Las comunidades del norte del país, que tradicionalmente han sido un refugio frente al calor del verano en España, son las que más riesgo presentan para la salud durante los episodios de temperaturas extremas como el que se espera este fin de semana. Aunque los termómetros allí no se disparen tanto como en Córdoba, Zaragoza o Cáceres, el mayor número de avisos del Ministerio de Sanidad por exceso de calor durante el verano pasado se registró en Asturias, contra todo pronóstico, y las comunidades con más muertes atribuibles al calor –en relación a su población– fueron Castilla y León y Galicia en los últimos dos años.

La tendencia este verano apunta en la misma línea, pero de manera incluso más exagerada. Según el Monitor de Mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III, desde el 15 de mayo hasta ahora se estiman 168 muertes atribuibles al calor en España, y 148 de ellas (el 83%) se concentran exclusivamente en Asturias, Galicia y País Vasco. En Andalucía, el epicentro del calor en España, solo se estiman cuatro fallecimientos. 

Los picos de temperatura de lugares tradicionalmente cálidos son los que reciben atención porque allí se registran las temperaturas más salvajes, pero los expertos subrayan que el riesgo para la salud radica en lo acostumbrada que esté la población a ese calor y en la adaptación de las casas y las ciudades a él, como recuerda Julio Díaz, investigador del  Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la Escuela Nacional de Sanidad.

"La clave está en el umbral de mortalidad por temperaturas que tiene cada región porque no es lo mismo 37ºC en Sevilla que en A Coruña. En la primera puede ser duro, pero en la segunda es una barbaridad", opina Díaz. "En Sevilla es muy raro el que no tiene aire acondicionado o toldos, o los pueblos de Málaga tienen calles estrechas para que corra el aire y las casas son blancas para reflejar la luz. Eso no ocurre en Galicia", resume.

Este investigador fue precisamente uno de los ideólogos del mapa Meteosalud, del Ministerio de Sanidad, que se actualiza cada día con el riesgo sanitario por altas temperaturas en España en las 182 zonas meteorológicas en las que se divide el país. En él se cruzan la temperatura esperada para las siguientes tres jornadas y los datos históricos de mortalidad por calor, y evidencia las grandes diferencias que hay en el país.

Por ejemplo, en la costa de Cantabria la temperatura máxima a partir de la cual se considera riesgo de salud son 26,7 ºC, y 31,2ºC en la zona centro de esa Comunidad, mientras que en Badajoz las alarmas no saltan hasta los 39,9ºC.

El mapa de Meteosalud también envía alertas cada día en forma de tres colores (amarillo, naranja o rojo) cuando se prevé que una zona del país vaya a sufrir un episodio de riesgo sanitario. Esta cartografía es diferente al clásico mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), puesto que el primero se basa en índices sanitarios y el segundo simplemente compara los picos de calor con datos históricos de temperatura, sin tener en cuenta la capacidad de la población de adaptarse a la situación.

Un análisis de todos los avisos de Meteosalud publicados el verano pasado arroja que las provincias del norte del país son de lejos las más preocupantes. Sumando los emitidos en amarillo, naranja y rojo, Asturias es la número uno (259 avisos), seguida de Tarragona (203), Cantabria (162), Pontevedra (150) y Valencia (114). Esas cifras no equivalen a que en 2025 hubiesen temperaturas peligrosas durante 259 días, en el caso de Asturias, sino que la suma de las cuatro zonas meteorológicas de Asturias tuvieron en total ese número de avisos. 

Si se cuentan solo las advertencias de nivel rojo, durante las cuales el organismo está sometido a temperaturas realmente peligrosas, Tarragona es la primera (44 avisos), seguida de Asturias (38), Pontevedra (38), Cantabria (33) y Soria (30).

Como el resto de España, las comunidades autónomas tradicionalmente frescas en verano también están sufriendo un incremento de la temperatura media anual de los récords de temperatura máxima y de las temperaturas nocturnas.

Por ejemplo, en Cantabria, una de las regiones que ocupa los rankings de riesgo por calor, los datos de laAemet apuntan a un aumento de 0,3ºC por década en las temperaturas medias, el equivalente a alrededor de 1ºC más en lo que va de siglo. En cuanto a registros extremos, hasta 2022 nunca se había registrado una temperatura superior a 42ºC, pero desde entonces se ha medido en 22 ocasiones. En cuanto a las noches tropicales (una mínima superior a 20º), el promedio del periodo de referencia (1991-2020) es 3,5 días al año, y en los últimos cinco días se ha casi duplicado esa estadística, hasta 5,8 días.

Sergio Fernández, delegado de Aemet en Cantabria, explica que el debate sobre el calor empieza a ser cada vez más recurrente en la política y la sociedad cántabra a medida que la situación empeora. "Aquí nunca ha hecho falta aire acondicionado, pero en mayo llegamos a alcanzar los 37,1ºC, un récord para ese mes, y se abrió el debate sobre su necesidad en las aulas. La particularidad de este episodio es que fue más fuerte aquí que en el sur de España y llegamos a medir 10ºC más de lo que tocaba en esas fechas", afirma este doctor en ciencias físicas.

Una mañana, tras un sueño intranquilo, la cucaracha se despertó convertida en un monstruoso consejero.

A pesar del calor en el exterior, se sorprendió al mirarse y ver que había perdido sus numerosas patas y su color negruzco y estaba vestido de la cabeza a los pies.

Estaba echado de espaldas sobre un costoso traje y llevaba una chaqueta sobre la camisa de manga larga y notaba algo que le apretaba el cuello, una corbata también azul.

El color corporativo, recordó.

—¿Qué me ha ocurrido?

No estaba soñando.

Su despacho tenía el aspecto habitual.

Sobre la mesa había desparramado un muestrario de informes sin abrir –recordó que ahora era consejero de algo– y de la pared colgaba una foto gigante de su lideresa.

Miró hacia la ventana; hacía mucho calor, sobre la ventana de doble cristal aislante aún se podía sentir que afuera el sol estaba convirtiendo ya la ciudad en un infierno, a pesar de ser aún junio. Lo que le hizo sentir una gran melancolía, otra vez llegaba el verano y por fin podría irse de merecidas vacaciones.

Le dio un súbito sudor al ver en su teléfono móvil que la temperatura era de más de 35 grados y ponía en la pantalla un mensaje de “alerta por altas temperaturas”.

El sudor repentino no llegó a materializarse al mirar el climatizador de su despacho y comprobar que marcaba menos de 25 grados. Claro, ahora entendía lo del traje y la corbata.

“Bueno —pensó—; ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras?”

Pero no era posible, pues tenía que ir a un pleno sobre algo.

¡Qué cansada es la profesión que he elegido! –se dijo–. Siempre dando explicaciones sobre cosas que me importan una mierda.

Por los pasillos sus compañeros, de lo que parecía su trabajo, iban también trajeados y con muchos papeles encima y le sonreían, sonreían mucho al verle por los pasillos.

Incluso los que llevaban la corbata de otro color, de color verde.

No sabía si estaban al tanto de su pasado cucarachesco o ellos también habían sufrido esa metamorfosis, pero lo agradeció.

Se sentía integrado, una cucaracha más de la plaga, a pesar de su nueva apariencia.

Llegó al Pleno y desde la bancada de enfrente le hicieron una pregunta sobre deportes que no entendió muy bien pero, parece ser, su trabajo consistía en responderla.

Su cerebro de cucaracha no entendía nada, pero notó que unas palabras salían de su boca a borbotones: “El calor a lo mejor es fuente de inspiración”, y lo remató con una sentencia que le sonaba de haber escuchado en un brumoso pasado reciente: “Cuando hace calor, hace calor”.

Y para reivindicar su nuevo aspecto se le ocurrió rematar con otra frase que le pareció que le humanizaba: “Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿saben lo que he hecho?: ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón corto, como hemos hecho toda la vida”.

La frase le salió del tirón, sin pensar.

Durante unos segundos se quedó expectante hasta que notó, por encima de unos abucheos, un ruido ensordecedor a su alrededor, eran sus compañeros que le aplaudían efusivamente.

Suspiró aliviado.

Salió del Pleno entre las felicitaciones de sus colegas.

Parece que había encontrado el sitio perfecto para sobrevivir, iba a adaptarse de maravilla a esta nueva condición de humano en este lugar idílico para los de su especie.

Pasaron los días y ya casi no le sorprendía la escasa consideración que tenía para con los demás en los últimos tiempos.

Una mañana, al llegar a su despacho a 23 grados y abrir el ordenador, vio una noticia con una foto de plagas de cucarachas en colegios públicos de su ciudad, viviendo entre humedad y críos de menos de 3 años jugando junto a ellas, y sintió una profunda nostalgia de su pasado con sus semejantes.

Pero la nostalgia apenas le duró unos instantes al abrir otras pestañas del ordenador y leer otros titulares de, suponía, compañeros de transformación: “Los niños de ahora no son de mantequilla”, “Los niños pueden llevar abanicos… un abanico puede ser una terapia ocupacional muy importante para los niños haciéndolo como lo hacíamos cuando éramos pequeños: dobla, dobla, dobla y tienes el abanico”.

Comprendió, aliviado, que no estaba solo.

Por fin sabía que su metamorfosis no había sido la única; las cucarachas se estaban apoderando del mundo de los humanos, y no sólo en España, era un fenómeno mundial.

Igual era la única forma que sus semejantes habían encontrado para sobrevivir como especie, en despachos climatizados, al apocalipsis climático que se avecinaba.

Sonrió y sacó un agua fría de la nevera.

Vivimos en un mundo con un ritmo frenético económico que impone una dinámica donde el éxito se mide exclusivamente en términos de crecimiento material ilimitado. El capitalismo, en su búsqueda insaciable de beneficio, fomenta un modelo de consumo irresponsable que devora los recursos naturales a una velocidad drásticamente superior a la capacidad que tiene la Tierra para regenerarlos. Vivimos atrapados en una dinámica de falsa abundancia perpetua, donde el éxito comercial se traduce en el vaciado de nuestros ecosistemas, extinguiendo la biodiversidad, degradando los suelos y contaminando el aire. En términos económicos, la humanidad opera bajo una irresponsabilidad absoluta: estamos agotando el saldo disponible de la Tierra y entrando en números rojos ecológicos.

El 4 de junio alcanzamos el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra,  la fecha en la que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad en un año concreto supera lo que la Tierra puede regenerar en ese año, es una alarma global que cada año llega antes debido a la deforestación, la sobrepesca, la sobreexplotación agrícola y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en que nuestro país consume anualmente el equivalente a 2,5 planetas, sosteniendo un enfoque extractivista insostenible.

Lejos de ser un problema que nos afecte a todos por igual, el déficit ecológico pone de manifiesto una dolorosa fractura social y humanitaria. Existe una desigualdad flagrante: mientras potencias mundiales dilapidan recursos —si todos consumieran como el estadounidense medio se necesitarían 5,1 planetas—, el derroche de los ultrarricos condena a los países que menos consumen a sufrir las peores consecuencias de la crisis ecológica, como la inseguridad alimentaria y los conflictos por el agua.

Esta desconexión representa una amenaza directa contra los derechos humanos y la vida. Al priorizar la extracción masiva de minerales para el rearme o el maquillaje verde por encima de la supervivencia colectiva, los gobiernos comprometen el futuro de las próximas generaciones. Las proyecciones de la NASA ya alertan de que para 2050 zonas de España como Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana padecerán meses seguidos de temperaturas extremas, volviéndose inhabitables.

Resulta imperativo y urgente adoptar una visión sistémica y humanista. Es indispensable exigir al poder político objetivos vinculantes que frenen el consumo, transformen la movilidad, alarguen la vida útil de la tecnología y mejoren el reciclaje, por ello debemos rediseñar nuestras ciudades y economías no solo para que resistan al colapso, sino para transformarlas en espacios de regeneración real donde el bienestar humano y los límites de la Tierra convivan en armonía.

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Petra Rogero Anaya y Jose Luis Carpintero son socios de infoLibre.

Castilla y León ya era considerada hasta este miércoles la comunidad con el dispositivo antiincendios más caótico y precario del país, con bomberos trabajando para docenas de empresas diferentes y una Junta incapaz de coordinar los medios de extinción en verano y de prevención en invierno. A esto se suma ahora la decisión de PP y Vox de repartirse las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, una decisión que podría dejar a los bomberos forestales entre dos aguas.

El PP ya ha dicho que ellos se quedarán con la gestión del dispositivo de incendios, pero Vox tendrá a su cargo una serie de competencias de esa rama en un área llamada "Política Ambiental", que todavía no se han concretado, y que se integraría en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Rural. Según explican fuentes del PP a infoLibre, Vox tendrá un espacio estratégico para condicionar la política rural, la caza, la pesca, el lobo y la relación entre protección ambiental y actividad agraria.

Los bomberos forestales, con la temporada de incendios ya comenzada, explican que por ahora no saben qué significará para ellos esta ruptura de la consejería, y esa incertidumbre nunca es bienvenida en una profesión que ya de por sí arrastra problemas de coordinación bajo el mando del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aspira a ponerse de nuevo al mando de la parte que corresponda a los populares.

"El cambio nos afecta, porque en un dispositivo antiincendios las decisiones son siempre políticas y ahora no sabemos con quién tenemos que hablar, con PP o con Vox", afirma un profesional, que prefiere no dar su nombre porque trabaja para el cuerpo público de la Junta. 

La lista de tareas de los bomberos forestales, más allá de apagar fuegos, están íntimamente relacionadas con la política ambiental de la comunidad, y es ahí donde podrían chocar las órdenes de las consejerías. Fuera de la época de riesgo elevado, su día a día consiste en  la prevención activa –con tareas de desbroce y tala–, en el mantenimiento de infraestructuras contra incendios, en la vigilancia de los bosques y en la restauración del entorno tras los fuegos para acelerar su recuperación. Algunos profesionales afirman que este año han tenido incluso que ayudar en un proyecto para recuperar el lince. 

Lo que sí se saca en claro del pacto de los populares con la extrema derecha es que el dispositivo continuará ampliamente externalizado. "Se incrementará de forma efectiva la colaboración público-privada para asegurar la limpieza, la repoblación, la prevención y la extinción de incendios", se lee en el acuerdo de Gobierno, firmado este miércoles entre PP y Vox. Para un portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL), esa frase es una declaración de intenciones: supone continuar con el operativo precario actual. "Tememos que ese punto del acuerdo sea un guiño a que la relación de la Junta con las empresas va a seguir durante mucho más", afirman desde la organización, cuyo objetivo número uno es convertir todo el dispositivo en un cuerpo público.

Esta batalla es especialmente intensa en esta comunidad porque otras autonomías tienen una parte de los bomberos subcontratada a empresas privadas, pero en Castilla y León esa proporción llega al 70% del cuerpo. Esa es, según los trabajadores, la principal causa de que los forestales estén extremadamente precarizados. Ninguno de los bomberos de empresa trabaja los 12 meses del año, condición imprescindible para poder realizar tareas de prevención efectivas durante el invierno. Tampoco tienen reconocida su categoría profesional como bomberos forestales ni cobran pluses por peligrosidad.

Los cambios en la consejería llegan, de hecho, en un momento de presión máxima en el operativo antiincendios de esta región. La Junta tiene un acuerdo no oficial con el sector para reorganizar el operativo y concentrar a los bomberos externalizados, que ahora trabajan para más de 30 empresas, en la empresa pública Tragsa. Para ello, en teoría, todos los contratos que caduquen a partir de ahora se firmarán con esta compañía, y el traslado completo culminaría en un plazo de tres años.

Sin embargo, las empresas que históricamente han asumido estos contratos no están dispuestas a quedarse sin negocio. La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), que representa a algunas de las concesionarias, anunció la semana pasada una supuesta huelga de 950 bomberos en protesta por este cambio, denunciando "la absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa” que tienen los bomberos. 

Desde ATIFCYL insisten en que los trabajadores no secundan este parón, sino que sería más bien un cierre patronal. "La orden es efectiva y tenemos varios testimonios de compañeros que han recibido la orden de no salir si la Junta necesita efectivos para apagar un incendio. El problema es que la Junta ha dado tanto poder a las empresas que, si deciden no ir a apagar el fuego, se te cae la mitad del operativo", resume el portavoz de la asociación.

El síndrome de la rana hervida funciona como una metáfora que ejemplifica cómo las personas vamos aceptando, mediante la adaptación, situaciones que resultan peligrosas o destructivas. La analogía compara así el supuestamente diferente comportamiento de las ranas si caen en una olla con agua hirviendo (de la que intentarán salir inmediatamente) o si se encuentran en un recipiente con agua que se pone al fuego y se va calentando lentamente hasta finalmente hervir; en este caso, en cambio, la rana irá acostumbrándose a la nueva temperatura hasta morir.

Aunque la base de la parábola generó controversia (distintos experimentos mostraron que la rana que se encuentra en agua que se calienta lentamente acabará intentando escapar cuando la temperatura sea excesiva), la metáfora se ha empleado para alertar de la incapacidad de los seres humanos o de las sociedades de percibir un peligro que no es súbito, sino que crece gradualmente. También en relación con el cambio climático, y de hecho Al Gore utilizó esta referencia en su famoso documental Una verdad incómoda, ganador de dos Oscar.

Los datos no mienten. El cambio climático, provocado por la acción humana, es una realidad desde hace décadas y ya estamos sufriendo sus efectos. Sube la temperatura media —lentamente, como si estuviésemos en una olla hirviendo— y aumentan los fenómenos meteorológicos extremos —sequías, récords de temperaturas, lluvias torrenciales…—, cada vez más frecuentes y cada vez más extremos.

Esta semana que termina, todo el oeste de Europa sufrió un episodio de temperaturas inusualmente altas para el mes de mayo. Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica o Irlanda batieron sus récords para este mes, con 35 grados alcanzados en Londres, 37 en el sur de Francia o más de 30 en Alemania. En Galicia, los valores alcanzados esta semana no supusieron máximas históricas, pero estuvieron cerca.

Cuando sí se baten esos récords, surge la alarma. En la segunda mitad del mes de junio del año pasado, las temperaturas en Ourense superaron los 40 grados en cuatro jornadas y durante dos semanas los termómetros no bajaron de los 30 grados. En el resto de Galicia, con valores más reducidos, la situación fue similar. Llevamos años de récords sucesivos, lo que no quiere decir que esas marcas históricas se batan todos los meses.

Pero, de nuevo, los datos muestran una realidad incómoda para muchos y desmienten los falaces argumentos de los negacionistas (interesados o dirigidos) del cambio climático. Los cuatro últimos años fueron los más cálidos de la serie histórica en Galicia, como se ve en el gráfico anterior. La temperatura media entre 2022 y 2025 se movió entre los 14,7 y los 14,9 grados, más de un grado por encima de la media del período 1980-2010 y casi dos grados más que los valores más habituales en las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo.

Las causas del calentamiento global están también claras —en especial, el uso de carbón, petróleo y gas para generar electricidad, calor o para mover vehículos de combustión— y las soluciones están igualmente enunciadas y aceptadas, a la espera de su aplicación.

David Domínguez, responsable de las cuentas de Redmeteo en X e Instagram, comenta en conversación con Praza.gal las elevadas temperaturas vividas en Galicia y en la mayor parte del oeste de Europa, subrayando que el fenómeno fue particular en el norte: “por ejemplo, en Mondoñedo sí se batió el récord de temperatura máxima para el mes de mayo, con niveles que quizá no se alcancen ni en agosto”.

Domínguez subraya que “lo que se sale de la norma no es bueno, ni las lluvias excesivas y la sucesión de días grises que tuvimos en invierno, ni el calor excesivo que vivimos en los meses más cálidos”.

El gráfico anterior muestra las anomalías de temperatura registradas mes a mes en Galicia desde el año 2020. Como se ve, predominan los colores rojos, correspondientes a los meses extremadamente cálidos y cálidos. Las excepciones son los meses con temperaturas normales o frías. En el pasado año 2025 destacaron los datos del mes de junio, ya comentado, con una anomalía de 2,8 grados. Pero también los de enero (1,8 grados por encima de la media de las últimas décadas).

En 2024 los extremos los marcaron los meses de enero y noviembre, una muestra de que las subidas de las temperaturas no afectan únicamente al período estival, sino que se dan durante todo el año, incluso en invierno y también en meses como octubre —extraordinariamente cálido en 2022 y 2023—.

Como destaca David Domínguez, los veranos son objetivamente más largos, empezando antes (los meses de abril y mayo son cada vez más cálidos y secos) y terminando más tarde, con unos meses de octubre que están marcados cada vez más por el calor y por los incendios. “Yo lo noto especialmente al final del verano, pues parece que cada vez tarda más en comenzar el otoño. Y no me refiero a la lluvia, porque al final más o menos va lloviendo lo mismo, pero sí en relación con las temperaturas. Octubre es cada vez más cálido y últimamente incluso noviembre registra temperaturas más altas”, dice.

“Los veranos, además, llegan antes, llegan de golpe y año tras año estamos batiendo récords en todos los meses”, añade, concluyendo que “esto no se puede negar: hay datos, es una evidencia científica”.

Uno o dos grados pueden no parecer mucho (de nuevo la parábola de la rana puesta a hervir), pero tiene implicaciones a corto, medio y largo plazo que todos sufrimos en nuestra vida diaria. En primer lugar, por la sucesión de anomalías de temperatura (de bajas y de altas temperaturas, más frecuentes estas últimas) que hacen más incómodas nuestras vidas y que tienen consecuencias graves para la salud de las personas más vulnerables, especialmente las de edad avanzada, pero también niños y niñas y personas con determinadas patologías.

Desde el año 2015 el Sistema de Vigilancia de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) monitoriza los excesos de mortalidad en España, realizando estimaciones que comparan los fallecimientos esperados y los reales y analizando las causas de estas desviaciones, entre ellas las temperaturas. Entre 2015 y 2025 más de dos mil personas perdieron la vida en el período estival —entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre— debido al efecto del calor.

El año pasado fue el peor de la serie, con 397 personas que fallecieron debido a los efectos atribuibles a las altas temperaturas. La mayor parte fueron personas de más de 85 años (303), especialmente en los meses de agosto y junio.

Conviene aclarar que solo una parte de estas muertes se notifica como directamente causada por las altas temperaturas (por ejemplo, los golpes de calor). Sin embargo, el efecto negativo de las altas temperaturas, sobre todo cuando estas se extienden en el tiempo, provoca un debilitamiento de la salud, especialmente en personas de edad avanzada o aquejadas por otras patologías.

Los territorios en los que tradicionalmente las temperaturas eran más altas en verano suelen estar mejor adaptados al calor por desarrollar una serie de hábitos (permanencia en espacios más frescos en las horas de más calor), medidas de protección individual (mayor presencia de aire acondicionado, persianas, toldos) y diseños urbanísticos (calles más estrechas, fuentes, zonas de sombra) que reducen los impactos del calor en la salud.

Otro efecto claro, ligado al incremento de la temperatura del agua del mar, es la crisis que sufre el importante sector marisquero en Galicia

Las temperaturas elevadas —unidas a otras consecuencias del cambio climático, como períodos prolongados de sequía— están ya provocando otros efectos evidentes, como el incremento de la peligrosidad y virulencia de los incendios forestales, más difíciles de controlar y con efectos más graves.

Otro efecto, ligado al incremento de la temperatura del agua del mar, es la crisis que sufre el importante sector marisquero en Galicia. Especialmente significativo —por su peso económico— es el declive del mejillón de las bateas gallegas: 2025 marcó un nuevo récord negativo en las últimas dos décadas. Lo mismo sucedió con la almeja, la volandera o la ostra plana, entre otros bivalvos. La contaminación y los efectos del cambio climático, entre las causas.

Quedamos, pues, a la espera de los siguientes récords históricos de temperatura, de las anomalías en relación con los valores normales y de los efectos —inmediatos y directos o a medio plazo e indirectos— de un calentamiento global que está marcando la vida de las generaciones actuales y que lo hará en mayor medida sobre las generaciones venideras.

El enfado de los sindicatos es mayúsculo. España es uno de los epicentros del calor en el hemisferio norte y el Gobierno sigue sin tomarse en serio la protección de los trabajadores durante los meses tórridos, hasta el punto de que se desconoce cuántas muertes reales ocurren por altas temperaturas. El Ministerio de Trabajo llega de nuevo al verano sin adaptar la ley de riesgos laborales al cambio climático y sin modificar los reglamentos que había prometido. Esta semana, con temperaturas que rozan los 40 ºC, se verán las primeras consecuencias.

"Las justificaciones del ministerio no convencen a nadie. Tendríamos que tener desde diciembre un real decreto aprobado, y no está ni el borrador. Tenemos una reforma legal que va al Congreso, y en la situación política actual no tengo ninguna esperanza", se desahoga Mariano Sanz, encargado de Salud Laboral y Medioambiente en Comisiones Obreras (CCOO). "La Aemet prevé un verano como el del año pasado. Ya nos han advertido, y en unos días nos rasgaremos las vestiduras cuando lleguen las consecuencias", añade con contundencia.

Agricultores, repartidores, albañiles, policías, personal de limpieza… la lista de empleos expuestos al calor es interminable, y los expertos advierten de que cada año la situación va a peor debido al cambio climático. Hace falta adaptar la ley, denuncian los sindicatos, para evitar que estos trabajadores estén desprotegidos. En general, la norma obliga a garantizar la seguridad de los trabajadores, pero hace falta concreción y persecución del incumplimiento.

El paso principal es actualizar la Ley de riesgos laborales de 1997, la mejor manera de obligar a las empresas a adaptarse al calor. El Ministerio de Trabajo lleva inmerso desde febrero de 2024 en una negociación con sindicatos y patronal para reformarla, pero en noviembre los empresarios se levantaron de la mesa y la ministra Yolanda Díaz terminó publicando un anteproyecto de ley sin el apoyo de los empresarios.

Ese texto, que todavía tiene un largo camino antes de entrar en vigor, reconoce que el cambio climático y las catástrofes naturales son capaces de alterar las condiciones del espacio de trabajo, y por tanto la salud de los trabajadores. Otro punto de la reforma también señala que, si hay una previsión de que vaya a ocurrir un fenómeno meteorológico adverso en un territorio, se tratará como un "riesgo laboral grave e inminente". Estos dos cambios obligarían a las empresas a introducir en sus planes de prevención de riesgos medidas para enfrentarse al calor, a las riadas o a otros fenómenos.

El texto fue aprobado en Consejo de Ministros y se encuentra ahora en estudio por el Consejo Económico y Social, que debe emitir un informe preceptivo. No está claro, según los sindicatos, si irá después al Consejo de Estado. De ahí volverá al Consejo de Ministros –"esperamos que pronto, pero no podemos dar una fecha", afirman fuentes de Trabajo–  para ser revalidado y después pasará por el Congreso de los Diputados, donde se augura un fracaso debido a la crisis parlamentaria actual.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, recuerda que el verano pasado se estimaron casi 4.000 muertes atribuibles al calor en España, según el Ministerio de Sanidad, y que cientos de miles de trabajadores no pueden quedarse desprotegidos por un desacuerdo en el Congreso. "Nos hemos vuelto a plantar a las puertas del verano sin una ley que proteja a los trabajadores. Esperemos que esta ley no caiga por el camino porque es inadmisible volver a sufrir otro año como el pasado", critica.

Mariano Sanz, de CCOO, reconoce que la reforma de la ley de riesgos laborales es una utopía en este momento, pero que hay otra figura que permite a Yolanda Díaz actuar sin pasar por el Congreso. De hecho, es su obligación abordarla.

En noviembre de 2024, como parte del real decreto ley 8/2024, de medidas para responder a la dana de Valencia, el Gobierno introdujo una disposición que ordenaba en un plazo de 12 meses al Ministerio de Trabajo aprobar "un reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral". Al no tratarse de una modificación de una ley, no requeriría ir al Congreso, y podría abordarse por decreto.

"Nuestra esperanza es que al menos este reglamento salga adelante, pero todavía no hay ni un borrador. Exigimos que se publique ya", señala el portavoz. Trabajo les ha respondido que antes necesita aprobar la reforma de la ley que tiene pendiente, pero para Sanz ese proceso no tiene futuro y solo retrasará cualquier avance en protección laboral.

Aunque la ley de prevención tiene tres décadas, uno de sus reglamentos asociados se actualizó en 2023 para introducir el riesgo por calor a la hora de modificar la jornada laboral, y esta herramienta sí que debe aplicarse ya en empresas y administraciones.

El real decreto de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo recoge ya que todo empleado al aire libre tiene "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos", como olas de calor, si no se puede garantizar su seguridad.

También subraya que si una zona está bajo aviso naranja o rojo de la Aemet, por ejemplo por calor, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista".

Otra de las exigencias que hacen los sindicatos es abordar el escasísimo seguimiento que hay de las muertes laborales por golpe de calor. El año pasado se registraron oficialmente cinco muertes por este motivo y 259 accidentes laborales, según la Estadística de Accidentes de Trabajo del ministerio que dirige Yolanda Díaz. El año anterior se contaron cero fallecidos por altas temperaturas en puestos de trabajo.

Los sindicatos no comprenden que mientras los estudios de impacto del calor en la sociedad española estiman cientos de fallecidos cada verano, la estadística laboral ignore este problema. Según los portavoces consultados, en la inmensa mayoría de los casos, simplemente no se realiza un estudio en profundidad sobre las causas de la muerte. "Si un obrero se cae de un andamio, no se indaga en si antes sufrió un golpe de calor", resume Mariano Sanz.

El tren de borrascas de enero y febrero dejó el tercer invierno más lluvioso de este siglo, cargando los suelos de agua, como muestran los diferentes mapas de humedad de España. Lo que en principio debería ser una muy buena noticia para los bosques de la península, podría volverse en su contra cuando comience la temporada de incendios, que se concentra entre julio y septiembre. Según diferentes expertos, en un territorio seco y muy caluroso como el español, ese incremento de la vegetación puntual en primavera se traduce en más combustible para el fuego durante el verano.

Raúl Quílez, doctor en incendios forestales y profesor del Máster Interuniversitario en Incendios Forestales, explica esta contradicción es especialmente aguda debido al impacto del cambio climático, que extiende y hace más intensas las olas de calor de verano, las que secarán las hierbas y los matorrales que se han desarrollado exageradamente durante esta primavera. "En un escenario normal, que llueva es lo mejor porque el bosque llega reforzado a la temporada de incendios. Pero en un escenario de cambio climático se genera un cóctel que aumenta la intensidad de los incendios porque se seca la vegetación", valora el profesional.

Según opina Quílez, en ese cóctel también destacan las altas temperaturas nocturnas que caracterizan al verano peninsular, con mínimas que fácilmente superan los 25ºC e incluso los 30ºC en algunos puntos del país, una condición que acelera la evapotranspiración de la vegetación y la seca rápidamente en las primeras semanas del verano. El cambio climático también está aumentando la inestabilidad atmosférica, incrementando la probabilidad de reventones térmicos, unos fenómenos característicos del verano que generan fuertes vientos, de 70 u 80 km/h, que facilitan la propagación del fuego.

Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universitat de Lleida, añade que el efecto principal del extra de humedad en la naturaleza multiplica principalmente la presencia de gramíneas, unas plantas que, una vez secas, son muy peligrosas en caso de incendio porque facilitan su propagación. "Esta biomasa propaga los incendios porque generan pavesas que hacen que el fuego salte y genere nuevos focos", subraya.

El año pasado, cuando se registró la mayor superficie quemada en un periodo estival en lo que va de siglo, España llegó al verano en unas condiciones similares a las actuales, con unos niveles de humedad elevados en el suelo, como se observa en el histórico de la Agencia Española de Meteorología. A continuación ocurrió ese cóctel que describe Raúl Quílez: hubo dos olas de calor muy intensas y prolongadas que secaron la naturaleza. Una que transcurrió entre el 18 de junio y el 4 de julio, y otra entre el 3 y 18 de agosto. Sumando una tercera ola en Canarias, el verano de 2025 cerró como el segundo del registro histórico con más días bajo ola de calor.

Lo que está por ver en 2026 es si se repetirán esas condiciones de calor extremo que conviertan hierbas y matorrales en combustible, aunque hay indicadores que apuntan en esa dirección. Por una parte, en los últimos cuatro años se han producido tres de los cinco años más cálidos desde que comenzaron los registros en España, en 1961. Por otro, la previsión del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés) estima una probabilidad de entre el 70% y el 100% de que las temperaturas en junio y julio se ubiquen en el quintil superior del histórico, y la probabilidad continuará por encima del 50% en agosto y septiembre.

También hay por ahora una probabilidad del 60% de que a partir de junio se desarrolle en el hemisferio norte El Niño, un fenómeno climático global que provoca un aumento de la temperatura media planetaria y una reducción de las precipitaciones en verano en el noreste de Europa.

Un estudio publicado en la revista Nature en 2020, que analizó casi 10.000 incendios entre 2001 y 2018 en todo el mundo, concluyó de manera científica lo que aquí exponen los expertos. El estudio confirma que en las regiones áridas, los periodos de excesiva humedad en el suelo son la antesala de temporadas con fuegos muy intensos. "En las regiones áridas, los suelos más húmedos de lo normal facilitan el crecimiento suficiente de biomasa necesario para alimentar grandes incendios", se lee en el análisis. Mientras que en bosques tradicionalmente húmedos ocurre lo contrario: los años especialmente secos suelen caracterizarse por incendios más fuertes debido a que la biomasa acumulada en años anteriores se convierte en combustible.

La combinación del calor extremo y las sequías serán cinco veces más frecuentes al final del siglo si se mantienen las políticas climáticas actuales, un fenómeno que afectará gravemente a cerca del 30 por ciento de la población y que impactará más a los países tropicales con menos ingresos, los que menos contribuyen al calentamiento global.

Los dos eventos (sequía y calor extremo) generan conjuntamente riesgos mayores que cada uno por separado, y amenazan la seguridad alimentaria, la salud humana y el acceso al agua, además de enfatizar la "profunda injusticia climática", ya que los países con menos recursos para adaptarse sufrirán las consecuencias más severas de las emisiones generadas por potencias industriales.

Son las principales conclusiones de un estudio que han realizado investigadores de la Universidad Oceánica de China y del Instituto Alfred Wegener alemán, que han observado cómo podrían evolucionar las condiciones hasta finales del siglo y han realizado para ello 152 simulaciones basadas en ocho modelos climáticos, considerando diversos escenarios de crecimiento demográfico y calentamiento global que se describen en el Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC).

Los investigadores han publicado hoy los resultados de su trabajo en la revista Geophysical Research Letters, de la Unión Geofísica Americana.

El análisis sugiere que cumplir con los acuerdos internacionales de emisiones podría reducir significativamente el número de personas expuestas a estos peligros ambientales, y que las decisiones políticas actuales determinarán la calidad de vida y supervivencia de miles de millones de personas en las próximas décadas.

Los investigadores han subrayado que el calor y la sequía se potencian mutuamente, y en situaciones extremas provocan restricciones de agua e inestabilidad en los precios de los alimentos, además de un mayor riesgo de incendios forestales, pérdidas agrícolas y una mayor mortalidad.

Los investigadores dividieron la superficie terrestre en celdas sobre una cuadrícula y compararon la frecuencia de las olas de calor y las sequías en cada celda, y descubrieron que las áreas terrestres sufrieron aproximadamente cuatro episodios de calor y sequía al año entre 2001 y 2020, lo que representa el doble de la frecuencia que se registraba en el período preindustrial, entre 1850 y 1900.

Y aunque han señalado que cuanto más caótico se vuelve el clima más difícil resulta hacer pronósticos, los científicos han corroborado que en el escenario de crecimiento climático y demográfico más acorde con la trayectoria actual los extremos de calor y sequía se intensificarían para el 28 por ciento de la población mundial —casi 2.600 millones de personas— para la década de 2090, y un 6,6 por ciento sufrirá ese nivel de exposición en la década de 2030.

A nivel mundial, los extremos de calor y sequía combinados podrían ocurrir casi 10 veces al año en promedio para finales de siglo, con los más largos durando alrededor de 15 días, lo que representa un aumento de 2,4 y 2,7 ​​veces con respecto a las condiciones de los últimos 25 años, respectivamente.

Los investigadores han concluido que son las emisiones humanas de gases de efecto invernadero las que impulsan estos cambios, ya que cuando analizaron simulaciones considerando únicamente fuerzas naturales, no se observaron tendencias significativas en la frecuencia o en la duración de los extremos de calor y sequía.

También han concluido que los países que más emiten no serán los que sufran los mayores impactos, y según la distribución geográfica del riesgo en las simulaciones, las naciones de bajos ingresos cercanas al ecuador y los trópicos experimentarán los extremos de calor y sequía más intensos a pesar de contribuir con muchas menos emisiones que las naciones más ricas.

Más de 540.000 personas mueren cada año debido a las olas de calor, que además afectan a las operaciones de uno de cada 12 hospitales en el mundo, advierte un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informa EFE.

El estudio publicado conjuntamente con el Gobierno de Brasil, anfitrión de la actual Cumbre del Clima COP30 en Belém, recuerda además que hasta 3.500 millones de personas podrían estar viviendo en áreas altamente vulnerables al cambio climático.

El riesgo de daños de los hospitales por eventos climáticos extremos como inundaciones, incendios, olas de calor y otros desastres es en la actualidad un 41% superior a hace 35 años, agrega el estudio.

Sin una rápida descarbonización, el número de instalaciones sanitarias en riesgo podría duplicarse a mediados de siglo, añade el documento.

También admite que el sector de la salud causa un 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que debe también iniciar una transición acelerada a sistemas más sostenibles.

La OMS subraya que destinar al sector sanitario un 7% de los fondos para la adaptación climática bastaría para proteger a miles de millones de personas al mantener los servicios de salud climáticos durante eventos extremos.

El informe se publica un día después de que se presentara en la COP30 el llamado 'Plan de Acción de Belém para la Salud', primera iniciativa global de adaptación climática enfocada exclusivamente en el área sanitaria.

Los efectos de la crisis medioambiental serán especialmente notorios en la península ibérica. Este octubre, el Gobierno de España concluía en su informe Evaluación de riesgos e impactos derivados del cambio climático en España, que el país podría sufrir hasta 141 amenazas por la crisis climática.

Además del incremento de la mortalidad o la caída del turismo, el informe pone el foco en riesgos que afectarían a la vida urbana y que podrían conllevar la pérdida al acceso de agua, comida, luz y telecomunicaciones.

Uno de estos riesgos son las sequías extremas prolongadas en el tiempo. A final del siglo XXI, se estima que la precipitación media en España disminuya entre un 4% y 16% con respecto al periodo entre 1961 y 1990. De hecho, la escasez de lluvia ya es un problema frecuente en algunos municipios de Andalucía.

Por otra parte, las elevadas temperaturas son una amenaza para las energías y conexiones, ya que los transformadores y los cables son vulnerables al calor. Las olas de calor también perjudican a los paneles solares y las nucleares, que reducen su eficiencia en estos periodos.

Además de mayor letalidad, los altos termómetros influyen en el estrés y los trastornos psicológicos. El informe citado expone que habrá mayores incidencias sanitarias por problemas hepáticos, de circulación o respiratorios.

La temperatura global no para de subir. Un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte de que los 11 años transcurridos desde 2015 han sido los más cálidos en 176 años de registros, y 2023, 2024 y 2025 ocupan los tres primeros puestos. También recuerda que hubo una prolongada racha de 26 meses, entre junio de 2023 y agosto de 2025, en la que se registraron temperaturas mensuales récord, con excepción de febrero de este año.

En su informe presentado este jueves de cara a la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP30) en la ciudad brasileña de Belém, la agencia de Naciones Unidas destaca que, pese a la moderación de temperaturas que por ahora se ha producido en 2025, "se mantiene la tendencia al calentamiento extremo" y este año será el segundo o tercero más cálido registrado.

En este sentido, el informe recoge que la temperatura media mundial entre enero y agosto de 2025 fue 1,42 °C superior a la de la era preindustrial, una cifra 13 centésimas menor a la de todo 2024, el año más cálido en los registros, aunque sigue próxima al límite de 1,5 °C del Acuerdo de París.

La ligera bajada de 2025 frente a 2024, en el que la temperatura promedio fue 1,55 °C superior a la de la era preindustrial (1850-1900), se explica en parte, según la OMM, en que el año pasado estuvo influido por el fenómeno de El Niño, ligado normalmente a subidas en el termómetro, mientras que en 2025 ha habido condiciones neutras o de cierto enfriamiento, ligado al opuesto fenómeno de La Niña.

"Esta insólita racha de altas temperaturas, combinada con el aumento récord de las concentraciones de gases de efecto invernadero en 2024, deja claro que será prácticamente imposible limitar el calentamiento global a 1,5 °C en los próximos años sin que las temperaturas superen transitoriamente ese umbral", admitió al publicarse el informe la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

"Pero la ciencia también es tajante al afirmar que todavía es completamente posible y esencial reducir las temperaturas para contener el calentamiento hasta los 1,5 °C para fines de siglo", agregó la meteoróloga argentina, quien participa este jueves en la cumbre de líderes preparatoria de la COP30, también en Belém.

El secretario general de la ONU, António Guterres, añadió al respecto que "cada año en que se supere el umbral de 1,5 °C las economías se verán severamente afectadas, se exacerbarán las desigualdades y se producirán daños irreversibles".

Guterres animó a actuar con rapidez y "a gran escala" para que la superación del umbral sea "lo más pequeña y breve posible" y a final de siglo las temperaturas vuelvan a situarse por debajo del límite que se recomendó no superar en el Acuerdo de París.

La OMM apela también a una adaptación de todos los países al cambio climático ante sus ya palpables efectos y, en ese sentido, recuerda la necesidad de que todos los países dispongan de sistemas de alerta temprana ante desastres antes de 2027.

La organización celebró recientemente una conferencia extraordinaria en Ginebra para impulsar ese objetivo y destacó que el número de países con sistemas de alerta temprana ha pasado de 56 en 2019 a 119 en 2024, aunque todavía un 40% de las naciones carece de ellos, incluidos Estados insulares en grave peligro.

El informe presentado por OMM de cara a la COP30 recuerda que la concentración atmosférica de dióxido de carbono, principal gas causante del efecto invernadero, se ha incrementado un 53% desde la era preindustrial hasta las 423,9 partes por millón en 2024.

Saulo advirtió en Belém que las concentraciones de gases de efecto invernadero son "las más altas en 800.000 años" y abocan a "un futuro más cálido y peligroso".

La OMM alerta, además, de que la subida del nivel del mar, fruto del aumento de temperaturas en los océanos y el derretimiento de polos y glaciares, se ha acelerado desde una media anual de 2,1 milímetros entre 1993 y 2002 a 4,1 milímetros al año entre 2016 y 2025, con una ligera disminución este año debido a factores como La Niña.

El hielo marino del Ártico en marzo de 2025, la época de mayor expansión, sólo alcanzó 13,8 millones de kilómetros cuadrados, su valor más bajo desde que se dispone de datos satelitales, y el de la Antártida ha tenido este año su tercera menor expansión en los registros.

El Ministerio de Transición Ecológica señala que el cambio climático está castigando la península con los fenómenos más extremos que habían previsto los investigadores que asesoran al Gobierno en materia ambiental. Altos cargos de este ministerio han explicado este miércoles que acaban de finalizar un informe en el que estudian el impacto del calor, las precipitaciones, los incendios y otros daños climáticos sobre la economía, la sociedad y la naturaleza, y que los resultados lanzan un aviso a toda la sociedad. "Hemos trabajado en los últimos años en horquillas sobre el impacto del cambio climático en España, y se están materializando ya los escenarios más extremos que habíamos previsto", avanzan estas fuentes.

El informe completo lo presentará la vicepresidenta Sara Aagesen el martes, pero desde su cartera adelantan que han analizado 14 sectores, entre ellos la salud humana, el agua, los bosques, la pesca y la agricultura, la industria, el turismo, el urbanismo o el medio marino, y han encontrado 141 riesgos climáticos relevantes, que les afectan más o menos según su exposición. "Evidentemente, este informe cambia de manera importante la evaluación de los riesgos que hemos hecho hasta ahora", comentan los expertos. 

El estudio se publicará el martes durante la convención dedicada al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, que se celebrará en Ponferrada, uno de los territorios más afectados por los incendios de este verano. El encuentro se asemejará a una COP –la cumbre anual de la ONU sobre cambio climático– a la española, ya que acudirán científicos, políticos, sindicatos, empresarios, bomberos forestales y representantes de la juventud para aportar ideas de cara al pacto de Estado que elabora el Gobierno. 

El presidente del Gobierno presentó este pacto tras la ola de fuegos de este verano y por ahora tiene diez puntos centrados en transformar la gestión forestal y las infraestructuras para evitar incendios e inundaciones, mejorar la respuesta ante las emergencias y abordar el daño de las olas de calor. Aunque Transición Ecológica señala que están abiertos a incorporar más ramas a este pacto, como combatir la desinformación climática.

Desde la cartera de Sara Aagesen reconocen que queda mucho camino por recorrer porque quieren contar con el apoyo de las comunidades autónomas y del Partido Popular para que haya un consenso real detrás del acuerdo. Por ahora, estas fuentes no se atreven a poner fecha a cuándo llegará al Congreso, donde deberá contar con una mayoría parlamentaria. Por ahora, esperan reunirse en diciembre con las autonomías, y tendrán encuentros recurrentes con el resto de partidos en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, afirma que su organización ya se ha reunido con el Gobierno para trasladar que ese acuerdo debe ser mucho más amplio que una respuesta a los incendios de este verano o a la dana de Valencia. "El pacto de Estado es vital y debe ir más allá de un acuerdo puntual y construir una arquitectura a largo plazo. España es uno de los países más afectados por la emergencia climática y todavía no se han tomado medidas efectivas", critica la activista. 

Greenpeace pide, entre otras cosas, que la adaptación a los desastres naturales no deje de lado el trabajo para reducir las emisiones de CO₂. También que se aborde de manera real la financiación de este pacto de Estado introduciendo impuestos a las empresas que contaminen y se cese por completo la subvención de combustibles fósiles.

Otro de los frentes del pacto será la protección de los ciudadanos frente al calor. El Instituto de Salud Carlos III estima que este verano se han registrado 3.831 muertes atribuibles a altas temperaturas. Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en UGT, participó en una de las últimas reuniones de sindicatos y empresarios con Transición Ecológica, e hizo hincapié en que están pasando desapercibidas decenas de fallecimientos de trabajadores. "Se están infradiagnosticado accidentes laborales por calor y esto hay que cambiarlo. El año pasado en teoría, solo murió un trabajador por calor, mientras se duplicaron las muertes generales por altas temperaturas", recuerda la sindicalista.

Espero que os pille leyendo esto en un lugar de vuestra elección que esté adecuadamente aclimatado, que se encuentre a una temperatura agradable, saludable. Yo, por ejemplo, comienzo a escribir estas líneas en casa con el aire acondicionado encendido porque llevamos tres o cuatro días seguidos de mucho bochorno y 34 grados a la sombra. A esa temperatura está el alumnado, profesorado y resto de la comunidad educativa de los centros educativos de titularidad pública de mi ciudad y comunidad, cumpliendo con sus obligaciones en jornadas de 8 horas de lunes a viernes. 

Lo hacen sin chistar, en instalaciones desnudas de soluciones de climatización. En los meses lectivos de calor sofocante, que cada curso que pasa son más y más largos. En los meses de invierno, en los que una proporción considerable del presupuesto que cada centro escolar tiene asignado se tiene que destinar a gastos de unos sistemas de calefacción ineficientes, obsoletos, caros y dependientes de los combustibles fósiles. 

La Comunidad de Madrid contaba el curso pasado con 3.547 centros educativos, 3.229 de Régimen General, 236 de Régimen Especial y 82 de Educación de Personas Adultas. El alumnado se repartía por etapas educativas y/o edades el curso pasado, teniendo solo en cuenta el régimen general, así: 87.000 bebes en educación infantil (0 a 3 años), 168.130 infantes en segundo ciclo (0-6 años), 413.575 chiquillos y chiquillas de 6 a 11 años en educación primaria; 308.389 adolescentes y preadolescentes en secundaria obligatoria (12-16 años); 107.759 jóvenes en bachillerato y 169.829 más en Formación profesional. Más de 1,2 millones de personas, que representan cerca del 20% de la población madrileña. 

El alumnado, principal afectado en números absolutos y la práctica totalidad de la población madrileña menor de edad, no vota, así que su voto no cuenta. El profesorado, igualmente afectado en una proporción aproximada de 1 a 20 (¿60.000?), y aun siendo personal empleado por la Comunidad de Madrid, trabajan en lo que para ellos y ellas son unos centros de trabajo que incumplen la regulación de confort término y eficiencia energética que rigen las temperaturas en otras ocupaciones. Un incumplimiento que la Inspección de Trabajo exigió recientemente corregir.

Bueno. En realidad, sí chistan. Lo hicieron alto y claro durante 2024 con la iniciativa de la Plataforma Autonómica de la FAPA Giner de los Ríos, la FRAVM, los sindicatos CCOO y UGT y avalada por más de 72.000 firmas –cuando el requisito es de 50.000–. Un montonazo de firmas documentadas entre abril y junio de 2024, con una ingente cantidad de datos personales que embutir a mano en más de 7000 pliegos oficiales infernalmente diseñados. En octubre de 2024 se entregaron formalmente a la Asamblea de Madrid las propuestas y las firmas que las sustentan y poder así pasar de pantalla en el trámite. 

¿Qué propone la ILP? Primero, que se analicen las necesidades de cada centro escolar y segundo, que se rehabiliten de forma integral los que lo necesiten con soluciones de aislamiento término de fachadas, toldos en ventanas y patios, renovación de las instalaciones eléctricas y los sistemas de calefacción y climatización, zonas verdes y espacios de sombra, menos asfalto, menos islas de calor y más paneles solares en tejados y aparcamientos. 

Recién inaugurado el curso escolar 2025/26, el rodillo demoledor del PP de la mano del negacionismo de Vox han impedido que la ILP sea siquiera debatida en el trámite parlamentario para el que ha acreditado con firmas merecer. Tanto esfuerzo y tantas voces no pueden recibir tanto desprecio institucional con un rechazo tan visceral y poco reflexionado. 

Otra ILP a la que seguir la pista estas próximas semanas –esta de ámbito estatal– es la ILP “No Es Mi Cultura”, que busca descatalogar la tauromaquia como Patrimonio Cultural mediante la derogación de la Ley 18/2013. Una ley que blinda esta práctica de tortura animal, y con ello la legitima a recibir dinero público a través de ayudas y subvenciones, muchas discrecionales. O a estar incluida en el Bono Cultural Joven tras recordarle el Tribunal Supremo al Ministerio de Cultura que ir a los toros es una actividad de especial protección desde 2013. O a estar exenta del deber de protección de la infancia de la violencia física y mental. 

En febrero de 2025, la plataforma “No Es Mi Cultura” entregó 715.606 firmas manuscritas, de las que 664.777 fueron validadas por la Junta Electoral Central, un 33% más del medio millón exigido. Y hace unos días se dio inicio el trámite parlamentario con la exposición de la iniciativa avalada ante la Comisión de Cultura del Congreso, en la que se exhiben muchos datos, muchas menciones y agradecimientos, muchos territorios. 

Me he quedado con la curiosidad de poder tener más detalle de algunos “metadatos” de las firmas para saber, por ejemplo, cuántas se recogieron en tal o cual comunidad o ciudad autónoma, cuánto representan del censo electoral de cada una de ellas o si superarían el requisito de número de firmas necesarias para presentar una ILP a nivel autonómico. 

Las firmas que sustentan las ILP que prosperan legitiman mucho, y por ello merecen, cuanto menos, un debate parlamentario y una respuesta debidamente motivada. Pareciera que ni sienten, ni padecen.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

La oleada de incendios sufrida por Galicia este mes de agosto sitúa al año 2025 como el segundo con más superficie quemada desde que hay registros, con entre 120.000 y 145.000 hectáreas, solo por detrás de los datos de 1989 (199.000 hectáreas). Este año es ya, en todo caso, el peor de lo que va de siglo, con cifras superiores a las de 2006 o 2017. Y también lo es en lo que respecta a la afección de los incendios a los espacios protegidos.

Datos solicitados por ADEGA al sistema Copernicus-EFFIS (European Forest Fires Information System) cifran en 37.819 hectáreas la superficie quemada en Red Natura 2000, lo que supone el 26% de todo lo quemado hasta ahora este año y el 10,8% del conjunto de los espacios protegidos gallegos. Tan solo en 2011 la superficie quemada en espacios protegidos (10.949 ha) se aproximó, aunque de lejos, a la de este año. Lo arrasado en apenas tres semanas de agosto se acerca a la superficie destruida entre 2014 y 2023.

El 11% de la superficie de los espacios naturales protegidos (tomando en consideración únicamente la superficie terrestre) fue arrasada por el fuego este mes de agosto. Los datos incluso podrían incrementarse si se toman en consideración las 8.841 hectáreas quemadas en áreas propuestas para ampliar la Red Natura 2000 e incluidas en la Estrategia de infraestructura verde, como la Serra de Vilamartín, que ardió por completo (el 99,8%), Pena Corneira (61,5%) o Videferre (40,9%).

La organización ecologista gallega presentó este martes en rueda de prensa los datos de su análisis, denunciando en primer lugar que sea una entidad no gubernamental “y no la administración” la que ofrezca datos “sobre la incidencia real de los incendios en estos espacios protegidos, las joyas del patrimonio natural gallego”.

“La opacidad y la desinformación practicada por las consellerías de Medio Ambiente y Medio Rural durante esta oleada de fuegos fue pareja a su dejadez e inoperancia”, subraya ADEGA, a través de Fins Eirexas, secretario técnico, y de Belén Rodríguez, secretaria ejecutiva.

La entidad alerta de que “actualmente no se conocen datos oficiales de las afecciones de los fuegos durante este año a la Red Natura gallega, ni tampoco cuál es el plan de la Xunta (si es que existe) para la recuperación de la biodiversidad y de los valores ecológicos de estos espacios, de especial valor para el conjunto de la sociedad”.

“Resulta difícil de entender que, a sabiendas del daño ejercido por los fuegos sobre los espacios naturales protegidos, la Consellería de Medio Ambiente aún no haya dispuesto ninguna acción específica para la restauración ecológica de estos espacios con fines ambientales”, critica, añadiendo que el Gobierno gallego “solo otorga ayudas para los tecores y para la recuperación de infraestructuras”.

ADEGA critica las declaraciones públicas realizadas por el presidente de la Xunta, que destacó que “ardieron piedras y matorral”, y de la conselleira de Medio Ambiente, que relacionó los incendios con la presencia de lobos. La entidad señala que estas intervenciones “son ejemplo de una preocupante ignorancia y de un ‘trumpismo ambiental’ inaceptable en unos responsables públicos”.

La organización ecologista pide la puesta en marcha de medidas urgentes de protección, restauración y regeneración en los espacios naturales afectados por el fuego, especialmente prioritarias en espacios naturales protegidos, para mitigar la pérdida de biodiversidad y la afección del suelo. Asimismo, demanda la recuperación de la figura del voluntariado en defensa del monte gallego. Igualmente, reclama la publicación del mapa de riesgos asociados a los recientes incendios forestales en el que se concreten las zonas sensibles de erosión, la afección sobre los cursos y recursos hídricos, forestales y pesqueros e infraestructuras.

La entidad destaca que los espacios protegidos ardieron más que el resto del territorio gallego, pues mientras que el fuego arrasó el 4,9% del conjunto del territorio de Galicia, en los espacios de la Red Natura 2000 el porcentaje se elevó al 10,8%.

Particularmente importante fue la incidencia de los fuegos en los espacios protegidos de la provincia de Ourense. Así, los datos del EFFIS señalan que en apenas una semana de agosto se quemó el 56,8% del Bidueiral de Montederramo; el 52,4% del Macizo Central; el 20,3% de Pena Trevinca; el 14,8% de Pena Maseira y el 7,5% de la Serra da Enciña da Lastra; para un total de 31.837 hectáreas. Y en Lugo, la ZEC Ancares-Courel sufrió los incendios más graves de su historia, al quemarse un total de 5.389 ha, el 5,2% de su superficie.

El cambio climático fue indispensable para desencadenar la mayor ola de incendios que ha sufrido la península ibérica este siglo. Un estudio publicado este jueves por el grupo internacional de científicos World Weather Attribution (WWA) concluye que el calentamiento global, que es especialmente agresivo en la zona mediterránea, agravó un 30% las condiciones de calor, viento y falta de humedad que desencadenaron los fuegos de España y Portugal. El cambio climático también ha disparado en 40 veces la probabilidad de que se hayan dado condiciones tan extremas.

Theodore Keeping, investigador principal y experto del Centro de Política Medioambiental del Imperial College de Londres, ha explicado en una rueda de prensa telemática que durante los 10 días más graves de los incendios se registraron unas condiciones anómalas de temperaturas, viento y humedad que secaron rápidamente la vegetación y avivaron las llamas. Añadió que estos parámetros son cada vez más comunes en la península debido a que el planeta se ha calentado 1,3 ºC, y lo serán más todavía en los próximos años a medida que aumenta la concentración de gases de efecto invernadero.

"Hemos detectado que la época de máximo riesgo de incendios fue severa, pero no especialmente rara. En el clima actual hay una probabilidad de que se den estas condiciones cada 15 años, o lo que es lo mismo, cada año hay una probabilidad del 6% o 7%. Sin el cambio climático inducido por el hombre, este evento ocurriría una vez cada 500 años", resumió el investigador. 

David García García, del departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Alicante, también ha participado en la elaboración del estudio y advierte de que sin un cambio drástico la situación irá a peor. "No debemos olvidar que cada fracción de grado aumentará aún más las probabilidades de que se produzcan incendios de gran magnitud como los que hemos visto este verano. Por eso es tan importante reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible".

El análisis también calcula por separado la probabilidad de que se produzca una ola de calor tan intensa como la de esos diez días analizados, durante los cuales la anomalía en los termómetros superó los 3 °C en la península. "Ahora es normal que algo así ocurra cada 13 años, pero en un escenario sin cambio climático sería prácticamente imposible de registrar, se darían una vez cada 2.500 años", señaló Keeping. De hecho, en España la Aemet ha catalogado la ola de calor de agosto como la más intensa desde que comenzaron sus registros en 1975, con una anomalía térmica de 4,6 °C. También fue la tercera más larga, con 16 días consecutivos.

El equipo de WWA está especializado en realizar análisis exprés sobre cómo ha influido el cambio climático en catástrofes ambientales de todo el mundo para demostrar lo antes posibles a la opinión pública cómo las emisiones de CO₂ están haciendo el planeta mucho más peligroso, y en este caso las evidencias que han encontrado son claras.

Sin embargo, los autores han remarcado que en esta ocasión han tratado de ser más veloces todavía y solo han tenido en cuenta para su análisis los registros meteorológicos de esos días y los han aplicado sobre un modelo climático que elaboraron hace unas semanas para construir un estudio similar sobre los incendios de Grecia y Turquía

"Si solo estuviéramos hablando de este estudio, podría haber una mayor incertidumbre al basarnos en observaciones, pero acabamos de estudiar una región similar y repasar mucha de la literatura de que el aumento de la temperatura y la sequía es clave para los incendios. La conclusión de que ahora hay 40 veces más probabilidades de que ocurra es muy robusta", apuntó Friederike Otto, profesora de Ciencia Climática del Imperial College de Londres.

A 1 de septiembre, el sistema europeo de cartografía de incendios atribuye a la península ibérica 640.000 hectáreas quemadas, el 1% de todo el territorio, habiendo ardido en España cuatro veces más que un año medio y en Portugal 2,3 veces. Según comunicó este domingo la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, se contaron en agosto 39 grandes incendios de más de 500 hectáreas solo en España.

Los autores del informe han subrayado también el papel del abandono rural y la acumulación de ingentes cantidades de vegetación en el desarrollo de estos megafuegos, aunque han hecho hincapié en que ese argumento no puede servir para subestimar el papel del cambio climático en los incendios. "Es cierto que hay intervenciones humanas que limitan la escala del evento, como la fragmentación del paisaje, pero las temperaturas más altas hacen que el comportamiento del fuego sea más intenso e incluso que atraviese los cortafuegos", ha puntualizado ​​Keepin.

David García García ha ahondado en este mensaje: "Parece que la opinión pública en España se ha centrado en el hecho de que el problema radica únicamente en el declive de las actividades rurales, con el consiguiente crecimiento de la vegetación que ha alimentado los incendios. Sin embargo, se ha hablado mucho menos del efecto del cambio climático en estos incendios, que, como se ha demostrado, ha sido inmenso".

El equipo internacional de World Weather Attribution también realizó un estudio de atribución sobre cambio climático y la dana de Valencia del año pasado, en el que determinó que el cambio climático provocado por el hombre hizo que las precipitaciones fueran un 12% más intensas y ha duplicado la probabilidad de que se produzca una tormenta tan intensa como aquel diluvio.

En agosto se han producido 2.177 muertes atribuibles a las altas temperaturas, lo que supone casi el doble de las registradas en agosto de 2024, cuando fallecieron 1.271 personas, según la estimación del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) y recoge EFE.

La mayoría de las muertes tuvieron lugar durante la ola de calor sufrida entre el 3 y el 18 de agosto, cuando 1.441 personas perdieron la vida a causa de las altas temperaturas. Gran parte de los fallecidos por calor tenían más de 65 años (2.099) y, en especial, más de 85 (1.428).

Por sexos, 1.300 eran mujeres frente a 877 hombres, según este sistema gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología, que realiza sus cálculos no en base a muertes reales, sino que hace una proyección estadística a partir del cruce de datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud y los compara con los del año pasado.

En lo que va de periodo estival, que comprende del 15 de mayo al 30 de septiembre, coincidiendo con el tiempo que el Ministerio de Sanidad mantiene activo el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud, han fallecido por calor 3.651. Esto supone un 81% más que en el mismo periodo que el año pasado, a falta de que termine septiembre.

De estos fallecimientos, el 40% se han contabilizado durante la última ola de calor, que en su última semana dejó más de 100 víctimas mortales al día, cuando más en el puente: el domingo 17 de agosto fue el de mayor sobremortalidad (125), seguido del sábado 16, con 113.

Asimismo, en agosto se han rebasado las cifras de todo julio, cuando las defunciones achacables al calor ascendieron a 1.060 frente a las 672 de 2024 (57%). Mientras, en junio fueron 407, 12 veces más que el mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron 32. Por último, en la segunda quincena de mayo se estimaron 8, seis más que en 2024.

Como más matan las altas temperaturas es de forma indirecta, agravando enfermedades que se tenían previamente, de ahí que la mayor parte de los fallecidos sean personas mayores; pero también lo puede hacer de forma directa y fulminante en forma de golpe de calor.

En este sentido, hasta el 19 de agosto al menos 23 personas han perdido la vida por uno en lo que va de verano, cuatro de ellas mientras estaban trabajando. Además, hay otro caso en investigación.

De esta forma, y a falta de un mes para que concluya el periodo estival, las muertes por golpe de calor ya han superado las registradas todo el verano del año pasado, que finalizó con 17, y el de 2022, cuando fueron 20. Se acerca así al más letal, el de 2023, cuando murieron 24 personas por esta causa, según los datos de Sanidad.

La Guardia Civil ha detenido este jueves a un joven de 20 años como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado -al existir voluntad y premeditación- causado sobre las 17:00 horas de esta tarde en las proximidades de la localidad de Berlanga del Bierzo (León), que ha tenido que ser desalojada. Ha informado EFE.

Según ha informado en un comunicado la Subdelegación de León, unos 20 minutos más tarde del inicio del fuego, un agente medioambiental se puso en contacto con la Central de la Guardia Civil de León e informó de que había visto a un individuo saliendo de la zona donde al parecer se ha iniciado ese incendio.

Con esta información, la Guardia Civil movilizó a las patrullas existentes por la zona, como el pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil de Zaragoza, que se encuentra desplegado en apoyo a la Comandancia de León por la grave situación existente por los incendios forestales que asolan la provincia.

Así, este pelotón es el que ha detenido al joven, que coincidía plenamente con la descripción dada por los agentes medioambientales, y que, además, pretendió darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.

El arrestado, ha sido trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para la toma de declaración, y se han puesto las diligencias y el detenido a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León) y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.

Actualmente, se está trabajando en la extinción de este incendio, declarado de nivel 2, y que ha obligado a desalojar a unas 400 personas, así como cerrar la carretera LE-716 entre los PK 4 y el PK 5.

Según el código penal, los que incendien montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.

Asimismo, en el caso de que el incendio sea de especial gravedad, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses.

El Gobierno ha hecho un despliegue "sin precedentes" contra la ola de incendios con medios hasta ahora nunca vistos, ha dicho la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, tras destacar que responderá a las necesidades de las comunidades autónomas para la restauración de las zonas afectadas. Ha informado EFE.

En una intervención en el Senado, ha destacado el papel de la Agencia de Meteorología (Aemet) en la difusión de previsiones para la lucha contra el fuego, con la puesta a disposición de sus pronósticos y sus mapas de riesgo.

Aagesen se ha expresado en estos términos durante su comparecencia ante la comisión de Transición Ecológica del Senado, en sesión extraordinaria a petición del Partido Popular, para informar sobre las medidas adoptadas por su ministerio ante la grave situación de los incendios forestales de este mes de agosto.

La dimensión de lo ocurrido "nos tiene que llevar a una reflexión clara para analizar desde el rigor técnico las causas de la virulencia de estos incendios en distintos territorios y cuáles son las consecuencias" de los mismos, ha dicho, y ha recordado que los medios estatales han actuado en fuegos en 29 provincias de 14 comunidades este verano.

"Es la única forma de ser capaces de llevar a cabo políticas públicas que nos protejan, nos permitan la anticipación y adaptarnos".

La ministra ha asegurado que el Gobierno ha trabajado desde "el primer día contra la ola de incendios tomando muy en serio la emergencia climática; "un reto importantísimo que nos interpela a todos".

En cuanto a los medios disponibles para la extinción del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Aagesen ha mencionado 56 medios aéreos, 11 brigadas aerotransportadas con 600 bomberos forestales, cuatro equipos de prevención integral y siete unidades de análisis y planificación.

Asimismo, ha informado de que se han sumado medios extraordinarios con 40 bomberos de parques nacionales, autobombas y vehículos 'pickup'.

La ministra también ha asegurado que el Gobierno va a "responder a las necesidades de las comunidades autónomas para la restauración de las zonas afectadas".

El Ministerio apoya en esa labor de restauración de incendios en base a la evaluación, planificación y programación que hacen las comunidades.

Ha subrayado el papel de la Agencia Estatal de Meteorología, sus previsiones y sus mapas de riesgo que pone a disposición de todas las administraciones, con predicción de temperaturas, humedad o vientos, parámetros fundamentales en materia de extinción.

A su juicio, el objetivo prioritario es hacer de España "un país más resiliente ante la emergencia climática".

También ha subrayado que desde el primer día, desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, se han tomado "muy en serio" la emergencia climática. "Un reto importantísimo que nos interpela absolutamente a todos".

Tras hacer un repaso de las hectáreas quemadas, aunque todavía están pendientes los datos últimos, con más de 362.000 hectáreas quemadas según información satelital del servicio europeo, ha advertido de que se han visto afectados una gran área arbolada afectadas y áreas de protección natural y especies protegidas.

De esa cifra, hay unas 160.000 hectáreas que han afectado a espacios protegidos, de gran valor natural, y 395 especies en peligro de extinción o vulnerables se han visto perjudicadas.

"Nos enfrentamos a una pérdida de tal magnitud que tiene efecto amplificador en la crisis de biodiversidad" y que ha afectado a espacios irreemplazables como Las Médulas o la Montaña Palentina, ha señalado a modo de ejemplo.

"Es importante un paso firme y seguir avanzando para que un pacto se convierta en política de estado contra la emergencia climática, con todos los medios posibles para anticiparnos a los riesgos y prepararnos mejor para dar respuesta de inmediato", ha añadido.

Ahí tiene que estar el foco, "para dar respuesta a lo que está por venir, una emergencia que no solo la confirman las previsiones de la ciencia sino la propia realidad", y ha pedido unidad para abordar un debate fundamental el del pacto de estado contra la emergencia climática.

Las olas de calor, que aumentan en frecuencia e intensidad por el cambio climático, representan un riesgo creciente para la salud de la población. Analizar cómo la exposición prolongada a temperaturas extremas afecta al envejecimiento ayuda a comprender sus consecuencias a largo plazo.

En 35 países europeos, murieron más de 61 000 personas en 2022 y cerca de 47 000 en 2023 por causas relacionadas con el calor. Asimismo, la mortalidad por altas temperaturas ha aumentado un 30 % en dos décadas, según el informe "Cambio climático y salud" publicado por la Organización Mundial de la Salud en mayo de este año. 

Hasta ahora, las investigaciones sobre sus consecuencias indicaban que el calor extremo afecta de manera negativa a la salud, sobre todo en personas mayores, pero estos estudios se habían centrado principalmente en exposiciones a corto plazo.

Un nuevo trabajo, publicado en la revista Nature Climate Change y liderado por la científica Cui Guo, de la Universidad de Hong Kong (China), analizó los datos de 24 922 adultos en Taiwán, recogidos entre 2008 y 2022, con una edad biológica promedio de 46,3 años, para estudiar cómo las olas de calor impactan en el envejecimiento.

“Hallamos efectos adversos de las olas de calor sobre el envejecimiento biológico estadísticamente significativos y que pueden persistir durante décadas. Al mismo tiempo, observamos que los valores estimados disminuyeron gradualmente a lo largo del periodo de estudio, lo que probablemente refleja una adaptación a escala poblacional”, dice a SINC Guo.

A partir de pruebas médicas —como función hepática, presión arterial, inflamación o colesterol— se calculó la edad biológica de cada persona y se comparó con su edad cronológica. Los resultados muestran que quienes habían estado más expuestos a olas de calor presentaban un mayor grado de envejecimiento acelerado. La exposición acumulada al calor se asoció con un incremento de entre 0,023 y 0,031 años en la aceleración de la edad.

“Los efectos estimados de las olas de calor (0,03 años) fueron en general comparables a los de otros factores de riesgo (0,002–0,056 años). Concluimos que la ola de calor es un factor de riesgo externo significativo para el envejecimiento, con implicaciones para la salud similares a los de riesgo internos”, enfatiza.

Aunque los participantes parecían adaptarse al calor a lo largo de los 15 años analizados, los efectos perjudiciales para la salud persistieron. “Las personas pueden adaptarse en cierta medida —posiblemente a través de mecanismos biológicos, conductuales o tecnológicos—, pero los riesgos subyacentes para la salud derivados de las olas de calor permanecen y no deben pasarse por alto”, explica la investigadora.

“Reconocemos que la aceleración estimada del envejecimiento asociada a las olas de calor es relativamente pequeña en individuos, pero esta estimación se basa principalmente en una exposición de 2 años. A pesar de lo reducido de los valores, creemos que nuestros hallazgos tienen importantes implicaciones para la salud”, añade Guo.

Por un lado, la experta explica que olas de calor han ocurrido durante al menos décadas, y sus efectos sobre la salud pueden ser acumulativos y volverse sustanciales. “Nuestros análisis de sensibilidad también respaldan que una exposición prolongada puede amplificar estos efectos adversos”.

Asimismo, consideran las olas de calor como un desafío ambiental grave y difícil de controlar. “Estudios previos han predicho que las olas de calor serán más frecuentes y durarán más que antes. Los impactos correspondientes sobre la salud podrían ser aún mayores en las próximas décadas”, advierte.

Por último, la experta subraya que una ola de calor no es un factor de riesgo individual, sino un problema global. “Resulta difícil comparar la magnitud de sus efectos con los de otros trabajos debido a la evidencia limitada. Para evaluar la importancia relativa de los efectos en la salud asociados a las olas de calor, comparamos las estimaciones con las de factores de riesgo bien establecidos, como los hábitos dietéticos y de estilo de vida”, explica la científica.

El número total de días de calor extremo resultó ser el indicador más determinante en este proceso. El equipo de Guo también halló que los residentes rurales y las personas que viven en comunidades con acceso limitado a aire acondicionado fueron más vulnerables a los efectos a largo plazo de las olas de calor en la salud. “Esto sugiere que se necesitan medidas específicas”, apunta.

Para los trabajadores manuales, la protección según la ocupación es particularmente importantes y debería incluir educación, acceso a recursos de enfriamiento y ajustes en los horarios laborales durante episodios de calor extremo.

Para los hogares expuestos con frecuencia a olas de calor, los investigadores recomiendan también facilitar el acceso a tecnologías de refrigeración, como los aires acondicionados, para reducir riesgos.

En el caso de los residentes rurales, recalcan que se requiere más investigación para comprender completamente las razones de su mayor vulnerabilidad, “pero aumentar la concienciación y proporcionar recursos para reducir la exposición al calor serán claves”.

A una escala más amplia, estrategias de salud pública —como fomentar que las personas limiten las actividades al aire libre durante las olas de calor y fortalecer la infraestructura comunitaria de refrigeración— podrían ayudar a mitigar los efectos a largo plazo del calor extremo sobre el envejecimiento.

“No realizamos investigaciones adicionales sobre las razones potenciales de estas diferencias, debido a las limitaciones de espacio en el estudio. Coincidimos en que tanto la mayor probabilidad de estar expuestos a olas de calor, como las desigualdades socioeconómicas deben contribuir a explicarlo”, argumenta.

Estos hallazgos amplían la comprensión de los impactos del calor, que hasta ahora se habían centrado sobre todo en sus consecuencias agudas, como golpes de calor o mortalidad durante episodios extremos.

El trabajo se suma a otras investigaciones recientes que señalan cómo la exposición al calor puede influir en distintas etapas de la vida. Un estudio previo mostró que el calor en los primeros años de vida afecta al desarrollo cerebral infantil. En este se advierte sobre cómo los niños de barrios con menor nivel socioeconómico mostraron una mayor vulnerabilidad a estos efectos.

Otro estudio publicado este verano, con participación la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y realizado en Madrid y Varsovia, concluyó que las ciudades no están preparadas para proteger a las personas mayores del calor.

Los autores señalan que se deben realizar más estudios con mayor diversidad y que consideren factores como el tiempo al aire libre, el entorno doméstico y los hábitos de uso del aire acondicionado.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

España encara una nueva jornada de lucha contra el fuego con niveles todavía muy altos de riesgo de nuevos incendios, y aunque mejora el control de la situación, persisten focos preocupantes, con 14 incendios en situación operativa 2 especialmente en Castilla y León, mientras continúan las labores arduas de los equipos de extinción.

El peligro de incendios se mantiene "en niveles muy altos o extremos" en amplias zonas de la península, especialmente del norte, centro y sureste, según ha advertido hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras instar un día más a la población a extremar las precauciones.

Un total de 14 incendios en situación operativa 2 siguen activos, diez de ellos en Castilla y León (León y Zamora), tres en Asturias y uno en Orense (Galicia), según los últimos datos facilitados por el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios.

El incendio de Larouco (Orense) está estabilizado. Los fuegos de Oimbra (Orense), Yeres (León) y Anllares del Sil (León) evolucionan de manera favorable, pero no han sufrido cambios durante la noche.

Por otra parte, Barniedo de la Reina (León), Igüeña-Fasgar (León) y Degaña-Ibias (Asturias) han evolucionado de manera favorable. Aunque la orografía de los tres incendios dificulta su ataque por tierra, se espera que el empleo de los medios aéreos durante las próximas horas facilite su estabilización.

Este domingo continúan activos en Asturias tres incendios en Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo -hay otros dos estabilizados en el otro extremo del Principado, en la zona de Picos de Europa- que ayer se complicaron por la entrada de viento sur y el aumento de las temperaturas.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha señalado que con el amplio operativo desplegado ayer, con 15 medios aéreos trabajando en esos incendios junto a bomberos de Asturias, Navarra, Grecia y Andorra y empresas forestales, se pudo contener el avance de las llamas desde Degaña hacia el vecino concejo de Ibias.

Durante la madrugada se reincorporó también la Unidad Militar de Emergencias (UME) para asegurar que las llamas no afectasen a ningún núcleo habitado.

El perímetro de la localidad de Genestoso, en el concejo de Cangas del Narcea se ha asegurado totalmente durante la noche. Éste es uno de los tres incendios que, junto a los de Degaña y Cerredo, continúan activos en el suroccidente del Principado.

Por otra parte, en Galicia, la situación ha mejorado este domingo, donde permanecen activos solo dos grandes fuegos, el de Chandrexa de Queixa, que evoluciona favorablemente con solo un foco por estabilizar, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, ambos en Ourense.

Después de estabilizar el sábado el incendio de Larouco, el más grande de la historia de Galicia tras quemar 30.000 hectáreas, el último balance de Medio Rural señala que el fuego sigue activo en Chandrexa de Queixa, aunque apenas en el foco de Vilariño, por lo que "evoluciona favorablemente".

También está activo el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, que entró en Ourense procedente de Porto de Sanabria (Zamora) y ha quemado 4.000 hectáreas en la zona donde se encuentra Pena Trevinca, la montaña más alta de Galicia.

En Castilla y León, las tareas de extinción durante la noche han sido muy positivas con el control y perimetraje de los incendios en la provincia de León, aunque se ha reactivado el de Caín de Valdeón, que procedente del Principado de Asturias amenaza la conocida Ruta del Cares en los Picos de Europa.

También preocupa especialmente el incendio de La Baña, procedente de Zamora, y donde los trabajos se centran en el frente sur donde las llamas se han descolgado de nuevo hacia el valle de La Baña, localidad que en la tarde de ayer tuvo que ser desalojada, mientras que en el resto de los frentes el incendio se encuentra estabilizado.

En el resto de incendios la evolución está siendo positiva con la estabilización de los perímetros de la mayoría de los siete incendios registrados en la provincia con nivel 2 de peligrosidad, y trabajando en las numerosas reproducciones de las llamas que han conseguido ser controladas en los diferentes frentes.

Las localidades de La Baña, Argallo del Sil y Anllarinos del Sil, con un total de 435 vecinos se mantienen desalojadas por los incendios; mientras que otras 27, con 1.555 personas, de poblaciones del incendio de Gestoso, el valle de Fornela y la zona de Compludo mantienen el confinamiento urbano.

León mantiene el nivel de gravedad 2 en siete incendios que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, pudiendo implicar medidas de socorro para la población o protección de bienes: Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso, Igüeña y La Baña.

Fuera de la provincia leonesa, en Zamora el incendio de Porto continúa en nivel de riesgo 2, el máximo.

Mientras, de los incendios de nivel de gravedad 1 en Castilla y León solo queda activado el de Canalejas, a los que se suman siete de nivel 0 y once controlados, según se recoge en la página web del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal).