Andrés Villena (1980, Elche) se doctoró en la Universidad de Málaga con una tesis sobre los grupos de poder en la alta política en España. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Economía, ejerce como profesor en la Universidad Complutense de Madrid y colabora con infoLibre. Publicó en 2019 Las redes de poder en España y más recientemente, Las élites que dominan España: una historia alternativa desde 1939. Este volumen, que repasa los grupos de presión y sagas que ostentan el poder empresarial, político o funcionarial iba a editarse con Ariel, editorial del Grupo Planeta. “Después de trabajar quince meses con ellos, de pronto se dieron cuenta de que no lo podían publicar”, explica Villena. “La excusa o razón es que no podía salir durante 2026 pese a que estaba previsto para el 8 de enero” añade. Finalmente, Libros del K.O. ha alumbrado esta investigación, que ha despertado mucho interés.

“La razón por la que el libro quedó cancelado nunca la hemos sabido. Como no ha habido una explicación oficial ni clara nosotros no hacemos especulaciones. ¿Qué nombres hemos podido mencionar, o qué tecla hemos tocado, para que eso no haya salido como una investigación periodística? No lo hemos podido saber porque se trata de un libro que desde 1939 hasta 2025 va abordando cuáles son los acuerdos entre las élites que han condicionado nuestra vida. Toca prácticamente todo. El Ejército, la Iglesia, la judicatura, la gran empresa (incluida Planeta)... Es verdad que yo retiré el nombre de Planeta en dos o tres ocasiones, pero aun así fue suficiente para que el libro lo echaran para atrás. Así que nos quedaremos, probablemente, sin saber por qué razón el grupo editorial más importante del país decidió que este libro no debería ver la luz con su marca”.

“Con Selina Bárcena, (para infoLibre) que fue probablemente la primera o la segunda entrevista que hicimos del libro, hablábamos de que las élites penetran en todos los ámbitos. Evidentemente, en el político, en el empresarial. No creo que haya ninguno al que escapen. Para gobernar necesitas tener buena relación con el ámbito financiero y empresarial; y, además, si no la tienes, necesitas tener buena relación también con el ámbito funcionarial: todos estos altos funcionarios que están al frente de los ministerios. No creo que exista un ámbito, ni siquiera el mediático o intelectual, en el que las élites no actúen. En ese sentido, cualquier gobierno o partido reformista o de izquierdas siempre está obligado, no sé si a contar con ellas, pero sí a tenerlas muy en cuenta. De modo que la problemática política se vuelve complicada. Es importante conocer cómo se mueven estas élites y los distintos tipos de élites que hay para saber gobernar; saber gobernar con ellas o saber negociar con ellas. Es una penetración de carácter transversal y, además, continua, porque las élites se tienen que renovar, tienen que enterarse de dónde están los sectores punteros. Ahora mismo lo tecnológico es clave. Su penetración es una cuestión múltiple y transversal y muchas veces difícil de seguir”.

“Las causas relacionadas con la familia del presidente del Gobierno van muy rápido; las relacionadas con la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, menos. Eso también afecta a las investigaciones de la UCO de la Guardia Civil, que es otra élite, policial en este caso. Esto parece indicar que el sesgo en el cuerpo de jueces es mayoritariamente conservador. ¿Por qué ocurre ? Los altos cuerpos de funcionarios como abogados del Estado, letrados del Consejo del Estado, de las Cortes, inspectores de Hacienda... generalmente provienen de una clase media alta o alta. Eso lleva una cierta endogamia, a unas expectativas y a una cercanía a una serie de partidos, normalmente más conservadores. Y provoca que ciertas causas sean vistas desde un determinado punto de vista por los jueces, que además establecen muchas relaciones con otros ámbitos de la sociedad, como la gran empresa o los bancos. Los cursos judiciales o jurídicos que se les pagan, las relaciones con familias de toda la vida. Yo creo que, en general, el cuerpo judicial es conservador de partida. Hoy día quizás se ha ideologizado aún más en una especie de cruzada contra un presidente que tiene muchos planes. Entre ellos, ese punto es importante, la reforma del método para acceder a la función pública. En verano, infoLibre informó de una especie de globo sonda del Gobierno para reformar el método de las oposiciones. Eso les da bastante miedo porque podría romper la forma de acceso y podría multiplicar la diversidad social y de origen de los funcionarios. Eso podría cambiar la Administración y podríamos evolucionar a un sistema más plural y más abierto. Pero lógicamente hay que hacerlo con cuidado, porque las oposiciones, si algo bueno tienen, es que son garantes si no de meritocracia, de una cierta transparencia”.

“Marx, Engels y algunos teóricos marxistas decían que la familia era una forma de administrar a través de relaciones íntimas la vigencia del capitalismo. Porque la mujer garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo y el capital familiar asegura la reproducción cultural de los miembros de la familia. Las relaciones familiares elitistas favorecen ese statu quo. Cuando tú naces, si eres hijo del presidente del Banco Santander, la probabilidad de heredar ese trono se eleva mucho. Además, tu formación te va a conducir a tener probabilidades para heredar ese trono. Eso lo llamamos capital social. No es dinero, son contactos, son valores, son expectativas. El hijo de diplomático, cuando se presenta una oposición, normalmente hablará cuatro o cinco idiomas, porque habrá estado en colegios extranjeros. No es que tu padre te enchufe, pero te transmite unas expectativas, unas capacidades, unos contactos. No remito solo al enchufe, sino al mundo de posibilidades que otra persona de aquí al lado ni siquiera sabe que existe. Una persona con notas de matrícula piensa en opositar a bombero, donde vas a ejercer un servicio público fundamental, pero ignora que existe una oposición que le va mucho mejor, que a lo mejor es técnico de la Administración civil. En su círculo social no hay ningún técnico de la Administración civil. No saber que algo existe también te lleva a que no existan determinadas decisiones. La información desde lo público, las becas para másteres privados, serían un vehículo de movilidad social”.

“Parto de los estudios clásicos en Estados Unidos, años 50, que en principio no tiene mucho que ver con España. Ya decían que las élites, para ponerse de acuerdo, se tienen que casar, se tienen que hacer amigas, tienen que compartir valores. Los colegios son fundamentales, clubes privados para actividades extraescolares, universidades que no necesariamente tienen por qué ser privadas, porque las élites van mucho a la pública. Otra cosa es que se saquen el máster en la privada, como sugerían las escuelas de negocio. Y esas son del Opus Dei, o ESADE de jesuitas. La mayoría de las escuelas de negocio tienen mucha raigambre religiosa. Esa es otra característica de nuestro país, las élites religiosas. Pero no es tan importante formarse como los contactos que se establecen y los contactos muchas veces más importantes son los amorosos. Es cuando esa convergencia de valores se refuerza. Insisto, un punto fundamental para coincidir son los cuerpos de altos funcionarios. Cuando te tiras cinco años estudiando la misma oposición que el de al lado para juez, esa convivencia y esa lucha tan grande que se establece va a crear una unidad casi de sangre. Y otro punto importante son esos clubes privados, como el Club Puerta de Hierro, a donde esas élites empresariales van, como las antiguas cacerías del franquismo, igual que el palco del Bernabéu. Lugares de coincidencia y redes informales para adoptar decisiones que a lo mejor en un ámbito formal son un poquito más difíciles. Insistiría en algo que pasa desapercibido, que son esas academias de oposiciones, esos cuerpos de funcionarios donde se adoptan acuerdos y donde, sobre todo, hay una cierta comunión entre las personas que a veces, aunque sean de ideologías distintas, de PP o PSOE, son más del cuerpo de funcionarios que del partido político al que votarían”.

“Cuando pensamos en los ámbitos más endogámicos o donde se concentra más el poder, la cabeza nos lleva a la banca, a la gran industria, a las grandes corporaciones. Es interesante que busques cuáles son las personas que en más consejos de administración están. Por ejemplo, Isidro Fainé, es el presidente de la Fundación La Caixa, pero lo puedes encontrar en otros consejos. Está en el de ACS, que es empresa presidida por Florentino Pérez, que a su vez, aunque está muy centrado en el Real Madrid, está en otros consejos. Esas cuatro o cinco personas que están en tres o cuatro consejos de administración llevan casi a los puntos clave del IBEX 35. Y, generalmente, si no tienen un título de alto funcionario, están bien relacionados con gente que ha pasado por puestos claves en el Estado. En ese cruce entre lo público y lo privado encontramos puntos muy endogámicos y claves para entender el poder. Porque el poder no es solo privado o público, normalmente es una mezcla. En casi todas las empresas del IBEX 35 hay un alto funcionario, un abogado del Estado, regulando los aspectos legales y fiscales en el consejo de administración. Ningún investigador, periodista o académico puede llegar a entender los ámbitos del poder con todo el detalle que sería necesario. Porque todas esas relaciones familiares, amistosas, amorosas, religiosas en las élites españolas si no son secretas, son discretas, imposibles de rastrear de forma minuciosa. Mi investigación ha sido siempre con fuentes oficiales y en ese sentido no voy a decir nada que me esté inventando, pero siempre voy a estar muy limitado”.

“La pregunta clave es: ¿y el contrapoder que hace posible que exista una democracia? Porque una democracia no es tanto un gobierno del pueblo como un lugar en el que el ciudadano tiene una cierta capacidad de ser representado. La prensa es una especie de cuarto poder absorbido también, en cierto modo, por un poder financiero que va comprando la deuda privada de los grandes grupos. Ya no sabemos si es un poder separado. Desde luego, hay muchos periodistas que se la juegan con investigaciones que nos ofrecen información que no hubiera existido sin ellos. La universidad tiene gente muy vocacional pero, al fin y al cabo, las élites políticas cuentan con puestos de la universidad para formar parte de gobiernos autonómicos o de ministerios de Educación o Cultura. Otros ámbitos intelectuales forman parte de instituciones culturales, con lo cual pueden ser absorbidos con facilidad. El origen de Podemos fue un movimiento antielitista o populista bien entendido. Provenía de la universidad, de una serie de profesores que se organizaron para crear una especie de alternativa política. Pero si vamos viendo su evolución, acabaron siendo ministros o vicepresidentes trabajando con el partido al que se oponían. Por eso creo que esos ámbitos tienen bastantes limitaciones, aunque de ellos han surgido alternativas”.

“El ámbito sindical, durante la Transición, fue clave porque se perdieron millones de horas de cobro en huelgas. Gracias a ellos conseguimos acuerdos sociales y fiscales que no hubiéramos tenido de no haber sido por esa actividad sindical que luchó por una democracia y por una serie de legalizaciones de derechos sociales que ahora consideramos lo más habitual. A lo mejor sin ellos seríamos una excepción occidental, con una especie de democracia autoritaria y sin apenas derechos laborales. Lo sindical, desgraciadamente, hoy día es una excepción. Las tasas de afiliación sindical determinan el poder de los sindicatos y, como son bajas, los sindicatos dependen de subvenciones estatales y eso les corta mucho las alas. Pero quizá lo sindical sea la mayor representación del poder obrero. Lo mediático, lo intelectual y en cierto modo lo universitario también pueden dar lugar a experimentos que, no obstante, correrán siempre el riesgo de quedar absorbidos por el poder estatal”.

“En todos los países del sistema productivo y económico capitalista funcionan élites; en todos hay élites políticas; en todos hay élites corporativas atentas a meterse en el poder estatal para lograr subvenciones. El ejemplo de Elon Musk, colocado al frente de un departamento de Administración General del Estado, es clave. El gran magnate corporativo se mete en el Estado a adelgazar los gastos del Estado. Es un ejemplo de penetración y de puerta giratoria bestial. En Estados Unidos también hay un alto funcionariado judicial y diplomático que está luchando contra Donald Trump y eso es necesario para evitar las veleidades tiránicas. En España yo creo que el rasgo diferencial es que es una democracia más joven. Mientras en 1945 los partidos de centroizquierda y centroderecha estaban haciendo nacionalizaciones en todo Occidente para reconstruir la economía después de la caída del fascismo, en España teníamos un neofascismo o postfascismo apoyado por el Estado. Eso ha hecho que en España se construya el estado del bienestar a partir de 1977, la reforma fiscal que en los 40 hacen los británicos para sostener los gastos públicos la hacemos nosotros casi 40 años después. A lo mejor el peso elitista con pasado franquista está mucho más cercano aquí. Por ejemplo, en el origen de determinados tribunales judiciales. La Transición pudo ser menos ambiciosa, porque no viene de una derrota militar en la Segunda Guerra Mundial, sino de un proceso en el que se intenta lidiar con las élites franquistas de mentalidad más abierta, que sabían que el franquismo tenía que morir y había que crear algún tipo de democracia tutelada. Estas élites tal vez son más partidistas que las de otros países, que con el paso de las décadas han aprendido en cierto modo a ser pragmáticas. Pero con lo que está pasando en Estados Unidos tampoco podemos considerar que España sea una especie de excepción carpetovetónica, sino que es un fenómeno que ocurre de muchas maneras en otros sitios”.

“Las élites empresariales o políticas están llamadas a chocar muchas veces. El Gobierno de Mariano Rajoy de 2011 estaba formado por ministros de las grandes corporaciones y abogados del Estado, era una obra maestra, con sectores representativos de todos los poderes. El ministro de Defensa, de las grandes empresas de defensa; el ministro de Economía, de Lehman Brothers... Pese a todo, chocaban y chocaban. Los abogados del Estado de Soraya Sáenz de Santamaría chocaban con los técnicos comerciales o con facciones del Ministerio de Exteriores. Al final, a los Sorayos se los acabaron cargando en un congreso del Partido Popular porque habían adquirido mucho poder tecnocrático y cualificado. Las élites pelean por el poder. Creo que los seres humanos, del sistema que seamos, tenemos una pasión por adquirir el poder casi mayor que el erotismo o el amor. El poder tiene un factor distributivo clave. Ignacio Sánchez Galán ha estado peleando con Florentino Pérez por el control de Iberdrola. Todas esas tramas del policía Villarejo eran por el control de grandes empresas del IBEX. Están llamadas a chocar porque compiten por el poder accionarial o político. Pero cuando hay un enemigo exterior, un enemigo de clase, como cuando surgió Podemos con el 15M, tienen suficientes valores compartidos y objetivos comunes para aparcar esas importantes peleas. Se unen para evitar amenazas regulatorias, fiscales o expropiaciones. Esa capacidad de organizarse contra la amenaza exterior está forjada a lo largo de décadas de colegios o de instituciones”.

“Para fomentar la igualdad de oportunidades y tratar de diluir o dividir ese poder concentrado tomaría las medidas contrarias a las que se están adoptando hoy día, que son el aligeramiento de lo público. Es la educación la que nos puede conducir desde perspectivas socialistas o liberales a la igualdad de oportunidades. En eso coinciden casi todos los puntos de vista. Si fortaleces las universidades, másteres públicos, programas de posgrado, si das becas a la formación para presentarte a una oposición de diplomático, técnico comercial o abogado del Estado, vas a favorecer no solo que gente de todos los sectores vaya a los puestos decisivos, sino que además los mejores talentos, independientemente de sus posiciones de partida, accedan a los puestos decisivos. Con eso, la probabilidad de que se tomen decisiones a largo plazo mejores para el país va a ser más alta. Sin embargo, si no lo favoreces, esa endogamia va a hacer que las decisiones clave miren más al grupo de referencia que a las posibilidades del país. La expansión de lo público, la buena financiación de servicios públicos, educativos, también sanitarios y sociales, no solo es clave, es imprescindible para que esa igualdad de oportunidades favorezca una diversidad social y un espíritu de servicio público. Así se evita que, después de cuatro años de inspector de Hacienda, alguien se vaya a trabajar a una asesoría fiscal, se fomenta un compromiso con lo público. Además, esas personas que llegan a la cima no solo de lo público sino también de lo privado, tendrán una identificación con el país y mejores decisiones a largo plazo”.

“Todos queremos buscar lo mejor para nosotros y los nuestros, pero creo que si la trayectoria de entrada de nuestras élites universitarias, políticas, empresariales, el funcionariado, cambia y permite que más gente con talento acceda, independientemente de su clase social o de su origen, no solo la diversidad se favorecería, sino que el talento y las capacidades serían mayores. La historia de las últimas décadas de nuestras élites financieras con rescates milmillonarios se puede explicar a partir de decisiones erróneas, de relaciones corruptas, que han remitido a un beneficio a corto plazo absolutamente particular sobre el que apenas se ha debatido. Hay que hablar de cuáles son los métodos por los que la gente llega a estos puestos y de si estamos favoreciendo verdaderamente el talento. Es un debate fundamental”.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó de "traición" el comportamiento del entorno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tras las revelaciones periodísticas, reveladas en España por infoLibre, sobre la transmisión de contenidos confidenciales de la Unión Europea (UE) a Rusia, según informa EFE.

"Es una traición a la exigencia de solidaridad que se impone entre los países de la Unión Europea si queremos ser fuertes", manifestó Barrot en una entrevista a la radio France Inter al ser preguntado por las informaciones según las cuales el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, habría compartido detalles de reuniones internas de los Veintisiete con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. 

El jefe de la diplomacia francesa subrayó que, aunque puedan existir desacuerdos entre socios, "es la unidad la que debe prevalecer" en el club comunitario.

Barrot advirtió que este tipo de comportamientos pone en riesgo la cohesión europea en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes. "Si no estamos unidos y somos solidarios, nos convertiremos en vasallos o en juguetes de las grandes potencias, y eso es precisamente lo que rechazamos", afirmó.

Barrot señaló además que estas filtraciones "arrojan una sombra de duda sobre la integridad de nuestras deliberaciones" en el seno de los consejos europeos, e instó a Orbán a respetar tanto sus compromisos políticos, en particular respecto al apoyo a Ucrania, como los principios de solidaridad que rigen el funcionamiento de la Unión Europea. 

Nuevas grabaciones de audio publicadas el miércoles por varios medios de investigación -VSquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider y el Centro de Investigaciones Ján Kuciak- recogen conversaciones entre los ministros de Exteriores húngaro y ruso entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 en las que se deduce, según esos medios, que Szijjártó entregó en varias ocasiones documentos de la Unión Europea a Lavrov.

La causa contra el fiscal general del Estado ha alumbrado un momento de epifanía democrática cuando el presidente de la sala segunda del Supremo reconocía que el rigor periodístico era una amenaza para la ramplonería de la burocracia judicial.

En la película Frost/Nixon, que adapta la obra de teatro de Peter Morgan basada en la intrahistoria de la célebre entrevista real del británico David Frost a un Richard Nixon retirado, Ron Howard hace pivotar el discurso en torno a un instante fulgurante, una epifanía, que pertenece antes a la historia de la verdad que a la historia del cine. Después de horas de evasivas, Richard Nixon, acorralado por las preguntas de David Frost, pronuncia su frase más célebre: “Lo que quiero decir es que si el presidente lo hace, no es ilegal”. Es cierto que Donald Trump lleva confesando sus abusos de poder y sus patizambas inclinaciones autocráticas con expresiones de culpabilidad tan o más transparentes, pero la sociedad estadounidense de hace medio siglo todavía no se había despeñado por los acantilados irracionales del miedo a todo y tenía un cierto sentido de la honestidad y el decoro. Así que el impacto fue tremendo.

La escena de Frank Langella (Nixon) y Michael Sheen (Frost) no es una mera admisión de culpa, sino la revelación de algo mucho más profundo y terrible: la confesión de un hombre que, como tantos otros, ha confundido el ejercicio del poder con la encarnación de la ley. Nixon no está describiendo un acto, sino que está revelando un principio que impugna la filosofía del derecho democrático. La entrevista se convierte entonces en una revelación política tan deslumbrante que Frost calla. Porque el periodismo no necesita añadir nada a lo patente. En ese silencio ocurre la verdad: el espectador comprende lo que ningún tribunal había logrado probar, que Nixon era un autócrata y se situaba fuera de los mínimos de funcionamiento de la democracia.

El mérito, ya ven, no fue de un juez ni de un sagaz fiscal, sino de un periodista de variedades que ni siquiera era especialista en asuntos políticos y sobre cuyo éxito en la entrevista/legado con el expresidente estadounidense todos descreían. Lo que el periodismo consiguió aquella noche —sin imperio de la ley y sin la autoridad coercitiva del Estado— fue arrancar una verdad que la justicia no supo o no pudo extraer y entregársela a la sociedad. Nixon dio pie a una verdad política, no procesal, y cuando el espectador la vio en televisión, ya no podía desconocerla. Quédense pues con esa idea, porque la justicia, en sus alambicados y ominosos gerundios, puede absolver o condenar, puede declarar hechos probados y obliterar pruebas fehacientes, por asuntos formales, pero quien sabe lo que ha visto, no puede ignorarlo. Y ese es el caso del periodismo.

Esa escena asaltó a este cronista mitómano la pasada semana, al escuchar al periodista del Eldiario.es José Precedo declarar en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la sala segunda del Tribunal Supremo. No fue el único que compareció ni el único que transmitió el mismo relato ante la sala. Otros periodistas honrados y meticulosos refrendaron lo dicho por Precedo. Pero en su intervención última, Precedo explicó el dilema que le robaba el sueño: saber a ciencia cierta que el acusado era inocente, que no era el autor de la filtración, porque él fue quien publicó la exclusiva y sabía quién era su fuente, aunque no la revelaría —dijo— por deber de secreto profesional. Le faltó añadir que hay otra razón de salud democrática para no revelarla, ni aunque la fuente lo permitiera: que, en democracia, la carga de la prueba no descansa en el acusado sino en la acusación. La inocencia no ha de ser probada, es una realidad por defecto. Es quien acusa quien debe avalar con evidencias, más allá de toda duda, lo que malicia sobre el reo.

Precedo simplemente señaló que sabía que el filtrador no era el acusado. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, magistrado Andrés Martínez Arrieta, respondió de súbito: “No nos amenace”. En primer término, nadie pareció entender con exactitud a qué se refería el togado, pues el tono y las palabras del periodista no parecían amenazadores, pero el sentido latente de ese demoledor lapsus del juez —expresando en voz alta su temor a lo que pudiese decir el periodista— es sin duda la gran revelación de este proceso. El tribunal percibió, quizá por un instante, que toda la arquitectura del proceso, desde su discutible admisión a trámite, su instrucción y hasta su inopinada llegada a juicio oral, pendía de un hilo y podía venirse abajo si un hecho cierto, modesto, insignificante y formalmente irrelevante —pues yace protegido por el secreto profesional—, tal que varios periodistas saben quién filtró el email, era pronunciado de viva voz en la sala. Esa frase, “no nos amenace”, ese momento de debilidad, fue un temblor imperceptible en los cimientos del Palacio de las Salesas por la confesión involuntaria del presidente de la sala. Era, al cabo, el reconocimiento de que el saber periodístico tiene la potencia disruptiva de quien maneja un tipo de verdad irrefutable que la justicia no puede administrar ni gestionar y que, en último término, puede demoler la reputación de procesos infames en insidiosos como el que nos ocupa. Precedo, sin pretenderlo y seguramente sin ser consciente, al trasladar su dilema ético al juez, le estaba diciendo: “Os veo, yo sé lo que estáis haciendo”. Y el ilustre togado dio un respingo.

Ahí reside la frontera esencial entre ambos oficios: la justicia se debe a los hechos probados mediante un método concreto y contingente; el periodismo, a los hechos ciertos. Es pues el periodismo, en su informalidad y su desorden, una disciplina cuya exigencia es muy superior a la ramplonería burocrática de la justicia. La justicia puede “des-ver” pruebas obtenidas irregularmente, borrar testimonios viciados, ignorar lo que no cumple las normas del procedimiento por muy verdadero que sea, e incluso exigir a los jurados que no los consideren o al secretario que no los haga figurar en el acta. La justicia puede emanciparse de lo real, de lo verdadero. Es cierto que esta cautela formal en un sistema garantista como es el democrático debería proteger al reo (es decir, las pruebas incriminatorias son las que deben rechazarse por motivos formales, no las que exoneran), pero en todo caso, es una potestad que revela que la justicia está atada a la forma, no al conocimiento. El periodismo, en cambio, no puede fingir ignorancia, una vez conoce algo cierto no puede desconocerlo. Su deber no es con la forma, sino con la verdad factual.

Lo vimos en el procedimiento del Supremo contra el diputado Alberto Rodríguez, o en el de la Audiencia Nacional contra los vecinos de Altsasu, en los que pruebas y testimonios exculpatorios fueron rechazados por ambos tribunales para producir sentencias aberrantes, contrarias a la realidad de los hechos. Paradójicamente, el garantismo que no protegió a esos acusados, sí ampara a los miembros de esas salas para que no puedan acabar fácilmente en la cárcel por prevaricación.

Pero como le recuerda Spencer Tracy a Burt Lancaster en la escena final de Vencedores o vencidos, esos precedentes no son inocuos. Cuando el juez Ernst Janning (Lancaster), ya condenado, lamenta el alcance del genocidio patrocinado por el III Reich, y dice “nunca pensé que llegaría a esto”, el magistrado Dan Haywood le recuerda: “Llegó a esto la primera vez que condenó a un hombre sabiendo que era inocente”. El mal no empieza cuando se quiebra la ley, sino cuando se abdica de la verdad evidente.

El juez actúa bajo la protección del código, su virtud consiste en no salirse de él y su vicio, en pertrecharse tras él. El periodista opera en la intemperie moral del conocimiento, su virtud consiste en no traicionar lo que sabe y su vicio, como también vimos con otros periodistas ante el Supremo, en el sofisma, el malentendido deliberado y la insinuación insidiosa. Y esa soledad última del periodista con un método no regulado, que es su fragilidad, es también su fuerza: el buen periodismo no tiene poder formal, pero tiene todo el poder moral, un poder desregulado y por tanto, inmanejable para las instituciones, como aprendió por las malas Richard Nixon.

Por eso el periodismo no es sólo un oficio, sino la formulación más virtuosa y precaria de la sociedad civil en los términos en los que la define el liberalismo democrático, como un contrapoder al absolutismo. En un Estado democrático, la justicia pertenece al Estado, pese a la independencia blindada del juez, y el periodismo pertenece al ciudadano, pese a la dependencia salarial del periodista. Uno administra el derecho; el otro administra lo real. En esa diferencia radica la esencia del liberalismo democrático y su sistema imperfecto de contrapesos: la existencia de un espacio civil que no depende del Estado para ejercer su función crítica y que puede desmantelar el castillo de naipes de las afirmaciones institucionales.

La Ilustración inventó dos grandes instituciones de control: el derecho y la opinión pública. El primero regula el poder mediante la norma; la segunda lo regula mediante la luz. Si el Estado es el monopolio legítimo de la violencia, el periodismo es el monopolio legítimo de la mirada. No gobierna, vigila. No condena, expone. No sentencia, ilumina. Y esa capacidad de verter luz sobre las penumbras donde el poder pergeña, como esta conspiración de la derecha cortesana contra la realidad, lo convierte en el corazón mismo del proyecto liberal. Will McAvoy (Jeff Daniels) decía en The Newsroom que “la prensa es el sistema inmunológico de la democracia. Si reacciona mal o no reacciona, el sistema entero enferma”. Esa metáfora biológica captura el sentido político del periodismo, un organismo sin poder coercitivo pero indispensable para la salud del cuerpo democrático. No manda, pero detecta, alerta y reacciona. Y cuando se pliega o se deja sedar por el poder del Estado, sea el poder declarado de los gobiernos o el inmanente de los aparatos del Estado, la infección avanza.

Por eso, cuando el presidente de la sala segunda dice “no nos amenace”, en realidad verbaliza el miedo más antiguo del Estado y de sus pasantes, el miedo a la mirada y al verbo que no son modulables ni perseguibles. El periodista no amenaza con un arma, sino con una evidencia palmaria, pueda encajar o no en una declaración de hechos probados. Como ya hemos dicho aquí, el derecho no agota el lenguaje ni el relato de lo cierto, y el periodismo, en ese gesto de emancipación que consiste en decir lo que sabe o simplemente decir que lo sabe, conjuga toda la política moderna: el poder teme a quien puede contar lo que ve. Y no pocas veces, como ocurre con la justicia, quiere reescribirlo.

Atada a sus formas, la toga puede exonerar a quien es culpable o condenar a quien no lo es, sin por ello traicionar su mecanismo, aunque sí su encomienda. El periodismo, en cambio, sólo traiciona cuando calla o miente. La verdad procesal puede prescindir de la verdad material, pero el periodismo no puede permitirse ese lujo, de ahí que su compromiso sea más arduo pues no hay amparo institucional para el conocimiento que le incumbe. En el fondo, el periodismo representa lo que el liberalismo quiso proteger desde su origen: la soberanía moral e informal del individuo frente al Estado. Cada periodista encarna, en su práctica cotidiana, esa pequeña rebelión ilustrada según la cual el ciudadano tiene derecho a mirar y a decir, incluso —y sobre todo— cuando el poder preferiría el silencio. Como gusta de repetir el filósofo Javier Gomá, en democracia, cada ciudadano es un contrapoder. 

Porque, al final, la verdad periodística —esa que se apoya en los hechos ciertos, no en los hechos probados— es el último baluarte de la libertad civil, la prueba viva de que aún existe una sociedad capaz de mirar al poder sin pedirle permiso.

Como el inexperto Frost sentado frente al coloso Nixon, este oficio de impostores no condena ni absuelve, solo ilumina. Y una vez que la luz se ha encendido, el mundo no puede volver a fingir que no ve.

Eso ha bastado para que togas y artesonados temblasen: un periodista explicando su método y afirmando, sin aspaviento, “lo sé”.

En el siglo II d. C., el Imperio romano, con 55 millones de habitantes, ocupaba desde la actual Gran Bretaña hasta Egipto y Siria, un enorme territorio que estaba conectado por una vasta red de calzadas, esenciales para abastecer las ciudades, trasladar las tropas y sostener el imperio. Hasta ahora, sin embargo, muchas de estas vías no habían sido cartografiadas o digitalizadas -o lo estaban en baja resolución-, lo que impedía tener una imagen completa del sistema de carreteras romano.

Tras más de cinco años de trabajo, un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, ha reunido y digitalizado en alta resolución el trazado de todas las vías romanas y las ha publicado en un único mapa abierto y accesible denominado 'Itiner-e'.

El nuevo mapa incluye 299.171 kilómetros de carreteras (unos 100.000 más de los estimados hasta ahora) que alrededor del año 150 d. C. conectaban un territorio de más de cuatro millones de kilómetros cuadrados.

Itiner-e se ha publicado este jueves en la revista Nature Scientific Data y estará a disposición de la comunidad científica de manera gratuita y online. La red de carreteras fue esencial para el desarrollo económico y para el mantenimiento del imperio, pero también para canalizar aspectos menos tangibles de la historia como las migraciones, la expansión de las ideas y creencias (como el cristianismo) o epidemias "como la de Justiniano o la de Antonino", apunta a EFE el investigador de la UAB y coautor del estudio Pau de Soto.

"Pero si no conocemos estas carreteras es muy difícil saber cómo se movían los productos, la migración o las enfermedades. Contar con este mapa permitirá a otros científicos hacer nuevos estudios mucho más complejos y completos sobre cualquier aspecto de la Antigüedad e incorporar el factor de la movilidad a todo el imperio", destaca el investigador.

Para generar Itiner-e, el equipo utilizó registros arqueológicos e históricos, mapas topográficos e imágenes satelitales y la ayuda de cientos de colaboradores que reunieron todos los mapas existentes hasta entonces. Además, adaptaron cada tramo a las peculiaridades geográficas. Así, el nuevo mapa incluye nuevas vías en la península Ibérica, Grecia y el norte de África, entre otras regiones, y tramos de carretera que, por ejemplo, cruzan montañas en trazados sinuosos que antes figuraban como líneas rectas.

En total, Itiner-e contiene 299.171 kilómetros de carreteras, frente a los 188.555 kilómetros conocidos anteriormente, y distribuidos en 103.478 kilómetros (34,6%) de carreteras principales y 195.693 kilómetros (65,4%) de vías secundarias.

La importancia de las calzadas romanas ha sido documentada a lo largo de la historia. Para este proyecto, los autores han utilizado documentos oficiales romanos como el 'Itinerario de Antonino', que recopilaba las rutas del imperio, o la 'Tabula de Peutinger', un mapa medieval que ilustraba la red de carreteras del antiguo Imperio romano.

El diseño de estas carreteras no solo permitía conectar las ciudades importantes, sino que además servían para unir "grandes ejes como el del Mediterráneo o la vía de Plata" -la antigua calzada romana que hoy es una ruta de peregrinación del Camino de Santiago- que han inspirado o servido de base a muchas rutas actuales en Europa y Oriente Medio, destaca a EFE De Soto.

Cuatro antiguos empleados del principal medio de comunicación en cuanto a investigación periodística de Kirguistán, Kloop, se sentaron en el banquillo hace unos días en Bishkek, la capital del país, acusados de conspirar para "incitar a disturbios masivos". 

Los acusados forman un grupo poco común: dos contables y dos cámaras. Los cuatro se han declarado culpables, aunque su abogado y la dirección de Kloop siguen insistiendo en que el caso se ha basado en una premisa falsa. 

En una vista judicial celebrada el 5 de agosto, la fiscalía reveló detalles de la acusación que pocos, aparte de los acusados y sus abogados, habían visto, lo que supone una desviación del procedimiento penal habitual en Kirguistán. Kaisyn Abakirov, abogado de Kloop, afirmó que gran parte del caso se basa en cinco vídeos críticos con el Gobierno, que según la fiscalía los cámaras ayudaron a producir. 

Pero esos vídeos nunca fueron publicados por Kloop. Aparecieron en Temirov Live, otro medio de comunicación de investigación desmantelado en una brutal represión un año antes, y que ahora opera desde el exilio con capacidad limitada.

La acusación también acusa a los contables de Kloop de transferir dinero a los cámaras en el marco de lo que la Fiscalía describió como investigaciones conjuntas con el periodista exiliado Bolot Temirov. Los vídeos, críticos con los responsables políticos del país, fueron presentados como intentos de "incitar a la desobediencia activa" y "a disturbios masivos".

Kloop niega que su equipo haya trabajado con Temirov Live en los vídeos señalados y sostiene que el juicio es la última fase de la ofensiva a gran escala de Kirguistán contra los medios independientes.

"La persecución penal no está vinculada a ninguna historia concreta", afirma Rinat Tukhvatshin, cofundador de Kloop. "En nuestro caso, no hay ni una sola pieza en la acusación que se haya publicado en Kloop. [...] Las autoridades kirguisas están simplemente buscando cualquier forma de causar el máximo daño al medio, a la organización y a las personas vinculadas a nosotros".

Las autoridades apenas han ocultado sus intenciones. A principios de este año, un portavoz presidencial acusó públicamente a Kloop de colaborar con Temirov para llevar a cabo "encargos especiales contra el Estado" disfrazados de periodismo.

Incluso los propios dirigentes de Kloop —que se exiliaron a comienzos de año— han acabado atrapados en la redada. Tukhvatshin ha sido imputado en un proceso penal separado, aunque, según su abogado, nunca llegó a ver la acusación. Tanto él como la redactora jefa, Anna Kapushenko, y la directora ejecutiva, Galina Gaparova, vieron cómo este verano se congelaban sus cuentas bancarias.

Antaño conocido como la "isla de la democracia" de Asia Central, Kirguistán ha sufrido un notable retroceso hacia el autoritarismo bajo la presidencia de Sadyr Japarov, un político que llegó al poder tras el levantamiento popular que derrocó al anterior Gobierno en octubre de 2020.

Desde 2022, las autoridades kirguisas han detenido a varios periodistas y cerrado medios que investigaban la corrupción en las altas esferas, incluido el propio presidente. El periodista Bolot Temirov fue despojado de su ciudadanía y expulsado del país, mientras que cabeceras como Kloop o April TV fueron desmanteladas por orden judicial.

La campaña contra la prensa independiente se reflejó en los rankings internacionales. En 2024, el país cayó más de 50 puestos en la clasificación de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, mientras que Freedom House y otras organizaciones también documentaron un claro deterioro.

Antes de a Kloop, le pasó a Temirov Live. En enero de 2024, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la redacción de Temirov Live y detuvieron a 11 periodistas y exempleados, entre ellos la directora del medio, Makhabat Tazhibek kyzy, esposa de Temirov. Todos fueron acusados de "incitar a disturbios masivos".

El momento no pasó desapercibido: las detenciones llegaron pocos días después de que Temirov Live publicara un vídeo en el que acusaba al ministro del Interior, Ulan Niyazbekov, de abusos de poder.

Aunque las autoridades negaron que el caso tuviera relación alguna con las investigaciones del medio, los expedientes judiciales revisados por OCCRP, consorcio de investigación del que es socio infoLibre, apuntan en otra dirección. Las transcripciones de los interrogatorios muestran a los agentes presionando a los periodistas para que revelaran cómo se armaban las historias y quién, dentro del Gobierno, podría estar filtrando información. No formularon ni una sola pregunta sobre los supuestos actos de incitación de los que realmente se les acusaba.

Las rutinas cotidianas de una redacción, como las reuniones editoriales, la edición de vídeos o el pago de salarios, fueron reinterpretadas como pruebas de conspiración. Los empleados fueron etiquetados como "cómplices y asistentes", mientras que el uso de aplicaciones cifradas, como Signal, se describió como una evidencia de que los periodistas "discutían temas negativos con el objetivo de incitar disturbios masivos". Según la versión de la Fiscalía, la propia redacción era la escena del crimen.

El caso se sostuvo en gran medida sobre informes de lingüistas convocados por los fiscales para visionar los vídeos y determinar si realmente contenían llamados a la incitación, aplicando metodologías que expertos legales han calificado de dudosas. Un análisis aseguraba que los vídeos de Temirov Live contenían "indicios de llamados a la resistencia masiva, a disturbios y, en última instancia, a un cambio de poder". Otro concluía que "no había incitación directa", pero que los vídeos tenían un tono que podía "influir en la opinión pública de manera desestabilizadora".

Los investigadores también elaboraron extensos "mapas de interacción" en los que conectaban a las fuentes, colegas y familiares de Temirov Live, presentándolos como una red de subversión.

El juicio concluyó a finales de 2024. Siete trabajadores fueron absueltos. Dos jóvenes reporteros, tras ocho meses en detención, fueron puestos en libertad condicional. Pero otros dos recibieron condenas de prisión efectivas: Tazhibek kyzy fue sentenciada a seis años y Azamat Ishenbekov, a cinco. Esta primavera, Ishenbekov fue indultado por el presidente, un recordatorio de que la libertad de prensa en Kirguistán depende ahora del capricho político.

Pero la represión no se detuvo ahí. Los métodos probados con Temirov Live pronto se perfeccionaron y se volvieron a aplicar contra Kloop.

En una tranquila mañana de miércoles de mayo de este año, la periodista de Kloop Ziyagul Bolot kyzy, de 25 años, escuchó golpes en la puerta de su casa en la ciudad sureña de Osh. En cuestión de minutos, agentes de paisano del Comité Estatal de Seguridad Nacional de Kirguistán (GKNB) entraban en su vivienda, incautándole el teléfono y el portátil. Le dijeron que sería trasladada a Bishkek para ser interrogada, pero nadie le explicó por qué.

No fue la única. Ese mismo día, el GKNB lanzó redadas coordinadas en la capital, deteniendo a otros cinco reporteros y trabajadores de Kloop. Dos más fueron arrestados al día siguiente.

"La gente está siendo retenida en régimen de incomunicación", denunció ese día el cofundador de Kloop, Tuhvatshin, en un comunicado público. "No les permitieron llamar a sus familias ni a sus abogados. Yo no lo veo como una detención. Lo veo como un secuestro".

La mayoría fueron liberados en menos de 24 horas, pero pronto reaparecieron en un vídeo producido por el GKNB difundido en redes sociales y en la televisión nacional, en el que se comprometían a romper con Kloop y pedían perdón por sus supuestas actividades "destructivas".

Dos cámaras, sin embargo, permanecieron entre rejas durante meses, mientras que a dos contables de Kloop se les prohibió salir del país.

En el momento de las redadas, las autoridades no presentaron cargos concretos. Solo más tarde quedó claro que el caso estaba vinculado a los cinco vídeos —ninguno de ellos publicado por Kloop—.

El GKNB se limitó entonces a emitir un comunicado de prensa acusando al personal de Kloop de "incitar a disturbios masivos". La declaración repetía el mismo lenguaje vago que ya se había utilizado en el caso contra Temirov Live.

Las organizaciones de derechos humanos condenaron las detenciones como parte de un patrón más amplio. "Cualquiera que diga algo crítico contra las autoridades o sus acciones es considerado ahora como alguien que llama a disturbios masivos", explicó a OCCRP Syinat Sultanalieva, investigadora para Asia Central de Human Rights Watch. "Esta es una tendencia muy peligrosa que recuerda a caminos similares en países vecinos».

Para la dirección de Kloop, el mensaje del Gobierno ha sido inequívoco —aunque aseguran que seguirán informando, pese a la presión—. "Continuaremos con nuestro trabajo", dijo Tukhvatshin. "No dejaremos de producir investigaciones. […] Como nadie puede hacerlo en Kirguistán, seremos nosotros quienes lo hagamos".

Dos periodistas kirguises que no pueden ser nombrados por motivos de seguridad han contribuido en este reportaje.

"Los ataques del aparato de propaganda de Donald Trump a los medios de comunicación han hecho que los estadounidenses confíen más en el canal del tiempo que en las cadenas de televisión y los periódicos". Así resume el periodista colombiano Gerardo Reyes la situación actual del periodismo. El veterano reportero, ganador de un Premio Pulitzer y dos premios Emmy, considera que el reto para la profesión será volver a ganarse la confianza de la ciudadanía: "A veces tenemos que rogar para que nos crean, porque estamos constantemente cuestionados por grupos que han impuesto sus paradigmas, basándose muchas veces en mentiras oficiales".

Reyes participará en España en los Cursos de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos el próximo 25 de junio. Esta leyenda del periodismo de investigación documentó la huida de El Chapo Guzmán además de sacar a la luz operaciones encubiertas sobre tráfico de armas o participar en trabajos sobre corrupción, como los Papeles de Panamá.

Durante la conferencia inaugural de los Cursos de Verano, relatará sus cuatro década en la profesión y los retos a los que se enfrenta el oficio, además de la presión a la que se ha visto sometido como parte de la estrategia para silenciar a los periodistas incómodos por parte de los grupos criminales e incluso de algunos gobiernos que deberían proteger la libertad de expresión. "El periodismo de investigación se ha convertido en una piedra en el zapato de los políticos y los poderosos", asegura.

No es la primera vez que el reportero participa en eventos o cursos de la URJC. “He dado conferencias en el Máster de Periodismo de Investigación y en otras ediciones de los cursos de verano, siempre invitado por Antonio Rubio, que es un gran amigo y uno de los mayores referentes del periodismo de investigación en España”. 

Precisamente Rubio será el encargado de impartir un taller dentro del Curso de Verano de la Universidad Rey Juan Carlos Democracia, Cultura y Medios. Este curso tendrá lugar los días 24 y 25 de junio, y en él también participan los periodistas Jesús Maraña e Ignacio Escolar, así como los cantantes Miguel Ríos y Miguel Poveda. El director editorial de infoLibre participará el día 24 a las 17 horas en el encuentro La financiación de los medios informativos. Situación actual junto a la profesora e investigadora de la URJC Gema Alcodea. Puede consultar el programa completo aquí.

Tendrá lugar en el campus de Aranjuez-Pavía de la Universidad Rey Juan Carlos. Está organizado por la Fundación Miguel Ríos por el Rock y la Solidaridad.

El proyecto de investigación Dubái Unlocked, realizado por OCCRP y en el que participó infoLibre ha sido nominado por la Red Global de Periodismo de Investigación a los Premios SIGMA 2025, unos de los más prestigiosos para reconocer el periodismo de datos. En la iniciativa internacional participaron más de 70 medios de comunicación, entre los que, además de este periódico, estaban otros como Al Jazeera, The Times o Forbes.

La investigación reveló cómo Dubái se ha convertido en el lugar de encuentro de miles de personas que acuden a la ciudad atraídas por los bajos impuestos y la prácticamente nula supervisión estatal financiera. 

Entre ellos se encuentran presuntos blanqueadores de dinero, capos de la droga, políticos acusados de corrupción o empresarios que habrían financiado grupos terroristas. Los periodistas consiguieron revelar sus identidades gracias a la filtración de registros de la propiedad.

El jurado, formado por 19 expertos internacionales, ha elegido 50 de entre 498 trabajos de periodismo de datos, de los cuales 37 se han convertido en finalistas. En los días entre el 19 y 23 de mayo, se revelarán los ganadores.

Los Premios SIGMA fueron creados para celebrar y promover las mejores prácticas en el uso de datos para contar historias impactantes, transparentes y profundamente informadas. Buscan destacar proyectos que demuestren excelencia en el análisis, visualización y presentación de datos.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas danesas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas danesas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas suecas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas suecas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su alcance mundial y de su “cultura responsable”. Con sede en un edificio señorial ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Ginebra, se describe a sí mismo como una organización centrada en el cliente que ofrece “soluciones que responden a las necesidades cada vez más complejas de sus clientes”. Pero, a puerta cerrada, el banco se ha visto sometido al escrutinio de los reguladores financieros por su lista de clientes, que incluye a hijos de autócratas centroasiáticos y otras figuras que presentan un riesgo de blanqueo de capitales.

La correspondencia entre el banco y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), obtenida por el consorcio de medios de investigación OCCRP –al que pertenece infoLibre– y el periódico francés Le Monde, revela que el regulador financiero suizo ha investigado a Reyl por “deficiencias en el ámbito del blanqueo de capitales” y supuestos fallos en su gestión de cuentas de alto riesgo.

Varias cartas enviadas por la FINMA a Reyl, junto con las respuestas del banco, muestran cómo una inspección in situ del organismo regulador en el verano de 2023 encontró “un nivel muy alto de apetito de riesgo de AML [blanqueo de capitales por sus siglas en inglés], así como un cierto descuido en la forma en que cumplió con sus deberes de diligencia debida”. Según una carta que envió al banco en enero de 2024, la FINMA elevó sus indagaciones a su división sancionadora, que investiga las infracciones de la legislación financiera.

Aunque la FINMA no puede presentar cargos, sí puede interponer denuncias ante las autoridades penales suizas, y está obligada a hacerlo si detecta fraude corporativo o comercial. También puede revocar la licencia de un banco, confiscar los beneficios obtenidos ilegalmente y prohibir la actividad de banqueros individuales. No hay pruebas de que la FINMA haya presentado una denuncia o tomado otras medidas sancionadoras contra Reyl. La FINMA contestó a OCCRP que no puede comentar casos concretos.

Reyl también ha rehusado responder sobre casos concretos, pero indica que está “cooperando plenamente con las autoridades supervisoras, concede la máxima prioridad a garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable y se esfuerza continuamente por mejorar sus procesos y controles internos”.

El banco también explica que presentó una queja ante las autoridades suizas por las preguntas enviadas por OCCRP y sus socios: “La información que ustedes envían es confidencial y está sujeta a las obligaciones de secreto bancario que impone la legislación suiza. El banco, al considerarse parte perjudicada por la violación del secreto bancario, ha presentado una denuncia contra personas desconocidas ante las autoridades suizas para salvaguardar tanto a la institución como a sus clientes”.

El muy opaco sector bancario suizo está protegido por leyes draconianas que dan prioridad a la privacidad de los clientes de las entidades y limitan la libertad de los periodistas para informar sobre ellas.

Por su parte, las autoridades suizas recalcan que el país cuenta con una sólida normativa contra el blanqueo de capitales que puede vigilar adecuadamente el sector bancario, aun manteniendo su tradicional secretismo. Pero los hallazgos de esta investigación demuestran que los bancos suizos siguen siendo un destino preferente para clientes extranjeros, algunos de ellos con patrimonios de origen dudoso.

En su correspondencia con el banco, la FINMA le planteó preguntas sobre su gestión de las cuentas pertenecientes a seis clientes de alto riesgo, entre ellos un exministro ruso, el yerno del difunto hombre fuerte uzbeko Islam Karimov y un gestor de activos suizo que administraba empresas para los hijos del dictador azerbaiyano Ilham Aliyev. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas que les envió OCCRP al respecto. El regulador financiero también preguntó al Rey Intesa Sanpaolo por la hija del expresidente de Kazajistán, que está siendo investigada penalmente en Suiza por el origen de las decenas de millones de francos que posee en el banco. Su abogado asegura a OCCRP que siempre ha cooperado con las autoridades en la declaración del origen de su patrimonio.

Una carta de la FINMA con fecha de septiembre de 2023 presentaba las conclusiones de una inspección en la sede del banco en Ginebra el mes anterior, y describía sus medidas contra el blanqueo de capitales como “insatisfactorias”. La carta advertía de que Reyl seguía en la categoría de riesgo “muy alto” del regulador en cuanto a su potencial para blanquear capitales.

Los inspectores descubrieron que miles de alertas de transacciones de alto riesgo –avisos internos que se activan automáticamente por movimientos de dinero sospechosos– no habían sido revisadas por el personal del banco durante dos o más meses. También descubrieron que los procedimientos conocidos como KYC (Know Your Client, Conozca a su cliente) de más de 1.400 cuentas llevaban más de cinco años sin someterse a revisión. Estos procedimientos permiten identificar la identidad de un cliente y verificar el tipo y volumen de sus transferencias, y son obligatorias para todas las entidades financieras para evitar el blanqueo de capitales.

También detectaron “riesgos de conflictos de intereses” por el papel de François Reyl, director general del banco en ese momento, que según los inspectores había gestionado directamente relaciones con clientes por valor de más de 1.200 millones de francos suizos, –1.294 millones de euros–, en un comité clave del banco que votaba si se aceptaban nuevos clientes. François Reyl dejó su puesto de director general de Reyl en julio de 2024, pero sigue siendo miembro del consejo y socio principal.

Justyna Gudzowska, directora ejecutiva de The Sentry, una ONG con sede en Washington DC que investiga la cleptocracia, destaca a OCCRP que un banco debe asegurarse de tener controles sólidos si acepta clientes de riesgo. “Si vas a clientes de alto riesgo, será mejor que te asegures de que tu marco contra el blanqueo de capitales está en plena forma”, señala Gudzowska, que antes trabajó como abogada para el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

En su carta de septiembre de 2023, la FINMA encomendaba a Reyl la puesta en marcha de una serie de recomendaciones en los meses siguientes y le pedía que, mientras tanto, “redujera drásticamente o incluso interrumpiera” la captación de nuevos clientes de alto riesgo o políticamente expuestos.

El 31 de enero de 2024, la FINMA informó al banco de que su expediente había sido “trasladado a la División de Sanciones para llevar a cabo investigaciones adicionales”. La carta señalaba preocupaciones específicas sobre las “relaciones comerciales vinculadas a Rusia” de Reyl. Pero, a pesar de la aparente escalada del caso, al menos en enero de 2024 aún no se había abierto “ningún procedimiento sancionador” contra el banco, según escribió la FINMA en la carta enviada en esa fecha.

A lo largo de los años, las revelaciones sobre los bancos suizos Credit Suisse, HSBC Suisse y UBS desvelaron indicios de blanqueo de dinero y evasión fiscal masiva, pero tales indicios de actividad bancaria de alto riesgo en Suiza siguen siendo escasos debido al secreto extremo que envuelve al sector. Una ley que se remonta a la década de 1930 establece que los empleados de banca pueden ser encarcelados en Suiza por compartir información sobre clientes con terceros, incluso si quieren denunciar irregularidades. Desde 2015, la ley se aplica también a periodistas, activistas y otras personas.

Los defensores de la transparencia afirman que la ley silencia a los denunciantes y a los periodistas que trabajan por el interés público. “La ley bancaria suiza es un ejemplo de criminalización del periodismo”, denuncia Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, a Paper Trail Media, socio de OCCRP.

La investigación Suisse Secrets, coordinada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y OCCRP, reveló en 2022 que docenas de individuos implicados en torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y corrupción habían realizado operaciones bancarias con Credit Suisse.

Sin embargo, poco más de dos meses después, los legisladores suizos votaron en contra de una propuesta para suavizar las disposiciones de la Ley Bancaria que penalizan la información sobre datos financieros sensibles. En diciembre de 2023, la Cámara Alta del Parlamento suizo aprobó una moción en la que se pedía al Gobierno del país que examinara si la publicación de cualquier dato obtenido ilegalmente –que puede incluir información proporcionada por un denunciante– debería tipificarse como delito.

Fue en este entorno ultraprotegido donde prosperó Reyl.

Fundado en Ginebra hace más de medio siglo por el banquero Dominique Reyl, el banco comenzó como un negocio de gestión de grandes patrimonios antes de obtener una licencia bancaria en 2010, poco después de que el hijo del financiero, François Reyl, asumiera el cargo de director general.

En 2013, el periódico francés Mediapart reveló que el banco había ayudado al ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac a ocultar fondos no declarados en Suiza. El político dimitió y fue condenado a tres años de cárcel.

Posteriormente, el banco reconoció haber facilitado la transferencia de activos a entidades extraterritoriales, incluidas cuentas en Singapur, de al menos ocho clientes en 2009. François Reyl, a quien una sentencia judicial describió como “el ejecutor esencial para la comisión de los actos de blanqueo de capitales”, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia en 2016 por su papel en la ocultación de los activos, y sentenciado a un año de prisión con suspensión de pena, mientras que el banco fue multado con alrededor de 1,9 millones de euros. François Reyl no ha respondido a las preguntas que le ha formulado OCCRP.

Esa condena no impidió que François Reyl siguiera al frente del banco, que en mayo de 2021 se fusionó con la sucursal suiza del gigante italiano Intesa Sanpaolo. Ese mismo año, Reyl fue elegido “mejor boutique de banca privada” de Europa en los Global Private Banking Awards. En un cuestionario de 2021 del Grupo Wolfsberg –una herramienta diseñada para evaluar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras–, el banco declaró que estaba “plenamente comprometido con la lucha contra la delincuencia financiera”.

Pero sólo seis meses después, en marzo de 2022, la FINMA llevó a cabo lo que denominó “primer examen de supervisión” sobre las medidas de Reyl contra el blanqueo de capitales, y detectó “deficiencias materiales” en los sistemas del banco.

Así fue cómo la FINMA empezó a preguntar a Reyl cómo captaba y trataba a los clientes de alto riesgo.

A finales de septiembre de 2023, cuando la FINMA envió al banco un informe de sus conclusiones, ya habían aparecido públicamente más señales de alarma. Un grupo de periodistas de investigación, incluido OCCRP, había revelado a mediados de septiembre que la gestora de inversiones Finaport, que remitía clientes a Reyl, prestaba servicios a varios rusos de alto riesgo.

De repente, la atención se centró en los propios clientes de Reyl.

Entre ellos se encontraban Leonid Reiman, ministro de Telecomunicaciones bajo el mandato de Vladímir Putin durante la década de 2000 y más tarde asesor presidencial, y las ciudadanas rusas Liubov Komissarenko y Natalia Ponomarenko, que se convirtieron en clientes de Reyl en 2022 pese las alertas rojas sobre el origen de sus patrimonios.

En una sentencia de 2006 de la que se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo, un tribunal suizo dictaminó que Reiman había obligado a una compañía de comunicaciones a comprar una empresa de su propiedad “por una cantidad exorbitante” a fin de obtener licencias de funcionamiento. La sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo del país, sostenía que la “intención manifiesta” de Reiman era “apropiarse indebidamente para su enriquecimiento personal de activos cuya propiedad mayoritaria correspondía a la Federación Rusa”. Reiman también fue investigado en Alemania en relación con una supuesta venta de unos negocios de telecomunicaciones que se había transferido indebidamente a sí mismo, pero el caso se archivó en 2012 cuando los fiscales concluyeron que no habían podido obtener pruebas porque no habían conseguido la cooperación de los funcionarios rusos.

Unos meses después de que se abandonara la investigación alemana, Reyl comenzó a evaluar a Reiman como posible cliente, según muestra la correspondencia entre el banco y la FINMA. François Reyl se reunió personalmente con Reiman a principios de 2015, y el exministro se convirtió en cliente. En septiembre de 2023, cinco cuentas de Reyl que el banco describe como “relacionadas” con Reiman tenían activos por valor de 81 millones de francos suizos –87,4 millones de euros –, según consta en las cartas a las que ha tenido acceso OCCRP.

Pero sólo 11 días después de que se publicara el reportaje de OCCRP sobre Finaport y sus clientes, donde se mencionaba a Reiman, el comité de admisión de clientes de Reyl decidió cancelar las cuentas del exministro ruso, alegando que constituía un riesgo para su reputación, según revelan las cartas de la FINMA. Cinco meses antes, el mismo comité había votado a favor de continuar la relación con Reiman sobre la base de que “no se habían identificado más noticias negativas ni transacciones inusuales”. El ex ministro ruso no ha contestado a las preguntas que le ha enviado OCCRP.

Reyl parece haber actuado de forma similar con Komissarenko y Ponomarenko: sólo canceló sus cuentas cuando sus nombres aparecieron en la investigación de Finaport.

Komissarenko fue durante mucho tiempo pareja sentimental de Alexander Ponomarenko, que dirige Mosvodokanal, una empresa pública rusa de suministro de agua y saneamiento. Natalia Ponomarenko es hija suya de otra relación. En su investigación sobre Finaport, OCCRP publicó que Mosvodokanal había adjudicado a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros después de que Alexander Ponomarenko comenzara a dirigir la empresa en 2012.

Después de que, en 2022, Finaport recomendara a Komissarenko que acudiera a Reyl, los correos electrónicos revelan cómo el empleado del banco suizo que estaba realizando el procedimiento de diligencia debida planteó sus dudas a Finaport debido a un reportaje donde se afirmaba que Alexander Ponomarenko “ayudaba [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales que necesitaba”.

En noviembre de 2022, el equipo antiblanqueo de Reyl se negó en un primer momento a dar luz verde a Komissarenko, citando riesgos para la reputación “relacionados con el origen de los activos del cliente”, tal y como desvela correspondencia con la FINMA. Pero el banco terminó aprobando la apertura de la cuenta después de que el banquero personal de Komissarenko en Reyl proporcionara información adicional.

Una carta de marzo de 2024 de Reyl a la FINMA revela cómo, el mismo día en que OCCRP publicó su investigación sobre Finaport, en septiembre de 2023, el comité de admisión de clientes de Reyl recomendó cancelar las relaciones con Komissarenko y Natalia Ponomarenko “debido a las malas noticias”. Ni Komissarenko ni Ponomarenko han respondido a las preguntas que les ha formulado OCCRP.

La FINMA había hecho referencia a la investigación de Finaport en la carta que envió al banco en septiembre de 2023. En enero de 2024, también solicitó información sobre los familiares y socios de dictadores famosos de Azerbaiyán y Uzbekistán. En mayo añadió a su lista a la hija del exdirigente de Kazajistán, que ahora es objeto de una investigación penal en Suiza en relación con el origen de las decenas de millones que tenía en Reyl.

En el marco de sus investigaciones contra el blanqueo de capitales, la FINMA se centró en un gestor de activos suizo llamado Olivier Mestelan, cliente de Reyl, que mantenía desde hacía tiempo vínculos financieros con la familia del presidente autoritario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev lleva en el poder desde que sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003, y ha continuado con una brutal represión de la disidencia, mientras su familia se ha enriquecido de forma vertiginosa.

Khadija Ismayilova, periodista de investigación azerbaiyana, fue encarcelada en 2015 por lo que muchos observadores consideraron cargos de corrupción por motivos políticos. Ismayilova había escrito una serie de reportajes con OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty en 2011 y 2012 en los que revelaba cómo las hijas de Aliyev dirigían varias empresas offshore que tenían participaciones en una lucrativa mina de oro y en una importante empresa de telecomunicaciones de Azerbaiyán.

El reportaje mencionaba a Mestelan como codirector de esas sociedades en paraísos fiscales. Un cable clasificado del Gobierno estadounidense enviado desde Washington DC a Bakú, la capital azerí, en 2010, y publicado posteriormente por Wikileaks, describía a Mestelan como un “alto funcionario azerí”.

En enero de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que revelara cualquier vínculo que tuviera con Olivier Mestelan, así como cualquier relación “con Azerbaiyán”.  Reyl contestó al regulador financiero que tenía una relación comercial con la firma suiza de gestión de activos de Mestelan, Privaxis Services SA, a la que había clasificado como de alto riesgo “debido a sus vínculos con la familia gobernante en Azerbaiyán”.

Reyl también aseguró a la FINMA que actuaba como custodio de dos fondos de inversión que gestionaban activos por valor de 413 millones de francos suizos –445 millones de euros– a fecha de diciembre de 2023. Uno de los suscriptores institucionales de los fondos, precisó Reyl, era la Banca Privada d'Andorra, un banco privado andorrano que se encuentra en liquidación desde que los fiscales estadounidenses lo declararon una “institución financiera de preocupación primaria de lavado de dinero” en 2015.

Según la correspondencia a la que ha tenido acceso OCCRP, el banco andorrano actuó como suscriptor nominal de los inversores subyacentes de los fondos, a los que Reyl describió como “ciudadanos azeríes, algunas de las cuales estaban conectadas con la familia gobernante en Azerbaiyán. El Sr. Mestelan personalmente también figuraba como suscriptor subyacente”. Reyl no nombra los fondos ni identifica a sus otros inversores secundarios en la correspondencia con la FINMA.

Pero, aunque el regulador financiero había pedido a Reyl que revelara todos sus vínculos con Olivier Mestelan, el banco no mencionó en la correspondencia obtenida por OCCRP que su filial de gestión de activos había cofundado una sociedad de inversión maltesa con el gestor en 2010. Esa sociedad de inversión, inicialmente llamada Privaxis Umbrella Fund Sicav Plc –posteriormente rebautizada como Aladdin Umbrella Fund–, tenía un subfondo que poseía 30 millones de dólares en depósitos en el Banco Internacional de Azerbaiyán, de propiedad estatal, desde 2011, según consta en su informe anual.

Uno de los directivos de la empresa maltesa, Philippe Houman, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia junto a François Reyl en 2016. La empresa fue liquidada ese mismo año. Ni Mestelan ni Houman han respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Dos personas implicadas en destacados casos de soborno en Venezuela también eran clientes de Reyl, según consta en registros judiciales públicos y escritos emitidos por la Fiscalía de EEUU.

Uno de ellos es Naman Wakil, un venezolano de origen sirio que, según los fiscales estadounidenses, sobornó a funcionarios venezolanos para conseguir contratos públicos por valor de cientos de millones de dólares. Las autoridades de EEUU recuperaron alrededor de 21 millones de dólares de lo que llamaron “ganancias derivadas de actividades delictivas”, depositados en su cuenta de Reyl en Suiza mientras esperaba el juicio antes de su muerte en 2023, según muestran los registros judiciales en Estados Unidos.

Además, Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, también era cliente de Reyl, con al menos 1,3 millones de dólares en su cuenta en 2018, de acuerdo con los registros judiciales estadounidenses. Velásquez y Guillén fueron condenados por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos en 2022, después de haber aceptado más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario venezolano al que, a cambio, autorizaron realizar transacciones de divisas para el Gobierno venezolano a tasas favorables. Cada uno de ellos cumple una condena de 15 años de cárcel. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

Un empleado de banca italiano que trabajó como contable para Santo Abossida –un narcotraficante del norte de Italia que trabajó con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, hasta su muerte en 2012– fue condenado por un tribunal de Génova en julio de 2021 por transferir fondos fraudulentos y blanquear dinero, incluida una cuenta en Reyl.

El empleado, Flavio Forti, no negó el delito y llegó a un acuerdo con los fiscales, aceptando una pena de dos años de prisión.

Los reguladores suizos empezaron a investigar el caso Forti ese mismo año, en diciembre de 2021, según consta en la correspondencia entre la FINMA y Reyl obtenida por OCCRP. En septiembre de 2023, la FINMA envió al banco una amonestación por no haber comprobado debidamente las transacciones de Forti, puesto que había “claros indicios de violación” de las leyes contra el blanqueo de capitales.

El regulador no llegó a abrir un expediente sancionador, citando la reciente fusión del banco con Intesa Sanpaolo que, según la FINMA, había “reestructurado completamente su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales”.

Sin embargo, un documento judicial italiano obtenido por OCCRP revela que no era sólo el contable de Santo Abossida quien realizaba operaciones bancarias con Reyl: su hermana, Bombina Abossida, acusada de administrar activos obtenidos a través del tráfico de drogas, también tenía cuatro cuentas en Reyl a su propio nombre desde 2018. Bombina Abossida fue condenada a 12 años de prisión en 2023 por narcotráfico y blanqueo de capitales. Ni Forti ni Abossida han respondido a las preguntas que OCCRP les ha formulado al respecto.

Reyl también contaba entre sus clientes con el yerno de un hombre fuerte de Asia Central y la hija de otro. Lola Karimova, hija del difunto autócrata uzbeko Islam Karimov, y su marido, Timur Tillyaev, disfrutaron del estilo de vida de la jet set mientras Karimov estaba en el poder. En 2013 se instalaron en Ginebra, según declaró ella a la BBC en una entrevista.

En 2012, la FINMA advirtió a la gestora suiza de grandes patrimonios Fidurhône –de la que Tillyaev y Karimova eran clientes– de que su relación con ellos presentaba riesgos “especialmente elevados” y, dos años después, le pidió que cortara sus lazos con ambos tras constatar que los saldos de las cuentas de sus empresas se habían disparado hasta los 190 millones de francos suizos –205 millones de euros–, según una decisión publicada posteriormente por el Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

Cuando Fidurhône se negó a cortar esos lazos, la FINMA amenazó con retirarle la licencia. Más tarde, el Departamento Federal de Finanzas multó al socio fundador de Fidurhône por no informar de actividades sospechosas en cuentas relacionadas con Tillyaev.

En 2020, la empresa de Tillyaev, Liobel Limited Inc, se convirtió en cliente de Reyl, según revela la correspondencia obtenida por OCCRP. Tillyaev abrió su propia cuenta en el banco tres años después. En diciembre de 2023, una de las cuentas contenía 83 millones de francos.

En enero de 2024, el regulador financiero ordenó a Reyl que entregara los registros relacionados con las cuentas de Tillyaev, así como información sobre todos los clientes “con un vínculo con Uzbekistán”. El banco comunicó a la FINMA que estaba reevaluando las cuentas de Tillyaev “debido a los posibles altos riesgos para su reputación” que implicaban las noticias negativas que se estaban publicando sobre la hermana de Lola, Gulnara Karimova. Tillyaev no ha contestado a las preguntas que le ha formulado al respecto OCCRP.

La hija del antiguo gobernante de Kazajistán siguió un camino similar. Nursultan Nazarbayev gobernó la nación más grande de Asia Central con mano de hierro durante las dos décadas que siguieron al colapso de la Unión Soviética, concentrando el poder en sus manos y suprimiendo la libertad de expresión y la oposición política, mientras un círculo de hombres de negocios cercanos a él amasaba enormes fortunas e influencia. OCCRP desveló en 2022 que ha creado fundaciones benéficas privadas que controlan activos por valor de casi 8.000 millones de dólares.

Su hija, Dinara Kulibayeva, se instaló en Suiza en 2007, donde confió parte de su fortuna a Reyl, según revela la correspondencia filtrada. François Reyl gestionó personalmente la relación del banco con ella durante varios años. Pero el año pasado, los reguladores suizos dijeron que querían saber de dónde procedían las decenas de millones de francos depositados en la cuenta de Kulibayeva. En mayo de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que entregara sus “archivos completos de clientes” sobre su cuenta y sobre otra cuenta de la empresa de Kulibayeva con sede en Luxemburgo, Regulus Holdings SA, a la que Reyl concedió un préstamo de 25 millones de euros para comprar bienes inmuebles en Francia.

La consulta de la FINMA se produjo tras la apertura de un procedimiento penal contra Kulibayeva el pasado mes de abril, después de que Reyl presentara lo que se denomina “informe de actividad sospechosa” ante la oficina suiza de información sobre blanqueo de capitales en relación con la actividad de sus cuentas, según muestra la correspondencia entre el regulador financiero y el banco.

Un abogado de Kulibayeva asegura a OCCRP que ella siempre ha cooperado plenamente con las autoridades locales para facilitar información sobre el origen de los fondos que utilizó para adquirir sus propiedades inmobiliarias en Suiza. “Es de dominio público que el patrimonio de nuestra cliente procede de su participación en el Halyk Bank, una institución financiera regulada kazaja que cotiza en la Bolsa de Londres”, explica el abogado, Jean-Christophe Hocke. “Éste es también el caso de los fondos depositados en Reyl”. En la correspondencia obtenida por OCCRP, Reyl también responde a la FINMA que la cuenta de Kulibayeva se financiaba con pagos de dividendos del Halyk Bank.

Las cartas también revelan que, aunque las cuentas de Kulibayeva fueron congeladas en abril del año pasado, los fiscales dieron permiso a Reyl para procesar alrededor de 650.000 francos suizos –700.000 euros– a través de la cuenta de Kulibayeva en mayo para cubrir sus “gastos personales”.

Mollitiam Industries, una pequeña firma de Toledo especializada en software espía que saltó a las páginas de los periódicos en 2020 cuando fue señalada por Reporteros sin Fronteras como uno de los 20 mayores “depredadores digitales” del mundo, está abocada a la liquidación. Con una deuda de 3,95 millones de euros, la viabilidad de Mollitiam, que recibió 2,2 millones en subvenciones públicas desde su creación en 2018, es “nula”, según explican fuentes de la administración concursal.

De hecho, en breve ésta comunicará al juez la “insuficiencia de masa activa” de la empresa; es decir, informará de que sus activos no cubren siquiera los gastos que genera el propio concurso. Mollitiam lleva sin funcionar desde el pasado mes de octubre, por lo que se ha quedado “fuera del mercado”, explican las mismas fuentes. “Con sólo seis meses sin actividad, una empresa de este tipo cae en la obsolescencia”, lamentan. Mollitiam sólo ha conseguido vender “a precio razonable, pero no elevado” una pequeña herramienta de ciberseguridad, llamada dotlake, que extrae “datos de la deep web, foros cibercriminales más restringidos, mercados de fraude de difícil acceso, canales y grupos de telegram y ransomsites”, según puede leerse en su página web. Sin embargo, sus programas estrella de espionaje, Invisible Man y Night Crawler, entre otros, se han quedado en un cajón. “No tienen ningún valor”, considera la administración concursal.

Tampoco ha sido posible vender la empresa a un tercero. “No ha habido interés” en el sector, añade, en adquirir al creador de unos desarrollos informáticos cuyos únicos clientes son los gobiernos y sus organismos de inteligencia y seguridad.

Precisamente la principal razón de la insolvencia de Mollitiam, antes y de su camino a la liquidación, después. son los contratos con las fuerzas de seguridad de Ecuador y Colombia que no ha podido cobrar. El primero de ellos, por importe de 2,34 millones de dólares ha sido impagado por un “intermediario”. Otras administraciones públicas en el extranjero le dejaron a deber un total de 1,54 millones de euros más, tal y como consta en las últimas cuentas que la empresa envió al Registro Mercantil, correspondientes a 2023.

Según la administración concursal, esos contratos son imposibles de cobrar. Intentarlo, contratando abogados en esos países, supondría un coste que Mollitiam no puede asumir en sus actuales circunstancias.

El principal acreedor de la empresa son sus trabajadores, 39 personas en 2023, que se han quedado en la calle y cuyas indemnizaciones por despido y salarios adeudados tendrá que pagar el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). También la Seguridad Social y Hacienda figuran en la lista de créditos. Pero el segundo mayor acreedor es el CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación), que depende del Ministerio de Ciencia y cuyo fin es potenciar la inversión de capital riesgo en el sector tecnológico. Mollitiam le debe 1,1 millones de euros por la parte reembolsable de las subvenciones que el CDTI le concedió y no ha podido devolver. También adeuda a la sociedad de garantía recíproca Aval Castilla-La Mancha. Según consta en el registro de subvenciones de esa comunidad autónoma, Mollitiam consiguió una ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión y otra de 23.854 euros de Innova-Adelante. El tercero en la lista es el Banco Santander, que tiene una pignoración a su favor y es, por tanto, un acreedor con privilegio especial.

En todo caso, de los 3,95 millones que suma la deuda de Mollitiam, poco más de un millón es “contingente”, no se ha concretado aún jurídicamente que el acreedor tenga derecho a ese dinero, por su cifra o por su concepto.

El impago de contratos tan cuantiosos y la muerte de uno de sus fundadores, Samuel Álvarez González, en julio de 2023, llevaron a Molittiam a solicitar el preconcurso de acreedores en marzo de 2024 y el concurso voluntario de acreedores el 31 de octubre. Del procedimiento se encarga el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Toledo. En mayo del año pasado ya tuvo que dejar de pagar algunas nóminas, así como solicitar el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social e incluso trasladar su sede de Toledo a Madrid. Pasó de facturar 2,5 millones de euros en 2022 a perder 1,024 millones en 2023, que se sumaron a los 1,061 millones de números rojos acumulados de ejercicios anteriores.

Buena parte de su éxito inicial se lo debe a sus programas espía, Invisible Man se lo vendió a la dictadura de Vietnam y al Ejército de Colombia. Con ese software, los militares colombianos espiaron a 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas, pero también a corresponsales estadounidenses, a una magistrada del Tribunal Supremo, a un senador e incluso a exmilitares.

Mollitiam Industries también apareció en la galaxia de empresas creada por la compañía francesa Nexa y la israelí Intellexa para desarrollar sistemas de cibervigilancia punteros y venderlos después a gobiernos de todo el mundo, incluidas dictaduras y otros regímenes poco democráticos. Así lo desvelaron los Predator Files, obtenidos por Mediapart y Der Spiegel y compartidos con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre.

Según la información de los Predator Files, Mollitiam Industries firmó un acuerdo de confidencialidad con Nexa en diciembre de 2019, válido por un periodo de dos años y renovable por otros cinco. También le proporcionó un folleto de presentación de sus productos; en concreto, uno que describía sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en las que se había especializado la galaxia Nexa-Intellexa. El mismo spyware desarrollado, por ejemplo, por el israelí NSO Group, ahora en el disparadero internacional por culpa de Pegasus, y la italiana Hacking Team, cuyos sistemas fueron utilizados para espiar al presidente de Amazon, Jeff Bezos.

Pero no sólo coincidía la firma española con el grupo franco-israelí en el producto, sino también en sus escasos escrúpulos respecto a los clientes a quienes se los vendían. Los Predator Files revelaron que Nexa vendió su spyware estrella, Predator, a Vietnam, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos. Según la información a la que tuvo acceso infoLibre, Mollitiam Industries también suministró al régimen vietnamita el programa Invisible Man.

Es el mismo que antes había vendido al Ejército de Colombia, una herramienta informática con la que en 2019 fueron espiados hasta 130 periodistas, políticos, funcionarios y sindicalistas. El escándalo, conocido como Carpetas secretas, fue destapado por la revista colombiana Semana en enero de 2020. La empresa española vendió su software al Ejército colombiano por 3.000 millones de pesos –unos 710.000 euros–, tras firmar un contrato a dedo, sin licitación previa.

Pero su vinculación con Colombia es más amplia. En septiembre de 2022 creó en el país sudamericano una filial, de la que posee el 100% de las acciones, Mollitiam Industries Colombia SAS. En mayo de 2021 ya había constituido una Unión Temporal de Empresas (UTE), con una participación del 40%, con la firma colombiana Newsat, que ha bautizado como Unión Temporal Phoenix 027-2021 y suministró el software y la licencia de su programa Phoenix a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional de Colombia.

Phoenix es “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknet y deepwebs”. En una ponencia enviada a un congreso sobre computación e ingeniería aplicada, que se celebró en el verano de 2022 en Las Vegas (Estados Unidos), Mollitiam explicó un detalle más sobre los usos de Phoenix: se trata de “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”. Es el programa que Mollitiam desarrolló gracias a unas ayudas de 641.827 euros abonadas por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) – y el CDTI. Este organismo público también le concedió 540.000 euros en 2022 a través de Invierte Economía Sostenible, una sociedad anónima del que es el único accionista. Y 450.000 euros más en mayo de 2021 en una operación en la que también participó el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. Finalmente, subvencionó a Mollitiam con 390.394 euros más mediante los proyectos Cien y Eureka.

La empresa de Toledo era propiedad en un 26,14% de los hermanos Alvárez, Samuel y Esther, a través de la sociedad Time to Change SL. Un tercer accionista, Antonio Ramos Varón, disponía del 33,59% del capital por medio de Stack Overflow SL. Esther Álvarez ha sido la presidenta de Mollitiam hasta el pasado noviembre, cuando dimitió de todos sus cargos. Un año antes, y en sustitución de Samuel Álvarez, fue nombrado consejero Santiago Molins Riera, que procedía de la Fundación In-Nova, la semilla que los hermanos plantaron en 2007 y de la que nació Mollitiam en 2018.

Además, entre los accionistas de Mollitiam figuran Sabadell Venture Capital, filial para start-ups del banco dirigido por Josep Oliu; Easo Ventures, sociedad de capital riesgo con sede en San Sebastián y que capta fondos entre otros del Gobierno vasco, y Torsa Capital, un fondo creado por empresarios asturianos, entre ellos la familia Cosmen, los fundadores de la empresa de autobuses Alsa, y que dio entrada en su capital en julio de 2023 al banco de inversiones Renta 4, con un 30%.

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles a Carlo Ancelotti por defraudar a Hacienda 1,06 millones de euros en 2014 y 2015. Una década después de haber cometido los supuestos delitos fiscales, el entrenador del Real Madrid se enfrenta a una petición de cuatro años y nueve meses de cárcel y a una multa de 3,18 millones de euros: el fiscal le acusa de no haber tributado por sus derechos de imagen, que cobró a través de dos sociedades pantalla, una registrada en Londres y otra en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.

La sentencia proporcionará otra ocasión –y ya habido una veintena de ellas– para ver de qué lado se inclina la balanza de la justicia en la ya larga pugna entre Hacienda y el millonario negocio que rodea al fútbol y los futbolistas. Porque las más recientes decisiones judiciales han dado la razón a los deportistas que cedieron sus derechos de imagen a sociedades en un “negocio simulado” que, según la Agencia Tributaria, forma parte de una estrategia para defraudar al fisco.

Son los casos de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso o Dani Alves. En el de Carles Puyol, la Audiencia Nacional anuló en mayo de 2024 sanciones por importe de 2,5 millones de euros, pero validó el argumento de Hacienda de que el contrato que Puyol firmó con su representante era “simulado”, una forma de que el Barça pagara el salario del futbolista de manera encubierta sin abonar el IRPF. Antes, Gerard Piqué y Juanfran Torres fueron absueltos también.

Por el contrario, Marcelo, Luka Modric, Fábio Coentrão, Ricardo Carvalho, Radamel Falcao, Ángel Di María, Diego Costa y Samuel Eto’o llegaron a acuerdos con la Fiscalía, tras pagar cantidades millonarias a Hacienda, para librarse de la cárcel. Todos ellos reconocieron el delito fiscal que se les imputaba en una sucesión de juicios que comenzaron en 2017 tras la publicación de los Football Leaks. Esa filtración sentó también en el banquillo a Cristiano Ronaldo, José Mourinho y Leo Messi, que reconocieron sus delitos, pagaron sustanciosas multas y no fueron a prisión.

La operativa es siempre la misma y en ella aparecen sociedades pantalla creadas en Panamá, Islas Vírgenes, Belice, Uruguay, Colombia, Hungría, Madeira, Irlanda y Nueva Zelanda, entre otros paraísos fiscales y territorios de baja tributación.

Como ocurrió con los jugadores mencionados, el “complejo y confuso” entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas que Carlo Ancelotti creó para eludir la tributación de los rendimientos de sus derechos de imagen, por utilizar la descripción de la Fiscalía, fue igualmente desvelado en detalle por Football Leaks, una filtración de más de 70 millones de documentos sobre la industria del fútbol que la revista alemana Der Spiegel compartió desde 2016 con la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre. Esos documentos sirvieron para elaborar más de 1.000 artículos, muchos de los cuales dieron lugar a procedimientos judiciales. Igualmente pusieron al descubierto los secretos del Manchester City, el París Saint-Germain y la UEFA, entre otras organizaciones.

Según demuestran los documentos de Football Leaks, Carlo Ancelotti utilizaba una sociedad en Islas Vírgenes como antes lo había hecho con una en Suiza. Para crearlas y gestionarlas empleó una firma especializada en grandes patrimonios, Trident Trust, que apareció después como una de las protagonistas de otra filtración, los Pandora Papers.

La Fiscalía, que denunció a Ancelotti en junio de 2020, necesitó casi cuatro años para presentar el escrito de acusación. La instrucción de la causa estuvo en manos del Juzgado número 35 de Madrid, que sólo consideró al entrenador como residente fiscal en 2014, pero no en 2015, ya que había sido despedido en mayo de ese último año. La Fiscalía recurrió alegando que el italiano había mantenido su residencia en España al menos hasta octubre, que era la fecha de fin del contrato de alquiler de su ático en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por todos sus problemas fiscales, Ancelotti figuró en la lista de morosos de Hacienda entre junio de 2021 y junio de 2022, con una deuda de 1,46 millones de euros. De hecho, la Agencia Tributaria embargó su sueldo para cobrársela. En esa última fecha, su nombre desapareció, bien porque había cancelado total o parcialmente esa deuda, al menos por debajo de 600.000 euros, o porque había obtenido un aplazamiento o suspensión. “Si me dicen que he defraudado, me molesta”, declaró este viernes el italiano cuando los periodistas le preguntaron por el inminente juicio, antes de manifestar su confianza “ciega en la ley y la justicia”.

Pero la gestión supuestamente fraudulenta de sus derechos de imagen no fue la única trampa fiscal de Ancelotti en España que se hizo pública gracias a Football Leaks. El entrenador y el Real Madrid pactaron en 2015 un despido improcedente que permitió a Ancelotti rebajar en 180.000 euros la factura a Hacienda por la cuantiosa indemnización que le pagó el club. Como se sabe, el italiano fue destituido el 25 de mayo de ese año y recontratado seis años después por Florentino Pérez, quien le renovó en diciembre de 2023 hasta 2026.

En su escrito de acusación la Fiscalía describe con detalle el esquema que el entrenador utilizó para “simular” la cesión de sus derechos de imagen a unas sociedades “carentes de actividad real” y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas en Londres y las Islas Vírgenes Británicas. Se trataba de ocultar el beneficiario real de los ingresos por derechos de imagen, de manera que ni el propio Ancelotti ni esas sociedades tributaran por ese concepto a la Hacienda española.

Para empezar, Ancelotti y el Real Madrid dataron el 4 de julio de 2013 tanto su primer contrato laboral como su primer contrato de imagen con el club. Pero según los documentos de Football Leaks, el italiano había firmado aparentemente su contrato el 26 de junio de 2013. Ese mismo día, la entidad presidida por Florentino Pérez presentó a su nuevo entrenador en el estadio.

El baile de fechas es relevante: unos pocos días pueden suponer una gran diferencia económica. Cualquier persona que resida en España más de 183 días es considerada a efectos fiscales como “residente” y paga el IRPF, con un tipo máximo del 47%, mientras que si permanece aquí menos tiempo tributa ese año como “no residente”, cuyo tipo marginal en el impuesto sobre la renta es el 24%. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre transcurren exactamente 184 días, así que para Ancelotti datar el contrato después del 1 de julio le permitía tributar como no residente. Eso fue lo que ocurrió en 2013, cuando el entrenador abonó el 24,75% –era el tipo máximo ese año–. La Agencia Tributaria ingresó así cerca de un millón de euros menos que si hubiera el italiano hubiera pagado el IRPF como residente.

En virtud de su contrato laboral, el entrenador debía cobrar 7,9 millones de euros brutos la primera temporada y 10,17 millones cada una de las dos siguientes. De acuerdo con lo firmado en el contrato de imagen, percibiría 1,4 millones brutos el primer año y 1,79 millones cada uno de los dos años siguientes. Las cantidades antes mencionadas deberían abonarse al técnico cada temporada en dos pagos iguales, uno el 10 de enero y otro el 10 de julio, menos el primer año, cuando tenía que hacerse el ingreso el 28 de diciembre de 2013.

Sin embargo, en esa última fecha, el Real Madrid tuvo que incluir el primer pago a Ancelotti por los derechos de imagen añadiéndolos a su nómina, como si fuera parte de su salario, en lugar de a la sociedad que figuraba –sin nombre– en el contrato. Por entonces, el entrenador gestionaba sus derechos de imagen a través de una empresa domiciliada en Suiza. Ingresarle de esta forma esas cantidades suponía para el club un sobrecoste, porque tenía que aumentar el importe bruto del pago para garantizar al técnico la cantidad neta inicialmente comprometida. Así que, según los correos electrónicos que se cruzan en enero y marzo de 2014 los ejecutivos del Real Madrid, éstos piden que “quien corresponda” hable con Ancelotti y le convenza de que debe constituir una sociedad en otro país que no sea la Confederación Helvética.

De hecho, el contrato entre el entrenador, el club y una firma coreana de videojuegos, Nexon, no se pudo firmar hasta que el 18 de julio de 2014 llegó el documento, con el conforme del propio Ancelotti, donde se dejaba constancia de que una sociedad británica, Vapia LLP, era la propietaria de los derechos de imagen del entrenador hasta el 30 de junio de 2023. También informaba de que los derechos habían sido adquiridos con anterioridad por otra empresa, Vapia Limited, socia al 99% de Vapia LLP. El papel lo firma Jack [Michael] French, quien además ofrece a Greg [Charles Williams] MacRae para atender cualquier consulta al respecto. Ambos son los directores de Appledore, una firma de gestión de grandes patrimonios con sede en Londres. Lo que no dice el documento es que Vapia Limited es una sociedad registrada en Road Town, la capital de las Islas Vírgenes Británicas, al igual que Ditomac Limited, propietaria del 1% restante de Vapia LLP. Así consta en la Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Y según informa el Registro Mercantil de Islas Vírgenes, tras Ditomac Limited y Vapia Limited figuran como representantes autorizados dos firmas de servicios financieros, Corporate Registrations Limited y Trident Trust Company Limited. Esta última es la delegación en Islas Vírgenes de Trident Trust, una empresa de gestión de patrimonios y fondos con 25 oficinas repartidas en 18 jurisdicciones distintas, entre ellas los mayores paraísos fiscales del planeta, desde las Islas Caimán hasta Nevis, las islas de Jersey y Guernsey, Singapur, Seychelles o Dubai. Resulta que también es la firma que más veces aparece en los Pandora Papers, la filtración que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en colaboración con periódicos como The Washington Post, The Guardian, Le Monde o El País.

En su escrito, la Fiscalía explica que el entrenador había firmado el 1 de julio de 2013 un contrato privado donde “aparentemente” cedía durante 10 años sus derechos de imagen a Vapia Limited, la sociedad de las Islas Vírgenes, a cambio de 25 millones de euros. Sólo un día más tarde esa empresa nombró apoderado al propio Ancelotti, con capacidad para gestionar los derechos de imagen cedidos. Un anexo modificó después el contrato inicial para reducir la cesión a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen a un millón de euros anuales, “sin que Carlo Ancelotti reciba indemnización alguna por dichos cambios sustanciales”, resalta el acusador público. Es decir, el fiscal considera que se trató de una cesión simulada.

El acuerdo con Vapia Limited se firmó, por tanto, sólo tres días antes de la fecha en que Ancelotti dató su contrato con el Real Madrid. Pero en este último documento no se menciona el nombre del propietario de los derechos de imagen del italiano. Sólo se establece que el entrenador debería comunicar al Real Madrid en un plazo de tres meses –a principios de octubre de 2013, por tanto– qué sociedad se los gestionaba. Y hay que recordar que en diciembre el club le abonó el primer pago por esos derechos en su nómina, como parte de su salario, para no hacerlo en la cuenta de una sociedad suiza. El caso es que no fue hasta julio de 2014, un año después de su contrato con la sociedad de Islas Vírgenes, cuando el técnico comunicó al Real Madrid que la británica Vapia LLP –ni Vapia Limited ni la sociedad suiza– era la propietaria de sus derechos de imagen.

infoLibre preguntó en 2021, cuando desveló este esquema fiscal, tanto al club blanco como a Carlo Ancelotti, por estas sociedades y por la operativa que siguieron respecto a los derechos de imagen del entrenador, sin obtener una respuesta.

Vapia LLP, además, figura en el Registro Mercantil británico como sociedad “durmiente”. No tuvo actividad alguna desde que fue creada, el 4 de octubre de 2013, y hasta que fue disuelta, el 16 de marzo de 2021. En las cuentas enviadas a la Companies House, sus administradores aseguran que funciona únicamente como nominee –sociedad interpuesta–, por lo que no tiene ni ingresos ni gastos, ni beneficios ni pérdidas, y hacen constar únicamente 200 libras –234 euros– en activos durante todos esos años.

Sin embargo, el Real Madrid hizo al menos tres transferencias a esta empresa en 2014 y 2015 con los pagos por derechos de imagen de Ancelotti. Todos ellas, a una cuenta del Barclays Bank ubicada en una sucursal de la isla de Man, uno de los territorios dependientes de la Corona británica considerado un paraíso fiscal por España.

En total, el Real Madrid pagó a Vapia LLP en concepto de derechos de imagen 3,6 millones de euros en 2014 y 2015, según consta en las facturas que remitía la sociedad al club y las transferencias que éste realizaba a continuación tras haber practicado una retención del 24%. Todas ellas forman parte de los documentos de Football Leaks.

Esos ingresos, sin embargo, no fueron declarados ni por Vapia LLP en Reino Unido ni por Ancelotti en España, por lo que no tributaron, según denuncia la Fiscalía. Por el contrato antes mencionado con el videojuego coreano Nexon, Ancelotti cobró 100.000 euros brutos en 2014; por otro para promocionar los relojes Cecil Purnell, 306.007 euros en 2014 y 2015. Con Nike, 101.586 euros en esos dos años. De Perform Media Sales –la plataforma DZN–, recibió 55.250 euros; de Imagosport, su agencia de relaciones públicas, 24.545 euros, y de su agente, CAA Sports, 9.204 euros también en 2015. Hay una diferencia entre estos ingresos: Nexon pagó a Vapia LLP (Londres), pero Cecil Purnell, Nike, Perform Media Sales, Imagosport y CAA facturaron a Vapia Limited (Islas Vírgenes).

Magnolia TV, la productora de Supervivientes, entre otros reality shows, pagó directamente al entrenador 70.000 euros por participar en Hay una cosa que te quiero decir, y Academy for Excellence, 13.709 euros por asistir a una cena de gala en Londres. Son sólo algunos de los ingresos enumerados por la Fiscalía por los que el entrenador italiano no abonó impuestos. Ancelotti solicitó la residencia fiscal en España en septiembre de 2014, por lo que pasó de tributar en el IRPF con un tipo del 24,75% como no residente a hacerlo por el tipo marginal del 47%.

De esta forma presentó unas declaraciones a Hacienda que, al incluir sólo sus nóminas del Real Madrid pero omitiendo los derechos de imagen, le salían a devolver: 39.575 euros en 2014 y 529.076 euros en 2015, desvela la Fiscalía. Por derechos de imagen había ingresado 1,25 millones de euros en 2014 y 2,96 millones en 2015. No tributó por esas cantidades ni un euro. Tampoco pagó impuestos, añade el escrito de acusación, por dos inmuebles que posee en el extranjero.

Cuando el Real Madrid despidió a Ancelotti en 2015, aún le quedaba un año de contrato. Como queda dicho más arriba, el que había firmado dos años antes le aseguraba un salario de 7,98 millones de euros brutos la primera temporada y de 10,17 millones las dos siguientes. La indemnización que le correspondió ascendió a 9,78 millones de euros brutos, según consta en los documentos de Football Leaks.

Pero de esa sustanciosa cantidad también quisieron el italiano y el club rebajar el obligado pago a Hacienda. Así que llegaron a un acuerdo previo al despido que le permitió a Ancelotti no tributar por 180.000 euros y al Real Madrid no hacer la retención a la que está obligado por esa misma cantidad, exenta de tributar en el IRPF desde la reforma fiscal de 2014.

Con la misma fecha de su destitución, el 25 de mayo de 2015, Ancelotti firmó un documento privado donde el Real Madrid reconoce que el despido es improcedente. Tanto el club como el entrenador se obligan a acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), donde el primero accederá a pagar la indemnización al segundo y éste la aceptará y se declarará “plenamente indemnizado, liquidado, saldado y finiquitado”, de manera que renunciará a “interponer cualesquiera acciones contra el Real Madrid”. Porque, en teoría –al menos–, el italiano tenía intención de presentar una demanda por despido improcedente contra el club.

Sin embargo, en ese mismo documento, Ancelotti “delega en la empresa”, el Real Madrid, la presentación de la papeleta de conciliación, ya adjunta al escrito y con la misma fecha, 25 de mayo de 2015. Tal es así que el abogado que representó los intereses del entrenador ante los mediadores del SMAC un mes más tarde era Gonzalo Gallardo, letrado de Garrigues, el despacho habitual del club blanco. Y fue el Real Madrid el que gestionó con Garrigues y con un notario la redacción y firma de un poder notarial para que Gallardo representara al italiano ese día. Ancelotti se iba de vacaciones y no podía acudir al acto en el SMAC, le explicó un ejecutivo del Real Madrid al notario en el mismo correo electrónico donde le pedía que acudiera a la Ciudad Deportiva del club para que el entrenador firme el poder. Por lo que ha podido saber infoLibre, el italiano en realidad iba a volar a Vancouver (Canadá), donde posee una casa.

La misma operación ante el SMAC, con abogados y notario pagados por el club, se siguió con los siete miembros del equipo técnico de Ancelotti que fueron despedidos el mismo día: Paul Clement, William Vecchi, Jack William Wyler, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y el hijo de Ancelotti, Davide. Poco después, el 11 de junio, también fue despedido Juan Garrido Canales, segundo entrenador de porteros que había sido contratado en agosto de 2014 y también presentó su papeleta de conciliación ante el SMAC. 

Según consta en el acta de conciliación de Carlo Ancelotti, de los 9,78 millones de euros brutos de indemnización, 4,89 millones corresponden a la liquidación, saldo y finiquito por los seis meses de salarios entre enero y junio de 2015, 4,71 millones a una indemnización “adicional” y 180.000 euros a la “indemnización legal”.

Como tributó con un tipo del 47%, el neto cobrado por Ancelotti se quedó en 5,091 millones de euros. Además, fue resarcido con otros 1,31 millones de euros por sus derechos de imagen. Es decir, el total cobrado se elevó a 6,4 millones.

En el informe elevado al comité económico del club del 3 de julio, otro documento de Football Leaks, el Real Madrid calculó que la cancelación anticipada del contrato del italiano y del resto de su cuerpo técnico le habían supuesto un desembolso de ocho millones de euros a 30 de junio y un “impacto en el valor neto contable” de otros 4,1 millones. En total, una “desviación negativa” de 11,4 millones de euros.

Las investigaciones de Narcodiario revelaban ya en 2018, un año antes de la caída del narcosubmarino hundido en Aldán (Pontevedra), que los colombianos llevaban más de una década enviando alijos de cocaína hacia Galicia en bodegas de semisumergibles. Las fuentes eran de primera mano: narcos colombianos que habían cruzado el Atlántico, la Brigada Central de Estupefacientes e incluso la aparición de tripulantes extra en pesqueros como el San Miguel, interceptado en 2008 con un cargamento de cocaína que, se piensa, había recogido de uno de estos artefactos navales.

Las pesquisas policiales desarrolladas a raíz de la caída del narcosubmarino de Aldán en noviembre de 2019 situaron su partida en la desembocadura del río Amazonas, al norte de Brasil, y su ensamblaje en las inmediaciones. Ahora, con la llegada del mayor alijo jamás incautado en este medio de transporte, los 6.600 kilos intervenidos entre Azores y Canarias la semana pasada, ese mismo lugar del planeta vuelve a estar en el foco. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Agencia Nacional Contra el Crimen (NCA) británica y la Polícia Judiciária lusa señalaron al norte de Brasil como punto de partida del batiscafo.

Todos los indicios apuntan a un mismo enclave. La Policía Nacional fijó en su momento la presencia de estos aparatos en la costa atlántica más cercana a la desembocadura del Amazonas. Manejaba incluso algunas imágenes frente a Surinam y Guyana en las que se apreciaba la silueta de los narcosubmarinos poniendo rumbo a Europa.

Ahora, este periódico ha descubierto que, ya en 2016 al menos tres narcosubmarinos de características casi idénticas a las del Che, el que llegó a la ría de Aldán en noviembre de 2019, fueron ensamblados en el Furo da Laura, uno de los brazos que circundan el tramo final del río Amazonas, no lejos de la localidad de Belén, si bien varios kilómetros al este de dicha ciudad, en un entorno inhóspito y prácticamente deshabitado.

“Tenemos información de que dos de esos narcosubmarinos partieron y coronaron”, confirma uno de los mayores expertos en la lucha contra el narcotráfico de la Policía Federal de Brasil. La hipótesis que maneja es que su destino era España.

Este agente y el resto de su equipo se incautaron del tercero de los submarinos, ubicado en el citado entorno. “Es una zona de manglares con mareas que alcanzan los 10 metros”, explica. El batiscafo quedó encallado en una de esas mareas mal calculadas por los narcotraficantes.

Los narcosubmarinos tienen su origen en Colombia, en los manglares ubicados en la costa del Pacífico. En esa zona se ubican astilleros clandestinos en los que se construyen los cascos y se ensamblan hasta que parten bordeando la costa en dirección a Centroamérica y, en ocasiones, hasta cerca de México. Ellos son los responsables de la patente del invento criminal y también están detrás de lo que ocurre en la desembocadura del Amazonas.

El modus operandi que se ha podido acreditar indica que los colombianos se desplazan a esa zona transportando todo el material preciso para la construcción de los semisumergibles y su preparación para el viaje hacia Europa. En esa misma zona se han localizado claras evidencias de la presencia de colombianos, que instalan astilleros efímeros y se mueven en busca de clandestinidad. Así comienza la ruta de los narcosubmarinos transoceánicos, una ruta cada vez más recurrente y conocida a este lado del Atlántico. 

Una operación policial conjunta de distintos países ejecutada en su fase final por la Marinha de Portugal ha servido para intervenir el narcosubmarino con mayor cantidad de cocaína localizado hasta la fecha en dirección a la Península Ibérica. Las primeras pesquisas a las que ha tenido acceso en primicia Narcodiario apuntan a un alijo cercano a los 7.000 kilos de droga en altamar, un hallazgo histórico. En España fue la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa (UCO) y el Centro Regional de Análisis e Inteligencia Contra el Narcotráfico (CRAIN) quienes participaron en la acción, que han colaborado con la Polícia Judiciária lusa.

Todo apunta a que el semisumergible pretendía alcanzar un punto cercano a las costas portuguesas, donde debían encontrarle las lanchas rápidas para desembarcar la droga. Se desconoce si los famosos traficantes de las Rías Baixas que ya han mostrado su capacidad para introducir estos alijos sin ser descubiertos en 2023, en Arousa (Pontevedra), y este mismo año 2025, en Corcubión (A Coruña), iban a ser los encargados de llevar la cocaína a tierra, ya sea a través de España o de Portugal, pero ésa es la hipótesis más probable. Es la primera vez que un semisumergible ha sido interceptado en mar abierto.

Cinco personas han sido detenidas en el interior de la embarcación, construida en Colombia. Las investigaciones de Narcodiario apuntan a que los cinco tripulantes –tampoco se habían visto nunca antes tantas personas dentro de un semisumergible, ni en Europa ni en Sudamérica, lo que da cuenta del tamaño de la embarcación apresada– son de nacionalidad colombiana, brasileña, portuguesa y española. Todos han sido conducidos hasta la isla de San Miguel en las Azores. Hace justo un año, una organización liderada por un español afincado en Lisboa fue desmantelada tras perder, según la investigación, una carga similar a la que llegará ahora a la capital lusa.

Respecto al español detenido, es originario de Sevilla, lo que puede ser indicativo de que al menos una parte de la droga iba dirigida a las guarderías que se asientan a orillas del río Guadalquivir recientemente descubiertas. Narcodiario reveló hace algunos meses la presencia de otro sevillano, un vecino de Dos Hermanas, entre la tripulación de un pesquero interceptado con 9.000 kilos de cocaína. Ocurrió en el Atlántico a mediados de enero.

La interceptación del semisumergible se llevó a cabo el pasado jueves, 20 de marzo, a medio camino entre las islas Azores y Canarias, en medio del Atlántico. Según ha informado la Guardia Civil, a unas 500 millas náuticas al sur de las islas Azores y a 680 del suroeste de las Islas Canarias. La droga, los detenidos y el narcosubmarino están siendo remolcados en estos momentos, en una difícil maniobra, pues el hallazgo se produjo a muchas millas de distancia al oeste de la Península Ibérica. Las malas condiciones meteorológicas por culpa de la borrasca Martinho han dificultado la operación. La llegada del narcosubmarino al puerto de Lisboa está prevista para este próximo jueves.

La embarcación, según los datos existentes hasta el momento, había efectuado un recorrido muy similar al del primero de su clase intervenido en Europa, el localizado en Aldán (Pontevedra) en noviembre de 2019. Así, el batiscafo puede haber partido del norte de Brasil, donde recogió la mercancía ilícita. En concreto, de Macapá, la misma zona de la que salió el primer semisumergible capturado. Una opción sería un tránsito por el Amazonas hasta el Atlántico, como ocurrió en 2019, pero ese extremo está aún por confirmar.

La operación policial desarrollada es fruto de la colaboración policial de distintos países, incluidos España, Colombia, Brasil y Portugal, además de las agencias británica (NCA) y estadounidense (DEA), todas ellas presentes en el Centro de Análisis de Operaciones Marítimas sobre Narcotráfico (MAOC-N) con sede en Lisboa. 

Liliana Molina era una estafadora profesional que trabajaba en un locutorio de Tiflis (Georgia). A lo largo de varias semanas de marzo y abril de 2024, pasó horas al teléfono con Mark, un animoso comerciante británico, para convencerle de que hiciera una gran inversión en criptomonedas y acciones con las que, insistía, era imposible perder. “Si haces lo que digo, créeme, vamos a ganar mucho dinero”, le dijo. Finalmente, Mark accedió a enviarle la cantidad que le pedía.

Pero, ¿cómo iba ella a recibir esos fondos? Los bancos comerciales tienen estrictas políticas de detección del fraude y, si Mark se limitaba a transferir el dinero a los estafadores, podía ser rastreado fácilmente. Así, que Liliana abrió Telegram y envió una solicitud al departamento financiero del call-center dedicado a las ciberestafas para el que trabajaba: “Necesito datos de Reino Unido para 7.000 libras [8.311 euros], por favor”, escribió. En cuestión de minutos, recibió una factura por 7.000 libras dirigida a Mark con una cuenta en el banco digital lituano-británico Revolut a nombre de una empresa búlgara. Liliana se la remitió a Mark y éste transfirió el dinero.

Al final, Mark –pidió que se le mencione con un seudónimo, porque no quiere que las personas de su entorno sepan que le estafaron– perdió al menos 25.000 libras –29.791 euros–, y no fue el único. Liliana y sus colegas se embolsaron un total de más de 35 millones de dólares –33 millones de euros– entre 2022 y 2025, según han descubierto OCCRP y 30 medios de comunicación de todo el mundo tras recibir una nueva filtración sin precedentes de documentos y archivos de audio de ese call-center de Georgia. Otra organización similar, pero de mayor tamaño con sedes en Israel y Europa del Este, se hizo con 240 millones de dólares –222 millones de euros– de 32.000 víctimas repartidas en 34 países. Es el proyecto Scam Empire.

Pero, como revelan las interacciones entre Mark y Liliana, llevar a término una estafa requiere ayuda para sacar el dinero de las cuentas bancarias de los clientes –a menudo abiertas en grandes bancos comerciales con controles antifraude– e ingresarlo en las de los estafadores sin ser descubiertos. Los call-centers intentan asegurarse el éxito instando a sus víctimas a abrir cuentas en bancos digitales que creen que serán menos estrictos a la hora de vigilar el fraude. Luego, para recibir los fondos, los estafadores contaban con la asistencia de lo que ellos denominaban internamente “proveedores de servicios de pago”. 

Los proveedores de servicios de pago legales (PSP) son entidades financieras reguladas que ayudan a otras empresas a recibir dinero de sus clientes, proporcionándoles acceso al sistema bancario mundial.

Los documentos filtrados de Scam Empire han puesto al descubierto el lado oscuro de este sector: un enorme y misterioso ecosistema de proveedores no regulados de servicios de pago que ayudan a mover el dinero mediante métodos cuestionables y engañosos. Así funcionaba el sistema:

Los documentos financieros hallados en Scam Empire muestran que varios de estos proveedores de servicios de pago clandestinos fueron utilizados por las dos redes investigadas, la georgiana y la israelí-europea, que los mencionan entre cientos de proveedores –junto con exchanges [plataformas de intercambio] de criptomonedas, empresas de transferencias bancarias y otros– en las hojas de cálculo donde registraban los pagos de las víctimas.

Algunos de estos proveedores parecen estar especializados en determinados países, como los denominados Britain Local, Australia Local y Canada EasyWires. Otros tenían nombres más genéricos, como Anywires y Bankio. Muchos no parecen corresponder a entidades jurídicas reales. Los documentos internos revelan que los proveedores cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio de pago convencional legítimo: PayPal, por ejemplo, cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales.

Además, era frecuente la aparición –y posterior desaparición– de nuevos proveedores que ofrecían a los call-centers material promocional con diversas “soluciones” para transferir dinero. A veces los centros de llamadas recibían avisos de que estaban fuera de servicio.

Kathryn Westmore, que dirige los trabajos del Royal United Services Institute (RUSI) sobre delincuencia financiera, asegura que era habitual ver sistemas de este tipo al servicio de narcotraficantes, pero no tanto en “el mundo del fraude”, y los expertos aún no saben mucho sobre cómo funcionan. Helena Wood, responsable de políticas públicas de Cifas, una organización de prevención del fraude en el Reino Unido, explica a OCCRP que los proveedores de servicios de pago permiten a los estafadores externalizar sus operaciones financieras. “Se trata de un servicio de blanqueo de dinero a todos los efectos”, asegura Wood

Los documentos hallados en la filtración revelan que los estafadores presionaban con frecuencia a las víctimas para que abrieran cuentas bancarias en instituciones financieras específicas, normalmente bancos digitales o entidades de dinero electrónico, supuestamente porque suelen hacer menos preguntas sobre el cumplimiento de la normativa bancaria.

Los estafadores, por ejemplo, decían a las víctimas que no confiaran en los grandes bancos comerciales, ya que intentan evitar que sus clientes se enriquezcan o no son “criptoamigables”. En algunos casos, ese argumento se utilizaba para empujar a las víctimas a abrir cuentas en neobancos, entidades 100% digitales, pero sin licencia bancaria.

Revolut, un banco exclusivamente online, fue con diferencia el más utilizado por las víctimas para transferir fondos al centro de llamadas de Georgia: de las 5.040 transacciones en las que intervino un banco identificado, 598 se realizaron a través de Revolut.

“Como usted sabe, a veces los bancos se quejan cuando estamos recibiendo algunos fondos o cuando estamos invirtiendo en criptomonedas, ¿verdad?”, le dijo un estafador a una potencial víctima. “Así que, va a ser muy útil si consigue instalar Revolut”. Preguntado al respecto por OCCRP, el banco lituano-británico respondió que se toma “increíblemente en serio el fraude y el riesgo en toda la industria de la delincuencia organizada y sofisticada” y que cuenta con “procedimientos robustos para prevenir el uso indebido de Revolut con fines ilícitos”.

Otro estafador indicó a una víctima que escribiera palabra por palabra lo que debía decir a su banco para explicar los pagos a la plataforma de criptomonedas Wirex. “Si quieres, puedes escribir esto en un papel: ‘Utilizo Wirex para viajar. La utilizo desde hace más de cuatro años... Mi hijo o mi familiar me la recomendó porque, cuando viajo al extranjero, Wirex me da una tarjeta que puedo utilizar en otros países y tiene un reintegro muy bueno’. ¿Puedes escribir esta frase?”. Wirex no respondió a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

En el caso de Mark, el estafador le instó a abrir una cuenta en la sucursal digital de Chase en el Reino Unido. “Es mucho más fácil hacerlo con Chase”, le escribió por WhatsApp. También le dio instrucciones precisas sobre lo que debía hacer si Chase cuestionaba la transacción: debía decirle que las 7.000 libras eran para comprar “entradas para ir al teatro”. “Ella estaba literalmente al teléfono diciéndome exactamente lo que tenía que decir a Chase para conseguir que el dinero pasara”, contó Mark más tarde a los periodistas. Chase se ha negado a responder a las preguntas que sobre la cuenta de Mark le ha formulado OCCRP, acogiéndose a cuestiones de privacidad, pero también a contestar a preguntas generales sobre sus procedimientos de compliance.

Una vez que Liliana envió a Mark la factura falsa, éste transfirió los fondos a la cuenta búlgara de Revolut ese mismo día. El banco lituano-británico ha declinado responder a preguntas concretas sobre este caso, amparándose en la confidencialidad de sus clientes y la protección de datos. “Pensándolo ahora, fue una estupidez por mi parte, estaba transfiriendo dinero a cuentas aleatorias”, confiesa.

Mark se había dejado convencer por la versión de la realidad creada por su estafador mostrándole un sitio web falso donde parecía que su dinero estaba siendo bien invertido en lo que Liliana llamaba “beneficios garantizados”: “En la plataforma todo parece real, ¿me entiendes? Estaba ganando mucho dinero”.

Pero, entre bastidores, la factura falsa de 7.000 libras de Mark había sido fabricada por un proveedor de servicios de pago llamado Bankio. Los chats internos hallados en la filtración permiten ver lo que ocurría en la trastienda del call-center:

Todo esto ocurrió en apenas ocho minutos.  

Se trata de un ejemplo típico de cómo funciona el procesamiento de los pagos en los centros de llamadas de Scam Empire. Las capturas de pantalla incluidas en la filtración muestran la constante comunicación que mantienen con un auténtico ejército de gestores, normalmente en canales especiales de Telegram. Tras contactar con un proveedor y darle el nombre y la nacionalidad de una víctima, recibían rápidamente los datos de una cuenta.

También era habitual que surgieran nuevos proveedores de servicios para ofrecer a los centros de atención telefónica material promocional con diversas “soluciones“ para transferir dinero, que luego desaparecían: los centros de atención telefónica recibían a veces avisos de que estaban fuera de servicio. 

Los documentos de la filtración revelan que estos proveedores de servicios de pago cobraban comisiones de entre el 10% y el 17%, bastante más que un servicio legal pero en consonancia con las comisiones típicas del blanqueo de capitales. Por establecer una comparación: PayPal cobra una comisión del 5% por las transferencias internacionales. 

Bankio tiene un sitio web rudimentario, así como documentos de marca que distribuye a los call-centers. Uno de los encontrados en la filtración, que expone su “flujo de trabajo”, promete que, tras la solicitud de asistencia, Bankio preparará una factura, seleccionará el “mejor banco disponible según el importe y el país del cliente”, recibirá el ingreso y, a continuación, enviará el dinero una vez que haya recibido el pago por sus servicios a través de un “informe de liquidación”.

Aunque Bankio tiene su propia marca, no hay ninguna entidad corporativa registrada con ese nombre y los periodistas no pudieron determinar quién está detrás. Pero los documentos de la filtración sugieren claramente que está conectado con un proveedor de servicios similar, Anywires, que también fue utilizado por los estafadores israelí-europeos. Ambos servicios comparten un número de teléfono móvil en el Reino Unido y una dirección en Edimburgo, la capital escocesa. Además, los call-centers facturaron a Bankio para recibir el dinero de víctimas que habían enviado dinero a través de Anywires según sus propios documentos internos.

Entre Bankio y Anywires proporcionaban datos de docenas de empresas fantasma en países europeos como Estonia, Hungría, Bulgaria y el Reino Unido.

Hasta el mes pasado, Anywires tenía un sitio web de aspecto profesional, en el que decía colaborar con Revolut y Wise, entre otros. Revolut contesta a OCCRP que nunca ha contratado a Anywires y que ésta utiliza su logotipo sin permiso. También dice que le envió una carta de cese y desistimiento. Después, el sitio web de Anywires desapareció. Por su parte, Wise declara que nunca ha mantenido relación comercial alguna con Anywires.

El sitio web de Anywires también indicaba una dirección de contacto en los suburbios de Riga, la capital de Letonia, pero sólo conduce a un apartamento en el primer piso de un desgastado bloque de apartamentos de la era soviética. Un periodista de Re:Baltica, medio de comunicación asociado a OCCRP, llamó a la puerta en dos ocasiones, pero nadie respondió.

Los materiales promocionales hallados en la filtración también vinculan a Anywires con una empresa letona ya disuelta registrada anteriormente en esa dirección, SIA VNV Group, que declara oficialmente ser un mayorista de “productos especializados”. El único accionista de VNV Group antes de su liquidación, el estonio Sergei Sidorenko, señaló a Delfi Estonia que nunca había oído hablar de Anywires. Añadió que VNV Group nunca hizo ningún negocio y ni siquiera tenía una cuenta bancaria.

Tampoco hubo respuesta a las preguntas enviadas a una dirección de contacto de Anywires encontrada en los documentos filtrados. Un número de teléfono móvil del Reino Unido anunciado anteriormente tanto por Anywires como por Bankio ya no funciona.

Unos meses antes de que convencieran a Mark para que enviara los ahorros de su vida a Liliana, un cirujano español tomaba una decisión similar 1.000 kilómetros más al sur.

El doctor. M es un destacado cirujano que dirige su propia clínica en Barcelona. A principios de 2023, tras una serie de conversaciones telefónicas, dos estafadores de un call-center ubicado en Sofía (Bulgaria) le convencieron de que se podía hacer una fortuna con inversiones en petróleo y gas. “Tenía allí unos ahorros que estaban sin hacer nada y quería ponerlos a trabajar para ver si podía obtener algún beneficio”, explicó a OCCRP y a infoLibre.

El médico terminó enviando casi un millón de euros a una agencia de valores suiza, fraccionados en pagos más pequeños. O al menos eso es lo que él pensaba. Sin embargo, los documentos internos de los estafadores revelan una realidad distinta: los pagos del doctor M iban directamente a una empresa fantasma, a través de un proveedor de servicios de pago denominado internamente LWires, formado por al menos 13 empresas diferentes, 11 registradas en España y dos en el Reino Unido.

Las empresas de LWires utilizaron 18 cuentas bancarias durante el periodo examinado por OCCRP, cinco de las cuales se abrieron en el Santander y otras cinco en el BBVA. El Santander rechaza comentar casos concretos, pero dice estar “seguro” de haber cumplido con sus “obligaciones como institución financiera responsable”. El BBVA también declina hablar sobre casos específicos, pero pone en valor las “numerosas medidas de control” con que cuenta “para evitar que sus servicios se utilicen en actividades ilícitas”.

Las empresas de LWires movieron más de 4,9 millones de euros de 600 personas que enviaron dinero a la organización israelí-europea en menos de dos años, entre enero de 2023 y noviembre de 2024. Scam Empire contiene extractos de cuentas bancarias de un subconjunto de las empresas de LWires, lo que proporciona una imagen inédita de cómo funcionaba.

Así funcionaba LWires:

Un grupo inicial de siete empresas –seis registradas en España y una en el Reino Unido– recibe dinero directamente de los supuestos inversores a través de transferencias bancarias. Estas empresas suelen enviarse fondos entre ellas, e incluso hacen pequeñas donaciones a organizaciones benéficas, una táctica para parecer menos sospechosas ante las autoridades, pero en general los ingresos de las víctimas fluyen desde ellas hacia un segundo grupo de empresas, la mayoría registradas en el Reino Unido.

De este segundo grupo de empresas, tres firmas londinenses fueron las que más dinero recibieron. Dos de ellas estaban registradas en la oficina de una gestoría en las afueras de Londres, situada encima de un balneario tailandés. Ambas son propiedad de ciudadanos húngaros de la ciudad fronteriza ucraniana de Uzhhorod, que parecen ser testaferros –uno es una peluquera que dice no saber nada de esa empresa británica–. Desde allí, parte del dinero fluye a empresas de Macedonia del Norte, Chipre, Hungría y Bulgaria, que facturaban a las empresas británicas por el trabajo realizado.

Y así funcionó con el dinero del cirujano barcelonés:

1. El doctor M. pensaba que estaba haciendo pagos para invertir a través de Rivobanc, una plataforma de negociación que indicaba una dirección en Suiza. En realidad, es una firma fantasma: ya había sido objeto de varias advertencias oficiales desde abril de 2023, incluida una de las autoridades suizas porque la empresa no estaba debidamente registrada.

2. En octubre de 2023, el médico envió 12.535 euros a una cuenta del Banco Santander perteneciente a una empresa española, Selterico SL.

3. Los estafadores le habían dicho que Selterico SL, cuyo domicilio social debía ser, según el Registro Mercantil, The Shed, un coworking en el barrio de Salamanca, en Madrid, era una sociedad de inversión vinculada a Rivobanc.

4. En realidad, Selterico SL se había creado sólo unos meses antes. Su propietaria nominal era una mujer que parece ser un testaferro.

5. Al día siguiente de que ese dinero llegara a las cuentas de Selterico SL, fue transferido a otra empresa, ésta con sede en el Reino Unido, Greencode Connection Limited.

6. Greencode es propiedad de Mihaly Cserepanya, un húngaro cuya dirección figura en un pueblo de la frontera ucraniana, otro testaferro.

7.  Cada vez que el doctor M enviaba una transferencia de dinero a Selterico, la misma cantidad se enviaba inmediatamente a Greencode.

8.  A mediados de noviembre, 138.000 euros del cirujano habían ido a parar esa empresa británica.

9. En este punto es donde LWires impide seguir el rastro del dinero. Los fondos de otras víctimas de estafas también fluyen hacia Greencode, mezclándose entre sí.

10. ¿Cómo retiraban el dinero los estafadores? Aquí entra el tercer grupo de empresas. Enviaban facturas a las empresas británicas por servicios no muy definidos que supuestamente prestaban: servicios informáticos, cumplimiento normativo y alquiler de oficinas. 

11. Pero no todo el dinero salía de esa manera: los fondos también se enviaban de una empresa de LWires a otra de formas tan complejas que a los periodistas les ha resultado imposible rastrearlos todos hasta un destino final. 

Ésa parece ser la cuestión. Los repetidos intentos de OCCRP para contactar con Selterico SL y Greencode Connection Limited y contactar con sus propietarios sobre el papel han sido infructuosos.

Mientras LWires movía el dinero por todo el mundo a través de múltiples capas de empresas pantalla, otro proveedor de servicios, Britain Local, parece haber conectado a los estafadores directamente con cuentas bancarias británicas a través de al menos cinco ciudadanos o residentes del Reino Unido que actuaban como testaferros. Todos ellos eran dueños de sociedades que tenían cuentas en los principales bancos del Reino Unido, incluidos HSBC y Lloyd's.

Britain Local no tiene presencia en internet, y los periodistas no pudieron determinar si el nombre corresponde a una empresa del mundo real, ni identificar quién controla el sistema. Sin embargo, Britain Local ganaba una comisión del 13% por el dinero que pasaba por el sistema, al menos 650.000 dólares entre septiembre de 2023, cuando parece que empezó a trabajar con la organización israelí-europea, y mayo de 2024.

Los estafadores contactaban con Britain Local a través de Telegram con información sobre su víctima y la cantidad que querían enviar, y se les facilitaban los datos de la cuenta bancaria.  

Nigel Sizer, de 74 años, es propietario de dos empresas registradas en una zona residencial de Nottingham. Sus datos bancarios fueron facilitados a los estafadores en el canal de Telegram de Britain Local. Estas dos sociedades, Penta Pacific Group Limited y NRG Applied Sciences Limited, están registradas como empresas de comercio al por mayor, pero recibieron miles de libras en transferencias electrónicas de las víctimas del call-center, que creían que estaban haciendo inversiones a través de plataformas llamadas Equitiz, Equistak y Saturn4u, según consta en las hojas de cálculo internas y los registros bancarios encontrados en la filtración. Estas tres supuestas plataformas de inversión están ahora sujetas a advertencias emitidas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

Una de las víctimas, una mujer residente en el Reino Unido que perdió alrededor de 250.000 euros con la plataforma Equitiz, relata que le ordenaron enviar 25.000 libras a una de las empresas de Sizer para “desbloquear” su propia cuenta, una táctica frecuente usada por los estafadores. Desesperada por recuperar el dinero que ya había enviado a los estafadores, ella y su marido intentaron pagar estas supuestas tasas de “desbloqueo” en tramos de 5.000 libras. Una vez efectuado el primer ingreso, el banco bloqueó las transferencias posteriores, por lo que su gestor de cuentas senior del call-center le envió por correo electrónico tres facturas que podía utilizar para justificar los pagos, supuestamente por la compra de materiales de construcción. 

Cuando las transferencias no se desbloquearon, se le facilitaron otras cuentas bancarias en las que hacer ingresos, a las que envió otras 22.000 libras en las semanas siguientes. Pero los estafadores nunca liberaron sus fondos, sino que volvieron a ponerse en contacto con ella para pedirle más dinero.  Finalmente, confiesa, no pudo aguantar más. “Ven a sacarme la sangre y véndela, porque es lo único que me queda en el cuerpo. Me lo has quitado todo”, recuerda haberle dicho al estafador. Después denunció los hechos a la policía, pero al poco tiempo recibió una carta en la que ésta le informaba de que no se llevaría a cabo ninguna investigación.

“Sinceramente, espero que esa señora pueda recuperar todos sus fondos, y realmente no creo que nada del dinero de esas facturas llegara realmente a mi cuenta”, respondió Sizer cuando se le preguntó por esta víctima y por lo que había ocurrido con su dinero.

En otro caso, en diciembre de 2023, una víctima que también creía estar invirtiendo a través de Equitiz recibió una factura de la organización israelí-europea con la marca de la empresa de Sizer don de se solicitaba el ingreso de 2.850 libras en la cuenta de HSBC de la empresa de Nigel Sizer, supuestamente por la compra de cátodos de cobre, una materia prima de gran demanda. Un recibo de la transferencia bancaria hallado en la filtración de Scam Empire muestra que la víctima envió fondos a la cuenta de la empresa de Sizer tres días después de la fecha de la factura.

Sizer asegura a OCCRP que no tiene nada que ver con los call-centers de la estafa y que su empresa había participado en un negocio de cobre que finalmente fracasó. También relata que le habían presentado a un ciudadano israelí a quien sólo conocía como John, que le envió los nombres y direcciones de personas que él entendía que eran inversores en la operación. Sizer añade que preparó facturas dirigidas a esas personas y se las envió a John por WhatsApp.

También explica a los periodistas que todas las facturas de su empresa correspondían a inversiones en cátodos de cobre y que las facturas de los materiales de construcción habían sido manipuladas “con el propósito de estafar”. Sin embargo, añade, como había perdido el ordenador portátil donde tenía copias de las facturas, no podía aportar ninguna documentación. Además, asegura que John borró más tarde su chat de WhatsApp. Sizer no aportó ninguna prueba del supuesto acuerdo sobre el cobre. 

Sizer afirma igualmente que HSBC contacó con él en una ocasión para decirle que las personas que habían transferido dinero a su empresa creían que estaban invirtiendo en criptomonedas. Según dice, también se puso en contacto con él la policía, que le informó de que esas personas habían sido estafadas por una empresa que identificó como Saturn 4, probablemente una referencia a la plataforma Saturn4u, que ocupa un lugar destacado en la filtración y es una plataforma señalada por el regulador del Reino Unido.

No está claro si las cuentas asociadas a Sizer utilizadas por Britain Local siguen activas. Según indicó él a los periodistas, la Policía había conseguido una orden judicial para bloquear la cuenta y le había embargado 34.000 libras esterlinas, pero no pudo aportar ninguna prueba. A preguntas de OCCRP, el banco HSBC rehusó entrar en detalle sobre clientes específicos, pero destacó que busca “actividad inusual y toma medidas apropiadas y oportunas cuando las cuentas de los clientes están siendo utilizadas para facilitar delitos financieros“. 

Las empresas de Sizer tenían una cuenta en la entidad británica Banking Circle, que apuntó a OCCRP que las empresas pantalla que recibían fondos de las víctimas no eran clientes directos suyos, sino clientes de sus clientes. Esto es posible gracias a un servicio que ofrecen estos bancos denominado Número Virtual de Cuenta Bancaria Internacional, o VIBAN. LHV, una entidad con sede en Estonia, también asegura que las empresas utilizan sus VIBAN.

Tradicionalmente, los bancos se asocian con los IBAN, que están vinculados a una cuenta específica en cada entidad. Un VIBAN, sin embargo, permite a ciertos clientes –otras entidades financieras o procesadores de pagos– crear una subcuenta conectada a su cuenta principal.

“Un VIBAN reproduce algunas funciones asociadas a una cuenta bancaria estándar”, explica LHV Bank a OCCRP. Eso significa que un cliente del banco estonio “puede asignar a su propio cliente directo un VIBAN [y] se pueden enviar y recibir pagos utilizando el VIBAN”.

Banking Circle sostiene que las cuentas de las empresas pantalla eran VIBAN que “habían sido asignadas” en sus sistemas a un proveedor de servicios de pago. El banco dice que le está prohibido por ley dar el nombre del proveedor de servicios de pago. Tanto Banking Circle como LHV Bnak insisten en que se toman muy en serio su responsabilidad en la lucha contra el fraude y rechazan cualquier sugerencia de que no han actuado con la diligencia debida.

Otro aparente testaferro de Britain Local era Timothy Griffiths, un inglés de 70 años propietario de una empresa llamada Giricon Limited. Él insiste en que no tiene relación alguna con estafas de inversiones, pero un extracto bancario de Giricon de diciembre de 2023 muestra cómo recibió miles de libras de varias personas que creían estar invirtiendo a través de plataformas de trading que ahora están en la lista negra de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido. Poco después de que esos fondos entraran en las cuentas de Giricon, fueron transferidos a otra empresa del Reino Unido también propiedad de Griffiths, tal y como muestran los recibos bancarios hallados en la filtración.

Los registros bancarios obtenidos por OCCRP muestran que durante un periodo de tres meses a finales de 2023 y principios de 2024, Giricon recibió transferencias por valor de más de 162.000 libras de al menos 22 individuos. El dinero se ingresó en las cuentas de Giricon en Lloyd's, Revolut y LHV Bank. Sin embargo, en los documentos contables que envió al Registro Mercantil, Griffiths declaró que la compañía estaba “inactiva” en 2023 y 2024, lo que significa que no tuvo transacciones significativas durante esos años.

El británico explicó a los periodistas que el dinero provenía de inversores inmobiliarios y que no era “consciente de que fueran pagos fraudulentos”. También niega haber hablado con los inversores y rechaza explicar cómo su dinero fue ingresado en las cuentas bancarias de la empresa. No aportó pruebas del supuesto negocio inmobiliario.

Kathryn Westmore, la experta en delitos financieros de RUSI, apunta que los bancos deberían haber marcado como sospechosas las transacciones de importes elevados en las que participaba una empresa supuestamente inactiva. “Yo esperaría que los bancos se hubieran dado cuenta antes de que estas empresas no tienen otro propósito que recibir un montón de fondos sin ninguna prueba de que realmente estuvieran haciendo algo para justificarlo... Una de las cosas que hay que buscar cuando se supervisan las transacciones es cuando se reciben cargos y abonos en rápida sucesión, porque eso sugiere que podría haber blanqueo de dinero”.

Preguntado por este caso, Lloyd’s contesta que no hace comentarios sobre clientes actuales o antiguos. Revolut responde a OCCRP que restringió la cuenta de Giricon e informó de sus sospechas a las autoridades tras identificar “actividad potencialmente fraudulenta” a finales de 2023. “Todas las cuentas se someten a una supervisión continua para detectar actividades inusuales. Nuestros sistemas están diseñados para detectar anomalías y poner en marcha investigaciones según sea necesario”, añade. “Asumimos nuestra responsabilidad de prevenir y detectar delitos financieros y fraudes con la máxima seriedad”, replica por su parte LHV Bank, pero declina hacer comentarios sobre clientes específicos, amparándose en su confidencialidad.

Una de las víctimas que envió dinero a Giricon fue Stuart Daburn, un rico hombre de negocios que vive en una zona rural de Inglaterra. Entre los aproximadamente 32.000 supuestos inversores identificados en Scam Empire, ninguno perdió más dinero que él, que transfirió enormes sumas a los estafadores, tanto en criptomonedas como desde su cuenta en Chase Bank.

A diferencia de muchas víctimas del fraude de estos call-centers, Daburn llevó a sus estafadores a los tribunales. Ante el ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres, acusa a un grupo de empresas –entre ellas una que formaba parte de LWires y dos propiedad de Griffiths–, a carteras de criptomonedas y a “personas desconocidas” de declaración dolosa. No ha querido hablar con OCCRP para este proyecto de investigación, alegando que el caso está sub iudice. Griffiths califica la demanda de Daburn de “montón de basura”, pero el mes pasado, un juez del Tribunal Superior de Justicia condenó a Giricon y a otros acusados, incluida una empresa de Griffiths, a pagar más de cuatro millones de libras a Stuart Daburn.

Para quienes carecen de recursos económicos con los que llevar a los estafadores ante los tribunales, la justicia es aún más esquiva. Mark, que perdió los ahorros de toda su vida por culpa de Liliana, denunció la estafa al servicio especializado en fraudes Action Fraud de la policía británica, pero no le sirvió de nada. Más tarde recuperó parte de su dinero a través de Refundee, una empresa privada que se dedica a cobrar el dinero perdido en fraudes. Mark confiesa que la terrible experiencia le ha dejado muy angustiado y estresado. Ahora está hasta el cuello de deudas. No le ha contado a nadie lo que le ocurrió, salvo a su novia y a otro amigo.

Aun así, se siente feliz recordándose a sí mismo que sus pérdidas podrían haber sido mucho mayores. Pero cuando los periodistas le preguntaron qué les diría a sus estafadores si alguna vez pudiera enfrentarse a ellos, Mark se enfadó. “¿Por qué creen que merecen el derecho a destruir la vida de la gente?”, exige saber.

Los documentos de la filtración muestran que Daburn recibió instrucciones para enviar dinero a una empresa polaca llamada 4Word Solutions Sp.zoo, con el fin de comprar criptodivisas, según un formulario de consentimiento firmado por el propio Daburn. Los registros muestran que hizo tres pagos por un total de más de 62.000 libras a esa empresa.

En 2023, la Policía Nacional española abrió una investigación por fraude sobre 4Word Solutions, tal y como consta en un oficio emitido por la unidad de ciberdelitos de Zaragoza y dirigido a esta empresa. Un ciudadano español había denunciado que le habían estafado, 23.000 euros de acuerdo con los documentos de Scam Empire.

Los chats de la filtración muestran que 4Word Solutions era una de las empresas que los proveedores de pagos ofrecían a los estafadores que buscaban recibir fondos de las víctimas, y que aparentemente operaban con criptodivisas. La primera de estas empresas se llamaba Erith Global y fue creada en Estonia por el israelí Michael Ohayon en 2020, pero cesó en sus operaciones en 2022 después de que ese país báltico endureciera su normativa sobre criptomonedas.

Los documentos de la filtración muestran que Erith fue sustituida por dos firmas lituanas, Mirha Traders UAB e Insights Group UAB. Un documento interno informaba a los estafadores de que las cuentas de Erith habían sido cerradas y les indicaba que utilizaran en su lugar las de una de las empresas lituanas.

En el otoño de 2023, Mirha Traders fue multada por las autoridades lituanas por infringir las leyes contra el blanqueo de capitales, y la operativa parece trasladarse de nuevo, esta vez a Polonia, con 4Word Solutions. Los documentos de la filtración muestran que los estafadores recibieron instrucciones para empezar a dirigir los pagos a esta empresa.

Los documentos filtrados sugieren que Erith y las empresas que la sucedieron movieron importantes sumas de dinero. Una hoja de cálculo con informes financieros indica que la red israelí-europea manejó más de 2,7 millones de euros a través de más de 260 transferencias en 2023, todas etiquetadas como “Erith C2B”. Los pagos se realizaron en dólares estadounidenses y canadienses, euros, libras esterlinas y rands sudafricanos.

Aunque estas empresas parecían ofrecer una vía de acceso al mundo poco regulado de las criptomonedas, también necesitaban cuentas en instituciones financieras para aceptar dinero de víctimas en moneda fiduciaria. Mirha tenía cuentas separadas en el proveedor de pagos británico Clear Junction y en la empresa de dinero electrónico CFS-Zipp para las personas que pagaban en euros. A las víctimas de Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Australia o Latinoamérica, que realizaban transferencias en dólares estadounidenses, se les indicaba que enviaran los pagos a las cuentas de Mirha en Clear Junction o en el Metropolitan Commercial Bank de Nueva York.

A preguntas de OCCRP; Clear Junction contesta que restringió la cuenta de Mirha en 2022 tras recibir quejas, pero rehúsa dar más detalles. Dice que mantiene “un nivel excepcionalmente alto de cumplimiento [de la normativa]” y que trabaja “incansablemente para llevar a cabo controles rigurosos de diligencia debida [y] controles apropiados contra el blanqueo de dinero y KYC [Know Your Client, Conoce a Tu Cliente]”. CFS-Zipp se limita a responder que cumple con “la legislación y la normativa aplicables en materia de detección y notificación de actividades sospechosas”.

Michael Ohayon y Metropolitan Commercial Bank no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por OCCRP. 

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Con información adicional de Greete Palgi (Delfi Estonia), Inese Braže (Re:Baltica), Anastasiia Morozova (VSquare.org / Frontstory.pl), Šarunas Černiauskas (Siena.lt).

Tres años después de las dos grandes operaciones contra la construcción de embarcaciones de alta velocidad para el transporte de estupefacientes, las conocidas como narcolanchas, la Fiscalía de Pontevedra está en condiciones de describir todo el engranaje criminal que dotaba de la infraestructura naval necesaria, antes para el tráfico de hachís y ahora para la mucho más lucrativa cocaína. El esquema delitictivo nacía en el corazón de la comarca de O Salnés (Pontevedra), cruzaba el Miño hasta distintos puntos de Portugal y se ramificaba en los cuatro puntos cardinales de España, desde Salamanca hasta Tarragona, pasando por Toledo, Huelva, Sevilla y Santa Pola (Alicante).

Las dos redes con matriz en Galicia desmanteladas se exponen a penas de prisión que, en conjunto, superan los 110 años. Eso es lo que exige de forma provisional la acusación pública para las 23 personas que serán sometidas a juicio en los próximos meses.

En el caso de la primera de las redes, que cayó fruto del trabajo conjunto de las autoridades españolas –Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera– y las fuerzas de seguridad portuguesas, los investigadores sitúan en la cúpula a personas de la comarca de O Salnés y, en concreto, a Pablo V. El nombre más sonado de entre quienes se sientan en el banquillo no es, sin embargo, el suyo, sino el de Ramón Bugallo, primo del histórico José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Los gallegos son los mayores expertos a la hora de manejar la materia prima con la que se construyen esta clase de embarcaciones, la fibra de vidrio, y se aprovechan de esa circunstancia y de sus contactos en el submundo criminal para mantener una línea de negocio alternativa al narcotráfico puro y duro

La organización disponía de tres localizaciones clave en Galicia: en Castrelo y en A Pedreira, en el municipio pontevedrés de Cambados, y en Sisán, en el de Ribadumia, según explica el fiscal. La más relevante era la primera, pues allí se construían los cascos de las embarcaciones semirrígidas, de unos 12 metros de eslora y con espacio para tres motores –en ocasiones, para cuatro–. Con el trabajo aún por terminar, las narcolanchas eran transportadas a una instalación clandestina en Salamanca que resultó ser un escenario clave: allí se incorporaban los motores, el cableado eléctrico y los sistemas de navegación.

Esta fase final de ensamblaje y pertrecho también se ejecutaba en Viana do Castelo (Portugal). Los gallegos saben bien que con sólo cruzar el río que separa la provincia de Pontevedra de Valença y Monçao, localidades fronterizas, todo cambia: lo que en España está prohibido allí se permite. La mera tenencia de estas embarcaciones es un delito de contrabando al norte de la raia, pero no está penada al aur. Sin embargo, sí se puede atacar, previo pacto con las autoridades portuguesas, el esquema ideado por especialistas en saltar la frontera para delinquir. Y eso es lo que se hizo. 

Desde Salamanca y, en ocasiones, desde Viana do Castelo, las narcolanchas partían en camiones de gran tonelaje hacia distintos puntos del país e incluso del extranjero: llegó a comprobarse el traslado de una de las embarcaciones hasta los Países Bajos.

La segunda red especializada en el negocio que cayó en esa misma época, en 2022, y que será juzgada en breve plazo en Pontevedra tenía una operativa similar. En este caso dos personas afincadas en Barcelona se desplazaban a Galicia para organizar un tejemaneje que comenzaba en una nave del polígono industrial de Cotogrande, a las afueras de Vigo, y que se ramificaba en al menos cinco emplazamientos de Portugal, todos ellos con acceso cercano a un río navegable, el Miño o el Lima, que permitiese pruebas de agua e incluso botaduras. La dinámica criminal, sin embargo, devolvía la lanchas, una vez preparadas, a España.

En Toledo se ubicaba el principal escenario de almacenaje de las embarcaciones que construía la organización, pero fueron halladas planeadoras también en Tarragona –punto de partida de alijos que acaban en España por el Delta del Ebro–, Santa Pola (Alicante), Sevilla y Huelva. Lanchas rápidas de este entramado criminal fueron utilizadas para varios transportes acreditados de droga en distintos puntos, algunos frustrados por las autoridades –en Almería y Huelva– y otros que consiguieron eludir los controles. 

Las penas que solicita la Fiscalía por estos hechos alcanzan los siete años de cárcel en el caso de los presuntos responsables de ambas organizaciones, tres personas en el caso de la red con matriz en Cambados y dos más en la de Vigo. A ello se añaden multas multimillonarias, que parecen más una formalidad que otra cosa. nadie las paga. El resto de los individuos que realizaban diferentes funciones en los entramados, como la mano de obra para trabajar la fibra de vidrio o la conducción de los vehículos para el transporte, así como quienes aportaban las empresas y naves necesarias para el desarrollo del delito, se exponen a posibles condenas que oscilan entre los dos y los cinco años. Salvo un imputado, que añade una acusación por tenencia ilícita de armas y podría ser condenado a siete años de cárcel.

En total, las dos operaciones, bautizadas Munari y Endurance, se saldan con peticiones de penas de prisión para una mayoría de gallegos, pero también para acusados originarios de otros puntos de España y Marruecos. 

En 2025, Galicia sigue siendo centro de producción de esta clase de embarcaciones que se emplean para el transporte masivo de drogas y, en ocasiones, también de personas migrantes, en especial en el sur de España. Sus responsables disponen de la materia prima gracias a la actividad lícita que se lleva a cabo en muchos puntos de la provincia de Pontevedra. Además, tienen acceso a enclaves secretos en los que trabajar la fibra de vidrio para su posterior traslado a Portugal.

Con la misma operativa descrita, los narcos reciben estas lanchas, cada vez más avanzadas y caras, en el sur, en un negocio que puede aportar hasta 200.000 euros por unidad a quienes las construyen, en función de las características de la embarcación. Los motores cuestan entre 30.000 y 50.000 euros cada uno, según sean Honda, Yamaha, Suzuki o Evinrude, los más utilizados por los narcos. Los anclajes, equipos de navegación y acabados añaden unos 15.000 euros más. La mano de obra del constructor gallego y los materiales suponen la parte más variable del presupuesto. En total, restando gastos, las mafias criminales dedicadas al negocio de las narcolanchas se embolsan entre 70.000 y 100.000 euros limpios por cada narcolancha que entregan a sus clientes.

El crimen es ahora tan global como la economía. Bien lo saben los cárteles de la droga, delincuentes arquetípicos del siglo XX, y los ciberestafadores, una nueva generación de bandidos de guante blanquísimo. Desde la pandemia, el fraude online se ha desbocado, advierten las fuerzas de seguridad: internet proporciona a los criminales 2.0 un campo de operaciones planetario y el camuflaje perfecto. La red Sapir, dirigida desde ese edificio del distrito de Tel Aviv y destapada por Scam Empire, es un magnífico ejemplo. Gestionada desde Israel –la tecnología–, y Chipre –la sede financiera–, ha abierto sus centros operativos en países como Bulgaria, Macedonia del Norte y –hasta la guerra– Ucrania, donde los controles administrativos son mínimos y la corrupción política funciona como catalizador del delito. La trama también ha aprovechado la flexible regulación financiera de Lituania y Estonia, hacia donde canalizan el dinero robado a los estafados.

Pues bien, en España la red criminal levantó un sistema único para mover el dinero desde las cuentas bancarias de las víctimas hasta los bolsillos de su secreta cúpula directiva. Las enormes cantidades que manejan cada día cientos de teleoperadores en sus respectivos departamentos lingüísticos no pueden ingresarse directamente en las cuentas de los estafadores, sino que es necesaria una cortina de humo lo bastante densa para dificultar el rastreo, en caso de que las autoridades lleguen siquiera a sospechar del fraude.

Así que en España los estafadores crearon un entramado de 61 empresas fantasma, al menos desde marzo de 2022, que sirvieron para abrir cuentas en los grandes bancos españoles. Banco Santander, BBVA y Sabadell fueron sus favoritos, aunque no los únicos que aparecen en los documentos de la filtración que ha dado lugar a Scam Empire, obtenida por la televisión pública sueca SVT y coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Esas cuentas no sólo les han servido para ingresar el dinero de las víctimas, incluso pagando facturas falsas, también para hacer devoluciones de pequeñas cantidades –no más de 500 euros– a algunas de ellas y hacerles creer que podían retirar sus supuestas ganancias en cualquier momento, e incluso para contratar informáticos ucranianos como controladores de calidad de los sistemas empleados en sus call-centers. Además, las han utilizado para firmar contratos con empresas de marketing afiliado, que proporcionan a la red Sapir falsos anuncios en internet para atraer a sus víctimas.

Según ha podido comprobar Scam Empire, el dinero salió de estas cuentas españolas en dirección a empresas de Reino Unido, Hungría, Estonia, Macedonia del Norte y Bulgaria. Sólo en nueve cuentas del Santander y el Sabadell, entre el 20 de octubre de 2022 y el 10 de mayo de 2024, entraron 1,28 millones de euros. De esa cantidad, casi 1,1 millones salieron rápidamente hacia empresas del Reino Unido en 163.000 transferencias. Otra buena parte del dinero se ha movido en círculos entre las empresas españolas de la red.

Además, para recibir depósitos de sus víctimas, empresas de Sapir ubicadas en Estonia –Asterisk Media OU, Linerum OU–, Lituania –Venidicta SRO–, Hungría –Mediana Group KFT– o Reino Unido –Intellivision Ltd– abrieron sus propias cuentas en Easy Payment and Finance EP, una entidad española de pago autorizada y supervisada por el Banco de España, que ofrece “una plataforma de pagos rápidos y costes bajos”, según puede leerse en su página web. Entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, Easy Payment and Finance procesó un total de 2,4 millones de euros para las empresas de la red de ciberfraude destapada por Scam Empire.

Easy Payment And Finance EP no ha contestado a las preguntas al respecto que le ha enviado OCCRP.

Las entradas y salidas de dinero en las cuentas bancarias de estas empresas han sido numerosas y muy rápidas. Con la información obtenida por Scam Empire resulta imposible calcular la cantidad total que han movido las 61 empresas de la trama criminal en los principales bancos españoles.

Pero, tomando una muestra de seis empresas con cuentas en BBVA, cinco en el Santander y tres en el Sabadell, resulta que las empresas fantasma de la trama de ciberestafas movieron un poco más de dos millones de euros entre septiembre de 2023 y mayo de 2024: ingresaron 2,07 millones de euros y sacaron 2,06, prácticamente la misma cantidad. Aunque ese cálculo sólo es completo y abarca los ocho meses para el Santander: 935.435 euros en depósitos y 931.867 euros en salidas. El BBVA, sólo entre enero y abril de 2024, ingresó 998.329 euros y transfirió 987.057 euros. El Sabadell, entre febrero y mayo de 2024, dio entrada a 142.541 euros y sacó 142.513.

Hay que tener en cuenta que, de las 61 empresas pantalla, 31 tenían cuentas en el BBVA, 20 las abrieron en el Santander y 12 en el Sabadell –algunas tenían cuenta en más de uno de estos bancos–.

Tanto el Banco Santander como el BBVA y el Sabadell se han negado a confirmar a OCCRP siquiera que las empresas sean clientes suyos. Tampoco desvelan si las autoridades les han solicitado datos para alguna investigación policial o judicial, amparándose en razones de confidencialidad. “La normativa bancaria nos obliga a mantener confidencialidad sobre posibles análisis de operaciones sospechosas realizadas, de su comunicación o no a las autoridades, de la recepción o no de requerimientos oficiales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o estamentos judiciales, y sobre si determinadas personas o sociedades son o no clientes de nuestra entidad”, detalla el banco presididio por Josep Oliu. Los tres grandes bancos coinciden en poner de relieve la bondad y cantidad de sus protocolos antiblanqueo y antifraude. “Los aplicamos de forma continuada tanto en la captación de clientes como a lo largo de toda la relación ellos”, asegura el BBVA.

El Sabadell describe su sistema de scoring de riesgo y explica que utiliza “programas informáticos desarrollados en colaboración con una empresa especializada” para detectar “operaciones sospechosas”.

Todas estas empresas figuran en el Registro Mercantil a nombre de ciudadanos extranjeros. Son a la vez administradores y dueños del 100% del capital, siempre la cantidad mínima necesaria para crear una sociedad limitada, 3.000 euros. La mayoría tiene domicilio social en Alicante –donde reside una nutrida comunidad extranjera–, pero también en Madrid y apenas un par de ellas en Barcelona. Las personas al frente de estas sociedades proceden de países del Este de Europa y muchas son mujeres. Las hay húngaras, checas, lituanas, letonas, búlgaras y ucranianas, entre otras nacionalidades. Algunas son holandesas. Y todas parecen testaferros. Scam Empire ha podido acceder a las escrituras públicas autorizadas por los notarios con las que se constituyeron algunas de esas sociedades. Los “empresarios” acudieron acompañados de intérpretes –al ruso, pese a que eran de nacionalidad húngara, checa y búlgara– porque no sabían castellano.

Los nombres de las sociedades resultan a veces de la combinación caprichosa de los nombres de sus creadores: Nagynardo SL (Dora Nagy), Jankausko SL (Alexandra Jankauska), Morlantina SL (Kristina Morlan), Staronela SL (Nela Starova), Novaktrevel SL (Eva Novak), Janahorak Publicidad SL (Jana Horak), Janderico SL (Jan Sbovoda) son sólo algunos de ellos.

Sobre el papel, se trata de agencias de publicidad y de viajes, o consultorías. Pero carecen de plantilla. Es más, ni siquiera tienen oficinas. Al registro facilitan como dirección física la de espacios de coworking o centros de negocios, incluso les basta en algún caso un buzón privado de los que alquila una empresa como Mail Boxes Etc. Según ha podido comprobar infoLibre en los coworkings y centros de negocios donde deberían funcionar las sedes de estas empresas, o nunca han llegado a estar allí o desaparecieron al cabo de un par de meses de haberse registrado. Es el caso de Nagynardo SL, Larta Makota SL, Selterico SL, Ensonia Far SL, Andolantra SL, Pinolitex SL y Velentardo en Madrid, y Centorina Data SL en Barcelona. La Policía ya había acudido a preguntar y solicitar documentación a las sedes declaradas por Nagynardo SL, Ensonia Far SL y Centorina Data SL, según confirmaron los gerentes de esos espacios de trabajo.

Es más, ni siquiera son auténticos los domicilios particulares que los creadores de las empresas facilitaron a los notarios y figuran en las escrituras públicas, como ha comprobado este periódico en las direcciones de Madrid.

OCCRP ha intentado contactar con estas empresas para preguntarles por su actividad; sin embargo, no ha recibido respuesta de ninguna.

Pero sí ha localizado en Sofía a uno de estos empresarios, un ciudadano búlgaro llamado Boris Atanasov Kodzhov, quien aparece en el Registro Mercantil como administrador y socio único de Kodgeria SL, una agencia de publicidad creada el 18 de diciembre de 2023. Su nombre también figura como dueño de varias sociedades de la cibertrama en Sudáfrica, Bulgaria y Rumanía. Kodzhov explica a Bird.bg, socio de OCCRP en Bulgaria, que un hombre que conocía “de ir al pub” en Sofía le ofreció viajar a España para constituir una empresa de marketing digital en Madrid. “Sólo tenía que darle un poder notarial a un abogado, luego él se encargaría de la empresa y a mí me pagarían un tanto por ciento de los beneficios al mes, yo sólo debía registrar la sociedad”, asegura. Esa misma persona le pagó el billete de avión y el hotel en Madrid, además de 50 euros de dieta. Le prometió que recibiría un mínimo de 500 euros al mes a cambio. También le dijo que la empresa iba a publicitar “productos dentales y médicos, que son baratos en Bulgaria y caros en España”.

Ya en Madrid, acudió al notario con un abogado español, que a su vez llevó a una traductora al ruso. Esta explicó a Kodzhov que el documento que debía firmar era un poder “general”. “¿Pero no iba a ser sólo para registrar la sociedad?”, protestó el búlgaro. El abogado le dijo que firmara igualmente: “No significa nada”. “Yo no quería firmar”, se defiende ahora Kodzhov, “aunque también pensé que, ya que había viajado hasta allí y había gastado mi tiempo… así que firmé”.

Pero los 500 euros mensuales prometidos nunca llegaron, lamenta el búlgaro. “Por eso quería ir a España a revocar el poder”, se justifica, “pero no puedo, tengo que cuidar a mi madre, que está enferma”. Cuando le contactó aquel hombre en el pub, recuerda Kodzhov, trabajaba en un servicio de limpieza por 1.500 levas búlgaras al mes –unos 766 euros–. Repite que no sabe nada de la red de ciberestafas de la que forma parte la empresa registrada a su nombre. Y sostiene que una oferta similar –registro a cambio de una cantidad mensual– le llevó a poner a su nombre una empresa sudafricana llamada Matrix Vision, que también pertenece a la cibertrama dirigida desde Israel.

A pesar de la extensión de la red Sapir y de la intensidad del tráfico en las cuentas de estas 61 empresas, los bancos aparentemente no detectaron ninguna anomalía. Según la normativa europea y española, las entidades financieras deben saber quiénes son sus clientes, de dónde procede su dinero y para qué lo utilizan. Pero, además, deben aplicar una vigilancia “reforzada”, hacer comprobaciones adicionales, “si un cliente no reside en España o una empresa parece no tener actividad real”, explica Juan Ignacio Navas Marqués, socio director de Navas & Cusi Abogados, un despacho especializado en derecho bancario y en protección de los clientes de las entidades financieras.

También están obligados los bancos a evaluar cuáles son los factores de riesgo de cada transacción financiera internacional, “independientemente de que el país implicado esté dentro o fuera de la UE”, advierte el abogado. Las transferencias de las empresas pantalla creadas en España se realizaron con otras situadas en países comunitarios y Reino Unido, en su mayor parte. Pero Juan Ignacio Navas sostiene que, incluso en Estados miembros de la UE, ciertas “particularidades” justifican una diligencia reforzada. “Por ejemplo, los países donde es más fácil constituir empresas con estructuras opacas –empresas fantasmas–, zonas con un historial de sociedades ficticias utilizadas para fines ilícitos o zonas que han tenido problemas previos con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo”.

Es el caso de Bulgaria que, aun siendo miembro de la UE, entró en octubre de 2023 en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, creado por el G8, los ocho países más ricos del planeta), advierte por su parte Edo Bakker, consejero delegado de Agile Control Solutions, una consultora experta en gestión de riesgos y en ayudar a las empresas a aplicar controles antiblanqueo. Macedonia del Norte, otro de los países donde Sapir ha instalado sus call-centers, es el 40º país más corrupto de los 180 que integran el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional. En su último informe sobre el país, el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales pidió a Macedonia del Norte que reforzara su lucha contra el blanqueo de capitales, tras calificar de “modestos” sus resultados hasta el momento.

Georgia también figura en la lista de los países que incumplen las normas para combatir el blanqueo de dinero que elabora el Consejo de Europa, junto con otros miembros de la UE como Lituania, Estonia, Hungría, Chipre o la República Checa.

“Aunque un país no aparezca en ninguna lista negra, los bancos tienen tanto el derecho como la obligación de aumentar sus controles si aprecian indicios o patrones que justifiquen medidas más estrictas”, sostiene Juan Ignacio Navas. Así, deben “intensificar la búsqueda de los verdaderos titulares del dinero, especialmente cuando hay empresas con estructuras complejas de por medio”, resalta. Bajando los umbrales de alerta, continúa, deben generar un “análisis manual” para hacer “un seguimiento más exhaustivo”.

Porque los bancos ya cuentan con sistemas automáticos de alerta, que “ayudan”, precisa el abogado, “pero a veces generan tantos avisos que los importantes pueden perderse entre los falsos positivos”.

Eddo Bakker cree, no obstante, que como en España los bancos están obligados a hacer primero una investigación, un informe con fuentes públicas y pedir información al cliente, antes de denunciar posibles irregularidades ante el Sepblac –la autoridad financiera contra el blanqueo–, el trabajo le llega a este órgano “más masticado, con más indicios”, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, donde las entidades financieras deben “comunicar cualquier cosa inusual que detecten, importes inusuales a partir de cierto umbral, por ejemplo”.

En todo caso, Bakker apunta que la obligación legal de los bancos es “prevenir el blanqueo de dinero, no prevenir el delito; en este caso, el fraude”. “Es imposible”, precisa, “que el banco detecte un fraude que afecta a muchas personas con cantidades pequeñas, informan sólo de los casos más graves”.

Otro problema estriba en que, si un cliente está catalogado como de bajo riesgo, “puede ser que el banco no actualice el KYC en tres o cinco años”, advierte el CEO de Agile Control Solutions. El formulario conocido como Know Your Client (Conoce a tu cliente) es obligatorio cuando se abre una cuenta bancaria o se accede a cualquier producto financiero. Pero la normativa de la UE sólo obliga a actualizarlo cada año a las empresas de alto riesgo. Y una empresa de reciente creación siempre tiene más riesgo, aclara Eddo Bakker. “Pero la ley europea no establece cada cuánto tiempo debe actualizarse el KYC de una empresa de riesgo bajo o moderado”, añade, “eso lo decide cada banco”.

Eso sí, Bakker no cree que las entidades financieras españolas sean más laxas en la aplicación de controles antiblanqueo que otros países europeos. “Según la clasificación del GAFI, España es uno de los que tiene calificaciones más altas; su única queja es que hay pocas condenas por blanqueo”, expone.

Mención aparte merecen los organismos supervisores. Tanto el Banco de España como la CNMV aseguran que las estafas bancarias no son de su competencia. De hecho, en la Memoria de Reclamaciones que publica cada año, el supervisor bancario desvía a las víctimas hacia las autoridades de consumo y los tribunales. El Banco de España informa a los ciudadanos de que, “para resolver estas controversias, pueden acudir a las autoridades de consumo o a los tribunales civiles o penales, que son los que, en última instancia, deben establecer los hechos y las consecuencias jurídico-patrimoniales que puedan derivarse para las partes”. A continuación, remite a su Portal del cliente bancario, donde hay un apartado denominado "Protéjase contra el fraude".

Como no es de su competencia, el organismo supervisor rechaza la mayoría de las reclamaciones que les envían los clientes de un banco cuando han sido víctimas de una estafa. En 2023, último año sobre el que ha publicado la memoria, el Banco de España recibió 8.696 reclamaciones de ciudadanos por fraude, el 26,2% del total. De estas 8.696 reclamaciones, rechazó 4.831, es decir, más de la mitad (55,5%). De las 33.191 reclamaciones recibidas en 2023 —de todo tipo, desde hipotecas hasta tarjetas de crédito—, 2.982 fueron reclamaciones por transferencias bancarias, que aumentaron casi un 38% respecto a 2022. De hecho, son el segundo tipo de queja que más creció ese año, y el aumento se debió a “incidencias relacionadas con operaciones de pago presuntamente fraudulentas”, según admite el propio Banco de España.

Por su parte, la CNMV destaca, a preguntas de infoLibre, que su competencia es, por ejemplo, abrir expediente a la red X por difundir publicidad de entidades no autorizadas, los conocidos como chiringuitos financieros, pero no perseguir presuntos delitos. “Somos el supervisor que más chiringuitos detecta, sólo por detrás de nuestros colegas británicos. En 2024 la CNMV publicó 522 advertencias, y los organismos supervisores internacionales, 725 advertencias”, enumera. El regulador reconoce que han aumentado “los casos de fraude financiero por la extensión de las redes sociales y las ofertas fraudulentas de activos como las criptomonedas”, por lo que ha puesto en marcha un Plan de Acción contra el Fraude Financiero, (PAFF), al que se han adherido 21 organizaciones públicas y privadas.

Fuentes del Ministerio de Economía, del que depende el Sepblac, la unidad que lucha contra el blanqueo de capitales, se remiten a la MICA (Markets in Crypto Assets Regulation, por sus siglas en inglés), de la UE cuando se le pregunta por sus actuaciones contra el ciberfraude de inversiones. “Garantiza la protección de los ciudadanos”, resalta. También señala que la normativa de blanqueo de capitales se ha adaptado para “tener en cuenta toda la casuística en torno a los criptoactivos”. Y, finalmente, apunta hacia la CNMV, “que alerta de los fraudes” y hacia la educación financiera de los ciudadanos, de la que se encarga también el Banco de España.

No es extraño, por tanto, que el cliente estafado se sienta muy solo. A Joaquín –nombre supuesto– la cibertrama le robó 125.000 euros en dos meses. Los ahorros de toda su vida, con los que planeaba comprarse una casa. Tiene 30 años. Licenciado en Administración en Empresas y con dos másters, pinchó en un anuncio, publicado en la web del diario Marca, donde Fernando Alonso supuestamente recomendaba una plataforma de inversión basada en un algoritmo. Ni 10 minutos después recibió la primera llamada. Una mujer que decía ser Salomé Vinuez y tenía acento latinoamericano le explicó las lucrativas inversiones que podía hacer a través de Virgobanc, una entidad suiza con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera de la confederación helvética. Empezó comprando acciones de empresas del Íbex 35 y materias primas, que pagó mediante transferencias a una empresa de Sudáfrica –Xago Techonologies Ptyltd– y a un procesador de pagos irlandés –Paysafe Payment Solutions Ltd–. Después pasó a las criptomonedas, de la mano de un asesor financiero llamado Martin Coppola, que hablaba español con acento rumano, asegura Joaquín. Su supervisora era otra latinoamericana, María Avilés.

Hasta aquí una historia muy similar a la que han contado a infoLibre otras víctimas de la cibertrama. Joaquín tenía dos cuentas en el Banco Santander. Desde una de ellas hizo todas las transferencias que le pidieron Coppola y Avilés. Un mes después de darse cuenta de la estafa y negarse a hacer un ingreso más, pese a la insistencia de los timadores, fue el Santander el que le llamó. Para preguntarle por qué había hecho un número inusual de operaciones con cantidades tan elevadas en tan poco tiempo. “Porque me han estafado, les contesté”, relata ahora el joven. Para entonces ya había presentado dos denuncias, una en la Guardia Civil y otra en la Policía Nacional, que envió al banco.

La respuesta del Santander no consistió en interesarse por su cliente, sino en bloquearle la cuenta durante cuatro meses. “Me daban a entender que era sospechoso de blanqueo”, explica muy enojado. “Ni siquiera podía ingresar mi nómina”, añade, “tenía que hacerlo presencialmente en la sucursal”. Mientras, estaba devolviendo un crédito de 20.000 euros que había pedido al banco para seguir invirtiendo en la plataforma de los estafadores. Aún no ha terminado de pagarlo.

Joaquín describe la misma presión implacable ejercida por los teleoperadores que han relatado a OCCRP otras víctimas. “María Avilés era la peor”, recuerda horrorizado. Cuando exponía sus reparos a seguir metiendo dinero, le llamaban “fracasado” y utilizaban el pánico de la víctima a perderlo todo: “Si no inviertas más, no vas a recuperar el dinero”. También le dijeron que tendría que pagar impuestos si se retiraba. Pese a que lo reclamó a las direcciones de correo de Virgobanc y de Xago Techonologies que le facilitaron, los estafadores le siguen llamando a día de hoy. “Te vamos a estar llamando toda la vida”, le amenazaron Coppola y Avilés.

Joaquín, que necesitó ayuda psicológica y confiesa que ha tenido ideas suicidas fruto de la desesperación y la vergüenza –“esto me ha pasado por buscar el camino fácil”, concede–, da por perdido el dinero, pero quiere “averiguar quién está detrás” del engaño. Sabe que no son ni Avilés ni Coppola. “Contigo he ganado 15.000 euros”, le dijo en una de sus llamadas el agente con acento rumano y apellido de cine. Los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire confirman que, al menos con su salario, Coppola no mentía. En febrero de 2024, su nómina fue de 12.461 euros –3.143 de sueldo base y 9.318 de bonus–. La de María Avilés ascendió a 16.985 euros –2.619 de sueldo base y 14.366 de bonus–.

Tras la amarga experiencia, Joaquín dice estar “decepcionado” consigo mismo. Pero no tanto como con el Santander, del que ya no es cliente. Preguntado por las ciberestafas que aprovechan sus cuentas bancarias, el banco de Ana Patricia Botín responde que sus procesos para identificar y prevenir delitos financieros son “amplios y robustos”. “Estamos seguros”, recalca, “de que hemos cumplido plenamente con nuestras obligaciones como institución financiera responsable”. 

Muchas de las empresas fantasma identificadas en la investigación de OCCRP aparecen también en la demanda que 72 víctimas españolas han presentado en la Audiencia Nacional y ya ha sido admitida a trámite. En ella también se menciona a un banco luxemburgués, Banking Circle, que a su vez figura en los documentos de Scam Empire. Sólo esta entidad es responsable de transacciones por importe de 730.000 euros con esos estafados españoles, según la investigación que ha llevado a cabo Reporter.lu, socio de OCCRP en Luxemburgo.

Fundada en Dinamarca, en 2013, como una start-up, Banking Circle se ha hecho un nombre en todo el mundo. Con sucursales en la UE, Liechtenstein, Londres y Singapur, Banking Circle es lo que se conoce como un neobanco –100% digital sin licencia bancaria–. En 2018, fue adquirido por el fondo de inversión sueco EQT. Entonces trasladó su sede a Luxemburgo, donde también la tiene el fondo. En 2024, la CSSF, el supervisor financiero del Gran Ducado, concedió al banco una licencia para “tokens [representación digital de un activo] de dinero electrónico”. Y poco después, el neobanco lanzó su propia criptomoneda, Eurite.

A preguntas de OCCRP, Banking Circle explica que sólo “presta servicios de procesamiento de transacciones para proveedores de servicios de pago y otros bancos, y no tiene clientes particulares”. Además, sus cuentas poseen un IBAN virtual que se utiliza como referencia para que los pagos puedan redirigirse a otra cuenta bancaria física.

Así, Banking Circle no tiene conocimiento de los saldos individuales de los clientes finales: esas cuentas son responsabilidad del proveedor de servicios de pago. Por ese motivo, ya hace tiempo que las autoridades consideran un problema los IBAN virtuales. De hecho, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) advirtió en mayo de 2024 del riesgo de blanqueo de capitales que implican, ya que los clientes finales no son conocidos por los proveedores de servicios financieros y, por tanto, falta información para controlar la cadena de transacciones. Las autoridades financieras luxemburguesas, por ejemplo, dicen desconocer el número de IBAN virtuales en circulación en el Gran Ducado.

En el caso de las víctimas españolas, el control de Banking Circle está bajo cuestión. Según los documentos de Scam Empire, el cliente bancario de las transacciones era Paysafe Payment Solutions Ltd, una entidad de dinero electrónico y proveedor de servicios de criptoactivos supervisada por el Banco de Irlanda. Banking Circle confirma que es su cliente. Con sucursales en todo el mundo, Paysafe Payment Solutions Ltd pertenece a sociedades holding con sede en Londres. En el Registro Mercantil británico, aparece como “persona con control significativo” una sociedad de Bermudas. Sin embargo, Banking Circle niega tener relación alguna con esa firma en el paraíso fiscal caribeño, según ha respondido a preguntas de Reporter.lu.

El caso es que Banking Circle posee una licencia bancaria en Luxemburgo desde 2019. Pese a que el Banco Cenral de Irlanda confirma a Reporter.lu que una entidad sólo puede recibir una licencia si revela quiénes son sus accionistas.

Marcel Deschamps estaba desesperado. Empleado en una fábrica canadiense, llevaba meses acosado por una sucesión de estafadores que se habían ganado su confianza y convencido para que invirtiera grandes sumas de dinero en criptoactivos falsos, pero nunca le dejaron retirar ni un céntimo. Como resultado, apenas le quedaba dinero para comprar comida para su gato ni casi para él. Entonces, la última estafadora que le había contactado, se hacía llamar Mary Roberts y se presentaba como una profesional experta en criptoactivos, volvió a telefonearle.

Marcel ya se había dado cuenta de que ella también le estaba estafando, por lo que amenazó con denunciarla a la policía canadiense. Ella soltó una carcajada. “Eres tan ridículo”, cacareó en un inglés con mucho acento. “Eres tan estúpido. Aunque llames a la policía de Canadá, a la de Quebec, a la de Alberta, a la de Calgary, a la de Ontario o a la de todo el mundo, nunca encontrarás mi verdadero pasaporte. Eres un puto imbécil”.

Mary tenía razón en que sería difícil localizarla: era una profesional. La joven, de 26 años, trabajaba en un centro de llamadas de Tiflis (Georgia), uno de los destapados en Scam Empire. Siguiendo el protocolo, había tomado precauciones para ocultar sus huellas al tratar con Marcel. Las fotografías personales que había compartido con él eran falsas. La imagen del pasaporte que le había enviado era falsa. El nombre Mary Roberts era falso.

Pero ahora, tras una investigación de seis meses sobre la industria de las ciberestafas de inversiones, basada en una extraordinaria filtración de 1,1 terabytes de datos del call-center de Tiflis, OCCRP ha identificado a Mary y a muchos de sus colegas.

Scam Empire es una investigación del consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con la televisión pública sueca SVT y otros 30 medios de comunicación. Basándose en 1,9 terabytes de datos filtrados obtenidos por SVT, los periodistas han puesto al descubierto dos redes con call-centers en Israel, Europa del Este y Georgia, cuyos empleados indujeron al menos a 32.000 personas de todo el mundo a hacer “inversiones” por al menos 275 millones de dólares –265 millones de euros–.

Todos utilizan seudónimos anodinos –entre los compañeros de Mary figuran Anthony Adams, Alexander Richards y Carl Green– y recurren a toda una serie de documentos falsificados para hacerse pasar por asesores financieros británicos, franceses o españoles. Pero entre bastidores, todos ellos son jóvenes georgianos con estudios universitarios, políglotas, con ganas de ascender y sedientos de dinero.

Desde sus discretas oficinas en el centro de Tiflis, este grupo de 85 estafadores y su personal de apoyo ingresaron 35,3 millones de dólares –33 millones de euros– procedentes de más de 6.100 clientes de todo el mundo entre mayo de 2022 y febrero de 2025, según sus propias hojas de cálculo internas, utilizadas para hacer un seguimiento de los fondos recibidos y los gastos de oficina.

Se autodenominaban abiertamente “estafadores” (skameri en georgiano) y publicaban en las redes sociales sus lujosas vacaciones y carísimas compras. Unos meses después de su airado enfrentamiento con Marcel, Mary se fue de vacaciones a una isla griega. Otra skamer de primer nivel llegó a su boda en helicóptero, lo que abrió todo tipo de especulaciones en las redes sociales georgianas. “¿Qué boda millonaria es ésta?”, preguntaba un comentarista.

Pero estas exhibiciones públicas de riqueza fueron también su perdición. OCCRP y sus colaboradores en Georgia, Studio Monitori, iFact y GMC, lograron identificar a los skameri relacionando sus conversaciones entre bastidores –especialmente las referencias a vacaciones, coches y a sus cónyuges– con el contenido que publicaban en internet. Al final, incluso encontraron el verdadero pasaporte de Mary: lo había publicado en Instagram.

Mary Roberts es, en realidad, Mariam Charchian y tiene 26 años. Publicó esta imagen en su Instagram Stories cuando estaba a punto de subir a un avión. Se puede ver su nombre en un billete de avión asomando por su pasaporte.

Los periodistas no sólo han averiguado sus nombres. También han podido echar un vistazo al interior de su organización y escuchar grabaciones de las llamadas telefónicas con las que intentaban sacar a sus clientes todo el dinero que podían, desde Canadá hasta Estonia, desde España hasta Noruega. Además, los periodistas han visto cómo celebraban cada transferencia que hacían sus víctimas, derrochaban en compras caras y se animaban mutuamente a aplicar tácticas cada vez más duras para exprimir a sus clientes y robarles aún más dinero.

En muchos aspectos, se parecen a los jóvenes trabajadores de cualquier empresa tecnológica. El centro de llamadas de Tiflis es como cualquier otra oficina moderna, con paredes de ladrillo visto y decoraciones cromadas. Lo gestiona una compañía llamada AK Group, registrada como empresa de telemarketing y propiedad de Meri Shotadze, una georgiana aparentemente corriente de 36 años.

Los teleoperadores suelen quejarse de su horario y de sus jefes. Reciben evaluaciones detalladas de su rendimiento y se les clasifica en función del volumen de ventas que hacen, con una lista online que registra quién tiene más éxito. Los mejores pueden ganar más de 20.000 dólares al mes y competir por premios como iPhones y BMW.

Pero en ese cuadro se deslizan detalles mucho más inquietantes. Las evaluaciones de rendimiento de los trabajadores se basan en lo bien que mienten. Cuando son reprendidos por sus supervisores, es porque no han acosado a sus clientes con la suficiente agresividad: “Este cliente se ha dado cuenta de que es una estafa. No te vayas hoy sin llamarle. Llama y consigue el dinero”.

Y, en sus conversaciones internas, hay un claro reconocimiento de que están destrozando vidas.

Como la mayoría de los oficinistas jóvenes de hoy en día, los empleados de AK Group mantienen un flujo constante de conversaciones en chats privados mientras trabajan. En grupos de Telegram con nombres como Back Office y AK-ers, intercambian GIF animados de famosos de Hollywood, memes locales y, de vez en cuando, fotos de mujeres con poca ropa. Hablan de lo que van a comer. O se quejan del trabajo.

Emma: Vamos a hacer un descanso a las cuatro, tengo mucha hambre.

Sasha: Tres personas de nuestro equipo se van a tomar un descanso a las cuatro.

Emma: Uhh!

Sasha: ¡Es el destino del estafador!

Emma: ¡Mierda de vida!

Además, celebran las “ventas” con imágenes de champán estallando o copas chocando. También es popular el GIF a cámara lenta de Leonardo DiCaprio aplaudiendo en El lobo de Wall Street.

Y, a veces, se saltan las normas. A pesar de las estrictas instrucciones de referirse a los demás sólo por sus nombres falsos, los estafadores más entusiastas cometen algún desliz de vez en cuando y utilizan los nombres reales de los demás mientras hacen el tonto en internet. “¡Nos van a detener!”, dice uno medio en broma, después de compartir una fotografía suya con dos colegas.

Mary Roberts chatea con los demás, pero es muy prudente. Se abstiene de compartir información sobre su vida y borra los mensajes personales casi tan pronto como los envía. De hecho, su afición a borrar mensajes parece ser una broma de oficina: “¡Mary, no borres esto o te pego!”, la amenazó un colega tras enviarle un GIF de la película Spiderman. Cuando alguien sube la foto de una mujer desnuda en un chat, Mary responde con el emoji del beso: “Espero que esto nunca ocurra en el lugar de trabajo de mi marido”.

En la oficina, su estatus es la de alumna favorita del profesor. No sólo cumple las normas, sino que además, durante muchos meses, fue una de las estrellas del mejor equipo de AK Group, el equipo Koen.

Este grupo, que reunía a siete de los mejores agentes del centro de llamadas, lo dirigía Kseniya Koen, el seudónimo de una muy motivada mujer especializada en el trato con clientes de habla rusa. Koen, o KK, como muchos la llamaban, era una jefa exigente: “Antes de que acabe el mes, tenemos que procesar 30.000 al día. Hasta que no alcancemos los 30.000 diarios, sabed que no saldré de la oficina. Hay siete agentes de ventas de primer nivel dedicados a esta tarea: 30.000 al día no debería ser un problema para vosotros. No repitamos la misma conversación una y otra vez. Presionad a vuestros clientes y conseguid esas ventas. Levantaos, presionad a vuestros clientes, y hacede que fluya el dinero. Si no, tendré que intervenir”·.

Los chats filtrados revelan que Koen imponía normas a otros equipos del centro de llamadas. En una conversación el año pasado, reprendió a un colega llamado Fabio Bravo, que dirigía un grupo de agentes de habla alemana, por no dedicar suficiente tiempo a llamar a clientes.

–“Tus agentes no deberían dedicar menos de cuatro horas a hablar. Controla esto, por favor”.

–¿Cuatro horas?

–Deberían tener un mínimo de tres horas.

–Está bien. Cuatro horas es ridículo. De acuerdo.

–¿Cuántas horas de trabajo tenemos?

–Entiendo que son ocho, pero no me pidas un imposible.... Tú no hablas con alemanes todos los días. Créeme, es imposible.

–Por nueve horas, la empresa paga un sueldo fijo que engloba las llamadas y, además, si el agente tramita algo, cobra una prima. Es así, ¿no? Si un agente se sienta a hablar durante una hora, ¿crees que alguien me dará una palmadita en el hombro y me dirá: “Buen trabajo, Koen. Tus agentes trabajan bien”? ¿De verdad crees que es así?

–Entendido, Koen.

En cambio, Koen tenía debilidad por Mary Roberts, que a menudo encabezaba la clasificación diaria del centro de llamadas.

En febrero de 2024, el equipo Koen tenía la tarea de recaudar 420.000 dólares al mes, y cada agente tenía asignado su propio objetivo personal. El de Mary era uno de los más altos: 80.000 dólares. “Sabes, cuento contigo este mes”, envió Koen un mensaje de texto a Mary entonces, después de comprobar una hoja de cálculo de objetivos de ventas que mostraba que el equipo tenía mucho camino por recorrer. Mary respondió con un gran corazón rojo, como diciendo: “Es cosa mía”.

Scam Empire muestra que los agentes de los centros de llamadas suelen dividirse en dos grandes grupos. Así es también como está organizado AK Group. Un equipo de “conversión” se ocupa de los objetivos justo después de que hayan sido captados por los estafadores al hacer clic en un anuncio. Normalmente se trata de recién contratados que acaban de aprender el arte de la estafa, y prometen pasar al nuevo cliente a un bróker experimentado que le “ayudará” a ganar dinero.

Estos estafadores más veteranos forman parte del equipo de “retención” y se dedican a sacar el máximo dinero posible a los clientes. En “retención”, los subequipos se especializan en zonas geográficas, cada uno con un objetivo de ventas diferente, dependiendo de lo lucrativo que sea el mercado. Cada equipo tiene un jefe y varios agentes, que son los que hacen las llamadas.

En AK Group, hay pequeños equipos de “retención” dedicados a hablantes de alemán, español, ruso y árabe, así como tres equipos distintos de habla inglesa, que suelen ser los que más dinero aportan, según las hojas de cálculo que muestran clientes e ingresos. El año pasado, el servicio de atención telefónica en inglés ganó más de 15,6 millones de dólares –14,4 millones de euros–.

Al contrario que en su lugar de trabajo, la cara que Mary presentaba a sus clientes era emocional, cercana, y exigente. Solía describirse a sí misma como madre soltera con una hija pequeña llamada Alice. A veces tenía que mantener a sus padres ancianos. Otras, era una emigrante polaca en el Reino Unido que se había abierto camino en el mundo de las finanzas a base de coraje y determinación.

También parecía guapa. En sus primeros intercambios, solía buscar una excusa para enviar una fotografía de su supuesto aspecto: una mujer impresionante de piel aceitunada y ojos

verdes. Los periodistas de OCCRP rastrearon la imagen hasta la página de Instagram de una modelo ucraniana. Resultó que Mary tenía una carpeta entera de fotos de esa mujer guardadas en su ordenador del trabajo.

Cuando sus objetivos le respondían, era rápida y pródiga en cumplidos. “Qué guapo eres”, le dijo a uno. “No pareces tener más de 40”, piropeó a otro.

Mary se puso en contacto por primera vez con Marcel, el trabajador canadiense, en febrero del año pasado, el mismo mes en que se le encargó a ella sola recaudar 80.000 dólares. Para entonces, varios estafadores del centro de Tiflis ya habían llamado a Marcel, de 59 años, que vive en la pequeña comunidad rural de Alexandria, a unos 100 kilómetros al este de Ottawa, la capital de Canadá.

Una, que se hacía llamar Veronika Nowak, le había convencido para que hiciera una pequeña inversión a través de una plataforma falsa llamada Golden Currencies. “Está muy interesado y motivado... quiere hacer inversiones para el futuro”, escribió Veronika en una nota interna después de hablar con él. Veronika también anotó que Marcel ya había sido estafado antes, y que estaba teniendo problemas para recuperar los fondos que había perdido, que según dijo ascendían a unos 200.000 dólares canadienses –128.785 euros–.

La siguieron varios colegas más, entre ellos algunos que pretendían representar a Golden Currencies, y otros que decían pertenecer un organismo regulador británico que podía ayudarle a recuperar su dinero. Algo que nunca ocurrió. En lugar de eso, siguieron convenciéndole para que pagara más, si quería ecuperar sus fondos.

Finalmente, Mary se puso en contacto con él. Le dijo que era de Blockchain y que había encontrado sus 200.000 dólares perdidos. También encontró rápidamente una excusa para enviar a Marcel una imagen de la modelo ucraniana. Él compartió un selfie a cambio. “¡¡¡Pareces un adolescente!!!”, exclamó ella. Ese mismo día, Mary tecleó una nota en el programa informático que el centro de llamadas utilizaba para hacer un seguimiento de sus objetivos: “Ya ha empezado a quererme”.

Mary era “simpática, amable”, recuerda Marcel, y tenía todas las respuestas que él buscaba tras haber sido presa de estafas en el pasado. Él era escéptico sobre sus credenciales, pero ella le tranquilizó enviándole una copia escaneada de su pasaporte. Finalmente, le convenció de que, si le enviaba un poco más de dinero, podría ayudarle a desbloquear su criptomonedas perdidas.

“Confié en ella”, admitó más tarde. “Parecía muy convincente. Y me dijo que iba a recuperar mis fondos. O sea, me pedía dinero para liberar los fondos”.

Pero después de enviar unos 3.500 dólares canadienses y de que le pidiera más, se dio cuenta de que le habían estafado de nuevo. Cuando Mary volvió a llamarle, se enfrentó a ella, provocando el enfrentamiento en el que se burló de él diciéndole que nunca lo localizaría. “Me acabas de joder el crédito. No tengo ni un puto dólar para las próximas dos semanas. ¿Cómo coño voy a vivir? Podría suicidarme ahora mismo....”. le espetó Marcel a Mary en esa llamada. “Vale, adelante, suicídate”, le contestó ella. “Puedo timar a quien quiera y no es asunto tuyo, joder. Tu vida está arruinada. Y me alegro mucho, porque eres una persona espantosa”.

Dos meses después de aquella escalofriante conversación, Mary Roberts estaba preparando un viaje a Grecia. Habló de sus planes con otra agente, la misma Veronika Nowak que antes se había puesto en contacto con Marcel.

–Tengo que comprar los billetes a Grecia.

–Creo que ya no vamos a Mykonos.

–Tengo que adelgazar antes, si no, acabaré en un ataúd. No quiero trabajar más.

–No estás gorda. Yo también perderé peso, poco a poco.

–El dinero se me escapa de las manos tan rápidamente…

Mary no se sinceraba con mucha gente en el call-center, pero estaba claro que Veronika y ella eran algo más que compañeras. Hablaban a menudo de trabajo y se quejaban de sus jefes. La mayoría de las veces escribían en georgiano, pero entre ellas a veces añadían palabras en armenio. Y esa relación resultó ser la clave para desentrañar la verdadera identidad de Mary Roberts.

A diferencia de Mary, Veronika no era especialmente cuidadosa a la hora de ocultar su identidad: dejaba pequeñas migas de pan por todos los chats de grupo del centro de llamadas. En uno de ellos, mencionó que tenía 21 años y que había estudiado en Ozurgeti, una ciudad del extremo oeste de Georgia conocida por su producción de té negro. En otra ocasión, a un colega se le escapó que su verdadero apellido era Charchian.

Los periodistas empezaron a rastrear las redes sociales en busca de mujeres con este perfil. Rápidamente encontramos una candidata: Mariam Charchian, una mujer de Ozurgeti aficionada a publicar imágenes suyas con ropa de diseño en las principales ciudades de interés turístico de Europa. Pero su edad no encajaba: era mayor de 21 años. Entonceslos periodistas cayeron en la cuenta de que Mariam tenía una hermana menor, Veriko.

Cuanto más estudiaban sus conversaciones en el trabajo, más claro quedaba que Veronika y Mary no eran sólo colegas, sino hermanas. Eso significaba que la Mariam que habíamos encontrado inicialmente en internet no era otra que la propia Mary Roberts.

Veriko y Mariam, que ahora tienen 22 y 26 años, crecieron en una familia de etnia armenia en Ozurgeti. Sus perfiles en las redes sociales muestran que vivían modestamente hasta hace unos años. Cuando Mariam se anunció para buscar compañera de piso en 2018, compartió fotos de un apartamento escaso.

Pero hace unos dos años las hermanas empezaron a hacer ostentosas demostraciones de riqueza en internet, enseñando joyas caras como pulseras con incrustaciones de diamantes de Cartier y Van Cleef & Arpels.

Veriko celebró su 21º cumpleaños en Dubái y el 22º en París. Mariam suma viajes a Chipre, París, Grecia, Dubái y Milán. “Compras de ensueño, hecho”, publicó en Instagram mostrando la imagen de una caja que contenía una pulsera Cartier de 6.000 euros.

Y los viajes de Veriko encajaban a la perfección con lo que Veronika contaba a sus compañeros ellos. Cuando Veronika mencionaba un próximo viaje a Dubái, Veriko Charchian publicaba en Facebook imágenes suyas en el emirato. Cuando Veronika decía que iba a comprar billetes para volar a Grecia, Veriko Charchian posaba con ropa de diseño en Santorini y Mikonos.

Ni Mariam ni Veriko Charchian han respondido a los correos que OCCRP les ha enviado con preguntas sobre su trabajo en el centro de llamadas o su enriquecimiento.

“No puedo entender por qué alguien puede hacerle eso a alguien”, expuso Marcel Deschamps tras conocer las verdaderas identidades de Mariam y Veronika durante una entrevista con CBC/Radio-Canada en su casa de Ontario el mes pasado. Los periodistas enseñaron a Marcel algunas de las publicaciones en las redes sociales que mostraban a las mujeres viajando por el mundo. “Llevan una vida de lujo”, aseguró con gran pesar. “Y no escatiman nada.... gracia a mi dinero”.

Al igual que los propios estafadores, AK Group ha mantenido un perfil bajo. Desde fuera, es como si el centro de llamadas no existiera. No tiene página web y, aunque está registrada como empresa de telemarketing, no hace publicidad de su trabajo. No hay carteles en el exterior de su oficina principal en la calle Kavtaradze de Tiflis, ni de una oficina auxiliar que tiene en la calle Shartava.

Y estas direcciones no tienen ningún vínculo oficial con la empresa. En su lugar, ambas oficinas son alquiladas en su nombre por otras empresas propiedad de testaferros: un desplazado interno de la región separatista de Abjasia y su anciana suegra. Estas empresas también pagan las facturas de internet.

Las dos oficinas principales de AK Group en Tiflis están alquiladas por empresas propiedad de personas que parecen ser testaferros: uno es un desplazado interno de Abjasia, una empobrecida región secesionista que ha sido escenario de estallidos periódicos de violencia desde la caída de la Unión Soviética y ha sido ocupada por Rusia.

Este hombre, Zaza Izoria, ni siquiera tiene casa: su domicilio es un centro de acogida para desplazados internos en Zugdidi, una ciudad a cuatro horas al oeste de Tiflis. La empresa que alquila la oficina de la calle Kavtaradze, Za Traiding, también está registrada en este centro de acogida.

Izoria, que no respondió a los correos enviados por OCCRP, estaba en nómina de AK Group, del que recibió entre 400 y 800 dólares al mes desde 2023 hasta principios de este año, a pesar de que su empresa pagaba más de 20.000 dólares al mes por el espacio de oficinas de la empresa, según las facturas de la filtración.

Otra sucursal de AK Group opera en otro lugar de Tiflis, en la calle Shartava. El alquiler lo paga una empresa completamente distinta, propiedad de la suegra de Izoria, de 71 años, que también vive en Zugdidi y no tiene otros intereses comerciales ni propiedades.

Después de que las facturas ayudaran a los periodistas a localizar las oficinas del centro de llamadas, un documento inesperado, encontrado en la filtración, ayudó a descubrir el nombre de la empresa que lo gestionaba: una carta de recomendación en la que se elogiaba el rendimiento de un empleado en AK Group. A pesar de haber tenido tanto cuidado en pasar inadvertido, AK Group había cometido un grave descuido: una empresa de fotografía que había utilizado en su fiesta de fin de año de 2023 colgó automáticamente todas las imágenes en internet, en forma de llamativos GIF animados.

Estas fotografías en movimiento fueron una mina de oro para los periodistas, ya que proporcionaron las pruebas definitivas que necesitaban para confirmar las identidades reales de otra docena de georgianos que trabajaban en el call-center, además del nombre del propio centro.

Los GIF animados muestran las luces rosas que iluminan el salón de baile de un hotel mientras los empleados, engalanados con diamantes y lentejuelas, posan para las fotos agarrados a botellas de whisky. Detrás de ellos, la imagen ondulante de un logotipo corporativo gigante se proyecta en una pantalla: “AK Group”, se lee.

Uno de los empleados es Meri Shotadze, de 36 años, que aparece contoneándose con un vestido de encaje negro en muchos de los GIF. Aunque los periodistas ya sabían que Shotadze figuraba como propietaria de AK Group en el Registro Mercantil de Georgia, verla riéndose y abrazando al personal de la empresa en una imagen tras otra dejaba claro que también estaba involucrada en la vida del propio centro de llamadas.

Posando junto a Shotadze en los GIF aparece Akaki Kevkhishvili, de 33 años, que no figura en ninguno de los papeles del call-center pero que, cada vez estaba más claro, dirigía la organización entre bastidores. Incluso parece haber prestado sus iniciales dar nombre a la empresa.

Los chats internos revelan que es Kevkhishvili quien decide los salarios de los trabajadores y sus ascensos. Los teleoperadores le llaman “jefe”. En los grupos de Telegram de la empresa, siempre utiliza la misma foto de perfil: un león con corona. También es quien mueve el dinero de las cuentas de AK Group. Según las hojas de cálculo financieras internas, que desvelan que retiró más de 130.000 dólares de febrero a mayo de 2024. Además, tiene un servicio de seguridad privada pagado por la empresa, según consta en las cuentas.

En la actualidad, Kevkhishvili conduce un flamante Range Rover y ha publicado imágenes en sus redes sociales al volante de un Rolls-Royce y un Lamborghini.

Pero, al igual que las hermanas Charchian, la riqueza de Kevkhishvili parece ser sólo de fechas recientes. En los registros no constan a su nombre ninguna propiedad, terreno o negocio sustancial en Georgia hasta 2024, cuando compró acciones en dos empresas, una que fabrica muebles y otra que comercia con frutos secos. Los miembros de su familia tampoco tenían propiedades ni negocios hasta hace poco.

En pocos meses, la madre de Kevkhishvili, Mzevinar Kurtanidze, de 56 años, pagó más de 740.000 dólares por una casa de nueva construcción y un apartamento en Tiflis. Los periodistas no han encontrado ningún negocio o terreno de su propiedad que explique el origen de los fondos. En uno de los documentos de la compra, Kurtanidze también indicaba la dirección de correo electrónico de su hijo como información de contacto.

En sus publicaciones más antiguas en las redes sociales, Kevkhishvili aparece posando con armas de fuego y luciendo tatuajes de estrellas de ocho puntas en las rodillas, un símbolo del submundo criminal postsoviético.

Si Kevkhishvili es el rey de AK Group, Shotadze es la reina. En su cuenta de Telegram también aparece la imagen de una corona, y los periodistas han descubierto que es una persona cercana a Kevkhishvili.

Fuera del call-center, es su socia en la empresa de muebles de la que es copropietario. También es la dueña registrada de un Range Rover con una matrícula personalizada con las iniciales de Kevkhishvili, que los periodistas vieron aparcado frente a su casa en varias ocasiones. Su propio coche, un Toyota más modesto, tiene una matrícula personalizada que sugiere su identidad dentro del centro de llamadas: CO777EN.

Resulta que era Shotadze la que se ocultaba tras el seudónimo Kseniya Koen, la mujer que presionaba a los empleados del centro de llamadas a trabajar más horas y presionar más a sus clientes. Los chats internos dejan claro que, además de hacer cumplir las normas, Shotadze ayudaba a Kevkhishvili a gestionar el call-center, actuando como colchón entre él y su joven plantilla, a veces protestones. “Kaki es nuestro jefe. A veces discute con nosotros, a veces es muy amable, [pero] quiere a su equipo”, aseguró a una empleada que se había enfadado tras recibir una reprimenda.

No está claro si Shotadze y Kevkhishvili son las únicas personas que se lucran gracias a AK Group o si hay otras figuras que les respaldan. Ninguno de los dos ha respondido a las solicitudes de comentarios que les ha enviado OCCRP. Cuando los periodistas intentaron entrevistarse con Kevkhishvili en su domicilio, los guardias de seguridad les echaron.

Tras recibir preguntas de los periodistas, la Fiscalía georgiana asegura que está investigando a AK Group. “En caso de detectar cualquier actividad delictiva, responderá de acuerdo con la legislación georgiana”, indicó la acusación pública en un breve comunicado.

Hasta hace unas semanas, los skameri de AK Group seguían disfrutando de la buena vida. Su fiesta de Nochevieja para celebrar la llegada de 2025 fue aún más extravagante que la del año anterior: costó 107.000 dólares, según sus propios registros internos. Contó con dos celebridades georgianas de renombre como presentadores y con un elaborado espectáculo de cabaret con bailarinas ataviadas con tocados brillantes y máscaras que se contorsionaban en el escenario y se descolgaban del techo. Al final de la noche, se sirvió una enorme tarta envuelta en oro y coronada con un diamante de azúcar hilado y las letras AK fundidas en chocolate.

Además, seguían con sus estafas. Mary Roberts robó 31.000 dólares a unas víctimas ancianas a principios de febrero, según los registros internos del call-center, mientras que su colega Alex Davis convenció a un canadiense de 78 años para que le enviara más de 50.000 dólares.

Pero el pasado 15 de febrero, OCCRP y sus socios solicitaron por correo electrónico a AK Group, Kevkhishvili, Shotadze y otras figuras relacionadas con el centro de llamadas sus comentarios sobre la investigación que habían llevado a cabo.

OCCRP no ha recibido aún respuesta de ninguno de ellos, pero casi inmediatamente después de enviar las preguntas, empezaron a desaparecer de internet pistas sobre su identidad. Meri Shotadze borró rápidamente una imagen suya con un reloj Rolex por el que los periodistas le habían preguntado por correo electrónico. Pocos días después, desactivó por completo su cuenta de Telegram.

Los días 24 y 25 de febrero Shotadze vendió dos apartamentos de su propiedad en Tiflis. También se deshizo de su matrícula CO777EN, según los registros oficiales de Georgia, lo que sugiere que pudo haber vendido también su coche.

Lana Vakhtangadze, también conocida como Lana Lehmans, la agente que había llegado a su boda en helicóptero, cerró su cuenta de Facebook. Lo mismo hizo Takhir Sultanovi, alias Barry Anderson, que el año pasado sustituyó a Shotadze al frente del equipo de “retención” del centro. El guardaespaldas de Kevkhishvili borró de su cuenta de Facebook imágenes en las que aparecía su jefe.

En cuanto a Mariam Charchian, Marcel pudo llamarla y enfrentarse a ella un día de mediados de febrero. Le preguntó si sus familiares sabían a qué se dedicaba y le recordó su nombre. “¿Marcel? No, no me acuerdo de ti”, respondió ella. “¿Eres Mariam Charchian? ¿O eres Mary Roberts?”, le preguntó. Ella colgó. Aun así, consiguió lo que esperaba: la sensación de que, por una vez, tenía ventaja sobre la estafadora.

“Me siento muy bien”, confesó a los periodistas, mientras se relajaba en la cocina después de la llamada. “Soy un blando y no guardo rencor a nadie, pero... lo que me hizo a mí, sé que se lo está haciendo a todo el mundo. Espero que pare pronto”. “Es divertido estar al otro lado de la mesa por una vez”, concluyó.

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Con la colaboración de CBC/Radio-Canada 

Martes, día de pago. Ben –un alias– entró en un chat de la aplicación de mensajería encriptada Telegram y recordó al grupo de comerciales a los que ayudaba a supervisar que reclamaran sus ganancias. “Compartid la factura, por favor”, escribió en un chat. “Por favor, hacedlo lo más rápido posible”, escribió luego en otro. “Necesitamos enviaros dinero”.

Mientras llegaban las facturas, Ben subió a Telegram un gif de Robin Hood, la película de dibujos animados de Disney de los años 70, en el que aparece el personaje, vestido de mendigo, pidiendo unas monedas. Las facturas correspondían a clientes potenciales que los comerciales habían proporcionado a Ben y sus colegas. “Leads” es un término que se refiere a clientes potenciales, pero en este caso era mucho más siniestro: se trataba de víctimas potenciales.

Ben y sus colegas trabajaban para un grupo de call-centers que dedicados a las estafas. Los teleoperadores empleados en esos centros de llamadas engañaban a sus víctimas asegurándoles que obtendrían grandes beneficios invirtiendo en criptodivisas u otros productos financieros de sus plataformas. Pero se trataba de una cortina de humo: en realidad, su dinero sencillamente desaperecía.

Una filtración sin precedentes desde el corazón de esta despiadada industria del fraude de inversiones ha puesto al descubierto la existencia de un ecosistema de empresas de marketing que facilitan datos de contacto a los estafadores a cambio de lucrativas comisiones. Obtenida por la televisión pública sueca SVT y compartida con el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, y con otros 30 medios de comunicación internacionales, la filtración que constituye la base de la investigación Scam Empire revela el funcionamiento interno de dos grupos de call-centers, uno en Georgia, y otro mucho mayor en Israel y Europa, con al menos siete oficinas en Bulgaria, Chipre, Ucrania y España.

Los documentos filtrados revelan que las personas que proporcionaban pistas a esta industria, conocida como marketing afiliado o marketing de afiliación, estaban muy bien pagadas. Por lo general, estos profesionales del marketing afiliado son terceros contratados para promocionar los servicios de otros y a los que se paga una comisión. Igual ocurre con quienes proporcionan clientes potenciales a las redes de ciberfraudes: cada cliente potencial que hace un depósito con los estafadores vale entre 200 y 2.350 dólares –entre 185 y 2.180 euros– para el comercial, dependiendo del país del que proceda el posible inversor. Las víctimas de países más ricos, como Países Bajos, Suecia o Bélgica, valen más dinero.

En los siete primeros meses de 2024, los profesionales del marketing afiliado que trabajaban con la organización de Ben, una red dirigida desde Israel y Chipre, cobraron al menos 7,3 millones de dólares –6,8 millones de euros– por clientes potenciales, según muestran los documentos filtrados de la organización israelí-europea. En el mismo periodo de 2023, ganaron más de 10,3 millones de dólares –9,6 millones de euros–.

Muchos de los detalles sobre estos comerciales proceden de esta red israelí-europea, porque la filtración contenía cientos de miles de documentos relacionados con el trabajo de su personal administrativo, como Ben. Esos archivos desvelan cómo el propio Ben y el resto de los directores de marketing reclutaba y supervisaba las actividades de los vendedores afiliados. Este equipo firmaba contratos de redacción bastante vaga con los comerciales y mantenía sus propios registros financieros, haciendo un seguimiento de los clientes potenciales y organizando sus pagos semanales, que siempre se hacían en criptomoneda.

No está claro el número exacto de empresas de marketing que colaboraban con esta red de ciberestafas: aunque en los documentos filtrados aparecen más de 300 nombres, a menudo una misma empresa de marketing facturaba bajo varias marcas diferentes. Para complicar aún más las cosas, la red utilizaba nombres en clave para algunas de estas empresas.

Pero los periodistas pudieron utilizar los documentos filtrados para conectar a varias víctimas de estafas, algunas de las cuales perdieron los ahorros de toda su vida, con las empresas que habían cobrado por recopilar sus datos de contacto.

Las tácticas de estas empresas para captar a víctimas potenciales seguían un patrón muy similar:  Anuncios de falsos planes de inversión para hacerse rico rápidamente, colocados en los principales sitios web y plataformas de redes sociales, atraían a las víctimas a páginas de registro donde se ofrecían productos de inversión complejos. Una de sus estrategias favoritas eran noticias falsas que ofrecían el supuesto apoyo de celebridades. Si el potencial inversor se registraba, sus datos se enviaban a los estafadores.

En los documentos filtrados no siempre queda claro quién es el responsable de crear los anuncios de las marcas falsas, pero en los acuerdos publicitarios tradicionales los afiliados son los responsables de crear, colocar y promocionar los anuncios, así como las páginas de destino a las que estos anuncios redirigen a las personas.

Tampoco está claro hasta qué punto las empresas de marketing de afiliado son conscientes de que están prestando servicios a estafadores, pero las señales de alarma sobre estas organizaciones eran múltiples, incluido el uso de afirmaciones falsas o el respaldo no autorizado de celebridades, y el hecho de que las marcas y productos que aparecían en los anuncios no coincidían con las marcas de las plataformas de inversión reales ofrecidas por los estafadores: la mayoría de ellas carecían de licencia y estaban señaladas por los reguladores financieros de todo el mundo.

Nino Goldbeck, fiscal superior del estado alemán de Baviera especializado en ciberdelincuencia, afirma que el suministro diario de nuevos clientes potenciales es crucial para los estafadores. “Todas estas redes de delincuentes dependen del suministro constante de nuevos datos de clientes potenciales que se les transmiten”, explica. “Y toda la maquinaria de marketing online, que por supuesto funciona de la misma manera en ámbitos de reputación intachable, también es de gran importancia en este ámbito ilegal”.

Ben fue bien recompensado por su trabajo, ganó casi 85.000 euros sólo en primas en los 12 meses que van de marzo de 2023 a febrero de 2024. Su bonus se calculaba en función del número de clientes potenciales, entregados por los vendedores afiliados que supervisaba, que hacían un depósito a los estafadores.

Todo el equipo, incluido Ben, utilizaba alias en sus conversaciones en Telegram, y los periodistas no pudieron averiguar su identidad real. En los chats de Telegram, los miembros del equipo hablan en hebreo e inglés, lo que sugiere que pueden ser de Israel o tener su base en ese país.

El equipo de Ben estaba dirigido por un hombre que utilizaba el alias James Collins, cuyo nombre figura en contratos firmados en nombre de EM Develop. Operando bajo la marca Opulent Allies, parece ser la división de marketing de la red de estafas. La empresa tiene una dirección ucraniana, y en sus registros figura como propietaria Daryna Reznik. Cuando los periodistas se pusieron en contacto con ella, un vecino dijo que Reznik había fallecido.

Mientras Ben permanece oculto tras su alias, los periodistas encontraron pistas que sugieren que la verdadera identidad de James Collins es Ronen Kapeika: en una tabla titulada Datos de los empleados, James Collins aparece como el apodo de un hombre llamado Ronen. Y en una conversación de Telegram, cuando un empleado de marketing parece pedir a James Collins que aprobara el envío de “10k”, el mensaje “Aprobado” procede de otro mensaje enviado por un usuario llamado Ronen.

El nombre completo de Kapeika también aparece, en hebreo, en una hoja de cálculo interna, junto a la palabra “sede”, y en un registro de prestaciones de los empleados. Según su perfil de LinkedIn Kapeika trabajó anteriormente como gestor de afiliados en ROICollective, una de las empresas de marketing que también ha trabajado para la red de call-centers.

Ni Kapeika ni ROICollective no respondieron a la solicitud de comentarios que le ha enviado OCCRP.

En total, los periodistas han contactado con 182 personas que fueron objetivo de los centros de llamadas israelí-europeos y georgiano, tras utilizar la información contenida en la filtración para localizarlas. Más del 90%, 166, confirmaron que habían sido estafadas. Sus pérdidas totales también confirmadas superaron los 21 millones de dólares –19,5 millones de euros–, y 85 informaron a los periodistas de que habían acudido a la policía.

Una de ellas es una arquitecta de Sevilla, que pidió ser identificada únicamente por sus iniciales, I.G.P. Estaba navegando por internet cuando se topó con un anuncio que prometía grandes beneficios con inversiones modestas. La oportunidad parecía estar respaldada por el presentador Pablo Motos, pero en realidad se había utilizado su imagen sin su conocimiento ni permiso. El truco funcionó e I.G.P. decidió dar el paso.

“Hice clic en el enlace e introduje mis datos, correo electrónico y número de teléfono, e inmediatamente, a los tres segundos, me llamaron”, contó a infoLibre. La persona que la llamó, dijo ser Álvaro Enrique Álvarez y la animó a hacer un primer depósito de 250 euros. Como parecía que ganaba dinero, aumentó su inversión. Pero con el tiempo, Álvarez –otro alias– se volvió evasivo cuando se le pidieron las credenciales de su empresa y otros documentos, según explica ella, que no tardó mucho más en darse cuenta de que la habían estafado. Perdió 400.000 euros en un par de meses.

Los documentos filtrados revelan que los datos de I.G.P. fueron recogidos por una empresa de marketing llamada Zeus Media, que los pasó a la organización israelí-europea. Sus agentes hicieron el resto.

OCCRP ha preguntado a Pablo Motos por el uso de su imagen en estos anuncios, pero no ha obtenido una respuesta. El presentador ya había denunciado hechos parecidos en el pasado.

Según los registros contables de la filtración, Zeus Media recibió 1.100 dólares –1.020 euros– por los datos de I.G.P.

Esta empresa es un ejemplo típico de la escurridiza naturaleza de muchos de las firmas de marketing afiliado que aparecen en la filtración: su trabajo lo llevan a cabo personas ocultas tras nombres de usuario de Telegram, alias en internet y empresas fantasma.

Zeus Media no es una empresa propiamente dicha, sino un nombre comercial o marca de una empresa llamada Sierra Media Ltd, con sede en Sofía, la capital búlgara, que también explota al menos otras dos marcas, Gladio y KOI Ads, cuyos nombres aparecen en las facturas de la filtración.

El contrato de Sierra Media, hallado en la filtración, describe vagamente los servicios que presta. La empresa lleva a cabo “campañas de marketing...[y] recopila y procesa información estadística y de marketing a través de la promoción de productos”. El contrato también dice que se pagará a Sierra Media previa presentación de una factura que describa los “servicios prestados”. Muchos de los contratos de marketing encontrados en la filtración son aún más vagos en su redacción, limitando a veces las descripciones a la prestación de unos genéricos “servicios”.

Varias empresas de marketing afiliado mencionadas en la filtración tienen su sede en jurisdicciones como Hong Kong, Chipre o Singapur, lo que dificulta la identificación de las personas reales que están detrás de ellas. Pero en el caso de Sierra Media, los periodistas descubrieron que es propiedad, al menos sobre el papel, del gerente de una empresa israelí con sede en Bulgaria.

El contrato de Sierra Media con la división de marketing de los estafadores, EM Develop, fue firmado por Moti Yeruham, cuyo nombre aparece como Mordehay Moti Yeruham en el registro mercantil búlgaro de Sierra Media. Y un Mordehay Yerucham figura como administrador principal de otra empresa con sede en Sofía llamada Calista Services, que ayuda a sus clientes “a construir call-centers de ventas en Bulgaria”, según anuncia en su sitio web.

Yerucham no ha respondido a la solicitud de comentarios que le envió OCCRP.

Sierra Media era una empresa de marketing afiliado relativamente activa, según los datos financieros de la filtración. En los nueve primeros meses de 2023, recibió más de 260.000 dólares, según revela un informe interno de gastos. Pero esa cifra se queda pequeña comparada con la de una empresa llamada CRYP, que fue la que más dinero ganó –casi 850.000 dólares– durante ese mismo periodo de tiempo.

Ni Sierra Media ni CRYP han respondido a las preguntas que les envió OCCRP.

Muchas víctimas quedaron atrapadas tras hacer clic en anuncios que hacían un uso no autorizado de imágenes de famosos para dar un falso aval a plataformas de inversión igualmente falsas. Estos anuncios usan famosos que parecen dirigidos a países concretos. En el caso de la arquitecta sevillana fue Pablo Motos. En el caso del científico finlandés jubilado Helmer Södergård, se utilizó a la ex primera ministra de su país Sanna Marin y el expresidente Sauli Niinistö. Södergård contó a los periodistas que clicó en el anuncio de un plan de inversión falso después de ver imágenes de los dos políticos que parecían respaldarlo. “Todo mi mundo se derrumbó”, declaró el finlandés, de 72 años, en una entrevista a la televisión finlandesa Yle. La estafa vació sus cuentas bancarias, privándole de unos ahorros que pretendía compartir con sus seis hijos adultos.

Södergård cayó en una profunda depresión, era incapaz de comer o cuidar de sí mismo, pero ahora se está recuperando con la ayuda de su familia. Denunció el caso a la policía finlandesa, pero ésta abandonó la investigación alegando que las técnicas empleadas en este tipo de delitos hacían “muy improbable que se pudiera encontrar la identidad del delincuente”.

Por su parte, la ex primera ministra finlandesa Marin aseguró a OCCRP que no respaldaba ninguna plataforma de inversión, que no había autorizado el uso de su imagen en el anuncio y que no había tenido conocimiento de su existencia. Según indicó la secretaria del expresidente finlandés Niinistö, éste desconocía casos en los que su imagen hubiera sido “utilizada ilegalmente”, pero que los habían denunciado a las plataformas implicadas. “Este tipo de fraudes son difíciles de rastrear”, añadió.

Las grabaciones de llamadas telefónicas entre las víctimas y los agentes del centro de llamadas, los chats y otros documentos de la filtración muestran que el falso apoyo de Elon Musk parece ser también una herramienta especialmente popular para captar a víctimas potenciales. Una grabación revela que un inversor le dijo al teleoperador que había clicado en un supuesto anuncio respaldado por Musk en Facebook “de algo llamado Quantum AI”. “Eso es de lo que quiero formar parte... lo del algoritmo cuántico que Elon Musk ha anunciado en Facebook y YouTube”, explica una víctima en otra conversación grabada por los estafadores.

Según un comunicado de prensa de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de Hong Kong del pasado mes de mayo, la imagen de Elon Musk se utiliza a menudo de forma indebida para promocionar plataformas de negociación con la marca Quantum AI, mediante anuncios que utilizan vídeos y fotos deepfake de Musk generados por inteligencia artificial en páginas web y redes sociales.

Los anuncios de Quantum AI suelen hacer afirmaciones falsas sobre el uso de la informática cuántica y el software basado en inteligencia artificial para que los inversores obtengan mejores resultados. Según los documentos internos de la filtración, Gladio, una de las marcas de Sierra Media Ltd, promocionó Quantum AI incluso después de que fuera ampliamente desacreditada y de que los reguladores de varios países emitieran advertencias ya en 2021, entre ellos Nueva Zelanda, Canadá, Hong Kong y España.

Hay muchas versiones diferentes de las plataformas online de Quantum AI, y muchas empresas de marketing y estafadores diferentes vinculados a ella, aunque no está claro si las están conectadas o coordinadas de forma centralizada.

También se han utilizado imágenes de otros famosos para intentar captar víctimas, a veces en noticias falsas poco creíbles. Un artículo inventado, encontrado entre los documentos de Scam Empire, simulaba proceder de una cadena de televisión canadiense y afirmaba falsamente que la actriz Sandra Oh –Anatomía de Grey, Entre copas– había revelado “detalles de una plataforma secreta con ánimo de lucro” en lo que parecía una entrevista en el programa de la televisión estadounidense Late Show with Stephen Colbert. El artículo afirmaba que la “Comisión Canadiense de Seguridad” había clausurado el programa en directo a instancias del multimillonario malasio Robert Kuok para mantener en secreto la plataforma. Al final del artículo, se invitaba a los lectores a “rellenar el formulario de registro proporcionado por Sandra Oh”.

Elon Musk, Robert Kuok, Sandra Oh y The Late Show with Stephen Colbert no han respondido a las solicitudes de comentarios que les envió OCCRP.

El anuncio que llevó a Helmer Södergård hasta los estafadores había aparecido en Facebook. No es raro: muchas víctimas de estafas hicieron clic en anuncios de Facebook u otras plataformas de redes sociales. Según los documentos financieros internos y chats de la filtración, una empresa de marketing de afiliación llamada Oray Ads cobró a la red israelí-europea más de 105.000 dólares en los primeros siete meses de 2024, en concepto de “presupuesto de publicidad en Facebook”. También le proporcionó clientes potenciales exitosos: Oray Ads le facilitó más de 160 clientes potenciales por valor de más de 146.000 dólares´en 2023 y 2024. Aunque esa no es la foto completa.

Oray Ads también trabajó en Georgia a partir de octubre de 2023. Según las facturas halladas en la filtración, Oray Ads empezó a trabajar con los georgianos en octubre de 2023. Para la red de Tiflis, la empresa se concentró primero en ciudadanos suecos y noruegos como objetivo, antes de enfocar hacia Canadá, Irlanda y el Reino Unido. Algunos meses, la empresa ganaba entre 20.000 y 30.000 dólares del centro de llamadas de Georgia.

Entre las víctimas cuyos datos fueron vendidos a los estafadores por Oray Ads se encuentra Annika Gustafson, periodista jubilada que fue estafada por el call-center georgiano. Al final perdió todos sus ahorros, se vio sumida en deudas e incluso pensó en suicidarse.

Oray Ads no ha respondido a la solicitud de comentarios enviada por OCCRP.

Aunque Oray Ads factura utilizando su propio nombre, aparece en los registros internos de la red israelí-europea como G. H.

G. H. es también el nombre de usuario en Telegram de Haibin Lin, quien aparece en el sitio web de Oray Ads como propietario de la empresa. Oray Ads parece tener su sede en Estados Unidos, aunque no está claro exactamente dónde: publica un número de teléfono de contacto de Nueva Jersey en su sitio web y facilita un número de Colorado Springs en sus facturas, mientras que su sitio web y su perfil de LinkedIn la sitúan en Lewes, en el estado de Delaware.

En algunos chats de Telegram de la filtración, los empleados del call-center le llaman se refieren a Lin como el “jefe”. No tiene mucha huella en internet, pero en 2022 un tal Haibin Lin, con el nombre comercial de Oray Ads Limited, fue demandado con éxito por más de 73.000 dólares en concepto de daños y perjuicios por el American Express National Bank ante el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, por impago. Los registros judiciales muestran que los extractos de su tarjeta de crédito comercial se enviaron a una dirección residencial en el condado de Los Ángeles, aunque él no figura en la escritura de esa propiedad. El perfil de LinkedIn de Lin lo ubican en Newark, en California.

La página web de Oray Ads menciona además a otros tres empleados, y anteriormente mostraba como directora de marketing a una mujer llamada Natalie Gorman. Según una cuenta de LinkedIn de Gorman, trabajaba para Oray Ads y residía en la zona metropolitana de Filadelfia.

Sin embargo, el perfil de Oray Ads en Google Business incluye una reseña de hace cuatro años de Natalie Gorman donde ella afirma que esa empresa le “robó” el nombre y la foto que tenía en Facebook y la “incluyó como miembro del equipo en su sitio web”.

Contactada por los periodistas, Gorman confirmó que había dejado la reseña, dijo que nunca había trabajado para Oray Ads y repitió su afirmación de que la empresa había utilizado su imagen sin permiso. “No tengo ninguna relación con Oray Ads”, confirma Gorman, que denunció el robo de identidad a LinkedIn, pero la red profesional no lo eliminó, aunque su nombre sí ha sido retirado del sitio web de la empresa.

Gorman también explica que llamó a Oray Ads para comunicarles que había denunciado a la empresa a LinkedIn y pedriles que dejaran de utilizar su nombre. “Colgaron sin responder”, asegura Natalie. “Dejé la reseña en Google para tratar de advertir a la gente sobre la empresa, ya que no quería que me asociaran con lo que estuvieran haciendo, era claramente engañoso”.

LinkedIn responde que retiró la cuenta falsa de Gorman después de recibir las preguntas sobre ella que le había mandado OCCRP. “Utilizamos tecnología y equipos de expertos para encontrar y eliminar cuentas falsas... Trabajamos cada día para detectar y detener el fraude y seguimos mejorando nuestras defensas para prevenir y eliminar cuentas maliciosas”, añade un portavoz del portal de empleo.

El sitio web de Oray Ads también ha sido desconectado, mientrasa que Lin ha eludido responder a la petición de comentarios hecha por OCCRP.

Meta, la matriz de Facebook e Instagram, se ha enfrentado a muchas críticas por haber sido incapaz de impedir la difusión de publicidad fraudulenta en sus plataformas. La empresa ha sido demandada en Estados Unidos, Irlanda y Polonia, y un organismo australiano de protección de los consumidores la ha denunciado ante el Tribunal Federal de Australia por su gestión de los anuncios de estafa. En el Reino Unido, el conocido comentarista financiero Martin Lewis –cuya imagen ha sido utilizada sin autorización por estafadores– llegó a un acuerdo con Meta tras demandarla en 2019 por no acabar con la publicidad de estafas después de que la empresa de Mark Zuckerberg acordara añadir un botón de denuncia de estafas con un solo clic y donar tres millones de libras a un proyecto contra estafas en el Reino Unido.

Pero Lewis sigue advirtiendo sobre las amenazas que plantean estos anuncios y aclara a OCCRP que los gobiernos, los reguladores y las compañías tecnológicas necesitan “negar a estos criminales el oxígeno de la promoción que obtienen en la actualidad”. “Esto continuará hasta que hagamos que a las empresas de las redes sociales les resulte más caro publicar anuncios que ganar dinero por permitir que todo el mundo publique anuncios rápidos”, sostiene.

Ben Fogle, famoso aventurero británico cuya imagen también se ha usado sin autorización para promocionar estafas, también subrayó la responsabilidad de las redes sociales a la hora de impedir la promoción de anuncios que utilicen indebidamente imágenes de famosos. “Creo que es responsabilidad de las grandes empresas tecnológicas, que están ganando cantidades ingentes de dinero, emplear a personas que se encarguen de vigilarlo”, declara a OCCRP.

Goldbeck, el fiscal de Baviera, apunta que estas plataformas han tomado medidas para combatir los anuncios fraudulentos y que “las cosas ya han mejorado significativamente con respecto a hace tres, cuatro o cinco años”. Meta asegura que los anuncios que promueven o facilitan estafas van en contra de sus normas. “Estos delincuentes se dirigen a personas y servicios de todos los sectores utilizando sofisticadas estratagemas, y hacer frente a esto requiere la colaboración transversal de bancos, gobiernos, fuerzas de seguridad y telecomunicaciones”.

El año pasado, Meta anunció que estaba probando la tecnología de reconocimiento facial para combatir los anuncios fraudulentos que hacían un uso no autorizado de personajes públicos famosos. La política publicitaria de la empresa prohíbe la promoción de “planes u ofertas que utilicen prácticas engañosas o equívocas identificadas, incluidas las destinadas a estafar dinero o información personal”.

El problema “ocupa un lugar destacado en la agenda” de las plataformas de redes sociales, destaca Goldbeck. “Pero creo que todavía se puede mejorar. [Las plataformas] saben que también tienen una responsabilidad y que todo esto no es más que una gran puerta de entrada para esta máquina del fraude. Y en este sentido, esperamos de verdad que se siga abordando activamente y que estas fórmulas se limiten lo mejor posible”.

Preguntada al respecto por OCCRP, Google señala que tiene políticas estrictas que prohíben la publicidad fraudulenta en sus plataformas y que suspende las cuentas infractoras. Según explica, ha actualizado sus políticas para permitir a sus equipos “tomar medidas más serias y rápidas con las cuentas de quienes ponen anuncios fraudulentos”. Pero este tipo de anunciantes ha comenzado a “operar con mayor sofisticación y a mayor escala, utilizando una variedad de tácticas para eludir su detección”, añade. Google utiliza una combinación de “revisión humana y sistemas automatizados” para combatir estos anuncios, con la que ha “eliminado más de 5.500 millones de anuncios, restringido más de 6.900 millones de anuncios y suspendido más de 12,7 millones de cuentas de anunciantes” en 2023, el año de su informe más reciente sobre anuncios fraudulentos.

Aunque los profesionales del marketing afiliado no publiquen sus nombres en los anuncios que promocionan, sí tienen un perfil más público en las conferencias del sector que se celebran cada año en todo el mundo. Una de las más destacadas se llama Affiliate World. Decenas de empresas de marketing identificadas en la filtración asisten a sus eventos periódicos.

Más de un tercio de los patrocinadores oficiales de la conferencia de Affiliate World Asia de 2023 aparecen en los registros internos del call-center. Gladio, la marca de Sierra Media que facilitó los datos de la arquitecta sevillana, copatrocinó un evento de Affiliate World Dubai en 2023. Affiliate World replica que, “categóricamente”, no “promueve, respalda ni fomenta actividades ilegales” y que exige a “todos los asistentes, expositores y patrocinadores” que cumplan la ley. “La participación en nuestras conferencias no debe interpretarse como una aprobación o validación de ninguna persona, empresa, producto o servicio”, añade.

Otra empresa de marketing que aparece en la filtración es MGA Team, que merece ser destacada por haber facilitado los datos de contacto de una víctima especialmente lucrativa: el cirujano de Barcelona que llegó a perder un millón de euros a manos de los estafadores. MGA Team, que no ha respondido a las preguntas enviadas por OCCRP, patrocinó varias conferencias Affiliate World y eventos asociados en Bangkok y Dubái en 2023 y 2024.

La empresa también copatrocinó una fiesta exclusiva denominada Fridman Tower –“un evento único para líderes del marketing de afiliación y altos ejecutivos del sector”– en un hotel de cinco estrellas de Bangkok, no lejos del Affiliate World del año pasado. El sitio del evento prometía “fiestas épicas, networking de primer nivel y un ambiente inolvidable”. Los portavoces de Fridman Tower tampoco han contestado a la solicitud de comentarios que le ha mandado OCCRP.

Una de esas “fiestas épicas” se llamó Sin City –Ciudad del Pecado–. Un vídeo promocional publicado en la cuenta de instagram de Fridman Tower y que abre con la leyenda “MGA Team Presents Sin City”, muestra a multitudes de fiesta y a mujeres en lencería de vinilo retorciéndose en un escenario.

El cirujano barcelonés cuyos datos fueron facilitados a la red israelí-europea por MGA Team, y que pidió no ser identificado, contó a infoLibre que los estafadores le llamban sin descanso después de su primer depósito, presionándole para que siguiera invirtiendo y engañándole con promesas de grandes beneficios. “Ese dinero eran los ahorros de mi vida”, confesó.

Horas después de ser descubiertos por los periodistas, el pasado miércoles, los estafadores que operaban desde un call-center de Tiflis (Georgia) borraron todos sus perfiles en las redes sociales, donde habían alardeado de lujosas compras y fastuosas vacaciones.

El centro de llamadas de Tiflis, en el que trabajaban unas 85 personas y que robó 35,3 millones de dólares –33 millones de euros– a más de 6.100 víctimas de todo el mundo, es una de las redes destapadas en Scam Empire, la investigación del consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, basada en una filtración conseguida por la televisión sueca SVT y compartida con otros 30 medios de comunicación de todo el mundo.

Apoyándose en 1,9 terabytes de datos filtrados, los periodistas han identificado dos redes que operaban desde Israel, Europa del Este y Georgia. Sus empleados convencieron a 32.000 personas de 34 países distintos para que hicieran –falsas– “inversiones” por un total de al menos 275 millones de dólares –unos 265 millones de euros–.

En Tiflis, los agentes de los centros de llamadas se autodenominaban abiertamente “estafadores” –o skameri en georgiano– y utilizaban identidades ficticias, documentos falsificados y publicidad engañosa para estafar a las víctimas y sacarles sus ahorros. Pero OCCRP y sus socios en Georgia –Studio Monitori, iFact y GMC– han identificado a algunos de ellos cotejando los mensajes de chat internos de la filtración con sus publicaciones en las redes sociales.

Ahora que sus identidades reales han salido a la luz, varios agentes han tomado medidas para borrar sus huellas digitales, eliminando contenidos de Facebook e Instagram o borrando sus cuentas por completo.

Entre ellas están las hermanas Mariam y Veriko Charchian, de 26 y 22 años, que operaban bajo los alias Mary Roberts y Veronika Nowak. Ambas eran las empleadas de mayor rendimiento del centro de llamadas de Tiflis.

Una de sus víctimas, Marcel Deschamps, trabajador de una fábrica canadiense, fue engañado por Mary Roberts, quien se hizo pasar por experta profesional en criptomonedas y le convenció para que invirtiera grandes sumas en activos digitales falsos, sin permitirle nunca retirar su dinero. Veronika Nowak había identificado previamente a Marcel como un objetivo prometedor. Cuando se dio cuenta de que le habían estafado, Roberts se burló de él, llamándole “puto imbécil” y afirmando que su alias nunca saldría a la luz.

Los perfiles de las hermanas Charchian en las redes sociales sugieren que vivían modestamente hasta hace unos dos años, cuando empezaron a exhibir joyas de lujo, ropa de diseño y un estilo de vida de gran nivel. Sus cuentas fueron borradas hace sólo unos días.

“Llevan una vida de lujo”, recalca Marcel, tras ver en las redes sociales publicaciones de las hermanas viajando por el mundo. “Y no escatiman nada... gracias a mi dinero”.

Algunos de los estafadores de Tiflis aún siguieron captando víctimas el mes pasado. Mary Roberts consiguió 31.000 dólares de víctimas ancianas a principios de febrero, según los registros de la filtración, mientras que su colega Alex Davis convenció a un canadiense de 78 años para que le enviara más de 50.000 dólares.

Ni Mariam ni Veriko Charchian han respondido a las preguntas que OCCRP les ha mandado sobre su participación en el centro de llamadas de Tiflis o sobre su rápido enriquecimiento.

Otros empleados del call-center también han borrado su presencia en las redes sociales, entre ellos los agentes Alex Davis, Noah Sharples y Marina Novikova, cuyos nombres reales son Davit Kvachantiradze, Tornike Gogsadze y Anjelika Chkapelia. El director financiero, Nika Basaria –alias Neal Cassidy–, y el empleado del departamento informático Zviad Urushadze –alias Luke Wade– también han desaparecido de las redes sociales.