Ayuso busca proteger del Gobierno a las universidades privadas que no alcanzan los estándares mínimos

En Madrid, las seis universidades públicas de la región sobreviven a la asfixia económica que les impone el Gobierno autonómico. Frente a ellas se sitúan las 13 universidades privadas —que el próximo 11 de diciembre serán ya 14— respaldadas por el Ejecutivo de Ayuso bajo la idea de que "Madrid sea la capital de los estudiantes". Algunos de estos centros fueron creados pese a contar con informes consultivos negativos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los ha calificado como "chiringuitos educativos".

Desde la llegada de Ayuso a la Puerta del Sol en 2019, la Comunidad de Madrid ha sumado cinco universidades privadas, hasta alcanzar las 14. En España ya existen 46 centros privados frente a los 50 públicos. Ante este crecimiento, el Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación aprobó en octubre un Real Decreto que endurece los criterios para la creación de nuevas universidades. Además de los requisitos ya establecidos en 2021, fija un mínimo de 4.500 estudiantes, eleva de dos a tres los programas obligatorios de doctorado y exige un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o agencias autonómicas.

Sin embargo, Madrid —principal polo de universidades privadas del país— recurrió este miércoles el decreto ante el Tribunal Supremo. El Ejecutivo de Díaz Ayuso sostiene que la norma es "arbitraria", que se elaboró "sin consenso" y que vulnera las competencias autonómicas. También afirma que criterios como el mínimo de 4.500 estudiantes "no responden al pretendido interés por incrementar la calidad de las universidades españolas".

Ni los doctorados ni los alumnos mínimos

Además del mínimo de estudiantes, Madrid rechaza requisitos como disponer de tres escuelas de doctorado, destinar al menos el 5% del presupuesto a investigación, lograr que el 2% de los ingresos provenga de convocatorias competitivas o garantizar que el 50% del profesorado de grado sea doctor.

El contraste entre los nuevos criterios estatales y el ecosistema privado madrileño es evidente. Ninguna de las universidades privadas de reciente creación alcanza los 4.500 estudiantes ni cuenta con los tres programas de doctorado exigidos. CUNEF Universidad, con 2.569 alumnos, carece por completo de doctorados. ESIC Universidad, con 2.539 estudiantes, ofrece únicamente dos programas —Ingeniería y Gestión de Proyectos y Dirección y Gestión de Empresas—, insuficientes para cumplir la norma.

La Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), con 2.248 matriculados, también se queda en dos doctorados —Derecho y Sociedad y Marketing—. La Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) registra 2.033 estudiantes y solo un doctorado, centrado en diseño y tecnología aplicada a la empresa. La Universidad Internacional Villanueva, por su parte, cuenta con 2.001 alumnos y un único programa, Sostenibilidad de la Sociedad Digital.

Lola Herrería, delegada sindical de CCOO en la Universidad Politécnica de Madrid, afirma que se trata de "una nueva derivada del Gobierno de Ayuso para confrontar con el Gobierno central". "Ahora se rebela contra un decreto que regula la creación de nuevas universidades porque dificulta seguir aprobando privadas como las que ha impulsado en los últimos años", sostiene.

"Los informes pueden ser negativos y aun así han salido adelante"

Esta batalla legal coincide con la tramitación de la decimocuarta universidad privada de la región, la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE). El Consejo de Gobierno madrileño aprobó la semana pasada el proyecto de Ley de Reconocimiento del nuevo centro del Instituto de Empresa, mientras que la Mesa de la Asamblea y la Junta de Portavoces avalaron su tramitación en lectura única para el 11 de diciembre en la Asamblea de Madrid, reduciendo al mínimo el debate y el control parlamentario.

A esta universidad se suman tres proyectos que acumulan dictámenes muy desfavorables de la Conferencia de Política Universitaria, elaborados por técnicos del Ministerio, que detectan graves déficits en investigación, plantilla o solvencia financiera. El proyecto más avanzado, la Abierta de Europa, recibió un reproche especialmente contundente en los informes ya que se alegaba "que los promotores ni tenían ni tienen un proyecto definido y de calidad". Las otras dos iniciativas —la Universidad Felipe II y la Internacional de las Artes, hoy vinculada a la escuela TAI— tampoco superan el escrutinio. En el caso de TAI, los expertos alertan de pérdidas acumuladas en una de las sociedades promotoras y de que la otra, pese a declarar recursos propios, no los aporta a Aula Abierta, la entidad que asumiría la responsabilidad jurídica.

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Pese a estos informes negativos, la decisión final depende únicamente del Gobierno autonómico, ya que no se aplicaron los nuevos criterios del Ministerio. Jesús Escribano, secretario general de CCOO Universidades en Madrid, denuncia que en la región "solo se necesita el visto bueno del Gobierno autonómico para abrir una universidad privada". "Los informes pueden ser negativos y aun así han salido adelante. Se prometen mejoras a cinco años vista que nadie comprueba. Así es como Ayuso está facilitando un camino sin controles reales para montar un chiringuito universitario", añade.

Una ley madrileña para seguir abriendo privadas

La elaboración del proyecto de la nueva Ley del Sistema Universitario de la Comunidad de Madrid (LESUC) avanza en paralelo y, según advierte la comunidad educativa, está diseñada para flexibilizar aún más las condiciones de entrada. El texto fomenta la colaboración público-privada y permite que universidades sin recursos suficientes —ya sea por falta de doctorados propios, instalaciones o presupuesto— puedan suplir estas carencias mediante convenios con centros públicos. Para Herrería, este modelo "abre una vía para que cualquier promotor pueda montar una universidad sin contar realmente con los recursos necesarios, porque basta con firmar acuerdos con las públicas para cubrir las carencias".

Escribano señala que la LESUC busca "neutralizar los controles estatales" y desautorizar el marco común que fija el Ministerio. "El Gobierno de Ayuso quiere utilizar la universidad como un campo de confrontación política. Lo que pretende es una ley contra la ley estatal y que aquí cualquiera que quiera montar un chiringuito universitario lo haga sin trabas", afirma.