioridades de la Agencia Internacional de Energía (AIE) –susceptibles a las amenazas– durante una tensa reunión ministerial en París. La sombra de la hipercoincidencia “trumpista” es alargada. 

DUDA FINAL.- Me hace considerar lo escrito como circunstancia: ¿Tendrán razón los sofistas en eso que decían de que ninguna proposición está exenta de las vicisitudes del tiempo, ni de la subjetividad o las circunstancias?

¡Demos tiempo a los tiempos! Siempre acostumbran a ser complementos circunstanciales de verbos transitivos.

_______________________________________

Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

El mundo debería temblar solo al pronunciarlas. Durante mucho tiempo pensamos que eran empresas serias. Pero ahora sospechamos que nos desvalijan el porvenir; no solo a nosotros. Por eso las llamamos con este antiguo apelativo. Más que nada porque nos han engañado cual si fueran piratas que roban la salud de personas en el mundo entero, y cambian la biodiversa existencia; miremos solamente el calentamiento del aire y la crisis/emergencia climática. Si pensamos en las generaciones futuras se nos fosiliza el pensamiento; a punto de agotarse al ver la ligereza con la que se mueven. Confirmamos que estamos refiriéndonos a las reinas de los combustibles fósiles. No parece que les hagan algún rasguño a ciertos gobiernos que les mantienen el mercado abierto sin vigilancias. Sus ganancias llegan hasta la estratosfera y más allá, casi más que los gases de efecto invernadero emitidos con su consumo.

La lista sería larga, pero vamos a concretar. Para ello me sirvo de una noticia que me envía generosamente Carbon Almanac Report. El título, en español, dice mucho a quienes quieran leer con perspectiva global: “Menos empresas generan más emisiones”. Porque hemos de saber que casi la mitad de las emisiones globales de CO₂ causadas por el uso de de combustibles fósiles son fruto de las maniobras de unas 32 en 2024, cuando eran 38 hace cinco años. Copio los datos de Inside Climate News, que informa sobre el último análisis de Carbon Majors de InfluenceMap. Pero no saquemos conclusiones sencillas; las emisiones totales siguen aumentando, casi un 1% entre 2023 y el año siguiente. Por otra parte, lo que preocupa cada vez más es que dos de cada tres de las 32 aumentaron sus emisiones en 2024.

Así pues, la concentración de responsabilidad (lo que hemos titulado filibusterismo energético, recae en unas pocas). Siempre según el mismo informe, dieciséis de los 20 principales emisores son estatales, luego los países incumplen sus compromisos de descarbonización del aire. Es más, entre las gigantescas Saudi Aramco, Coal India, CHN Energy, la Compañía Nacional de Petróleo de Irán y Gazprom representan el 18% del CO₂ fósil global. Mientras aquellas que señalamos como culpables del empeoramiento de nuestra salud, propiedad de inversores, como ExxonMobil, Chevron, Shell, ConocoPhillips y BP, suman en conjunto un 5,5%, que no es poco. Pero además de los números están las maniobras regulatorias. Presionan simultáneamente para debilitar la política climática. Parece que lo consiguen en las negociaciones internacionales. Se asegura que en la COP30 de Brasil, en noviembre pasado, los países productores se opusieron a una hoja de ruta de eliminación gradual acordada con el respaldo de más de 80 países. Repasemos lo ya dicho: diecisiete de los 20 principales emisores estaban controlados por países que se oponían.

Como la esperanza, por pequeña que sea, no hay que perderla nunca, esperemos a ver lo que sale en el próximo abril. Colombia y los Países Bajos se preparan para organizar la que será la primera Conferencia Internacional sobre la Transición Justa hacia el Abandono de los Combustibles Fósiles en Santa Marta (Colombia) del 24 al 29 de abril de este año. Queda por ver si la conferencia generará compromisos vinculantes, ya que reunirá a gobiernos con posturas marcadamente divergentes sobre el futuro de la producción de combustibles fósiles. Es más, en este lío bélico desatado en Oriente Medio no parece ser el mejor momento.

Se rumorea que tras el ataque de Israel y EEUU a Irán mana algo de petróleo. Sin duda todo el incógnito futuro se escribirá con repercusiones en el precio de los combustibles fósiles y en las maniobras de las compañías citadas antes; y en nuestros bolsillos. Seguro que buscarán un diferente orden energético; no sabemos cuál. Por lo que escuchamos por ahí podemos pensar que la maniobra “trumpiana” va dirigida a provocar una menor exportación energética. Eso conlleva una mayor compra de petróleo y gas a EEUU, que en los últimos años se ha convertido en un exportador neto de petróleo. Cuando en tiempos fue importador. Seguramente una parte de lo que vende sale de la fracturación hidráulica (fracking). Detrás empujan las energéticas yanquis.  

A la hora de redactar estas líneas ya aumentaban las turbulencias energéticas. Con un país observador muy poderoso: China. Hacia allí viaja una buena parte del petróleo a través del Golfo Pérsico y el de Omán, en torno al 12 % de todo lo que consume el gigante asiático. No nos perdamos este artículo (14/02/2026) de EOM (El Orden Mundial): “La guerra del petróleo de Trump: ahogar a Irán para golpear a China”.

Acudo, muchas veces lo hago, a Social Europe. En un artículo del 2 de marzo, Guillermo Duval me proporciona diez variables de lectura para entender un poco más el salto bélico: ¿Una solución venezolana para Irán?; ¿Una transición pacífica a favor de Reza Pahlavi?; ¿Guerra civil y desintegración del país?; ¿Qué quiere Arabia Saudita?; ¿Netanyahu, el gran ganador? Sí, pero…; ¿Conseguirá Donald Trump salir del atolladero iraní?; Vladimir Putin tiene menos que perder de lo que parece a primera vista; Xi Jinping está asumiendo un gran riesgo y tendrá que romper su silencio; Entre los claros perdedores están las Naciones Unidas y el derecho internacional; Un desastre para la Unión Europea.

¡Que tengamos que escuchar que todo se hace para liberar al pueblo iraní del yugo de los ayatolás! Menos mal que el señor Trump tiene el contrapunto de su “Junta de Paz”. La incógnita del futuro tiene muchas derivaciones; más ahora que se ha estrechado el Estrecho de Ormuz. Difícil entender, para quienes desconocemos lo que hay por debajo, el ofrecimiento de apoyo militar hecho desde el Reino Unido, Francia y Alemania. Veremos qué sucede pasado un tiempo. Si nos hicieran caso les rogaríamos humildemente que piensen en nosotros. ¿Seguirán mandando las energéticas ahora que resurge el empleo de los combustibles fósiles, y si son norteamericanos, mejor?

______________

Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Tras unos pocos días de tregua, las lluvias regresaron a Galicia este miércoles, en un comienzo de año en el que sobran los dedos de las manos para contar los días sin precipitaciones en Galicia. La sucesión de borrascas (Goretti, Harry, Ingrid, Leonardo, Marta, Nils u Oriana), su persistencia y la intensidad del agua caída provocaron en las primeras semanas de este 2026 una “situación extraordinaria”, según destacó la Xunta.

Los valores de precipitación media en enero duplicaron los habituales en este período y Meteogalicia tuvo que activar por primera vez en su historia —más de 25 años— un aviso rojo por lluvias, que en los primeros 44 días del año registraron más de 14.300 hectómetros cúbicos en Galicia. Hubo inundaciones, paralización del transporte ferroviario o marítimo en las rías, desvíos de vuelos, accidentes, graves afectaciones al marisqueo o ríos desbordados, y el 112 gestionó más de 7.600 incidencias relacionadas con los temporales, movilizando sus servicios en más de 21.000 ocasiones. En otras partes del Estado los problemas causaron varias muertes, al igual que en el norte de Portugal, donde la emergencia fue también extrema.

La sucesión inusual de borrascas y su fuerza fue señalada, aun sin análisis detallados ni concluyentes, por numerosos expertos como una de las consecuencias del calentamiento global por el debilitamiento del vórtice polar (una gran zona de bajas presiones y aire muy frío que en invierno se sitúa sobre el Ártico) y por el excepcional calentamiento de los mares. Ahora, el primer estudio científico sobre esta situación excepcional confirma las sospechas: el cambio climático provocado por el ser humano aumentó la intensidad de las lluvias torrenciales en Galicia.

La conclusión surge de la investigación llevada a cabo por la World Weather Attribution (WWA), una red científica que desde hace una década analiza los vínculos con la crisis climática en eventos extremos como olas de frío y calor, riadas, sequías o incendios forestales. Esta comunidad de investigación internacional acaba de divulgar su primer análisis sobre las lluvias extremas en España, Portugal y el norte de Marruecos, centrándose en las zonas más afectadas, también Galicia.

Los y las investigadoras de la WWA estudiaron la probabilidad e intensidad de las precipitaciones más fuertes “en dos regiones que abarcaban las zonas más afectadas”: el norte de Portugal y noroeste de España (donde se incluye Galicia), por un lado, y el sur de Portugal y el suroeste de España, junto con el norte de Marruecos, por otro.

Los datos basados en observaciones indican que los días con mayores precipitaciones en ambas áreas “son ahora aproximadamente un tercio más lluviosos que antes de que el planeta se calentase 1,3 grados centígrados”. Y también que hay “un claro aumento en la intensidad” de estos episodios de lluvia extrema en una jornada: un 36% más de agua en la región sur y un 29% en la región norte, es decir, en Galicia y en el norte de Portugal.

En el caso de esta área, que abarca Galicia y el norte portugués, la investigación halló que hubo un aumento de alrededor del 11% en la intensidad de la lluvia que “puede atribuirse directamente a las emisiones de carbono”. Y lo hizo después de que los y las investigadoras, “para identificar la influencia humana en este cambio” en las lluvias, combinaran los aumentos observados en las precipitaciones con simulaciones de modelos climáticos.

El estudio aclara que, mientras en Galicia y en el norte de Portugal ese aumento de más del 11% en las precipitaciones es directamente atribuible al incremento de las emisiones de carbono, en la región sur analizada los modelos climáticos “no reprodujeron la tendencia observada”.

“Esto es exactamente lo que supone el cambio climático: los patrones meteorológicos que antes eran más manejables ahora se están convirtiendo en desastres más peligrosos”, explica Friederike Otto, profesora de Ciencias Climáticas en el Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres y una de las autoras del estudio. “Ya sea el aumento del 11% que pudimos atribuir directamente a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, o las tendencias mucho más elevadas que observamos sobre el terreno a lo largo de décadas, estamos seguros de que la crisis climática hace que estas intensas lluvias sean más severas”, añade.

Por su parte, David García, profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas e Ingeniería Aeroespacial de la Universitat de Alacant y otro de los autores del informe, destaca que el volumen de agua caída en lugares como Grazalema fue “asombroso”. “Que caiga en pocos días el equivalente a las precipitaciones de todo un año supone un impacto enorme para nuestras infraestructuras y nuestro suelo”, afirma quien considera que el estudio de la WWA “confirma que el calentamiento de la atmósfera provocado por nuestras emisiones colectivas de carbono está dando lugar a un patrón de lluvias más extremas e intensas”.

En su investigación, estos y otros investigadores indican también que el aumento de precipitaciones asociado a la variabilidad provocada por la crisis climática en la Oscilación del Atlántico Norte —fenómeno atmosférico clave en el norte del Atlántico que controla el clima fluctuando entre la alta presión del anticiclón de las Azores y la baja presión en Islandia— tiene también su influencia, aunque menor. Contribuye en un 5% adicional a la intensidad de las lluvias en el sur de la península Ibérica y en tan solo un 2% en el caso del norte de Portugal y de Galicia.

El informe advierte asimismo de un “sistema meteorológico bloqueado”, caracterizado por las altas presiones sobre Escandinavia y Groenlandia, que “actuó como una barrera física en la atmósfera, canalizando tormenta tras tormenta hacia Europa occidental”, aunque aclara que la relación entre este bloqueo y el cambio climático es un área de investigación aún activa.

Además, y aunque el estudio precisa que las aguas que rodean la península Ibérica y Marruecos no presentaron temperaturas anormalmente altas, las tormentas de comienzos de año sí se “vieron potenciadas por ríos atmosféricos que extrajeron humedad de una ola de calor marina, de fuerte a severa, más al oeste del Atlántico”.

Ante esta situación, la comunidad investigadora de la WWA advierte del “riesgo creciente” de unas precipitaciones extremas que se “están convirtiendo en una amenaza cada vez mayor para las infraestructuras y las viviendas en las regiones afectadas”. Por ello, y aunque destaca que los Estados han “avanzado en la gestión de desastres”, es necesario “armonizar mejor los sistemas nacionales y municipales de alerta temprana e invertir en el desarrollo de capacidades locales”.

Ante el aumento en la intensidad de las lluvias, David García insta a los “responsables políticos” a “prepararse y adaptarse para proteger las vidas, los medios de subsistencia y las infraestructuras” de estas regiones más afectadas por estos fenómenos.

En una rueda de prensa este pasado miércoles, varios de los autores insistieron en la necesidad de que las administraciones y la UE en su conjunto “se adapten” a la nueva situación de riesgo que provoca la crisis climática y que, en el caso de lluvias extremas e inundaciones, “lleva diez años” mostrando su cara más dura en el continente. “Necesitamos adaptarnos lo antes posible”, destacaron sobre las consecuencias del calentamiento global que, recuerdan, “no son un problema que vaya a venir, sino que ya está aquí y ahora”. “Necesitamos abordarlo”, indicaron, tras recordar que los fenómenos de “menos lluvia pero más concentrada” son un horizonte del que la ciencia advierte desde hace años y para el futuro más inmediato.

“Tenemos las herramientas y los conocimientos necesarios para evitar que esto empeore, pero necesitamos la voluntad de ponerlos en práctica con mayor rapidez y cambiar nuestros sistemas sociales para mejor”, añade Friederike Otto. “Merece la pena luchar por cada fracción adicional de grado de calentamiento o las lluvias torrenciales no harán más que empeorar”, concluye una de las investigadoras participantes en el estudio de la WWA.

Esta red científica fue la que llevó a cabo también un primer análisis sobre los incendios forestales en Galicia y Portugal y en entornos limítrofes como Castilla y León o Asturias durante el pasado verano. Su conclusión también fue clara: están ligados a la crisis climática y fueron más graves por esta razón.