La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por los posibles riesgos que puede presentar la nueva inteligencia artificial china DeepSeek ya que "no protege adecuadamente" los datos de los ciudadanos. Eso es lo que ha revelado, según la OCU, el primer análisis realizado a DeepSeek por esta organización junto a las que forman parte de Euroconsumers (Altroconsumo en Italia, Deco Proteste en Portugal y Test Achats en Bélgica).

El estudio, recogido por EFE, ha desvelado una conclusión preocupante, a su juicio: que el procesamiento de datos de DeepSeek no cumple el Reglamento de Protección de Datos (RGPD) debido a varios motivos.

Entre ellos, que el tratamiento internacional de datos personales no se hace con las salvaguardas legales, que el consentimiento no se solicita de manera adecuada y además - y es posiblemente lo más significativo- existen dudas sobre las medidas de verificación de edad de los menores y del procesamiento de sus datos sin el consentimiento de los padres.

Según las organizaciones, tampoco la política de privacidad de DeepSeek no aclara si los datos de los usuarios se utilizan para la elaboración de perfiles o la toma de decisiones automatizadas.

Por ello, OCU ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos que investigue a las empresas Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence y Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, como responsables del servicio que presta DeepSeek. Le pide que adopte hacia ellas las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la protección de datos de los usuarios españoles y que, en su caso, sancione a las empresas indicadas.

Cuando el mercado funciona a todo gas, siempre hay quien intenta sacar más tajada. En el inmobiliario se está produciendo un auge de herramientas como las llamadas hipotecas inversas y las viviendas inversas o nuda propiedad. ¿En qué consisten? En las primeras, a diferencia de la hipoteca tradicional, no se realizan pagos mensuales al banco, sino que el propietario de un inmueble recibe una cantidad de dinero de una sola vez o en forma de renta periódica utilizando ese bien como garantía real. El dueño puede disfrutar de la casa hasta su fallecimiento, dado que no pierde su propiedad. Esta figura suele utilizarse para obtener liquidez con la que complementar la pensión de jubilación y el mecanismo en principio en simple: el crédito se devuelve cuando el propietario fallece o vende la propiedad.

Según se recoge en el informe La seguridad jurídica de las personas mayores, del Consejo General del Notariado, las hipotecas inversas han ganado relevancia en los últimos años. Si en 2017 se registraron 31 actos de ese tipo, en el primer semestre de este año se autorizaron 143, lo que representa un incremento del 361% en seis años y medio. 

También ha ganado “popularidad” en los últimos tiempos la vivienda inversa, según fuentes del sector inmobiliario que cifran “en miles” las operaciones de esa naturaleza “que se cierran al año”. Muestra de ello "es que los anuncios de nuda propiedad en portales inmobiliarios se han multiplicado”, afirman. En este caso, se trata de "la venta de una propiedad inmobiliaria a un inversor a cambio de un derecho de residencia vitalicio”. Se consigue, explican las fuentes sondeadas, “liquidez inmediata” y un “alquiler mientras se vive”, que “se deduce del pago inicial realizado por el inversor”. En algún anuncio de Idealista se ofrecen además de la vivienda elementos para llamar la atención como una “acción de club deportivo y social” y otro causó revuelo en redes sociales por la edad de quien sería usufructuario: 52 años. "Se supone que son las personas mayores las que más recurren a estos productos, aunque todo puede pasar en un mercado cada vez más precarizado y es probable que esa edad siga bajando”, admiten.

¿Tienen riesgos esos procedimientos inversos? Fuentes de la órbita financiera sostienen que uno de los peligros ligados a la hipoteca “es la falta de información al hipotecante. Por lo general suelen ser personas de cierta edad, que no siempre comprenden la verdadera carga jurídica y económica de lo que firman”, avisan. Para añadir: “Y puede pasar que la deuda que se genera supere el valor del inmueble”.

Antonio Gallardo, responsable de Estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) considera que “hay que tener cuidado” con esas hipotecas “por muchas razones”, aparte de que “es un producto que no a todo el mundo que tiene una vivienda le es rentable”. “Si posees una que valga 150.000 euros -ejemplifica-, y te van a dar una renta de 180 o 200 euros al mes, no te tiene cuenta porque vas a generar una deuda muy grande para recibir una renta muy pequeña”. De ahí que, “las comercializaciones se enfoquen a centros históricos de ciudades o ensanches, zonas con viviendas de precios elevados”, dice, como pueden ser en Madrid áreas como “Moncloa o Chamberí”, con “casas de 500.000 a 700.000 euros, que son muy atractivas” para quienes captan a estos clientes.

Gallardo advierte luego de que hay otro elemento a tener en cuenta a la hora de contratar una hipoteca inversa: “Los tipos de interés son muchos más elevados que los normales, en torno al 6 y el 7%, cuando en el mercado se consiguen, sin estirar demasiado, tipos del 3% o del 3,5%. Es decir, es un coste del doble”, asevera. En el V Barómetro hipotecas Asufin, fechado en febrero de 2024, se hace notar específicamente que han apreciado “una diferencia notable” entre el producto que oferta “Ebn Banco, que se caracteriza porque ofrece un capital y no renta, al generar una deuda muy superior al resto” del “105,93%, frente al 60% aproximado” de los otros operadores. “La hipoteca inversa de EBN es la que genera un mayor sobreendeudamiento, dado que se recibe todo el capital al inicio de la operación -no en formato de renta-, generando por tanto intereses a pagar por la totalidad”, se recoge en el estudio.

“Culturalmente en España no estamos habituados a este tipo de productos, pero es cierto que esto puede cambiar porque la necesidad de dinero va a ser cada vez mayor y vamos a querer mantenerla mucho mejor durante más tiempo”, indica Gallardo, por lo que no descarta que esta hipoteca siga en expansión. “Pero tiene bastante riesgo en el sentido de que lo que se te va a ofrecer es muy pequeño en comparación con la deuda que te va a generar”, incide, por lo que recomienda: “Quien lo vaya a hacer, que se informe bien y que hable con sus herederos para evitar sustos”. ¿A qué se refiere? “Si alguien contrata una hipoteca inversa de una casa de 300.0000 euros, igual esa persona ha recibido unos 90.000 y la deuda puede ser superior a los 200.000 euros”, expone de cara a los descendientes.

Las llamadas viviendas inversas tampoco están exentas de peligros. “Aquí a veces se pierde dinero. Cuando eres muy mayor, el valor del usufructo es muy bajo, por lo que, si se vende la casa, se hará con un descuento muy grande y ahí es donde hay que poner énfasis a la hora de negociar, porque el comprador siempre van a intentar que el justiprecio sea a la baja”, anota el responsable de Estudios de Asufin. “Es una forma quizás mejor de conseguir el dinero -apostilla- porque lo logras todo de golpe y no tienes que pagar intereses, pero hay que estar muy atento a cuál es el valor de la nuda propiedad que te ponen, porque el truco del que comprar es intentar hacerlo con muchos descuentos”, recalca. Según fuentes del sector, "a veces llegan al 50%".

A juicio de Gallardo, “hay tanta demanda de vivienda en todos los segmentos de población, que hay tiburones que van a intentar cazarla cara y buena porque saben que hay mucho mercado y van a lograr un margen muy grande. Son los objetivos primordiales de hipoteca inversa y de venta de nuda propiedad”, concluye.  

De su lado, Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) constata que la fórmula de la hipoteca inversa “sólo tiene interés cuando se trata de viviendas con un alto valor y para personas que no tienen herederos porque la tasación que se hace es baja, la renta que se obtiene es pequeña y los tipos son prácticamente el doble de una hipoteca normal”. La OCU hizo un estudio sobre este tema en 2022 que ya reflejaba que “el 52% de los españoles de más 55 años tenía la pensión como única fuente de ingresos, alrededor de un 30% de los jubilados necesitaba un complemento y el 88% de ellos son propietarios de vivienda. De ahí sale la potencial demanda de este tipo de operaciones, aunque hoy en día no sean mayoritarias", expone.

A juicio de García, "la diferencia entre una modalidad y la otra", entre la hipoteca y la nuda propiedad, "es muy importante". Lo argumenta: "En una se obtiene un crédito que se pagará a la muerte de la persona solicitante y que asumirán o no los descendientes, mientras en la otra, quien adquiere la vivienda lo hace con la idea de que pasará a su plena propiedad cuando muera la persona que la habita".

Y las amenazas que puedan conllevar son distintas igualmente: “En la hipoteca el riesgo se puede medir en cuanto a cuantías y demás y son los herederos los que decidirán si pagan la deuda mediante la venta de la vivienda o hacen que el banco la ejecute y se quedan con la casa". En el caso de la nuda propiedad, "si el fallecimiento se produce pronto, la tercera persona habrá adquirido la casa a un menor precio que en el mercado en condiciones normales", finaliza. Al margen de los mayores, las fuentes del sector inmobiliario mencionan que recurren a esa última opción, asimismo, "gente que por varias razones, como haber estado tiempo desempleado, puede necesitar liquidez y recurre al patrimonio familiar heredado". "Hay incluso ferias inmobiliarias en las que se juntan vendedores y compradores/inversores. El problema para los primeros es que no hay vuelta atrás", aportan. El mercado se sigue afilando.

Uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participó en la investigación relativa al incremento presuntamente ilícito del patrimonio del exministro popular Rodrigo Rato asegura que la mecánica de sociedades utilizada para traer a España fondos desde el extranjero tenía "indiciariamente una voluntad de esconder el origen" del dinero, según informa Europa Press.

En esta vigésima sesión del juicio al exministro en la Audiencia Provincial de Madrid ha comparecido durante más de cinco horas otro de los agentes que participó en la redacción de los atestados elaborados en el marco de la investigación al que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

A preguntas de la fiscal anticorrupción del caso sobre si el entramado y la mecánica eran compatibles con el delito de blanqueo de capitales, ha apuntado que las empresas extranjeras desde las que llegaban los fondos a mercantiles relacionadas con Rato radicadas en España estaban sustentadas o participadas a través de testaferros y administradas por terceros.

A esto ha sumado que esas sociedades transmitían los fondos pero no de forma directa a empresas del exministro sino que lo hacen a través de dos sociedades, Kradonara y Vivaway, que se interponían con testaferros: "Hay elementos indiciarios para decir que hay voluntad de esconder el origen de los fondos".

En este sentido, ha explicado que la lógica es buscar siempre la eficiencia, y en caso de pasar dinero de una cuenta a otra no es lo normal hacerlo a través de un carrusel de empresas, por lo que entiende que había una voluntariedad de "desligar" los fondos del origen.

Por otro lado, la fiscal ha puesto el foco en 2006 cuando se da un cambio en la estrategia de Rato para repatriar fondos. El agente ha explicado que ese año una mercantil de la familia Rato -Aurosur- sufre una inspección y coincide ese hecho con la compra de Vivaway y Kradonara.

Al respecto, el investigador de la UCO ha señalado que desde entonces, en caso de una nueva inspección, la Agencia Tributaria se toparía con esas dos empresas interpuestas que, además, no solían sostener fondos porque según entraba capital salía a las pocas horas. "Lo que hace Rato es singular y además es indicativo de una conducta que puede estar aparejada al blanqueo", ha explicado.

En este sentido, ha añadido que les chocó durante su investigación que Rato se hiciera con Kradonara gracias a la donación de su excuñado Santiago Alarcó -también imputado-, y que este además le mandara un préstamo de 900.000 euros. "No me cabe duda de que (ese dinero, en realidad) es del señor Rato", ha comentado, para sumar que ese préstamo tiene el cariz de participativo y buscaba "justificar la entrada de dinero a España".

Este miércoles, tal y como pasara en al declaración del jefe de la UCO que declaró el martes, también se ha hecho hincapié en el hecho de que los investigadores no tuvieran claro si existía una sola empresa denominada Red Rose o si en realidad se trataba de dos bolsas patrimoniales.

El agente ha sido tajante al respecto explicando que "nunca" llegaron a saber si existían con certeza dos Red Rose pero que esto "no desvirtúa que si los fondos son de origen delictivo, toda la estructura que se hace para introducirlos en España es compatible con blanqueo de capitales".

En otro orden de cosas, el agente se ha referido también al contrato por parte de Bankia de las agencias de publicidad Publicís y Zenith Media para el lanzamiento de la marca de la entidad en 2011. Esta operación está bajo sospecha porque Fiscalía sostiene que Rato habría cobrado una comisión por asignarles ese trabajo y que lo habría canalizado a través del también investigado Alberto Portuondo.

El agente de la UCO ha explicado al respecto que tras tomar declaraciones a responsables de Bankia pudieron conocer que Portuondo no solo asesoró a las agencias para participar en el concurso, sino para ganarlo, y eso teniendo en cuenta que él era uno de los tres responsables que estaban en la terna de lo que debían decidir a quién elegir. "Él se ofrece para ganar un concurso a una serie de empresas, va a cobrar, y lo singular es que está en la terna de personas que decide sobre ese concurso", ha recordado.

Por su parte, la defensa de Rato ha tratado de poner en entredicho la investigación de la UCO en relación a las sociedades extranjeras investigadas, poniendo de manifiesto, por ejemplo, que no se tuvo en cuenta si el exministro residía en España o no en los años objeto de las pesquisas.

También ha puesto el foco en que se hable de sociedades opacadas, tal y como defiende la UCO, cuando a su juicio la propiedad de las mismas era conocida por la Agencia Tributaria antes incluso de que la Guardia Civil entrara como auxilio judicial.

En líneas generales, tanto a esta defensa como a la del abogado Domingo Plazas, el agente se ha limitado a ratificar lo que plasmó en sus atestados al respecto y a la mayoría de las preguntas ha respondido que no recordaba con exactitud los datos por los que era cuestionado.

El interrogatorio de la defensa de Rato ha pasado por momentos de tensión entre el agente y la abogada, lo que ha provocado que la presidente del tribunal haya tenido que intervenir en ocasiones para calmar el ambiente.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que los precios online rebajados durante el Black Friday esconden una subida media del 3%, según el análisis de precios que ha realizado en 63 webs de productos de electrónica y electrodomésticos, según informa Europa Press. En concreto, la organización ha señalado que la cantidad de productos que anuncian correctamente la rebaja respecto a un precio tachado es mínimo, ya que no llega al 1% y suelen esconder subidas de precios.

La OCU ha alertado de que lamentablemente en el 99% de los casos las rebajas que se ofrecen en los productos no son tales. Así, el descuento medio del 23% anunciado supone en realidad una subida media del 3% respecto al precio mínimo de los días previos, llegando en algunos casos al 9% de incremento, como sucede en Amazon.

La organización ha explicado que esta mala práctica es posible por el reiterado incumplimiento de la actual normativa de comercio. En concreto del artículo 20.1 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, recientemente modificada para adaptarla a la última Directiva Europea, que establece que "siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad el precio anterior junto al precio reducido. Se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado en los treinta días precedentes".

De esta forma, OCU denuncia al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que los comercios online analizados calculan el descuento en base al precio anterior que más les convenga, no el más barato en los últimos 30 días, incumpliendo así la normativa vigente.

Así, urge a tomar medias que terminen con esta práctica engañosa y, llegado el caso, sancione "ejemplarmente" a los comercios afectados.

Además, el estudio de precios revela que ninguno de los más de 18.000 precios recogidos el 20 de noviembre era inferior al mínimo alcanzado en los 30 días anteriores. Es más, en uno de cada tres casos el precio era superior, con una subida media del 14% o incluso mayor, como en las webs de Balay, Amazon, LG, Carrefour, MediaMarkt, El Corte Inglés y PC Componentes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que el precio del aceite de oliva está "disparado" y al alcance de "unos pocos", al tiempo que ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que aumente el control de la cadena de producción de este oro líquido, informa Europa Press.

En concreto, la OCU ha avisado en una nota de prensa de que desde el pasado mes de julio, las subidas del precio del aceite de oliva, en algunos casos, superan el 30% y un litro alcanza "fácilmente" los 10 euros. También ha detallado que el precio del aceite de oliva virgen extra, conocido como AOVE, ha subido un 15,4% desde la primera quincena de julio.

"El objetivo de ese control es evitar los abusos y prevenir cualquier especulación que tan negativos efectos tiene tanto para los consumidores, como para los agricultores", ha destacado la OCU. También ha detallado que no se basan en "impresiones", puesto desde han realizado un sondeo de precios en 10 cadenas de supermercados, comparando el coste que tenían 19 marcas de aceite de oliva virgen extra a primeros de julio frente al registrado a final de agosto.

La OCU ha subrayado que ha comprobado que, en apenas mes y medio, la subida de precios ha sido generalizada y afecta a casi todas las marcas en todas las cadenas analizadas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha subrayado que los afectados por la posible cancelación del Reggaeton Beach Festival pueden reclamar a la organización, como responsable de la misma, tanto el reembolso de las entradas como los gastos de transporte o alojamiento que hubieran adelantado para acudir a Madrid este fin de semana, según informa Europa Press.

En un comunicado, OCU subraya que la responsabilidad de la cancelación "recae sobre el organizador" y "no se trata de una situación que pueda ser calificada como fuerza mayor", ya que "existen causas que justifican la denegación", como es la falta de presentación de un plan de movilidad.

En concreto, la organización de consumidores asegura que el promotor del concierto debe ofrecer la devolución del precio pagado "o bien fijar una fecha alternativa para la celebración" del festival, quedando a la decisión del consumidor la elección entre ambas opciones.

Además, deberá hacer frente a los gastos y daños asociados a los afectados que hubieran adelantado el pago del transporte o el alojamiento. Por todo ello, OCU recomienda a los afectados guardar las facturas y reclamar por escrito a la organización en primera instancia.

En caso de no atenderse su reclamación, deberán recurrir a la vía judicial para exigir una indemnización.

Tras conocerse que el Ayuntamiento de Madrid había denegado la autorización para la celebración del festival en el espacio Iberdrola Music porque "no se garantizan las condiciones de seguridad ni de evacuación adecuadas para un evento de estas características", el organizador del Reggaeton Beach Festival ha asegurado en otro comunicado que mantiene la convocatoria y sostiene que se han adoptado "todas las medidas requeridas por parte de las autoridades en relación al montaje de dicho evento".

Asimismo, los promotores defienden que se han presentado "en tiempo y forma" todas las correcciones pedidas en el plan de Movilidad, al igual que "todas las consideraciones solicitadas en las reuniones de seguridad y de movilidad mantenidas con el ayuntamiento y fuerzas de seguridad", sin obtener ningún informe desfavorable.

Además, el organizador asegura que "no ha recibido ninguna notificación formal por parte del Ayuntamiento, por lo que mantiene la convocatoria de la celebración del festival.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid ha subrayado que el Reggaeton Beach Festival "no se va a llevar a cabo" en el espacio Iberdrola Music y ve "difícil" que entre hoy y mañana encuentren otro emplazamiento que reciba los permisos y expedientes pertinentes.

La portavoz del Gobierno municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha trasladado en rueda de prensa que el informe de movilidad presentado por los promotores ayer miércoles estaba "incompleto".

Sanz ha informado de que el promotor está presentando alegaciones después de la decisión adoptada ayer por el Ayuntamiento ante un "plan de movilidad incompleto, informes desfavorables de bomberos y por la comunicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) que traslada que desaconseja la celebración del evento".

Sobre la posibilidad de recurrir a otro espacio, la también delegada de Seguridad y Emergencias ha destacado que ve "difícil que se pueda subsanar porque quedan pocas horas hasta la celebración y están esos condicionantes (informes de bomberos y de Delegación de Gobierno) encima de la mesa".

De la amenaza de lanzar una acción legal contra HP en defensa de los consumidores en cinco países por un problema con sus impresoras en 2021, Euroconsumers pasó a la colaboración con la multinacional en 2022. El cambio se explica por un acuerdo, con obligación de tratamiento "estrictamente confidencial" por las partes, por el que HP ingresaba a Euroconsumers 1,5 millones de dólares y la federación europea de asociaciones de consumidores renunciaba a acciones legales.

De los 1,5 millones de dólares, 150.000 eran para gastos de Euroconsumers y sus asociaciones nacionales en cuatro países europeos, entre ellos España. El resto del dinero, 1,35 millones, debía ser para los consumidores afectados, que iban a ser indemnizados con entre 20 y 50 euros y en casos excepcionales con 95 euros. Lo cierto es que, con el plazo de reclamación ya cerrado, hay menos de 600 posibles beneficiarios.

Así que la gran mayoría del dinero en teoría destinado a los consumidores no irá a parar a los consumidores. ¿Dónde irá a parar? El acuerdo preveía que el dinero sobrante se quedara para actividades de estas organizaciones en defensa de los consumidores. Y a eso es a lo que se va a dedicar.

Euroconsumers asegura que trató de dar difusión a la posibilidad de reclamar indemnizaciones y afirma que esperaba más beneficiarios –lo que hubiera supuesto menos dinero para las propias asociaciones–. La difusión del acuerdo no incluyó una sola rueda de prensa.

Todas las partes hacen un balance positivo del acuerdo. Eso sí, HP señala que está pendiente de recibir información sobre el número de beneficiarios y tanto Euroconsumers como la OCU afirman, en vista de los resultados: "Es necesario hacer una reflexión" [al final del texto se pueden leer íntegras las explicaciones de HP, Euroconsumers y OCU]. Mientras llega esa reflexión, el caso de las impresoras se cierra con Euroconsumers financiándose con fondos de la multinacional y un bajo impacto favorable del acuerdo sobre los consumidores.

Euroconsumers había amenazado en mayo de 2021 a HP con acciones legales en su contra por lo que llamaba entonces el "printergate". En una nota reclamaba a HP una compensación a los consumidores de España, Italia, Bélgica, Portugal y Brasil por una práctica "engañosa, perjudicial y contraria a la competencia". Así lo explicaba Euroconsumers: "HP ha promocionado que sus impresoras eran compatibles con cartuchos de terceros mientras que en la práctica no lo eran. Tras una actualización de firmware, los usuarios recibían un mensaje de error al instalar cartuchos de terceros en impresoras HP. Este mensaje de error hacía creer a los usuarios que el cartucho de terceros, en perfecto estado, era defectuoso y los obligaba a comprar otros más caros de HP, o incluso a sustituir su impresora". La asociación calificaba esta práctica de "ilegal" y recordaba que en EEUU HP había llegado a un acuerdo "aceptando compensar a cada demandante" con entre 100 y 150 dólares, con un coste de 1,5 millones.

Euroconsumers no se limitó a la advertencia pública, que tuvo amplio eco en los medios. También en mayo de 2021 "remitió una serie de reclamaciones extrajudiciales a HP", explica a infoLibre Javier Ramírez, abogado de la compañía. Las reclamaciones se basaban en una decisión de 2020 de la Autoridad Italiana de la Competencia, que había impuesto a HP una sanción de 10 millones de euros. "La ley italiana que permitió esa decisión deriva de la directiva sobre prácticas comerciales desleales de la UE. Esto significa que se pueden reclamar cargos similares en otros países europeos", señalaba Euroconsumers, que solicitaba a HP 150 euros para cada propietario afectado, "al igual que hizo en EEUU".

Y advertía: "En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, Euroconsumers está dispuesta a iniciar una demanda colectiva". Pero esa acción colectiva no llegó a tener lugar. Porque HP y Euroconsumers llegaron a un acuerdo.

Ramírez (HP) recalca que, antes del acuerdo, la compañía llevó a cabo "acciones a nivel europeo" para corregir posibles problemas. "En consecuencia, se trata de un tema pasado, circunscrito a determinado periodo de tiempo y determinados modelos de impresora, por lo que HP inició un periodo de conversaciones con Euroconsumers a fin de [...] encontrar una solución amistosa", añade. Esa "solución" fue un acuerdo, firmado el 31 de mayo de 2022 y de contenido parcialmente confidencial, al que ha tenido acceso infoLibre.

El acuerdo está suscrito por dos partes. Por un lado, lo firman Euroconsumers y sus cuatro organizaciones nacionales asociadas en Europa: OCU (España), Altroconsumo (Italia), Deco Proteste (Portugal) y Association des Consommateurs Test Achats SC/Verbruikersunie Test Aankoop CV (Bélgica); por otro lado, pone su rúbrica HP Inc., en su nombre y en el de sus afiliadas en los cuatro países.

Hasta ahí el quién. Ahora, el porqué formal del acuerdo. El documento se asienta en una serie de premisas, entre ellas que Euroconsumers ha "amenazado con litigar". Es decir, el propio texto hace evidente que el acuerdo es –al menos en parte– una respuesta a dicha amenaza. La discrepancia entre los firmantes también está recogida. La federación sostiene que "HP incurrió en prácticas comerciales injustas y agresivas". HP, por su parte, recuerda que ha recurrido la decisión de Competencia en Italia –aún no hay fijada vista para la resolución– y niega cualquier vulneración legal.

Además de un quién y un porqué, el acuerdo tiene un cuánto. El texto recoge la creación de un fondo de 1,5 millones de dólares, que fueron ingresados por HP en una cuenta en Bélgica de Euroconsumers dentro de los treinta días siguientes a la firma. Un 10% era para los "gastos de administración" de las asociaciones. El 90% restante del dinero, 1,35 millones, debía ser en teoría para los afectados. Aunque el propio acuerdo recogía un plan B. Veamos el detalle.

Las indemnizaciones se calcularían en función del "precio medio teórico de venta" para diversos modelos de impresora. En números: 20 euros por una impresora de hasta 200 euros; 35 por una de entre 200 y 400; 50 por una de más de 400. La cuantía podría incrementarse puntualmente si un reclamante aportaba pruebas de que sus pérdidas fueron mayores. La cantidad, en cualquier caso, no podría superar los 95 euros.Tampoco el total de las indemnizaciones podía superar los 1.350.000 dólares. Si así fuera, las compensaciones se reducirían para que en ningún caso pasaran de ese techo.

Pero, ¿qué había previsto si las reclamaciones admitidas no alcanzaban los 1,35 millones de de dólares? En tal caso, el excedente no se repartía entre los reclamantes, de forma inversa a como se acordaba hacer si superaba esa cuantía. El compromiso alcanzado por HP y Euroconsumers –y sus organizaciones nacionales– es que las partes negociarán "una prórroga del periodo de reclamaciones y/o el uso de los fondos restantes en beneficio de los consumidores, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el pago de campañas y actividades similares con vistas a la educación, formación y concienciación sobre los derechos de los consumidores en los países del acuerdo o destinar los fondos restantes a la investigación científica sobre materiales reutilizables, reciclables y degradables de forma natural o a cualquier otro objetivo relacionado con el medio ambiente".

Así que el acuerdo dejaba abierta la puerta a que los fondos acabaran sirviendo para financiar actividades de Euroconsumers y sus organizaciones. Y así va a ocurrir. Porque los datos recabados por este periódico indican que, en efecto, el total para los afectados queda lejos de los 1,35 millones de dólares.

El plazo de reclamaciones, que se abrió en septiembre de 2022, duró seis meses, pero fue prorrogado por otros tres. La ampliación terminó el 6 de junio. Es decir, el plazo está cerrado. Surgen ahora varias preguntas. La primera: cuántos beneficiarios de indemnización ha habido. La segunda: cuánto dinero han supuesto o van a suponer sus compensaciones y por lo tanto cuánto queda para las organizaciones. La tercera: qué destino se da al dinero restante. Para las dos primeras, las partes no ofrecen una respuesta exacta, aunque Euroconsumers y OCU sí admiten que la realidad queda lejos de las previsiones. Para la última pregunta, la contestación vendría a resumirse así: estamos trabajando en ello. Es decir, aún no está decidido en qué se empleará exactamente el dinero sobrante.

Hay pistas que dan una idea de qué números enmarcan la situación. Las asociaciones reservan en sus webs un espacio para esta iniciativa. De ahí se desprende un balance más que discreto en cuanto a número de beneficiarios. El pasado lunes, 20 de junio, ya con el plazo cerrado, OCU cuantificaba en 241 los "usuarios apuntados". Altroconsumo y Deco Proteste, en 151 y 28 los "participantes". Este periódico no ha encontrado datos de la asociación belga en su web. En respuesta por escrito, afirma que su previsión es 131.

De modo que hay constancia de 551 posibles beneficiarios. Y ese número, en realidad, es probablemente superior al de consumidores que al final serán indemnizados. Por ejemplo, en el caso de la OCU, no todos recibirán compensación, señala la asociación. En síntesis: incluso aceptando la hipótesis más al alza, que 551 consumidores recibieran una indemnización de 95 euros, la cuantía de las compensaciones sería de 52.345 euros [ver nota al final del texto]. Muy lejos de los en torno a 1,4 millones de euros que eran al cambio los 1,5 millones de dólares en junio de 2022.

Tanto Euroconsumers como OCU afirman estar "validando" las cifras definitivas, pero admiten que "no estarán muy lejos" de las publicadas por las asociaciones. Ambas entidades coinciden en dos ideas: "no podemos considerarnos satisfechos" y "es necesario hacer una reflexión".

Mientras tanto, HP espera. "Hemos solicitado y estamos pendientes de recibir la confirmación oficial por parte de Euroconsumers del número total de beneficiados", explica el abogado Javier Ramírez.

¿Por qué se reservaron 1,35 millones de dólares para consumidores, la cifra que a la postre permitirá a Euroconsumers disponer de unos fondos que en principio eran para afectados? La OCU explica que se negoció "la cifra más alta posible para no quedarse corto con los posibles afectados".

Tanto la asociación española como la federación a la que pertenece rebajan la importancia de que el dinero no acabe sirviendo para pagar indemnizaciones y señalan que es "reconfortante" que en el acuerdo figure una cláusula que permite gastar los fondos en "iniciativas orientadas al consumidor", una posibilidad –recalca HP– cubierta por la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios. ¿Qué iniciativas? Euroconsumers afirma que discutirá con HP las actividades concretas a partir de julio.

Una recapitulación: tras una amenaza de acciones legales, Euroconsumers y sus asociadas firman un acuerdo con la compañía amenazada, como resultado del cual acabarán financiando actividades propias gracias al dinero de dicha empresa, mientras se beneficia de indemnizaciones un número de consumidores muy inferior al previsto.

¿Y qué gana HP? Aunque no obliga a nada en este sentido, el acuerdo minimizó las críticas de Euroconsumers, que además se comprometió por escrito "a no demandar o reclamar –o animar o apoyar a otros a demandar o reclamar– contra HP y sus afiliadas" por este caso. "Euroconsumers exonera, renuncia, absuelve y libera para siempre a HP y a sus afiliadas de todas y cada una de las reclamaciones, demandas, sentencias, acciones, pleitos, causas de acción, ya sean colectivas, individuales o de clase, relacionadas con la decisión del IAA [Autoridad Italiana de la Competencia]", señala el acuerdo.

Y añade: "Euroconsumers –incluyendo OCU y Altroconsumo en particular– se compromete [...] a no hacer ninguna presentación ante la CNMC [Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] u otra autoridad pública que pueda socavar este acuerdo". "En caso de que OCU reciba una solicitud [de la CNMC u otra autoridad], a menos que la ley lo prohíba específicamente, OCU notificará sin demora a HP la solicitud y la respuesta propuesta", señala.

Euroconsumers y OCU coinciden en que se trata de un acuerdo "único en su género", porque se produce antes de la demanda. Ambas entidades recalcan que su compromiso de no emprender acciones legales no es genérico, sino que se ciñe a este caso. El abogado de HP señala: "El balance de este acuerdo es positivo tanto para los consumidores como para HP, ya que permite evitar un procedimiento judicial incierto, largo, complejo y costoso para todas las partes".

Dado el diseño del acuerdo, la cantidad de reclamantes –y por lo tanto de indemnizaciones, y por lo tanto de dinero sobrante– iba a venir condicionada por el alcance de las campañas de Euroconsumers y sus organizaciones para hacer saber a los potenciales beneficiarios de compensaciones la existencia de esta vía de reclamación.

Una nueva pregunta: ¿han hecho las asociaciones lo suficiente para difundir el acuerdo?

El acuerdo recoge que las partes deben tratar las negociaciones que lo forjaron y su ejecución de forma "estrictamente confidencial". El documento en sí no fue difundido por ninguna de las partes, aunque sí presentado al Ministerio de Consumo. Esta reserva parcial ha sido compatible con cierta difusión. El 7 de septiembre de 2022 Euroconsumers publicó en su web que había suscrito un acuerdo con HP. Ya no se hablaba de Printergate. Aquella nota informa de las indemnizaciones disponibles y enlaza a comunicaciones de OCU, Altroconsumo, Deco Proteste y Test Achats. Cada una habilitó en su web un espacio de difusión de la posibilidad de reclamar y percibir una indemnización.

No hubo rueda de prensa, confirma Euroconsumers, que un día después de la publicación del acuerdo, es decir, el 8 de septiembre de 2022, celebró una charla-coloquio sobre "el poder transfronterizo de los consumidores" donde se citaba el acuerdo. Al cierre de este texto, el vídeo tenía 129 visualizaciones. Eurconsumers alega: "Enviamos una nota de prensa en cada uno de nuestros países y a nivel europeo con un enorme alcance".

En cuanto a OCU, la asociación española asegura que informó por correo electrónico a través de cuatro envíos en septiembre y diciembre de 2022 y en mayo y junio de 2023 [esta última con el periodo de reclamación cerrado]. Ello supone, asegura, más de 1,5 millones de envíos, a los que se suman "20 publicaciones en la web y redes" y una en la revista Compra maestra. La asociación asegura que con ello ha cumplido la ley y actuado con "transparencia". HP no pone objeciones: "Nos parece que Euroconsumers y sus asociaciones integrantes han desarrollado esfuerzos suficientes".

Deco Proteste se remitió a las respuestas de Euroconsumers, al igual que la asociación belga, que además enlazó al contenido de tres comunicados [aquí, aquí y aquí].

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia ante Consumo "por la manera engañosa" con la que Netflix muestra sus ofertas de contratación, informa Europa Press.

Para la organización, "la ocultación de una tarifa básica no solo socava los derechos de los consumidores a una información transparente y de fácil acceso, sino que también bordea los patrones oscuros", en un momento en que la nueva política de Netflix "alienta a los consumidores a explorar sus diversas opciones".

OCU ha observado que en Italia y España el plan de suscripción 'básico' "no se presenta inicialmente a los clientes y solo aparece una vez que hacen clic en 'ver todos los planes'". A su juicio, no mostrar todos los planes de suscripción disponibles a primera vista "genera confusión y da la impresión errónea de que no hay alternativa más económica a una suscripción con anuncios siendo esta opción la 'estándar', que casualmente también es más cara que la suscripción 'básica' y que parece que de manera deliberada se deja fuera en la presentación inicial".

La organización de consumidores considera que estas prácticas "no solo infringen los derechos de los consumidores, sino que también están diseñadas intencionadamente para engañar a los usuarios".

Por este motivo, OCU y Altroconsumo, ambas organizaciones miembros de Euroconsumers, han presentado denuncias por prácticas comerciales engañosas ante sus respectivas autoridades nacionales de protección al consumidor, la AGCM italiana y la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador en España, para que investiguen y en su caso sancionen este asunto.

También ha destacado que Francia y Alemania "se ven afectadas de manera similar, lo que permite a las autoridades calificarla como una 'infracción generalizada' y buscar un enfoque coordinado con sus contrapartes".

"OCU se oponen al uso de prácticas comerciales desleales como señuelo para engañar a los consumidores e insta encarecidamente a la plataforma de streaming a que ajuste su política de inmediato", sentencia la organización.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lamentado la "falta de previsión" de la organización del festival Primavera Sound Madrid ante la suspensión de la jornada de este jueves por las lluvias y muestra su preocupación por el aforo del ifn de semana, según informa Europa Press.

El festival ha comunicado que suspende la jornada del jueves por "motivos de seguridad ante la adversa previsión meteorológica". La OCU aconseja a los consumidores que tenían previsto asistir, ya fuera con entrada de día o con bono, reclamar el importe correspondiente a sus entradas o la parte proporcional del bono no disfrutado.

Además, la asociación de protección de consumidores recuerda que la organización también debe devolver los gastos de gestión de estas entradas. Y aconseja reclamar a la organización del festival los gastos asociados por esta situación como puede ser gastos de transporte o de alojamiento, al tratarse de una causa de fuerza mayor. Los afectados también podrían reclamar una compensación por los perjuicios adicionales causados por la cancelación.

Al mismo tiempo, la OCU traslada a la organización su preocupación por el aforo ante su oferta de permitir el acceso a las jornadas del viernes o el sábado con la entrada de día del jueves.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que en España hay una espera media de 4,9 días hábiles para obtener una cita presencial con el médico de Familia (4,8 días para una cita telefónica) utilizando la web del Servicio de Salud de cada comunidad autónoma o la app para el móvil, según informa Europa Press.

Este plazo es muy superior a las 48 horas de espera máxima que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad fijaron hace cuatro años en el Marco Estratégico para la Atención Primaria. De hecho, solo el 32% de estas citas cumple actualmente este compromiso, según datos de una encuesta realizada entre el 15 de marzo y el 2 de abril por OCU a 2.261 personas.

Considerando sólo los días hábiles (en los que el Centro de Salud está abierto), y contando a partir del día siguiente del que se pide una cita presencial con el médico de Familia, las comunidades autónomas con mayor tiempo de espera media son Cataluña y Madrid, con 6,9 y 5,7 días, respectivamente.

Frente a ellas, comunidades con plazos muy inferiores, como Murcia, donde la espera media es de 2,9 días; y Castilla y León, donde alcanza los 3 días. Por su parte, las citas para una consulta telefónica reúnen plazos en general muy similares, a veces incluso superiores: en Aragón, por ejemplo, la espera media es de 7,5 días.

La encuesta de OCU recoge también datos sobre los tiempos medios de espera para una consulta con el pediatra, donde también se supera el objetivo de dos días de espera media, aunque en menor medida: 2,9 días hábiles si es una consulta presencial y 2,7 días hábiles si es telefónica.

La encuesta de la OCU también ha recogido datos sobre las esperas para una consulta de Enfermería. En este caso, para una atención presencial se sitúa en torno a los 2 días hábiles, salvo en Cataluña, donde alcanza 3,9 días de media.

A raíz de todos estos datos, la OCU ha lanzado la campaña Más calidad, menos esperas para exigir cita en menos de 48 horas en Atención Primaria, tal y como acordaron los propios servicios públicos de salud.

Pero también para que la atención del médico de familia comprenda un tiempo mínimo de 10 minutos por paciente, una reivindicación histórica de la organización y las asociaciones profesionales sanitarias.

La OCU considera que "ha llegado la hora de empezar a reforzar las plantillas, liberarlas de cargas burocráticas y prestigiar de nuevo la especialidad de médico de Familia, el servicio más básico de la sanidad pública".

Siete de cada diez hogares españoles, el 73%, tuvo dificultades para ahorrar dinero durante el año 2022, frente al 66% en 2021 y el 60% en 2020, en tanto que el porcentaje de familias con "graves" obstáculos para llegar al final de mes fue el año pasado del 11%, casi el doble que en 2020, según los datos publicados en la revista OCU Compra Maestra de abril y recogidos por Europa Press.

En este sentido, las dificultades económicas se han concentrado en Andalucía, donde el 81% de los hogares observa obstáculos para ahorrar, seguido de Canarias (80%), Galicia y Baleares (78% en cada caso) y Castilla-La Mancha (75%).

Asimismo, el índice de solvencia familiar elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que mide la capacidad de las familias para afrontar los gastos del hogar ponderados según su relevancia sobre el conjunto de su economía doméstica, ha descendido en todas las comunidades autónomas, salvo en el País Vasco, Murcia, Asturias y Canarias.

Adicionalmente, el 53% de los encuestados ha considerado que el pago de los suministros de electricidad, gas y agua también supone un gasto difícil de afrontar, mientras que al 48% de las familias se les complica afrontar la adquisición de alimentos frescos, como la carne y el pescado.

Por ello, OCU ha pedido incrementar las ayudas directas a los consumidores vulnerables, especialmente en hogares con niños y padres en situación de desempleo que, según la encuesta, son los más afectados.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha avisado de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), a instancias de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud y de las autoridades sanitarias de Andalucía, ha intervenido nueve marcas de aceite de oliva por carecer de registro sanitario y, por tanto, fuera de control oficial.

De momento se ha procedido a intervenir nueve marcas de aceite de oliva: Acebuche, Virgen del Guadiana, Cortijo del Oro, La Campiña de Andalucía, Galiaceite 2022, La Abadía, Villa de Jerez, Don Jaén Aceite 2019 e Imperio Andaluz. Sus productos, procedentes de mercadillos, gasolineras y almacenes de distribución han sido inmovilizados por las autoridades competentes para ser sometidos a exámenes analíticos.

Según ha podido saber OCU, se trataría de garrafas de cinco litros que se vendían por un precio cercano a los 22 euros, y que se habrían comercializado, al menos, en Extremadura y Andalucía. En los aceites retirados se aprecian características organolépticas alteradas de sabor, olor, color y consistencia, pero según la AESAN no parece que haya riesgos para la salud derivados de su ingesta.

Aun así, en caso de haberlo consumido, la OCU recomienda ponerse en contacto con el centro de salud para que informe sobre la evolución de la alerta y las actuaciones a llevar a cabo.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que, durante las rebajas del Black Friday, la mayoría de descuentos anunciados para productos electrónicos y electrodomésticos fueron en realidad subidas de precios, según han informado en un comunicado que ha recogido Europa Press.

El 99% de los descuentos en compras online de electrónica y electrodomésticos que se aplicaron durante la campaña del Black Friday no fueron tales, sino que escondían subidas de precio respecto al mes anterior. Así, OCU ha recomendado a los consumidores hacer un seguimiento real de los precios antes de realizar sus compras en las rebajas de enero.

OCU ha advertido de que esto podría afectar especialmente a los hogares con menos recursos, pues se prevé que las ventas de ropa y calzado aumenten de forma significativa este mes entre las economías domésticas más vulnerables que habrían pospuesto sus compras para paliar los efectos de la inflación. Esto ya se produjo el año pasado, cuando las ventas de estos productos se incrementaron un 29%.

OCU a aconsejado a los compradores comparar el precio rebajado con el precio antiguo para verificar que se están beneficiando de un descuento real. Además, ha recomendado a los consumidores hacer una lista de lo que necesitan para evitar las compras compulsivas y conservar siempre el tique o factura de la transacción.

Las tiendas físicas no están obligadas a admitir devoluciones de productos en buen estado ni a reembolsar su importe, por lo que la Organización de Consumidores y Usuarios ha recomendado consultar las condiciones de devolución antes de realizar la compra o bien adquirir el producto por Internet, donde el reembolso está siempre justificado.

Las almejas son el producto que más ha subido en las vísperas de la Nochebuena, concretamente un 44%, seguido de los percebes (+33,6%) besugo (+20,7%), la merluza (+12,2%) y las ostras (+11,2%), según la organización de consumidores OCU, ha recogido Europa Press.

Las angulas, por su parte, tienen este año una subida moderada (+10,5%) y la lubina prácticamente mantiene su precio (+0,5%), mientras que los langostinos, que registran una bajada del 4,5%, son la excepción.

En las carnes, el jamón ibérico de cebo es el producto que más sube (+10%), seguido del pavo (+3,8%), el cordero (+2,3%) y el redondo de ternera (+1,5%).

La pularda, según la OCU, es la única carne que baja de precio (-3,1%). Como es habitual, las frutas y verduras son los productos donde predominan las bajadas: piña (-7,8%) y granada (-5,2%), con subidas solo para la lombarda (+1%).

La OCU ha advertido de que los alimentos típicamente navideños han incrementado su precio un 8,2% en diciembre en comparación con los precios que tenían a finales de noviembre.

Asimismo, ha destacado que, al contrario de lo que sucedió en 2021, donde las subidas de precios se concentraron antes del puente, este año se retoma el comportamiento habitual de antes de la pandemia, cuando las subidas se aceleran en la quincena previa a la Navidad.

Los precios han subido en los últimos días un 5,3%, repitiendo el patrón de otros años, con fuertes subidas concentradas en mariscos y pescados y variaciones más moderadas en carnes, frutas y verduras.

En comparación con los niveles de precios del año pasado, los precios se han encarecido un 4,2% y la mayoría de los productos ha recuperado los niveles de precios de 2018-2019. De hecho, cinco de los 16 productos de la cesta (cordero, pularda, pavo, lombarda y almejas) tienen los precios más elevados desde 2015, cuando OCU puso en marcha este observatorio de precios navideños.

En este contexto, OCU ha reiterado sus recomendaciones para aquellos consumidores que quieran evitar las subidas típicas de Navidad.

Así, según la organización de consumidores, es conveniente adelantar las compras (sobre todo en marisco y pescado) o sustituir los productos más caros por otros alternativos más económicos que, aunque tengan menos demanda, pueden resultar igual de interesantes desde un punto de vista nutricional.

Las almejas, el jamón ibérico, el besugo y los percebes son los alimentos que más han encarecido sus precios a pocos días de la Navidad, con subidas de hasta un 19%, mientras que la piña, la granada, la pularda y los langostinos son los que más han bajado sus cotizaciones, según el observatorio de precios de la OCU, informa Europa Press.

En concreto, la organización de consumidores ha detectado, en la segunda ola de su observatorio, un incremento de los alimentos del observatorio de un 2,4%, en comparación con los precios que tenían a finales de noviembre.

Se trata, según la OCU, de una subida típica de las fechas navideñas, que se encuentra muy por debajo de la registrada en 2021, pero en línea con la de los años anteriores al 2020. Este segundo estudio recoge la evolución de los precios desde la primera toma de precios llevada a cabo a finales de noviembre. Además de este, OCU hará un último control en los días previos a Nochebuena.

En concreto, las almejas son el producto que más sube (+19%), seguido del jamón ibérico (+10%), el besugo (+7%) y los percebes (+6%), mientras que los que más bajan de precio son la piña y la granada (-5% en ambos casos), la pularda (-4%) y los langostinos (-3%).

En otros productos como el cordero, el redondo de ternera o las angulas apenas hay variaciones. En general las mayores subidas se concentran sobre todo en mariscos y pescados, mientras que las carnes mantienen su precio y bajan verduras y frutas.

En comparación con los precios que estos productos típicamente navideños tenían en 2021 en estas mismas fechas, mediados de diciembre, la subida media también ha sido del 2,4%.

Así, los productos que más han subido con respecto a las mismas fechas del año pasado son la lombarda (+32%), el pavo (+22%) y el redondo de ternera (+9%). Por el contrario, los que han bajado de precio son las angulas (-14%), las ostras (-13%) y los percebes (-12%).

Los precios online en las principales cadenas de supermercados han subido un 9,4% de media entre el 20 de marzo de 2021 y el 8 de marzo de 2022, según un estudio de precios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre 156 productos de alimentación, higiene y droguería en diez ciudades españolas, recogido por Europa Press.

En concreto, la organización de consumidores, que califica de "preocupante" este incremento de precios, ha explicado que responde a diferentes factores como la escalada de precios de la energía y de las materias primas, como los fertilizantes, el trigo o el aceite, que gravan la producción y la distribución de las explotaciones agrícolas y ganaderas, así como el impacto que está teniendo el impacto de la guerra de Ucrania.

El estudio muestra que no todas las cadenas de supermercados han aumentado de igual manera sus precios. Así, Carrefour acumula una subida del 12,1% los últimos 12 meses y Mercadona un 11,4%, mientras que en El Corte Inglés e Hipercor la subida ha sido del 7,7%. No obstante, tanto Mercadona como Carrefour siguen manteniéndose entre las cadenas nacionales más baratas, junto con Alcampo.

Las subidas de precios alcanzan al 84% de los productos analizados, especialmente los de alimentación. Así, entre los más afectados son los aceites, que se han disparado una media del 34%, los pescados (16%), los alimentos envasados (11%) y los lácteos (11%).

La OCU alerta de que las subidas se sienten especialmente en los productos de marca blanca, ya que parten de precios más bajos y las califica de "muy preocupantes", ya que, de mantenerse, supondrán un incremento de más de 500 euros al año en productos de la cesta de la compra de una familia media.

Ante esta difícil situación para los hogares españoles, la organización de consumidores ha solicitado a la Administración que se articulen medidas para proteger a los hogares económicamente más vulnerables.

El alza de los precios de alimentación supondría un incremento de más de 500 euros al año en productos de la cesta de la compra en una familia media en España, según los datos del observatorio de precios de alimentación realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que advierte de una subida media del 9,4%, según ha recogido Europa Press.

En concreto, el observatorio de precios de OCU recoge la evolución de 156 productos incluyendo productos frescos como frutas, verduras, carnes y pescados, así como alimentación envasada, droguería e higiene e incluyendo tanto productos de marca de fabricante como marcas blancas en 9 cadenas de supermercados de ámbito nacional.

La OCU ha advertido de una subida media del 9,4% en la cesta de la compra. Así, un 84% de los productos (131) ha subido el precio, frente a solo un 16% (solo 25 precios) que han bajado.

Según los datos del estudio, los productos que mas han subido han sido el aceite de oliva suave de marca blanca (53,6%) y el aceite de girasol de marca blanca (49,3%), seguido de la botella de lavavajillas (49,1%) y la margarina (41,5%), mientras que con subidas entre un 30% y un 40% figuran productos de pasta, los plátanos de Canarias y el salmón en rodajas.

Por el contrario, entre las escasas bajadas, ninguna alcanza al 10%, el solomillo de cerdo es el producto que más baja (-9,4%), seguido por las cebollas (-8,5%) y varios productos de droguería e higiene como el jabón de manos de marca blanca, dentífrico, maquinillas de afeitar y limpia baños, con bajadas entre el 4,1% y el 8,4%.

OCU ha destacado que la subida media haya sido de un 9,4% en el último año no quiere decir que la subida se haya producido de un modo uniforme en ese periodo.

De hecho, en los dos meses y medio que van desde el 20 de diciembre de 2021 al 8 de marzo de 2022, la subida media ha sido de un 5,1%. Es decir, más de la mitad de la subida se debe a lo ocurrido en los últimos meses, lo que da idea de la aceleración que se ha producido en el incremento de los precios y que, casi con toda probabilidad, va a continuar en los próximos meses como consecuencia del traslado a los precios de los productos del incremento de los costes derivados de la energía.

Sin embargo, esta subida no afecta por igual a todos los productos y categorías de alimentación, ya que en el caso de los aceites, los de marca blanca son los que más suben. Lo mismo sucede en los productos de despensa, ya que en lácteos y pescados todos los productos suben, mientras que en higiene y droguería son las únicas categorías donde es significativo el número de productos que bajan.

La OCU ha mostrado su "preocupación" por la tendencia alcista de los precios de los productos básicos de la cesta de la compra, por lo que ha solicitado al Ejecutivo "medidas urgentes" para intentar frenar esta tendencia que está impactando en los hogares españoles.

Los hogares con dificultades para ahorrar representaron en 2021 el 66% del total, 6 puntos más que en el año 2020, lo que refleja un "grave deterioro" de la solvencia de los hogares españoles, según la última encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), recogida por Europa Press, a 3.813 personas para valorar la solvencia financiera de los hogares, es decir, su capacidad para afrontar los gastos domésticos en vivienda, movilidad, alimentación, salud, educación y ocio.

En este sentido, la encuesta recoge que el 8% de los hogares sufrían en 2021 dificultades económicas, 2 puntos más respecto al año anterior y se espera que, en el actual contexto de inflación al 9,8% en marzo, la "ya complicada situación económica de miles de familias" se va a deteriorar, "si cabe aún más".

"La pérdida de ingresos supone serias dificultades para afrontar el pago de los suministros del hogar y adquirir alimentos frescos", han señalado desde OCU. Así, por ejemplo, la encuesta refleja que un 34% de los encuestados tiene dificultades para afrontar el pago de los suministros de luz, gas o agua y un 31% para adquirir alimentos básicos como carne o pescado.

Además, otros asuntos como acudir a la óptica o al dentista resulta "un lujo": supone un importante esfuerzo económico para el 31% y el 46% de las familias, respectivamente.

Por regiones, los hogares de Canarias, Murcia, Baleares, Andalucía y Madrid son los que más han sufrido en su economía las consecuencias de la pandemia. Especialmente afectada se ha visto la comunidad murciana, que ha bajado diez posiciones en apenas un año.

Para hacer frente a la actual situación económica, OCU ha reclamado "ayudas directas" para los consumidores vulnerables, especialmente en hogares donde residen niños o desempleados.

Además, ha considerado que se debería de "agilizar" el acceso a otras ayudas que ya existen, como el bono eléctrico o térmico. "La organización estima que alrededor de 1,2 millones de hogares no disfrutan de esta última ayuda aun cumpliendo los requisitos para recibirla, por no haber sido informados correctamente de su existencia o por las dificultades para tramitar su acceso y mantenerlo", han subrayado desde OCU.

Alcampo, Supeco, Consum, Mercadona y Lidl ocupan el top-5 de los supermercados a nivel nacional más baratos para hacer la compra en España, según el estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el coste de la cesta de la compra y recogido por Europa Press. Completan este top-10 de cadenas nacionales Aldi, Carrefour, Alcampo Supermercado, Carrefour Market y Mi Alcampo, seguidas por los establecimientos de Dia Maxi y Dia & Go.

En concreto, Alcampo es el comercio más barato en 23 de las 66 localidades visitadas, lo que supone un tercio de todas ellas y cuenta con el establecimiento más barato en España, el hipermercado localizado en Murcia, mientras que Mercadona es el establecimiento más económico en 17 de ellas y Supeco, en ocho.

El informe muestra que los hipermercados son el formato comercial donde más barato resulta hacer la compra, seguido muy de cerca por los hipermercados regionales y los formatos de descuento, que son la mejor opción en la cesta económica.

Según la OCU, las ciudades donde más barato resulta hacer la compra son Jerez de la Frontera, seguida por Almería, Castellón, Puertollano, Zamora y Ciudad Real. Por el contrario, Las Palmas de Gran Canaria repite como la ciudad más cara a nivel nacional, seguida por Getxo, Palma de Mallorca, Barcelona y Alcobendas (Madrid). Por comunidades autónomas, Valencia y Murcia son las regiones más baratas para llenar la cesta de la compra, en tanto que Baleares, Canarias, País Vasco y Cataluña son las más caras.

El informe ha analizado un total de 160.976 precios de productos tras visitar 1.103 establecimientos repartidos por 65 ciudades españoles además de Internet.

Aquí se puede buscar por ciudades y supermercados:

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reveló el pasado miércoles que algunas compañías eléctricas han inflado hasta en un 30% los recibos de la luz de sus clientes en el mercado libre aprovechando los cambios en los peajes que empezaron a aplicarse el pasado 1 de junio. Además de esa variación en los peajes, incluyeron un aumento en el coste de la energía facturada. Mientras unas empresas han informado al cliente de manera “transparente y comprensible” sobre ese coste adicional, dándoles la posibilidad de rescindir el contrato sin penalización, otras han mentido al consumidor asegurando que la subida en el recibo se debía únicamente al cambio en los peajes.

Pero la CNMC no ha hecho públicos los nombres de las eléctricas que han cometido lo que, según explica la Organización de Consumidores de España (OCU), puede constituir una infracción grave, castigada con multas de 600.000 a seis millones de euros. Ni tiene intención de hacerlo, por lo menos hasta que termine el procedimiento de supervisión a las compañías en que está embarcado el organismo, explica un portavoz. De momento, ha finalizado una primera fase, tras solicitar información a las 25 comercializadoras con mayor número de clientes, que poseen una cuota de mercado del 91% de puntos de suministro en el mercado libre en baja tensión. En la segunda, pidió información a las siguientes 18 empresas del ranking. Ahora está analizando los últimos datos para averiguar si éstas han inflado también los recibos. No se sabrá el resultado de la supervisión hasta dentro de unas semanas. Cuando finalice, la CNMC determinarási se trata de “una irregularidad en vías de corrección o de una infracción”. Sólo en este último caso abrirá un procedimiento administrativo, un expediente, y desvelará los nombres de las empresas infractoras.

“No se puede concluir sobre la comisión de un ilícito sin previa tramitación de un procedimiento en el que se incluya la posibilidad de alegación y prueba por parte de los administrados. No hacerlo así constituye una vía de hecho que queda al margen de cualquier Estado de Derecho y, además perjudicaría el posterior sancionado (al haberse ya prejuzgado la decisión en un informe previo)”, argumenta la CNMC.

Tanto Facua como la OCU han pedido por escrito a la CNMC que haga públicos ya los nombresFacua de estas comercializadoras. También que las sancione con carácter inmediato. El supervisor asegura que ha “solicitado” a las eléctricas que “regularicen” los recibos aplicando los “precios correctos”. “Muchas” de ellas, añade sin precisar más, ya han comenzado a hacerlo. Es decir, a devolver el dinero cobrado indebidamente. Un proceso, además, que también supervisará la CNMC. 

Sin embargo, para la OCU, la publicación de los nombres una vez concluido todo el procedimiento llegará “tarde”. “Los consumidores están con las manos atadas por la falta de transparencia”, explica a infoLibre su portavoz, Enrique García. No sólo desconocen a quién deben reclamar si se les ha cobrado de más, sino que ya de por sí se encuentran indefensos por culpa de una factura “artificialmente difícil” que es “territorio abonado para los abusos”“territorio abonado para los abusos”. También advierte de que no es suficiente con “pedir” a las compañías que regularicen los recibos, sino que debería “obligárseles” a hacerlo. “Estamos a disposición de las asociaciones de consumidores para compartir los análisis que estamos haciendo”, apunta por su parte la CNMC a preguntas de este periódico. Su portavoz niega que el consumidor quede “desprotegido”. “Seguiremos este tema hasta que se regularice la situación de todas las comercializadoras”, avanza.

Lo que dice la ley

La CNMC no publica los nombres de las empresas a las que inspecciona cuando investiga, por ejemplo, un posible cártel que distorsiona la libre competencia. Sólo lo hace una vez que abre el expediente administrativo. En el caso de los informes de supervisión –de sectores como el eléctrico, que tiene bajo su competencia–, no revelar la identidad de las empresas infractoras responde “más a una práctica” que al cumplimiento de una normativa interna, indica el portavoz de la CNMC. De hecho, el supervisor de los mercados está sometido a la Ley de Transparencia igual que cualquier otro organismo público. Para que no fuera así, la CNMC tendría que contar con un “régimen jurídico propio y específico de acceso a la información” en su ámbito, tal y como establece el Tribunal Supremo en una sentencia de noviembre de 2020, que resuelve un litigio de transparencia contra otro supervisor, la CNMV. Según el Alto Tribunal, la Ley de Mercados de Valores “no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el régimen general de acceso a la información” contenido en la Ley de Transparencia, “ni limita o condiciona el acceso a la información en materias que no se encuentren protegidas por la confidencialidad”. En el caso de la CNMC, el breve capítulo VIII –sólo tiene dos artículos– de su reglamento de funcionamiento se limita a indicar que su actuación “se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente sobre transparencia”.

En la Ley de Transparencia, el artículo 14 enumera las limitaciones del derecho al acceso a la información pública, entre ellos “los intereses económicos y comerciales”. Pero como precisa el abogado y experto en Transparencia Miguel Ángel Blanes Climent, el Tribunal Supremo ya dejó claro en una sentencia de 2017 que esos límites deben ser “interpretados de forma estricta”, para no dejar sin efecto el derecho de acceso a la información pública. “La posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración”, dictaminan los jueces. La ley establece también que la aplicación de esos límites debe ser “justificada y proporcionada” y “atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”.

En el caso de las infracciones cometidas por las eléctricas, el “interés público es indudable y más que notorio”, subraya Miguel Ángel Blanes, teniendo en cuenta además la trascendencia de los precios de récord de la luz en la economía de los hogares golpeados por la crisis del coronavirus. La normativa de protección de datos no prohíbe la publicación de los nombres de esas empresas, añade el experto, por lo que deberían publicarse para no aumentar la alarma social e incluso para defender la reputación de las compañías que no han inflado las facturas o, si lo han hecho, han informado a los clientes como exige la ley. Ahora, y mientras no se sepa quiénes son las infractoras, abunda el portavoz de la OCU, Enrique García, todas están bajo sospecha.

Tal vez por ese motivo Iberdrola y Endesa se han apresurado a asegurar que no han sido “contactadas” por la CNMC para ”corregir errores de adaptación de los contratos” y que han seguido la metodología marcada por el supervisor para los nuevos peajes eléctricos. Pocas horas después de que ambas empresas negaran estar en el grupo de las infractoras, la CNMC publicó en su blog datos que precisaban el volumen del abuso cometido con los clientes: sólo en el 1,4% de los contratos analizados en la primera fase de la supervisión se habían inflado los recibos, unos 240.000. De ellos, en 150.000 las comercializadoras no habían informado a los consumidores convenientemente.

Algunas de las posibles infractoras

A falta de lo que decida la CNMC cuando termine su supervisión, la OCU ya dio el pasado mayo alguna pista sobre quiénes son las empresas que han infringido, precisamente, las normas de transparencia del mercado eléctrico. Entonces denunció que ciertas empresas estaban cobrando un 27,3% donde sólo debería haberse subido un 8,5% el recibo. Y citaba a Esfera Luz y Eres Energía como las comercializadoras con mayores aumentos. Seguidas de Naturgy, LuceraLucera en su modalidad con precio fijo, Gana Energía y Holaluz.

Por el contrario, aseguraba, las compañías en cuyos precios habían repercutido sólo los cambios regulados eran Lucera con su tarifa indexada, Som EnergíaSom Energía y Goiener.

Curiosamente, una de las exigencias de la CNMC a las eléctricas es que sean transparentes, en cumplimiento de la Ley del Sector Eléctrico, que establece el derecho del consumidor a recibir el servicio “a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios”, así como a ser “debidamente avisado de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato”. No puede ser de otra manera: el propio supervisor destaca en su reciente informe de supervisión “el carácter de servicio de interés económico general” que constituye el suministro de energía eléctrica.