En lo que va de siglo España ha pasado de generar un 19% de electricidad con energías renovables a casi un 60%. Todo un “milagro energético español”. Sin negar las dificultades que supone un desarrollo de estas dimensiones —como la oposición generada en algunos territorios—, España es hoy modelo de inspiración para otros países de nuestro entorno que contemplan cómo la instalación de renovables y el reciente fomento del autoconsumo nos sitúan en posiciones ventajosas desde el punto de vista económico, a la par que contribuimos a la descarbonización de la economía y por tanto, a la lucha contra el cambio climático.

Un cambio climático que se ha cobrado, según el noveno informe Lancet Countdown, más de 500.000 muertos al año entre 2012 y 2021 sólo por el calor —6.000 en España cada año, lo que supone el doble que en la década de los 90— y en torno a 2,5 millones anuales —22.000 en España— por la contaminación derivada de la quema de combustibles fósiles. El mismo estudio pone de manifiesto qué hacer para salvar estas vidas y afirma que el desarrollo de energías renovables ha llevado a una reducción de los fallecimientos vinculados a las partículas finas del 5,8% entre 2010 y 2022, lo que supone 160.000 fallecimientos menos. En efecto, el cambio de modelo energético y la apuesta por las renovables son un claro ejemplo de cómo la buena política salva vidas. El Gobierno de España reflejó esta apuesta por las energías verdes en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima —PNIEC— aprobado en marzo de 2021 y actualizado en septiembre de 2024. No es cierto, como a veces se quiere hacer creer, que las consecuencias de la crisis climática no se puedan parar, se trata de articular buenas políticas públicas. 

Quizá por esto, porque España estaba siendo pionera en estos temas, resulta difícil de entender la noticia aparecida en el BOE de hace tres días (ver aquí), en pleno mes de agosto, de prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz. Una decisión que ha llevado a Sumar a acusar al PSOE de incumplir el acuerdo de gobierno (ver aquí), y a organizaciones como Greenpeace (ver aquí), la Fundación Renovables (ver aquí) y CCOO (ver aquí) a mostrar su desacuerdo, cada una desde su óptica. 

El calendario de cierre de las centrales nucleares fue pactado en el año 2019 entre ENRESA (Empresa nacional de residuos radiactivos), y las sociedades propietarias de las centrales —Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP—, siendo ministra Teresa Ribera. Un acuerdo que vino motivado tanto por lo polémico de la energía nuclear como por los problemas de viabilidad económica de estas centrales y por la necesidad de que las renovables fueran ganando terreno. De esta manera, se diseñaba un cierre ordenado que garantizara la seguridad de suministro eléctrico e integrado dentro de la hoja de ruta de la transición energética, el PNIEC.

Almaraz iba a ser la primera en parar. Su primer reactor debería dejar de funcionar en 2027. Sin embargo, desde hace un par de años, y con la presión del Partido Popular y otros sectores de la sociedad extremeña, las empresas propietarias de Almaraz —Iberdrola, Endesa y Naturgy—, plantearon la posibilidad de retrasar el cierre. El Gobierno de España, sorprendentemente, en lugar de defender el acuerdo alcanzado, abrió las puertas poniendo tres condiciones: que no supusiera riesgo para la seguridad, que no comprometiera el suministro y que no generara un coste para los ciudadanos. 

La primera condición se supone que la ha comprobado y garantizado el Consejo de Seguridad Nuclear, que ha emitido un informe al respecto. La segunda, la referente a la seguridad de suministro, es más que cuestionable justo en un momento en que reactores nucleares del centro de Europa están teniendo que parar su producción debido a la sequía. Miren las centrales del Danubio cerradas en Rumanía y Hungría (ver aquí) ¿Acaso España, y especialmente Extremadura, están a salvo de estas sequías cada vez más frecuentes y extremas? Este verano en el norte de Galicia hay municipios con restricciones de agua. ¿Es la nuclear, una tecnología nada flexible, lo que garantiza la seguridad del sistema? Es más que dudoso y este es un intenso debate entre los especialistas. Finalmente, la tercera condición era que no supusiera un coste para la ciudadanía. Según un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos, mantener abierta Almaraz tres años más tendrá un coste de 3.800 millones de euros (ver aquí). Así y todo, se ha decidido prorrogar su funcionamiento tres años más con el dudoso argumento de la coyuntura internacional y la crisis energética. Un cierre como este no se hace en dos meses; exige preparación y gestión previa años atrás.

Probablemente el Gobierno de España creyó que las empresas no estarían dispuestas a la prórroga si no iba acompañada de una rebaja de impuestos de forma que les salieran bien las cuentas. Sin embargo, el cálculo de estas compañías es más a largo plazo: de aquí a que esta decisión surta efectos, habrá un nuevo gobierno. Si es el que ellos prevén, no tendrá ningún problema de rebajarles los impuestos que planteen. Y no sólo eso: el siguiente paso será la prórroga del resto de centrales nucleares. Mientras tanto, el mantenimiento de Almaraz hace que sea imposible desarrollar más renovables en la zona, dado que el espacio que ocupa la nuclear no puede ocuparlo otro tipo de energía. Es decir, la estrategia de desarrollo de renovables, seriamente comprometida, si no directamente aniquilada. Solo hay que ver la reacción eufórica que han tenido desde los sectores más conservadores. Lean este tweet de Alberto Nadal, responsable de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, o este otro de Alberto Nuñez Feijóo, felicitándose por la decisión y acusando al Gobierno de “sectarismo ideológico”. ¿Les suena? No, no es Abascal, es Feijóo. Vox, directamente, se apunta el tanto. Miren esto.

El Gobierno de España, pionero y modelo en el desarrollo de energías limpias y renovables, es capaz de salvar vidas cuando hace buenas políticas, pero sorprendentemente se ha pegado un tiro en el pie con esta decisión que puede echar por tierra toda su estrategia de transición energética. Un ejemplo de cómo la política puede salvar vidas… o no.

Mientras la mortalidad por calor crece rápidamente en el centro y el sur de Europa por el impacto del cambio climático, la cifra de fallecimientos laborales debido a los golpes de calor permanece casi congelada desde hace una década. En España, uno de los países más afectados por las altas temperaturas, estos accidentes de trabajo se cuentan cada año con los dedos de una mano. La estadística oficial del Ministerio de Trabajo solo reconoce 25 víctimas en su puesto de trabajo en la última década, el 0,34% de los 7.444 accidentes mortales ocurridos entre 2016 y 2025.

Los expertos en accidentes laborales no creen, en absoluto, que sea porque los empresarios están tomando medidas de prevención laboral para compensar los veranos tórridos, sino que hay un profundo problema a la hora de trasladar estos accidentes a las estadísticas. Mientras que los estudios sobre la relación entre la mortalidad y el cambio climático están muy avanzados en el área de salud pública, la salud laboral tiene todavía esa asignatura pendiente.

Sergio Salas, investigador en el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (Istas), considera que hay tres agujeros en el sistema que impiden contabilizar correctamente estas muertes: que a menudo no se establece una relación entre el calor y la enfermedad que causó la muerte, que el fallecimiento ocurre horas o días después de la exposición al calor y que las empresas suelen batallar para que la muerte no sea reconocida como accidente de trabajo. "Es difícil saber cuál de las tres tiene más peso porque no hay estudios al respecto, pero desde luego las estadísticas no reflejan la realidad", asegura. 

Los dos primeros problemas radican en que no siempre es fácil determinar que las altas temperaturas están detrás de un desenlace fatal. Un golpe de calor es fácil de identificar porque el cuerpo se calienta muy rápido y no consigue enfriarse, y suele ir acompañado de mareos, confusión, enrojecimiento de la piel, entre otros síntomas. Pero el fallecimiento puede ocurrir hasta 72 horas después. "Si es por causas circulatorias puede ser inmediato, pero si es por causas respiratorias, neurológicas o renales, puede retrasarse hasta tres días", señala Julio Díaz, investigador del Instituto de Salud Carlos III.

Ese desfase entre la exposición al calor y el fallecimiento del trabajador provoca que, en muchos casos, la muerte quede registrada como consecuencia de un problema de salud fortuito. Quizás su cuerpo colapsó ese fin de semana haciendo deporte por el esfuerzo acumulado, o se desplomó en la ducha de su casa al día siguiente de trabajar en plena ola de calor. "Si no se hacen las preguntas adecuadas a la víctima, a su familia o a sus compañeros de trabajo, no hay manera de establecer una relación en esos casos", resume Salas.

Otra dificultad añadida en el diagnóstico es el amplio abanico de dolencias que puede desencadenar la exposición continua a altas temperaturas, de manera que cuando el paciente entra en Urgencias, no parece que sea víctima de una negligencia de su empresa, ya que el efecto del calor se camufla detrás de un cuadro clínico más complejo.

El título de un estudio de 2017 resume perfectamente este problema: 27 maneras en las que el calor puede matarte, publicado por la Asociación estadounidense de Cardiología. El trabajo describe que la exposición a las altas temperaturas –sin que se produzca necesariamente un golpe de calor– puede dañar hasta siete órganos (cerebro, corazón, intestinos, riñones, hígado, pulmones y páncreas), de cinco formas diferentes: isquemia, hipertermia citotóxica, inflamación, coagulación intravascular diseminada y rabdomiólisis.

"De 35 combinaciones posibles, encontramos evidencia médica de 27 vías diferentes por las cuales los mecanismos fisiológicos desencadenados por el calor pueden conducir a la insuficiencia orgánica y, finalmente, a la muerte", concluyen los investigadores.

Por ejemplo, la rabdomiólisis, que afecta normalmente a deportistas, se produce cuando el calor intenso degrada y rompe las células musculares, liberando mioglobina, una proteína tóxica que puede causar insuficiencia renal. Si ese proceso, en un caso extremo, acaba con la vida de una persona tres días después de haber cavado una zanja a pleno sol, no hay manera de relacionar la dolencia con su trabajo si no se realiza una autopsia y se investiga a la empresa.

A las dificultades sanitarias se suma un problema que es tan antiguo como la legislación de prevención de riesgos laborales: las empresas tratan a toda costa de desligarse de la muerte de uno de sus empleados para evitar investigaciones de la inspección de trabajo o responsabilidades administrativas o penales por el accidente.

La ley determina que una empresa es responsable de todo accidente que ocurre en sus instalaciones, pero en sectores más propensos a accidentes es común que se trate de responsabilizar al trabajador: por no llevar el arnés colocado correctamente si se cae de un andamio o por no haber parado para refrescarse si estaba sufriendo una hipertermia.

Javier Pinilla, experto en salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en la delegación de Industria de Madrid, trabaja en un sector con una alta mortalidad y explica que estas batallas legales son habituales. De hecho, la semana pasada presentó una denuncia a la Inspección de Trabajo a raíz de la muerte de un trabajador por un golpe de calor fulminante durante la construcción de una instalación eléctrica, en un día catalogado por ola de calor en Paracuellos del Jarama (Madrid). "Hemos denunciado porque hemos pedido el parte de fallecimiento y no nos lo dan. Creemos que no quieren reconocerlo", valora.

El representante sindical asegura que esta pugna es su día a día. "Las empresas pelean para que no se reconozca su responsabilidad porque supone una inspección de trabajo, tener al comité de empresa encima de ellos…", explica. Por desgracia, añade, muchas de estas disputas terminan dando la razón al empleador porque la víctima no cumplía con todas las precauciones, aunque Pinilla subraya que esto ocurre por la presión a la que están sometidos. "En industria hay un alto porcentaje de víctimas en las que se determina que la culpa del fallecimiento es del trabajador. Está claro que es él quien se accidenta, pero es por las prisas, por la falta de medios adecuados o por la falta de formación", señala.

Un caso ocurrido el año pasado en Lleida retrata hasta qué punto están dispuestos a llegar algunos empleadores para librarse de la responsabilidad. Un temporero de 61 años falleció en Torres de Segre en agosto de 2025 por un evidente golpe de calor poco después de avisar a su encargada de que se encontraba mal. Sin embargo, esta le contestó que descansase debajo de un árbol en lugar de llamar a la ambulancia, según el relato recogido por El País. 

Según cuenta ahora a infoLibre Mireia Martínez, abogada laboralista, la empresa llegó a argumentar a la Inspección de Trabajo que la víctima había bebido para culparla de lo ocurrido. "Le dijeron al inspector que estaba borracho y que el alcohol había agravado el shock por el calor. Por desgracia, es habitual que las empresas peleen hasta el final para evitar una responsabilidad penal", afirma.

El cambio climático está transformando a toda velocidad la dimensión y la virulencia de los incendios en la península ibérica. El verano de 2022 levantó las alarmas tras acumular tantas hectáreas quemadas como en los cuatro anteriores, pero lo ocurrido en los últimos 12 meses no tiene precedentes en la historia de España, un país que además está acostumbrado al fuego. Desde agosto de 2025 se han desencadenado en España cuatro de los cinco mayores incendios de los que hay registro, una serie que se remonta a 1968, hace casi seis décadas.

El incendio de Niebla (Huelva), que permanece activo, ha escalado discretamente hasta el número uno de la lista debido a su comportamiento absolutamente voraz y a su capacidad para modificar las condiciones atmosféricas de la zona a través de la nube de humo que se sitúa sobre el fuego. El ingeniero forestal y divulgador Celso Coco estima que este viernes el incendio alcanzó las 45.000 hectáreas, a falta descontar las islas interiores sin quemar.

Este experto, autor del blog Educación Forestal, es quien ha elaborado este ranking actualizado de los mayores incendios de España por superficie. Para ello, ha revisado los datos oficiales del histórico del Ministerio para la Transición Ecológica y ha añadido los perímetros aproximados de los incendios recientes del último mes, que todavía no tienen una superficie oficial.

Por orden, tras el incendio de Niebla se encuentra el fuego de Larouco (Ourense), que arrasó 37.765 hectáreas y se inició el 15 de agosto de 2025. En el puesto número tres está el de Burgohondo (Ávila) iniciado el pasado 22 de julio, cuya superficie el ingeniero estima en 36.541 hectáreas forestales. Si se suma al incendio simultáneo de San Martín de Valdeiglesias (Madrid, 14.795 ha), que operativamente se combatió como un único fuego, ambos serían, con diferencia, el mayor incendio de la historia del país, con 51.336 hectáreas.

Los puestos cuarto se disputan entre la conocida catástrofe de las Minas de Río Tinto (Huelva, 2004), para la que Coco recoge dos cifras diferentes —34.290 hectáreas o 29.867, según la fuente; siendo el segundo número el que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica—, y el reciente fuego de La Mierla (Guadalajara), iniciado el 16 de julio de 2026 y con 32.600 hectáreas quemadas, según la medición del ingeniero forestal.

El autor de este recuento explica a infoLibre que es evidente que los incendios son cada vez más grandes por un cóctel de problemas. "La combinación de los efectos del cambio climático, el progresivo abandono del medio rural, la falta de gestión forestal y la consiguiente acumulación de biomasa vegetal crean el escenario propicio para que los incendios alcancen dimensiones desorbitadas y superen con frecuencia la capacidad de extinción", asegura.

Si se amplía la fotografía a los 18 mayores incendios forestales del registro histórico, se puede concluir que su tamaño ha aumentado drásticamente en los últimos años, con 11 de ellos ocurridos en los últimos cinco años. Si en el pasado los incendios de más de 20.000 hectáreas eran anecdóticos y ocurrían una vez por década (con la excepción del fatídico verano de 2004), ahora son la norma.

Otro dato que evidencia un cambio de tendencia es que en 2026, y por primera vez en la historia, los Grandes Incendios Forestales (GIF, aquellos que superan las 500 hectáreas) han rebasado en España las 5.000 hectáreas de media, según calcula Celso Coco. En concreto, este verano (con datos hasta el 14 de agosto), un GIF ha alcanzado de media las 5.367 hectáreas, por encima del récord anterior de 2025, cuando la media fue de 4.954 hectáreas. La media para el periodo 1968-2026 es de 1.652 hectáreas, tres veces menos.

En un vídeo difundido por la Junta de Andalucía este viernes, Marc Castellnou, responsable del Área Forestal de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, resumió por qué los incendios forestales recientes son monstruos prácticamente inapagables. Analizando el incendio de Niebla, Castellnou explicó que tiene unas condiciones "de extrema propagación día y noche", de manera que los profesionales carecen de las tradicionales ventanas temporales en las que las llamas amainan y pueden contraatacar.

"No es un fenómeno concreto, como una entrada de viento de noroeste [lo que impide frenar el incendio]. Estamos hablando de una permanencia de comportamiento extremo que define los incendios de los últimos años", explicó el especialista. A las altísimas temperaturas de este verano, que apunta a ser el más caluroso del histórico, se ha sumado un monte "con muy poca gestión" por parte del Gobierno andaluz, generando un cóctel perfecto para la propagación.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, asegura que esta combinación de abandono rural con el agravamiento del cambio climático está ya generando enormes masas de vegetación continua en España que arde con extrema facilidad, de manera que cada vez arderán superficies más y más grandes, como ocurre en Canadá, donde los perímetros superan el millón de hectáreas. 

"Lo que está ocurriendo no es ninguna sorpresa porque se advierte desde hace años, y esto va a ir a más. En España veremos incendios no de 40.000 hectáreas, sino de 200.000, porque tenemos muchísima superficie de bosque conectada", opina. Su predicción es que en algún momento terminarán ardiendo los Pirineos. "Está cubierto de bosque de este a oeste de forma ininterrumpida y ya hay vegetación allí que no se corresponde con su clima actual debido al cambio climático. Si arde, son tres millones de hectáreas".

Mientras Francia atraviesa su tercera ola de calor de 2026, este verano abrasador en Europa occidental nos obliga a plantearnos cómo se está gestionando actualmente la catástrofe ecológica. Desde que esta se hizo evidente a principios de la década de 1990, la respuesta aportada por los Estados, las empresas y la mayoría de los actores del ámbito político se ha basado en el concepto de “transición ecológica”.

Esta estrategia es producto de su época; se trata de una respuesta económica a un problema físico. Basándose en las teorías económicas de moda, predice que la innovación en las “energías limpias”, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, acabará imponiendo una nueva norma gracias a una bajada relativa de los precios de las energías “verdes” frente a las energías “marrones” basadas en hidrocarburos. Para acelerar el proceso, incluso se puede fijar un precio al carbono.

Esto provocará la sustitución de lo “marrón” por lo “verde”, según el esquema clásico de la destrucción creadora, concepto teorizado por el economista austriaco Joseph Schumpeter (1883-1950). Así, las inversiones en las denominadas energías renovables deben conducir inevitablemente a una reducción del uso de hidrocarburos y a la disminución de las emisiones.

Esta lógica es la que rige el conjunto de las políticas aplicadas y respaldadas desde hace tres décadas, incluidas las promovidas por las COP a nivel internacional. Se aplica incluso a otros aspectos de la catástrofe ecológica, como el de la biodiversidad.

Es cierto que el esfuerzo en materia de energías renovables es insuficiente, pero no por ello se ha dejado de seguir al pie de la letra esta hoja de ruta. En 1990, las energías renovables representaban el 3,13% de la producción total de energía primaria. En 2025, esta proporción ha aumentado hasta el 8,59%, es decir, 2,75 veces más que 35 años antes.

Algunos casos, como el de China, son impresionantes: la cuota de las energías renovables durante ese mismo periodo se ha multiplicado por 5,5 pasando del 1,66% al 9,19%. Esta cifra supera ya la media de los países de renta alta, que se sitúa en el 8%.

Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la cuota de las energías renovables en el mix energético mundial ha aumentado en 2,5 puntos entre 2000 y 2023, mientras que la de los hidrocarburos ha disminuido en 0,4 puntos. Ante estos resultados, cabría esperar un efecto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, siguiendo la lógica de la sustitución. Sin embargo, estas alcanzan cada año nuevos récords.

En 2024 se emitieron a la atmósfera 38.600 millones de toneladas de dióxido de carbono, es decir, 1,7 veces más que en 1990. En 2030, el nivel de estas emisiones será previsiblemente casi el doble del necesario para limitar el calentamiento global a +1,5 °C con respecto a la era preindustrial (1850-1900), tal y como prevén los acuerdos internacionales.

Pero, más allá incluso de estas cifras, se constata que se han superado siete de los nueve límites planetarios, sin perspectivas de una recuperación rápida. Y, como todo el mundo puede comprobar, la lógica de la catástrofe ecológica parece extenderse y acelerarse.

Esta paradoja entre la aplicación de la estrategia de transición ecológica y la aceleración del caos climático es el tema de un artículo de investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el pasado 24 de julio.

Es importante destacar que esa institución internacional cuenta con una sección de investigación bastante interesante, que no duda en entrar en conflicto con las propias prácticas del FMI. Ya en 2016, investigadores del FMI cuestionaban el mito del éxito de las reformas neoliberales, y en 2022, un artículo echaba por tierra uno de los pilares de las políticas económicas: el “ciclo precios-salarios”. Por otra parte, estos trabajos no suelen tener ningún impacto en la actuación real del Fondo.

En el caso que nos ocupa, el artículo, redactado por tres investigadores franceses —William Oman, Étienne Espagne y Jean-Baptiste Fressoz—, pone en tela de juicio la solidez del consenso que se apoya en la “transición ecológica”. Retomando en gran parte la tesis desarrollada por el tercer autor en Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie (Sin transición. Una nueva historia de la energía, edit. Seuil, 2024), el texto cuestiona la idea de una sustitución de las energías.

Basándose en los hechos, el historiador de la tecnología ha demostrado que las nuevas tecnologías energéticas, aunque más eficientes, no conducen a una dinámica de sustitución, sino a una dinámica de acumulación del consumo de recursos.

El uso de la madera ha seguido aumentando tras la llegada del carbón como principal fuente de energía, y el uso de este último no ha disminuido tras la irrupción del petróleo. La lógica es, por tanto, una suma de fuentes de energía más que una sustitución. Y eso es lo que parece seguir observándose durante el primer cuarto del siglo XXI. “Las pruebas históricas muestran una fuerte relación positiva entre la eficiencia energética y material y la huella energética y material global”, explica el artículo.

En otras palabras: cuanto menos recursos requiere el proceso de producción, más se produce, lo que conduce a un aumento absoluto del uso de recursos. Se trata del “efecto rebote” o “efecto Jevons”, llamado así por el economista británico Stanley Jevons (1835-1882), quien, en 1865, fue el primero en identificar lo que a él le parecía una paradoja. La lógica de las cuotas de mercado oculta, por tanto, la realidad que importa para la crisis energética: la del uso global y absoluto de los recursos.

Pero a esto se suma un segundo elemento: lo que los autores del artículo denominan “la expansión tecnológica” (technological sprawl). “Las mejoras en la eficiencia no solo conducen a un mayor uso de la tecnología, sino también a su aplicación a otras tecnologías, lo que permite la creación de nuevos productos”, resumen los autores.

Como prueba de ello citan el motor eléctrico, cuyo uso, a principios del siglo XX, se había impuesto frente al motor de vapor y que, progresivamente, ha ido sustituyéndolo en todas partes gracias a la miniaturización y al desarrollo de las baterías. Los autores estiman que, a principios de la década de 2010, representaban el 45% de la electricidad consumida, lo que generaba el doble de emisiones de dióxido de carbono que cuando los industriales utilizaban motores de vapor. La tecnología eficiente se ha extendido y ha aumentado el consumo global de recursos.

Esto nos lleva a un aspecto importante del artículo: el carácter “integrado” de las emisiones de carbono en el seno mismo de la producción de bienes y servicios. Las cadenas de producción y las interdependencias logísticas refuerzan así la necesidad de energía y de productos emisores de carbono.

Y es que muchos sectores tienen unas emisiones de carbono que, desde el punto de vista tecnológico, es “difícil de reducir”: el acero, el plástico, los fertilizantes, el cemento, el hierro o el armamento —productos y materiales que se encuentran en todas partes.

Esta lógica pone directamente en tela de juicio el concepto de transición. Ciertamente, las energías renovables emiten mucho menos dióxido de carbono, pero las infraestructuras necesarias para la descarbonización y las producciones que utilizarán esa electricidad seguirán consumiendo cada vez más carbono. Por lo tanto, el consumo de carbono podría seguir creciendo.

Un ejemplo de este efecto son los coches eléctricos. Directamente, estos vehículos emiten menos carbono, pero su fabricación requiere acero, metales, vidrio, plástico y diversos materiales que hay que extraer, lo que implica un uso masivo de cemento y otros recursos.

Sobre todo porque las necesidades de producción suelen superar la oferta de energías renovables. Por ello, estas se complementan a menudo con formas de producción de energía “marrón”: se venden más coches híbridos que vehículos puramente eléctricos y, con frecuencia, los generadores diésel sirven de respaldo a las formas de producción renovable. A mayor escala, es de destacar que las nuevas necesidades derivadas de la inteligencia artificial se satisfacen en Asia mediante un repunte del uso del carbón.

En resumen, “si en las próximas décadas la electricidad con bajas emisiones de carbono alimenta una estructura productiva caracterizada por una producción y un consumo crecientes y a gran escala de automóviles, acero, plástico y agricultura industrial, como ocurre actualmente, las emisiones globales, en el mejor de los casos, se estancarán y el calentamiento global, en el mejor de los casos, se ralentizará, pero no se reducirá”, resumen los autores.

Estos elementos permiten descartar la hipótesis de la transición ecológica que, al igual que su origen (el pensamiento económico ortodoxo), es una quimera que ignora los hechos. Pero es que esta lógica, al ignorar el efecto Jevons, la expansión tecnológica y el carácter interdependiente de las producciones, contribuye a acelerar el desastre en curso.

Los autores del artículo proponen, en cambio, un concepto alternativo que permite abordar mejor la situación: el de la “paradoja de Jevons generalizada” (Generalized Jevons Paradox, GJP). Este se diferencia del efecto Jevons clásico, que es principalmente microeconómico, en que, a nivel macroeconómico, integra una “simbiosis energética”, es decir, que tiene en cuenta las interdependencias entre la energía y las estructuras materiales de la economía.

Este GJP permite así comprender “los efectos directos e indirectos de la demanda de energía y las interdependencias energéticas y materiales a largo plazo” y, por tanto, modificar la visión clásica de la paradoja de Jevons al integrar las propias condiciones de producción, tanto institucionales como sociales. En este sentido, los autores intentan describir brevemente una “economía política” de este efecto rebote global.

Al centrarse en los factores determinantes de la inversión, hay tres actores destacables que favorecen el desarrollo de esta GJP: las grandes multinacionales, los Estados y los principales actores financieros.

Para los autores, la necesidad de las multinacionales de mantener un alto nivel de rentabilidad favorece el mantenimiento de actividades basadas en las energías fósiles. En primer lugar, porque existe una “asimetría entre la rentabilidad relativa de los sectores, que está negativamente relacionada con su papel potencial en la descarbonización”.

En otras palabras, los sectores que emiten carbono serían más maduros y, por lo tanto, más rentables que los demás. Estos últimos estarían, así, más inclinados a generar rentas y posiciones de dominio en los mercados, dada la escasez de recursos y la concentración en dichos sectores.

El segundo actor del GJP sería el Estado, que respaldaría la rentabilidad de sus propias multinacionales, así como las inversiones de sus ciudadanos, y sería, por tanto, el motor del mantenimiento de las industrias emisoras de carbono, ya sea a través de la legislación, de los acuerdos comerciales internacionales o del rearme.

Por último, el mundo de las finanzas desempeña un papel esencial en este panorama, ya que participa en las decisiones estratégicas de inversión, en la financiación de la economía y, en general, en la gestión de las empresas. Al exigir importantes rendimientos de la inversión y realizar arbitrajes sectoriales, las finanzas —y los bancos centrales— contribuyen a transformar las ganancias de eficiencia en un exceso de consumo de recursos.

El último punto del artículo, quizás el menos convincente, señala que existe la capacidad de modificar el efecto de esta paradoja de Jevons generalizada. “Las políticas públicas pueden —y a menudo deberían— desempeñar un papel central en la construcción y la modificación de los determinantes institucionales de la GJP”, explican los autores.

Para ellos, “parece factible una vía de desarrollo con bajas emisiones de carbono”, sobre todo gracias a la política de electrificación masiva llevada a cabo en China desde hace unos años. Según los autores, es “notable” que “las emisiones en China parecen haber alcanzado una meseta desde hace 18 meses”. Esto permitiría considerar a la República Popular como un “polo de descarbonización” que arrastraría en su estela a numerosas economías en desarrollo.

No obstante, este optimismo sigue siendo moderado, teniendo en cuenta el “alto nivel de emisiones de carbono” actual de la economía china y el hecho de que un proceso de este tipo llevaría décadas. En realidad, esta perspectiva no parece razonable, precisamente porque esta transformación de la economía china forma parte de un proyecto de control de una gran parte de la economía mundial que tiene como objetivo garantizar el crecimiento y la rentabilidad de las empresas de su país.

La lógica de la descarbonización china se basa, además, en una sobreproducción material destinada a imponer los productos y las normas chinas al resto de la economía. Todo ocurre, en cierto modo, como si Pekín utilizara la paradoja de Jevons generalizada para imponer una forma de renta que, en última instancia, no podría conducir a una reducción suficiente de las emisiones.

Siguiendo la propia teoría de los autores, no hay ningún indicio de que el Estado chino no sea un actor más de esta paradoja generalizada que busca garantizar, y si es necesario por las armas, el acceso de sus empresas a las rentas. Y aunque estas rentas estén descarbonizadas en apariencia, siempre conducirán a reforzar la producción de bienes y servicios con altas emisiones de carbono.

En este punto, los autores no parecen llevar su concepto hasta el final. Es comprensible, ya que cuestionar los fundamentos de la transición ecológica —es decir, del “crecimiento verde”— es ya de por sí una tarea hercúlea en un contexto como el del FMI. Y es una tarea que han llevado a buen término.

Pero es que la dinámica de este concepto tan útil de la paradoja de Jevons generalizada no puede limitarse a los tres actores identificados en el artículo. La fuerza que rige esta paradoja es la de la acumulación de capital. Es ella la que genera una insatisfacción permanente, ya que siempre debe añadirse una nueva mercancía a las demás para crear plusvalía.

Los pluses de eficiencia no son, por tanto, más que medios para aumentar la rentabilidad del capital y conducen inevitablemente a un aumento del consumo energético y material. La verdadera trampa en la que se encuentra hoy encerrada la humanidad es esta: una contradicción radical entre la necesidad cada vez mayor de mercancías y la necesidad física de mantenerse dentro de los límites del planeta.

Pero en la sociedad capitalista, las relaciones sociales están mediadas por el capital e impiden cualquier resolución de esta contradicción al rechazar toda reflexión global sobre las necesidades. Si la lucha contra el caos ecológico no es rentable —y no puede serlo porque supone una auténtica sobriedad material—, entonces el capital no podrá hacerse cargo de ella.

Los autores del artículo lo confirman indirectamente al recordar que los dos únicos límites planetarios que no se han superado todavía —el ozono estratosférico y la presencia de aerosoles en la atmósfera— son los únicos para los que existen soluciones rentables. Esto demuestra que la acumulación de capital determina nuestra relación con el medio ambiente. En contra de nuestro propio interés.

En este contexto, la única respuesta razonable es un cambio antropológico en el que el capital deje de ser la fuerza social central; es decir, como mencionan brevemente los autores, una “modificación del modo de vida y una sobriedad de la demanda”.

El término inglés sufficency, utilizado aquí y traducido como “sobriedad”, describe en realidad un proceso mediante el cual cada uno tendría lo suficiente para vivir con dignidad, es decir, un aumento de lo que es insuficiente y una reducción de lo que sobra. En definitiva, se trata de la idea de que es necesario reajustarse las necesidades.

Este artículo del FMI, aunque no vaya a cambiar las políticas del propio Fondo, reviste sin embargo una gran importancia, ya que sitúa estas cuestiones en el seno mismo de una organización internacional, extrae consecuencias en materia de política económica y acaba con las ilusiones de la transición ecológica y el tecnosolucionismo.

En un momento en el que la inteligencia artificial amenaza con agravar aún más la situación y en el que la negación persiste en forma de una simple exhortación a la adaptación, la aportación de este texto es considerable.

Se han añadido dos frases para precisar el impacto de los artículos de investigación en la política del FMI (12/8/2026)

Traducción de Miguel López

Las olas de calor que azotan Europa se han cobrado miles de víctimas mortales, bienes inmuebles, bosques, reservas naturales, plantas y animales, incluyendo especies protegidas y endémicas. Sucesos tan graves nos hacen plantearnos cómo amortiguarlos en adelante. Todas las evidencias científicas auguran un futuro inmediato “ardiente” y de gran peligrosidad.

El cambio climático se ha producido por la acción humana, por la industria contaminante, el uso de combustibles fósiles y gases de efecto invernadero, los motores de explosión de los automóviles, la aviación y el tráfico marítimo que abastecen un mercado consumista, masivo, desigual, no sostenible e insolidario. Es la acción humana que organizan y distribuyen las élites políticas y económicas poderosas, que aplican la ideología neoliberal como si se tratara de una religión infalible y hegemónica.

En el Estado español se incumple la Ley de Montes. No se limpian ni desbrozan los campos y la disminución de los rebaños extensivos reduce el consumo de los pastos. El aumento no sostenible de los cultivos de regadío provoca la resecación de los suelos, la desaparición de humedales y la disminución de las aguas subterráneas.

Se plantan masas de árboles de crecimiento rápido, como el eucalipto, los pinos y otros, para proveer la pasta de papel. También se destinan plantas para procesar biodiésel. Los suelos de las ciudades suelen ser impermeables. Muchas zonas carecen de sombras y cuentan con un arbolado insuficiente, poco adaptado al clima y enfermo por la contaminación, la escasa renovación, las podas inadecuadas o los alcorques asfixiantes.

Los técnicos aconsejan repoblar los campos con cultivos adaptados, distribuidos en mosaico, donde alternen árboles y arbustos de distintas especies, realizar cortafuegos estratégicos y mantener reservas de agua en lugares sensibles donde el monte, las granjas y los hogares coexisten. Esa disponibilidad es un seguro de vida.

Los sistemas de alerta en materia de seguridad ciudadana deben mejorarse con nuevas tecnologías. La población carece de instrucción adecuada sobre las medidas preventivas y de evacuación en caso de riesgo grave. Los medios operativos de extinción de incendios deben coordinarse mejor desde un puesto de mando eficaz, jerarquizado, participativo, interdisciplinar y con un protocolo concreto. Los bomberos son insuficientes, están mal dotados, contratados temporalmente y mal pagados, y sus contratos no reconocen su profesionalidad, el alto riesgo y las penalidades, además de estar militarizados y continuamente amenazados.

Supone una aberración y un sinsentido que haya políticos incompetentes que nieguen el cambio climático o desvíen los fondos destinados a estos menesteres hacia tradiciones y acciones ultraconservadoras e insolidarias que fomentan el insulto, el odio, la discriminación, la violencia y las desigualdades. Me refiero particularmente a Vox y a los gobiernos del PP y Vox, presentes en diversas autonomías y bastantes pueblos. Si bien la desgana y el desvío de fondos hacia otros menesteres también se vienen produciendo en demasiadas instituciones políticas.

Irresponsablemente, muchos países destinan cuantiosos recursos a la industria de guerra, la OTAN y el rescate de bancos y sectores empresariales en crisis, sustrayéndolos de la sanidad, la educación, la vivienda o la dependencia. En adelante debemos desconfiar de la demagogia electoral y hacer política de base, además de impulsar movilizaciones vecinales, ciudadanas, feministas, sindicales y ecologistas por nuestro bienestar y nuestros derechos humanos.

No debemos dejarnos embaucar con miedos y amenazas, soportar corruptelas ni pensar que con el voto en la urna concluye la democracia. El fascismo crece y se renueva en sus formas, pero es tan embustero, miserable y criminal como siempre. No nos entretienen las comedias de enredos y los sainetes de los parlamentos y los medios de comunicación; preferimos, por su profundidad crítica y social y por su calidad artística, a los hermanos Álvarez Quintero.

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José Verdón Pérez es socio de infoLibre.

La construcción y la agricultura han sido históricamente los sectores con mayor mortalidad por la dureza del trabajo, la falta de prevención de riesgos laborales y la exposición continua a agentes o materiales tóxicos. A estos problemas, advierten los expertos, se suma cada año con mayor intensidad el calor extremo, que afecta con más intensidad a estas profesiones al aire libre y con poca capacidad para adaptarse a las altas temperaturas.

Un caso de libro ocurrió el 23 de julio en Paracuellos del Jarama (Madrid), cuando un trabajador de 61 años sucumbió al calor mientras trabajaba en una obra industrial de la compañía Comsa, cavando una zanja para una construcción eléctrica. Una persona sexagenaria trabajando a pleno sol en un secarral, un día de aviso amarillo por calor, sometido a un intenso esfuerzo físico y sin prácticamente medidas de prevención.

"Tenían un tenderete con una lona para descansar del calor, eso no es una medida de prevención, no te sirve para enfriar el cuerpo", dice indignado en conversación con infoLibre Javier Pinilla, experto en salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en la delegación de Industria de Madrid. Él mismo ha denunciado el caso a la Inspección de Trabajo para que se registre como una muerte en jornada laboral por una negligencia de la empresa. El parte del hospital, donde falleció tres días después, recoge literalmente "defunción por golpe de calor".

Pinilla afirma que en los últimos años ha aumentado la atención sobre los accidentes por calor debido a los picos de temperaturas puesto que los trabajos en el exterior son extremadamente vulnerables. "La prevención en fábricas cerradas es más sencilla porque la ley acota la temperatura que debe hacer en interiores, pero en exteriores no paramos de pegarnos con las empresas", asegura. "Las medidas desde arriba son 'párate si tienes calor', 'bebe mucha agua', 'busca una sombra'... pero eso es trasladar la responsabilidad al trabajador, no es una medida seria de prevención", añade.

Estas situaciones agregan un riesgo adicional a profesiones que ya sufren estructuralmente una mortalidad muy elevada. De los cuatro grandes sectores de la economía, la construcción ocupó el primer lugar con 10,94 fallecimientos anuales por cada 100.000 trabajadores entre 2015 y 2025, seguido de la agricultura, con una incidencia de 6,68. La media de mortalidad española en toda la economía es de 3,41 fallecidos por cada 100.000 empleados durante la última década, según las cifras recopiladas por CCOO. Además, las siete actividades con mayor índice de mortalidad han disparado el número de ocupados en 693.000 personas desde 2019, multiplicando el número de personas expuestas al riesgo.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en el sindicato UGT, exige que la Inspección de Trabajo multiplique la presión sobre los sectores más vulnerables, como el campo o la construcción, pero también sobre trabajos urbanos como la jardinería o el reparto en bicicleta. "La normativa es insuficiente para proteger a estos trabajadores. Hay que adaptar horarios, garantizar la hidratación y tener ropa fresca… pero eso a veces no es suficiente. En los días más duros, si hace falta, se debe paralizar el trabajo", afirma.

La agricultura es, junto a la construcción, el otro gran sector afectado por el calor. El trigo, la cebada, la uva o el garbanzo son algunos de los cultivos que se cosechan en verano, y aunque sea común adelantar las jornadas de trabajo, es inevitable que decenas de miles de agricultores se expongan a altísimas temperaturas. Por ejemplo, en agosto de 2025 falleció por un golpe de calor un temporero de 61 años en Alcarrás (Lleida), y en mayo de 2026 murió una temporera marroquí en Moguer (Huelva) mientras recogía la fresa.

Óscar Reina, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), denuncia que los jornaleros, a menudo inmigrantes que no tienen capacidad para rebelarse, y los que trabajan bajo los plásticos de Huelva o Almería llegan a exponerse a temperaturas de más de 50 ºC. "La clase obrera migrante está completamente indefensa. Faltan inspecciones de trabajo, falta poner la lupa sobre lo que pasa a diario, y nosotros hemos denunciado ya más de 400 tajos [como se llama a las fincas]. En realidad, las olas de calor son un problema más dentro de la explotación laboral sistemática que ocurre aquí", explica.

Patricia Ruiz, de UGT, también recalca que hay un vacío estadístico a la hora de contabilizar las muertes por calor, porque el año pasado solo se contaron cinco muertes por altas temperaturas en jornada laboral, y en 2024, solo una. "No es normal que haya ese vacío estadístico. Para que se cumpla la ley hace falta también contar con datos reales", valora la portavoz sindicalista. El Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 fallecidos totales atribuidos a las olas de calor el pasado verano, y los expertos en salud laboral asumen que muchos de ellos murieron trabajando.

España lleva 108.000 hectáreas calcinadas este verano. Cuatro veces más que en las mismas fechas de 2025. 1.900 incendios. Cinco focos "de especial relevancia" ardiendo a la vez entre Guadalajara, Toledo, Madrid, León y Ávila. Con ese paisaje detrás, Miguel Tellado ha decidido que el problema no es el fuego. Es que Pedro Sánchez pronuncie las palabras "cambio climático".

Hace unos días, el secretario general del PP acusó al presidente de sacar "el comodín" del "pacto climático" "cuando ve que hay incendios en España". Y remató con una frase que debería quedar en las hemerotecas por su cinismo: "Eso del pacto climático y no sé qué, forma parte de la propaganda del que no hizo los deberes a tiempo". "Y no sé qué." Así se refiere el número dos de Génova a la mayor amenaza medioambiental del siglo. Con un chasquido de dedos y una sonrisa de plató.

Tellado exigió además que el Gobierno "abandone" la "propaganda" y ponga "todos los medios necesarios del Estado para colaborar con las comunidades autónomas". Repásese la frase: colaborar. Como si Moncloa fuera la responsable principal y las autonomías un socio de refuerzo al que hay que echarle una mano. Es mentira, y Tellado lo sabe.

El artículo 148 de la Constitución y la Ley de Montes no dejan margen de interpretación: la prevención y extinción de incendios forestales es competencia autonómica. Diseño del dispositivo, contratación de bomberos forestales, presupuesto de prevención: todo depende de cada comunidad. El Estado refuerza con la UME y medios aéreos. No sustituye a quien tiene la obligación legal.

Y aquí está el dato que Tellado convenientemente omite: la mayoría de las comunidades autónomas de España las gobierna el PP. Y no cualquier PP: el de los territorios que hoy arden con más saña. Castropodame (León) y Borgohondo (Ávila), en Castilla y León. Villa del Prado, en la Comunidad de Madrid. Los grandes fuegos de Soria, Segovia y Huelva. Todos, feudos populares.

¿Y los deberes de esos gobiernos? Castilla y León ha recortado su presupuesto de prevención de incendios un 90% en trece años. A escala nacional, más de 4.000 bomberos forestales despedidos y operativos desmantelados, con Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Madrid entre las regiones más golpeadas. En Andalucía, bajo Moreno Bonilla, sube el presupuesto sobre el papel pero baja el número de efectivos sobre el terreno. Esos son los deberes que nadie hizo. Y no los firmó Sánchez: los firmaron sus propios presidentes autonómicos.

Mientras Tellado despachaba el cambio climático en un plató, Sánchez visitaba el incendio de La Mierla, en Guadalajara, ya el mayor de la historia de Castilla-La Mancha con más de 32.000 hectáreas arrasadas. Allí pidió "un pacto de Estado entre las distintas instituciones y en las Cortes Generales" para "concienciar a la ciudadanía" y no "acordarnos de los incendios solo cuando se producen".

Ninguna lectura honesta de esas palabras encuentra ahí un "comodín" partidista. Hay una propuesta de acuerdo transversal, abierta también al PP, frente a un fenómeno que la ciencia ya no discute. La respuesta del PP no ha sido sentarse a negociar: ha sido ridiculizarla como "propaganda" y "eso... y no sé qué", sin una palabra de autocrítica sobre sus propios recortes.

Exigir coordinación estatal, medios aéreos y anticipación al Gobierno es legítimo y necesario. Hacerlo mientras se oculta que el grueso del dispositivo, del presupuesto y de la responsabilidad política recae en comunidades gobernadas por el propio PP no es fiscalización: es una cortina de humo con nombre y apellidos.

Que quede claro, entonces, quién enciende qué. Tellado no fiscaliza al Gobierno, blanquea a sus propios barones. Cada hectárea calcinada en Castilla y León, en Madrid, en Ávila, en Soria, en Huelva, lleva la firma de trece años de recortes que el PP ejecutó, votó y defendió en sus autonomías, y que ahora pretende que nadie recuerde mientras señala con el dedo a Moncloa. Es la vieja coartada de quien prende la mecha y luego corre a denunciar el incendio. No hay comodín en pedir un pacto de Estado frente a la emergencia climática; el comodín, el único, es el de un partido que gobierna el país en llamas y solo sabe usar el fuego como arma electoral. Mientras Génova pule titulares para la próxima entrevista, España sigue ardiendo a un ritmo cuatro veces superior al del año pasado. Esa es la única cuenta pendiente, y no la paga Sánchez: la deben Tellado y los suyos.

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.

El destino de la guerra de Irán cambia cada semana. El presidente estadounidense pasa de prometer bombardeos masivos sobre el país a asegurar, apenas un día después, que está a un paso de cerrar un pacto con Teherán. Este tira y afloja ha estabilizado el precio del barril de petróleo entre 20 y 40 dólares por encima de su precio a comienzos de año, sin que la demanda se haya resentido apenas, un panorama que ha disparado las ganancias de las grandes petroleras, entre ellas las españolas. 

Los márgenes de refino –la diferencia entre lo que una compañía paga por el crudo y lo que saca por vender el producto en las gasolineras–, se sitúan en niveles récord o casi récord por el encarecimiento de la energía y los recortes de producción, lo que supone una lluvia de dinero para estas empresas.

Repsol ganó en la primera mitad del año 2.202 millones de euros, superando en beneficio a todo 2025 y todo 2024. Estos resultados astronómicos se han repetido a lo largo de todo el sector petrolero. La mayor petrolera del mundo, Saudi Aramco, ha ganado en solo seis meses 67.200 millones –si fuese un país, sería el 77.º del mundo con mayor PIB solo con esos beneficios–. La número uno de Estados Unidos, Exxon, multiplicó por dos sus ganancias; la británica Shell las duplicó; y la española Moeve incrementó sus beneficios un 41% respecto al año pasado. Todo ello mientras los hogares se empobrecen por la inflación y la crisis climática se intensifica.

Daniel Quigguin, investigador de T&E, una organización europea que promueve el transporte limpio, opina que estas crisis, que estrujan a la población, son siempre beneficiosas para las empresas. "Las petroleras salen ganando en cualquier crisis energética. Cuando un conflicto retira barriles del mercado, el precio al que los venden se dispara, pero el coste de extraer y refinar un barril no varía. Es una transferencia, directamente de los conductores, los transportistas y los hogares a un puñado de accionistas", señala a infoLibre. 

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) calcula que el margen de refino del petróleo, la principal herramienta para medir las ganancias de estos gigantes, se situó en julio en 18,90 dólares por barril de media para todos los tipos de crudo, y lleva rondando los 20 dólares desde marzo, justo después del inicio de la guerra de Irán y del cierre del Estrecho de Ormuz.

El margen de refino habitual está entre los cinco y 10 dólares por barril, y solo se registraron niveles ligeramente por encima de los actuales durante los peores meses de la crisis energética de 2022. Algunos tipos de crudo, como el ligero y dulce mediterráneo –uno de los que se procesa en España–, nunca antes habían sido tan rentables como en julio de 2026.

"La desconexión entre unos mercados de crudo aparentemente bien abastecidos y unos mercados de productos derivados ajustados impulsó un repunte de los márgenes de refino hasta máximos de cuatro años a principios de julio", se lee en el último informe petrolífero de la IEA.

El Banco Central Europeo confirmó la semana pasada que los márgenes de refino del sector petrolero están en niveles "casi récord" y espera que alcancen su pico este mes de agosto para luego comenzar a bajar suavemente durante los próximos meses, hasta llegar a la normalidad a finales de 2027. 

Repsol multiplica su rentabilidad en plena crisis

El mayor exponente español de este beneficio es Repsol, con un margen de refino declarado de 14 dólares por barril durante la primera mitad del año, que llegó a superar los 30 dólares en julio, una anomalía que ha disparado sus beneficios. El propio consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, sacó pecho durante la presentación de resultados del primer semestre, que tuvo lugar el 26 de julio, de que este indicador creció "un 137%" respecto a 2025.

Uno de los motivos que dio para explicar su semestre dorado es que la demanda de combustible es "resistente y muy sólida" pese al encarecimiento de los carburantes. La principal razón, según explicó, es que gobiernos de todo el mundo, entre ellos el español, han apoyado el consumo de carburante mediante subvenciones.

Sin embargo, mantener este apoyo millonario con dinero público es extremadamente caro y España ya está en retirada de estas ayudas, que empezaron siendo de 20 céntimos por litro, bajaron a 15 céntimos en julio, se mantienen en 10 céntimos por litro en agosto y descenderán a cinco céntimos en septiembre. No obstante, sigue vigente una cláusula para recuperar el descuento original de 20 céntimos si el precio del carburante sube un 15% respecto al año pasado, según los cálculos del Instituto Nacional de Estadística.

Rusia, más que el Estrecho de Ormuz

Sobre el contexto internacional, Jon Imaz citó que el conflicto de Oriente Próximo ha mejorado los beneficios de sus refinerías, pero cree que la guerra de Ucrania es todavía más importante. "Creo que Rusia podría ser incluso más importante que el Estrecho de Ormuz hoy en día para el mercado europeo, ya que probablemente entre el 45% y el 50% de las refinerías rusas están actualmente fuera de servicio, alrededor de 900.000 o 1.000.000 de barriles diarios de destilados", afirmó.

A la pérdida de producción en Rusia se suma el vacío que ha dejado el Golfo Pérsico, donde ha dejado de fluir una parte del crudo por el cierre casi total del Estrecho de Ormuz, un punto por donde solía transcurrir el 20% del suministro mundial de petróleo. Este vacío de abastecimiento de crudo y productos refinados es el que ha permitido que las petroleras con capacidad para refinar la materia prima –Repsol opera cinco refinerías en España, más que ninguna otra empresa– ganen dinero en toda la cadena.

Más impuestos a las petroleras

La organización T&E es una de las múltiples voces que exige, como ya hizo en 2022, que las compañías energéticas paguen impuestos adicionales para compensar el gasto público que se destina a fomentar la demanda de combustible. España ya ha gastado, entre los dos decretos anticrisis (el de marzo y el de junio), 6.572 millones de euros, entre ayudas al carburante, la electricidad y el gas natural, tanto para la población general como para los sectores profesionales más afectados.

"Los gobiernos están optando por absorber esta crisis por sí mismos en lugar de pedir a las empresas que se benefician de ella que contribuyan. Se trata de una decisión política, y es una decisión equivocada. Esta no será la última crisis del petróleo y el gas. Lo que se necesita es un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios", opina Daniel Quigguin.

España arde, el aire de España se contamina por los incendios. Queman el monte y cambian el aire de las ciudades y pueblos. No es un humo cualquiera que en poco tiempo desaparece en el aire; es persistente en sus efectos y duración. Emponzoña mucho, de forma muy diferente a como lo hacen las gasolinas y sus similares. La mala calidad del aire de estas últimas forma ya parte de nuestras vidas; además, lo que no se ve y apenas huele se sumerge en el amplio mundo de la desatención y del olvido. En cierta manera, vivimos muriendo cada día un poco.

Siempre que quiero informarme, asesorarme sobre temas de calidad del aire urbano y salud, acudo a dos sensatas y sólidas fuentes de información: el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y el ISGlobal de Barcelona. En esta ocasión, busco si se parecen los humos de los incendios a la contaminación “normal” del aire. En un artículo publicado por el segundo centro de investigación me encuentro con una primera diferencia notable: la contaminación del aire por los incendios viaja impulsada por los fuertes vientos y calores a cientos de kilómetros. Seguramente todos estaremos enterados de que durante los recientes incendios las autoridades sanitarias habían rogado encarecidamente el confinamiento en algunas poblaciones cercanas. Eran taxativos: su salud depende de la calidad del aire que respire, con una persistencia de riesgos asociados que no se terminan enseguida.

Abundemos en esta cuestión. En el reciente incendio Toledo-Ávila- Madrid los vientos habían llevado la contaminación, habían empeorado gravemente la calidad del aire, hasta la capital del Estado. Avisa el ISGlobal: “El humo de los incendios forestales no es simplemente "polvo" u hollín. Es una mezcla compleja y cambiante de gases y partículas finas (PM₂.₅), monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Su mezcla exacta depende del tipo de vegetación que arde y de las condiciones de combustión”. De hecho, en estos incendios tan graves los niveles de partículas finas pueden superar los máximos permitidos y exponer a grandes grupos de población, algunos millones en este caso, a niveles peligrosos de contaminación.

El ISGlobal no habla de oídas. Ha liderado, con la participación de otros centros de investigación europeos, el proyecto CATALYPSE entre 2004 y 2022. Las conclusiones del trabajo se publicaron en The Lancet Planetary Health en agosto del año pasado. Entre sus conclusiones más importantes y relacionadas con la vida diaria, citamos casi textualmente: la exposición a corto plazo al humo de los incendios forestales causó una media de 535 muertes al año en Europa. Advierte que considerar las partículas PM₂.₅ procedentes del humo como equivalentes a las de otras fuentes, como el tráfico, conduciría a infravalorar significativamente su impacto sobre la mortalidad. Además, insiste una vez más en que “los efectos más inmediatos se observan en los sistemas respiratorio y cardiovascular”. Niños y niñas, personas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades previas constituyen los grupos más vulnerables, registrándose un aumento de las visitas a los servicios de urgencias durante los episodios de humo.

Por si se habían olvidado a las muchas personas que en Madrid parece que no tomaron medidas precautorias, a la vista de la ocupación de terrazas en los bares, repetimos las medidas que el Ministerio de Sanidad recomendaba, entre otras, para estos sucesos: permanecer en espacios interiores, manteniendo puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de aire contaminado; utilizar una mascarilla FFP2 o N95 si es necesario salir al exterior; mantener una buena hidratación bebiendo agua con frecuencia y evitando el consumo de alcohol o bebidas con cafeína; seguir los avisos oficiales sobre la calidad del aire y las recomendaciones de las autoridades de salud pública.

El Ayuntamiento de Madrid añadía otros más: no realizar actividades deportivas al aire libre; mantenerse informados permanentemente; acudir a los centros sanitarios en caso de alteraciones respiratorias.

Conocer el porcentaje de personas que siguieron estas recomendaciones daría una imagen de cultura del riesgo social, también de credibilidad en las instituciones. Recordemos que la salud también es una construcción particular y no solamente sanitaria.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Bancos de arena hasta donde alcanza la vista, barcos varados sobre lodo agrietado, un olor pestilente a cieno seco. Este verano, los paisajes del “hermoso Danubio azul” no invitan precisamente a soñar, sino que provocan más bien sudores fríos tanto a sus habitantes como a quienes lo recorren por motivos de trabajo o de vacaciones. En Budapest (Hungría), los muelles, que suelen estar abarrotados de cruceros, están vacíos, lo que simboliza que la navegación está prácticamente paralizada debido a la falta de profundidad suficiente en numerosos tramos.

“En Europa, el verano de 2026 se caracteriza hasta ahora por un calor excepcional y una sequía generalizada”, confirma un estudio reciente de World Weather Attribution. Esta red de científicos lleva algo más de una década analizando las consecuencias del cambio climático y señala las responsabilidades en la crítica situación que atraviesa hoy el Danubio a lo largo de todo su curso, que recorre Europa de oeste a este a lo largo de casi 3.000 kilómetros.

“Todo lo que cultivo en mi huerto se ha secado este año. Absolutamente todo”, se lamenta una anciana del sur de la República Checa, entrevistada por la web Seznam Zprávy. Al igual que ella, los agricultores de todas partes temen cosechas mínimas: algunas estimaciones apuntan a una posible caída de los rendimientos a la mitad. “La situación es crítica”, advirtió ya en mayo Jozef Šumichrast, uno de sus representantes en Eslovaquia.

En estos momentos ya no es posible regar en varias zonas de Rumanía debido a que la presión es demasiado baja para los sistemas de bombeo. En toda la cuenca hidrográfica del Danubio, que se extiende desde el sur de Polonia hasta el norte de Albania, se están imponiendo poco a poco restricciones tanto a particulares como a profesionales, y algunos países están barajando la posibilidad de aplicar cortes temporales.

A pesar de la aportación de los dos principales afluentes del gran río, el Tisza y el Sava, Serbia no corre mejor suerte. Dejan Vladiković, del Instituto Meteorológico Nacional, indica a Radio Slobodna Evropa que “la situación hidrológica actual es muy desfavorable, y especialmente acusada a lo largo de todo el curso del Danubio”. “No se espera ninguna mejora de aquí a septiembre”, añade.

En cuanto a los marinos entrevistados por los distintos medios de comunicación de Europa central y los Balcanes, todos insisten en la excepcional intensidad de la sequía, mientras se baten uno tras otro los récords de bajos caudales. Algunos incluso lo han sufrido en carne propia: un crucero de la compañía suiza Viking encalló en un banco de arena entre Bulgaria y Rumanía y hasta el momento no han logrado reflotarlo. En la zona, el caudal del Danubio apenas alcanza los 1.700 metros cúbicos por segundo (m3/s), apenas un tercio de lo habitual.

Para limitar su calado e intentar mantener sus rotaciones, los buques de mercancías han reducido sus cargas. Estas medidas ya están afectando al transporte de determinados productos, como los cereales o el combustible. “Las barcazas solo pueden transportar entre el 30% y el 40% de su capacidad total”, ha precisado la ministra de Energía serbia, lo que contribuye a encarecer aún más los precios, ya de por sí muy elevados, en las gasolineras.

Porque el Danubio se ha convertido en una vía comercial estratégica en Europa desde el inicio de la guerra en Ucrania, ya que conecta el mar Negro con el mar del Norte, y los meses de verano marcan la temporada alta de las exportaciones de cereales de Rumanía, uno de los principales productores de la UE.

Mientras tanto, los silos se van llenando y nadie sabe aún dónde se podrán almacenar las cosechas de maíz y girasol dentro de unas semanas… Bueno, lo que quede de ellas, ya que estos dos cultivos son especialmente sensibles al estrés hídrico y, por lo tanto, están amenazados por la sequía, agravada por las olas de calor consecutivas.

Mientras Bulgaria se plantea detener por completo la actividad de su única central nuclear, en Kozloduy, a orillas del Danubio, debido a la falta de agua para refrigerar sus instalaciones, Hungría ha anunciado el cierre de la suya el domingo 2 de agosto y Rumanía se ha visto obligada a paralizar de forma preventiva algunos reactores por motivos de seguridad. La producción de las centrales hidroeléctricas también se ve, evidentemente, muy afectada: la de la inmensa doble presa serbio-rumana de las Puertas de Hierro se ha reducido a un tercio de su capacidad, tras haber registrado en primavera la producción más baja de su historia.

Las autoridades han sido pilladas sorpresa, tienen dificultades para reaccionar y se les acusa de no haber hecho nada para anticiparse a tal escenario. Pero la crisis actual era previsible, por no decir temida, desde hacía muchos meses: este invierno, las temperaturas han sido muy suaves, lo que ha limitado la acumulación de nieve, mientras que, desde la primavera, todos los meses han sido históricamente secos, a excepción de junio.

Ya en los primeros días de mayo algunos hidrólogos dieron la voz de alarma, como la veterana eslovaca Jana Poórová: “Los niveles de agua y los caudales de los manantiales son inferiores al 20% de lo normal”. En otras palabras, incluso las aguas subterráneas se encuentran en su nivel más bajo.

En la vecina República Checa, el observatorio de sequías InterSucho, dirigido por un equipo de científicos, señala, a través de las palabras de su coordinador, Miroslav Trnka, que “la mayoría de las proyecciones climáticas para Europa Central indican que los episodios de sequía serán más frecuentes, más prolongados y afectarán esencialmente a todo nuestro territorio, pero también a los territorios situados al este y al sureste”.

Los datos actuales ya le dan la razón. Según la Unión Europea, Croacia se encuentra entre los Estados miembros más vulnerables al cambio climático, hasta el punto de que el país “ha registrado el mayor número de muertes relacionadas con el calor en la UE en los últimos años”. “Las necesidades anuales de inversión para la adaptación al cambio climático se estiman en alrededor del 0,8 % del PIB, un porcentaje superior a la media de la UE (0,5%)”, añade el informe. Sin embargo, no se dispone de datos sobre las inversiones del Estado croata.

En Hungría la situación es similar, con un calentamiento un 20% más rápido que la media europea. En las últimas décadas se ha triplicado el número de días con temperaturas superiores a los 30 °C. Y, sin embargo, durante los cuatro mandatos consecutivos de Viktor Orbán, el país no ha tenido ministro de Medio Ambiente. Finalmente, tras 16 años de vacío, el nuevo primer ministro, Péter Magyar, nombró a László Gajdos en primavera. Tras decretar el estado de emergencia el 28 de julio, ha hecho un llamamiento a todos los países ribereños del Danubio para que intensifiquen la cooperación en la gestión conjunta de los recursos hídricos.

Muchos esperan que la crisis actual sirva de lección y permita, por fin, superar los egoísmos nacionales que persisten a lo largo del río más grande de la UE. Pero las declaraciones contradictorias de László Gajdos son motivo de preocupación, pues fue él mismo quien afirmó: “No hay que dejar que el agua fluya libremente a través de Hungría; es imprescindible retenerla de una forma u otra.”

Traducción de Miguel López

Si te acostumbras a ver todo desde un ático, quizá tengas una visión lejana y minúscula del mundo mundial. IDA 7291 y su maromo han sido atacados por una "aticofilia" irresistible —disculpen la cacofonía y el neologismo— y se han dedicado a la compra de áticos por el Madrid de los pudientes. El último, el de Chamberí, pagado por la Comunidad —o sea, por todos— iba a ser dedicado para reuniones, según la propia frutera cuando fue pillada in fraganti por el carrito del helado, y ha decidido venderlo y donar el dinero a los madrileños afectados por los incendios. Mentirosa y cínica, ya veremos si algo más.

Desde tan alto lugar, los incendios se ven de otra manera, aún más si acudes a ellos en pantalón corto y chaqueta presidencial ad hoc. Aunque ni eso ha cumplido, ya propuso en 2023 poner una planta en cada balcón para combatir el cambio climático, del que asegura que en la Tierra siempre ha existido y que la culpa es de Sánchez y los suyos "porque siempre tienen detrás el comunismo". Ella está más por el cambio de ático que por el climático.

A pesar de que el desinformado Feijóo ya pidió un registro de pirómanos, estos solo causan el 2% de los incendios, según los datos oficiales. No hay, pues, terrorismo incendiario ni mafias organizadas. El líder de la oposición —que había mostrado cómo se debe actuar ante los incendios en una famosa foto en la que aparece ante un fuego ya apagado con manguera doméstica, camisa remangada y náuticos sin calcetines— ha dado estos días una explicación sobre el origen de los incendios que me ha hecho poner en duda mi comprensión auditiva y mi paciencia escuchante (búsquenla, a ver si entienden algo: se admiten aclaraciones).

Aunque la crisis climática está incrementando de forma exponencial los efectos de los incendios forestales, algunos personajes como Abascal hablan de fanatismo climático; otros, de fanatismo verde lechuga. Ante la situación tan alarmante, algunos políticos de la derecha-extrema derecha invierten en toreros antes que en bomberos.

Por cierto, la Ley de Montes exige la limpieza de estos, la retirada de restos vegetales y el desbroce a las comunidades autónomas, así como que cuenten con planes anuales para la prevención activa de incendios; no la prohíbe. Y no permite recalificar suelo quemado hasta 30 años después del incendio forestal, excepto por razones imperiosas de interés público de primer orden.

Los análisis sensatos de la situación los dejo a los expertos —a los de verdad, no a los conspiranoicos, que proliferan por doquier—. Sin embargo, parece que las teorías que extienden tales personajes acampan en demasiados cerebros reacios a la información veraz y científica.

Entre las elucidaciones rigurosas, quiero referirme al artículo La ciencia no entiende de ideologías, publicado en el diario Hoy de Extremadura, donde Francisco J. Moral, doctor ingeniero agrónomo y catedrático en la UNEX, escribe que es muy preocupante que, a pesar de la solidez de las evidencias científicas sobre el cambio climático, "todavía haya quien presente esa realidad como una simple cuestión de opinión". O lo que es peor, lo nieguen.

No quiero acabar este asunto sin expresar mi solidaridad con los damnificados de forma directa por los incendios y con los profesionales y voluntarios que han colaborado en la extinción.

Tras el otro incendio, metafórico este, desarrollado por la invasión (sic) de Ceuta por 50.000 marroquíes, con al menos 141 fallecidos en el intento, quizá empujados por la "mafia" alauí-trumpista-sionista, el Gobierno español ha superado la grave crisis con rapidez, pero no se puede obviar que Marruecos es un vecino inamistoso con el que habrá que ponerse un poco más duro y no recurrir solo a la hipocresía diplomática. En el entretanto, la cobarde UE no apoya a España y los fascistas muy españoles y “mucho españoles” acuden a Ceuta movidos por la xenofobia, la aporofobia y la misantropía ideológica. Ellos, los "multiodiadores", son los que sobran.

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José Félix Sánchez-Satrústegui Fernández es socio de infoLibre.

Apenas 24 horas antes de que se declarase el mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el controvertido Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región –conocido como Líder–, que aspira a ser la mayor reforma de la legislación urbanística de la región de las últimas tres décadas. La terrible experiencia de los fuegos demostró que miles de viviendas y decenas de urbanizaciones están peligrosamente ubicados en el interior de bosques. Esta nueva ley acelerará aún más la construcción en zonas rurales.

Si la ley se aprueba en los términos actuales, el suelo de la Comunidad de Madrid pasará a estar clasificado de tres nuevas formas (ahora son cinco): suelo urbano, suelo rural no protegido y suelo rural protegido. Los dos primeros, que abarcarán alrededor del 40% de la región, estarán siempre disponibles para construir nueva vivienda de manera relativamente sencilla, ya que también se va a introducir la figura del Plan Ejecutivo Municipal para facilitar la concesión de proyectos urbanísticos.

En concreto, la nueva normativa permitirá que el suelo rural no protegido – por ejemplo, una parcela de cultivo– pueda convertirse en una urbanización de chalés, pasando a catalogarse como suelo urbano, si un promotor privado presenta un plan ejecutivo a un ayuntamiento y este lo aprueba. 

De esta manera, se abre la puerta, según los críticos, a abandonar el crecimiento organizado de los municipios basado en el tradicional Plan General de Ordenación Urbana. Al mismo tiempo, esta ley promueve la proliferación de pequeñas urbanizaciones y de casas aisladas en terreno rústico, dificultando que los servicios públicos sean eficientes, y multiplicando el riesgo de incendios urbano-forestales porque la población se adentrará en suelo forestal. Se espera que la ley Líder sea aprobada en la Asamblea de Madrid antes de 2027 con pocas modificaciones, ya que el PP gobierna con mayoría absoluta.

"Lo que pretende esta supuesta flexibilidad es que haya los mínimos obstáculos para los promotores con la excusa de que hace falta construir nueva vivienda", opina María Ángeles Nieto, una de las portavoces de la Plataforma Ecologista Madrileña. "La Comunidad ya ha manifestado su intención de alcanzar los 10 millones de habitantes, pero se han dado cuenta de que ya no hay un palmo libre de terreno en la capital y en la periferia, por eso tienen que expandirse de manera radial", añade.

El enfado y la preocupación son de tal calibre que 44 asociaciones vecinales han creado la Asociación Madrid Contra la Líder, a la que están adscritos los sindicatos UGT y CCOO, y seis partidos de la oposición, entre ellos el PSOE y Más Madrid. El Ministerio de Vivienda también presentó alegaciones en abril contra este proyecto con el argumento de que se basa en "la privatización del suelo" y los "pelotazos urbanísticos", según publicó El País.

Los críticos con la reforma de Ayuso subrayan que esta propuesta supondrá un punto de inflexión porque desregula todas las ramas del urbanismo madrileño. Desde abrir la puerta a edificar en suelo que hasta ahora era rústico, a privatizar la tramitación de permisos de construcción, pasando por permitir subsanar irregularidades urbanísticas con multas para evitar que el inmueble sea derribado. 

La portavoz del grupo ecologista también destaca que el proyecto de ley facilitará que algunos enclaves hasta ahora protegidos por su valor natural, dejen de estarlo. Por ejemplo, uno de los puntos recoge que todo el suelo que en este momento se clasifica como "no urbanizable de protección por valores agrícolas, forestales, ganaderos u otros análogos", y que no tenga una evaluación ambiental estratégica aprobada, podrá ser recalificado como suelo rural no protegido o suelo urbano (ambos urbanizables) si así lo quiere el alcalde de turno, mediante la aprobación de un simple Plan Ejecutivo Municipal. 

El Plan Ejecutivo Municipal, según los críticos, es una de las grandes figuras controvertidas del Líder, ya que abre la puerta a permitir casi todo en ese 40% del futuro suelo potencialmente urbanizable. Todo Plan General Urbano, los planes fijos que ahora son la base de la organización del suelo de todos los municipios, será sustituido por un Plan Estratégico Municipal, mucho más laxo, que dará manga ancha para que las ciudades se expandan a base de planes ejecutivos, que serán proyectos de todo tipo –vivienda, zonas verdes, industria, ocio– propuestos por el propio ayuntamiento o por empresas privadas.

"Ahora todos los ayuntamientos tienen un Plan General, que es una foto fija del suelo del municipio, con sus usos regulados. Y será sustituido por un Plan Estratégico Municipal dinámico que, nosotros entendemos, porque no está claro todavía, será una imagen dinámica sobre hacia dónde quiere ir la ciudad", aclara Nieto. "Esa supuesta flexibilidad permitirá que el promotor de turno presente proyectos a la carta donde decida todo: el tamaño, el diseño y los usos del suelo de la parcela. Y solo necesitarán el visto bueno del ayuntamiento para ejecutarlo", añade.

Por si fuera poco, la ley Líder permitirá también, si se aprueba en los términos actuales, la construcción de grandes proyectos privados en suelo protegido, incluso, a priori dentro de los parques regionales de la Comunidad. Dentro de los "usos excepcionales en suelo rural [protegido y no protegido]", el más sonado es el de los centros de datos, macroinstalaciones conocidas por superar el tamaño de estadios de fútbol y por su enorme consumo de agua.

"La ley pone una alfombra roja a los centros de datos, que se podrían construir en casi cualquier sitio, pese a que consumen una gran cantidad de recursos naturales. Y encima se los cataloga como una infraestructura de interés general", critica María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid, uno de los grupos que presentó numerosas alegaciones al plan Líder durante su etapa de participación pública, ya finalizada.

El mismo punto incluye como excepción “la construcción de infraestructuras de generación, distribución, transporte y almacenamiento de energía", donde en teoría estarían incluidas las centrales de generación eléctricas, tuberías de gas o líneas de alta tensión, si reciben el visto bueno de la administración. Entre los usos excepcionales del suelo rústico también destacan la posibilidad de levantar en terreno protegido un vertedero o una planta de biogás, instalaciones de altísimo impacto ambiental, si se justifica que no son factibles de construir en suelo urbano.

El Mediterráneo se calienta por efecto del cambio climático. No lo digo yo, lo dice la Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change (MedECC) que añade que lo hace un 20% más rápido que la media mundial. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia climática.

Este calentamiento provoca olas de calor cada vez más intensas y altera los ecosistemas, algo que facilita la expansión de especies propias de países más cálidos. Algunas de ellas son peligrosas para el ser humano: tiburones toro, mosquitos tropicales transmisores de enfermedades como el dengue o el zika o escorpiones amarillos cuya picadura, sin ser mortal, duele mucho.

Mis disculpas a los lectores y lectoras por este alarmismo impropio en mí, pero era necesario llamar vuestra atención. Todavía conservo trazas de ese guionista que fui.

Pero en el Mediterráneo –y más allá– no solo se calienta el agua. También se calientan, grado a grado, las aguas políticas facilitando la expansión de peligrosas ideologías propias de otras épocas que pensábamos que no volverían. Me estoy refiriendo, como habréis podido imaginar, a la ultraderecha.

No, no llegó de golpe. Primero calentó el ambiente democrático hasta que un día descubrimos que nuestro ecosistema olía raro. Mal. Y ya no era el que era. La culpa de este caldeo, igual que el de otros, fue nuestra. Les dejamos que pasaran al grito de “no pasarán”. Porque en política ocurre como en la naturaleza: lo excepcional acaba pareciendo normal. Pero solo para algunos.

El fallo, creo yo, está en pensar que hoy nada ha cambiado porque se parece bastante a ayer. Pero ese es precisamente el camino de la degradación democrática. Y climática.

No hay, de sopetón, un día en que una sociedad deja de ser democrática para ser totalitaria, intransigente, transfóbica, xenófoba, insolidaria, machista, negacionista... fascista en definitiva. Hay muchos pequeños pasos que la llevan a ser cada día un poco más totalitaria. Estamos, pues, ante lo que la mayoría consideramos una emergencia democrática.

Y te levantas un día y ves por la ventana “trumpaldos”, colorido gusano violador que solo se dejaba ver en campos de golf de Florida y en Washington en raras ocasiones. O “mileinubos”, mamífero palermitano que se reproduce apareándose con sus hermanas de camada. O “lepenuras”, especie de hiena tabernaria gala que se alimenta matando y devorando a sus progenitores de instintos supremacistas. O “abascalos”, inusual parásito bilbaíno alopécico de mentón huidizo que se pasa 12 horas al día durmiendo y las otras 12 desvalijando fundaciones financiadas con dinero público a la vez que emite sonidos repugnantes. O “feijoolinos”, diminuta ave que se esconde de sus depredadores entre las hojas de coca y vive en nidos que pagan otros. Incluso “ayusitas”, serpiente con un cerebro básico y diminuto para su tamaño que acaba con los mayores de su misma especie por placer.

Ese es el verdadero peligro: no darse cuenta de que la fauna política cambia. Y que animales peligrosos que pensábamos que no pasearían a sus anchas por España conviven con nosotros. Sí, habéis leído bien. Les estoy llamando animales peligrosos. Y de nuevo presento mis disculpas. Esta vez a los animales.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Comienza agosto y lo hace cerrando una ola de calor que, durante cuatro días, ha dejado temperaturas de hasta 45 grados en diferentes puntos del país. Ya es la cuarta que se vive este verano y vuelve a poner de manifiesto cómo este tipo de fenómenos se produce cada vez con mayor frecuencia. En España, la definición de ola de calor viene recogida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que la describe como “un episodio de al menos tres días consecutivos en que, como mínimo, el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000”.

Desde 1975 hasta 2026, este organismo ha contabilizado un total de 474 días de ola de calor. Hasta el año 2000 se acumularon 129 días, frente a los 345 registrados entre el 2001 y 2026. Esto significa, según la propia Aemet, una tendencia de aproximadamente 3,3 días adicionales de ola de calor por década, lo que demuestra que estos episodios son cada vez “más frecuentes, extensos e intensos”. Y es que, aparte de las molestias que puede causar la exposición a altas temperaturas, las consecuencias pueden ser mucho más graves y derivar en enfermedades, problemas de salud y, en algunos casos, la muerte. 

Desde 2015, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto Carlos III lleva un registro de las muertes atribuibles a las altas temperaturas. Sus datos muestran una relación directa entre los episodios de olas de calor y el aumento de estos fallecimientos. En los días de ola de calor, la mortalidad crece de media un 5,5% en comparación con el resto de los días del verano, lo que supone más de 60 muertes diarias adicionales.

Al analizar estas cifras, se observa que 2022 es el año con más fallecimientos de toda la serie, con un total de 4.792. Fue también el año que más días de calor acumuló, con 41 repartidos en tres episodios diferentes. Durante ese verano se produjo, además, la ola de calor más mortífera de la serie, entre el 9 y 26 de julio, que dejó 1.889 fallecimientos.

El segundo año con más muertes es 2025, con 3.832 fallecimientos , y también es el segundo que más días de ola de calor, con 36 repartidos en tres episodios. En 2026 los datos tampoco son positivos: desde principios de año y hasta el 2 de agosto ya se contabilizan 3.229 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas. De ellos, 1.043 se han producido durante las cuatro olas de calor registradas este verano, lo que supone el 32,3% del total en tan solo 16 días.

Este fenómeno no es desconocido para los expertos ni para las organizaciones internacionales. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que las olas de calor deben abordarse como una emergencia de salud pública. En la segunda edición de su guía Heat–health action plans, publicada este mes de julio, el organismo advierte de que "la mayoría de las enfermedades y muertes relacionadas con el calor son prevenibles" y sostiene que los gobiernos deben prepararse antes de que se produzcan estos episodios, en lugar de limitarse a reaccionar cuando las temperaturas ya son extremas.

"La planificación anticipada salva vidas", resume el documento, que reclama que las administraciones desarrollen planes específicos frente al calor extremo. Para la OMS, estos deben combinar sistemas de alerta temprana con una respuesta coordinada de los servicios sanitarios, sociales y de protección civil, de manera que las medidas lleguen especialmente a las personas con mayor riesgo.

Entre sus principales recomendaciones figura la identificación previa de la población vulnerable, como lo son las personas mayores, pacientes con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, niños pequeños, embarazadas, personas sin hogar o trabajadores expuestos al aire libre, para que los servicios públicos puedan hacer un seguimiento activo de su situación.

Según describe la organización, el calor extremo afecta al organismo mucho antes de provocar un golpe de calor. “La exposición prolongada a temperaturas elevadas obliga al cuerpo a realizar un esfuerzo adicional para mantener estable su temperatura interna, lo que incrementa la carga sobre el sistema cardiovascular y favorece la deshidratación y los desequilibrios electrolíticos”, señala. Por ello, el calor puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales y metabólicas preexistentes, además de aumentar el riesgo de infartos, ictus e insuficiencia renal aguda. A esto se suma que también puede afectar a la salud mental, empeorar enfermedades crónicas y reducir la capacidad física y cognitiva. 

Para revertir esta situación, la OMS considera imprescindible que los gobiernos habiliten refugios climáticos públicos, adapten las ciudades para reducir la exposición al calor mediante más zonas verdes y sombra, mejoren el aislamiento de las viviendas y formen a los profesionales sanitarios para detectar precozmente las enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Además, insiste en que cada episodio debe evaluarse posteriormente para comprobar qué medidas han funcionado y cuáles deben reforzarse.

En España, el instrumento que actualmente articula esta respuesta es el Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, coordinado por el Ministerio de Sanidad y activo cada año entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre. Su objetivo es reducir el impacto del calor sobre la salud mediante un sistema de vigilancia y prevención, apoyado en las previsiones de la Aemet, que establece umbrales de temperatura de riesgo para cada zona del país. Cuando las previsiones indican que esos umbrales pueden superarse durante varios días consecutivos, se activan distintos niveles de alerta que desencadenan actuaciones por parte de las administraciones públicas.

Entre ellas figuran la difusión de recomendaciones a la ciudadanía para evitar la exposición al calor, campañas informativas sobre hidratación y protección frente al sol, la coordinación con los servicios sanitarios y sociales y la vigilancia específica de colectivos especialmente vulnerables. A partir de este marco estatal, son las propias comunidades autónomas y los ayuntamientos los que desarrollan sus propios protocolos de actuación.

Las comunidades autónomas en manos del PP y Vox no habéis hecho nada por proteger la masa forestal de vuestro territorio. Es grave el abandono al que habéis sometido al monte desde vuestros gobiernos. Debéis invertir, y no desinvertir como estáis haciendo ahora. Hay que contratar más personal, dotar de más medios y estabilizar los contratos de trabajo para combatir los incendios, actuando de octubre a octubre, de forma permanente. Gobiernos de las comunidades autónomas: si de verdad trabajarais para salvar la masa forestal y os comprometierais con ella, otra sería la situación. Comunidades gobernadas por el PP, ¿dónde está el dinero que les transfiere el malvado Gobierno de España? Ya está bien de no hacer nada en prevención, limpieza y desbroce, y de negar los derechos laborales de las plantillas de profesionales forestales. Es obligatorio la fijeza de los contratos y la estabilidad de las plantillas..

Isabel Díaz Ayuso: basta de recortes, de salarios bajos y de falta de personal en prevención de incendios. Los profesionales forestales se juegan la vida entre las llamas todos los días para salvar vidas, hogares y masa forestal. Es humano un salario digno durante todo el año.

Hay que luchar contra el fuego en invierno, limpiando, desbrozando y protegiendo el monte desde el final del verano. Las comunidades autónomas deben contratar más trabajadores y trabajadoras forestales. Se podrían crear entre 10.000 y 15.000 nuevos puestos de trabajo en el medio rural español, con personal bien formado, preparado y dotado del material necesario. No como ocurre en la Comunidad de Madrid, que no tiene vehículo ni material suficiente y la plantilla se ha reducido en un 50%.

Gobierno de España: además del Plan Estatal Forestal para salvar los montes españoles, es necesario elaborar, junto con los sindicatos de clase y mediante la negociación colectiva, un convenio estatal del sector forestal que fije unos estándares mínimos y evite los desmanes de las comunidades autónomas en las garras del PP. También debe evitar que sigan precarizando las relaciones laborales, empobreciendo a los profesionales forestales y negando la vida en el medio rural y en sus pueblos, cuyos habitantes tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones que los Feijóos o Abascales de turno.

Gobiernos de las comunidades autónomas: vosotras y vosotros cobráis un buen salario, no seré quien os diga que algunas y algunos no lo merecéis, aunque vuelvo a reiterar y no me cansare de reivindicar más inversión para apagar los incendios forestales en el invierno y me niego cohabitar ni normalizar el fuego permanente por la irresponsabilidad de los gobiernos del PP en las comunidades autónomas. Limpien la masa forestal desde el fin de la campaña de prevención, estructurando, modernizando e incluyendo medidas para los planes forestales en todas las comunidades autónomas, adaptándolos a las nuevas singularidades que está ocasionado el cambio climático. Es evidente y urgente contratar a más personas y estabilizar el empleo precario actual de los contratos no fijos, en fijos e indefinidos. Dejar de negar la negociación colectiva en las comunidades autónomas descontroladas por el PP y Vox y corregir la desestabilidad laboral desde ya, hagan todo lo que este en sus manos contra el fuego.

Sabéis, negacionistas y terraplanistas del PP y Vox, que se ahorrarían miles y miles de millones de euros en los presupuestos públicos apagando el fuego en el invierno para destinarlos a la escuela pública, universidades públicas, formación profesional pública, la sanidad pública, pensiones y jubilaciones públicas y para prevención y protección de los incendios de la masa forestal española.

Proteger vidas, animales, masa forestal y hogares de las familias del medio del rural es otro efecto positivo de actuar en el invierno para apagar el fuego. Me niego aceptar los incendios incontrolados y descontrolados por culpa de la inacción de los gobiernos de las comunidades autónomas del PP y Vox. Los recortes para perdonar impuestos a los ricos, las lamentaciones, las manipulaciones y las mentiras de la señora Ayuso no apagan los fuegos. La UME está para actuar en casos urgentes y grandes catástrofes, no para sacarles las castañas del fuego a los gobiernos de las comunidades autónomas del PP y Vox que perdonan el pago de impuestos a los ricos, que no han invertido en prevención de incendios y han recortado presupuesto para invertir en toreros, incultura, la Fórmula 1 o el hangar del Zendal, en lugar de salvar el monte en el invierno. A los políticos territoriales del PP y Vox les toca ponerse trabajar, dejar de vaguear y hacer política en pro del medioambiente y nunca en defensa del negacionismo del cambio climático.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

Mientras Europa y las dos orillas del Mediterráneo siguen ardiendo, se multiplican los debates sobre lo que se debe hacer en materia de incendios y por qué no se hace. Se olvida a menudo que sabemos mucho. Tanto, que hasta sabemos lo que no sabemos, que es el máximo del conocimiento. 

El actual documento del Pacto de Estado frente a la emergencia climática que propone el Gobierno ya recoge muchas de las propuestas que estos días se han podido escuchar en los medios de comunicación como si fueran algo novedoso. En concreto, el eje 2, titulado “Extensión de un modelo de gestión forestal del siglo XXI, adaptado a la realidad climática, territorial y económica” incluye medidas como: “la gestión activa y anticipatoria de los montes frente al riesgo de incendios forestales, por ejemplo, mediante tratamientos silvícolas preventivos como quemas prescritas y el uso planificado del fuego de baja intensidad, mejora de la prevención, a través de la ganadería extensiva y el pastoreo, y la innovación en tecnologías y maquinaria para trabajos forestales”, o también la “Extensión del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, mediante el impulso a la biomasa térmica sostenible, la construcción en madera, la diversificación hacia nuevos productos forestales, la creación de nuevas cadenas de valor en el ámbito local y el apoyo a los sistemas de certificación sostenible”, o el “Establecimiento de incentivos por servicios ecosistémicos para el sector e incorporación en mayor medida de la gestión forestal sostenible en las ayudas agrarias europeas”, o el “Desarrollo de un paisaje forestal multifuncional, adaptado a los distintos riesgos y que cree valor en el territorio”, o las “Reforestaciones más innovadoras y resilientes, orientadas a la funcionalidad” y un “Modelo de gobernanza colaborativa y participativa para la gestión forestal desde lo local.” 

Obsérvense las comillas que acompañan a las líneas que describen esas medidas, porque son citas literales del proyecto de Pacto de Estado y coinciden con muchas de las propuestas que estos días se han ido oyendo en los medios de comunicación por parte, curiosamente, de los que luego se niegan a sentarse para negociar este dicho Pacto. No sólo eso, sino que la Evaluación de Riesgos e Impactos Derivados del Cambio Climático (ERICC), tiene ya un detallado diagnóstico de los riesgos del sector forestal, base de las estrategias a seguir. 

Por otro lado, no es cierto que no se esté haciendo nada. Lo que ocurre es que la realidad es más dura de lo que pudiera preverse: muchas de las cosas que se hacen no están dando el resultado previsto. Nos enfrentamos a incendios diferentes, de una magnitud y características desconocidas hasta ahora. Si el clima cambia, los fuegos también, y la forma de afrontarlo igualmente. ¿Cómo hacerlo? Desde una radical honestidad intelectual: reconociendo que es la primera vez que nos enfrentamos a desafíos de esta magnitud y que la única forma de hacerlo es experimentando, ensayo-error, vigilancia, control y evaluación, como sabe la ciencia. 

Valga un ejemplo: el proyecto Mosaico desarrollado en Extremadura. La iniciativa surgió tras un gran incendio forestal en la Sierra de Gata en el año 2015. Este siniestro levantó un movimiento social destinado a promover la recuperación de los usos tradicionales de la tierra para lograr un paisaje en mosaico más resistente a los incendios, cada vez más frecuentes, y luchar contra la despoblación.

La iniciativa fue lanzada por la Universidad de Extremadura y cuenta con la financiación de la Junta de Extremadura, distintos programas europeos y la Secretaría de Estado de Reto Demográfico (Ministerio de Transición Ecológica). La clave, además, es que cuenta con la participación de ayuntamientos, agricultores y ganaderos de la zona. Su objetivo no es otro que preparar los territorios para hacer frente a las amenazas que genera el cambio climático. O, como se dice ahora, mejorar la resiliencia del territorio. Lo hace mediante una estrategia participativa enfocada a reducir el riesgo de incendios, mejorar la valorización económica, promover el desarrollo sostenible en la zona y asegurar los recursos territoriales. La solución es conocida: se trata de crear una configuración agroforestal en mosaico para prevenir eficazmente la propagación de incendios. El proyecto ha conseguido reducir un 15% el tamaño de los incendios. Podrá parecer poco, pero es un porcentaje muy relevante y podría ser mayor si se implementaran una serie de cambios legislativos para facilitar la gestión. 

Mosaico es referencia en el mundo, y recibe habitualmente la visita de expertos e investigadores interesados por la metodología y los resultados alcanzados. Tanto, que han creado una red internacional para colaborar y compartir conocimiento. He aquí un ejemplo -hay más- de cómo la buena política salva vidas: aplicando criterios científicos en un proceso de diálogo y colaboración con las gentes de los territorios y el apoyo institucional. 

Quizá, si difundimos más este tipo de iniciativas, consigamos acabar con el discurso del “todos son iguales, nadie hace nada” que tan ligeramente enarbolan los populismos y la ultraderecha. No es cierto: hay decenas, cientos, miles de personas de toda condición (científicos, políticos —sí, también políticos—, ganaderos, agricultores, ecologistas, entidades sociales y ambientales…) que están haciendo lo que está en sus manos. Cosa distinta es que no sea fácil, pero en ello están, estamos. 

En el programa electoral del Partido Popular del 2008 (página 108) aparecía la siguiente promesa: “Aprobaremos la Ley Integral de Lucha contra el Cambio Climático”. En el del 2015 (página 61) aparece: “Estableceremos un marco reforzado para luchar contra el cambio climático”. A continuación, propone una Hoja de Ruta 2030 (que suena mucho a la agenda 20-30) donde se dice que quieren reducir los gases de efecto invernadero y fomentar las energías renovables y la eficiencia energética. Ahora mismo, el Partido Popular dice ya que el Cambio Climático no existe y que en la tierra siempre ha habido cambios de clima. Todavía no sabemos lo que opina el PP de las vacunas, pero ya vimos que estaba en contra del confinamiento…y de lo que haga falta.

No sé si para cuando este artículo se publique se habrán apagado los fuegos de Madrid y Ávila, pero mientras escribo arde Canadá, Inglaterra, Sicilia, Francia…y Zamora, Tarragona… El planeta siempre ha ardido, cierto, siempre ha habido rayos u hogueras mal apagadas, pero no siempre ha hecho este calor, no siempre han estado los montes en este estado, no siempre ha habido tan poca humedad en verano. Las casi 100.000 hectáreas calcinadas en España pueden ser, según los expertos, un millón cualquier día. Y no, no siempre han sido los incendios tan grandes y tan imposibles de apagar. El mundo parece cada vez más pequeño y más interconectado: lo que comemos, lo que respiramos, el calor o el frío que tenemos, las inundaciones, los huracanes...viajamos todos en el mismo barco frágil.

El mundo arde de diversas maneras, no sólo con el fuego, sino también con un calor extremo que amenaza con hacer impracticables grandes áreas del planeta, y la derecha decide no sólo no hacer nada, sino afirmar que no pasa nada. Cualquier persona medianamente normal tiene que preguntarse por qué se ha producido este cambio de posición en el PP, desde una posición normal a otra enloquecida y contraria a la razón y la ciencia. Al fin y al cabo, cuando todo se queme, cuando todo arda, cuando no se pueda salir a la calle en verano, o cuando tengamos que migrar buscando áreas más frescas, eso les afectará también a ellos. Pero con un capitalismo desbocado y cada vez más desigual e injusto, es imprescindible que la gente no se dé cuenta de cuál es el problema y cuál sería la solución. Lo han aprendido de Trump. La mentira sale muy rentable electoralmente.

El capitalismo es un tren sin frenos. Sus defensores no pueden pensar en el futuro, sino en el beneficio inmediato; no pueden pensar en la autodestrucción, sino en el beneficio inmediato, no pueden pensar en aire limpio o en el agua, sino en el beneficio inmediato; no pueden pensar en la prevención del año que viene, sino en el beneficio inmediato; ni siquiera pueden pensar en que mañana mismo España, como destino turístico, estará muerta si hoy, esta tarde, aún pueden tener pingües beneficios con ese turismo destructor. Un planeta finito no puede soportar un crecimiento infinito pero los defensores del capitalismo sostendrán que sí hasta que el fuego arda a las puertas mismas de sus casas, pero eso tampoco les preocupa porque creen que entonces cogerán un cohete y se podrán ir a Marte, junto con Elon Musk.

El capitalismo no puede asumir que hay que invertir en prevención, que hay que invertir en desinvertir, en decrecer, que hay que hacer menos negocio para poder tener más vida. Los políticos de derechas son la voz de las petroleras, de las empresas contaminantes y por eso no sólo no van a hacer nada, sino que tienen que convencer a la gente de que lo ven que no existe y que el calor que tienen es normal. Por eso han pasado de asumir hace unos pocos años que el cambio climático es una realidad, cuando todavía no parecía necesario tomar medidas radicales, a mentir y echar la culpa precisamente a quienes se preocupan por la situación, cuando la gente empieza a exigir medidas.

Necesitan que la gente desconfíe de la ciencia, de la cultura, de la inteligencia, de las instituciones, de la democracia, de lo que dicen los responsables a cargo y también de los vecinos, no vaya a ser que crezca la solidaridad y la ayuda mutua. Al final, necesitan mentir respecto a todo. A la derecha le interesa un medio ambiente social tóxico, irrespirable, en donde verdad y mentira sean indistinguibles, donde todo el mundo se enfrente al vecino y en donde la violencia se expanda, siempre que no sea contra ellos. La estupidez les viene bien y el conocimiento les hace daño porque nos permite entender qué está pasando. Así que se suman con entusiasmo a cualquier mentira disruptiva: las vacunas, la Atlántida, el ciclo del agua (que ya hay negacionistas del ciclo del agua) los chemtrails… y son capaces de convertir a Iker Jiménez en un intelectual.

Y ahora, además, tenemos otro problema grave: las redes que han pasado a ser el medio por el que se informa la mayoría de la gente. Hay que meter mano a las redes ya, pero nadie sabe cómo hacerlo ni desde dónde. En medio de los incendios de Madrid y Ávila, ultraderechistas varios e influencers de toda calaña, inundaban las redes con vídeos falsos en los que se instaba a no hacer caso a la UME ni a los bomberos y en los que se aseguraba que todo era una conspiración del Gobierno, que quiere quemar el campo. No estamos lejos del momento en que haya personas que mueran por culpa de la información falsa. Habrá gente que se quemará en sus casas por no salir a tiempo, que se tirará por un barranco, que no se vacunará en medio de una pandemia mortal o que se empeñara en salir con su velero en medio de un tsunami porque se lo ha dicho un influencer o un político de ultraderecha. Incluso gente que quiere informarse bien puede que no sepa ya dónde hacerlo; todos nos tragamos ya bulos que son a veces indistinguibles de la realidad. Las consecuencias de esto son política y éticamente muy profundas.

El problema es que no es fácil solucionarlo. Alguien decía ayer que se puede, por ejemplo, dejar de insertar publicidad institucional en aquellos pseudomedios que difundan bulos. Pero la publicidad institucional la inserta un partido u otro, y entonces… ¿cómo se va a castigar un partido que difunde bulos a sí mismo? ¿Quién decide qué es un bulo y qué no lo es? ¿Quién decide qué es mentira y qué es verdad cuando no se acepta un suelo de conocimiento común; cuando, desde posiciones de poder, no se reconoce ciencia ni verdad, sino que, por el contrario, se embarulla, se miente, se confunde? ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Se deja que lo decida un juez? Upsss, mejor que no.

En un mundo que ya está ardiendo, más nos vale saber que las redes también arden y que, por ahora, no sabemos cómo apagarlas.

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Beatriz Gimeno es exdirectora del Instituto de las Mujeres.

Hace poco más de un mes, Miguel Moreira se subió por última vez a su camión cisterna. Paró en una nave del polígono industrial de Cojóbar (Burgos), se bajó y conectó los tubos a un depósito subterráneo para vaciar la carga. El operario que trabajaba en la báscula le vio tambalearse y cuando se acercó, notó algo raro en él, no respondía. Le dio tiempo a sujetarlo antes de que cayese a plomo, pero eso no evitó que falleciera de madrugada en la UCI del Hospital Universitario de Burgos.

Muy probablemente, la muerte de Miguel no quedará registrada como lo que fue: un shock provocado por las altísimas temperaturas del secarral donde paró a descargar. Ese día, 24 de junio, España sufría la primera ola de calor de este verano y esa zona se encontraba en alerta naranja en el mapa de riesgo por calor del Ministerio de Sanidad. El país alcanzó durante ese episodio unas temperaturas medias 7,1 ºC por encima de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Amaia Moreira, una de los cuatro hermanos de la víctima, confirma que el cuerpo del camionero no fue sometido a autopsia, sino que fue tratado como un desmayo en la vía pública –así consta en el informe del 112 y ella entiende que fue porque así lo describió la persona que llamó a emergencias– que terminó en una parada cardiorrespiratoria 11 horas después. Su familia pelea ahora con el seguro para que se reconozca la muerte como accidente laboral para acceder a la indemnización.

"Ese lunes ya nos mandó una foto en la que el termómetro del camión marcaba 47 ºC. Bromeó con que cualquier día…", recuerda Amaia. También subraya que no tenía patologías previas y que nunca había tenido ningún susto parecido, sino que que fue un golpe de calor fulminante. "Toda la vida en el camión y ni un accidente, por eso estoy tan enfadada". Miguel era de San Sebastián y falleció con 56 años.

Al no establecerse una relación oficial entre la muerte y el calor, este caso pasará a ser otro de las decenas de trabajadores fallecidos en su puesto debido a temperaturas extremas que no se registra como tal. Según el Ministerio de Trabajo, el año pasado solo murieron cinco personas en España por calor en jornada laboral, pese a que el Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 fallecidos totales atribuidos al calor el pasado verano.

Fernando García, investigador del Centro de Investigación en Salud Laboral (Cisal) de la Universitat Pompeu Fabra, considera que es muy probable que haya víctimas en entornos de trabajo donde no se reconoce el calor como causa. Primero, porque concluir que una persona que murió al caer de un andamio lo hizo por un mareo derivado de la deshidratación requiere de una investigación compleja. Y segundo, porque en los puestos de alto riesgo por calor suele haber una sobrerrepresentación de inmigrantes no dados de alta en la Seguridad Social que quedan fuera de la estadística.

"Sospecho que hay un infrarregistro de muertes por calor, y afecta especialmente a trabajadores vulnerables. Necesitamos estudios para conocer la dimensión de este vacío", opina el experto.

Sobre el caso de Miguel Moreira, García matiza que no siempre es necesario hacer una autopsia si la causa es evidente cuando la víctima es atendida por los médicos, pero desde luego la ley obliga a dejar por escrito de manera rigurosa la causa y el contexto del fallecimiento en caso de accidente laboral. "La ley de riesgos laborales obliga a investigar caso a caso, pero es verdad que ahora hay unas 600 muertes al año, una cifra que además lleva años al alza. Es difícil saber si todas se investigan", afirma este especialista en enfermedades profesionales.

A este protocolo complejo se suma, como dice el investigador, que los sectores más afectados por el calor son la agricultura y la construcción, y, más recientemente, el reparto urbano en bicicleta, profesiones donde abunda el trabajo irregular y la prevención de riesgos laborales es prácticamente inexistente.

Un agricultor de Huelva que lleva más de dos décadas trabajando en Almonte relata a infoLibre que trabajar en verano allí es un verdadero infierno. Hay fincas mejores y peores, pero en la que está este verano se une el maltrato psicológico –gritos y amenazas–, unas condiciones de semiesclavitud –trabajar durante semanas sin descansos porque la alternativa es el despido– y un calor abrasador. Si en el exterior el termómetro marca 40 ºC, debajo de los plásticos que hacen de invernadero pueden hacer 50 ºC o más, con una humedad insoportable que reduce la capacidad del cuerpo para autorregular su temperatura.

"El plástico te suma 10 o 12 ºC fácilmente, pero es que ahí dentro estás durante horas arrancando plantas de frambuesa a brazadas. Y ese día te has levantado a las cinco de la mañana", relata este peón, que prefiere no dar su nombre para evitar represalias. "Y si te ven descansar, vienen a gritarte para que vuelvas al tajo. Si pillas al manijero en un mal día, que suelen ser todos, te pueden mandar a casa tres días sin cobrar".

El agricultor subraya que en estos lugares impera la ley del silencio porque los jornaleros –de Colombia, Honduras, Nepal, Rumanía…– no pueden permitirse denunciar. Y los accidentes, algunos de ellos mortales, no llegan jamás a las estadísticas. Un ejemplo es el de una trabajadora marroquí que murió en Moguer (Huelva) en mayo por un golpe de calor en una huerta de fresas. Organizaciones sociales como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) o la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) denunciaron públicamente el caso, pero no han podido acceder a más información.

"Estas cosas siempre se resuelven igual. Los accidentes se entierran", dice José Antonio Brazo, responsable del SAT en Huelva. "La empresa contacta con la familia y si te corresponden diez te dan dos y asunto zanjado. Y todo el mundo alrededor callado porque si lo denuncias, al año siguiente no vuelves".

En teoría, desde 1995 es obligatorio para todo empresario garantizar un entorno seguro debido a la ley de prevención de riesgos laborales. Como el calor es un riesgo difuso, en 2023 el Gobierno incorporó a la normativa la obligación de adaptar las condiciones de trabajo cuando la Aemet declare avisos por calor. Si una zona está bajo aviso naranja o rojo, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista", dice la norma.

En general, describe el agricultor de Almonte que ha participado en este artículo, esto se cumple en todas las fincas porque basta con empezar a trabajar media hora o una hora antes, sobre las 6.30 de la mañana. No hay coste para el empresario y el rendimiento de los trabajadores aumenta, así que no hay debate.

El problema, dice, es que en la finca donde él trabaja, el jefe se vale de la ley para pagarles menos. "Uno de los primeros días de ola de calor, no se nos avisó de la alerta. Simplemente empezamos a las 7.00, como un día normal, pero a las 12.00 nos mandaron a casa, dos horas antes de lo normal. Y cuando tocó cobrar, como sospechaba, ese día nos restaron las horas y me quitaron un día de cotización", lamenta el trabajador. "Ya no es solo el dolor físico del trabajo, es vivir sometido a un miedo constante. Y si te quejas, se corre la voz y olvídate de trabajar", añade.

La última excentricidad de Ayuso ha caído como un jarro de agua fría entre los usuarios de redes sociales. Rebobinamos un par de días para contextualizar lo que está pasando: en plena crisis de vivienda, la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo en Chamberí valorado en torno a los seis millones de euros. La explicación oficial es que lo han hecho para celebrar reuniones institucionales de manera provisional mientras se reforma la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. En X y Bluesky, la cosa se puso calentita y no paraban de postear contra esta transacción, al considerar injustificado este gasto. En medio de este caos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha intentado darle la vuelta al escándalo anunciando que lo va a vender para destinar la recaudación a los incendios. Aun así, la indignación sigue campando en la red valorando esta acción como una "recogida de cable histórica". Además, les acusan de aprovecharse del incendio para sacar rédito político: "Qué rápido ‘rectifican’ cuando se les tambalea la impunidad", valora @Danny_DGR, "Era todo tan limpio que lo vende porque la han pillado", critica @donmitxel-oficial.bsky.social, “Lo que no se puede negar es que Ayuso es un personaje muy mediático. Bueno, más bien ático entero”, se mofa @hankysolo.bsky.social, “A ver cuántos de vosotros vendéis vuestra casa para luchar contra los incendios y el cambio climático”, ironiza @txapucabor.

Ahí no acaba la cosa. Otros especulan sobre el fin de Ayuso y la posibilidad de que quieran acabar con ella políticamente, y comparan el caso con el de las cremas de Cristina Cifuentes: “Sería interesante saber qué está pensando la antigua directora del Caro (Cristina Cifuentes) a ella se la cargaron por unas cremas que probablemente no sumaban 200 euros. Ha costado más cargarse a Isabel. Génova no hace prisioneros”, valora @IdafeMartin.

Los incendios son el otro tema de la semana (y del verano) y los negacionistas del cambio climático no han tardado en aparecer para quejarse de que “no se pueden coger piñas” en el campo. Los usuarios de redes están respondiendo sin pelos en la lengua y devolviendo el foco a la emergencia climática que representan estos acontecimientos. “Estoy flipando, dice Ayuso que hay demasiada burocracia para limpiar el monte. ¡Pero si los permisos se gestionan en los ayuntamientos o en la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma!”, critica @PatColon.

Feijóo ha vuelto a convertirse en diana de las mofas tras una intervención para hablar de los incendios de los últimos días. Los usuarios de X y Bluesky no han dudado en sacarle punta a sus palabras para reírse de él. “Lo de Feijóo en el puesto de mando de Navalcarnero me recuerda a cuando mi padre me dejaba sentarme en su coche, aparcado y sin las llaves puestas, a mover el volante”, valora @Alissonofabitch, “Como bombero forestal, tengo que decir que, efectivamente, lo que ha dicho el señor Feijóo son sandeces y auténticas idioteces”, tuitea @OscarBForestal.

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