Las olas de calor que azotan Europa se han cobrado miles de víctimas mortales, bienes inmuebles, bosques, reservas naturales, plantas y animales, incluyendo especies protegidas y endémicas. Sucesos tan graves nos hacen plantearnos cómo amortiguarlos en adelante. Todas las evidencias científicas auguran un futuro inmediato “ardiente” y de gran peligrosidad.

El cambio climático se ha producido por la acción humana, por la industria contaminante, el uso de combustibles fósiles y gases de efecto invernadero, los motores de explosión de los automóviles, la aviación y el tráfico marítimo que abastecen un mercado consumista, masivo, desigual, no sostenible e insolidario. Es la acción humana que organizan y distribuyen las élites políticas y económicas poderosas, que aplican la ideología neoliberal como si se tratara de una religión infalible y hegemónica.

En el Estado español se incumple la Ley de Montes. No se limpian ni desbrozan los campos y la disminución de los rebaños extensivos reduce el consumo de los pastos. El aumento no sostenible de los cultivos de regadío provoca la resecación de los suelos, la desaparición de humedales y la disminución de las aguas subterráneas.

Se plantan masas de árboles de crecimiento rápido, como el eucalipto, los pinos y otros, para proveer la pasta de papel. También se destinan plantas para procesar biodiésel. Los suelos de las ciudades suelen ser impermeables. Muchas zonas carecen de sombras y cuentan con un arbolado insuficiente, poco adaptado al clima y enfermo por la contaminación, la escasa renovación, las podas inadecuadas o los alcorques asfixiantes.

Los técnicos aconsejan repoblar los campos con cultivos adaptados, distribuidos en mosaico, donde alternen árboles y arbustos de distintas especies, realizar cortafuegos estratégicos y mantener reservas de agua en lugares sensibles donde el monte, las granjas y los hogares coexisten. Esa disponibilidad es un seguro de vida.

Los sistemas de alerta en materia de seguridad ciudadana deben mejorarse con nuevas tecnologías. La población carece de instrucción adecuada sobre las medidas preventivas y de evacuación en caso de riesgo grave. Los medios operativos de extinción de incendios deben coordinarse mejor desde un puesto de mando eficaz, jerarquizado, participativo, interdisciplinar y con un protocolo concreto. Los bomberos son insuficientes, están mal dotados, contratados temporalmente y mal pagados, y sus contratos no reconocen su profesionalidad, el alto riesgo y las penalidades, además de estar militarizados y continuamente amenazados.

Supone una aberración y un sinsentido que haya políticos incompetentes que nieguen el cambio climático o desvíen los fondos destinados a estos menesteres hacia tradiciones y acciones ultraconservadoras e insolidarias que fomentan el insulto, el odio, la discriminación, la violencia y las desigualdades. Me refiero particularmente a Vox y a los gobiernos del PP y Vox, presentes en diversas autonomías y bastantes pueblos. Si bien la desgana y el desvío de fondos hacia otros menesteres también se vienen produciendo en demasiadas instituciones políticas.

Irresponsablemente, muchos países destinan cuantiosos recursos a la industria de guerra, la OTAN y el rescate de bancos y sectores empresariales en crisis, sustrayéndolos de la sanidad, la educación, la vivienda o la dependencia. En adelante debemos desconfiar de la demagogia electoral y hacer política de base, además de impulsar movilizaciones vecinales, ciudadanas, feministas, sindicales y ecologistas por nuestro bienestar y nuestros derechos humanos.

No debemos dejarnos embaucar con miedos y amenazas, soportar corruptelas ni pensar que con el voto en la urna concluye la democracia. El fascismo crece y se renueva en sus formas, pero es tan embustero, miserable y criminal como siempre. No nos entretienen las comedias de enredos y los sainetes de los parlamentos y los medios de comunicación; preferimos, por su profundidad crítica y social y por su calidad artística, a los hermanos Álvarez Quintero.

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José Verdón Pérez es socio de infoLibre.

Las comunidades autónomas donde se vivirá de manera más intensa el eclipse de este miércoles están realmente preocupadas ante la posibilidad de que el evento histórico pueda tornarse en catástrofe. El nivel de riesgo de incendio será "extremo" en numerosas provincias donde podrá observarse en su totalidad, y zonas rurales que no están habituadas a la masificación, como Soria o Teruel, vivirán un pico turístico que multiplica el riesgo de fuegos.

En los últimos días, numerosas comunidades autónomas han tomado medidas para restringir accesos a zonas forestales y se han reforzado los dispositivos de vigilancia y extinción de incendios con el objetivo de minimizar riesgos. La Guardia Civil anunció este fin de semana un despliegue de 24.000 agentes con motivo del suceso, que prestarán especial atención a 660 puntos de observación del cielo. “Existe muchísima vegetación seca y un bajo índice de humedad, por lo que es fundamental que tengamos la máxima precaución", advirtió este domingo la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Se mantiene la prohibición de hacer fuego en zonas forestales y se llama a no aparcar vehículos sobre vegetación seca, una de las negligencias que ya ha causado varios incendios este verano, como el de este fin de semana en Navas de San Juan (Segovia). Se pide también máxima precaución con el abandono de vidrios y colillas, así como el uso de cualquier maquinaria que genere chispas o la manipulación de aceites calientes de motor.

Ignacio Pérez-Soba, portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de España, subraya que hay que prestar mucha atención a las zonas con turistas extranjeros, ya que pueden tener una percepción diferente del riesgo por el hecho de que quizás en sus países no estén familiarizados con los incendios. 

"Se espera un elevado número de extranjeros y nuestra relación con el fuego no es la de otros países, como el centro y el este de Europa. Ellos no perciben como nosotros el peligro del fuego porque no sufren los incendios como aquí", valora. Según el Ministerio de Economía, visitarán el país 446.700 personas esta semana debido al eclipse.

Lugo, Ourense, Zamora, León, Salamanca, Ávila, Segovia, Palencia, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid o Teruel son algunas de las provincias en las que la Agencia Española de Meteorología (Aemet) anticipa un nivel de riesgo "extremo" debido a la falta de lluvias, la abundancia de vegetación seca, la humedad del suelo o la previsión de vientos. Aunque, como se ve en el mapa, prácticamente toda la franja donde sucederá el evento astronómico tiene un riesgo "alto" (amarillo) o superior.

El experto del Colegio de Montes insiste también en que no hace falta desplazarse hasta el punto más remoto en busca de las mejores vistas ni adentrarse en el bosque con el coche para disfrutar del eclipse. "Puede ser incluso contraproducente porque lo importante es tener visibilidad en dirección oeste. Puedes ir al sitio con la mejor visibilidad del mundo que si estás en la ladera equivocada te lo puedes perder. Además, se puede ver perfectamente desde zonas urbanas", recuerda Pérez-Soba.

A esto se suma que algunas comunidades autónomas han decretado restricciones de tráfico en zonas de puerto de montaña para evitar atascos y reducir al mínimo el impacto de la masificación en el entorno natural. La Junta de Castilla y León reconoce que "la semana del 12 de agosto es en la que estadísticamente se producen más incendios forestales", de manera que ha publicado un mapa con una amplísima superficie de la comunidad que cataloga como "no recomendada".

Aragón ha ido más allá y ha limitado el acceso en vehículo a las zonas de monte a residentes, trabajadores y visitantes que se dirijan a un municipio o un parking habilitado. En la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno también ha pedido este lunes al Ejecutivo autonómico restringir el acceso y uso peatonal en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares fuera de los puntos de observación autorizados, y que prohíba la circulación de vehículos a motor en los montes de utilidad pública.

La construcción y la agricultura han sido históricamente los sectores con mayor mortalidad por la dureza del trabajo, la falta de prevención de riesgos laborales y la exposición continua a agentes o materiales tóxicos. A estos problemas, advierten los expertos, se suma cada año con mayor intensidad el calor extremo, que afecta con más intensidad a estas profesiones al aire libre y con poca capacidad para adaptarse a las altas temperaturas.

Un caso de libro ocurrió el 23 de julio en Paracuellos del Jarama (Madrid), cuando un trabajador de 61 años sucumbió al calor mientras trabajaba en una obra industrial de la compañía Comsa, cavando una zanja para una construcción eléctrica. Una persona sexagenaria trabajando a pleno sol en un secarral, un día de aviso amarillo por calor, sometido a un intenso esfuerzo físico y sin prácticamente medidas de prevención.

"Tenían un tenderete con una lona para descansar del calor, eso no es una medida de prevención, no te sirve para enfriar el cuerpo", dice indignado en conversación con infoLibre Javier Pinilla, experto en salud laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en la delegación de Industria de Madrid. Él mismo ha denunciado el caso a la Inspección de Trabajo para que se registre como una muerte en jornada laboral por una negligencia de la empresa. El parte del hospital, donde falleció tres días después, recoge literalmente "defunción por golpe de calor".

Pinilla afirma que en los últimos años ha aumentado la atención sobre los accidentes por calor debido a los picos de temperaturas puesto que los trabajos en el exterior son extremadamente vulnerables. "La prevención en fábricas cerradas es más sencilla porque la ley acota la temperatura que debe hacer en interiores, pero en exteriores no paramos de pegarnos con las empresas", asegura. "Las medidas desde arriba son 'párate si tienes calor', 'bebe mucha agua', 'busca una sombra'... pero eso es trasladar la responsabilidad al trabajador, no es una medida seria de prevención", añade.

Estas situaciones agregan un riesgo adicional a profesiones que ya sufren estructuralmente una mortalidad muy elevada. De los cuatro grandes sectores de la economía, la construcción ocupó el primer lugar con 10,94 fallecimientos anuales por cada 100.000 trabajadores entre 2015 y 2025, seguido de la agricultura, con una incidencia de 6,68. La media de mortalidad española en toda la economía es de 3,41 fallecidos por cada 100.000 empleados durante la última década, según las cifras recopiladas por CCOO. Además, las siete actividades con mayor índice de mortalidad han disparado el número de ocupados en 693.000 personas desde 2019, multiplicando el número de personas expuestas al riesgo.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral en el sindicato UGT, exige que la Inspección de Trabajo multiplique la presión sobre los sectores más vulnerables, como el campo o la construcción, pero también sobre trabajos urbanos como la jardinería o el reparto en bicicleta. "La normativa es insuficiente para proteger a estos trabajadores. Hay que adaptar horarios, garantizar la hidratación y tener ropa fresca… pero eso a veces no es suficiente. En los días más duros, si hace falta, se debe paralizar el trabajo", afirma.

La agricultura es, junto a la construcción, el otro gran sector afectado por el calor. El trigo, la cebada, la uva o el garbanzo son algunos de los cultivos que se cosechan en verano, y aunque sea común adelantar las jornadas de trabajo, es inevitable que decenas de miles de agricultores se expongan a altísimas temperaturas. Por ejemplo, en agosto de 2025 falleció por un golpe de calor un temporero de 61 años en Alcarrás (Lleida), y en mayo de 2026 murió una temporera marroquí en Moguer (Huelva) mientras recogía la fresa.

Óscar Reina, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), denuncia que los jornaleros, a menudo inmigrantes que no tienen capacidad para rebelarse, y los que trabajan bajo los plásticos de Huelva o Almería llegan a exponerse a temperaturas de más de 50 ºC. "La clase obrera migrante está completamente indefensa. Faltan inspecciones de trabajo, falta poner la lupa sobre lo que pasa a diario, y nosotros hemos denunciado ya más de 400 tajos [como se llama a las fincas]. En realidad, las olas de calor son un problema más dentro de la explotación laboral sistemática que ocurre aquí", explica.

Patricia Ruiz, de UGT, también recalca que hay un vacío estadístico a la hora de contabilizar las muertes por calor, porque el año pasado solo se contaron cinco muertes por altas temperaturas en jornada laboral, y en 2024, solo una. "No es normal que haya ese vacío estadístico. Para que se cumpla la ley hace falta también contar con datos reales", valora la portavoz sindicalista. El Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 fallecidos totales atribuidos a las olas de calor el pasado verano, y los expertos en salud laboral asumen que muchos de ellos murieron trabajando.

Europa acumula ya este verano más de 160 casos de virus del Nilo Occidental repartidos en siete países. 94 en Italia, 42 en Grecia, 16 en España, siete en Macedonia del Norte, cinco en Rumanía, dos en Francia y uno en Alemania. A ello se suman otras enfermedades como el chikungunya o el dengue, que en España ya acumulan 108 y 124 casos importados respectivamente y que cada vez son más habitual en territorios donde el aumento de las temperaturas favorece la presencia de los mosquitos que las transmiten.

El punto en común de estas enfermedades es que son transmitidas por la picadura de mosquitos, cuyos patrones de distribución y actividad están cambiando. “Lo que más estamos viendo ahora mismo es el impacto sobre los insectos y otros artrópodos. Si aumenta la población de estos vectores, también aumenta la probabilidad de que haya ejemplares infectados y, por tanto, la posibilidad de transmisión a las personas. Eso no significa que todas las picaduras provoquen una enfermedad, pero sí aumenta el riesgo”, explica a infoLibre Gema Fernández, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Aunque las altas temperaturas son uno de los factores que explican estos cambios, desde el ámbito científico advierten de que no hay que caer en discursos simplistas que reducen el fenómeno a la idea de que “a más calor, más mosquitos”.

"Hay que desmontar un poco ese mito, porque en principio es así, pero no es tan fácil", describe Frederic Bartumeus, investigador ICREA en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC) y codirector de la aplicación Mosquito Alert. Explica que “los mosquitos tienen óptimos térmicos, necesitan unas condiciones concretas de temperatura y humedad para sobrevivir y reproducirse. Cuando el calor es extremo y se combina con sequía, su actividad disminuye”.

De hecho, durante las sucesivas olas de calor registradas este verano en Cataluña, los investigadores han observado un descenso de las poblaciones. “Paradójicamente, un otoño lluvioso podría favorecer un repunte mayor que el propio verano”, destaca Bartumeus, que añade que el principal efecto del cambio climático “no será necesariamente un aumento constante del número de mosquitos, sino una modificación de sus patrones de actividad”.

“Esto provocará que los picos de abundancia se desplacen del verano al otoño o que tengamos actividad de mosquitos en diciembre porque el invierno tarda más en llegar, mientras que el verano sea demasiado extremo para ellos”, explica.

Otro de los factores que influyen en la distribución de estos insectos es la geografía, lo que estaría favoreciendo su expansión en países del centro y norte de Europa y que, si las temperaturas siguen aumentando, podría provocar el fenómeno contrario en parte del Mediterráneo debido al exceso de calor y la escasez de agua. “Si hablamos del centro o norte de Europa, el cambio climático sí puede permitir que especies que antes apenas encontraban condiciones adecuadas ahora las tengan durante más meses. Pero España ya parte de un clima donde siempre ha habido mosquitos; aquí el exceso de temperatura puede incluso dificultarles la vida”, resume.

Un factor que tampoco puede ignorarse para entender el crecimiento de estas enfermedades es la movilidad global. Muchos de estos virus llegan a Europa a través de viajeros infectados procedentes de América Latina, Asia o África y, cuando un mosquito local pica a esa persona, puede iniciarse una cadena de transmisión autóctona.

“La movilidad humana ha cambiado muchísimo en los últimos diez o 15 años y eso también explica el aumento del riesgo”, relata Bartumeus, que pone como ejemplo una de las investigaciones que ha llevado a cabo, cuya principal conclusión es que la expansión del mosquito tigre por España ha estado estrechamente relacionada con el tráfico por carretera. “Su expansión está muy asociada a la movilidad en coche de los españoles y a las principales carreteras. El mosquito se mete en los vehículos y puede colonizar nuevas ciudades mucho más rápido de lo que lo haría volando”.

A su proliferación también se suman las alteraciones en las migraciones de las aves. Fernández explica que España es un importante punto de paso para aves procedentes de África y que estos animales pueden transportar garrapatas infectadas, que posteriormente transmiten virus a la fauna silvestre. "Al final, cuanto mayor es la población de mosquitos y garrapatas, mayor es también la probabilidad de que existan ejemplares infectados. Es una cuestión de probabilidad", resume la especialista.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) advierte de que los efectos del cambio climático sobre la salud no se limitan a los mosquitos. El aumento de las temperaturas incrementa también el riesgo de intoxicaciones alimentarias por la proliferación de bacterias, favorece infecciones como la vibriosis tras el baño en aguas costeras de baja salinidad y prolonga la temporada de actividad de las garrapatas, responsables de enfermedades como la de Lyme o la encefalitis transmitida por estos parásitos. “Ante un cambio climático que incrementa el espectro de amenazas para la salud pública, hay una necesidad creciente de colaboración estratégica entre los sectores humano, ambiental y animal”, subraya la agencia europea.

“Las altas temperaturas también favorecen la proliferación de bacterias en los alimentos y de microorganismos del género Vibrio, presentes en aguas salobres, que pueden provocar infecciones cutáneas y cuadros graves en personas vulnerables”, describe Fernández. No obstante, matiza que, por ahora, “en España no estamos viendo un aumento significativo de infecciones por estas bacterias”, ya que se centra más en países del norte de Europa, aunque considera necesario mantener la vigilancia.

En la misma línea, el Ministerio de Sanidad considera que la participación ciudadana es fundamental para detectar precozmente estos cambios. Aquí toma protagonismo la aplicación Mosquito Alert, que se nutre de los avisos enviados por los propios ciudadanos sobre la presencia de mosquitos invasores y contribuye a complementar los sistemas tradicionales de vigilancia.

Para Bartumeus, el seguimiento de millones de observaciones realizadas por la población permitirá comprender mejor cómo evolucionan estas especies en un escenario climático cambiante. “Lo que necesitamos es monitorizar los cambios. El riesgo va a cambiar, la cuestión es cómo va a cambiar. Y para responder a eso necesitamos más datos y más ciencia”, concluye.

Comienza agosto y lo hace cerrando una ola de calor que, durante cuatro días, ha dejado temperaturas de hasta 45 grados en diferentes puntos del país. Ya es la cuarta que se vive este verano y vuelve a poner de manifiesto cómo este tipo de fenómenos se produce cada vez con mayor frecuencia. En España, la definición de ola de calor viene recogida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que la describe como “un episodio de al menos tres días consecutivos en que, como mínimo, el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000”.

Desde 1975 hasta 2026, este organismo ha contabilizado un total de 474 días de ola de calor. Hasta el año 2000 se acumularon 129 días, frente a los 345 registrados entre el 2001 y 2026. Esto significa, según la propia Aemet, una tendencia de aproximadamente 3,3 días adicionales de ola de calor por década, lo que demuestra que estos episodios son cada vez “más frecuentes, extensos e intensos”. Y es que, aparte de las molestias que puede causar la exposición a altas temperaturas, las consecuencias pueden ser mucho más graves y derivar en enfermedades, problemas de salud y, en algunos casos, la muerte. 

Desde 2015, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) del Instituto Carlos III lleva un registro de las muertes atribuibles a las altas temperaturas. Sus datos muestran una relación directa entre los episodios de olas de calor y el aumento de estos fallecimientos. En los días de ola de calor, la mortalidad crece de media un 5,5% en comparación con el resto de los días del verano, lo que supone más de 60 muertes diarias adicionales.

Al analizar estas cifras, se observa que 2022 es el año con más fallecimientos de toda la serie, con un total de 4.792. Fue también el año que más días de calor acumuló, con 41 repartidos en tres episodios diferentes. Durante ese verano se produjo, además, la ola de calor más mortífera de la serie, entre el 9 y 26 de julio, que dejó 1.889 fallecimientos.

El segundo año con más muertes es 2025, con 3.832 fallecimientos , y también es el segundo que más días de ola de calor, con 36 repartidos en tres episodios. En 2026 los datos tampoco son positivos: desde principios de año y hasta el 2 de agosto ya se contabilizan 3.229 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas. De ellos, 1.043 se han producido durante las cuatro olas de calor registradas este verano, lo que supone el 32,3% del total en tan solo 16 días.

Este fenómeno no es desconocido para los expertos ni para las organizaciones internacionales. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que las olas de calor deben abordarse como una emergencia de salud pública. En la segunda edición de su guía Heat–health action plans, publicada este mes de julio, el organismo advierte de que "la mayoría de las enfermedades y muertes relacionadas con el calor son prevenibles" y sostiene que los gobiernos deben prepararse antes de que se produzcan estos episodios, en lugar de limitarse a reaccionar cuando las temperaturas ya son extremas.

"La planificación anticipada salva vidas", resume el documento, que reclama que las administraciones desarrollen planes específicos frente al calor extremo. Para la OMS, estos deben combinar sistemas de alerta temprana con una respuesta coordinada de los servicios sanitarios, sociales y de protección civil, de manera que las medidas lleguen especialmente a las personas con mayor riesgo.

Entre sus principales recomendaciones figura la identificación previa de la población vulnerable, como lo son las personas mayores, pacientes con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, niños pequeños, embarazadas, personas sin hogar o trabajadores expuestos al aire libre, para que los servicios públicos puedan hacer un seguimiento activo de su situación.

Según describe la organización, el calor extremo afecta al organismo mucho antes de provocar un golpe de calor. “La exposición prolongada a temperaturas elevadas obliga al cuerpo a realizar un esfuerzo adicional para mantener estable su temperatura interna, lo que incrementa la carga sobre el sistema cardiovascular y favorece la deshidratación y los desequilibrios electrolíticos”, señala. Por ello, el calor puede agravar enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales y metabólicas preexistentes, además de aumentar el riesgo de infartos, ictus e insuficiencia renal aguda. A esto se suma que también puede afectar a la salud mental, empeorar enfermedades crónicas y reducir la capacidad física y cognitiva. 

Para revertir esta situación, la OMS considera imprescindible que los gobiernos habiliten refugios climáticos públicos, adapten las ciudades para reducir la exposición al calor mediante más zonas verdes y sombra, mejoren el aislamiento de las viviendas y formen a los profesionales sanitarios para detectar precozmente las enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Además, insiste en que cada episodio debe evaluarse posteriormente para comprobar qué medidas han funcionado y cuáles deben reforzarse.

En España, el instrumento que actualmente articula esta respuesta es el Plan Nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud, coordinado por el Ministerio de Sanidad y activo cada año entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre. Su objetivo es reducir el impacto del calor sobre la salud mediante un sistema de vigilancia y prevención, apoyado en las previsiones de la Aemet, que establece umbrales de temperatura de riesgo para cada zona del país. Cuando las previsiones indican que esos umbrales pueden superarse durante varios días consecutivos, se activan distintos niveles de alerta que desencadenan actuaciones por parte de las administraciones públicas.

Entre ellas figuran la difusión de recomendaciones a la ciudadanía para evitar la exposición al calor, campañas informativas sobre hidratación y protección frente al sol, la coordinación con los servicios sanitarios y sociales y la vigilancia específica de colectivos especialmente vulnerables. A partir de este marco estatal, son las propias comunidades autónomas y los ayuntamientos los que desarrollan sus propios protocolos de actuación.

Hace poco más de un mes, Miguel Moreira se subió por última vez a su camión cisterna. Paró en una nave del polígono industrial de Cojóbar (Burgos), se bajó y conectó los tubos a un depósito subterráneo para vaciar la carga. El operario que trabajaba en la báscula le vio tambalearse y cuando se acercó, notó algo raro en él, no respondía. Le dio tiempo a sujetarlo antes de que cayese a plomo, pero eso no evitó que falleciera de madrugada en la UCI del Hospital Universitario de Burgos.

Muy probablemente, la muerte de Miguel no quedará registrada como lo que fue: un shock provocado por las altísimas temperaturas del secarral donde paró a descargar. Ese día, 24 de junio, España sufría la primera ola de calor de este verano y esa zona se encontraba en alerta naranja en el mapa de riesgo por calor del Ministerio de Sanidad. El país alcanzó durante ese episodio unas temperaturas medias 7,1 ºC por encima de lo normal, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Amaia Moreira, una de los cuatro hermanos de la víctima, confirma que el cuerpo del camionero no fue sometido a autopsia, sino que fue tratado como un desmayo en la vía pública –así consta en el informe del 112 y ella entiende que fue porque así lo describió la persona que llamó a emergencias– que terminó en una parada cardiorrespiratoria 11 horas después. Su familia pelea ahora con el seguro para que se reconozca la muerte como accidente laboral para acceder a la indemnización.

"Ese lunes ya nos mandó una foto en la que el termómetro del camión marcaba 47 ºC. Bromeó con que cualquier día…", recuerda Amaia. También subraya que no tenía patologías previas y que nunca había tenido ningún susto parecido, sino que que fue un golpe de calor fulminante. "Toda la vida en el camión y ni un accidente, por eso estoy tan enfadada". Miguel era de San Sebastián y falleció con 56 años.

Al no establecerse una relación oficial entre la muerte y el calor, este caso pasará a ser otro de las decenas de trabajadores fallecidos en su puesto debido a temperaturas extremas que no se registra como tal. Según el Ministerio de Trabajo, el año pasado solo murieron cinco personas en España por calor en jornada laboral, pese a que el Instituto de Salud Carlos III estimó 3.832 fallecidos totales atribuidos al calor el pasado verano.

Fernando García, investigador del Centro de Investigación en Salud Laboral (Cisal) de la Universitat Pompeu Fabra, considera que es muy probable que haya víctimas en entornos de trabajo donde no se reconoce el calor como causa. Primero, porque concluir que una persona que murió al caer de un andamio lo hizo por un mareo derivado de la deshidratación requiere de una investigación compleja. Y segundo, porque en los puestos de alto riesgo por calor suele haber una sobrerrepresentación de inmigrantes no dados de alta en la Seguridad Social que quedan fuera de la estadística.

"Sospecho que hay un infrarregistro de muertes por calor, y afecta especialmente a trabajadores vulnerables. Necesitamos estudios para conocer la dimensión de este vacío", opina el experto.

Sobre el caso de Miguel Moreira, García matiza que no siempre es necesario hacer una autopsia si la causa es evidente cuando la víctima es atendida por los médicos, pero desde luego la ley obliga a dejar por escrito de manera rigurosa la causa y el contexto del fallecimiento en caso de accidente laboral. "La ley de riesgos laborales obliga a investigar caso a caso, pero es verdad que ahora hay unas 600 muertes al año, una cifra que además lleva años al alza. Es difícil saber si todas se investigan", afirma este especialista en enfermedades profesionales.

A este protocolo complejo se suma, como dice el investigador, que los sectores más afectados por el calor son la agricultura y la construcción, y, más recientemente, el reparto urbano en bicicleta, profesiones donde abunda el trabajo irregular y la prevención de riesgos laborales es prácticamente inexistente.

Un agricultor de Huelva que lleva más de dos décadas trabajando en Almonte relata a infoLibre que trabajar en verano allí es un verdadero infierno. Hay fincas mejores y peores, pero en la que está este verano se une el maltrato psicológico –gritos y amenazas–, unas condiciones de semiesclavitud –trabajar durante semanas sin descansos porque la alternativa es el despido– y un calor abrasador. Si en el exterior el termómetro marca 40 ºC, debajo de los plásticos que hacen de invernadero pueden hacer 50 ºC o más, con una humedad insoportable que reduce la capacidad del cuerpo para autorregular su temperatura.

"El plástico te suma 10 o 12 ºC fácilmente, pero es que ahí dentro estás durante horas arrancando plantas de frambuesa a brazadas. Y ese día te has levantado a las cinco de la mañana", relata este peón, que prefiere no dar su nombre para evitar represalias. "Y si te ven descansar, vienen a gritarte para que vuelvas al tajo. Si pillas al manijero en un mal día, que suelen ser todos, te pueden mandar a casa tres días sin cobrar".

El agricultor subraya que en estos lugares impera la ley del silencio porque los jornaleros –de Colombia, Honduras, Nepal, Rumanía…– no pueden permitirse denunciar. Y los accidentes, algunos de ellos mortales, no llegan jamás a las estadísticas. Un ejemplo es el de una trabajadora marroquí que murió en Moguer (Huelva) en mayo por un golpe de calor en una huerta de fresas. Organizaciones sociales como el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) o la Unión Marroquí del Trabajo (UMT) denunciaron públicamente el caso, pero no han podido acceder a más información.

"Estas cosas siempre se resuelven igual. Los accidentes se entierran", dice José Antonio Brazo, responsable del SAT en Huelva. "La empresa contacta con la familia y si te corresponden diez te dan dos y asunto zanjado. Y todo el mundo alrededor callado porque si lo denuncias, al año siguiente no vuelves".

En teoría, desde 1995 es obligatorio para todo empresario garantizar un entorno seguro debido a la ley de prevención de riesgos laborales. Como el calor es un riesgo difuso, en 2023 el Gobierno incorporó a la normativa la obligación de adaptar las condiciones de trabajo cuando la Aemet declare avisos por calor. Si una zona está bajo aviso naranja o rojo, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista", dice la norma.

En general, describe el agricultor de Almonte que ha participado en este artículo, esto se cumple en todas las fincas porque basta con empezar a trabajar media hora o una hora antes, sobre las 6.30 de la mañana. No hay coste para el empresario y el rendimiento de los trabajadores aumenta, así que no hay debate.

El problema, dice, es que en la finca donde él trabaja, el jefe se vale de la ley para pagarles menos. "Uno de los primeros días de ola de calor, no se nos avisó de la alerta. Simplemente empezamos a las 7.00, como un día normal, pero a las 12.00 nos mandaron a casa, dos horas antes de lo normal. Y cuando tocó cobrar, como sospechaba, ese día nos restaron las horas y me quitaron un día de cotización", lamenta el trabajador. "Ya no es solo el dolor físico del trabajo, es vivir sometido a un miedo constante. Y si te quejas, se corre la voz y olvídate de trabajar", añade.

Ante la situación actual, en la que Europa soporta olas de calor casi continuadas, solo cabe estar preparados; máxime si pensamos en lo que puede venir. La cultura del riesgo supone el cultivo —información, entrenamiento e interiorización— del sentimiento colectivo ante hechos que van o pueden distorsionar nuestras vidas. En este caso, apaga incendios porque la prevención impide que se propaguen, porque si explosionan se conoce casi siempre cómo enfrentarse a ellos. En este ejercicio reflexivo no sirve únicamente lamentar nuestra mala suerte; antes bien, habrá que pensar en lo que puede suceder en un futuro próximo. Además, debe considerarse si, en este caso, las altas temperaturas, que sobredimensionan los posibles incendios, son en parte una consecuencia de nuestros estilos de vida, de producción y consumo. Esta secuencia reflexiva afecta tanto a la vida particular como a la colectiva. Imaginemos algo distinto al momento actual de altas temperaturas y riesgo seguro de incendios. Si así lo hacemos, estaremos más cerca de esa realidad precaria que amenaza con propagarse y continuar.

La cultura del riesgo frente al calor y el fuego no es una maniobra ecologista, como la calificarían los políticos de Vox que detentan ahora consejerías de Medio Ambiente —caso de Aragón, pero no solo—. Ahora mismo se ha evidenciado como una necesidad urgente para enfrentar los incendios forestales, que no son bastante más numerosos que antes, pero sí muchísimo más intensos y peligrosos. Resulta lógico pensar que la sociedad en el conjunto del país, y cada territorio concreto también, construyese sin dilación una mentalidad proactiva que sea consciente del riesgo. Dado que eso no se consigue con simples proclamas o con la formulación de una ley protectora del monte, habrá que llevarla a la política general. Habrá que aumentar la información clara y sectorizada, asimilable por los posibles afectados. Dentro de una apuesta colectiva que precisa una formación continua y un entrenamiento ante posibles eventos. Es decir, protocolos que capaciten una preparación para responder con rapidez y eficacia a la casi segura contingencia. En este contexto, la educación y la conciencia compartidas, así como la asunción de responsabilidades según sectores, son indispensables.

La cultura del riesgo no incendia, sino que apaga posibles quemaduras. No es sencillo interiorizarla y formularla, ni se hace de inmediato. La costumbre de que ya habrá alguien o algo que nos salvará no sirve; la deidad protectora de la naturaleza está de vacaciones. La no meditada dejadez no afecta solo a las administraciones que nos rescatarán en un incendio y limitarán su extensión hasta apagarlo, sino que alude a una necesaria conciencia situacional. Es algo imprescindible en un país en donde la mitad del territorio es masa boscosa o similar. Una alerta de las organizaciones y entidades naturalistas se concreta en la posibilidad de que surjan auténticas piras incendiarias en nuestra masa boscosa. Siempre quedó muy lejano lo que sucedió en Pedrogao Grande, en el centro de Portugal —del 17 al 24 de julio de 2017, al menos 64 muertos y más de 1.700 heridos—, o en Mati, en Grecia —un pueblo reducido a cenizas donde murieron al menos 74 personas—; casi nadie en Europa pensaría que podía pasar en su tierra. La distancia amortigua las tragedias, aun a sabiendas de que cerrar los ojos ante la desgracia de otros no salvaguarda nuestra seguridad. Dicen por aquí que el pavoroso incendio de Guadalajara, del 16 al 20 de julio de 2005, que se cobró la vida de un equipo de extinción formado por nueve bomberos forestales y dos agentes medioambientales, además de arrasar más de 10.000 hectáreas, sirvió para mejorar los planes de prevención y custodia del monte. Por lo que vemos ahora, podemos asegurar que no del todo. La gestión que del incendio tuvo el gobierno de Castilla-La Mancha fue duramente criticada desde distintos ámbitos, ya que pareció que no se enviaron los medios aéreos y terrestres necesarios durante las primeras horas.

El territorio europeo y el de España soportarán este verano centenares de incendios de mayor o menor gravedad. Por tanto, lo mismo a escala particular que colectiva, habrá que concretarlo en forma de conciencia situacional. Por parte de las administraciones, hay que prever que los incendios se van a producir; con seguridad, aunque no se sepa dónde, cuándo y con qué intensidad. Deben reconocer que durante las últimas décadas se ha dejado de pastar y cultivar una parte del monte, que el cambio climático —hasta el señor Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, lo reconoce, aunque sus aliados de Vox lo nieguen— va a aumentar sus riesgos, y que se ha dado una ocupación habitacional del territorio —caso de Los Gallardos— que añade gravedad a cualquier fuego del monte. Se sabe que esa tendencia turística de ocupar de forma masiva la naturaleza pone en peligro la salvaguarda de muchas vidas concentradas en un paraje que no debería ser arrasado; y muchos más peligros nuevos. A veces imagino despierto lo que podría suceder si un incendio atacase el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido en uno de esos días de verano en los cuales sus sendas parecen un paseo ciudadano. Enseguida detengo la imaginación porque no estoy seguro de que las vías de evacuación funcionen y los visitantes sigan las instrucciones. ¿Serán consistentes sus esquemas mentales del riesgo individual, al menos?

De haber consolidado una cultura del riesgo ante incendios, se habrían puesto en marcha los distintos planes de prevención aprobados en los parlamentos, se habría explicado a la ciudadanía su contenido y se habrían consolidado orlas protectoras en los pueblos enclavados en montes y bosques, con protocolos muy serios y alertas explicadas. Se habría entrenado a la población de cada pueblo con simulacros efectivos y reparación de posibles fallos, se insistiría en el papel de la colaboración ciudadana; en definitiva, se habría hecho una gestión preventiva. Dentro de todo esto hay un riesgo añadido, que es el turismo de naturaleza; casa muy mal un camping o campamento rodeado por un bosque más o menos tupido. Han de readaptarse todas las normas de emplazamientos para que se minimicen los riesgos. Pero, sobre todo, es necesaria una información muy completa y razonada a los distintos sectores que puedan estar implicados en la prevención, en la gestión de las masas forestales, en el abordaje de los incendios y en la posible restitución de las masas del monte.

Necesitamos una cultura del riesgo que forme parte de los cimientos de la memoria particular y colectiva, con tal consistencia que identifique las geografías del alma. Es imprescindible porque atiende al calado de las consideraciones de la supervivencia social. Se prepara ante la seguridad de que brotarán nuevos incendios, aunque no se sepa dónde, cuándo y con qué intensidad. Siempre resulta más barato prevenir que extinguir incendios; y provoca menos desgracias personales. Es un aviso para las consejerías de PP-Vox que racanean recursos para el medio ambiente.

P. D.: Una alerta ante el “turistificado” eclipse del 12 de agosto. Imaginamos que las administraciones habrán sido cuidadosas al valorar los riesgos de oleadas de gente en lugares concretos. Deseamos que la ciudadanía cumpla las limitaciones impuestas por las autoridades y su espíritu personal de supervivencia. Así sea.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

El cambio climático ha dejado de ser una proyección futura en los modelos de circulación general para convertirse en una emergencia planetaria inequívoca, tal como certifica el Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. La evidencia científica acumulada permite afirmar con total seguridad que la actividad humana es el motor principal de esta alteración a una velocidad sin precedentes en milenios. Los datos más recientes del Servicio de Cambio Climático de Copernicus confirman que el periodo entre los años 2023 y 2025 ha sido el primer trienio de la historia en superar una media de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales. Esta aceleración es especialmente crítica en España, catalogada por la comunidad científica como un hotspot de vulnerabilidad. Al respecto, el Informe sobre el Estado del Clima de España 2025 de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) revela que el año 2025 fue extremadamente cálido en nuestro país, registrando una temperatura media de 15,1ºC (lo que representa una anomalía de 1,1ºC por encima del promedio normal respecto al periodo 1991-2020) y situándose como el tercero más cálido de la serie histórica iniciada en 1961, empatado con 2024 y solo por detrás de 2022 y 2023. Esta persistencia consolida una tendencia alarmante donde el incremento térmico medio anual en España ya acumula un aumento de 1,75ºC desde 1961.

Esta realidad física se traduce en anomalías prolongadas y recurrentes que erosionan la planificación preventiva tradicional en todo el país, reflejando que las olas de calor han dejado de ser episodios estivales aislados. Si la duración promedio de estos eventos en el periodo histórico de referencia se situaba en los 14 días, el escenario de emisiones medias proyecta que la duración de las olas de calor se extenderá en la Península Ibérica hasta los 39 días de media, pudiendo alcanzar un promedio extremo de 49 días en el escenario de emisiones más pesimista. Esta dilatación temporal de las temperaturas extremas se acompaña de un aumento progresivo del número de días en alerta oficial de salud pública, lo que expande la temporada estival en aproximadamente cinco semanas respecto a los años ochenta y consolida una preocupante tropicalización del clima en el sur de Europa. Paralelamente, los escenarios climáticos proyectados estiman que el número de noches cálidas al año se elevará desde la media histórica de 36 hasta alcanzar las 85 noches en el escenario de emisiones medias, o incluso las 97 noches en el escenario de emisiones más pesimista.

Este escenario científico obliga a redefinir la salud laboral en España desde una perspectiva psicosocial de primer orden. Los impactos climáticos han dejado de ser una preocupación periférica o puramente física para transformarse en estresores vitales que deben ser gestionados de forma integral. El nexo de unión entre el aumento térmico y la quiebra del equilibrio emocional es profundo y multicausal, manifestándose tanto en la fisiología del cerebro humano como en la degradación de los entornos organizativos. El bienestar del trabajador exige políticas de adaptación que superen el sesgo puramente físico para adentrarse decididamente en la salud mental. En este sentido, es fundamental reconocer que la protección de la salud laboral ante la crisis climática requiere un enfoque integral, donde la resiliencia humana y la preservación de las condiciones de trabajo seguras se entiendan como dos caras de la misma moneda, impulsando políticas preventivas que aborden el bienestar fisiológico y psicológico de las plantillas de forma simultánea.

El primer eslabón de este deterioro de la salud mental es de carácter biológico e imposibilita la recuperación diaria. Para iniciar y mantener un sueño reparador en las fases profundas de restauración neurológica, el organismo requiere reducir su temperatura interna central de forma natural mediante termólisis. Las noches tórridas sabotean este proceso biológico básico, obligando a las personas trabajadoras a acudir a su jornada laboral con una severa deuda de sueño acumulada. Un trabajador cansado es un sujeto con menor resiliencia psicofísica, menor capacidad de control emocional y un umbral de tolerancia al estrés drásticamente disminuido. Esto eleva exponencialmente el riesgo de cometer errores atencionales y cognitivos, traduciéndose en una mayor siniestralidad laboral al día siguiente en sectores de alta exigencia como la construcción, la industria o el transporte.

Esta vulnerabilidad física interactúa de forma peligrosa con una muestra demográfica madura en el mercado de trabajo español, donde la pérdida de capacidad homeostática es fisiológicamente inevitable con el paso de los años. Con la edad, disminuye de forma natural la sensibilidad de los termorreceptores cutáneos, la densidad activa de glándulas sudoríparas y la elasticidad del sistema cardiovascular para derivar flujo sanguíneo a la periferia y enfriar el núcleo corporal. Forzar un rendimiento normalizado en condiciones de estrés térmico severo a una población ocupada envejecida no solo es un factor de riesgo para el síncope o el golpe de calor, sino que induce un estado de agotamiento volitivo extremo. Los resultados parciales de un estudio que actualmente está desarrollando UGT indica que alrededor de las tres cuartas partes de las personas encuestadas reportan una importante merma motivacional, describiendo sensaciones de una falta de energía que vacía por completo la mente del trabajador. Al final, acude a su puesto en "modo supervivencia": está allí físicamente, pero no puede rendir porque su cuerpo solo intenta protegerse para no colapsar por el calor.

Además, el calentamiento global deteriora profundamente el clima organizacional y las relaciones humanas en los centros de trabajo. La neurobiología demuestra que el trabajo sostenido bajo temperaturas elevadas reduce la capacidad de la memoria de trabajo y nubla la atención. De forma paralela, el incremento de la temperatura actúa como un catalizador de la hostilidad relacional al elevar los niveles de cortisol y catecolaminas. En entornos metropolitanos hiperdensificados de atención al público, como el comercio y la hostelería en las grandes capitales españolas, el malestar térmico se traduce en un aumento de los conflictos interpersonales y la violencia verbal. Las tensiones térmicas erosionan la asertividad y la empatía, transformando los espacios laborales en escenarios de alta fricción interpersonal.

Esta vulnerabilidad no se distribuye de manera homogénea, sino que dibuja una preocupante fractura socioeconómica y territorial entre el entorno metropolitano y el rural. En las áreas urbanas, el asfalto, la escasez de vegetación, la impermeabilización del suelo y las emisiones térmicas de la climatización y el tráfico masivo provocan el fenómeno de la isla de calor urbana, haciendo que se irradie de noche el calor acumulado durante el día. Este fenómeno mantiene el estrés térmico en niveles peligrosos mucho más allá de las horas de máxima insolación oficial. Para las personas que realizan tareas a la intemperie en la ciudad, como los servicios de limpieza viaria, la construcción o el reparto de paquetería, el riesgo se ve multiplicado. En la logística urbana, por ejemplo, trabajadores como los riders sufren el choque constante entre la presión de algoritmos rígidos que ignoran las alertas de la AEMET y su necesidad de autoprotección, anulando su control sobre el ritmo de trabajo y disparando cuadros de ansiedad clínica e indefensión aprendida.

En el extremo opuesto, el medio rural español se enfrenta a manifestaciones distintas pero igualmente severas de la violencia del clima. En este entorno, el avance de la aridez y el estrés hídrico imponen presiones extremas sobre el sector primario. El impacto sobre la salud mental se manifiesta como una angustia existencial ante el declive económico de las explotaciones agrarias y ganaderas, un factor de vulnerabilidad silencioso que fomenta la depresión entre la población agrícola. Asimismo, la mayor virulencia de los fenómenos meteorológicos extremos provoca traumas agudos; tormentas de granizo y pedrisco destructivas, capaces de arruinar el trabajo de todo un año en diez minutos en las vegas de cultivo, inducen trastornos de estrés postraumático con fobias anticipatorias específicas hacia las formaciones nubosas. En las zonas forestales, la prolongación estival somete a las brigadas de extinción a una carga mental extrema ante la recurrencia de incendios devastadores, generando desgaste emocional, fatiga de compasión y un duelo psíquico por la pérdida del paisaje que la literatura científica define como solastalgia.

Pero el impacto del cambio climático en la salud mental de las personas trabajadoras también presenta un evidente sesgo de género que agrava la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras de manera multidimensional. Los datos oficiales confirman que las mujeres asumen de forma desproporcionada la carga mental de cuidados domésticos e informales ante el empeoramiento de la salud de familiares dependientes y niños durante las olas de calor extremos. Esta asimetría estructural se cruza con una fuerte feminización de sectores asistenciales e interactivos como la sanidad, el cuidado a domicilio y la limpieza de interiores. Durante periodos de temperaturas extremas, la saturación de los servicios públicos de atención y la exigencia de contener el sufrimiento ajeno imponen un sobreesfuerzo que las trabajadoras deben compatibilizar con jornadas laborales rígidas y escasa flexibilidad horaria, potenciando el síndrome de burnout, el colapso emocional y los desórdenes adaptativos bajo la precariedad de base del sector servicios.

Resulta preocupante constatar la profunda brecha preventiva y el vacío operativo que existe en el tejido empresarial español para hacer frente a esta realidad. Los resultados parciales del estudio sindical antes citado indican que el 74,47% de las personas encuestadas evalúa de forma negativa las medidas de adaptación de sus empresas frente al estrés térmico, calificándolas de inexistentes o insuficientes. Existe, además, una preocupante falta de formación, ya que casi el 80% de los entrevistado manifiestan carecer por completo de pautas e información para proteger su salud mental frente a los efectos de climáticos extremos. Históricamente, las evaluaciones de riesgos laborales en España han adolecido de un sesgo físico-centrista, limitándose a prevenir de forma reactiva desenlaces fatales como el golpe de calor agudo. Al no incluir de forma sistemática el impacto térmico y climático dentro de la planificación de riesgos psicosociales, se invisibiliza el nexo de unión entre la sobrecarga térmica y el deterioro de la salud mental, forzando a las personas trabajadoras a experimentar su malestar en soledad bajo el presentismo de la autoprotección.

Frente a esta desprotección, resulta urgente promover un giro conceptual que sitúe la adaptación climática, la gobernanza preventiva y la salud psicosocial en el centro de la concertación social y del diálogo preventivo en España. El clima ya no puede ser tratado como una variable externa imprevisible, sino como una condición de trabajo estructural. Es preciso superar el modelo biomédico reactivo para aplicar principios de adaptación organizativa, flexibilidad horaria y paros técnicos obligatorios sin merma salarial durante los avisos oficiales de nivel naranja o rojo emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología. Asimismo, resulta perentorio transformar el parque inmobiliario industrial, interviniendo en las naves obsoletas que actúan como invernaderos para implantar medidas de adaptación climática reales, garantizando espacios seguros para las personas trabajadoras.

Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo en un clima cambiante exige una estrategia estatal de primer orden que alinee la prevención de riesgos con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, con especial énfasis en el sector asistencial bajo el principio de "cuidar a quien cuida". Es indispensable implantar programas formativos reglados en las empresas para dotar a las personas trabajadoras de conocimientos y herramientas que les permitan hacer frente a los impactos del cambio climático, tanto a nivel físico como mental. Solo si una realidad se nombra, se mide y se evalúa de manera rutinaria, esta realidad entra en la agenda de la gobernanza pública y corporativa. La invisibilización de la siniestralidad asociada al calor y sus efectos cognitivos debe cesar de inmediato mediante una actualización integral de los sistemas de registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, reconociendo el nexo causal de las patologías mentales de origen climático. La transición hacia una economía descarbonizada, circular y segura no es solo un reto tecnológico, sino un compromiso de progreso con la dignidad, la justicia social y la preservación del bienestar físico y psicológico de toda la clase trabajadora.

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José Luis de la Cruz es director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

El calor de este verano no es como el de siempre. Según AEMET, entre 1975 y 2025 se registraron 78 olas de calor en España, pero su evolución es lo más relevante: entre 1975 y 1984 había de media tres días al año en situación de ola de calor; entre 2016 y 2025, la media fue de 22. Ahora son más frecuentes, afectan a más provincias, duran más días y son más intensas.

La pregunta incómoda es: ¿están nuestros planes climáticos preparados para el clima que ya tenemos o siguen diseñados para el clima que dejamos atrás?

Cuando se habla de política climática, suele pensarse en reducir emisiones para mitigar el aumento de las temperaturas. Es imprescindible: cuanto más se caliente el planeta, más frecuentes e intensas serán las olas de calor. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), el organismo científico de Naciones Unidas encargado de evaluar el conocimiento disponible sobre este tema, concluye que muchos fenómenos extremos ya han aumentado por la influencia humana y seguirán haciéndolo con más calentamiento.

Pero reducir emisiones no protege por sí solo frente a los impactos que ya están ocurriendo. También hay que adaptarse: preparar ciudades, hospitales, viviendas, infraestructuras, agricultura, agua y protección social para un clima más extremo.

Mitigar evita que el problema empeore; adaptarse reduce los daños presentes. Una política climática eficaz necesita ambas cosas.

Cada país presenta ante Naciones Unidas sus planes climáticos nacionales, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional o NDC, por sus siglas en inglés. Son los compromisos que los países formulan dentro del Acuerdo de París.

Las NDC nacieron centradas en la mitigación, es decir, la reducción de emisiones, pero cada vez incorporan más adaptación: cómo proteger a la población, la economía y los ecosistemas frente a los impactos climáticos. Muestran, en resumen, cómo un país entiende la emergencia climática.

En un estudio reciente publicado en Nature Communications, analizamos las 158 NDC disponibles de los 195 países registrados ante Naciones Unidas. Hemos usado inteligencia artificial (IA) y validación humana para ver cómo conectan sus planes climáticos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS).

En nuestro estudio, la IA no sustituye el juicio experto: ayuda a analizar documentos largos, heterogéneos y difíciles de comparar. Las NDC de cada país usan lenguajes, prioridades y niveles de detalle distintos, y la IA permite detectar patrones comunes, conexiones implícitas y ausencias relevantes.

Más de la mitad de los países analizados no mencionan explícitamente los ODS en sus planes climáticos, aunque muchas conexiones aparecen en el significado del texto. Analizar solo palabras clave puede ocultar relaciones importantes entre clima, salud, energía, agua, agricultura, biodiversidad o adaptación. El resultado es claro: los países no están planeando la transición climática de la misma manera.

De hecho, el hueco es notable: apenas el 1 % del texto de las NDC desarrolla explícitamente cómo la acción climática y el desarrollo sostenible se refuerzan mutuamente. La mayoría de los países tratan ambas agendas como si avanzaran por separado, cuando en realidad se necesitan.

Los países de renta alta suelen poner el acento en la salud, la transición energética o la transformación industrial. Muchos países de renta baja y media, en cambio, priorizan necesidades más inmediatas: agua, alimentos, energía, agricultura, recursos naturales y biodiversidad.

No es que unos entiendan mejor el cambio climático que otros; es que lo viven desde posiciones distintas. Para algunos, la transición significa electrificación, eficiencia o innovación. Para otros, está más ligada a sequías, inseguridad alimentaria y acceso básico a agua y energía.

Hay, sin embargo, un punto ciego que comparten ricos y pobres por igual: la educación y la igualdad de género apenas aparecen en los planes climáticos, sea cual sea el nivel de renta del país. Es una ausencia preocupante, porque sin personal cualificado para anticipar desastres y sin políticas que tengan en cuenta el impacto distinto del cambio climático sobre hombres y mujeres, cualquier plan de adaptación se queda corto.

La conclusión es clara: no existe una receta universal. Un buen plan climático debe partir de la realidad de cada país, pero integrar siempre mitigación, adaptación y desarrollo sostenible.

Una de las ideas centrales de nuestro estudio es que las políticas climáticas pueden generar sinergias, pero también conflictos. Rehabilitar viviendas, por ejemplo, puede reducir emisiones, mejorar la salud y proteger frente al calor. En cambio, una infraestructura mal planificada puede dañar ecosistemas, comunidades locales o recursos hídricos.

Por eso no basta con diseñar políticas aisladas. Las olas de calor muestran bien esa interdependencia: no son solo un fenómeno meteorológico, sino también un problema de salud, vivienda, urbanismo, energía, empleo y desigualdad. La OMS advierte de que el calor extremo aumenta la mortalidad  y agrava problemas cardiovasculares, respiratorios y renales, especialmente entre mayores, niños, embarazadas y personas con menos recursos.

En una ciudad con poco arbolado, mucho asfalto y viviendas mal aisladas, el calor no afecta a todos por igual. Adaptarse al cambio climático es, por tanto, también una cuestión de justicia social.

Y, hablando de justicia social, la deuda. Setenta y nueve países atraviesan dificultades de deuda, sesenta de ellos vulnerables al clima. Pagar intereses deja poco margen para invertir en resiliencia. Los canjes de deuda por naturaleza o clima podrían aliviar ambos problemas, pero siguen siendo la excepción.

El momento es especialmente importante. Las NDC se revisan cada cinco años y la nueva ronda, programada para el 2030, debe orientar los compromisos climáticos hasta 2035. Lo que los países decidan ahora condicionará emisiones, infraestructuras, inversiones y modelos de desarrollo. Por eso, la ambición climática no debería medirse solo en toneladas de CO₂ evitadas, sino también en la capacidad de anticipar riesgos, reducir desigualdades y evitar nuevos problemas sociales, económicos o ambientales.

España necesita reducir emisiones, pero también adaptarse rápidamente a un clima más extremo, porque el calor no espera a que los planes sean perfectos y, probablemente, este sea uno de los veranos más fríos que veremos en el resto de nuestra vida.

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Sergio Hoyas Calvo es Catedrático de Ingeniería Aeroespacial, Universitat Politècnica de València.

José Alberto Conejero Casares es Dtor. Depto. Matemática Aplicada. Universitat Politècnica de València, Universitat Politècnica de València.

Ricardo Vinuesa es profesor asociado de Aerospace Engineering, Universidad de Michigan.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

La prefectura de Gironda ha ordenado “la evacuación progresiva de toda la península de la bahía de Arcachon, pueblo a pueblo, desde Claouey hasta la punta de Cap-Ferret”, en un comunicado difundido el viernes 24 de julio, hacia las 8 de la mañana. El esfuerzo de los bomberos no ha logrado contener el incendio, que desde el miércoles ha arrasado más de 10.000 hectáreas y ha provocado la evacuación de más de 40.000 personas.

En el municipio de Lège-Cap-Ferret, el cielo ha adquirido el tono ocre de los grandes incendios. El sol no es más que una bola rojiza. El jueves, una excavadora araña el suelo arenoso y abre un contrafuego al pie de los pinares. Una veintena de bomberos mojan los árboles, desde las copas hasta las raíces. Esa será su efímera línea de frente: una franja de tierra empapada de unos cien metros, en el límite de la urbanización de Les Chanterelles, al noroeste de la ciudad.

Una columna de humo negro anuncia que el incendio está muy cerca. El fuego ruge, impulsado por los vientos cambiantes. “Viene directo hacia nosotros”, advierte un bombero. Según el último balance de la prefectura, hay 800 bomberos movilizados en esta zona tan turística de Gironda. En el departamento vecino de las Landas, han ardido unas 2.500 hectáreas y se ha evacuado a más de 25.000 personas.

En Les Chanterelles, los pinos se incendian uno a uno como cerillas. Todo el bosque arde a pocos pasos de las viviendas. Pero los bomberos con las mangueras aguantan el tipo.

El aire está saturado de gases irrespirables. Pronto entra en acción la segunda línea: una multitud de hombres vestidos de rojo trabaja entre las furgonetas aparcadas en el callejón, antes de desaparecer entre el humo, mientras van llegando más vehículos para salvar lo que se pueda. Han acudido desde toda la zona suroeste y más allá: de los Pirineos Orientales, de Charente-Maritime, de Loira-Atlántico e incluso de la región parisina.

Pero el viento les lleva ventaja. Las chispas han sobrepasado a los camiones-cisterna que bordean todo el barrio.

Las aproximadamente quince casas que forman esta punta avanzada del municipio de Lège-Cap-Ferret se ven alcanzadas por las llamas. Un seto aquí; una caseta allá. A lo lejos se oyen botellas de gas explotar.

Tras media hora infernal, llega la tregua. “Menos mal que habéis vuelto, porque no habríamos aguantado”, le dice un voluntario de la zona a uno de sus compañeros. El fuego se ha detenido en seco, a unos treinta metros de las viviendas.

Muchos de los que están aquí vivieron el gigantesco incendio del verano de 2022, cuando quedaron reducidas a cenizas más de 30.000 hectáreas. “Luché contra el de Landiras: los retrovisores del camión se derritieron, la junta de mi casco se derritió”, recuerda un bombero.

Entonces, ¿podemos comparar ese infierno con el fuego que amenaza a Lège-Cap-Ferret? “Ahora mismo es complicado detenerlo porque no para de saltar”, confiesa el bombero voluntario. “El problema es que aquí hay muchas parcelas boscosas”.

Toda la ciudad está rodeada de bosques. Y, por todas partes, la sequía ha preparado el terreno para el incendio. El suelo está cubierto de hojas secas, como en pleno otoño.

Negruzco y humeante, el pinar está ahora irreconocible. Los gritos de los bomberos, enzarzados en una carrera contra las llamas, han sustituido al canto de las cigarras. Las aves rapaces, desorientadas, siguen volando en círculos entre la niebla.

El incendio ya ha pasado, pero todo acaba de empezar. Aún hay que apagar las columnas de humo, pero ya empieza a escasear el agua. “Ahí hay una piscina”, señala Édouard, tapando nariz y boca con un paño de cocina. Junto a otros tres vecinos, ha decidido echar una mano a los equipos de rescate.

La mayoría de las casas del barrio fueron evacuadas la noche anterior. “Los bomberos pasaron una primera vez para decirnos que preparáramos nuestras cosas, y luego nos fuimos hacia las 2:30 de la madrugada”, cuenta David, cuya familia se ha ido a casa de los suegros. Después mojó las paredes de lu casa como ha podido para frenar las llamas.

Durante todo el día, los vecinos evacuados han intentado mantenerse lo más cerca posible, esperando a que las autoridades les dieran permiso para volver a sus casas. Es el caso de Mattéo y Naomie, una pareja de veintitantos años. “¿Podremos ir a dormir a casa? ¿Podremos siquiera dormir?”, se pregunta entonces la joven, mientras los aviones Dash y Air Tractor lanzan agua y retardante para contener las llamas. “Ya de por sí, esta noche ha sido complicada… “

Y cuanto más avanzaba el día, más complicado parecía su regreso. A última hora de la tarde, el incendio se había extendido hacia el norte y el este.

Según un balance de la prefectura, al menos seis viviendas han sido devoradas por las llamas. En una de ellas, un bombero resultó herido por la explosión de una bombona de gas. “La situación no es favorable”, estimaba hacia las 18:00 horas el alcalde de Lège-Cap-Ferret, Philippe de Gonneville, durante una rueda de prensa. Y advertía: “La situación puede cambiar rápidamente.”

Las calles se van vaciando a medida que un espeso humo negro invade la ciudad. Al caer la noche, solo unas pocas luces delatan la presencia de vecinos que permanecen confinados en sus casas. Mientras el campanario de la iglesia da las 10 de la noche, Lège-Cap-Ferret parece sumida en una noche de angustia.

En la carretera D106, al este, unos cincuenta vecinos del pueblo vecino, Arès, se enfrentan a un horizonte en llamas. Las furgonetas de los bomberos salen del pinar a toda velocidad. “Podéis quedaros ahí por ahora”, ordena un socorrista con casco, entre los ánimos de la multitud. “Pero si el viento cambia de dirección, id rápidamente a refugiaros. Esto puede ir muy muy rápido.”

Serge observa la escena, contrariado. “Pensábamos que se iba a calmar, pero está empeorando…” Tras diecisiete años a orillas de la bahía de Arcachon, este jubilado ve cómo los veranos se suceden y se parecen entre sí: “Hace tanto calor que basta un pequeño destello para que todo se incendie”.

En 2022, durante los grandes incendios que arrasaron la Gironda, se logró detener las llamas a unos veinte metros de allí, junto a la D106. Cuatro años después, la vegetación apenas empezaba a renacer de sus cenizas.

Traducción de Miguel López

”Falso”, “escandaloso”, exclamó el primer ministro Sébastien Lecornu el 30 de junio en la Asamblea Nacional. Respondía así a la líder de los Ecologistas, Cyrielle Chatelain, quien había mencionado la cifra de 10.000 fallecidos a causa de la ola de calor que azotó Francia en el mes de junio. Desde entonces, las cifras se van conociendo poco a poco y muestran que, a la larga, no estaremos lejos de esa cifra, o incluso la superaremos.

La agencia Santé publique France acaba de comunicar este miércoles un balance de “5.764 muertes de más por todas las causas”, durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 2 de julio de 2026. Estos datos aún no están del todo “consolidados”, pero “el cálculo es bastante fiable”, según el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, ya se sabe que estos primeros datos solo representan una parte de las muertes causadas por la ola de calor.

Aunque en este momento se han registrado más de 5.000 fallecimientos, a medida que se realice un análisis más preciso de las causas de las demás muertes ocurridas durante ese periodo, se irán sumando más. Por ejemplo, en el verano de 2025, que fue el tercero más caluroso desde 1900, Santé publique France registró 1.000 muertes de más, pero la agencia estima que “más de 5.700 fallecimientos son atribuibles a la exposición de la población al calor”.

Una cosa es segura, según Kévin Jean, epidemiólogo de la Escuela Nacional Superior y especialista en los vínculos entre salud, medio ambiente y clima: “Esta ola de calor de junio ha sido un fenómeno excepcional, todo el mundo se ha dado cuenta. Las cifras permiten medir su magnitud y reconocer que ha habido víctimas. Si otra catástrofe natural hubiera causado más de 5.000 fallecimientos, se habría guardado un minuto de silencio o se habría declarado luto nacional”.

Por otra parte, dado que las olas de calor vienen una tras otra, también tienen efectos acumulativos que “debilitan a las personas que ya están enfermas, especialmente a los enfermos crónicos”, explica Kévin Jean.

El aumento de muertes es especialmente acusado en las viviendas (ver el gráfico a continuación), mucho más que en los centros sanitarios. Las residencias de ancianos parecen haber logrado proteger a sus residentes. “Como mínimo, el 70 % de la mortalidad durante las olas de calor podría atribuirse a la exposición al calor en las viviendas”, estima Basile Chaix, epidemiólogo del Inserm y especialista en los efectos del medio ambiente sobre la salud. “Esto explica la magnitud de la mortalidad a pesar de los esfuerzos de reverdecimiento en las ciudades, la apertura de salas climatizadas, etc. Es un aspecto sobre el que tenemos menos control y que es desigual en todos los sentidos: el aislamiento o la orientación de la vivienda, la capacidad de equiparse para protegerse de los rayos del sol, la presencia de aire acondicionado…”

La región más afectada es Isla de Francia (+81,2 % de fallecimientos), por delante de Centro-Valle del Loira (+62,6 %) y País del Loira (+55,2 %). Y es que París y sus alrededores constituyen una inmensa isla de calor urbano, subraya de nuevo Basile Chaix: “Un estudio publicado en The Lancet comparó los efectos del calor sobre la mortalidad en 854 ciudades de 30 países. París es la ciudad donde estos efectos son más importantes. En los momentos de mayor calor, en París hay 8 °C más.”

Otro dato llamativo: se ha registrado un exceso de muertes en todos los grupos de edad, a partir de los 15 años. Es del 29,6 % entre los 15 y los 44 años, y llega incluso al 55,4 % entre los 45 y los 64 años. Este aumento es, sorprendentemente, menos acusado entre los mayores de 75 años (+33,3 %). Pero en cifras absolutas, se han registrado 3.719 muertes adicionales entre los mayores de 75 años, lo que supone dos tercios del balance provisional total de fallecidos por la ola de calor de junio.

Para Kévin Jean, este episodio ha puesto de manifiesto “la falta de adaptación de los edificios al calor, en particular de los hospitales y los centros educativos. Al igual que durante la pandemia del covid-19, se cerraron colegios y se vieron afectados los exámenes. Nos damos cuenta de que incluso los jóvenes son vulnerables”.

En términos más generales, el epidemiólogo considera “indecentes” los mensajes de salud pública difundidos por el Gobierno: “Prácticamente el único mensaje era ‘Hidrátense’. En la comunidad científica, también nos escandalizaron las declaraciones de Emmanuel Macron, que defendió ‘el gran trabajo’ del Gobierno en materia de adaptación”.

Las personas aisladas en sus hogares han sido las más afectadas. Kévin Jean lamenta la insuficiente comunicación por parte de las autoridades: “Habría sido necesario hacer ingeniería social: trabajar en eslóganes y campañas que animaran de verdad a preguntar por los vecinos.”

Santé publique France tiene esas competencias en materia de “promoción de la salud”, para transmitir los mensajes adecuados a través de los canales adecuados a las personas adecuadas. Sin embargo, la agencia está en proceso de desmantelamiento y el Gobierno quiere precisamente privarla de sus funciones de comunicación. En junio, incluso se le impidió poner en marcha su campaña de prevención ante las olas de calor.

Traducción de Miguel López

La brutal ola de calor que recorrió Europa a finales de junio pilló desprevenidos a millones de ciudadanos y dejó, según las estimaciones oficiales, más de 20.000 fallecidos en el continente, principalmente en Francia, España, Bélgica y Alemania. La cifra es comparable a las peores semanas de la pandemia de la covid-19, y algunos creen que esta crisis –a la que se suman los incendios, la sequía o las tormentas extremas de otoño– merece ser tratada como una emergencia de primer orden y exige la celebración de una cumbre europea del calor.

Tres días antes de que comenzase esa ola que dejó récords por todo el continente, se reunió el Consejo Europeo, formado por los líderes de los 27 países. Se debatió de Ucrania, de Oriente Próximo, de energía asequible y de los presupuestos comunitarios, pero ni una palabra sobre el calor. En las siguientes dos semanas, sin embargo, la prensa europea no habló de otra cosa que de millones de personas intentando buscar refugio del sol, del colapso de los colegios y los hospitales y de los ahogamientos en ríos no preparados para el baño.

El Partido Verde europeo, formado principalmente por eurodiputados alemanes y franceses, considera que este episodio fue un aviso rojo para que la Unión Europea actúe en bloque, empezando por la organización de una cumbre de emergencia del Consejo Europeo. "Dada la magnitud, el peligro y la urgencia de la situación, insistimos en que el Consejo Europeo convoque una Cumbre sobre el Calor", señala Vula Tetsi, copresidenta del Partido de los Verdes Europeos.

"La Unión Europea no está haciendo lo necesario y hemos llegado a un punto en el que en países como España no se puede salir a la calle durante dos tercios del día", afirma a infoLibre. "Organizamos cumbres continuamente. Por Ucrania, para aprobar nuevos paquetes de sanciones… y nosotros estamos a favor de la flexibilización fiscal para reforzar la defensa, pero también hay que flexibilizar el presupuesto para adaptación al cambio climático y para la transición energética justa", añade.

La propuesta parte de la experiencia de los últimos veranos y de la evidencia científica de que esto solo irá a más. Europa es el continente que más rápido se calienta y eso significa que tendrá que prepararse mejor y más rápido que otras zonas. Según el servicio climático de la Comisión Europea, la temperatura media del planeta ha aumentado de media hasta ahora 1,4 ºC en comparación con los niveles preindustriales (1850-1900), pero en Europa ya ha subido 2,5 ºC.

Una de las razones es que la región sufre más olas de calor que otros puntos del planeta debido a los cambios en los patrones meteorológicos derivados del cambio climático, pero hay más. El deshielo de montañas y glaciares europeos por la subida de las temperaturas reduce el efecto albedo, el reflejo de la luz en la Tierra por la reverberación de la nieve. Otro motivo es que la reducción de la contaminación del aire por el endurecimiento de las normas europeas, especialmente de aerosoles, permite que más radiación alcance el continente. Y el último es que el extremo norte del continente roza con el Ártico, la única zona del planeta que se calienta incluso más rápido que Europa debido al deshielo masivo.

Javi López, eurodiputado socialista y miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, considera que sí es momento de cerrar un "consenso" alrededor de la emergencia climática, y coincide en que "el primer paso es llevarlo como un punto a la agenda del Consejo Europeo" para que discutan urgentemente presidentes y primeros ministros. "El Consejo Europeo fija las prioridades políticas de la Unión Europea y es la máxima autoridad política. Lo que no llega ahí no existe como prioridad real", valora López.

Un impacto cercano a las peores semanas de la covid-19

El desencadenante de esta propuesta de los Verdes fue la excepcional ola de calor de finales de junio y las sucesivas, menos agresivas, del mes de julio. Según el Euromomo, el monitor de mortalidad de la Unión Europa, entre el 15 de junio y el 12 de julio se produjo una mortalidad extraordinaria de 21.455 personas.

Los datos de Eurostat sobre víctimas de la pandemia, revelan que lo ocurrido hace cuatro semanas es comparable a semanas muy duras de la pandemia, una crisis que provocó una respuesta inmediata y sin límites desde Bruselas. Por ejemplo, en marzo de 2020, el primer estallido del virus, fallecieron 52.774 personas en la Unión Europea, más del doble que durante la ola de calor de junio. Si bien el episodio de altas temperaturas afectó a muchos menos países y duró menos de dos semanas.

La necesidad de un plan de choque europeo, añaden los expertos, tendría que ir más allá de las olas de calor porque la crisis climática ha llevado también los incendios a una nueva dimensión. El año pasado ardieron más de un millón de hectáreas en Europa, y la mitad se quemaron en España. La tragedia de Los Gallardos (Almería), en la que murieron al menos 13 personas a comienzos de julio, o el reciente megaincendio de Guadalajara son otra prueba más de que incluso países acostumbrados a las llamas tienen dificultades para enfrentarse a lo que está por llegar.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, fue director durante la década pasada de FireLinks, un proyecto europeo que reunió a más de 30 países para intercambiar conocimiento sobre incendios, y subraya que es imperativo que los líderes europeos aúnen fuerzas en este momento. "Los países del norte de Europa nos están pidiendo ayuda para prevenir grandes incendios porque ya se enfrentan a condiciones climáticas mediterráneas. Si hacemos cumbres para comprar armas, cómo no vamos a hacer una cumbre sobre el calor", resume.

El uso nocturno de aire acondicionado y ventiladores ya se refleja en las estadísticas de demanda eléctrica del país, especialmente en las semanas de calor asfixiante. Según cifras de Red Eléctrica (REE), la demanda de luz durante las madrugadas ha crecido drásticamente en el último mes, y eso ha provocado un encarecimiento de la energía hasta alcanzar un máximo en cuatro años en el tramo situado entre las 00.00 y las 06.00 horas durante junio y julio.

Aunque el calor empezó a apretar a finales de mayo, las cifras parecen mostrar que los españoles esperaron a encender el aire acondicionado durante la noche hasta mediados de junio, y desde entonces el consumo no ha parado de crecer, tocando techo durante esta semana, cuando la península afronta su tercera ola de calor.

Solo teniendo en cuenta las horas comprendidas entre medianoche y las seis de la mañana, en la última semana (entre el 15 y el 21 de julio), la demanda media de electricidad cada hora fue de 27.593 MW, un 6,6% más que durante las madrugadas de la semana equivalente de junio y un 26% más que en las horas similares del mes de mayo.

El incremento del uso del aire acondicionado es lógico a medida que las temperaturas mínimas de la noche baten récords año tras año. Cada vez se registran más noches tropicales –en las que el momento más fresco de la madrugada no baja de los 20 ºC– y más noches tórridas –con mínimas siempre superiores a 25 ºC–. Según la Agencia Estatal de Meteorología, desde 1961 las mínimas han ascendido de media en España 2 ºC, y ya se producen hitos impensables hace unos años como la racha que vivió Almería a finales de junio de más de tres días seguidos con termómetros que no bajaron en ningún momento de 30 ºC.

Coincidiendo con este crecimiento del consumo, el recibo durante las madrugadas de este verano ha escalado sin parar desde comienzos de junio hasta alcanzar un máximo desde 2022. En la última semana, el precio medio de la luz entre las 00.00 y las 06.00 horas ha marcado de media 162,19 €/MWh cada hora en el mercado mayorista, al que luego hay que sumar peajes, cargos, otros costes e impuestos. Esa cifra es un 38,4% superior a la de la semana equivalente de junio y un 110% más que en mayo. Solo en 2022 la energía fue más cara de madrugada debido a que la guerra de Ucrania llevó el gas natural y la luz a unos precios nunca vistos.

Una de las razones de este encarecimiento es la subida del consumo de energía. El sistema eléctrico europeo está diseñado de tal forma que a más demanda –y en ausencia de energías renovables–, la electricidad es más cara, ya que hay que encender centrales de gas natural menos eficientes y más costosas, trasladando ese coste a la luz. Sin embargo, no es la única razón, porque en los últimos días también se ha vuelto a encarecer el gas por el recrudecimiento de la guerra en Irán y porque la producción de energía renovable cae en verano.

"Estamos entre las madrugadas más caras del histórico por el uso del aire acondicionado, pero también porque el precio del gas ha regresado a los niveles de marzo, justo después del inicio del conflicto, y porque la generación de energía eólica es un 28% menor estos días que en la media del año", señala Danny Salazar, director de la compañía energética Hello Watt. 

Aunque los días de ola de calor son los más duros de llevar, los datos de REE demuestran que cientos de miles de hogares encienden la refrigeración para dormir durante todo el verano a partir de mediados de junio.

Un equipo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se ha dedicado precisamente a calcular cuál es el nivel de calor que provoca en España un pico de consumo de aire acondicionado. No exclusivamente durante la noche, sino en general. Averiguar esta cifra es relevante porque permite prever con varios días de antelación un crecimiento importante del consumo energético en el país de cara a programar de manera óptima la generación y la demanda de energía y abaratar los costes del sistema.

Según Miguel Ángel Navas, investigador de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del ISCIII, el punto de inflexión no se produce en las olas de calor, sino 4,4 ºC por debajo de ese umbral –que varía en función de cada territorio– porque nadie espera a que los termómetros se disparen para poner a pleno rendimiento el aire acondicionado. O lo que es lo mismo, el límite de confort térmico de los españoles está 4,4 ºC por debajo del nivel de ola de calor. Estos datos corresponden a un estudio que todavía no ha sido publicado y que se encuentra en revisión.

El análisis también confirma que, con cifras de los últimos dos años, la demanda eléctrica sube de manera destacada en el país durante los días declarados como ola de calor. "En España, durante los veranos de 2023 a 2025, el consumo medio por contrato y día durante estos fenómenos aumentó un 23,6% respecto al resto de días del verano. Y el coste estimado de la factura aumentó todavía más, un 30,3%", afirma Navas.

La tercera ola de calor del verano comienza este martes y llevará de nuevo a millones de españoles a vivir en condiciones sofocantes, poniendo incluso en riesgo su salud. El aire acondicionado, una herramienta que salva miles de vidas cada año en España, solo está presente en la mitad de los hogares del país, según el INE, sobre todo entre los de altos ingresos, mientras que las familias vulnerables sufren un cóctel especialmente severo de altas temperaturas, viviendas antiguas y mal aisladas, y la presencia de niños o de personas mayores, más expuestos que el resto.

Las organizaciones que se dedican a acompañar y a ayudar a familias de bajos ingresos coinciden en que los casos que suelen atender en verano evidencian que el calor es un problema de salud pública en España. Charo Romero, de la Fundación Ecodes, trabaja en el programa Ni un hogar sin energía, donde atendieron a más de 18.000 familias el año pasado, y asegura que algunas de las casas que han visitado son inhabitables estos días. "Son viviendas en las que no se puede estar. Recuerdo una en el barrio de Delicias, en Zaragoza, donde vive una madre con un bebé y una niña. Temíamos que la pequeña llegase a deshidratarse por vivir ahí".

Aunque España sea uno de los epicentros del calor en Europa, el aire acondicionado es considerado un electrodoméstico de confort y buena parte de la población no tiene o reduce al mínimo su uso. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2021 solo el 49,6% de los hogares (9,3 millones) tenía en su casa uno o más aparatos. Es cierto que, en muchas comunidades autónomas, hasta hace unos pocos años no era necesario, pero la renta es sin duda un factor determinante. Según ese mismo estudio, solo el 40% de las familias que ingresan menos de 1.000 euros netos tiene refrigeración, lo cual no significa que la usen. A partir de 3.000 euros de ingresos, la presencia de aire acondicionado asciende ya al 61% de los casos. 

El trabajo de la Fundación Ecodes permite mirar en detalle cómo afrontan las olas de calor los hogares vulnerables. Como afirma Romero, no solo no tienen aire acondicionado, sino que sufren una "tormenta perfecta" de precariedad energética. De las 18.202 familias atendidas en 2025, el 81% no tenían su contrato de la luz optimizado –tenían contratada más potencia de la necesaria–, el 74% de quienes cumplían los requisitos para acceder al bono social eléctrico no disfrutaban de él y el 75% vivían de alquiler.

"Con unos ingresos medios de 943 euros mensuales entre las familias que atendíamos, la frase más repetida era: “O hago la compra o pago la factura de la luz”. Por lo que evidentemente no ponían el aire acondicionado. Además, tenían muchas veces contratadas las tarifas más caras y utilizaban electrodomésticos obsoletos que inflaban el consumo", resume Romero.

Estas familias son las que más sufrirán esta semana temperaturas que superarán los 40 ºC en España, y puntualmente entre 42 ºC y 44 ºC en el sureste peninsular, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología, con el pico de calor previsto para el jueves. El MoMo, el servicio de monitorización de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III, calcula que ya se han registrado en el país, desde el 1 de mayo, 2.496 muertes atribuibles al calor, casi las mismas que en todo el verano de 2025, cuando todavía quedan casi dos meses y medio para que termine el recuento del periodo estival.

El Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) publicó a comienzos de julio un estudio sobre la desigualdad en el acceso a la climatización en la provincia de Barcelona, donde denuncian que las rentas altas, además de acceder al aire acondicionado, disfrutan de viviendas más preparadas y de más zonas verdes, de manera que los ayuntamientos también han incrementado esta brecha de salud pública. 

Rubén Martínez, uno de los autores, define así lo que sería un ejemplo claro de víctima de la falta de climatización: "Podría ser una persona mayor que vive en La Florida (L'Hospitalet de Llobregat), en un último piso, que incluso no tiene ni ascensor, sin compañía de nadie y que no puede pagar el aire acondicionado. Esta persona no es consciente del peligro que corre en una ola de calor", resume el experto.

Martínez también recuerda un dato clave sobre aire acondicionado y salud. Según un estudio publicado en Environment International, el aumento de la presencia de refrigeración en los hogares redujo un 28,6% las muertes por calor y un 31,5% las muertes por calor extremo entre finales de los años ochenta y principios de la década de 2010 en España.

Las temperaturas astronómicas que se han alcanzado en los últimos veranos han multiplicado la presencia de organizaciones que trabajan para ayudar a estas familias, como el grupo ABD de pobreza energética, que surgió en 2012 para garantizar el confort doméstico durante el invierno, pero que ahora también trabaja en periodo estival.

Mònica Plana, directora de Inclusión y Pobreza y experta justicia energética de esta asociación, afirma que su principal trabajo consiste en asesorar a la hora de contratar una buena tarifa, solicitar el bono social, y buscar maneras de refrescar la casa en los casos en los que el aire acondicionado sea inviable, pero que el hecho de que la gran mayoría de las familias vivan de alquiler es un muro insuperable.

"La solución prioritaria es evitar que entre sol en casa mediante toldos o mejorar el aislamiento de la vivienda, porque si la casa se pone a más de 30 ºC, no haces nada con un ventilador. Pero todo esto depende del dueño de la casa, y si no está por la labor, tenemos un problema", reconoce Plana.

Cada año suben más las temperaturas y sus consecuencias, en algunos casos, resultan fatales. En lo que va de 2026, las muertes atribuibles al calor ya superan las 1.200, según los datos recogidos por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). No se trata de un fenómeno nuevo: desde el 2015, España acumula 29.244 defunciones asociadas a altas temperaturas.

Desgranando las cifras por comunidades autónomas, el dato más llamativo es el de la Región de Murcia. Pese a ser uno de los territorios más calurosos de España, con máximas que alcanzan los 40 grados, desde 2015 solo ha registrado 85 muertes atribuibles al calor: 5,5 por cada 100.000 habitantes. Es la comunidad que menos muertes ha registrado en la serie histórica.

En el extremo opuesto se encuentra la Comunidad de Madrid, que acumula 5.640 muertes, 83,6 por cada 100.000 habitantes, pese a registrar temperaturas muy parecidas, incluso unas décimas por debajo, a las de Murcia. Por encima de la región murciana también se sitúan otros territorios con temperaturas más bajas, como Navarra, con 551 muertes; Galicia, con 2.172; o Castilla y León, con 2.649.

La explicación, por tanto, no está solo en el termómetro. Según un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y publicado en Nature Health este mes de junio, tras analizar más de 161 millones de defunciones en 32 países europeos entre 2000 y 2019, las muertes por calor dependen tanto del clima como del contexto social.

En el caso de Murcia, varios factores ayudan a entender su baja mortalidad relativa. La región es el tercer territorio con más refugios climáticos públicos de España, con 94, según los datos recopilados por Greenpeace. Estos espacios –interiores o exteriores– proporcionan una temperatura confortable, en torno a los 27 ºC, en función de las condiciones locales. “Puede ser un espacio verde u otro lugar público habilitado para ello, como por ejemplo un colegio, una biblioteca o un centro social”, explica la organización.  

A esto se suma que solo el 2,45% de su población supera los 85 años, un dato únicamente superior al de Baleares (2,33%) y Canarias (2,22%), las dos comunidades que completan el final del ranking de muertes por cada 100.000 habitantes con 10,8 y 21,8 respectivamente. Murcia también se encuentra entre las regiones con menor porcentaje de hogares en situación de pobreza energética, un 5,1%, según un estudio de Esade.

La comparación con Madrid resulta significativa. La población mayor de 85 años es bastante parecida, un 3,06%, pero la comunidad cuenta con solo 31 refugios climáticos —menos de la mitad que Murcia— y presenta un porcentaje de pobreza energética del 8,3%. Este mismo porcentaje lo registra Cataluña, que, sin embargo, acumula 2.683 muertes, 34,4 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de las más de 5.000 de Madrid. En este caso, la población por encima de 85 años asciende al 3,39%, pero Cataluña dispone de 528 refugios climáticos.

La pobreza energética también ayuda a entender otros casos. Castilla-La Mancha presenta el peor dato, con un 13,2% de hogares afectados. Allí, las muertes por altas temperaturas alcanzan las 2.409, 117,3 por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del país. Además, la comunidad no cuenta actualmente con ningún refugio climático público y tiene una población mayor de 85 años del 3,75%. 

Estos datos demuestran que las distintas variables —temperatura, envejecimiento, pobreza energética y acceso a refugios climáticos— influyen de forma conjunta en el impacto final del calor sobre la mortalidad.

Es también el caso de Castilla y León, que no destaca por registrar unas temperaturas extremas, pero acumula 2.649 muertes por calor, 116 por cada 100.000 habitantes. La clave está, en este caso, en el envejecimiento: es la comunidad con mayor porcentaje de población mayor de 85 años, un 5,34%. En esta misma línea se encuentra Galicia, donde este grupo representa el 5,23% de la población y las muertes alcanzan las 2.172, 80,7 por cada 100.000 habitantes. Asturias, con un 5,15% de población mayor de 85 años, registra 404 fallecimientos, 40,2 por cada 100.000 habitantes.

En tono grave, casi solemne, Jean-François Soussana, presidente del Alto Consejo para el Clima (HCC), afirmó desde el principio: “Nos encontramos en un momento un tanto trágico”, al presentar el octavo informe de la institución, en el que se analiza la acción climática de Francia en 2025. Dedicó el informe, publicado el jueves 9 de julio, a las 2.025 víctimas mortales registradas entre el 22 y el 28 de junio por Santé publique France a causa de la ola de calor extremo.

En una capital abrumada por el calor, los miembros del HCC —institución creada en 2018 para evaluar de forma independiente las políticas públicas en materia climática— no se anduvieron con rodeos a la hora de señalar la brecha que separa la trayectoria actual de Francia de la gravedad de las consecuencias del cambio climático.

Diez años después del Acuerdo de París sobre el clima, el calentamiento global provocado por las actividades humanas alcanza los 1,4 °C y en unos años se superará sin duda el umbral de 1,5 °C, según han reconocido estos expertos. A nivel mundial, y especialmente en Europa, donde el calentamiento es dos veces más rápido, “las condiciones climáticas se están volviendo cada vez más peligrosas para la salud, los ecosistemas, las infraestructuras y las actividades económicas”.

Aunque la reducción mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero continúa, los avances son “demasiado lentos y demasiado limitados”, resumió la climatóloga Valérie Masson-Delmotte, que participó en este informe titulado “Peligros climáticos: Francia ante sus responsabilidades”. Mientras no se alcance la neutralidad en carbono, el calentamiento seguirá adelante, lo que acarreará consecuencias cada vez más catastróficas.

Si bien, a nivel mundial, se acelera la descarbonización del sector eléctrico y continúa la electrificación de los usos —el 25 % de los vehículos nuevos vendidos en el mundo en 2025 eran eléctricos, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE)—, “la transición del sistema alimentario sigue siendo el pariente pobre de la transición climática”, con un “consumo excesivo de proteínas animales en los países desarrollados” en particular.

Las emisiones de CO₂ del sector agrícola siguen aumentando a un ritmo de 1,6 puntos al año. El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) representa, además, una nueva amenaza que aún debe evaluarse. En la Francia continental, donde el calentamiento alcanza una media de 2,2 °C desde 2016, el año 2025 es el cuarto año más cálido jamás registrado, por delante de 2024 pero por detrás de 2022 y 2023. El calentamiento continúa “a un ritmo rápido”, con episodios de calor más intensos y prolongados.

El HCC destaca, en este sentido, “la creciente gravedad de los impactos”, ya sea en la “perturbación de la escolarización de los niños, sobremortalidad relacionada con el calor, mayor propagación de enfermedades vectoriales, pérdidas agrícolas, tensiones en el suministro de agua, elevados costes de los daños relacionados con las inundaciones y la contracción-expansión de las arcillas, aumento del coste de los seguros, retroceso de la línea de costa”, o en “el deterioro de los bosques y el blanqueamiento de los corales”. Nuestras infraestructuras también se han “diseñado para un clima que ya no existe”.

“La adaptación que se está llevando a cabo actualmente en Francia es insuficiente para contener el rápido aumento de los riesgos climáticos”, afirma el informe. Por otra parte, aunque es urgente la adaptación al cambio climático, evidentemente no puede ser suficiente, insistió Jean-François Soussana. “La capacidad de adaptación de numerosos sistemas humanos y ecosistemas está alcanzando ya sus límites”, señala el informe. Si se mantiene la trayectoria actual de emisiones, Francia debe prepararse para hacer frente a “pérdidas de rendimiento agrícola”, a “racionamientos de agua en épocas de sequía” y a “condiciones de habitabilidad reducidas”.

El ritmo de reducción de las emisiones en Francia se ha ralentizado de nuevo, al igual que el año pasado, pasando del −3 % al −2,1 %. En 2025, Francia emitió 359 millones de toneladas equivalentes de CO₂ (MtCO₂eq), lo que supone una disminución de 7,6 MtCO₂eq con respecto a 2024. El sector del transporte sigue siendo el principal responsable, con un 34 % de las emisiones, seguido de la agricultura con un 21 %, la industria con un 16 % y la construcción con un 15 %.

En cuanto a la agricultura, la ganadería representa el 59 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector, es decir, 45,7 MtCO₂eq, principalmente en forma de metano, mientras que los cultivos representan el 27 % de las emisiones del sector, con 21,1 MtCO₂eq.

Por otra parte, la mitad de la reducción de las emisiones de GEI se debe a la disminución de la actividad industrial —y, por tanto, a las deslocalizaciones—, pero también a una reducción de la cabaña ganadera. Las emisiones importadas siguen representando la mayor parte de la huella de carbono de Francia. En el país, el estado de los sumideros de carbono, indispensables para alcanzar la neutralidad de carbono, se ha deteriorado como consecuencia del cambio climático.

Aunque el país se ha dotado, desde el Acuerdo de París, de “un marco jurídico climático cada vez más denso”, señala el informe, estructurado en torno a leyes como la “clima y resiliencia” de 2021, está lejos de cumplirlo. O, más exactamente, “las normas existen, pero su aplicación adolece de una falta de recursos administrativos y financieros, de numerosas excepciones y de una tendencia recurrente a rebajar la exigencia jurídica en cuanto esta se vuelve políticamente o económicamente sensible”. Una formulación diplomática, pero clara, para expresar hasta qué punto han sido sistemáticamente socavados a lo largo de los años los escasos avances de las políticas públicas.

Aunque Francia ha establecido el objetivo de la neutralidad en carbono para 2050, “persiste la brecha entre la ambición de las leyes y los resultados: emisiones insuficientemente reducidas y aplicación parcial”, como ocurre con el “cero artificialización neta”, incumplido por todas partes. Los miembros del HCC también han criticado duramente el proyecto de ley de emergencia agrícola, que acaba de ser aprobado en el Senado, por sus importantes retrocesos en materia de ecosistemas.

Aunque el HCC recuerda que acogió con satisfacción la aprobación del tercer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc), subraya, no obstante, que “la puesta en marcha de las medidas del Pnacc sigue dependiendo de los recursos financieros y aún queda por demostrar su impacto tangible en la adaptación de Francia”. Estamos muy lejos del ejercicio de autocomplacencia del Gobierno sobre este tema. A mediados de junio, Monique Barbut, ministra de Transición Ecológica, Biodiversidad y Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza, afirmaba que el 80 % de las medidas del Pnacc estaban “en marcha”.

Para completar este sombrío panorama, el HCC señala que el cambio climático va acompañado de desigualdades crecientes, con una precariedad cada vez mayor en el ámbito energético, desde el acceso a la movilidad hasta la precariedad alimentaria. Los retrasos en materia de atenuación agravan las desigualdades sociales, ya que “la exposición al estrés térmico en viviendas, colegios, hospitales y lugares de trabajo (no adaptados) afecta en primer lugar a los hogares con menos recursos”. El HCC ha presentado una Francia acorralada y ha expresado su deseo de que las grandes decisiones que le esperan ante el cambio climático ocupen un lugar central en la campaña presidencial.

Traducción de Miguel López

Las olas de calor constituyen uno de los riesgos climáticos más relevantes para las ciudades mediterráneas en el contexto del cambio climático. El aumento de la frecuencia, intensidad y duración de los episodios de temperaturas extremas afecta especialmente a los entornos urbanos, donde el fenómeno de la isla de calor incrementa, aún más, las temperaturas respecto a las áreas rurales circundantes

Las olas de calor tienen consecuencias significativas sobre la salud humana, el consumo energético, la calidad del aire y el bienestar social. Los grupos más vulnerables incluyen a las personas mayores, a los niños, a las personas con enfermedades crónicas y a la población con menores recursos económicos. En España, se estima que solo en el verano de 2022 fallecieron más de 11 000 personas por episodios atribuibles al calor y en Europa, entre 2022 y 2024, la cifra alcanzó las 181 000 personas.

La configuración urbana influye directamente en la distribución espacial de las temperaturas. La abundancia de superficies impermeables, el predominio de materiales con alta capacidad de absorción térmica y la escasez de vegetación favorecen la acumulación de calor durante el día y su liberación lenta durante la noche. Como resultado, determinados barrios presentan una mayor exposición al estrés térmico.

Ante este escenario, surge el concepto de refugio climático como una estrategia de adaptación urbana, que ofrece condiciones ambientales más confortables durante episodios de calor extremo gracias a la presencia de sombra, vegetación, agua y diseño bioclimático.

Estos espacios reducen la temperatura ambiente, proporcionan refugio temporal a la población y pueden encontrarse en parques urbanos, jardines, corredores verdes, plazas arboladas, patios escolares adaptados o equipamientos públicos acondicionados para ofrecer confort térmico. Su función no es solo reducir la temperatura, sino también mejorar la salud, favorecer la cohesión social y aumentar la resiliencia urbana frente al cambio climático.

Desde la planificación urbana, los refugios climáticos pueden clasificarse en tres categorías: refugios verdes (parques, jardines y corredores ecológicos), refugios azules (espacios asociados al agua, fuentes, láminas de agua y zonas húmedas urbanas) y refugios interiores climatizados (bibliotecas, centros culturales, centros de mayores y equipamientos públicos).

Por otro lado, las soluciones basadas en la naturaleza también contribuyen a mitigar el calor. Entre ellas destacan el incremento del arbolado urbano para proporcionar sombra y enfriamiento mediante evapotranspiración, la creación y ampliación de parques y zonas verdes, el desarrollo de corredores ecológicos que conecten espacios verdes y faciliten la circulación del aire, la implantación de cubiertas y fachadas vegetales en edificios, la recuperación de cursos de agua urbanos y elementos de agua adaptados al contexto climático local y la renaturación de espacios degradados y superficies impermeabilizadas.

Estas medidas generan beneficios múltiples, entre ellos la reducción del efecto isla de calor, la mejora de la biodiversidad urbana, la captura de carbono, la regulación hídrica y el aumento del bienestar psicológico de la población.

Madrid ha comenzado a incorporar estrategias de adaptación climática basadas en la naturaleza mediante iniciativas de renaturalización y ampliación de la infraestructura verde urbana. Espacios como Madrid Río, Casa de Campo y Parque de El Retiro desempeñan un papel fundamental como áreas de regulación térmica y refugio climático. Asimismo, diversos proyectos municipales promueven la plantación de árboles, la mejora de patios escolares y la creación de itinerarios peatonales más confortables frente al calor.

No obstante, persisten desafíos relacionados con la distribución desigual de las zonas verdes entre distritos, la disponibilidad de agua para el mantenimiento de la vegetación y la necesidad de integrar criterios climáticos en todas las escalas del planeamiento urbano. Todavía no se dispone de una red única y plenamente consolidada de refugios climáticos por distritos. Sin embargo, desde 2025, el Ayuntamiento ha impulsado distintos espacios identificados como refugios climáticos, apoyándose en bibliotecas, centros culturales, centros de mayores, equipamientos municipales y grandes parques urbanos.

Madrid muestra una desigual distribución de los refugios climáticos. Los distritos periféricos con mayor presencia de zonas verdes (Moncloa-Aravaca, Fuencarral-El Pardo o Barajas) presentan mejores condiciones de confort térmico que los distritos densamente urbanizados como Centro, Tetuán, Usera o Puente de Vallecas.

Los refugios climáticos y las soluciones basadas en la naturaleza emergen como herramientas eficaces para reducir la vulnerabilidad térmica y mejorar la calidad de vida de la población. La expansión de la infraestructura verde, la renaturación de espacios urbanos y la creación de refugios climáticos deben considerarse elementos fundamentales de las estrategias de adaptación urbana sostenible, contribuyendo a construir una ciudad más resiliente, saludable y habitable ante los desafíos climáticos futuros.

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Julián Briz Escribano es Catedrático emérito, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Isabel de Felipe Boente es Profesora jubilada de Economía y Desarrollo, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Allá donde esté una central de gas, poner un aerogenerador o un parque fotovoltaico. El resto, todo igual, como siempre. Mismo sistema, mismas empresas, mismos poderes, mismos problemas. La transición energética se nos ha quedado corta, precisamente porque se ha interpretado como un mero cambio de fuentes de energía. Se podría decir que no se han atendido cuestiones clave –porque no se ha querido– como son las consecuencias sociales de mantener un modelo económico y energético en el que la garantía de acceso universal a un bien de primera necesidad y la democratización de su funcionamiento es todavía insuficiente.

Hasta hoy, la llamada transición energética ha logrado importantes hitos. Tenemos un ministerio encargado de avanzar hacia un modelo energético más limpio, resiliente y bajo en carbono. Pero, el plan que ha articulado España, al igual que Europa, ha pecado de ser poco ambicioso, pues no aborda el proceso con una mirada más amplia y transversal, dejando de lado temas tan importantes como la componente social, que, además, podrían transformar la vida de millones de personas para bien.

El pasado 30 de junio presentamos nuestro libro “Manual de independencia energética. El camino hacia la transición ecosocial” (Catarata, colección Transiciones) y estuvimos acompañados por tres personas –a las que agradecemos su predisposición– que no son ajenas al proceso hacia una transición más social: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la analista y profesora de Ciencias Políticas y Sociología Cristina Monge. ¿Por qué dos personalidades vinculadas al pensamiento laborista? Porque, precisamente, este camino debe contar con la clase trabajadora. Hablamos no solo de tener en cuenta su voz en procesos de cambio cruciales, sino de involucrar a toda la población y convertir este reto enorme en una oportunidad para mejorar la vida de las personas.

Esto pasa por ver en el despliegue de renovables y la electrificación una oportunidad no para satisfacer las líneas de negocios de las grandes empresas energéticas, sino una forma de generar empleo y valor socioeconómico. Unai Sordo lo sintetizaba muy bien arguyendo esa idea de que más renovables es sinónimo de energía barata y eso, a su vez, es un aliciente para atraer industrias que generen puestos de trabajo estables.

No sólo eso. La vicepresidenta Díaz recordó los miles de muertes que se han producido durante las olas de calor en los últimos años y cómo estas afectan, en gran medida, a la clase trabajadora. Morir a 40 grados, en un andamio o limpiando las calles abrasadoras de tu ciudad, es una realidad que no se puede ocultar y que, por desgracia, será cada vez más recurrente por culpa de un termómetro global al alza.

Y en este punto la transición ecosocial puede convertirse –más bien, debe– en un proyecto de país. La electrificación y las renovables son una herramienta de mitigación local. Pero, también esta transición es la de la adaptación, la de hacer ciudades amables, la de normativas laborales que protejan a los ciudadanos de eventos extremos vinculados al cambio climático como las olas de calor, las sequías y las inundaciones.

Necesitamos que la transición ecosocial sea una estaca que atraviese cada una de las arterias socioeconómicas del país. Eso pasa por mejorar la vida a escala micro, desde abajo, con un sistema energético distribuido, que apueste por el autoconsumo doméstico e industrial, por comunidades energéticas, por redes públicas y por ciudades verdes. Pero, también este periplo tiene que ser una oportunidad única para que España sea dueña de su propio destino.

Y es que Ormuz y la invasión rusa de Ucrania han visibilizado, una vez más, la debilidad de una economía fósil. Es el momento de dar importancia a generar una energía limpia y autóctona, ajena a los volantazos bélicos de las superpotencias del planeta. La transición ecosocial es una forma de proteger a los ciudadanos. Aunque no lo creamos, con una buena gestión, cada gigawatio renovable instalado puede ser un salvavidas para las familias que durante el invierno no pueden mantener sus hogares en condiciones dignas. En otras palabras, renovables y electrificación como estrategia de defensa.

Es complicado abordar en estas breves líneas lo que supone articular un proyecto de país en torno a la electrificación y las renovables. Sin embargo, podemos resumir el reto en la ambición de hacer que la descarbonización de nuestra economía sirva no sólo para rebajar los índices de CO2, sino para construir un lugar donde la vida no sea hostil. Lo tenemos a mano, nos va la vida en ello.

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Fernando Ferrando es coautor del libro Manual de independencia energética y el presidente de la Fundación Renovables.

Ismael Morales es coautor del libro Manual de independencia energética

Los cuatro acuerdos firmados por PP y Vox este año para gobernar conjuntamente Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Aragón no solo coinciden en la idea de la “prioridad nacional” impuesta por el partido ultra: ninguno de ellos hace una mínima mención al cambio climático o a la contaminación atmosférica. La excusa para no abordar estas dos amenazas es que se trata de cuestiones "ideológicas", cuando en realidad las comunidades autónomas tienen las competencias sobre la política sanitaria, la protección civil, la calidad del aire y la protección del medioambiente, cuatro cuestiones inseparables de la emergencia climática.

Ninguno de los cuatro pactos firmados hasta ahora recoge el término "cambio climático" y solo se hace referencia a las políticas verdes como un muro que frena la economía y que pone trabas al campo y la industria. Los textos tampoco recogen medidas para abordar el calor sofocante, a pesar de que el verano pasado se registraron 3.832 muertes por altas temperaturas. La única promesa cercana a este asunto es la de climatizar los colegios. La contaminación del aire tampoco apela a PP y Vox, a pesar de que cuesta cada año más de 800 millones de euros al sistema sanitario español solo en visitas a Urgencias.

Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, opina que el medioambiente es la principal víctima del acercamiento entre los dos partidos, junto con la inimigración. "Es una moneda de cambio para las alianzas. Antes, el PP tenía un discurso retardista, pero reconocía el cambio climático. Ahora, ha decidido asumir el negacionismo de Vox para cerrar los acuerdos de gobierno", afirma.

Más sorprendente es, según Saldaña, que Andalucía haya cerrado un pacto ausente de medidas climáticas días después de una espectacular ola de calor que ha dejado numerosos récords en los termómetros y, hasta este lunes, más de 1.258 muertes atribuibles a las altas temperaturas. Tampoco se recogen propuestas de apoyo a la climatización o al pago de facturas de energía, donde las comunidades autónomas también tienen competencias, ni de prevención de incendios forestales, pese a las quejas por precariedad de los bomberos andaluces.

Precisamente, de los cuatro acuerdos, el de Andalucía es el que más ataca todo lo relacionado con el medioambiente, algo que sorprende por el perfil del reelegido presidente, Juanma Moreno, quien supuestamente abanderaba la política de la moderación.

En el texto firmado el jueves con Vox, Moreno promete suprimir solo tres impuestos en la próxima legislatura, y todos ellos son ambientales: el recargo sobre las bolsas de plástico, el de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y el de vertidos a aguas litorales. También modificará la ley de cambio climático andaluza para eliminar cualquier coste que penalice a la economía autonómica y "se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas" relacionadas con el cambio climático.

A un acuerdo similar llegó Jorge Azcón, el presidente aragonés del PP, cuando pactó con Vox en abril la eliminación o rebaja de tres impuestos, y los tres son también medioambientales: la tasa sobre las aguas residuales, la de emisión de contaminantes a la atmósfera y el gravamen medioambiental sobre las grandes áreas de venta. El primero se reducirá y los otros dos se eliminarán.

En Andalucía, Aragón y Extremadura, el PP y el partido de Santiago Abascal también se han comprometido a realizar un intenso trabajo de desregulación sobre las áreas naturales protegidas, como la Red Natura 2000 o las zonas ZEPA (zona de especial protección para las aves). Estas modificaciones irán desde redibujar los mapas de protección a simplificar la normativa para "compatibilizar la protección del medio natural con el desarrollo económico".

Lo que puede parecer una frase genérica y poco clara, que pasa desapercibida entre docenas de puntos más, podría suponer de aquí a cuatro años una amenaza real para lugares emblemáticos del patrimonio natural. El mejor ejemplo está en Baleares, donde PP y Vox se pusieron de acuerdo hace unos meses para aprobar una ley ómnibus que abre la puerta a ampliar el tamaño de los chiringuitos de playa y a desarrollar nuevos usos recreativos en zonas protegidas de costa, como clubes de windsurf, tumbonas de pago o motos acuáticas.

Joan Pere, portavoz de Menys Turisme, Més Vida, una organización vecinal balear, afirma que la coalición de derechas en su comunidad legisla para los empresarios hosteleros y amenaza la conservación de las playas del archipiélago. "Han flexibilizado la ley para abrir la puerta a nuevos negocios que evidentemente tienen un impacto en el medioambiente. Más chiringuitos significa más turismo, más residuos y más gente colándose en las dunas protegidas", señala. Para reivindicar su oposición, este domingo organizaron una cadena humana en el Parc Natural de es Trenc-Salobrar de Campos (Mallorca), una de las playas donde se espera que aterricen nuevos negocios y que hasta ahora estaba ampliamente protegida.

Aunque los pactos de Gobierno no mencionan la emergencia climática, es imposible para PP y Vox ignorar las consecuencias que esta tiene en la sociedad y la economía, como queda patente en los acuerdos programáticos. Por ejemplo, el de Aragón recoge inversiones para modernizar las pistas de esquí y sus máquinas de nieve "para así garantizar temporadas más estables y duraderas y poder generar nieve a mayores temperaturas", ya que en los Pirineos la temporada cada vez comienza más tarde porque los inviernos son más cortos y cálidos.

La obsesión de estos partidos por el fomento del regadío y de los trasvases también responde al hecho de que las precipitaciones se han vuelto más extremas en los últimos 20 años, extendiendo los periodos de sequía y amenazando la viabilidad de los cultivos de secano, otra consecuencia del cambio climático. Los incendios forestales también ocupan este año un espacio considerable en estos acuerdos de gobierno, después de que en 2025 se registrase el mayor número de hectáreas quemadas en lo que va de siglo.

A pesar de que muchas personas nos preocupamos por cómo adaptarnos a las variaciones climáticas consolidadas que debemos soportar, la conciencia colectiva enmudece con una frase pronunciada por el portavoz del partido Vox: el fanatismo climático no debe existir. Su presidente, el señor Abascal, dijo en los días previos a las elecciones andaluzas, y así queda recogido en su web, que “el fanatismo climático, que arruina nuestra población y que mata, como mató en la DANA y como mató también en el apagón, es un acto de corrupción”. Como nos podemos encontrar entre los que tilda de fanáticos climáticos querríamos explicarle, con el debido respeto, algunos detalles de nuestras preocupaciones, por ver si así se ablanda su intransigente postura, carente de fundamentos científicos.

Sentimos el dolor de las más de mil muertes impulsadas por las altas temperatura y las olas de calor (663 por este motivo) en junio. Nos estremece pensar lo que puede suceder en los meses venideros; cuando España cierra el segundo junio más caluroso de su historia, por ahora. Los días 22 y 23 de junio fueron los dos más cálidos registrados en un mes de junio desde, al menos, 1950. Por cierto, en los últimos 10 años, la media era de 330 fallecimientos cada junio (en general por el agravamiento de ciertas patologías). No es el calor de siempre, es el cambio climático: la ola que achicharra Europa habría sido imposible hace solo 50 años. Que se lo pregunten a los franceses, alemanes, checos, polacos, etc., que se han torrado en junio.

No nos inventamos los fallecimientos sino que los hemos recogido del sistema MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria), desarrollado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Su objetivo es identificar desviaciones en la mortalidad diaria por todas las causas. Los resultados, variaciones significativas entre la mortalidad observada con respecto a la mortalidad esperada debe comunicarlos al Ministerio de Sanidad a los efectos oportunos. Hay que subrayar que MoMo utiliza datos de defunciones diarias y temperaturas de cada día para medir/analizar las olas de calor y su incidencia en la salud pública. Este sistema forma parte del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas frente a los efectos de los excesos de temperatura en la salud ciudadana; así se pueden activar medidas concretas para mitigar sus efectos.

Nos duele conocer que el calor extremo ha disparado las emergencias médicas de personas con demencia y podría acelerar su deterioro cognitivo. Un estudio de casi una década con más de 13.680 pacientes con demencia subraya la urgencia de implementar medidas preventivas contra el calor extremo, sobre todo en el caso de personas mayores y con enfermedades neurodegenerativas, según se dijo por parte de la Academia Española de Neurología.

No son fanáticos climáticos quienes alertan de las temperaturas soportadas a finales de junio en Cantabria y el País Vasco (tradicionales refugios veraniegos). La Plataforma ClimaMeter (alojada en el Instituto Pierre Simon Laplace, sostenido por varias universidades francesas) afirma que el cambio climático ha “inyectado” hasta 4 grados a la ola de calor que atraviesa Europa y ha aumentado el riesgo de un episodio extremo. También recoge las olas de calor que asolaron la India en abril y la que padece la Antártida en su invierno (hasta + 3 °C de lo habitual).

Sepan quienes nos tildan de fanatistas climáticos que las noches tropicales o tórridas se provocan porque las temperaturas nocturnas (suelo y aire) no tienen tiempo de bajar antes de volver a subir. Las noches tropicales por año cada vez se dan antes y llegan a producirse más tarde. Es más, si hasta 1997 apenas eran 20 días por año, en los últimos 22 superan los 30. Mucho peor, desde 2022 se aproximan o superan los 50 días/año. En las noches ecuatoriales o tórridas la temperatura no desciende de los 25 °C. A todo esto hay que sumarle, en la ciudad, la isla de calor que provoca ella misma, con enclaves donde las temperaturas medidas esos días de olas de calor ponen en peligro las condiciones mínimas del aire saludable.

La caldera de Pedro Botero que es ahora el mar Mediterráneo, tras muchos años de continuadas altas temperaturas, nos previene de las posibles danas que descargarán lluvias torrenciales en el camino hacia el otoño. Lo expresa bien el sistema Copernicus de la UE, que suponemos no estará entre los fanáticos. Cómo estará el asunto del calor marino que en ese portal de investigación/información han debido cambiar los modelos cartográficos porque antes solamente medían intervalos entre +5 y -5 °C con respecto a la media; ahora se superan hasta 10 grados en verano. El agua mediterránea se ha convertido en un reservorio de calor de influencia considerable en el clima de Europa, el continente que más calentamiento soporta.

No es fanatismo constatar que los incendios extremos de 2025 marcaron un punto de inflexión tras arrasar más de 524.000 hectáreas. Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de León concluye que la interacción entre la sequía prolongada, los fuertes vientos y la elevada carga de vegetación seca generó unas condiciones excepcionales que favorecieron la propagación de grandes incendios. Zamora y León sufrieron la peor parte de esta catástrofe ambiental sin precedentes. Me pregunto qué papel habrán jugado los defensores de una alerta climática en la generación de estos episodios. Quizás el monte se ha rebelado contra su ideología.

En síntesis, con el debido respeto, rogaríamos que aquellos que hablan de fanatismo climático sean conscientes de la negativa influencia que generan en sus seguidores, en la ciudadanía en general. A los cuales eximen de toda posibilidad de comprensión particular; así toda la culpa es del clima y sus fanáticos predicadores. Siendo que los perjudicados por estos lemas hirientes son las personas, no el innegable cambio climático en el que estamos inmersos que, recordemos, es bastante nuestro por acción u omisión.

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.