La Policía Nacional ha detenido a 13 jóvenes de entre 18 y 27 años ligados al Sindicato Español Universitario (SEU) asociado a Falange Española por los actos vandálicos y daños causados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Campus de Somosaguas, de la Universidad Complutense de Madrid, con motivo de los actos reivindicativos del 8M.

Los altercados ocurrieron el pasado día 6 cuando alrededor de las 17:30 horas un grupo de personas irrumpió de forma coordinada a esta facultad vistiendo ropas oscuras y ocultando su rostro con máscaras y prendas de vestir.

Tras destrozar cartelería y el mobiliario que encontraban a su paso, alterando el normal funcionamiento del centro educativo, desplegaron una pancarta en el hall en la que podía leerse 'Rechaza el feminismo y abraza la feminidad' junto con el símbolo falangista del yugo y el haz de cinco flechas.

Entre los destrozos causados, el grupo de vándalos se ensañó especialmente con la sala que usan habitualmente las asociaciones estudiantiles para planificar sus actividades en esta facultad.

La investigación iniciada entonces por la Brigada Provincial de Información de Madrid derivó el pasado lunes, según ha dado cuenta este jueves el inspector jefe Fernando Martín en rueda de prensa en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en la operación Jauría y en la detención de 13 jóvenes e identificación de otros seis menores, uno de ellos en calidad de investigado por los hechos.

A los arrestados, dos de ellos con antecedente, se les acusa de delitos de desórdenes públicos, daños y delito contra los derechos fundamentales.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha querido dejar claro que este relevante golpe a la ultraderecha lanza un mensaje de que "van a fracasar" siempre si pretenden romper con la convivencia de la ciudadanía.

"Ni el odio ni la violencia quedan impunes en las calles de Madrid, les pido que reflexionen y cambien el rumbo porque la sociedad madrileña se opone al odio", ha zanjado.

El Gobierno ha aprobado este martes en segunda vuelta el anteproyecto de ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral, el llamado Estatuto del Becario, con el que busca "luchar contra la precariedad", según informe EFE.

Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta norma supone "la reforma laboral para la gente joven en España".

La norma, que deberá sumar los apoyos necesarios para superar el trámite parlamentario, busca, entre otros aspectos, la compensación de gastos de los estudiantes en prácticas o el derecho a vacaciones y fija multas para las empresas que incumplan.

La Comunidad de Madrid ha acordado con los rectores de las seis universidades públicas madrileñas incrementar hasta los 14.800 millones de euros en seis años, de 2026 a 2031, la financiación para estas instituciones, que han celebrado este "hito" asegurando que abre "una nueva etapa", informa EFE.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este martes el acuerdo con los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Politécnica y Carlos III en la sede del Gobierno regional, junto a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.

El acuerdo se firma tras una reunión mantenida el lunes entre los rectores y las consejerías de Educación y de Hacienda, tras el cese en febrero del exconsejero de Educación Emilio Viciana y el fracaso de su ley de Enseñanzas Superiores y Universidades (Lesuc) que suscitó el rechazo generalizado de la comunidad educativa con protestas y huelgas masivas.

Tras la firma, Díaz Ayuso ha detallado que las universidades recibirán un total de 14.800 millones de euros en seis años, de los cuales el 83% provendrá de los presupuestos generales de la Comunidad, es decir, 12.300 millones, y el resto de los precios públicos, obtenidos por tasas o servicios prestados.

En total, se estima que las universidades públicas recibirán anualmente una media de 2.465,1 millones para financiar su actividad, cifra superior a los 1.239 millones presupuestados para 2026, que los rectores consideraban "insuficiente".

Es la primera vez que las universidades públicas contarán con una propuesta de financiación plurianual "para que puedan planificar con tiempo y eficacia su propio futuro estratégico", ha destacado Díaz Ayuso.

Habrá una financiación básica para la actividad ordinaria de las universidades y una financiación por objetivos "para mejorar la calidad docente e investigadora", ha subrayado la presidenta madrileña.

El modelo se articula, además, mediante un fondo de convergencia para corregir desequilibrios; un fondo adicional para competitividad y proyectos singulares, así como una financiación específica dirigida a inversiones para acometer la modernización de infraestructuras.

En el último ejercicio (2031), las universidades contarán con 549 millones adicionales de la Comunidad y los fondos específicos recogidos en el acuerdo habrán crecido un 41% (480 millones de euros más), según las cifras facilitadas por el Ejecutivo autonómico.

Asimismo, se estima que las universidades puedan tener otros ingresos propios cercanos a los 2.500 millones en los años del modelo.

Cada universidad deberá aprobar un plan estratégico a cinco años, con la participación del Consejo Social, y presentará cada año una memoria económica justificativa del destino de los fondos recibidos.

Se reforzarán los mecanismos de auditoría interna y externa y, si hay desequilibrio, la universidad afectada deberá aprobar un plan económico financiero.

La presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (Cruma) y rectora de la Autónoma (UAM), Amaya Mendikoetxea, ha mostrado su "enorme satisfacción" y ha calificado de "hito" el acuerdo, que abre "una nueva etapa" y el camino hacia un sistema universitario madrileño "más fuerte, más estratégico y con mayor estabilidad".

En su discurso, Mendikoetxea ha recordado cómo desde abril de 2024 los rectores habían alertado del "creciente desequilibrio entre ingresos y gastos que ponía en riesgo" la situación de los campus madrileños, atrapados en una financiación que solo "garantizaba unos mínimos sin un marco estable plurianual".

Por ello, ha agradecido a la presidenta madrileña "su sensibilidad" e "interés personal" en la consecución de una financiación "suficiente y estable", a la vez que ha reconocido la labor del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, por liderar el proceso "con cintura", y del exconsejero Emilio Viciana por haber iniciado del camino.

Igualmente ha agradecido a los demás rectores y ha añadido que el acuerdo no solo cierra una etapa sino que "abre otra, de reconocimiento explícito de una necesidad estructural que debe ser atendida en el tiempo".

Sanae empezó a darse cuenta de todo cuando llegó a la universidad. Nacida en Marruecos y criada en la ciudad madrileña de Leganés, nunca había visto mucha diferencia entre compañeros. Tampoco su adolescencia fue una época tan mala como dibujan algunos estereotipos. En esa etapa descubrió su pasión. Fue una de sus amigas de clase quien la introdujo a la poesía, disciplina que practica ahora, con un poemario publicado bajo el título Agharas (Camino en amazigh). Estudió el bachillerato de Artes y luego la carrera de Diseño de Moda. 

Pero allí las situaciones aparentemente puntuales que había experimentado en el colegio y en el instituto comenzaron a adquirir un sentido diferente al que ella misma les había dado. Ante los comentarios fuera de lugar, las miradas y el tratamiento distinto por parte de sus profesores comprendió que ese tipo de discriminación ya la había vivido antes, aunque inconscientemente. La evidencia estaba ahí. Según relata, a su hermano pequeño lo expulsaron del instituto por “mal estudiante”, algo que la ley no permite en España en la educación obligatoria; a una amiga suya, de origen iraquí, le comunicaron que debía acudir a clase en un curso inferior al que le correspondía por edad y fue derivada al PMAR, un programa de apoyo para alumnado con dificultades de aprendizaje que, según sostiene, no necesitaba.

Antes de llegar a la universidad la respuesta habitual ante este tipo de microviolencias era un simple “el profesor me tiene manía”. Pero esa explicación resulta insuficiente para describir dinámicas que, según relatan numerosos estudiantes, se repiten en las aulas. “Me fui dando cuenta de que no solamente siendo de origen inmigrante encuentras trabas con respecto al resto de compañeros, sino que había profesores que, de una forma u otra, te estaban condicionando constantemente”, cuenta Sanae a infoLibre.

El racismo, ese problema que cada vez más en auge en España, también atraviesa la educación y deposita las semillas para que, con las nuevas generaciones, nada cambie. De hecho, según datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España los delitos de odio relacionados con la raza son los más frecuentes y suponen el 41,13% del total. 

Si esta realidad se traslada al ámbito escolar, las consecuencias se multiplican. “Si no tienes una autoestima bien construida, llegas a clase y cualquier comentario te puede destruir. Si tú tienes un profesor que ve que no estás rindiendo como ellos quieren y te dicen que eres un vago o mal estudiante y solo destacan lo negativo, vas a decir: ‘Mi padre me está diciendo que soy inútil, he tenido un mal día y encima llego a clase y mi profesor me dice que soy un vago’”, expone Sanae.

Las repercusiones de toda esta situación se materializan en las cifras de abandono escolar. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, los estudiantes extranjeros siguen teniendo una tasa de abandono mucho mayor a la de sus compañeros españoles. Ya en 2021, la tasa de los alumnos extranjeros era del 41,5%, según el Observatorio Social de la Caixa, mientras que la de los estudiantes españoles era de tan solo la mitad, un 20%. Entre los hijos de inmigrantes con nacionalidad española la dinámica no mejora. Según un estudio de Funcas, solo un 28% accede a la universidad, frente al 43% de los hijos de españoles.

Uno de los principales motivos de esta realidad se encuentra en la base del sistema educativo: el profesorado. Así lo acredita el mismo informe de laCaixa, que cuenta que los alumnos que abandonan suelen hacerlo porque sienten que sus profesores no confían en ellos. Hay más datos que respaldan esta lectura. En el informe El impacto del racismo en España de 2024, un 7,6% de los alumnos racializados participantes percibían que sus profesores les trataban peor que al resto de sus compañeros y el 43,4% de los encuestados había sufrido alguna experiencia discriminatoria en la escuela basada en su origen étnico. 

Estos prejuicios o falta de interés pueden materializarse hasta con los alumnos más pequeños. Beatriz Ballestín González, antropóloga y miembro del Grupo INMIX del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UAB, ha podido comprobar en sus estudios sobre la educación primaria en Cataluña, que a los niños que venían de familias africanas o latinas se les evaluaba bajo creencias estereotipadas o racistas. “Poca madurez”, ”falta de hábitos” o familias que “no valoraban la escuela”, son solo algunas de las ideas que tenían los profesores. Una mera consecuencia de un entorno social que tiene el racismo en la base, aunque no sea siempre perceptible.

“Si los alumnos no tienen la capacidad de regularse emocionalmente, porque es una etapa muy vulnerable y no tienen herramientas, obviamente se van a creer todo el discurso y van a acabar destrozados. Muchos chavales abandonan los estudios porque vienen de un entorno complicado. Si tú llegas a clase y los profesores, en vez de motivarte, solo destacan lo malo o te hacen creer que eres cosas que no eres, vas a decir: ‘¿Yo qué hago aquí? Yo no valgo para esto’”, apunta Sanae. 

Las actitudes de los profesores no son más que un reflejo de la propia sociedad. Solo hay que ver los partidos políticos en auge en todo el mundo. En España, por ejemplo, el secretario general de Vox y máximo responsable del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, relacionó la regularización de migrantes con un aumento de “inseguridad en las calles”. Y parece que su opinión la comparte cada vez más gente. En el último CIS se consagraba la subida del partido liderado por Abascal en intención de voto, recogiendo esta formación la mayor escalada entre los meses de enero y febrero. 

Pero el ejemplo más extremo es el de Estados Unidos. Allí, las redadas del ICE –Servicio de Inmigración y Control de Aduanas– ya han dejado dos muertos: Renee B. Good y Alex Pretti. Ambos estadounidenses. Ante la brutalidad de estas intervenciones, muchos vecinos inmigrantes de Mineápolis –la zona más afectada por estas políticas antimigratorias– han decidido no salir de sus domicilios. Desde la Casa Blanca, por si fuera poco, se refieren a ellos como "illegal aliens", los incluyen en sus discursos como elementos distorsionadores de la seguridad nacional o, directamente, los catalogan como “criminales”. 

Ante este panorama, cambiar la actitud general ante la inmigración es complicado y más si el tiempo y los recursos no acompañan. “La falta de atención hacia las personas migrantes o ante el racismo es una cuestión de falta de medios que no va solo en contra de las personas migrantes sino contra la diversidad en general”, apunta Andrés Maroto, secretario de Enseñanza e Intervención Social de CNT Madrid y profesor de secundaria en Orcasitas (Madrid).

“Es muy difícil, con el número de alumnos que tenemos por aula, individualizar las enseñanzas. Los problemas que nos encontramos, como la falta de integración o el hecho de que los alumnos no se consideran bien tratados, son cuestiones que se dan en general en la escuela. Además, el problema también recae en que en el sistema educativo hay estructuras que segregan por definición, por ejemplo, con las escuelas bilingües”, añade. 

En este sentido, Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO de Madrid, coincide en que el problema recae, en mayor medida, en el propio sistema educativo: “Los fallos tienen que ver con la dotación presupuestaria que se le da a la educación pública. En el caso de Madrid no se puede atribuir el problema a unos docentes que tienen horarios lectivos por encima de la media nacional, unos salarios por debajo y unas ratios que no atienden a las necesidades educativas de los alumnos migrantes. En el sistema educativo español –y sobre todo en el madrileño– todo falla y los que acaban afectados son los más vulnerables”, expone. 

Las narrativas que rodean a estos jóvenes pueden provocar que ellos mismos acaben por creer lo que oyen a cada paso que dan. Un informe de la Fundación porCausa, explica, a raíz de varios testimonios, que las experiencias que los jóvenes tienen con el racismo en la vida cotidiana conforman cómo entienden que les percibe la gente. Aquí entra en juego la identidad y, sobre todo, el riesgo de que acaben renegando de ella. 

“Siempre les sitúan en el mismo lugar, les atribuyen las mismas cualidades o defectos. En el colegio o en el instituto son muchas veces rechazados o se quedan aislados de sus compañeros. Ante este tipo de situaciones, lo que acaba sucediendo es que los propios chicos acaban pensando que el problema lo tienen ellos”, expone Vanesa Martín, responsable del grupo Empower Youth de la Fundación porCausa. 

Esta organización no gubernamental, consciente de esta situación, ha decidido dedicar precisamente a la infancia y la juventud el próximo Congreso de Periodismo de Migraciones que cada año celebran en la ciudad de Mérida y que, en esta ocasión, tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre.

Por su parte, Ballestín coincide con Martín y considera que los comentarios que parecen inofensivos pueden acabar mermando la autopercepción de los jóvenes. “Nuestras investigaciones en INMIX muestran cómo los chicos racializados o inmigrantes viven situaciones cotidianas de racialización —como comentarios sobre su color de piel o su supuesta peligrosidad— que acaban afectando su identidad y su relación con las instituciones, incluida la escuela”, argumenta. 

La otra cara de la moneda, la división entre alumnos blancos y alumnos racializados, pasa (en parte) por algo más entendible: cuando sufres rechazo por el resto, tus semejantes son el entorno más seguro. “Los chicos de Empower Youth siempre hablan de situaciones en las que los profesores juzgaban su religión sin conocerla y en las que el resto de compañeros directamente les ignoraban. Se les coloca como el otro desde el chiste y el estigma. Ante eso, cuando las personas de tu alrededor no son tan acogedoras, te refugias en lo que conoces y te acabas juntando solo con personas de tu misma etnia”, cuenta Vanesa Martín.

Aunque este aislamiento o división puedan ser voluntarios lo cierto es que, según la experiencia de Sanae, en muchas ocasiones se impone sobre los alumnos. “En las aulas hay una clara división entre personas nativas y no nativas, pero a veces esas divisiones las generan los propios profesores. Yo recuerdo que a las que éramos de origen marroquí nos ponían juntas. El profesor considera que ese es tu espacio seguro. Entonces, si el propio alumno no hace la labor de conocer al otro y el otro tampoco, estamos constantemente en una rueda sin fin”, expone.

Con esta división, la reproducción del racismo se vuelve casi segura. En edades más tempranas, la discriminación no se alimenta solo del odio puro o del rechazo sino, ante todo, de la falta de entendimiento o comprensión. “Creo que si las familias no educan en el respeto al otro, el racismo se va a mantener. Los chavales repiten patrones que viven en su casa. Para mí el problema no reside en los alumnos, sino en lo que hay detrás”, zanja.

El futuro de las universidades públicas madrileñas tras años de "infrafinanciación" por la Comunidad sigue pendiente de concretarse tras aparcar el Gobierno regional su polémico proyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc), rechazado por los rectores y la comunidad educativa y que marcó la gestión del ya exconsejero del ramo, Emilio Viciana.

El Gobierno madrileño ha renunciado a seguir adelante con la tramitación de la ley y se ha fijado como prioridad pactar con las universidades un nuevo modelo de financiación plurianual, uno de los principales escollos en la negociación con los rectores de la Complutense, Autónoma, Rey Juan Carlos, Alcalá, Carlos III y Politécnica.

El cese de Viciana por Isabel Díaz Ayuso ha desencadenado su primera crisis de gobierno, con la dimisión de tres diputados y dos directores generales, y estuvo motivado por la falta de avances en la negociación con los rectores y el rechazo de la comunidad universitaria que convocó dos días de huelga en noviembre pasado, con un 70% de seguimiento y una marcha de más de 6.500 manifestantes contra la Lesuc.

La crisis en la Consejería de Educación ha marcado este jueves el pleno de la Asamblea de Madrid, donde la presidenta replicó a las críticas de la oposición: "Si iba tan mal la Educación y doy un cambio en la Consejería, ¿entonces también está mal? Aclárese un poco, sea coherente", ha dicho Ayuso en el hemiciclo, donde ha defendido a Viciana, "un funcionario honrado" rodeado de personas cualificadas.

El cese de Viciana se produjo dos días después de que la Coordinadora Interuniversitaria de las plataformas 'Por la Pública' aprobara en asamblea "acciones de baja, media y alta intensidad", incluida una nueva huelga si la tramitación de la Lesuc seguía adelante.

"Es una gran victoria del movimiento Por la Pública", han celebrado desde las plataformas, que advierten a la nueva consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que "no descartan convocar una huelga si persiste la infrafinanciación" de las universidades.

Además, la Coordinadora ha solicitado por escrito reunirse con los rectores de la Conferencia de rectores de Universidades madrileñas (CRUMA) para exponerles la postura de la comunidad educativa y pedirles firmeza en la negociación del nuevo modelo de financiación.

El objetivo es mantener las universidades "en primera línea del debate social para concienciar a la población de que la situación de las universidades madrileñas es insostenible", con una financiación autonómica 20 puntos por debajo de la media nacional.

El "estrangulamiento" obligó a la Complutense a pedir un crédito de 34,5 millones a la Comunidad, con intereses de 900.000 euros anuales, y aprobar un Plan Económico-Financiero que recorta un 35% el gasto de sus facultades durante tres años, mientras la URJC afronta un déficit de 45 millones.

Docentes de Derecho de las plataformas han hecho un "informe sobre las inconstitucionalidades" de la Lesuc, que además de vulnerar derechos constitucionales como la autonomía universitaria y las libertades de expresión y reunión, buscaba una "privatización gradual encubierta", una "instrumentación invasiva" de los Consejos Sociales e incluía "penalizaciones por realizar actividades críticas", entre otros.

La Universidad del País Vasco (EHU) ha decidido suspender la actividad presencial en el campus de Vitoria el próximo lunes para garantizar la seguridad ante el "riesgo" que supone el acto convocado para ese día por la portavoz nacional de Juventud de Vox, Julia Calvet, informa EFE. La convocatoria está anunciada por Vox como un acto "en defensa de la libertad en la universidad frente a la izquierda abertzale". La celebración de este acto ha sido comunicada al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, han confirmado a EFE fuentes de la Consejería.

En respuesta al mismo se ha convocado a través de las redes sociales una concentración en la entrada de la Facultad de Farmacia en contra del "partido político fascista Vox" que "criminaliza el antifascismo y promueve el machismo, el españolismo y el racismo".

A través de un comunicado el equipo rectoral de la universidad pública de Euskadi ha dado a conocer las medidas preventivas que va a adoptar ese día para "garantizar la seguridad de su comunidad y crear un cordón sanitario a los mensajes totalitaristas que amenazan la universidad", ante la convocatoria de Vox "para conmemorar el 23F", según dice la nota.

Estas medidas pasan por la cancelación de toda su actividad presencial en el citado campus, en el que la enseñanza se impartirá en la modalidad online. Entre el profesorado se priorizará todo el trabajo en la modalidad de teletrabajo, al igual que se hará con el personal de administración y servicios.

Los accesos principales a los edificios estarán cerrados y no se podrá aparcar en el paseo de la Universidad a partir de las 08:00 horas ni tampoco en los aparcamientos del campus, de cuyo cierre se encargará el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El equipo rectoral ha adoptado estas decisiones ante el "riesgo" que suponen el acto convocado por Vox y para "evitar que la EHU se vea mezclada en un acto externo a la universidad".

La suspensión de las actividades presenciales ha sido criticada por el partido convocante. La parlamentaria vasca de Vox, Amaia Martínez, ha escrito en sus redes sociales que el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, es un "tirano totalitario" y el procurador en las Juntas Generales de Álava, Jonathan Romero, ha dicho también en X que la universidad "es de todos, no de la izquierda abertzale".

El pasado 12 de octubre, durante un acto de Falange Española en la capital alavesa, hubo enfrentamientos entre sus simpatizantes y grupos contrarios a ellos que provocaron la intervención de la Ertzaintza. Hubo 19 detenidos, 40 heridos —la mitad ertzainas— y daños materiales valorados en 10.000 euros. 

El Consejo de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha aprobado este martes el Plan Económico-Financiero 2025-2028, que supone un recorte de 33 millones de euros para paliar el déficit presupuestario por el que la UCM tuvo que pedir un préstamo a la Comunidad de Madrid, informa EFE.

Según explica el rector Joaquín Goyache en un comunicado, la universidad cerró 2024 con un déficit presupuestario ajustado de -33,19 millones, lo que hace "necesario poner en marcha medidas para restablecer el equilibrio".

Este desequilibrio se debe principalmente a factores estructurales y a una financiación que "no ha crecido al mismo ritmo que lo han hecho los gastos". Entre 2019 y 2024, los ingresos aumentaron un 15%, mientras que el gasto total aumentó un 27%.

Una parte importante corresponde a "gastos sobrevenidos y difícilmente controlables" por la Universidad, como el gasto energético, incrementos salariales, obligaciones legales y mayores costes sociales.

Ante ello, se ha diseñado "un plan progresivo" que se aplicará entre 2025 y 2028 y que incluye una serie de "medidas de eficiencia en el gasto, optimización patrimonial e incremento de ingresos propios". También contempla actuaciones asociadas tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión, de Administración y Servicios (PTGAS).

Todo ello con el compromiso de "preservar la actividad académica, la calidad de la docencia, la investigación y los servicios que sostienen la vida universitaria". Las medidas propuestas en personal "no pretenden debilitar nuestras estructuras, sino que van enfocadas a una reordenación de las mismas, a través de las jubilaciones previstas, garantizando su sostenibilidad", añade el rector.

Se mantiene el programa de estabilización del profesorado PDI y, "en la medida de lo posible, su promoción", mientras se impulsará el rejuvenecimiento del PTGAS, así como "la reducción de la temporalidad, la estabilización y la eficiencia organizativa, salvaguardando la continuidad de los servicios" que sostienen la actividad universitaria.

En ambos colectivos, la subida salarial pendiente "se hará efectiva en la nómina" en cuanto reciban la transferencia pendiente de la Comunidad de Madrid, concluye el rector.

El plan se ha aprobado después de que la Comunidad de Madrid concediera un préstamo de casi 34,5 millones de euros, solicitado por la UCM por el que la universidad deberá pagar unos intereses anuales de cerca de 900.000 euros, según dijo en su día el rector.

EEUU está siendo testigo de cómo una democracia de pleno derecho se está transformando en un estado policial bajo el último mandato de Donald Trump. Los norteamericanos viven cada día con más miedo. Las persecuciones y presiones políticas se han intensificado en el país ya no solo contra inmigrantes, sino contra ciudadanos con pasaporte estadounidense. 

Siete de cada diez (69%) adultos estadounidenses, según un estudio del Pew Research Center en octubre de 2025, consideraban que Donald Trump intenta ejercer un poder presidencial mayor que sus predecesores. Además, la mayoría, consideraban esto como perjudicial para el país. Según un informe del mismo centro de investigación, el presidente Trump es el que más órdenes ejecutivas ha realizado en su primer año de mandato (221) desde F. D. Roosevelt en 1941 (387). Muchas de estas han sido impugnadas en los tribunales, lo que ha suscitado dudas sobre los límites legales del poder presidencial.

Según la Oficina de Asilo y Refugio dirigida por el Ministerio de Interior, este pasado año 2025 España tuvo 144.396 solicitudes de asilo. De estas, 52 fueron de ciudadanos estadounidenses. Una cifra ínfima en comparación con los solicitantes de otros países como Venezuela (85.413) o Colombia (14.524), pero que, cotejada con años anteriores, muestra una gran subida. Durante los dos años anteriores a la llegada de Trump a la presidencia en su segunda legislatura, tan solo 47 estadounidenses solicitaron asilo en España. Este último año ha habido 32 solicitudes más de asilo que el año anterior.

Este dato se amplifica al realizar una comparación entre los distintos gobiernos en EEUU. Durante la última legislatura de Barack Obama, las solicitudes de asilo de ciudadanos estadounidenses a España fueron 14, una cifra que dista mucho de las 85 durante la presidencia de Joe Biden y de las 156 solicitudes durante la primera legislatura de Donald Trump. 

Las últimas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que se han saldado ya con dos muertos por acción directa en 2026, no son la única prueba de que EEUU se está transformando en un país más autoritario. De hecho, estas conforman la punta de un iceberg sociopolítico que, con la llegada de Trump, no ha hecho más que agrandarse. 

El nivel democrático de un país no se mide simplemente por sus elecciones. Estados Unidos ha iniciado el camino al autoritarismo con importantes restricciones en derechos fundamentales, políticas antiinmigratorias radicales con deportaciones masivas, unas instituciones cada vez menos independientes del poder ejecutivo e importantes coerciones a la libertad de expresión y de prensa.

Dentro de este marco de censura ideológica, las universidades han sido el otro gran objetivo de estas políticas. Mediante los planes de Proyecto 2025, el plan de acción de la Fundación Heritage (un think thank conservador afín a Trump) que ha sentado las bases para muchas de sus medidas, se han llevado a cabo recortes millonarios, retirada de visados a estudiantes internacionales y constantes presiones ideológicas con el fin de desmantelar la supuesta influencia progresista en la educación superior. De hecho, Donald Trump, ha acusado directamente a los centros universitarios de “adoctrinar a la juventud estadounidense” e incluso el vicepresidente del Gobierno, J.D Vance, llegó a calificar a las universidades norteamericanas como “el enemigo”. 

La administración Trump ha recortado más de 2.500 millones de dólares de fondos federales destinados a la educación de nivel superior y ha dejado a algunos estados con más de 500 millones en pérdidas. Las universidades más afectadas por estos recortes han sido Columbia, Jhons Hopkins y Yale. La primera ha sido la más vilipendiada. Después de que Trump suspendiera 400 millones de dólares en fondos federales para investigación, la universidad neoyorkina acabó llegando a un acuerdo con la Administración por el que debía pagar 200 millones para recuperar las subvenciones y contratos cancelados por orden de Trump por supuesto antisemitismo. Estos recortes y suspensiones de fondos, han provocado que muchos profesores de universidad se encuentren en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre ante un gobierno que no acepta discrepancias ideológicas.

El caso del profesor de la Universidad de Rutgers, Mark Bray, es uno de los representativos de la persecución de la administración Trump a profesores universitarios. Bray es historiador especializado en derechos humanos, terrorismo y radicalismo y autor del libro Antifa. El manual antifascista (Capitán Swing). Tuvo que abandonar Estados Unidos después de convertirse en objetivo de la extrema derecha en octubre. Ahora vive junto a su familia en Madrid. 

Bray escribió el libro en 2017, pero las amenazas llegaron tras el asesinato de Charlie Kirk. Los influencers y activistas de extrema derecha Jack Posobiec y Andy Ngo fueron los que comenzaron con el señalamiento al profesor universitario. “Empecé a recibir amenazas de muerte después de los ataques de estos influencers a finales de septiembre. Recibía mensajes que decían cosas como que me iban a matar en frente de mis alumnos”, cuenta Bray a infoLibre. La organización fundada por Charlie Kirk, Turning Point USA (TPUSA), que se dedica a la propagación de valores conservadores, realizaron una petición a la Universidad de Rutgers donde trabajaba Mark Bray para pedir su despido. “El punto de inflexión llegó cuando recibí una amenaza con la dirección de mi casa y con información sobre mi familia, ahí decidí que no estaba seguro en EEUU”, recuerda el profesor. Tras esto, aprovechó su doble nacionalidad estadounidense e irlandesa y se marchó a Madrid, un lugar que ya conocía.

Para Mark Bray, “EEUU está en el proceso de convertirse en un régimen fascista”. La persecución a la gente de izquierdas es algo real. “Turning Point USA realizó una lista de profesores que ellos consideraban una amenaza woke, para ellos los profesores de universidad son el germen de la izquierda y quieren acabar con ellos para reescribir la historia a su manera”. De hecho, para Bray, el slogan trumpista de Make America Great Again (MAGA), tiene mucho que ver con el totalitarismo. “La filosofía MAGA tiene un origen fascista, su objetivo es volver a un pasado imperial que ellos consideran grandioso. Lo que estamos viviendo con la persecución de migrantes es una consecuencia de esto, es algo que tiene similitudes con la alemania Nazi”. 

No sabe realmente cuándo podrá volver a su país finalmente. “Si la situación en primavera no es mucho peor, queremos regresar durante el verano, estamos vendiendo nuestra casa, pero necesitamos buscar otra o un apartamento en otra ciudad o pueblo. Estamos hablando con abogados para prevenir y que no se vuelva a filtrar mi dirección para no volver a poner en peligro a los míos”, concluye.

Pero el caso de Mark Bray no es el único. Marci Shore y Jason Stanley son ambos profesores expertos en fascismo, antes en la Universidad de Yale y ahora en la de Toronto (Canadá). Shore y Stanley son además un matrimonio que decidió huir de EEUU, según cuenta Jason en una entrevista a la BBC, porque considera que el país “es ya un régimen fascista”. Esta decisión la tomaron tras el ataque de Trump a la Universidad de Columbia. “Probablemente no iba a marcharme, pero una vez que Columbia cedió (ante Trump), empecé a pensar que las instituciones académicas no están viendo la naturaleza existencial de este momento”, sostiene Stanley en la entrevista. Timothy Snyder, quien también era profesor en Yale y colega de Shore y Stanley, se unió a ellos en su decisión de cambiar EEUU por el país vecino en un acto de rebeldía contra las políticas antidemocráticas del gobierno estadounidense. 

Es por esto, en parte, que surge la organización Clemens Heller Institute en 2024. Su objetivo es proteger a los académicos amenazados en sus propios países ofreciéndoles refugio temporal y protección en universidades de renombre. Uno de sus investigadores, Sylvain Laurens, explica a infoLibre que “antes de la llegada de Donald a la Casa Blanca, EEUU era uno de los países refugio para muchos profesores europeos, pero en este último año muchos profesores estadounidenses han solicitado refugio a otros países mediante nuestra organización”. Explica, además, que no depende del campo de investigación: “Hay profesores que no investigan sobre historia o política que también se han visto afectados por las políticas de Trump”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará un decreto para frenar la creación de centros de Formación Profesional privados que al igual que ocurre con las universidades pueden convertirse, a su juicio, en "chiringuitos" sin calidad, según recoge EFE.

"Igual que hicimos con las universidades vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías de calidad", ha dicho Sánchez durante la clausura de una jornada sobre la FP y la empresa en la que ha advertido de que "formar técnicos no es un negocio cualquiera".

Sánchez ha valorado el actual "éxito" de la Formación Profesional pero ha alertado de que necesita un control ante el incremento de los centros privados, cuyas matriculaciones de alumnos casi se han duplicado en los últimos años.

"Vamos a seguir blindando la calidad de la FP, igual que hicimos con las universidades. No rechazamos a las privadas pero si que algunas se conviertan en chiringuitos", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha explicado que el real decreto se someterá a consulta pública en los próximos dos meses para "gobernar el éxito de la FP" ante los riesgos de que esta educación se "desordene" con la entrada de la privada sin calidad. En ocasiones, ha señalado, estos centros no vienen acompañados de la misma conexión real con el tejido productivo que los públicos, por lo que "hay que poner orden y velar por la equidad en el acceso y en la calidad".

"El futuro no puede depender de cuanto ganen sus padres ni de donde nazca... y no puede haber una brecha en la FP", ha puntualizado también al recordar que algunas familias pagan entre 3.000 y 9.000 euros por un curso formativo privado. "La FP ya no es un plan B. Es, para muchísimos jóvenes, el plan A de su vida", ha añadido tras señalar que actualmente hay más de 12.000 ofertas formativas y la inserción laboral es prácticamente el 100% en muchas ramas industriales.

El presidente del Gobierno también ha anunciado que se ampliará la red de Centros de Excelencia y de Centros de Referencia Nacional, especialmente en sectores estratégicos, con la apertura de diez nuevos este año.

La educación pública española sigue escalando puestos en la calidad educativa europea. En lo más alto, Barcelona, con la universidad pública de Barcelona, la Autónoma de la Ciudad Condal y la Pompeu Fabra; y Madrid con la Autónoma y la Complutense. Todas ellas se sitúan entre las cien mejores del mundo, según la clasificación elaborada por QS Quacquarelli Symonds del año 2026, según recoge EFE.

España está representada en este listado que incluye 958 universidades de 42 países por 62 universidades y ocupa la quinta posición en Europa. Sin embargo, Reino Unido es el país que lidera la clasificación general, con 129 instituciones de educación superior e incluye siete entre las diez primeras. Le siguen Turquía (107 universidades o centros de educación superior) y Alemania (102). Francia y Suiza son los otros países representados entre los diez primeros puestos.

La Universidad de Barcelona es la universidad española mejor clasificada, en el puesto 60, seguida de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el 68. La Universidad Autónoma de Madrid ocupa el puesto 71, mientras que la Universidad Complutense de Madrid se sitúa en el 78. En esta edición, España ha añadido 18 universidades a la clasificación y de las recién clasificadas, seis se sitúan entre las 500 primeras, siendo la mejor en el ranking la Universidad de Málaga, en el puesto 365.

Y mientras en el top 100 hay 5 universidades, en el top 200 se sitúan 17 instituciones españolas, entre las que destacan también la Universidad de Granada (que asciende más de 30 puestos, hasta el 133) y la Politécnica de Valencia, que sube en la tabla hasta el puesto 166 frente al 175 del año pasado.

Entre las 200 mejores del mundo también se sitúan la Universidad de Valencia, la Universidad de Sevilla, la Ramón Llull, la Universidad IE, la de Salamanca y la Universidad del País Vasco. Las universidades del CEU son las que más han mejorado en España en esta edición y las cuartas que más han mejorado en el mundo, subiendo 65 posiciones hasta el puesto 420. Le siguen la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que ha pasado del 409 al 371.

Este listado se elabora teniendo en cuenta doce indicadores como la reputación académica, la proporción de profesorado y alumnado, los artículos y la investigación del centro, el profesorado internacional y los estudiantes de intercambio o los resultados en materia de empleo y de sostenibilidad. Entre todos estos parámetros destaca la Universidad de Barcelona por la reputación y la investigación, y la Complutense de Madrid por la empleabilidad.

Aunque los mejores resultados se encuentran en los indicadores de internacionalización, que lidera IE University, España cuenta con 10 universidades entre las 50 mejores de Europa en intercambio de estudiantes tanto entrantes como salientes, más que cualquier otro país.

En el indicador de reputación entre los empleadores, España destaca con seis universidades entre las 50 primeras en este indicador y en cuanto a la reputación académica, cuatro universidades españolas se encuentran entre las 50 primeras, empatadas con los Países Bajos, Francia e Italia. La Universidad Ramon Llull, ocupa el puesto 83 y es la única que se encuentra entre las 100 primeras en cuanto a investigación.

Aún así, no todo son buenas noticias. De las 44 universidades españolas que figuraban anteriormente en esta clasificación, 13 suben puestos y 31 bajan, lo que supone una tasa descenso del 41%, la quinta más alta de Europa entre los países con 10 o más instituciones clasificadas, por detrás de Eslovaquia, Ucrania, Francia e Italia.

La Universidad de Navarra, que el año pasado entró en el top 100 se sitúa este año en el puesto 101 mientras que otras grandes universidades como la Politécnica de Madrid, de Barcelona o la Carlos III de Madrid también han empeorado posiciones en este ranking.

La adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid se encuentra con obstáculos. La idea, que aprobó el gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado noviembre, ha sido recurrida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio, el recurso contencioso-administrativo fue interpuesto a través de la Abogacía del Estado y presentado el pasado 12 de enero en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Fuentes del ministerio, dirigido por Diana Morant, aseguran que es algo inédito que un colegio profesional pueda repartir títulos. Además, afirman que “la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”.

La aprobación de la adscripción a la UCM del centro de la ICAM tendría que ver, según recoge elDiario.es, con la falta de financiación de la Universidad Complutense, algo que se podría aliviar mediante esta operación ya que las universidades reciben dinero por alojar centros adscritos. También, apunta el medio digital, sigue la línea del gobierno de Ayuso, que querría tener más influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y con su constante privatización de la educación.

Precisamente, fuentes del ministerio han asegurado a elDiario.es que “el resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. La decisión adoptada por el Gobierno de la señora Ayuso sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados”.

Con este centro, la propia Complutense se estaría haciendo competencia a si misma, ya que en el grado de Derecho no llena todas las plazas, con una tasa de cobertura del 90%. De esta forma, dicen fuentes del ministerio, "se abre otra vía para desmantelar la universidad pública". También han alertado de que si esta decisión la toman otros colegios profesionales, "significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".

El recurso del Gobierno se une al que ya presentó el PSOE hace pocos días y, además, podrían no ser los únicos. El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció que también lo haría ya que considera que es un paso "forzado" y "un error". El rector asegura que es una “puerta falsa para formalizar como universidades ámbitos que no lo son”, una declaración que también comparte la Universidad Complutense.

En 1998, el sistema universitario español estaba claramente dominado por lo público. Ese año, con la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena —la última universidad pública puesta en marcha en España—, el país contaba con solo 14 universidades privadas, muchas de ellas vinculadas a órdenes religiosas o con una larga trayectoria académica. Aquel 1998 marca un punto de inflexión histórico, ya que desde entonces no se ha creado ninguna universidad pública y, al mismo tiempo, el mapa universitario ha cambiado de forma radical hasta situarse al borde de la superioridad de los centros privados.

En 2025, España cuenta con 50 universidades públicas y 48 privadas, una diferencia mínima que podría desaparecer ya en 2026 si prosperan los proyectos que dependen únicamente de la tramitación parlamentaria en varias comunidades autónomas. El sorpasso de la universidad privada, impensable a finales del siglo XX, ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad inmediata.

Este giro se produce mientras la universidad pública arrastra una infrafinanciación estructural que limita su capacidad para ampliar plazas, contratar profesorado o reforzar la investigación. En ese vacío avanza la universidad privada, con el respaldo de varios gobiernos autonómicos del Partido Popular. Ante lo que el propio Ejecutivo define como una "expansión sin precedentes", el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades aprobó el pasado octubre un endurecimiento de los criterios para frenar lo que Pedro Sánchez denominó "universidades chiringuito".

Para Montse Rius, investigadora y portavoz de UCM por la Pública, el problema es que durante años se ha construido un "carril rápido" para la privada. "En Madrid, para montar una universidad privada, hasta ahora bastaba con el apoyo del Gobierno autonómico. No importa que los informes técnicos sean negativos y aunque prometan que en tres o cinco años lo arreglarán, luego nadie lo comprueba", señala.

La insistencia de algunos gobiernos autonómicos, como el de Baleares, por contar con su primera universidad privada está acelerando aún más el proceso. El Parlament ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley para crear la Universidad de Mallorca (UMAC), impulsada por la escuela universitaria ADEMA, con 31 votos a favor de PP y Vox, siete en contra de Més per Mallorca y 17 abstenciones del PSOE. Además, el Gobierno de Marga Prohens lo ha tramitado por la vía de urgencia, alegando la necesidad de atender la demanda formativa. Una decisión que ha desatado críticas por las prisas, la falta de transparencia y la sensación de "legislación a la carta".

El proyecto sigue adelante pese a un informe técnico muy crítico del ministerio, que cuestiona su solvencia financiera, el capital social aportado, las previsiones ante un eventual cierre, la debilidad de la investigación y la ausencia de másteres iniciales y de convenios suficientes para prácticas externas en ciencias de la salud. En julio, ADEMA se desvinculó de la Universitat de les Illes Balears (UIB) para asociarse con la privada Isabel I, un campus online con sede en Burgos, con el objetivo de ampliar la oferta de grados de su proyecto universitario.

La urgencia política contrasta con la situación de la universidad pública. La UIB está infrafinanciada y ya sufre un grave déficit de plazas de prácticas clínicas. Mario Devis, representante de CCOO Educación en Baleares, alerta de que la competencia por los recursos y el profesorado puede agravar un problema ya existente. "En grados como Enfermería o Fisioterapia faltan plazas de prácticas. Esto aumenta la segregación, porque muchos estudiantes no pueden asumir los costes más elevados de la privada, mientras la inversión en lo público avanza lentamente o se estanca", subraya.

Si Baleares se encamina hacia su primera universidad privada, Extremadura ha pasado en pocos años de no tener ninguna a manejar varios proyectos simultáneos. El que aparece mejor posicionado para convertirse en la siguiente en aprobarse es la Universidad Abierta de Extremadura, promovida por el Grupo Planeta y concebida como universidad a distancia. A diferencia de otros expedientes, cuenta con un informe favorable —aunque condicionado— del ministerio, que exige garantías adicionales sobre la formación del profesorado, la calidad de la plantilla y las prácticas. Este aval sitúa a Planeta a un paso de culminar el proyecto, a la espera de que se reactive la actividad parlamentaria en la región.

En paralelo, Extremadura aprobó el pasado octubre su primera universidad privada, la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE). PP y Vox sacaron adelante el proyecto con la oposición de Unidas por Extremadura y la abstención del PSOE, que denunció "atajos y prisas" del Ejecutivo de María Guardiola. La Junta tramitó la ley por lectura única, sin debate en comisión ni posibilidad de enmiendas, un procedimiento que, según la oposición, vacía de deliberación parlamentaria una decisión que condiciona la estructura educativa de la región durante décadas.

Tras tres años de tramitación, la polémica reside en que UNINDE contó con un informe desfavorable de la Conferencia de Política Universitaria y con objeciones del Consejo Económico y Social de Extremadura. Además, el proyecto prevé iniciar su actividad en bajos comerciales y en el centro comercial Las Vaguadas (Badajoz). Un formato que el informe técnico considera poco idóneo y sin garantías para una universidad con ambición investigadora. El dictamen ministerial cuestiona también la solvencia financiera, la escasez de profesorado, la vaguedad del plan de investigación y la falta de garantías documentales.

Tras UNINDE, esperan turno otros dos proyectos que ya se enfrentarán al marco más exigente del Ministerio: la universidad virtual CEU Núñez de Balboa, ubicada en Jerez de los Caballeros, y la Universidad Europea de Extremadura, con Medicina como principal reclamo. Desde CCOO Extremadura y la Universidad de Extremadura advierten de que la proliferación de privadas puede suponer la puntilla para una universidad pública ya asfixiada por la infrafinanciación, al abrir una competencia directa por alumnado, profesorado y, sobre todo, por unas plazas de prácticas claramente insuficientes.

Madrid es, con diferencia, el territorio donde este ecosistema está más consolidado. La Comunidad concentra ya 14 universidades privadas y recientemente ha aprobado la IE University Madrid. Al mismo tiempo, mantiene vivos proyectos con informes técnicos negativos, como la Universidad Internacional de las Artes (TAI) y la Universidad Felipe II, dos expedientes que evidencian el choque entre el criterio técnico del ministerio y la voluntad política autonómica.

En el caso de TAI, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, los técnicos dudan de su viabilidad con el capital declarado. Consideran insuficientes los fondos para afrontar las inversiones previstas, alertan de la ausencia de convenios claros de prácticas y advierten de que la plantilla docente sería demasiado reducida para el volumen de grupos proyectado.

En el proyecto Felipe II, promovido por capital chileno y sin partir de ningún centro universitario previo, el diagnóstico es igualmente negativo. El informe cuestiona su capacidad para absorber las pérdidas iniciales, la falta de garantías bancarias, la incertidumbre sobre las sedes y el incumplimiento de la inversión mínima en investigación. También pone en duda que pueda garantizar las prácticas obligatorias, especialmente en titulaciones sanitarias.

Pese a ello, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha optado por dejar ambos proyectos en reserva y aplazar la decisión para reactivarlos más adelante. Esta estrategia coincide con un momento especialmente tenso para la universidad pública madrileña en términos de financiación, plantillas y capacidad de absorber demanda. "La Comunidad de Madrid quiere poner todavía más fácil la creación de privadas. Se insiste en la colaboración público-privada y en que, si una privada no tiene doctorado o instalaciones, recurra a convenios con la pública. Eso no es complementariedad, es sostener proyectos privados con recursos públicos", denuncia Rius.

Más allá de los expedientes avanzados, otras iniciativas repartidas por distintas comunidades deberán someterse a los nuevos requisitos endurecidos por el ministerio que dirige Diana Morant. En Aragón se tramitan propuestas como The Power University, la Universidad Internacional de Aragón y NCI Aragón; en Asturias, la Universidad Europea de Asturias; en Andalucía, la Universidad Internacional Antonia Guerrero, y en Canarias, la Universidad Digital. Todos estos proyectos deberán acreditar músculo financiero, capacidad investigadora y calidad docente si quieren salir adelante.

Con 48 universidades privadas frente a 50 públicas y varias aprobaciones en marcha, 2026 puede ser el año en que la balanza se incline definitivamente. El debate de fondo, coinciden sindicatos y expertos, no es solo cuántas universidades privadas puede haber, sino el riesgo de que se consolide un modelo orientado al mercado y a la rentabilidad rápida en detrimento del sistema público.

Cuando se cumple un año del inicio del segundo mandato de Trump el análisis parece claro: Estados Unidos vive una aceleración autoritaria sin precedentes recientes. Ataques sistemáticos a minorías, restricciones a la libertad académica, persecución de migrantes y una ofensiva cultural que señala a periodistas, activistas y profesores universitarios como enemigos internos. En ese contexto, el historiador Mark Bray, profesor en la Universidad de Rutgers y autor del libro Antifa (2017, Capitán Swing), ha pasado de ser una figura académica comprometida a convertirse en objetivo directo de las campañas de acoso de la extrema derecha estadounidense.

Tras recibir amenazas de muerte en su domicilio, sufrir campañas de señalamiento y acoso en Internet y ver cómo su nombre circulaba en documentos oficiales y medios afines al trumpismo, Bray decidió abandonar Estados Unidos junto a su familia y trasladarse a España en otoño de 2025. Desde aquí observa con distancia —y preocupación— la deriva política de su país y analiza con infoLibre las lecciones históricas del antifascismo en un momento en el que, advierte, "algunos fascistas ya están en la Casa Blanca".

¿Cómo ha llegado un historiador de la Universidad de Rutgers a exiliarse en España en 2025?

Escribí el libro Antifa en 2017 y ya entonces recibí un montón de amenazas. La situación cambió más recientemente, después del asesinato de Charlie Kirk. Trump decidió, sin ninguna prueba, que la culpa era de la izquierda y poco después firmó una orden ejecutiva sobre Antifa [así es como se conoce al movimiento antifascista en Estados Unidos ] diciendo que es un grupo terrorista. En Estados Unidos no existe una forma legal de designar a un grupo doméstico como terrorista, solo a grupos extranjeros, así que esa orden no tiene fuerza legal, pero sí mucha fuerza retórica. 

Fue entonces cuando empecé a recibir amenazas más serias. Durante unos días di clase por Zoom y el grupo local de mi universidad de Turning Point USA, la organización de Charlie Kirk, organizó una petición para que me despidieran. Fox News publicó un artículo sobre esa petición y entonces recibí muchas más amenazas. Una de ellas incluía la dirección personal de mi casa en Nueva Jersey. Dos días después alguien publicó mi dirección en X junto con información sobre mi familia y decidí que no era seguro quedarse en casa, especialmente en un país con tantas armas.

Mi esposa y yo pensamos en mudarnos a otra ciudad dentro de Estados Unidos, pero teníamos miedo, no solo por la situación personal, sino por la situación política en general. Habíamos vivido en España en el pasado, es un país que conozco más o menos, y decidimos venir aquí por un tiempo. En el aeropuerto también tuvimos problemas porque nos cancelaron la reserva y al día siguiente unos agentes federales me interrogaron y revisaron mis cosas durante una hora. Pero después de todo eso, aquí estamos.

¿Cree que las redes sociales y las estrategias digitales han cambiado la forma en que la extrema derecha moviliza a los jóvenes respecto a los años 20 y 30 del siglo XX?

La tecnología de la comunicación siempre ha sido importante para el fascismo. Hace cien años fueron los periódicos, la radio y, en menor medida, el cine. Todo eso fue fundamental para movilizar a la gente. Hoy la tecnología más importante son las redes sociales y en Estados Unidos encajan muy bien con una cultura extremadamente individualista. A través de las redes, un joven puede creer que está actuando como individuo —porque decide qué cuentas seguir, qué leer— cuando en realidad está participando en algo colectivo.

Los influencers juegan un papel clave. Se presentan como individuos con perspectivas personales, aunque en realidad tengan vínculos muy fuertes con la Casa Blanca o con organizaciones como Turning Point USA. Ese tipo de cuentas tiene mucho más poder que las cuentas oficiales y las redes crean espacios para que las personas participen en proyectos colectivos sin perder esa sensación de individualidad. La extrema derecha ha difundido con mucha eficacia la idea de que los hombres jóvenes son víctimas del feminismo o que la gente blanca es víctima de la cultura woke. Todo eso circula muy fácilmente por las redes y ha cambiado mucho la forma de movilizar, aunque el núcleo del mensaje sea parecido.

¿Qué ha supuesto este primer año del segundo mandato de Trump para los colectivos vulnerables, las libertades y la democracia estadounidense?

Su segundo mandato ha sido mucho más explícitamente autoritario, incluso fascista si queremos usar esa palabra. Los ataques contra grupos vulnerables han sido muy duros. Para mí, uno de los elementos más graves es el papel del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Han detenido no solo a personas sin papeles, sino incluso a cientos de ciudadanos estadounidenses y los tribunales han respaldado detener a alguien por el color de su piel. Además, las personas detenidas acaban en centros horribles, que son más o menos como campos de concentración, y muchas son deportadas, incluso a países que no son los suyos, como El Salvador.

El Gobierno también ha atacado los derechos de las personas trans, quiere destruir el matrimonio igualitario y ha impuesto vetos migratorios a muchos países. En educación, en estados como Texas o Florida hay materias que no se pueden enseñar. A nivel federal, han creado listas muy largas de palabras prohibidas en documentos oficiales, como "mujer transgénero" o "vehículo eléctrico". Todo esto muestra que el objetivo es crear una nación cristiana y blanca. Make America Great Again es un lema fundamentalmente fascista, porque quiere volver a un pasado imaginario donde las jerarquías "naturales" eran respetadas.

¿Qué diferencias existen entre el primer y el segundo mandato de Trump?

Una razón es que probablemente Trump no pensaba que iba a ganar en 2016. Su campaña era más un intento de hacerse famoso y ganar dinero. Cuando ganó, no tenía un plan. Después del 6 de enero de 2021, cuando Mike Pence fue clave para frenar el intento de golpe de Estado, Trump decidió que la próxima vez solo trabajaría con personas que hicieran exactamente lo que él quiere. Por ello, su círculo es explícitamente autoritario y tiene un plan, como el Project 2025, para transformar el Estado y la sociedad. Además, el Partido Republicano del centro ha desaparecido, ya que figuras como Pence, Romney o incluso el legado de la familia Bush ya no existen dentro de la formación.

Trump también ataca a los periodistas. ¿Cree que veremos periodistas estadounidenses exiliados?

Es posible. Durante la última década, la extrema derecha ha decidido que todos los periodistas fuera de Fox News o Newsmax son enemigos. Si un periodista descubre algo importante, puede recibir amenazas de muerte. Habrá algunos casos en los que huir será necesario.

Trump y figuras como Charlie Kirk han servido de referencia para dirigentes y activistas de la extrema derecha en otros países. ¿Cómo interpreta usted este fenómeno de exportación de discursos y estrategias políticas entre Estados Unidos y Europa?

Creo que este intercambio funciona en las dos direcciones. Durante mucho tiempo la política estadounidense ha tenido una enorme influencia global y eso también se nota en la extrema derecha. Hay formas de comunicar, de movilizar y de hacer propaganda que vienen claramente de Estados Unidos y que luego se adaptan en Europa. Pero también es importante entender que muchas ideas centrales de la extrema derecha estadounidense no nacen allí. La teoría del gran reemplazo, por ejemplo, es de origen francés y ha tenido un papel muy importante en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con conceptos como la re-inmigración, que surgen en Europa y después empiezan a circular en el debate político estadounidense.

Lo que vemos hoy es un intercambio constante. En Europa la extrema derecha ha estado históricamente muy centrada en la inmigración desde África y Oriente Medio, mientras que en Estados Unidos el foco ha sido América Latina. Sin embargo, las formas de articular ese racismo y de convertirlo en discurso político se influyen mutuamente, y las redes sociales han acelerado mucho ese proceso.

Además, hay una dimensión política organizada. Figuras como Steve Bannon han viajado a Europa para establecer contactos y desde la extrema derecha estadounidense existe un interés claro en debilitar proyectos como la Unión Europea, que se perciben como un obstáculo ideológico y económico. Por eso no hablaría solo de una exportación desde Estados Unidos a Europa, sino de una red transnacional de extrema derecha que comparte ideas, estrategias y objetivos.

Vox ha propuesto recientemente ilegalizar a las organizaciones antifascistas. ¿Estamos lejos de una criminalización como en EE. UU.?

Creo que la situación es diferente. En países como España, Francia o Italia, el antifascismo tiene una relación mucho más fuerte con la historia nacional. En Italia, después de la Segunda Guerra Mundial; en España, después del franquismo. Aquí el fascismo no es algo abstracto, es una experiencia histórica reciente. El esfuerzo de participar en la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos no se vendió como un proyecto de antifascismo en el imaginario popular, por lo que términos como este tenían una asociación con la izquierda y con el comunismo después de la guerra. 

Eso ha facilitado que hoy se pueda presentar el antifascismo como algo ajeno o extremista. En Europa es más difícil imponer ese marco, aunque no imposible. Dependerá del contexto político y de la fuerza de la extrema derecha.

¿Qué lecciones históricas del antifascismo considera más útiles en el contexto político actual?

Cuando escribí mi libro en 2017 hablé mucho del antifascismo preventivo. Resistir al fascismo cuando aún es pequeño para que no crezca. Esa estrategia funcionó durante mucho tiempo, pero la situación actual es distinta y hay que plantarle cara. En Estados Unidos, algunos fascistas ya están en la Casa Blanca y tampoco estamos en el contexto clásico del antifascismo militante ni en una guerra civil. Es un escenario nuevo, pero sigue siendo fundamental conectar el presente con la historia del antifascismo. No solo para aprender lecciones prácticas, sino también por una razón emocional y política. Hay que entender que estamos en la misma lucha. 

En la última década, el movimiento antifascista ganó la lucha en las calles, especialmente entre 2016 y 2019, pero la extrema derecha cambió de estrategia. Abandonó los intentos de crear un movimiento independiente, como en Charlottesville en 2017, y empezó a infiltrarse en el trumpismo, en protestas contra las mascarillas o las vacunas, y acabó influyendo directamente en el movimiento MAGA. El antifascismo ganó unas batallas, pero perdió otras, sobre todo, en el terreno institucional y en las redes sociales. La extrema derecha supo adaptarse y el antifascismo tendrá que hacer lo mismo.

La Universidad de Barcelona (UB) ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Barcelona las denuncias por presuntas conductas de violencia sexual, coerción psicológica, maltrato y explotación vinculadas al catedrático emérito Ramón Flecha y al entorno del grupo de investigación CREA.

La violencia sexual de la que se acusa a Flecha fueron destapadas por una investigación conjunta en la que participó infoLibre junto a elDiario.es, RTVE Noticias y Ràdio 4-RNE.

La UB ha informado de que ha dado este paso tras recibir un informe preliminar de una comisión independiente, con expertos en violencia de género y acoso institucional, que ha recogido durante cuatro meses los testimonios de once denunciantes.

Conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, o prácticas vejatorias e intimidatorias son algunos los hechos relatados por personas que formaron parte del CREA, que el informe califica como un "grupo coercitivo de alto control", con Flecha a la cabeza.

CREA (siglas de Community of Researchers on Excellence for All) fue creado en 1991 por Flecha como un centro de investigación del ámbito de la educación y posteriormente se especializó también en violencia sexual.

Además de elevar los hechos a la Fiscalía, la Universidad de Barcelona ha comunicado este lunes su intención de personarse como acusación particular si el procedimiento penal avanza.

El rector de la UB, Joan Guàrdia, recibió el informe el pasado 19 de diciembre, junto con una evaluación pericial psicológica sobre la fiabilidad de los testimonios y un informe penal que valora su relevancia jurídica, lo que ha motivado la activación inmediata de medidas cautelares en la universidad y la remisión del caso al ministerio público.

Asimismo, la UB ha activado expedientes disciplinarios con suspensión cautelar de empleo a dos miembros del personal docente e investigador del CREA y ha retirado la condición de catedrático honorario a una tercera persona, además de mantener la suspensión del estatus y las funciones de catedrático emérito de Sociología a Ramón Flecha.

La comisión de expertos, constituida el pasado agosto e integrada por especialistas en violencia machista y acoso institucional, aún no ha terminado su investigación y podría extenderse hasta un mínimo de 18 meses.

Próximamente, la comisión tomará declaración a cinco denunciantes más, hasta alcanzar un total de dieciséis, para analizar posibles irregularidades académicas y éticas de las que ha tenido conocimiento durante el proceso, siempre respetando la decisión de Fiscalía en cuanto a las competencias en el desarrollo de una posible causa penal.

Paralelamente, la UB ha activado medidas de acompañamiento psicológico para todas las personas afectadas, tanto actuales como pasadas, y ha adoptado disposiciones cautelares para impedir que méritos académicos o profesionales vinculados a CREA sean valorados en procesos de selección o promoción del profesorado.

Esta medida tiene el objetivo de garantizar la imparcialidad y evitar beneficios derivados de las prácticas investigadas en el grupo de investigación, ligadas también a la hiperpublicación en instituciones para beneficio personal.

La universidad también ha comunicado los hechos a otras instituciones ajenas a la UB con las que podrían estar vinculadas personas implicadas, al constar que parte de la actividad investigada trasciende el ámbito de la Universidad de Barcelona.

La denuncia formal recibida en julio de 2025 es la primera presentada ante la UB tras los archivos de anteriores denuncias en 2004 y 2016, que señalaban conflictos internos, presuntas irregularidades de gestión y abusos psicológicos, sin que entonces se apreciaran indicios penales suficientes.

El grupo CREA dejó de ser una estructura interna de la UB en 2015, cuando pasó a funcionar como "comunidad de investigación" externa. El informe preliminar ha detectado que, a partir de 2015, se habría intensificado el carácter coercitivo del funcionamiento del grupo.

Los hechos descritos por las denunciantes incluyen presuntas conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, así como prácticas vejatorias e intimidatorias, que habrían operado "de forma sistemática" mediante una estructura jerárquica de liderazgo a manos de Ramón Flecha, al que el informe señala como el presunto perpetrador de la mayoría de los hechos investigados.

Ahora corresponderá a la Fiscalía Provincial de Barcelona determinar el alcance penal de los hechos y las competencias que mantiene la universidad en el proceso de investigación.

La UB ha subrayado que los hechos relatados por las denunciantes son de "gravedad injustificable, intolerables y repulsivos", y ha reafirmado su compromiso de actuar con contundencia para garantizar un entorno universitario "seguro y libre de violencia".

En algunas facultades de la Universidad de Málaga (UMA), los profesores han tenido que llevar folios desde casa para que sus alumnos puedan examinarse, las impresoras han llegado a estar bloqueadas salvo para lo imprescindible y los departamentos funcionan con presupuestos reducidos a lo básico. A pocos metros, grúas detenidas, edificios a medio construir y nuevas facultades inacabadas completan un paisaje que refleja hasta qué punto la precariedad de la institución es transversal. Una imagen que resume el momento que atraviesa la universidad pública andaluza, asfixiada por la falta de financiación de la Junta de Andalucía.

La UMA arrastra una infrafinanciación estructural que se traduce en un déficit superior a los 59 millones de euros anuales. Este agujero ha obligado al nuevo equipo rectoral a aplicar desde la pasada primavera un severo plan de ajuste. A finales de 2024, la Junta de Andalucía le concedió un préstamo extraordinario de 48,5 millones de euros, con un interés del 1%, destinado a garantizar el pago de nóminas y proveedores. Sin embargo, ese balón de oxígeno ha llegado acompañado de un mayor control financiero y de nuevas exigencias de ajuste por parte del Gobierno de Juanma Moreno.

El caso guarda ciertas similitudes con lo ocurrido en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La mayor universidad presencial de España cerró 2024 con un déficit de 33,2 millones de euros y también tuvo que solicitar a la Comunidad de Madrid un préstamo de 34,5 millones para sostener su tesorería. El apoyo llegó, como en Málaga, ligado a un plan de ajuste prolongado que, en el caso madrileño, implica una retención del 35% del gasto operativo hasta 2028.

En Málaga, la tensión ha terminado por desbordar las aulas. Los estudiantes y docentes han vaciado clases, convocado paros académicos y protagonizado concentraciones ante el rectorado y durante actos institucionales desde el pasado curso. Plataformas como UMA por la Pública y los sindicatos denuncian una degradación progresiva de las condiciones de la enseñanza.

La escasez de recursos que denuncia la comunidad educativa se explica, en gran medida, porque la Universidad de Málaga es una de las peor financiadas del sistema universitario español. Según los datos de financiación por estudiante de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), la institución malagueña figura como la cuarta universidad pública peor financiada del país. Los datos oficiales de la propia Junta de Andalucía indican que recibe 6.267 euros por estudiante, unos 678 euros menos que la media andaluza. Además, esta brecha no es casual, ya que desde 2012 la financiación autonómica destinada a la UMA ha caído del 15,1% al 13,8%.

Se trata de un problema que no afecta solo a Málaga, pero que allí se manifiesta con mayores consecuencias. "Si la financiación no crece, las universidades van a seguir tomando medidas que acaban afectando a las plantillas y al estudiantado", advierte José Luis Martos, secretario de Universidad de CCOO Andalucía, que sitúa el caso de la UMA como el ejemplo más extremo de un modelo que falla en toda la comunidad. Además, alerta de que nueve de las diez universidades públicas andaluzas cerrarán el ejercicio de 2025 en números rojos, frente a las cinco del año anterior.

Frente a esta situación de precariedad, la Junta de Andalucía sostiene que nunca antes se había destinado tanto dinero a la educación superior. Sin embargo, el conflicto no gira en torno al volumen global de los presupuestos, sino al incumplimiento reiterado del propio modelo de financiación aprobado por la administración autonómica para el periodo 2023-2027.

El principal punto de conflicto es la denominada cláusula de salvaguarda, una garantía incluida en ese modelo que debe asegurar que ninguna universidad pública reciba menos financiación que el año anterior, al margen de ajustes presupuestarios. En la práctica, esta protección no se ha aplicado, lo que ha dejado a universidades como la de Málaga con menos recursos reales para funcionar. A ello se suma la no actualización del capítulo 2, la partida destinada a cubrir los gastos básicos del día a día —luz, agua, limpieza, mantenimiento de edificios o material docente—, que no ha crecido al ritmo del aumento de los precios. "No estamos reclamando más dinero del pactado, sino que se cumpla lo que ya está firmado", subraya Salvador Pineda, portavoz de UMA por la Pública.

Pineda denuncia que, mientras el presupuesto universitario de la Junta ha crecido en torno al 1,9%, la inflación y el incremento de los costes energéticos, de servicios y de personal han avanzado a un ritmo muy superior. "Ese diferencial se va acumulando año tras año y termina estallando en forma de recortes", advierte. Recuerda además que la Junta anunció aportaciones extraordinarias de hasta 16 millones de euros adicionales para el conjunto de las universidades públicas andaluzas que nunca han llegado a ejecutarse.

Otra parte clave del problema de la Universidad de Málaga se explica por una cadena de decisiones que arranca antes de la pandemia, cuando la institución contaba con un elevado volumen de remanentes acumulados y decidió acometer grandes inversiones. Se iniciaron obras como la nueva Facultad de Psicología, el Pabellón de Gobierno, la Facultad de Turismo o la ampliación de Filosofía y Letras, todas ellas licitadas y en ejecución con respaldo presupuestario.

Esa planificación se rompió en 2020, cuando la Junta de Andalucía exigió a las universidades una aportación extraordinaria al Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19. A la UMA se le reclamaron 36 millones de euros de sus remanentes, una cantidad que la propia gerencia calificó entonces como "un recorte en toda regla". "Es como si empiezas a reformar tu casa porque tienes dinero en el banco y, a mitad de obra, te lo quitan", resume Martos.

La respuesta de la administración autonómica no fue una compensación directa ni la devolución de esos fondos, sino el préstamo de 48,5 millones de euros con un interés del 1% destinado a pagar las deudas con las constructoras y continuar con las obras. El representante de CCOO califica esta fórmula como una "intervención de facto de la universidad" por parte de la Junta.

El resultado es una institución en modo supervivencia que está trasladando los recortes al profesorado. Belén Casado, doctora en Derecho Civil y profesora de la UMA, denuncia que es la única universidad pública andaluza donde no se conceden sustituciones por bajas médicas o maternales. "Cuando alguien cae enfermo o se va de baja, el resto del departamento asume su docencia", explica.

Casado alerta también de que los recortes están teniendo un impacto económico directo. Desde 2024, los complementos retributivos reconocidos oficialmente no se están abonando, lo que está empujando a numerosos docentes a plantearse reclamaciones judiciales. "Estamos hablando de retribuciones concedidas, no de promesas futuras. Nos dicen que no hay dinero y que no saben cuándo se van a pagar. Eso genera una enorme inseguridad económica y personal", señala.

El bloqueo de las promociones agrava aún más el escenario. Según Casado, más de un centenar de docentes de la UMA han obtenido la acreditación para catedráticos o figuras superiores sin que se convoquen sus plazas, en contraste con lo que ocurre en otras universidades públicas andaluzas. "Hay compañeros acreditados desde hace más de un año, incluso año y medio, que siguen cobrando como titulares mientras ven cómo en Cádiz, Sevilla o Córdoba sí salen las plazas y otros colegas, acreditados en las mismas fechas, ya han promocionado", denuncia.

La precariedad alcanza incluso a la investigación y a la vida académica cotidiana. Las ayudas para proyectos y estancias se han reducido al mínimo o han desaparecido, lo que hace prácticamente inviable salir al extranjero o mantener líneas de investigación activas. Las bibliotecas carecen de presupuesto para renovar fondos y en los laboratorios se acumulan equipos averiados que no pueden repararse durante meses por falta de recursos. "Todo se está dosificando al límite, el material, el mantenimiento, los viajes y las actividades académicas. Vivimos en una lógica de racionamiento permanente", resume Casado.

El legado literario de Almudena Grandes y Luis García Montero, que ha sido cedido por el poeta y columnista de infoLibre a la Facultad de Filosofía y Letras de Granada de la que es catedrático, conformará un fondo de creatividad literaria para la investigación de ambos autores que se ha iniciado este miércoles con la primera donación: dos retratos de ambos realizados por el pintor Juan Vida, según recoge EFE.

El acto de entrega de este primer depósito ha servido también para el descubrimiento de la placa con la que la biblioteca de esta facultad ha pasado a denominarse Luis García Montero en reconocimiento a la trayectoria y la estrecha vinculación del también director del Instituto Cervantes con la Universidad de Granada.

Los fondos, que García Montero irá cediendo periódicamente, incluyen manuscritos, cuadernos de trabajo, correspondencia, archivos digitales, primeras ediciones, fotografías y materiales personales de ambos autores, fundamentales para la investigación en crítica genética, historia cultural y estudios de literatura actual.

"Uno no puede ganarse la vida como poeta, pero sí es posible ganarse la vida explicando poesía", y eso, dice, es lo que ha hecho desde que se hizo profesor de Literatura de esta facultad en la que estudió hace 50 años y a cuya decana, Ana Gallego, impulsora de la iniciativa, tuvo como alumna.

Para Gallego, el acto de hoy supone "la primera piedra para la creación de un sueño", el Fondo de Creatividad Literaria, que aspira a convertirse en un centro de referencia para la investigación literaria y la crítica genética.

El fondo irá además acompañado de una beca para investigadores de dentro y fuera de la Universidad de Granada, que podrán estudiar la biblioteca, el legado y los manuscritos tanto de Almudena Grandes como de Luis García Montero.

Fue en Granada, ha reflexionado García Montero, donde se desarrolló como persona, donde descubrió a Federico García Lorca y donde decidió dedicarse a la poesía: "Y tuve la suerte de que la vocación me pudiera".

En la biblioteca que ahora recibe su nombre serán depositadas las obras que tienen que ver con su relación de 30 años con Almudena Grandes y otros recuerdos que ha ido atesorando con el paso del tiempo, como recortes de periódicos con entrevistas y los incalculables libros que, dice, amontona en sus casas de Granada y Madrid.

Aunque actualmente asume la dirección del Instituto Cervantes y desde 2018 no da clases en la Facultad de Filosofía y Letras, su ilusión, ha confesado, es regresar a ella antes de jubilarse.

"Yo tengo la ilusión de que esta legislatura dure hasta 2027, y voy a estar muy orgulloso como director del Instituto Cervantes, pero aunque gane las elecciones el Gobierno que yo quiero, ya he dicho que prefiero jubilarme de profesor de la Universidad de Granada", algo a lo que aspira a dedicarse en sus dos últimos años antes de jubilarse a los 70 -actualmente tiene 67- para dedicar ese tiempo también a preparar el fondo de la colección. 

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha agradecido a García Montero su "generosidad" para facilitar la creación de un fondo literario que permitirá, ha dicho, preservar la memoria cultural y consolidar a la Facultad de Filosofía y Letras como centro estratégico para el estudio de la literatura en lengua española del siglo XXI.

Las universidades públicas madrileñas atraviesan una crisis que les ha obligado a parar. Tanto alumnos como estudiantes han realizado una huelga los días 26 y 27 de noviembre bajo el lema "no habrá paz para quien nos asfixia". Las protestas ponen sobre la mesa no solo la infrafinanciación crónica de la universidad pública en la Comunidad de Madrid (CAM), sino también el rechazo frontal a la futura Ley de Estudios Superiores y Universidades (LESUC).

En mitad de las movilizaciones, el consejero de Universidades, Emilio Viciana, ha subrayado que las protestas "no tienen ninguna justificación" y que lo que merece una protesta es "el cupo independentista por el que las universidades madrileñas dejarán de ingresar 170 millones de euros cada año". Además, ha defendido el proyecto de presupuestos para 2026 como una "apuesta muy decidida por la universidad pública" con 1.239,7 millones de euros. La cifra, según asegura el consejero, estaría "entre las más altas de la Unión Europea".

Sin embargo, el discurso del Gobierno de Ayuso contrasta con la realidad. La Comunidad de Madrid, con el nuevo presupuesto, invertirá un 0,46% de su Producto Interior Bruto (PIB) en el sistema universitario público, muy lejos del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Una inversión aún más alejada de la media europea, que se sitúa en un 1,2%. Esto se suma a que Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte por estudiante, con 6.929 euros por alumno, mientras España está un 19,5% por debajo de la media de gasto de los países de la OCDE (19.800 euros).

La crisis madrileña, pese a que se viene gestando desde los recortes de 2010, se inscribe en un contexto europeo de recortes y tensión presupuestaria creciente en la educación superior. Desde 2020, universidades de capitales como París, Berlín, Roma o Ámsterdam han sufrido recortes o restricciones de gasto ante la pérdida de financiación pública. Una de las capitales donde se han vivido protestas similares a las de Madrid es la alemana. El Gobierno regional, tras anunciar un aumento en la inversión universitaria para 2025, impuso recortes de 250 millones en financiación para investigación y educación superior.

Esto ha provocado que la mayor universidad del país, la Freie Universität, haya tenido que realizar un ajuste de 41 millones solo en 2025, lo que supone un recorte del 5,8% de su presupuesto, que ronda los 700 millones de euros. El resto de universidades de la capital también tendrán que realizar ajustes presupuestarios para evitar entrar en déficit: la Universidad Técnica de Berlín tendrá 32 millones menos, la Humboldt 27 y la Universidad de Ciencias Aplicadas (BHT) 8,8.

En Francia, los efectos de su inestabilidad político-económica también han impulsado la austeridad. La Ley de Finanzas de 2025 prevé 1.000 millones de euros menos que el año anterior para enseñanza superior e investigación. Además, los presupuestos de 2024 ya contaron con una reducción de 320 millones de euros sobre un total de 31.300 millones. Como resultado, 60 de 75 universidades públicas en Francia cerraron en 2024 con déficit (frente a 30 en 2023). En la capital, la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, con más de 40.000 alumnos, prevé un recorte del 20% del total. Por ejemplo, la biblioteca interuniversitaria de la Sorbonne vio su presupuesto caer un 40%.

La presión sobre las universidades también se ha intensificado en Países Bajos a raíz del recorte estatal y la caída de los ingresos vinculados a estudiantes internacionales, una de las principales fuentes de financiación del sistema neerlandés. La Vrije Universiteit Amsterdam calcula que tendrá que ajustar 60 millones de euros en apenas tres años. Una decisión que ya ha tomado la Universidad de Amsterdam, que opera desde hace meses con recortes anuales de entre 30 y 50 millones, pese a partir de una situación financiera inicialmente sólida.

En Roma, centros como Sapienza, Tor Vergata o Roma Tre trabajan ya en planes de contención pese a presentar buenos resultados económicos en sus últimas memorias. Esto se debe a que el Fondo de Financiación Ordinaria afronta una reducción de 173 millones, lo que supone en realidad una falta de 500 millones al sumarse los incrementos obligatorios de costes, según la Conferencia de Rectores de las Universidades Italianas (CRUI). Unas universidades italianas que habían conseguido afrontar parte de sus problemas económicos con un aumento de las tasas de sus estudiantes.

El exrector de la UNED y exsecretario de Estado, Alejandro Tiana, subraya que la distancia entre España y Europa es clara. "Las universidades de los países europeos que aparecen en los rankings manejan cifras por estudiante muy superiores a las españolas, lo que muestra el nivel de financiación que necesita una institución para aspirar a la excelencia".

Aun así, ninguna gran universidad de las capitales europeas combina déficits tan abultados con un porcentaje de recortes tan alto como en Madrid. La Complutense concentra el mayor porcentaje de recorte financiero entre las universidades de las principales capitales analizadas. La Universidad Complutense (UCM) va a mantener durante tres años un recorte del 35% en sus gastos, que ya realizó al 30% en 2024 con el objetivo de contener el gasto ordinario. En este caso, el porcentaje ha aumentado debido a que tiene que devolver a la Comunidad de Madrid el préstamo de 34,5 millones de euros para poder pagar las nóminas de diciembre y las pagas extraordinarias de Navidad.

La falta de financiación por parte del Gobierno de Ayuso ha provocado que la UCM acumule en los dos últimos ejercicios un déficit de 142,3 millones de euros —64,5 millones en 2023 y 77,8 en 2024—. No obstante, los datos del informe anual de cuentas de la URJC reflejan también un saldo negativo de 47 millones, frente a los 43,6 del año anterior. Para Montse Rius, portavoz de UCM por la Pública e investigadora académica, la situación evidencia el fracaso del modelo autonómico. "En bruto parece que se invierte mucho, pero Madrid destina solo el 0,42% de su PIB a la universidad. No se cumple ni la LOSU ni la media europea y así es imposible sostener universidades del tamaño de la Complutense", detalla.

Rius subraya además que la infrafinanciación madrileña no responde a un contexto de crisis económica, sino a una decisión política. "En 2010 hubo un argumento macroeconómico para recortar, pero hoy no hay ninguno. España crece más que la mayoría de la UE y Madrid recorta. Por tanto, no se compensa lo perdido y seguimos pagando las consecuencias quince años después", denuncia.

Pese a los problemas de infrafinanciación que sufre el sistema universitario público en Madrid, la negociación con el Gobierno autonómico está completamente bloqueada. Rectores, decanos y representantes sindicales denuncian que la Comunidad de Madrid ha cerrado filas en torno a su modelo, sin abrir ninguna vía para actualizar el sistema de financiación. Una postura que, por ejemplo, contrasta con la del Gobierno Regional de Berlín, que, tras imponer los recortes en 2025, ha acordado con las universidades que no habrá austeridad en 2026 y que recibirán 31 millones de euros más ese año, 62 millones extra en 2027 y 93 millones en 2028.

"No hay voluntad de negociar. Ni siquiera se nos incluye como parte de la mesa que diseña la ley autonómica que va a regir nuestro futuro. Estamos reclamando un presupuesto mínimo y el cumplimiento de la ley, pero el Gobierno de Ayuso ha decidido seguir hacia delante con su modelo privatizador", subraya Rius.

La comunidad universitaria reclama, además, que el Gobierno abandone el relato del aumento de los presupuestos y asuma la urgencia del problema. Tiana señala que "si no se alcanza el 1% del PIB y se sostiene esa inversión en el tiempo, es imposible tener un sistema universitario competitivo con el resto de Europa". "La excelencia no es compatible con la austeridad permanente", incide.

Alrededor de 6.500 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores, según las estimaciones iniciales de la Policía, se han manifestado en Madrid en la segunda jornada de huelga para exigir al Gobierno autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, una mejora de la financiación de las universidades públicas madrileñas, según informa EFE.

La marcha está encabezada por una pancarta con el lema 'Universidad pública' sobre una reproducción del cuadro El 3 de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya.

La protesta ha partido de la Plaza del Emperador Carlos V y ha recorrido muy lentamente varias calles de la capital hasta llegar a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

Algunos de los asistentes han exhibido carteles en los que se podía leer 'Recortes No', 'Si no hay respiro para las públicas no habrá paz para quienes nos asfixian', 'El futuro no se privatiza' o 'Estudiar es un derecho, no un lujo'.

Otros participantes han portado cartulinas con lemas escritos a mano como 'Sin educación pública no hay ascensor social, sólo élites', 'Ayuso, la uni no admite abuso' o 'Se vende universidad pública'.

Durante el recorrido, los manifestantes han tocado silbatos y han coreado consignas como "Nada, nada, nada, para la privada", "Gobierne quien gobierne, la Uni se defiende", "Ayuso culpable, rectores responsables" o "No, no, no a la privatización".

Poco antes de la marcha, la presidenta Ayuso y los consejeros del Gobierno regional han reivindicado su formación en la universidad pública, con el mensaje en X de "yo, sí", junto a una imagen con el lema 'Formada en la universidad pública' rodeando en un círculo a un corazón.

Para el Gobierno de Díaz Ayuso, es una huelga "política" y "no tiene ningún sentido", según ha manifestado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ha acusado a los partidos de la izquierda de aprovechar la ocasión para "intentar embarrar el terreno de juego" y "mancharlo todo".

En cuanto al seguimiento de la huelga, en la Universidad Complutense, entre un 90% y un 100% han secundado la huelga este jueves, con piquetes informativos, muchas facultades y bibliotecas cerradas y aulas vacías, mientras que en la Autónoma y en la Rey Juan Carlos el seguimiento también ha sido alto, del 85% y del 80%, respectivamente, según CCOO, que apoya junto a UGT, CGT y CNT a las plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileña convocantes del parón.

En la Politécnica (UPM) han secundado la huelga un 60%, un 50% en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y un 40% en la Carlos III (UC3M), en una jornada repleta de movilizaciones.

A la marcha se han unido las portavoces de Más Madrid y el PSOE-M en la Asamblea regional, Manuela Bergerot y Mar Espinar, así como el portavoz del PSOE-M, Javier Guardiola.

"Si la señora Ayuso no entra en razón y financia la universidad pública madrileña a la altura de las universidades públicas europeas lo va a terminar haciendo a la fuerza, obligada por toda la movilización ciudadana", ha afirmado Bergerot, quien ha pedido a la presidenta madrileña que "tire a la basura" la ley universitaria que está preparando el Gobierno regional y que "pone la alfombra roja a las universidades privadas".

Guardiola ha señalado que Díaz Ayuso quiere un sistema público "totalmente debilitado, una infrafinanciación de los trabajadores del sistema público y la ruptura absoluta de la igualdad de oportunidades, que es la garante del ascensor social".

La profesora Eva Aladro, portavoz de las plataformas de las seis universidades públicas madrileñas, ha dicho que estos dos días de huelga han sido "muy emocionantes" porque se ha visto a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, "unidos" en favor de las universidades.

Aladro ha destacado que en las plataformas están "muy contentas" con el seguimiento de la huelga que ha sido "histórico" y con las movilizaciones en el centro de Madrid.

El próximo 4 de diciembre han convocado una concentración a las puertas de la Asamblea de Madrid coincidiendo con el debate a las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por los grupos de la oposición, Más Madrid, PSOE y Vox, porque "la lucha sigue".

La manifestación es el punto final de la huelga de dos días convocada por las plataformas en defensa de las seis universidades públicas madrileñas, con el apoyo y la cobertura legal de CCOO, UGT, CGT y CNT, contra el "estrangulamiento" financiero del sistema universitario madrileño y para reclamar la retirada de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid.

La segunda jornada de huelga para exigir una mejora de la financiación de la educación superior en la Comunidad de Madrid tiene un seguimiento "masivo", de entre un 90% y un 100%, en la Universidad Complutense y la Politécnica, según la profesora Eva Aladro, portavoz de la plataforma en defensa de las seis universidades públicas madrileñas, según informa EFE. 

Durante la mañana del jueves, grupos de piquetes informativos han recorrido los campus de Ciudad Universitaria y de Somosaguas, donde se han encontrado muchas facultades y bibliotecas cerradas y aulas vacías y se han concentrado en algunos puntos donde han visto algo de actividad, como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos o el Rectorado. 

Más de cuatrocientas personas, entre estudiantes, docentes y trabajadores, han iniciado una marcha desde la Ciudad Universitaria, pasando por el centro de la ciudad, con destino a la Plaza de Juan Goytisolo, junto al Museo Reina Sofía, donde tendrá lugar una comida, para luego sumarse a la manifestación prevista a las 18:00 horas desde Atocha hasta la Puerta del Sol. 

Durante el recorrido, han cortado la calle de la Princesa, han coreado consignas y han exhibido pancartas para reivindicar una "Universidad pública y de calidad". 

Aladro considera "una miseria" la partida de 21,8 millones de euros aprobada este miércoles en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid destinada a las seis universidades públicas madrileñas para financiar y compensar la bajada de tasas, del 20% en el precio de los estudios de Grado y del 30% en los Másteres habilitantes. 

Ha recordado que los rectores pidieron el año pasado 200 millones para las seis universidades "para salvar la situación", por lo que esta dotación, a su juicio, es "insuficiente".

Después de que el consejero de Educación madrileño, Emilio Viciana, dijera ayer que la huelga "no tiene justificación" y sugiriera una protesta por el cupo independentista catalán, Aladro ha afirmado que "el responsable de la gestión y de resolver el problema de financiación de las universidades públicas madrileñas es el Gobierno autonómico", por lo que le ha pedido que "no juegue al despiste, que no introduzca falsas polémicas y que no meta a Pedro Sánchez en todas las cuestiones".

Las universidades de Madrid, que este miércoles empezaron una huelga de dos días por la falta de financiación pública y una nueva ley regional de universidades, sacaron las clases a la calle como una forma de protesta ante la falta de medios y la precarización de sus profesores. "La universidad pública está sometida a unos recortes económicos tremendos que hace que no podamos enseñar adecuadamente a nuestros estudiantes. Hemos salido a dar clase a la calle porque si no recibimos esta subvención y estos fondos, realmente vamos a tener que dar clase en la calle", dijo a EFE Miriam Portero, profesora de Veterinaria en la Universidad Complutense, la universidad pública más grande de España.

Portero -con bata blanca- y otro grupo de profesores de Veterinaria impartieron clase en la céntrica plaza Pedro Zerolo de Madrid de una forma muy práctica, examinando al perro de una de las personas que paseaba por la plaza, y ante un grupo pequeño de estudiantes y curiosos. "¿Cómo está Walda? ¿Cómo es la marcha de Walda?", preguntaba la profesora, mientras enseñaba las alertas de que esta perrita pudiera presentar alguna enfermedad o malestar. En clase, asegura, ya no pueden dar ciertos tipos de prácticas porque no tienen los materiales y el hospital veterinario que depende de ellos amenaza con cerrar: "Va a llegar en un momento, que por ejemplo ya pasó hace años, en el que en mayo no teníamos ni siquiera para comprar gasas ni jeringas", alerta esta docente.

A pocos metros, otra profesora explicaba lo que significa la relatoría gráfica y otra, en otra esquina, hacía entender a medio centenar de estudiantes que un folio no solo sirve para escribir, en una forma de explicación del pensamiento gráfico.

La "uni en la calle" es una de las protestas que las universidades públicas madrileñas están realizando este mes de noviembre. Los días centrales son este miércoles y jueves, con una convocatoria de huelga que los sindicatos han calificado de "éxito" con un seguimiento de entre el 85 y el 90% en la Universidad Complutense, y de más del 60% en los otros cinco centros públicos de la Comunidad de Madrid.

"Tenemos una financiación de la Comunidad de Madrid que sube sistemáticamente por debajo de la inflación, con lo cual en términos reales, perdemos; tenemos un presupuesto más o menos equivalente al del año 2009-2010. Y eso significa problemas de cobertura de plazas de profesores, sustituciones, equipos de laboratorio...", explicó a EFE el profesor de Sociología de la Complutense Luis García Tojar.

Así que una de las peticiones de las universidades es precisamente que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que este miércoles aseguró que ha aumentado el presupuesto por encima del 20% desde 2019 y ha señalado que para 2026 habrá "la mayor aportación de la historia" con 75 millones de euros de incremento, suba el presupuesto.

La otra petición es que no llegue a aprobarse la nueva ley de universidades de la Comunidad de Madrid que consideran que "institucionaliza el sometimiento de las universidades públicas a una institución llamada Consejo Social conformado, mayoritariamente, por las universidades privadas y el poder empresarial", explica García Tojar, que añade que la norma "institucionaliza esta situación de subordinación".

"La universidad pública no sirve para ganar dinero; sirve, como decía Ortega y Gasset, para elevar el nivel cultural de un país", explica este profesor de la Facultad de Periodismo, que critica, como gran parte de la comunidad universitaria, que el Gobierno regional beneficia a las universidades privadas por encima de las públicas, lo que fomenta la pérdida de conocimiento de la sociedad y de investigación.

"El año pasado, las 40 universidades privadas de España sacaron 770 tesis doctorales, a menos de veinte tesis por cada universidad privada. Solo la Complutense en ese mismo año sacó 777 tesis doctorales; eso es un centro orientado a la investigación frente a un centro orientado a la titulación", ejemplifica.

Los estudiantes también respaldan esta movilización y son conscientes de la "infrafinanciación", y de que la Comunidad de Madrid, pese a que es la región con las matrículas universitarias más costosas, es la que menos invierte en sus universidades, que en España dependen precisamente de los gobiernos regionales y no del central. "Estamos llegando a unos límites que no son sostenibles y al final, pone en riesgo no solo nuestra educación, sino la educación del resto de gente y de generaciones futuras", resume Irene, estudiante de Psicología de la Complutense.