La ley de transparencia obliga a las Administraciones a publicar determinada información con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda fiscalizar la gestión y el uso del dinero público —lo que se conoce como publicidad activa—. Pero no solo a ellas: algunas entidades privadas, como las que reciben más de 100.000 euros al año de subvenciones o ayudas públicas, también deben cumplir ciertas obligaciones de publicidad activa sobre asuntos como su gestión económica o su organización institucional. A pesar de la obligación legal, no todas lo hacen. 

Un ejemplo de ello es Cruz Roja Española. En 2024 recibió 913,25 millones de euros en subvenciones y, por tanto, supera holgadamente el umbral a partir del cual debe cumplir con la ley de transparencia en materia de publicidad activa. Sin embargo, la organización no publica determinadas informaciones que exige la ley, como la remuneración anual de sus responsables y directivos. Todo ello, a pesar de haber sido informada de la obligatoriedad de hacerlo en varias ocasiones por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). 

Este incumplimiento lleva prolongándose desde hace al menos seis años, durante los cuales Cruz Roja no ha tomado ninguna medida al respecto a pesar de ser consciente de la situación. En junio de 2019, el Consejo de Transparencia— a raíz de la denuncia de un periodista de infoLibre— recordó a la entidad su obligación de publicar esta información y solicitó explicaciones por su parte, sin recibir respuesta.

En julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno volvió a recordar a Cruz Roja sus obligaciones cuando evaluó a la organización en un informe de cumplimiento de la publicidad activa. En esta ocasión la entidad sí contestó al Consejo presentando alegaciones sobre el caso, y afirmó que "sus máximos responsables son voluntarios y no perciben retribución". El Consejo de Transparencia solicitó entonces que esta aclaración se incluyera en el portal, cosa que la ONG no hizo. 

Lo cierto es que, a pesar de las alegaciones que hizo ante el Consejo, ese mismo año Cruz Roja gastó 3,57 millones de euros en remuneraciones a sus directivos, como se refleja en la auditoría de sus cuentas de ese año. Ese dinero fue para el personal de lo que la organización define como "alta dirección", que entonces estaba integrada por 62 personas, según la misma información de las cuentas. Por tanto, esos directivos habrían cobrado 57.694 euros de media. 

En 2024, último ejercicio disponible, esta cifra ha aumentado hasta alcanzar los 4,31 millones de euros. La alta dirección ese año estuvo formada por 67 personas; y la media salarial ascendió hasta 64.299 euros por cabeza. En cualquier caso, Cruz Roja no detalla —ni en sus cuentas anuales ni en su portal de transparencia ni en ningún otro lugar— el desglose del sueldo para los distintos cargos dentro de esa alta dirección.

Entre ese personal directivo se encuentran la presidenta de la organización, la secretaria general, la coordinadora general, los secretarios autonómicos y provinciales y los gerentes de los centros sanitarios de Cruz Roja, entre otros cargos. Como es evidente, no todos cobran el mismo salario, pero la opacidad de la organización imposibilita hacer otros cálculos más allá de esa media. 

Además, las cuentas no aclaran si el número de personas que indican para la alta dirección corresponde al número de cargos que ha habido ese año o al número de personas concretas que los han ocupado. Un mismo puesto puede haber sido ocupado por varias personas distintas a lo largo del ejercicio, en cuyo caso el sueldo medio de cada cargo sería más alto. 

Contactada por este medio en varias ocasiones, la entidad se ha negado a hacer público el desglose de estos sueldos, o en su defecto a facilitarlo a infoLibre, que también se lo ha solicitado en múltiples ocasiones. Cruz Roja no ha vuelto a utilizar el argumento de que sus directivos son voluntarios, como afirmaron al Consejo en 2020. En esta ocasión, en una de sus respuestas a este medio, la entidad afirma que cumple con todas sus responsabilidades de transparencia y no tiene "mayores obligaciones de información" que las contenidas en los artículos 6.1 —sobre la estructura organizativa— y 8.2 —sobre contratos o convenios con la Administración pública— de la ley de transparencia. 

La trampa está en que la obligación de publicar "las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades" se encuentra en el artículo 8.1 de la ley. Pero el criterio del Consejo de Transparencia, el organismo que se encarga de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia en nuestro país, es claro. 

En un criterio interpretativo de 2015 el CTBG establece de forma expresa que las entidades sin ánimo de lucro y las organizaciones privadas que reciban más de 100.000 euros al año de fondos públicos deben cumplir el artículo 8 en su totalidad, incluido el 8.1 y, por tanto, la obligación de publicar las retribuciones de sus directivos. El CTBG, además, ha confirmado a este periódico que ese criterio interpretativo sigue plenamente vigente. Cruz Roja no ha vuelto a responder cuando infoLibre le ha hecho llegar esa información.

Cruz Roja, además, debería ser consciente de este hecho, ya que cuando el CTBG evaluó a la organización en 2020, en el informe de cumplimiento —que se encuentra disponible en la propia web de la organización— se valoró su grado de cumplimiento de todo el artículo 8, no solo de su apartado 2. 

Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho en la Universidad Complutense y director del Centro de Investigación en Transparencia y Gobierno Abierto, explica a infoLibre que al carecer la ley de transparencia de un régimen sancionador, este incumplimiento no tiene ninguna consecuencia práctica para la entidad. 

María Díez, profesora de periodismo en la Universidad de Valladolid y experta en transparencia, coincide: "Si buscamos organizaciones sociales en las que confiar, lo lógico sería que ellas fueran las primeras interesadas en ser transparentes. Pero tenemos un problema con el cumplimiento de la norma, debido a que esta no contempla sanciones. Su cumplimiento depende de la voluntariedad de las Administraciones y organizaciones, y en España tenemos una falta de cultura de la transparencia brutal", señala.

Como prueba de ello, en su respuesta a infoLibre, Cruz Roja también declara que no tiene que responder a las peticiones de información que puedan hacer los ciudadanos al amparo de la norma, puesto que esa obligación se limita a la Administración pública. Esta afirmación sí es cierta y se alinea con la ley y con el criterio del CTBG, que en julio de 2024 dio la razón a la ONG cuando no contestó a una petición de información sobre la gestión de los bienes inmuebles que obtiene mediante herencias. 

Lo que resulta sorprendente es que, a pesar de ello, la entidad mantiene un formulario en su portal de transparencia que permite enviar solicitudes en virtud de dicha ley. infoLibre, por ello, decidió preguntar tanto por esa vía como directamente al departamento de prensa por cuestiones como el coste de los dos despidos colectivos que realizó la entidad y fueron anulados por la Justicia o qué otras remuneraciones en especie o beneficios perciben los directivos de la organización que, según fuentes internas, incluyen el disfrute de un apartamento en Madrid en el caso de la directora, y el de un coche con chófer en el caso de la secretaria general.

El departamento de prensa declinó informar sobre ambas cosas —aunque sí respondió a otras cuestiones— y el de transparencia solo indicó que no respondería ninguna de las solicitudes al no estar obligado por ley a hacerlo.

El Consejo de Transparencia analiza cada año el grado de cumplimiento de distintas organizaciones y Administraciones sobre la publicidad activa que les exige la ley. La última vez que lo hizo con la Cruz Roja fue en 2020 y detectó que los salarios de sus directivos no eran lo único que la organización estaba ocultando.

El Consejo indicó que la ONG cumplía en un 65% con la información que debe publicar. Conseguía un aprobado, pero escondía varios datos que la legislación le exige publicar. En el caso de la información económica, además, el grado de cumplimiento bajaba hasta situarse en un 51%.

El organismo también destacó "el escaso uso de formatos reutilizables y la carencia de referencias a la fecha en que se actualizó o se revisó por última vez la información" por parte de la Cruz Roja. 

Algunas de las informaciones que ocultaba ya son públicas a día de hoy, como los contratos que le han sido adjudicados por Administraciones públicas. Otras, como las obligaciones económicas suscritas con Administraciones a través de convenios o los propios sueldos del personal directivo, siguen sin ser reveladas seis años después de que el Consejo les escribiera por primera vez sobre este asunto.

De hecho, al realizar la evaluación de 2020, el CTBG remitió ocho recomendaciones a Cruz Roja para mejorar su publicidad activa. En 2021 el Consejo volvió a evaluar a la organización para comprobar si había cumplido con ellas. Solo había aplicado tres y el organismo volvió a destacar en su informe que "no se publica información sobre las retribuciones percibidas por los máximos responsables de la organización".

Ángela —nombre ficticio— se acostumbró a vivir de noche cuando empezó a trabajar en la línea telefónica 024, de atención a la conducta suicida. Entraba a las once, salía a las siete de la mañana, y los fines de semana hacía turnos de doce horas. Cada llamada era distinta, pero ninguna era fácil. “Me iba a casa agotada, pero satisfecha —recuerda—. Si conseguía que una persona desistiera, aunque solo fuera por esa noche, sentía que había valido la pena”.

Durante un año trabajó en este servicio, financiado por el Ministerio de Sanidad pero gestionado por Cruz Roja Española mediante una adjudicación por valor de 2,3 millones de euros al año. Lo hacía por 1.300 euros netos al mes, pero después de la renovación de su contrato, el sueldo bajó a 1.100. En la nómina, Ángela aparecía como personal con estudios básicos, aunque el pliego del Ministerio de Sanidad exigía licenciatura en Psicología y experiencia profesional en el sector. “Cuando protesté, me dijeron que me había subido el IRPF al cambiar de contrato temporal a indefinido”, cuenta.

Ángela reclamó entonces por su categoría laboral y la del resto del personal del 024, alegando que tanto por la formación académica como por las características del trabajo no podían cobrar como operadores telefónicos. Cruz Roja le abrió un expediente sancionador por falta muy grave y la despidió tres días después. “En el expediente ponía que había puesto en riesgo la vida de un usuario”, recuerda. “Dos días antes me habían felicitado por una intervención en la que una chica con una sobredosis me dio su dirección para enviarle una ambulancia”. 

Ángela no había recibido ninguna advertencia sobre su rendimiento, aunque relata que en alguna ocasión un supervisor le llamó la atención por recomendar a los usuarios recursos ajenos a Cruz Roja, como albergues públicos o la línea 016 contra la violencia machista. Llevó su despido a los tribunales y, tras un año de espera, justo antes de entrar a juicio, la organización le ofreció un acuerdo económico. “Yo quería que se celebrara el juicio, pero mis abogados me dijeron que Cruz Roja recurriría eternamente. No quería más desgaste”, explica.

Tras su salida, Cruz Roja recibió más presiones de la plantilla del 024 y accedió a reevaluar su categoría laboral. Pero en lugar de enmarcarlos en el grupo de psicólogos, que existe dentro de la categorización de la organización, la dirección creó una nueva categoría, “operadores con titulación”, que se traducía en una subida de unos 100 euros netos al mes, según fuentes internas. 

Según estas fuentes, la plantilla fue coaccionada para aceptar el acuerdo: “Recursos Humanos dijo que si se pedía más dinero, Cruz Roja dejaría el proyecto, porque les salía más rentable pagar la penalización al Ministerio de Sanidad que subir más los sueldos”. 

Todos los operadores de la línea son graduados en Psicología, según una respuesta del Ministerio de Sanidad a este medio, aunque en los inicios del servicio este requisito, especificado en los pliegos del contrato, no siempre se cumplió, según publicó el periodista especializado en suicidio Guillermo Córdoba en una serie de reportajes basados en testimonios de trabajadores y análisis de las ofertas de trabajo.

El teléfono 024 al igual que el del centro de emergencias, no es una línea comercial. Cada llamada puede ser una crisis, un intento de suicidio o simplemente alguien que se siente solo y no sabe a quién llamar. Pero en la oficina central de Cruz Roja, los equipos trabajan bajo objetivos de productividad: número de llamadas por hora, tiempos medios y ratios de espera marcan las jornadas laborales. “No se puede atender llamadas críticas, que requieren concentración, sensibilidad y tiempo, mientras piensas que si te sigues alargando no vas a llegar al objetivo”, cuenta una antigua trabajadora.

Según han relatado a infoLibre varias fuentes independientes entre sí, con ocasión de algunas visitas de autoridades o responsables institucionales al centro de emergencias, las pantallas que muestran las estadísticas de llamadas y tiempos de espera se han manipulado artificialmente para ofrecer una imagen más favorable del servicio.

“Nos trataban como si vendiéramos seguros”, explica Víctor —nombre ficticio— que trabajó en el centro de emergencias, en la misma planta que el 024. “Había días que no podía levantarme ni para ir al baño. Si tardabas un minuto, ya escuchabas tu nombre por los altavoces”. La fatiga emocional se unía a la física: las pausas se registraban en una hoja de cálculo compartida y había que pelear por un hueco. “Parecía un juego de supervivencia”, cuenta Víctor. 

Víctor fue contratado como operador y más tarde asumió funciones de supervisión, aunque sin firmar ningún contrato nuevo. La responsabilidad sí se reflejaba en un extra en la nómina, pero la categoría no estaba formalmente reconocida. Las supervisiones se hacían en público, por un chat grupal en el que se señalaba a quien no llegaba a los objetivos. “Si lo hacías bien y tenías esa suerte, a lo mejor te lo decían por privado; si lo hacías mal, o ellos lo interpretaban así, te lo decían delante de todo el mundo”. “Al principio aceptaba todos los turnos, pensaba que era una forma de ascender, pero acabé con taquicardias”, cuenta Ángela. 

Este enfoque mercantilista se extiende también a otros programas de Cruz Roja como Info Prevención, un servicio multicanal de información sobre infecciones de transmisión sexual que nació como línea telefónica y que ahora opera a través de varias plataformas. “El  programa consiste en atender al público, sobre todo por chat, porque el teléfono cada vez se usa menos, pero también en crear y divulgar información para concienciar, prevenir y desestigmatizar”, explica una persona cercana al programa. “Pero para la dirección, si el personal no está todo el día atendiendo llamadas significa que no está trabajando lo suficiente, y le añaden más carga de trabajo, muchas veces en otros servicios para los cuales no les dan la formación adecuada”, relata.  

En Madrid, el personal de los centros de atención a migrantes también refiere condiciones laborales extremadamente difíciles, más allá de las inherentes al puesto y al sector. En general, las personas consultadas coinciden en lo mismo: es la vocación de los trabajadores lo que sostiene la labor de Cruz Roja. “Era un trabajo muy duro, pero también el más humano que he hecho en mi vida”, dice Ángela sobre su labor en el 024. “Yo estaba orgullosa de llevar el uniforme de Cruz Roja, de sentir que servía para algo. Hasta que empecé a ver cómo trataban a la gente que lo hacía posible”.

El sentir de parte de la plantilla, al igual que en el caso de los dos despidos colectivos anulados por la Audiencia Nacional, y el tercero anunciado la semana pasada, es de decepción y desconfianza en la actual dirección, a la que acusan de primar los criterios mercantiles sobre los humanitarios. “No se puede llevar una ONG como si fuera una multinacional. Una cosa es garantizar la sostenibilidad económica, que no está en riesgo, y otra es buscar la rentabilidad sobre todo lo demás”, critica una extrabajadora, ahora jubilada y voluntaria de Cruz Roja, que tuvo cargos de responsabilidad tanto en la organización como en uno de sus comités de empresa, y asegura que “no reconoce a la entidad”. 

Para todas las fuentes consultadas resulta indignante que la organización alegue motivos económicos para justificar sus decisiones cuando su salud financiera es excelente, como constatan sus cuentas anuales, que reflejan un excedente— el equivalente al beneficio de en las entidades sin ánimo de lucro— de 114 de millones de euros en los últimos cinco ejercicios. 

Según declaran varias fuentes internas, los ingresos de la Cruz Roja por donaciones “se multiplican cada vez que hay alguna catástrofe” —la entidad recibió 65 millones de euros en donaciones y legados en 2024— pero “no todos los fondos se utilizan para el motivo para el cual se reciben”. Según afirma una persona cercana a la gestión económica, en las arcas de la entidad “aún queda dinero del huracán Mitch” (un ciclón tropical que asoló América Central en 1998). Las fuentes también coinciden en que comenzar cada ejercicio económico con excedentes millonarios del ejercicio anterior facilita mucho la gestión económica de la entidad, y no debería ser compatible con realizar despidos colectivos, negarse a aplicar subidas salariales reflejadas en convenios, o amenazar con cerrar programas sociales si baja su rentabilidad.

Varias fuentes también señalan irregularidades en la forma en que Cruz Roja justifica algunos de sus convenios con la Administración. Aseguran, por ejemplo, que en varios de los programas cofinanciados entre Cruz Roja Española y la Administración, la organización incluye como aportaciones propias gastos que no pertenecen al proyecto, como sueldos de directivos o servicios informáticos de la sede central. Según afirman, estos programas funcionan solo con la parte de dinero público, mientras que la parte supuestamente aportada por Cruz Roja se emplea para otros fines, lo que —denuncian— resulta en un empeoramiento del servicio y de las condiciones laborales de quienes trabajan en él.

Además de las críticas por la gestión económica, las fuentes consultadas también denuncian lo que consideran “una deriva endogámica” en la dirección de la organización. Distintas personas conocedoras del funcionamiento interno coinciden en señalar el peso en los puestos de responsabilidad de los conocidos como “niños Cruz Roja”, término con el que designan a los dirigentes que entraron de pequeños en las juventudes de la organización y han desarrollado en ella toda su carrera laboral. Si bien admiten que conocer bien la entidad es una ventaja clara a la hora de gestionarla, estas fuentes denuncian dinámicas de “amiguismo” en las que los contactos y la pertenencia a ciertas “facciones o familias” tienen demasiado peso a la hora de elegir a los cargos de la alta dirección. 

Muchas de ellas citan como ejemplo a la actual secretaria general, Asunción Montero, hija de José Luis Montero, antiguo secretario autonómico de Cruz Roja Andalucía. Antes de su puesto actual, Asunción Montero había estado al frente del departamento económico de Cruz Roja Andalucía y de la dirección central de Recursos Humanos, posición que ocupaba cuando la entidad se negó a llevar a cabo la subida salarial pactada en el convenio de la oficina central, y llevó a cabo el primer despido colectivo anulado por la Justicia.

Cruz Roja Española ha comunicado formalmente al comité de empresa su intención de iniciar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE), el tercero en menos de dos años, que afectará a 118 trabajadores en todo el territorio. 

La decisión llega cuando apenas han pasado cuatro meses desde que la Audiencia Nacional declaró nulo el anterior proceso de despido colectivo, el segundo que la Justicia tumba en menos de dos años. La organización registró en 2024 un excedente —el equivalente a beneficio en las entidades sin ánimo de lucro—  de 30,69 millones de euros. Sumando los cuatro últimos ejercicios, el excedente asciende a 93 millones de euros. 

Según la información trasladada al comité de empresa, el nuevo ERE se plantea por causas organizativas y de producción, los mismos motivos que el expediente anterior, anulado por la Audiencia Nacional el pasado junio. El tribunal ordenó la readmisión de los trabajadores al considerar que la documentación aportada por la entidad era insuficiente, desordenada e incongruente, lo que impidió a los representantes de la plantilla conocer las causas reales del ajuste. 

Antes, en junio de 2024, ya había anulado el primer intento de despido colectivo —y obligado a la readmisión de los afectados— al concluir que los 149 ceses ejecutados entre octubre y diciembre de 2023 constituían en realidad un ERE encubierto sin negociación ni periodo de consultas. 

El nuevo expediente incluye a los trabajadores de la oficina central despedidos y readmitidos por sentencia judicial dos veces desde diciembre de 2023, que, hasta hoy, siguen cobrando sus nóminas sin poder acceder a sus puestos de trabajo, a las plataformas internas ni al edificio, en lo que califican de “readmisión en falso”. La entidad mantiene que esos puestos “están amortizados y no son necesarios en el funcionamiento diario”.

El comité de empresa de la oficina central considera el nuevo intento de despido colectivo “una irresponsabilidad y un desprecio hacia la plantilla, hacia los fondos públicos con los que se sostiene gran parte de la actividad de Cruz Roja Española y hacia los valores que la organización dice defender”. Los representantes sindicales exigen la retirada inmediata del procedimiento y que la organización abra “un espacio de diálogo real” en lugar de “insistir en un camino que ya ha demostrado ser un fracaso jurídico, económico y humano.”

Mientras tanto, sigue pendiente el recurso presentado por Cruz Roja ante el Tribunal Supremo contra la última sentencia de la Audiencia Nacional. Como publicó infoLibre, la dirección había asegurado inicialmente que no recurriría la resolución, pero lo hizo el último día del plazo.

“El terremoto de Vicente es la falta de empleo digno”. Así arranca la última campaña publicitaria de Cruz Roja Española, Catástrofes del día a día, que recuerda que también existen desastres invisibles como la soledad, la precariedad o la falta de oportunidades. Según el vídeo, la entidad ayudó a 274.579 personas a encontrar trabajo en el último año.

Para Alberto —nombre ficticio— el terremoto no fue una metáfora. Llegó en diciembre de 2023, cuando Cruz Roja le despidió tras más de veinte años en la institución. Recibió la comunicación de despido una mañana cualquiera, y en cuestión de minutos su usuario corporativo fue desactivado. “Ni siquiera pude llegar a enviar el documento en el que estaba trabajando ni despedirme de mis compañeros”, recuerda.

Como él, otros catorce trabajadores de la oficina central en Madrid se vieron fuera de una organización que muchos de ellos conocían como su casa. Lo que ninguno imaginaba entonces era que ese despido sería el primer eslabón de una cadena. En los dos años siguientes, ellos y decenas de empleados más serían despedidos (de momento) dos veces, readmitidos (que no reincorporados) otras dos, y vivirían un conflicto judicial cuya solución aún no se ve cercana.

El primer temblor de este terremoto tuvo lugar cuando la organización se negó a aplicar la subida del 8,5% pactada en el convenio de su oficina central, pese a haber cerrado el ejercicio anterior con más de 25 millones de euros de excedente. En lugar de cumplir lo firmado, advirtió a su plantilla de que, si debía asumir ese coste, habría “ajustes” de personal. Y los hubo: quince trabajadores de la oficina central, algunos con décadas de antigüedad, fueron despedidos en diciembre de 2023, a los que se sumaron más de un centenar en otras sedes provinciales.

Los sindicatos denunciaron y la justicia ratificó que, a pesar de tratarse de centros de trabajo diferentes, no eran despidos aislados, como defendía la organización, sino un despido colectivo encubierto. La Audiencia Nacional anuló los despidos y ordenó la readmisión de todos los afectados, pero el conflicto no había hecho más que empezar. 

La organización recurrió la sentencia, para unos meses más tarde retirar el recurso y readmitir a los afectados. Sin embargo, esa readmisión nunca fue completa: los trabajadores volvieron a estar en nómina, pero no regresaron a sus puestos, sino que se les obligó a coger sus vacaciones, y una vez terminadas, pasaron a situación de permiso retribuido. 

En febrero de 2025, cuando aún seguían en ese limbo, la entidad volvió a despedirlos, esta vez sí, mediante un expediente de regulación formal. La Audiencia Nacional volvió a tumbar el proceso y a ordenar la readmisión, al concluir que la organización había dificultado la negociación entregando documentación incompleta, desordenada y en algunos casos incongruente, lo que impidió a los representantes de los trabajadores conocer las causas reales de los despidos. 

Cruz Roja aseguró entonces por escrito a los trabajadores que acataría la sentencia y que no recurriría, pero solo cumplió la mitad: convocó una reunión formal de readmisión, les dio de alta de nuevo y les citó para firmar la documentación —sin permitirles volver a sus puestos ni devolverles sus funciones—, pero el último día del plazo, y contraviniendo lo anunciado, presentó otro recurso ante el Tribunal Supremo. 

Ahora, los trabajadores readmitidos cobran mensualmente sus nóminas, aunque no pueden consultarlas porque no tienen acceso a las plataformas internas, ni al edificio —en la reunión de readmisión se les facilitaron tarjetas de visitante—, ni tareas asignadas. El sentir general del grupo de la oficina central es de profunda decepción con la institución: “Hemos tenido que hacer un proceso de duelo respecto a nuestras carreras y nuestra vinculación con la entidad”, señalan. Todos hacen el esfuerzo de separar la Cruz Roja y su labor humanitaria de sus actuales dirigentes y modo de operar, pero la “disonancia de valores” entre los promovidos y los puestos en práctica es imposible de ignorar para ellos. 

Tras la segunda “reincorporación en falso” han interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo por lo que consideran un incumplimiento de la sentencia que obliga a Cruz Roja a devolverles sus empleos. La organización, por su parte, traslada que sus puestos están amortizados y ya no existen, a pesar de que, según señalan los trabajadores, en la mayoría de los casos simplemente los están ocupando otras personas. 

Ante la pregunta de si la entidad planea un tercer proceso de despidos, la respuesta de Cruz Roja en la última reunión con los trabajadores fue que no lo sabe, pero “el que quiere leer entre líneas, que lea”. Los trabajadores dan por hecho que habrá un tercer intento, y algunas fuentes apuntan a que la dirección ya habría iniciado los preparativos.

El enfrentamiento entre Cruz Roja Española y la plantilla de su oficina central comenzó con un incumplimiento por parte de la organización. El artículo 40 de su convenio colectivo, firmado en 2014, establece que los sueldos deben subir cada año el mismo porcentaje que las pensiones públicas, en lugar de ir ligados a la inflación. Durante años, esa fórmula jugó a favor de la organización: las pensiones crecían —si lo hacían— menos que el IPC y la medida permitía contener los costes salariales.

Pero en 2023, tras la revalorización de las pensiones en un 8,5%, la dirección de Cruz Roja decidió que no aplicaría la subida íntegra. Alegó que el incremento era “inasumible” para la organización y propuso un aumento alternativo del 3%, que tras las negociaciones con los sindicatos se elevó al 5,7%. El comité de empresa rechazó la propuesta y defendió que la entidad debía cumplir lo firmado.

Ante la tensión, el 24 de febrero de 2023, la dirección envió una carta a toda la plantilla de la oficina central en la que advertía que, si debía aplicar la subida del 8,5%, “se produciría un conflicto laboral” y serían necesarias “medidas de ajuste que incidirían en la plantilla”.

Los sindicatos llevaron el desacuerdo ante la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos de la Comunidad de Madrid. En noviembre, la resolución fue clara: no existían causas económicas que justificaran el incumplimiento. La organización, que en 2022 había presentado un excedente de 25,69 millones de euros en sus cuentas, debía aplicar la subida pactada en el convenio.

Pocas semanas después, en diciembre, la advertencia se materializó. Quince trabajadores de la Oficina Central, muchos de ellos con una larga trayectoria en la institución, fueron despedidos por “causas organizativas”. A ellos se sumaron decenas de despidos más en otras sedes autonómicas y provinciales. En total, 149 extinciones de contrato en apenas tres meses, todas firmadas bajo el mismo CIF de Cruz Roja Española.

El golpe fue especialmente duro en la oficina central, el corazón administrativo y operativo de Cruz Roja Española. Algunos de los despedidos llevaban más de veinte años en la casa y ocupaban puestos de responsabilidad, otros habían sido contratados recientemente tras pasar años trabajando para Cruz Roja a través de empresas de trabajo temporal. Ninguno había recibido advertencias ni evaluaciones negativas.

En paralelo, en sedes provinciales y autonómicas se sucedía también “un goteo de despidos”, según definen los sindicatos. En total, 149 personas perdieron su empleo entre octubre y diciembre de 2023. Las cartas de extinción se firmaban con el mismo CIF, el de la Cruz Roja Española, pero procedían de distintos departamentos y territorios.

Para los sindicatos UGT y CCOO, aquello no podía considerarse una suma de despidos individuales: era un despido colectivo de hecho, un ERE encubierto sin negociación ni periodo de consultas. El 14 de enero de 2024 presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional, alegando que la entidad había vulnerado el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

El 27 de junio de 2024, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional les dio la razón. En su sentencia, el tribunal declaró la nulidad del despido colectivo y ordenó la readmisión de todos los trabajadores, estableciendo que Cruz Roja había superado los umbrales legales de despido colectivo sin seguir el procedimiento exigido por ley.

La resolución fue contundente. La Audiencia consideró además que parte de las bajas alegadas como “no superación del periodo de prueba” eran fraudulentas, y que las extinciones debían contarse a nivel de toda la empresa, no por centros de trabajo, dado que Cruz Roja opera bajo un único CIF y estructura.

Los sindicatos denunciaron que la organización usara “fondos públicos y donaciones” para “despedir de forma ilegal e injusta” y advirtió que recurrir la sentencia podría suponer “un ingente desembolso económico que comprometería los programas sociales de la entidad”. Aun así, la dirección anunció que recurriría ante el Tribunal Supremo, retrasando la readmisión a la que la sentencia le obligaba. 

Fuentes cercanas al proceso y a la entidad explican la importancia de esta sentencia: por primera vez, la Audiencia Nacional reconocía la unidad de todos sus trabajadores, independientemente de la delegación o el territorio en el que prestaran servicio. La resolución desmontaba así uno de los argumentos centrales de la organización, que defendía que los despidos debían computarse por centros de trabajo y no a escala global.

Según explican fuentes sindicales, los despidos colectivos sin recurrir formalmente a un ERE llevaban tiempo siendo una práctica habitual dentro de la entidad. Sin embargo, esta vez los sindicatos decidieron denunciar. En primer lugar, porque, aunque Cruz Roja suele funcionar por proyectos —y algunos tienen una fecha de fin que justifica extinciones de contrato concretas—, en este caso los despidos afectaban a puestos estructurales de la oficina central, sin relación con ningún programa temporal.

En segundo lugar, según las mismas fuentes, porque la organización había utilizado tradicionalmente la temporalidad como herramienta de control sobre la plantilla. “Si te llamaban un domingo y no ibas, ya sabías que ese año no te renovaban”, resume gráficamente una persona conocedora de los procesos internos. Con la reforma laboral y la desaparición del contrato temporal, explican, la dirección ha buscado mantener esa capacidad de presión mediante los despidos colectivos. La negativa rotunda a reincorporar a los trabajadores despedidos de la oficina central responde precisamente, según interpretan ellos mismos, a “no querer perder autoridad ni sentar un precedente favorable a la plantilla”. 

Tras la primera sentencia, Cruz Roja anunció que acataría el fallo y que procedería a readmitir a los despedidos. La noticia, recibida con alivio por los afectados, pronto se convirtió en desconcierto. La “readmisión” nunca llegó a materializarse: los trabajadores fueron dados de alta en nómina, pero sin recuperar sus puestos, su correo ni sus funciones. Algunos fueron citados para firmar su reingreso y, acto seguido, pasaron a disfrutar sus vacaciones pendientes. Al concluirlas, la organización los mantuvo en casa bajo la fórmula de “permiso retribuido”.

Durante meses, la situación volvió a quedar suspendida en ese limbo. Nadie les asignaba tareas ni confirmaba su regreso, pero seguían figurando como empleados, aunque sin acceso a formación, promoción, o beneficios laborales como el Fondo Social que Cruz Roja ofrece a sus trabajadores. A comienzos de 2025, cuando aún esperaban una reincorporación efectiva, la entidad comunicó la apertura de un nuevo expediente de regulación de empleo que afectaba a 168 personas de 35 centros de trabajo distintos, incluidos los despedidos en 2023 de la oficina central.

El procedimiento, que pretendía dar forma legal al despido anterior, tuvo el mismo resultado. La Audiencia Nacional concluyó que la documentación aportada era incompleta, confusa y, en algunos casos, se presentaba tarde, lo que impedía a los sindicatos evaluar las causas reales del ajuste. Por ello, el pasado 30 de junio el tribunal declaró de nuevo la nulidad del despido colectivo y ordenó la readmisión de todos los trabajadores. El jurista Eduardo Rojo, catedrático de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que ya había analizado la primera resolución, tituló su comentario sobre esta segunda sentencia con ironía: “Tropezar dos veces en la misma piedra”. 

Pese a asegurar por escrito que acataría el fallo y no recurriría, la organización volvió a hacerlo el último día del plazo. Los trabajadores, que ya habían firmado su readmisión, se enteraron por los sindicatos de que el caso volvería al Supremo. A día de hoy, siguen cobrando sus nóminas sin acceso al edificio, al correo o a sus puestos, en una situación que califican de “readmisión en falso”.

Varias personas consultadas, tanto dentro como fuera de la organización, explican que les resulta difícil reconocer en la dirección actual muchos de los valores que la entidad dice defender: la estabilidad, la dignidad en el empleo y el cuidado de quienes atraviesan situaciones vulnerables.

La sucesión de despidos y readmisiones incompletas, la opacidad y la impersonalidad en las comunicaciones, y lo que en ocasiones los sindicatos han considerado una falta absoluta de voluntad negociadora, dibujan un relato difícil de comprender e impropio de una organización de carácter humanitario. 

Desde un punto de vista económico, los sindicatos han señalado en varias ocasiones a lo largo de ambos procesos el enorme desembolso que estos han supuesto para la organización. La situación se agrava, a juicio de los sindicatos, al tratarse este dinero de fondos públicos o de donaciones de ciudadanos, que deben dirigirse a sufragar programas sociales y no lo que, según los afectados, constituye una “guerra personal” de la entidad contra una parte de su plantilla. 

La entidad no ha hecho pública una cifra del gasto provocado por este proceso, pero Mar Echenique, exresponsable del Área de Salud Mental de la organización, y parte del grupo de trabajadores despedidos, calcula que el importe puede estar en torno a los cinco millones de euros, solo en salarios de tramitación y cotizaciones, sin contar los honorarios legales asociados al proceso.  

Para los trabajadores afectados resulta además especialmente doloroso que el conflicto se iniciara por razones económicas, cuando Cruz Roja se negó a asumir la subida salarial reflejada en el convenio alegando falta de fondos —a pesar de su abultado resultado económico ese año, en línea con los anteriores y con los siguientes—, para que la entidad acabara gastando más dinero en sendos despidos y readmisiones que el que pretendía ahorrar negándose a llevar a cabo la subida pactada. 

Por otro lado, desde el punto de vista social, las mismas fuentes manifiestan su incredulidad ante el comportamiento de la dirección de Cruz Roja. Mientras parte de la plantilla que continúa dentro de la organización refiere un clima de miedo y desconfianza en la cúpula, a la que acusan de actuar mediante criterios mercantiles y no humanitarios, los trabajadores afectados hablan de un “daño moral” más allá del económico: “La función de Cruz Roja es proteger y socorrer al vulnerable, no crear más vulnerabilidad”, resume uno de ellos. 

Save The Children ha denunciado que España presenta "fallos sistémicos" al determinar la edad de los jóvenes migrantes que llegan a sus costas, como una gran dependencia de valoraciones visuales rápidas de la Policía, imposición de fechas de nacimiento arbitrarias o el abuso de pruebas médicas poco certeras, según informa EFE.

Así lo señala la entidad especializada en protección a la infancia en su informe Cruzando Fronteras, que analiza el tratamiento a los niños migrantes en las fronteras de cinco países europeos, entre ellos España, con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora este 20 de junio.

La determinación de la edad en los jóvenes migrantes que llegan solos a España es clave porque marca la diferencia entre tener derecho a tutela, alojamiento hasta los 18 años, situación administrativa regular y educación o verse reducidos a extranjeros sin papeles, con riesgo de ser acogidos junto a adultos y estar expuestos a violencia, explotación y abusos.

La investigación, basada en entrevistas a menores y profesionales, pone de manifiesto que España presenta "graves deficiencias" en la protección procesal de los menores, recurriendo con frecuencia a métodos arbitrarios como la inspección visual rápida por parte de la Policía en el caso de los jóvenes sin documentación.

Este paso es el que determina los casos "no dudosos" de los "dudosos" -a los que se realizarán pruebas médicas- y se llevan a cabo en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) sin intervención de profesionales de los sistemas de protección de menores, como parte de un proceso que rara vez supera las 24 horas.

En esta valoración, según concluye la ONG, casi nunca se tiene en cuenta el testimonio del joven o de profesionales como mediadores culturales o psicólogos como prueba válida y a menudo las autoridades rechazan documentos oficiales, como pasaportes originales de Gambia, por considerarlos pocos fiables.

Las entrevistas realizadas revelan, según la entidad, que existen "sesgos inconscientes hacia los menores racializados" que han llevado a situaciones como el caso de un niño eritreo de 13 años que, por su gran estatura, fue erróneamente identificado como adulto.

Abogados y ONG han señalado que muchas veces se registra la fecha de nacimiento por defecto en 1 de enero porque la Policía pregunta al joven en un momento "muy estresante, justo tras el desembarco" y muchos dicen solo el año. Esto acorta el periodo de protección y perjudica especialmente a los nacidos a final de año.

En algunos lugares, como Tenerife, se recurre "de forma sistemática" a pruebas médicas como radiografías o tests de densidad ósea, "a pesar de haber sido ampliamente criticadas por su escasa idoneidad por sus sesgos raciales y su amplio margen de error", señala la entidad.

Solo se asigna tutela legal cuando se confirma la minoría de edad, lo que deja a los jóvenes sin protección durante el proceso en el que se cuestiona este extremo, e impugnar una resolución es "extremadamente difícil", por lo que las autoridades tienen "amplia discreción".

Todas estas "fallas profundas del sistema" dan lugar a incoherencias como las señaladas en el informe por un trabajador social en Canarias, que relata que, cuando se les pregunta a los niños y niñas qué edad tienen, muchos responden: "¿En España o en mi país?".

Save The Children señala en su informe haber constatado que los niños y adolescentes migrantes que llegan a Canarias sufren "detenciones de facto", al ser retenidos en los CATE bajo supervisión policial y con libertad de movimiento restringida.

En algunos casos, como en El Hierro, los niños y adolescentes menores de edad han permanecido junto a adultos varios días en condiciones inadecuadas, alojados en tiendas de campaña instaladas en el puerto.

Sobre la tutela de los menores, el informe explica que esta corresponde a la Dirección General de Protección de la Infancia de cada comunidad autónoma y la guarda suele delegarse en el director del centro de protección, lo que provoca ratios muy dispares y muchas veces superiores a los estándares.

La ausencia de un tutor legal físico e individualizado limita la representación y el apoyo personalizado y estable al joven en procesos clave como las pruebas de edad o las entrevistas de asilo, lo que muchas veces lleva a clasificaciones erróneas y vulneraciones de derechos.

La entidad también llama la atención sobre la falta de un sistema de evaluación temprana de vulnerabilidades para las personas que llegan por vía marítima. Existe una criba sanitaria efectuada por Cruz Roja pero esta se centra en identificar afecciones médicas urgentes y no problemas de salud mental como trastorno de estrés postraumático o indicios de trata de personas.

Pese al elevado nivel de trauma entre los menores migrantes, los servicios de salud mental son mínimos, no hay psicólogos en los CATE, y las barreras lingüísticas y la escasez de personal limitan el apoyo.

UGT ha presentado este lunes una demanda en la Audiencia Nacional en la que solicita la nulidad del despido colectivo anunciado por Cruz Roja el pasado mes, que afecta a más de un centenar de trabajadores, según informa EFE.

En un comunicado, el sindicato explica que no firmó el despido colectivo porque las causas no estaban, ni están justificadas, por lo que han presentado una demanda ante la Audiencia.

Alude a la "inexistencia de causas organizativas para el despido objetivo" al recordar que todos los años en el seno de la entidad finalizan unos programas y se inician otros; muestra de ello es que "Cruz Roja, en el 2024, no ha visto resentida su viabilidad económica pues vuelve a presentar excedentes con mayores ingresos que gastos".

Y acusa a Cruz Roja de "falta de buena fe negociadora, no dando la información requerida", por lo que la parte social de la mesa no ha dispuesto de los datos ni documentación que verificara las causas del despido colectivo. 

Cruz Roja ha registrado un repunte en la demanda a su servicio de atención psicológica. Las cifras de llamadas a Cruz Roja Responde rondan más los datos pandémicos registrados en 2020 que los de 2021 y en los ocho primeros meses de 2022 se ha registrado un 61% más de llamadas que en todo 2021, según informa Europa Press.

Personas mayores de 65 años y jóvenes representan el 90% de las personas usuarias del servicio, las que están en situación de soledad no deseada suponen 44%, y con problemas de ansiedad o bajo estado de ánimo más del 70% de los casos.

La combinación de diversos factores como el incremento de precios de alimentos, el impacto socioeconómico de la pandemia, los desastres asociados a la crisis climática y el conflicto en Ucrania impactan negativamente y de forma "exacerbada" en el bienestar y la economía de la población, especialmente en la más vulnerable, según Cruz Roja.

Ante la conmemoración del día mundial de la salud mental, que se celebra el próximo 10 de octubre, Cruz Roja ve fundamental abogar para que la salud mental sea una prioridad a nivel social y gubernamental. En este sentido, Cruz Roja y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja han expresado su preocupación por la posibilidad de una reducción o falta de incremento en la inversión de la salud mental.

Desde su puesta en marcha en 2020, el servicio de atención psicosocial Cruz Roja Te Escucha ha atendido más de 14.000 llamadas de personas que sufren malestar emocional provocado por la ansiedad, el estrés o la depresión.

Entre abril y diciembre de 2020 se llegaron a atender más de 5.650 llamadas; tras la época más dura de la pandemia y el confinamiento, el número de atenciones se redujo en 2021 hasta atender en todo el año 3.491 llamadas. Sin embargo, con datos cerrados a 31 de agosto de 2022, Cruz Roja ha atendido 5.242 llamadas, lo que supone ya un 61% más.

Llama especialmente la atención el aumento considerable de llamadas realizadas por menores de edad, que pasan del 5% del total al 12%, lo que en términos absolutos significa pasar de 147 llamadas a 845, multiplicando casi por cinco la demanda.

Las personas que han llamado a Cruz Roja Te Escucha en 2022 se encuentran en situación de soledad no deseada en su mayoría (44%); seguidas de personas con problemas relacionados con el empleo (19%) y las que presentan enfermedad mental (13%).

Un 38% de las personas que han descolgado el teléfono para hablar con Cruz Roja han manifestado problemas de ansiedad y un 35% bajo estado de ánimo; el duelo por el cambio vital (10%) y los problemas de pareja o de relaciones sociales (7% cada uno) son otros de los problemas registrados, en los que la ideación suicida aparece en un 3% de los casos.

Cruz Roja también ha detectado entre las llamadas recibidas 1.524 casos de personas que necesitaban ayuda adicional a la psicológica con la cobertura de necesidades básicas; es por ello que a este 10,6% de personas usuarias se las ha derivado de manera interna a otros departamentos para que puedan recibir la ayuda correspondiente.

En cuanto al lugar de residencia, el 29,8% de las llamadas proceden de la Comunidad de Madrid, seguidas de Andalucía (18.91%), Galicia (9,18%) y la Comunidad Valenciana (7,89%), Canarias (6,53%), Castilla y León (5,44%), Castilla-La Mancha (4,5%), Cataluña (5,26%)Aragón (2,32%), Murcia (2,2%), País Vasco (2,17%), Asturias (1,52%), Extremadura (1%), Baleares (0,97%) Cantabria (0,6%), Navarra (0,64%), La Rioja (0,35%), Ceuta (0,3); Melilla (0,17%). Asimismo, un 0,1 % de las llamadas procedían del extranjero.

En función de las necesidades de las personas, el servicio ofrece orientación psicológica a todas las personas que contactan, con pautas para el desahogo emocional y orientación en la búsqueda de recursos; asistencia psicológica para aquellas personas que presentan situaciones más complejas o síntomas de trastornos psicológicos que deben ser tratados por profesionales de la psicología clínica o sanitaria; y acompañamiento psicológico y psicosocial, para aquellas personas que lo que demandan es sentirse acompañadas por encontrarse en una situación de soledad no deseada o estar viviendo un momento especial de sufrimiento vital motivado por diferentes causas.

Como novedad, desde mayo de 2022, Cruz Roja Te Escucha cuenta con servicio de traducción que permite atender a las personas en más de ochenta idiomas diferentes; también ha contado con atenciones puntuales especiales, como durante la emergencia del volcán de La Palma en la que se estableció una línea especial para los hogares afectados por la emergencia en la isla, que sigue en funcionamiento a día de hoy. Y que ha atendido más de 500 llamadas.

La pandemia de covid-19 ha "sacudido" a las familias con hijos a cargo que viven en España y que antes de la emergencia sanitaria estaban empezando a "salir del túnel", según un análisis de Cruz Roja Española, el cual revela que el 83% de las familias con hijos de 0 a 6 años atendidas por la ONG viven en pobreza extrema.

"En los últimos años antes de la pandemia habíamos notado mejoras en las condiciones de vida de la gente, tenían otros retos, como salir de los empleos que generan pobreza, pero esta pandemia ha sacudido de nuevo a las familias que estaban empezando a salir del túnel", ha advertido la directora de Estudios e Innovación social de Cruz Roja Española, Estrella Rodríguez, según recoge Europa Press.

Así lo ha indicado este martes durante la presentación del nuevo Boletín sobre la Vulnerabilidad Social número 22 de Cruz Roja, que lleva por título La crianza en la Primera Infancia, y que analiza la vulnerabilidad social de las familias con hijos de 0 a 6 años atendidas por la organización y el impacto que la pandemia ha tenido sobre ellas.

De los datos se desprende que la situación, que era ya "grave" antes de la pandemia, ha empeorado "sustancialmente" en el contexto actual: el 96% de los hogares está en riesgo de pobreza y exclusión social y el 54% experimenta privación material severa.

Además, revela que más del 31% de las familias con niños de 0 a 6 años no pueden permitirse una comida con proteína al menos tres veces por semana, como es recomendable; y tres de cada cuatro tampoco pueden asumir gastos de salud de sus hijos e hijas como gafas, audífonos o copagos.

"El efecto de la pandemia está siendo dramático para determinados hogares, la pérdida del empleo, no poder encontrar trabajo, está suponiendo un agravante de las circunstancias que tienen que afrontar las familias", ha subrayado Rodríguez.

Según el informe, el nivel medio de ingresos de las familias encuestadas es de 762 euros al mes (por hogar), aunque una de cada tres ingresa menos de 500. El porcentaje es superior en el caso de las familias monoparentales, donde son un 47% las que tienen ingresos por debajo de 500.

En todo caso, el coordinador general de Cruz Roja, Toni Bruel, ha aclarado que "no es cierto que sea una población que busca la asistencialización" pues de esos 762 euros de media que reciben, menos de una tercera parte corresponden a ayudas y, en su mayoría, estas son por becas de estudios o de comedor.

Más del 40 por ciento de mujeres de familias monomarentales han indicado que han tenido problemas relacionados con la conciliación a raíz de la pandemia, según el estudio El balance más positivo presentado por Cruz Roja.

El informe, elaborado por Telling y en el que han participado 1.418 personas de 314 empresas, muestra el impacto de la pandemia en la corresponsabilidad empresarial y familiar y revela que, mientras el 94% de las mujeres usan la flexibilidad para atender hogar y familia, el 89% de los hombres aprovechan para hacer deporte, formarse o realizar gestiones.

En la misma línea, asegura que el 56% de las mujeres tuvo que asumir nuevas responsabilidades durante el confinamiento respecto a sus hijos menores y un 45% se vio con más obligaciones en casa sin dejar su trabajo o reducir su jornada laboral.

El estudio, realizado bajo la supervisión de la responsable de la Cooperación Empresarial para la Igualdad de Género de Cruz Roja, Margaret Santiago de Irazábal, tiene el objetivo de que muchas más empresas comiencen a implementar medidas corresponsables, retengan y atraigan talento diverso, aumenten su productividad y crezcan en rentabilidad, poniendo el foco en las personas.

El 53% de las mujeres sin pareja con hijos a su cargo aseguran no estar satisfechas con las medidas de conciliación que su empresa les ofrece; y el 88% de los hombres entrevistados afirma que la ley de ampliación de la baja por paternidad favorece la corresponsabilidad familiar, pero un 34% de los hombres cree que puede suponer una dificultad para su carrera profesional.

Asimismo, un 72% de los hombres reconoce que el confinamiento ha supuesto un cambio en su percepción acerca de las tareas y responsabilidades familiares.

La investigación destaca que el 65% de las personas entrevistadas que se sumaron a la corresponsabilidad familiar mantiene actualmente todos o la mayoría de los cambios, lo que demuestra que estas medidas "han sido beneficiosas", como asegura el 78% de quienes las han aplicado.

En cuanto a las empresas, el estudio indica que el 92% de las compañías que han implementado medidas adicionales durante el 2020 relacionadas con la organización del tiempo para favorecer la conciliación tienen una plantilla de más de 250 personas, lo que muestra que a las PYMES en España "les queda mucho por hacer en este ámbito".

Así, el informe resalta que un 27% de las empresas no cuentan con medidas ni tienen previsto adoptarlas. En este grupo, predominan las pequeñas empresas de menos de 49 trabajadores.

El 85% de las empresas consideran, según los datos de la investigación, que su papel es "muy importante" a la hora de animar a los hombres a adoptar medidas de conciliación.

En este contexto, Cruz Roja Española ha lanzado una campaña que contará con webinars, mesas de diálogo y encuentros virtuales dirigidos especialmente a todas las empresas que quieran saber más sobre cómo pueden empezar a potenciar la conciliación y corresponsabilidad.

Alemania ha puesto en marcha esta misma semana un proyecto piloto de renta básica e incondicional que sus promotores consideran el primero a largo plazo y que pretende desterrar los clichés que, dicen, dominan hasta ahora el debate mundial sobre este tipo de sistemas. Durante tres años, 120 personas recibirán 1.200 euros al mes, independientemente de su renta. No tienen por qué ser pobres. Al mismo seguimiento se someterá a otros 1.380 ciudadanos, que no percibirán ninguna cantidad y actuarán como grupo de control. Un millón de candidatos se han presentado al proyecto, de los que han sido preseleccionados 20.000. De ahí saldrán los 1.500 que finalmente se convertirán en los conejillos de Indias de este experimento social. La iniciativa corre a cargo del Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Instituto Alemán para la Investigación Económica) junto con la asociación Mein Grundeinkommen (Mi Ingreso Básico), en colaboración con investigadores de la Universidad de Colonia y del Instituto Max Planck. Para financiarlo han acudido a 140.000 donantes, que han puesto el dinero con que se pagará a los sujetos del estudio.

Tras las pruebas piloto llevadas a cabo en Finlandia y Berlín –y los tres millones de dólares que uno de los dueños de Twitter, Jack Dorsey, se va a gastar en proporcionar una renta básica garantizada a siete millones de estadounidenses en 14 ciudades–, la controversia en torno a estos modelos de seguridad social está lejos de decaer. Entretanto, en España, los primeros y problemáticos pasos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han dejado atrás el debate teórico para sacar a la luz las dificultades de su puesta en marcha. El IMV y la renta básica universal no son lo mismo, aunque ambos tengan como objetivo la lucha contra la pobreza, además de la cohesión social.

Mientras que la segunda no se ha llevado a la práctica aún en ningún país, la primera es una política en funcionamiento desde hace años en buena parte de los países europeos. Y que había comenzado a implantarse en España como rentas mínimas en las comunidades autónomas. La Comisión Europea lleva tiempo criticando la ausencia de ayudas para las personas con rentas más bajas. Incluso en sus recomendaciones del pasado mayo Bruselas destaca que España es el país europeo con el menor promedio de prestaciones por hijo y recuerda que las rentas mínimas autonómicas sólo llegan al 20% de sus posibles beneficiarios.

Ese hueco es el que está llamado a llenar el IMV, cuyo plazo de solicitud se abrió el pasado 15 de junio. Aprobado por un real decreto-ley de 29 de mayo, su tramitación como proyecto de ley se abre la próxima semana. Este miércoles 2 de septiembre se cierra el plazo para la presentación de enmiendas. Después se debatirán en la Comisión de Trabajo del Congreso. Como se tramitará por el procedimiento de urgencia, su paso por las Cortes debería durar la mitad que en un caso ordinario. Según las fuentes parlamentarias consultadas, los trabajos podrían prolongarse durante tres meses.

Al mismo tiempo que se desarrolla y corrige la norma en el Congreso, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social estará embarcado en una primera evaluación de cómo está gestionando la ayuda. Como prometió el ministro José Luis Escrivá, el 15 de septiembre se abrirá una segunda fase en la que deberían rectificarse los múltiples fallos cometidos en la primera: el déficit crónico de personal en la Seguridad Social, la complejidad de los requisitos exigidos a los posibles beneficiarios, la brecha digital que impide a muchos de ellos completar con éxito las solicitudes, los numerosos huecos que impiden a quienes lo necesitan acceder a la prestación...

Burocracia y brecha digital

“[Las ONG] estamos todas volcadas en ayudar a los que piden el Ingreso Mínimo Vital, por eso hay tantas solicitudes”, razona Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES). Según el ministerio, 750.000 personas han pedido el IMV, casi el mismo número de las que iban a beneficiarse de la prestación de acuerdo con los cálculos del departamento de Escrivá, 850.000. Con EAPN coinciden Cáritas y Cruz Roja. Forma parte de su trabajo diario asistir a los potenciales beneficiarios. Pese a que no hay “un acuerdo formal” con el ministerio, explica un portavoz de la organización diocesana, lo mismo se asesora en la pelea burocrática con el IMV que en la elección entre éste y las rentas mínimas autonómicas, que en algunas comunidades son incompatibles y en otras complementarias. Cruz Roja explica que ha llamado a más de 60.000 beneficiarios de sus propios programas para informarles de que también podían solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Y ofrece información sobre la ayuda en sus 1.400 oficinas.

La Seguridad Social pretende, además, que sean los trabajadores sociales de los ayuntamientos quienes terminen encargándose de ayudar a los interesados en pedir el IMV, al que le llueven críticas por sus espesez burocrática. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya ha pedido que se incluya en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley una dotación económica dotación económicaque permita a los consistorios formar y emplear a los trabajadores necesarios para gestionar la nueva ayuda.

También las ONG citadas han presentado sus propias enmiendas a los grupos parlamentarios, en un intento por solventar las múltiples incidencias de estos primeros meses y tapar las enormes lagunas que advierten en el decreto-ley. Para empezar, tanto EAPN como Cáritas piden que se sustituyan muchos de los requisitos por una declaración responsable del solicitante cuya comprobación se realice con posterioridad. “Los casos de fraude van a ser ínfimos”, recalca el portavoz de Cáritas. Ahora ya se exige la declaración responsable pero sólo de los ingresos y patrimonio. También hay que presentar el certificado del empadronamiento, el libro de familia, el documento de la demanda de empleo y la acreditación de que se reside legalmente en España –inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la UE o autorización de residencia–.

Y aquí es donde se abre la terrible brecha digital y formativa que ha revelado el IMV. “Las personas sin ingresos y en situación de pobreza a las que pretende proteger el Ingreso Mínimo Vital no sólo carecen de acceso a internet, sino también de nociones básicas de gestión y de habilidades digitales”, critica Graciela Malgesini. Para hacer los trámites necesitan, además de un ordenador y de una conexión a la Red, un certificado digital: “Los documentos deben llevar su firma digital, no la que se escribe en un papel”. Una dificultad a la que suele añadirse la exclusión financiera: muchos ni pueden abrir una cuenta bancaria, donde se les pueda hacer el ingreso, “porque no tienen un mínimo que ingresar o les falta documentación”, continúa la responsable de EAPN. Tampoco son los clientes que buscan los bancos con más ansia, ironiza.

El ministro Escrivá cifró en 143.000 las solicitudes tramitadas hasta el 17 de agosto, el 19% de las recibidas. A la vista de todo lo anterior, no es de extrañar que el 7,5% de ellas se hubieran mandado por duplicado y al 40% les faltara documentación. A un total de 28.500 la Seguridad Social les ha requerido el envío de más papeles.

Los agujeros del decreto-ley

Más allá de las ayudas solicitadas, las ONG alertan de los que ya han quedado excluidos por el diseño, a su juicio deficiente, de la prestación. La lista de agujeros por los que escapan potenciales beneficiarios es larga. Todos ellos han sido detectados por quienes están “en el día a día” de la atención a las capas más necesitadas de la sociedad. E introducidos en las enmiendas al proyecto de ley.

“Si decimos que el IMV es un derecho subjetivo de la ciudadanía y definimos la ciudadanía a la que se dirige la ayuda como la que se encuentra en situación de pobreza, luego no podemos añadirle todo un conjunto de requisitos, como que posea una vivienda, que esté afiliado a la Seguridad Social, que sea demandante de empleo o tenga un determinado número de años de residencia, porque excluyen a los que están peor”, detalla Malgesini. De esa manera, por ejemplo, no entran en el IMV las personas sin hogar, precisamente los más excluidos socialmente, subraya.

Pero hay muchos más que quedan fuera. Los hijos menores de padres que se encuentran en España en situación irregular, quienes comparten vivienda con más de dos familias –“es una estrategia de supervivencia de muchas personas”, advierte Cáritas–, las parejas de hecho no registradas, quienes residen en pisos tutelados o centros públicos de inclusión social, los que acaban de salir de la cárcel, las familias monoparentales que viven en la casa de los abuelos... Si se está pendiente de conseguir el estatuto de refugiado tampoco se puede recibir el IMV. Otro tanto ocurre con los jóvenes emancipados menores de 23 años, de los que hay unos 3.000, calcula Graciela Malgesini, y de ellos el 80% está en riesgo de pobreza. Con 23 años se puede percibir el IMV sólo si se ha vivido de forma independiente durante los tres años anteriores, una posibilidad bastante complicada en la España actual, donde los jóvenes no abandonan la casa paterna hasta los 32 años por culpa del abuso del empleo temporal y los elevados alquileres. “Los importes por hijo se han calculado sólo hasta el cuarto”, explica, “¿el quinto se queda fuera?”. Según dice, hay 110.000 familias con más de cuatro hijos en España, de las que el 58% están en riesgo de pobreza.

Uno de los fallos más criticados por las ONG es la vinculación de la ayuda con el empleo. Por un lado, destaca Cáritas, se excluye así a quienes padecen enfermedades crónicas y tienen dificultades para encontrar un trabajo. Además, tampoco se precisa en el decreto-ley qué importe se les reducirá de la prestación a quienes tengan un empleo. “Su determinación se deja a los reglamentos que desarrollen la ley”, indica Malgesini, al igual que muchos otros aspectos “importantes”, añade el portavoz de Cáritas. Lo que temen que se traduzca en un mayor retraso si cabe en la afinación de la ayuda.

La responsable de EAPN también tacha de “disparate” que se exija haber solicitado todas las prestaciones a las que se puede tener derecho antes de pedir el Ingreso Mínimo Vital, cuando no existe siquiera una catálogo –contributivas, no contributivas, municipales, autonómicas...– que las enumere.

Encaje autonómico

Finalmente, queda pendiente el encaje del IMV y las rentas mínimas autonómicas. El portavoz de Cáritas asegura que algunas comunidades están trabajando “a toda prisa” para cambiar sus leyes y hacer compatibles ambas ayudas. Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña, dice, ya lo han hecho. Porque algunos beneficiarios de estas rentas mínimas ya están recibiendo cartas donde se les informa de que pueden tener derecho al IMV. “En la Comunidad de Madrid te dan un plazo de 10 días para que les comuniques si renuncias a su renta mínima porque vas a solicitar el Ingreso Mínimo Vital”, asegura Graciela Malgesini. En Madrid la renta mínima es una de las más bajas de España, entre 400 y 735,9 euros, mientras el IMV puede quedar entre 461,5 y 1.015,3 euros. Si se renuncia a la autonómica en busca del IMV, se corre el riesgo de quedarse sin nada en caso de que este último no se conceda. Y con la lentitud con que se están resolviendo las solicitudes, la respuesta del ministerio puede demorarse meses. En otras comunidades, la renta mínima es muy superior al IMV, como en Navarra –entre 610,8 y 1.221 euros–, Cataluña –de 604 a 1.122 euros– y País Vasco –entre 644,49 y 915,47 euros–.

Al menos siete comunidades autónomas han pedido ya al Gobierno que les deje gestionar el IMV: Andalucía, Galicia, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Cantabria. El País Vasco y Navarra ya han negociado el traspaso. Cataluña

Lo que no hay aún, pese a que figura en el decreto-ley, es un consejo consultivo con el tercer sector –las ONG y organizaciones de la economía social– que debería asesorar al ministerio en materia de políticas de inclusión y hacerle propuestas legales sobre el IMV. “No hay un espacio formal de interlocución”, admite el portavoz de Cáritas, “pero sí que ha recibido [la Seguridad Social] todas las dudas, zonas grises y problemas que hemos detectado”.

Hasta el 17 de agosto, el ministerio sólo había sido capaz de aprobar 8.841 solicitudes –otras 75.000 fueron concedidas de oficio a personas que ya percibían la ayudas por menor a cargo–, un número mínimo. Afortunados de los que, además, no se sabe cuántos han cobrado ya. También ha denegado 36.800, cuatro veces más. El ministro de Inclusión ya advirtió de que la mitad de las solicitudes serían rechazadas por incumplir los requisitosla mitad de las solicitudes serían rechazadas por incumplir los requisitos. Una mala noticia para quienes afrontan en peor situación de partida la inesperada crisis provocada por el coronavirus. Según el último informe sobre Exclusión y Desarrollo Social de la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas, en 2018, tras años de recuperación económica, las rentas mínimas autonómicas no alcanzaban ni al 33% de las personas que sufrían pobreza severa en España, quienes viven con menos del 30% de la mediana de ingresos, 370 euros al mes. Son 2,6 millones de personas. De ellas, hasta ahora, sólo recibían una ayuda, y ésta era autonómica, 679.000.

Ése es el ámbito en que debería desplegar su manto protector el IMV. Graciela Malgesini cree que habrá que esperar hasta 2021 para que la ayuda esté plenamente implantada y ver si lo consigue. El problema es que, a la espera de que el ministerio evalúe su gestión inicial, el Congreso tramite el proyecto de ley y se elaboren sus reglamentos, los ciudadanos no pueden comer “con carácter retroactivo”, como recordó hace sólo unos días el líder de UGT, Pepe Álvarez.

Más de 1,4 millones de personas en situación de pobreza se beneficiaron en 2017 del Programa Europeo de Alimentos FEAD, casi un 5 por ciento menos que el año anterior, aunque se "cronifica" la situación de pobreza de los beneficiarios que permanecen en el programa, de los cuales un 90% están en pobreza extrema.

Así se desprende del informe de valoración del impacto de este fondo europeo de alimentos FEAD, elaborado por Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos, las dos entidades seleccionadas por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) como organizaciones asociadas de distribución. El estudio, que se ha presentado este miércoles 24 de octubre en la sede de Cruz Roja Española, también revela que el 36% de los beneficiarios de este programa de alimentos lleva entre 3 y 5 años o más beneficiándose del mismo, un dato que apunta a la "cronificación" de la pobreza en España.

En cuanto al perfil de los beneficiarios, el 71% son mujeres; en tres de cada cuatro hogares hay niños menores de 15 años; el 18% de los usuarios tiene un trabajo que, sin embargo, no le cubre las necesidades básicas de alimentaciónen; el 16% hay personas con discapacidad; y el 52,4% se encuentra en paro y la mitad de ellos, de larga duración. Entre las propuestas de mejora del programa que han planteado las personas beneficiarias, destacan: aumentar la frecuencia de reparto, incluir alimentos frescos como verduras, productos de limpieza y de higiene, sobre todo pañales e higiene femenina.

Aquí el informe con las principales conclusiones del análisis de Cruz Roja y FEBA:

Madrid Foro Empresarial, Cruz Roja Española, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem presentaron este jueves una campaña destinada a sensibilizar al ciudadano madrileño para acoger e integrar a los refugiadosrefugiados que están llegando a la Comunidad de Madrid. Consta de varios spots de concienciaciónspots que se expondrán a partir del próximo lunes en las pantallas exteriores del Palacio de la Prensa, del cine Callao y de Gran Vía y antes de las proyecciones de películas del primer edificio. Además, se ha impulsado la web www.refugiadosmadrid.com para que los interesados puedan obtener más información acerca de la acción y ofrecer su colaboración a las asociaciones impulsoras.

La campaña se denomina Gracias a ti. Somos Madrid y su plato fuerte consta de varios vídeos con los que, en palabras de los organizadores, pretenden concienciar de la necesidad de que los madrileños reciban con los brazos abiertos a los solicitantes de asilo que recalen en la región. Los montajes, de 10 o 20 segundos, serán visibles para todo aquel que pase por Callao y se proyectarán desde el próximo lunes 20, Día Mundial de los Refugiados, hasta mediados de agosto. Muestran imágenes de personas intentando llegar a Europa, de la destrucción en Siria comparada con la tranquilidad de la capital, con frases como "Ayúdales a encontrar refugio" o "¿Tú no harías lo mismo?". Su objetivo es informar brevemente de la situación de aquellos que huyen de la guerra y tocar la fibra sensible del público. "Es importante el conocimiento, porque el desconocimiento produce miedoel desconocimiento produce miedo", aseguró la responsable territorial de Accem en Madrid, Marinela Ifrim. "El proceso de acogida es largo (…) y va en paralelo a que tenemos que facilitar la convivencia" entre madrileños y refugiados, ya que "tarde o temprano van a vivir en barrios normalizados".

La importancia de la integración en el proceso de acogida, y lo vital del papel de los madrileños en dicho proceso, fue igualmente puesto en valor por la coordinadora de Marketing de CEAR, Verónica Cheble, y por la presidenta de la Asamblea de Madrid de Cruz Roja, María Dolores Casteleiro. "Para la inclusión de los refugiados en nuestra sociedad es muy importante la información", aseveró Cheble. Casteleiro, por su parte, incidió en que la difusión de los vídeos pretende que "las personas vean los procesos de migración como una oportunidad y no como una amenaza". Una oportunidad de escuchar sus historias, de entenderlos y de verlos como "amigos cercanos, no como enemigos".

Por su parte, uno de los fundadores de Madrid Foro Empresarial, Juan Carlos Falantes, destacó el esfuerzo de las organizaciones implicadas en un trabajo "que nos tiene que comprometer socialmente", y declaró que la campaña no ha tenido coste ya que se ha realizado gracias al altruismo de los participantes. El presidente de la asociación de empresas, Hilario Alfaro, afirmó que la integración "pasa por el empleo". "¿Por qué no intentamos que una persona que sea refugiada pase a ser empresario? ¿Por qué no le acompañamos en ese camino?", se preguntó.

586 refugiados en junio

Según datos del Ministerio del Interior aportados por Madrid Foro Empresarial, a finales de junio España acogerá a 586 refugiados. Se trata de un reubicamiento de 150 personas procedentes de Grecia y 50 de Italia, y de un reasentamiento –personas que nunca llegaron a la UE– de 285 personas de Líbano y 101 de Turquía. Supone el 26,6% del total de acogimientos previsto por el Gobierno. En dos años se prevé la llegada de 9.323, según la organización. Una reacción "lenta", en palabras de Falantes, por parte del Estado español y toda Europa. "Fuera de lo que debería ser la sensibilidad de Europa, de la Comunidad Económica Europea". 

Madrid Foro Empresarial se define como un equipo de empresarios, directivos y profesionales "comprometido en revitalizar la actividad económica de Madrid, e impregnar de ilusión a la sociedad madrileña, generando bienestar y empleo", según reza su página web. Entre sus objetivos se encuentran "mejorar la imagen de los empresarios y su función social" y "contribuir a diseñar una región más justa, transparente y habitable".

El 41,4% de las familias españolas atendidas por Cruz Roja sufre pobreza energética y no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses de invierno, según el Boletín sobre la Vulnerabilidad Socialde la ONG.

Concretamente, el 22% de las personas a las que ayuda tiene problemas para sufragar gastos de su vivienda: un 42,2% no puede pagar el alquiler, y el 14,8% no hace frente al pago de la hipoteca desde hace algún tiempo.

Además, según la Asociación de Ciencias Ambientales, el 17% de los hogares españoles (más de siete millones de personas) dedica un gasto desproporcionado de sus ingresos al pago de las facturas de la energía, y el 9% (más de 4 millones) se declara incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Estos son, según precisa Cruz Roja, algunos de los indicadores de la denominada 'pobreza energética', es decir, la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (de 18 a 20 grados centígrados en invierno y 25 grados en verano).

Entre las causas del agravamiento de la pobreza energética se encuentran, según apunta la organización, la disminución de ingresos del hogar, el encarecimiento de los precios de la energía, la antigüedad del parque de viviendas y la disminución de ayudas y subvenciones.

Además, la bajada de las temperaturas complica más esta situación pues "el frío y la humedad permanente en un hogar pueden llevar a serios problemas respiratorios como asma o bronquitis", e incluso es una de las causas del aumento de la mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares y respiratorias entre personas mayores de 60 años durante los meses de invierno.

Según este boletín, el porcentaje de personas que solicitan ayuda a los Servicios Sociales, a Cruz Roja y a otras ONG para hacer frente al alquiler, ha aumentado con respecto a 2013. Concretamente, se ha disparado un 8% el número de ciudadanos que han acudido a Cruz Roja para pagar los gastos de los servicios del hogar, pasando del 16 al 24%.

Cruz Roja Española atendió en 2015 a más de 700.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad gracias al apoyo de 1,2 millones de socios y a la labor de más de 200.000 voluntarios.

Sin embargo, Schinas aclaró a renglón seguido que "lo importante es que el proceso ha comenzado". Y parece que la llegada de los primeros refugiados a España es inminente, tal y como aseguró el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 15 de octubre tras su salida de la reunión del Consejo Europeo. Una primera prueba piloto en la que podrían participar medio centenar de migrantes que se encuentran en estos momentos en suelo italiano, según las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Por el momento se desconoce la fecha exacta de su traslado, aunque las ONG encargadas de su acogida en suelo español –Cruz Roja, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)– creen que podría tratarse, por las informaciones que se han hecho públicas, de un grupo de eritreos que llegarían a España a finales de octubre o principios de noviembre. Sin embargo, fuentes comunitarias apuntaron este viernes a Europa Press que no hay previsto ningún vuelo para la próxima semana. 

Este diario se puso en contacto con el Ministerio del Interior para conocer la fecha exacta de esta primera experiencia. Sin embargo, un portavoz de la cartera capitaneada por Jorge Fernández-Díaz apuntó a infoLibre que la comisión interministerial –Exteriores, Interior, Defensa, Sanidad y Servicios Sociales, Justicia y Educación–, que está coordinando la llegada del cupo de 17.680 que se comprometió a acoger el Estado español, "se reunirá el próximo martes" y a partir de ese día se conocerán más detalles del proceso. El portavoz aseguró, al ser cuestionado por el día que llegaran o las ciudades o comunidades autónomas en las que serán reubicados, que todavía hay algunas cuestiones "sin definir".

Desde el Ayuntamiento de Madrid apuntaron que el Ejecutivo se había puesto en contacto con el consistorio para indicarle que en los próximos días llegaría un primer grupo de refugiados, pero, según pudo conocer este diario, el Gobierno no concretó ni las peticiones ni las necesidades que conllevaría esta llegada.

Sin muchos detalles del proyecto piloto

Ninguna de las tres ONG que están en contacto permanente con los organismos oficiales tiene más detalles. "De las nacionalidades que son susceptibles de acogerse a la reubicación (Siria, Irak y Eritrea), la información que tenemos, aunque no está confirmada, es que serán de este último país", detalla a este periódico Mónica López, coordinadora del Área de Acogida de CEAR. En este sentido, también asegura desconocer el medio en el que serán trasladados: "No sabemos si se hará en barco, avión...". Sin embargo, no cree que vayan a tener problemas a la hora de asumir la cifra que se está barajando porque un grupo de estas proporciones no les supone "desde la parte de la recepción, un sistema logístico complejo".

Aunque se desconoce la comunidad autónoma o ciudad en las que serán reasentados, estos primeros migrantes se alojarán tanto en centros de acogida como en pisos gestionados por los organismos públicos y las organizaciones. "En el caso de CEAR podría ser en los centros de Madrid, Cullera, Bilbao, Barcelona, Málaga o Canarias, aunque esta última localización la descartamos", señala López. ACCEM, por su parte, apostará por la acogida "en pisos normalizados y en barrios integrados", detalla a este diario María Tejada, responsable de campañas y comunicación de la ONG. "En estos momentos tenemos un centro de acogida con habitaciones disponibles y pequeños apartamentos para familias", concreta. 

Incremento de plazas

Las tres ONG seleccionadas para colaborar en la acogida aseguran que, por el momento, se encuentran ampliando su número de plazas. CEAR, en este sentido, concreta que ha aumentado durante el mes de octubre en 100 el número de vacantes y espera crear otras 70 nuevas durante el mes de noviembre. Con el objetivo de "aumentar la red de plazas de acogida", el Ejecutivo aprobó el pasado 11 de septiembre un Real Decreto por el que se acordaba una subvención de 12,8 millones de euros –repartida entre los años 2015 y 2016– para las tres organizaciones no gubernamentales. "Más adelante tendremos que contar con otra partida presupuestaria que revierta sobre la red de asilo", apostilla López.

La Cruz Roja, por su parte, asegura que hay disponibles un total de 368 plazas, una cifra que permite a Raquel Fernández, técnica del área de Inmigración y Refugiados de la ONG, afirmar que la primera llegada "no supondrá mucho esfuerzo", aunque se pregunta qué pasará con las próximas si se van agotando las vacantes. Al ser cuestionada por próximos grupos de migrantes, Fernández señala que estaba previsto que llegasen durante los meses de diciembre y enero, aunque espera que las condiciones climatológicas y la llegada del invierno "adelantarán las fechas".

Por el momento, sólo nueve Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, han notificado a las autoridades comunitarias la disponibilidad de 854 plazas –50 en territorio español– para reubicar "rápidamente" a solicitantes de asilo. Todas han sido ofrecidas a personas que se encuentran en Italia, según informó Europa Press.

Programa de acogida de 18 meses

"Los vamos a acoger en las mismas condiciones que al resto de solicitantes de protección internacional", destaca López. En cuanto los refugiados pisen suelo español, dará comienzo un programa de acogida e integración con una duración que "oscila entre los 18 y los 24 meses, en función de la vulnerabilidad de estas personas", concreta Fernández. "Un proceso pensado para personas mayores de edad o niños que lleguen dentro de unidades familiares", aclaran desde ACCEM. En el caso de las decenas de miles de menores que llegan solos a Europa, según denuncian organizaciones como Save The Children, "el sistema de acogida pasa a ser distinto", explica Tejada. En este punto, los niños pasarían a ser tutelados por la Protección de Menores de cada comunidad autónoma. 

El programa de acogida temporal se divide en tres fases: "acogida, integración y autonomía", acierta a resumir la técnica del área de Inmigración y Refugiados de la Cruz Roja. El primer periodo duraría 6 meses, aunque podría prorrogarse hasta 12 en función de la vulnerabilidad de los refugiados, y tendría como objetivo cubrir las necesidades básicas (manutención, vivienda, ropa) de todas estas personas en centros o pisos de acogida. En la primera fase del proceso los refugiados contarían con una pequeña ayuda económica de "algo más de 50 euros al mes por persona, aunque esta cifra podría incrementarse en función de las necesidades familiares", concretan desde CEAR a infoLibre. 

Una vez superados estos primeros meses, los solicitantes de asilo pasarían a una segunda etapa en la que dispondrían de un mayor grado de autonomía, aunque siempre con el respaldo de las ONG. "Intentamos que la gente pase a vivir en un régimen de alquiler con una ayuda económica que se le va dando", explica Tejada. En este periodo de tiempo, que se extendería hasta los 12 meses –o hasta los 20 si son personas en situación de vulnerabilidad–, los refugiados ya tendrían derecho a trabajar –pueden integrarse en el mercado laboral a partir del sexto mes–. "Se elabora con ellos un itinerario de inserción para que puedan integrarse en la sociedad. En este punto se trabajan temas como el sistema educativo del país, aspectos relacionados con el empleo, geografía...", explican desde ACCEM. Además, se prestará atención al aprendizaje del idioma: "No solo el castellano, sino también la lengua de aquellas comunidades autónomas como Valencia o Cataluña", señala Tejada. "En definitiva, se trata de ponerlos al mismo nivel que el resto de ciudadanos", completa López.

Finalmente, una vez superado el primer año, comienza una tercera fase que se puede prolongar hasta los 18 meses –24 para aquellos casos con un mayor grado de vulnerabilidad–. "Ahora nos encargaríamos de reforzar algunos aspectos", finaliza la responsable de campañas y organización de la ONG. "Aunque siempre con el apoyo de profesionales y algunas ayudas puntuales", apostilla la coordinadora del área de Acogida de CEAR. 

Más refugiados durante octubre

Mientras tanto, a pesar de la proximidad del invierno, siguen llegando a las puertas de la Unión Europea miles de refugiados. En lo que va de octubre, más de 154.000 personas han cruzado el Mediterráneo escapando de la guerra y buscando una nueva vida en territorio comunitario, según las cifras que maneja la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Unos datos muy superiores a los registrados durante el pasado mes de agosto –130.837 migrantes–, cuando las condiciones climatológicas hacían más sencilla la llegada, pero ligeramente inferiores a las de septiembre –172.843–. Por este motivo, las ONG piden a las autoridades el establecimiento de travesías seguras.

Los centros para el registro y la acogida de los demandantes de asilo –conocidos como hotspot– en Grecia e Italia, primeros países de la Unión Europea que alcanzan los migrantes y en los que, según establece el Reglamento de Dublín, deben pedir asilo, continúan echando humo. El paso previo por estos centros es condición indispensable para el proceso de reubicación europeo.

Por el momento, la situación de esta infraestructura en suelo italiano es mejor que la del país heleno, motivo por el cual los primeros contingentes están saliendo sólo de Italia. "En Grecia no hay ningún avance. La situación es muy caótica y por el momento no están funcionando correctamente. Se está hablando con las autoridades para ver cómo se puede mejorar la situación", detalla a infoLibre Paula San Pedro, investigadora en Acción Humanitaria de Oxfam Intermón, ONG que trabaja sobre el terreno. Mientras tanto, miles de personas aguantan las inclemencias del tiempo a la intemperie en países como Serbia, desbordado por el cierre de la frontera Húngara y que amenaza, junto a Bulgaría y Rumanía, con cerrar sus puertas si Alemania y Austria hacen lo mismo.

El presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del Toro, ha recordado este martes que con la crisis económica los usuarios de la entidad han aumentado hasta cerca de dos millones y medio de personas, "ciudadanos y familias que son probablemente los del vagón de cola en salir de esta situación".

En el marco de la reunión, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del pleno que aprueba anualmente los presupuestos de la institución humanitaria, Suárez del Toro ha agradecido el apoyo de instituciones, ciudadanos que marcan la casilla solidaria del IRPF, socios y donantes al desarrollo de su labor.

"Todo lo que hacemos de nuestros programas que tienen más que ver con la crisis no van de ayuda sin más, no es sólo entregar comida, ropa o un kit de higiene, sino que tratamos de que sean políticas activas, procuramos que las personas sigan formándose, que no bajen la guardia, que sigan apuntándose a los servicios", ha explicado.

En este sentido, ha destacado la importancia de una respuesta integral, pues "no es sólo la materialidad de las carencias", sino que es importante proporcionar atención a aspectos que "son muy importantes para la autoestima de las personas y para que la gente se sienta integrada en un sistema".

La reunión ha sido presidida por la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, quien ha puesto en valor la labor de trabajadores y voluntarios de Cruz Roja dentro y fuera de España y ha dado cuenta del reparto autorizado por su departamento este año de lo recaudado con la casilla solidaria del IRPF en el último ejercicio, 220 millones que irán a parar a 468 proyectos.

Para la secretaria de Estado, "el IRPF es la muestra de solidaridad más importante de los españoles porque cuando tienen la opción de marcar la casilla solidaria en la declaración de la renta demuestran la solidaridad y valores que impregnan esta sociedad".

De estos fondos, conforme lo acordado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, 42,7 millones de euros irán a parar a Cruz Roja que los empleará en 59 proyectos tanto de cooperación y voluntariado social como ayuda a domicilio, atención urgente a necesidades básicas, centros de día, integración de inmigrantes y transporte en vehículos adaptados.

Camarero ha destacado que este año lo recaudado con el IRPF ha aumentado en diez millones de euros "que han sido destinados especialmente a la pobreza y, en concreto, a la lucha contra la pobreza infantil". "Es algo que nos une a entidades y Gobierno, algo en lo que estamos trabajando y colaborando de la mano", ha señalado.

En esta línea, ha recordado que también se han repartido 27,5 millones de euros a proyectos de apoyo a la familia y la infancia y 24,4 millones de euros a programas de inclusión social y acceso al empleo. "Son 468 proyectos que se van a ver beneficiados de estos 220 millones, destinados a niños, niñas, mujeres y hombres españoles que más necesitan la colaboración activa de las entidades y este Gobierno, sensible con los que más nos necesitan y preocupado por mantener el bienestar social", ha apuntado.

Desglose del IRPF

Además, Sanidad destinará 23,8 millones de euros –cuatro más que la cuantía de este año– a programas de urgencia social, es decir, proyectos de organizaciones sociales dedicados a facilitar la entrega de alimentos, ropa o productos de higiene; a favorecer el pago de recibos derivados del consumo en los hogares o del alquiler de la vivienda; o a comprar material escolar, pagar los comedores de los colegios o el transporte, según ha informado después su departamento.

Por otro lado, se repartirán 47,2 millones de euros –1,5 millones más que hace un año– a los proyectos dirigidos a personas mayores y 41,3 millones a personas con discapacidad. En ambos casos, según apunta Sanidad, se pretende lograr una mayor autonomía a través de la formación y profesionalización de los cuidadores o por medio de la potenciación de las nuevas tecnologías.

Asimismo, en el marco de las actuaciones en apoyo de las personas con discapacidad, se hará hincapié en su inserción sociolaboral, sobre todo de mujeres con discapacidad, según señala. Los proyectos orientados a la inserción sociolaboral de las mujeres y los programas de inserción sociolaboral de jóvenes, recibirán tres millones de euros y 2,5 millones, respectivamente.

Por otra parte, se mantendrá la dotación a los proyectos de asistencia a víctimas de violencia de género (6,5 millones de euros), para personas inmigrantes (11,5 millones), atención a personas con drogodependencias (5,4 millones), con VIH (3,2 millones) y de inserción sociolaboral de personas reclusas y exreclusas (3,6 millones). Mientras, aumenta ligeramente la dotación de los programas de ayuda al pueblo gitano, hasta los 5,6 millones de euros.

Un inmigrante ha estado casi cinco horas subido a una farola. Era uno de los 800 subsaharianos que intentaron saltar la valla de Melilla durante la madrugada de este viernes. Casi todos sus compañeros fueron devueltos a Marruecos. Pero él, tras aguantar encaramado en lo alto de la farola desde las 7.30 hasta las 12.00 horas, a más de diez metros de altura, fue trasladado al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Está lesionado en una pierna.

Diez inmigrantes subsaharianos han logrado entrar en Melilla este viernes saltando la valla que separa la Ciudad Autónoma de Marruecos, según fuentes policiales consultadas por Europa Press. La cifra puede variar a lo largo del día, a medida que los inmigrantes se registren en comisaría.

Por su parte, fuentes de Cruz Roja han informado de que han tenido que atender a cinco personas que han conseguido entrar, de los que cuatro están ya en el CETI de la ciudad, mientras que el quinto ha sido trasladado al hospital.

Desde las 6 de la mañana de este viernes se han producido varias tentativas de salto a la valla de Melilla por distintas partes del perímetro. Se calcula que unos 400 inmigrantes lo han intentado por una zona, situada entre Villa Pilar y el CETI de la Ciudad Autónoma, mientras que otros 300 lo han intentado también por las inmediaciones del paso fronterizo de Beni Enzar.

Después, decenas de subsaharianos han permanecido encaramados a la valla durante más de tres horas en dos puntos de la verja, la zona de Beni Enzar y las cercanías del CETI. Centenares de inmigrantes han salido del CETI para animar a sus compañeros, pero han sido devueltos a las instalaciones por las fuerzas de seguridad.

Éste es el segundo intento masivo de entrar en Melilla que se registra en una semana. El último tuvo lugar el 18 de marzo cuando medio millar de inmigrantes lograron entrar en la ciudad autónoma.

Melilla ha registrado este martes la entrada de inmigrantes más importantes de su historia, desde que en 2005 empezaron los saltos a la valla, al entrar en la ciudad española entre 350 y 400 inmigrantes, frente a los 350 del 3 de octubre de 2005, que hasta ahora ostentaba el récord de accesos, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La avalancha se ha producido poco después de las 8 de la mañana de este martes cuando unos 500 subsaharianos se dirigieron a la vez a la doble valla, en la zona que transcurre entre el Río Nano y el puesto fronterizo de Mariguari, en un salto que la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Melilla ha calificado como "muy violento".

Muchos de los inmigrantes que han logrado pasar y que se han dirigido al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes entre cánticos de "bosa, bosa" (victoria, victoria), presentan heridas, cortes en su mayoría tras escalar la doble alambrada de seis metros de altura cada una y superar la sirga tridimensional o cable entrecruzados que hay entre las dos vallas. También tuvieron salvar los controles policiales marroquíes y españoles a uno y otro lado de la alamabrada.

Tal es el número de lesionados, según han apuntado las citadas fuentes, que se calcula que entre 50 y 100 tienen cortes de diversa consideración, motivo por el que Cruz Roja se ha visto obligada a montar un hospital de campaña a la puertas del CETI para colaborar en la atención sanitaria, ya que la Enfermería del propio CETI y el 061 "no dan abasto".

La AUGC ha criticado que se trata de "otro asalto masivo y agresivo a la valla mientras los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) están con manos atadas y sin protocolo de actuación para poder actuar".

Con esta entrada, la séptima que tiene lugar en este 2014, el CETI triplicará el número de acogidos, más de 1.500, frente a su capacidad óptima, que es de 480, lo que ha llevado a colocar más tiendas de campaña y proveer de más raciones de comida para atender a los nuevos inmigrantes que han llegado.

Si quiero donar 100 euros, no puedo. He de donar 120 euros porque ellos tienen que llevarse 20 euros de comisión. ¿Estos señores están realmente preocupados porque los niños pasan hambre? No he podido donar 100 euros, porque no quise dar 120.

Le pedí a la persona que llamó a mi puerto que se marchase porque ya veía lo que realmente le preocupaban los niños que pasaban hambre. Le dije que conocía a gente con necesidad y que ya se lo daría yo personalmente.

¿Qué están haciendo con La Cruz Roja?

Manuel Huete Rodríguez es socio de infoLibre

La pregunta tuitera:

El convenio firmado el pasado viernes por el Ejecutivo regional y Cruz Roja divide las tareas en materia de donación de sangre. Cruz Roja asumirá la promoción de donaciones y la extracción de sangre en la calle a cambio de un contrato de 9,3 millones de euros. Por su parte, el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid acogerá el laboratorio y mantendrá el dispositivo para las extracciones en sus instalaciones.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, justificó el nuevo convenio como medio para “poner fin a las duplicidades que existían hasta ahora”. Desde la Asociación de Empleados del Centro de Trasfusión de Madrid (ADECETMA), denuncian que el nuevo contrato “ni acaba con la duplicidad, ni agiliza el servicio”. El convenido de Lasquetty “supone que el dinero público, hasta ahora destinado a la empresa pública, pase a una empresa privada”, señalan.

La Comunidad de Madrid “cederá de manera gratuita 12 vehículos y el material necesario para realizar extracciones y transportar la sangre”, explican los empleados del Centro de Transfusión. De esta manera se facilita “toda la infraestructura pública a una entidad privada”.

En declaraciones a infoLibre la ADECETMA apunta que “la calidad del servicio ha pasado a ser secundaria y ahora priman los beneficios”, incluso en una actividad tan altruista como es la donación de sangre. La Comunidad de Madrid “casi alcanza el autoabastecimiento –recalcan– no tiene sentido modificar un sistema que funciona con una altísima eficacia y efectividad”.

El nuevo convenido es “casi una privatización –señalan desde la Coalición Sindical Independiente de Trabajadores (CESIT), como viene siendo habitual en la Comunidad de Madrid se externalizan servicios en detrimento de los trabajadores”. 130 empleados, médicos, conductores y enfermeros perderán su puesto. La Administración “sólo va a intentar recolocar al 50%”, apuntan.

Mientras el “ahorro en costes es dudoso, los despidos y traslados forzosos son una realidad”, subrayan. “Los empleados interinos se irán a la calle, aquellos con contrato fijo serán reubicados y sustituirán a otros interinos que también pasarán a formar parte de la lista del paro”, explican desde la ADECETMA.

Tanto desde el CSIT como desde la Asociación de Empleados del Centro de Trasfusión denuncian que la Comunidad de Madrid especule con un acto basado en “el altruismo y la solidaridad”. La normativa española “prohíbe a cualquier entidad pública o privada comerciar con la sangre”, señalan desde Cruz Roja. En declaraciones a infoLibre la organización asegura que “todos los ingresos estarán íntegramente destinados al mantenimiento del servicio, y en ningún caso se obtiene beneficio alguno”.

Hasta ahora la tarifa única, tanto del servicio público como privado, por cada bolsa de sangre era de 111 euros. Con el nuevo convenido el precio establecido por la organización en 67 euros, explican desde Cruz Roja. En 2014, el Gobierno regional pretende conseguir 219.000 unidades de sangre, de las que 74.000 procederán de las extracciones realizadas por la entidad privada, lo que supone el 33% del total.

Los trabajadores recuerdan que hasta el momento sólo el centro de trasfusión tiene protestad para extraer sangre en la calle. Así lo establece el Decreto 44/1988 del 28 de abril. Sin embargo, en la disposición adicional segunda “se autoriza al consejero de Salud para que firme cuantos convenios sea necesario formalizar con el Insalud y otras entidades, en orden al mejor cumplimiento de los fines que tenga encomendados el Centro de Trasfusión de la Comunidad de Madrid”.

Desde Cruz Roja recalcan los “buenos resultados de la organización en materia de donaciones desde que en los años 60 se iniciaran las primeras campañas de captación de donantes”. La Comunidad de Madrid es la “única región junto a Asturias en la que existe dos centros de trasfusiones, el centro comunitario y el de la Cruz Roja –explican– y el nuevo convenio integra la labor de ambos centros para mejorar el servicio”.

CCOO convoca una huelga indefinida a partir del 2 de enero

Fuentes de CCOO informaron que la reunión de los trabajadores del Centro de Trasfusión de Madrid no ha alcanzado en la mañana de este lunes un acuerdo para descombocar la huelga indefinida prevista a partir del próximo 2 de enero. 

Desde CCOO proponen a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid un acuerdo por escrito que avale las declaraciones de Lasquetty en las que asegura que no habrá ningún despido ni cese como consecuencia del convenio firmado con Cruz Roja. 

"En el momento en el que la Consejería avale las declaraciones del consejero de Sanidad descombocaremos la huelga", apuntan. Se trata de un acuerdo que "han firmado y negociado a espaldas de los trabajadores –denuncian desde CCOO– Ha sido un proceso oscurantista".

La organización sindical califica el convenido como un "traspaso de un servicio público a manos de una ONG de derecho privado".