La Corte Suprema de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria "temporal" al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpismo y actualmente hospitalizado por una neumonía, informaron fuentes oficiales.

El juez Alexandre de Moraes, responsable del caso, aceptó parcialmente un recurso de los abogados del líder ultraderechista y respaldó en parte el criterio de la Fiscalía, que el lunes se manifestó a favor del régimen domiciliario al considerar que "requiere atención constante y cuidadosa".

El magistrado, sin embargo, decidió que el exmandatario podrá quedarse en casa por 90 días desde su alta médica, para la que todavía no hay una previsión.

Después de ese periodo, revaluará las condiciones en las que el exgobernante (2019-2022) tendrá que cumplir el resto de la pena impuesta por el Supremo por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. 

Bolsonaro cumple su condena desde finales de noviembre pasado, primero en un cuarto especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, desde enero, en un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde pasó a tener mayor espacio. Durante su encarcelamiento, sin embargo, ha presentado un deterioro de su estado de salud que lo ha obligado a pasar varias veces por el hospital. De hecho, desde el pasado 13 de marzo, Bolsonaro, de 71 años, está ingresado en un hospital privado de Brasilia por una neumonía bilateral bacteriana, sin previsión de alta.

El capitán retirado del Ejército abandonó el lunes la unidad de cuidados intensivos y, según el boletín médico de este martes, continúa "con antibióticos vía endovenosa, apoyo clínico y fisioterapia respiratoria y motora". Esta última hospitalización aumentó la presión sobre De Moraes, responsable de su reclusión y quien la semana pasada recibió un nuevo recurso de los abogados del exgobernante pidiendo la prisión domiciliaria por motivos "humanitarios".

En paralelo, el juez, que hasta ahora había denegado todos los pedidos, se reunió la semana pasada con el hijo mayor del expresidente y candidato presidencial, Flávio Bolsonaro, y en la víspera con la esposa del exdirigente ultra, Michelle Bolsonaro.

Jair Bolsonaro viene sufriendo diversos problemas médicos que él y su entorno achacan a la puñalada que sufrió en el abdomen en la campaña electoral de 2018. Entre esos trastornos figuran crisis recurrentes de hipo que le llevan a vómitos, los cuales estarían detrás de esta última neumonía bilateral por broncoaspiración, de acuerdo con el equipo médico.

El líder opositor ruso Alexei Navalni murió envenenado con una toxina letal, presente en ranas venenosas de América del Sur, informaron en un comunicado conjunto el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos, según recoge EFE.

Estos países subrayaron que sus respectivos gobiernos llegaron a esta conclusión a partir de muestras tomadas de Navalni, que han confirmado de forma concluyente la presencia de esta sustancia denominada epibatidina.

Rusia siempre afirmó que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte, añade la nota conjunta.

Se estima que ese veneno es 200 veces más potente que la morfina, según afirmaron hoy medios británicos.

El comunicado conjunto resalta que el líder opositor ruso perdió la vida a los 47 años mientras estaba en una prisión de Siberia, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno.

El reiterado desprecio de Rusia por el derecho internacional y la Convención sobre Armas Químicas es evidente, añaden.

En agosto de 2020, el Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania, los Países Bajos y sus aliados condenaron el uso de novichok por parte de Rusia para envenenar a Navalni, después de que esa sustancia fuera utilizada por Rusia en la localidad inglesa de Salisbury, en 2018, para intentar asesinar al exespía ruso Sergei Skripal.

En ambos casos, solo el Estado ruso contó con los medios, el motivo y el desprecio por el derecho internacional para llevar a cabo esos ataques, puntualiza la nota conjunta.

Estos últimos hallazgos subrayan una vez más la necesidad de exigir responsabilidades a Rusia por sus reiteradas violaciones de la Convención sobre Armas Químicas y, en este caso, de la Convención sobre Armas Biológicas.

"Nuestros Representantes Permanentes ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas han escrito hoy al director general para informarle de esta violación por parte de Rusia de la Convención sobre Armas Químicas. Nos preocupa además que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas", indican.

El Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos afirman que utilizarán "todos los instrumentos políticos" a su alcance para seguir exigiendo responsabilidades a Rusia.

Los medios británicos señalan que no está claro cómo se administró supuestamente el veneno a Navalni.

La viuda del disidente ruso, Yulia Navalnaya, compareció hoy en una rueda de prensa paralela a la Conferencia de Seguridad que se celebra en Múnich para anunciar el hallazgo.

En esa rueda de prensa, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo que desde la muerte de Navalni, el Reino Unido ha investigado "con férrea determinación" la verdad sobre su muerte.

"Solo el Gobierno ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de usar esta toxina letal contra Alexei Navalni durante su encarcelamiento en Rusia. Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz", agregó Cooper.

Es uno de los muchos logos que se ven en la cancha o en la sala de prensa del Polideportivo Pisuerga, la casa del UEMC Baloncesto Valladolid. Y hubo una época en la que ocupaba un lugar privilegiado en las camisetas del equipo filial. Se trata de Clínica Sur. Una de las marcas con las que opera CMD Salud, un pequeño grupo empresarial que cuenta con más de un centenar de empleados y que se ha quedado desde la pandemia con la mitad del negocio sanitario que ha florecido alrededor de las cárceles españolas. Desde hace años faltan médicos en los centros. Y el Ministerio del Interior está recurriendo a la sanidad privada para cubrir la asistencia de los internos.

Desde la pandemia y hasta finales del pasado diciembre, las direcciones de al menos 17 cárceles, según los datos recopilados por infoLibre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, habían adjudicado a distintas compañías sanitarias contratos por más de 1,1 millones de euros para que se hicieran cargo de la atención primaria de los presos. Las adjudicaciones incluidas en la factura se limitaban a aquellas centradas en proporcionar a los reos la asistencia sanitaria más básica, dejando fuera las que giraban alrededor de especialidades, las que no establecen una cuantía total por el servicio –fijan precio por hora–, las que se cancelaron por incumplimiento de contrato o los servicios médicos puntuales que por su cuantía se tramitan como contratos menores.

El conglomerado vallisoletano se ha hecho en el último lustro con, al menos, una docena de estos contratos por un total de 510.178,28 euros. El grupo se ha encargado de prestar, por ejemplo, asistencia sanitaria a los reclusos del Centro Penitenciario de A Lama, con más de un millar de celdas. En la Plataforma de Contratación figuran dos adjudicaciones en 2022, otra en 2023 y una cuarta en 2024. Contratos adjudicados por un total de 169.251,06 euros. Como adjudicataria, la sociedad Acció Salut SL.

Constituida en julio de 2006, esta empresa, que forma parte del conglomerado CMD Salud –de hecho, el administrador único de la misma es CMD Salud Castilla y León SL–, cerró 2024 con 46 empleados y una cifra de negocio de 1,8 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Además de en la prisión pontevedresa, a esta sociedad también se le adjudicó en 2023 un contrato por 43.819,78 euros para dar servicio de atención primaria a los internos del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento.

En los dos años posteriores, esas labores en este último centro las asumió CMD Salud Castilla y León, a la que en 2024 se adjudicó un contrato de 43.222,12 y en 2025 otro de 50.182,53. En sus últimas cuentas, esta sociedad refleja 21 empleados y una cifra de negocio de 777.853,11 euros. Y, además de los contratos en la cárcel de Alicante, también le han adjudicado trabajos similares en la palentina prisión de Dueñas o en la madrileña de Soto del Real por un montante total de 84.950,82 euros.

Esta sociedad figura asimismo como administradora única de otra de las empresas del grupo: CMD Salud Calidad Integral. Esta firma, que cerró 2024 con 79 empleados en plantilla y facturando 3,1 millones de euros, ha recibido tres contratos para la asistencia sanitaria básica de los reclusos en el último lustro. El más reciente, del año pasado y centrado en la cárcel de Mallorca, está valorado en 41.389 euros. En 2023 recibió uno de 50.245,8 euros para prestar sus servicios en la prisión de Zaragoza. Y en 2022, otro de 27.116,25 euros para el centro penitenciario de Cuenca.

El resto de adjudicaciones para cubrir las necesidades sanitarias básicas de los reclusos en estos últimos años se los han ido repartiendo distintas empresas o médicos de forma autónoma. Dentro del primer grupo destaca, por ejemplo, Medical Service JIM, contratado recientemente para prestar servicio en la cárcel de Málaga II o Córdoba, a la que en 2021 también ofreció sus servicios Quirón Prevención, sobre la que en los últimos tiempos se ha puesto el foco a raíz de los negocios mantenidos con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la lista figuran, del mismo modo, Ansalu Onuba, contratada para la cárcel de Huelva. O Altiplano Salud y Gestión Sanitaria Tressalud, contratados por poco más de 50.000 euros cada una para dar servicio a la prisión de Villena y Valdemoro, respectivamente. Y Emergencias 360 SL, con quien hace solo unos meses rompió contrato la dirección del Centro Penitenciario Puerto III. "El servicio dejó de prestarse a mediados del mes de agosto, el médico dejó de acudir al centro aduciendo que la empresa no le pagaba la nómina", reza la propuesta de resolución de contrato del pasado mes de noviembre, que resalta que la ausencia de facultativo, "que no fue sustituida", generó "un riesgo" para la "salud y seguridad de la población reclusa".

El Tribunal Supremo ha acordado mantener en prisión provisional al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García al apreciar que persiste un "alto" riesgo de fuga y ante la proximidad del juicio por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia, según informa EFE.

El tribunal de tres magistrados encargado de revisar las decisiones del instructor Leopoldo Puente ha rechazado los recursos del exministro y de su exasesor, en prisión desde el 27 de noviembre, que sus defensas expusieron ante la Sala en una vista el pasado jueves, en la que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular que lidera el PP insistieron en mantener en prisión a los procesados. 

En dos autos, la Sala concluye que la prisión provisional es adecuada para evitar el "alto" riesgo de que ambos puedan sustraerse a la acción de la Justicia y ante la gravedad de las penas solicitadas: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones populares hasta 30 años.

Pero también, añaden los magistrados, por la solidez de los indicios que sustentan las peticiones de las acusaciones, y ante la inminencia de la celebración del juicio oral, que está previsto que pueda comenzar después de la Semana Santa.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha negado que hubiese financiación ilegal en el PSOE cuando él fue secretario de Organización o que tenga pruebas de "hechos delictivos y actividades ilícitas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No hubo financiación ilegal del PSOE, al menos mientras yo fui secretario de Organización", ha señalado Ábalos en uno de los mensajes que ha cruzado desde prisión con el programa 'Mañaneros 360', de Televisión Española.

A punto de cumplir el próximo 27 de diciembre un mes en prisión preventiva, el exministro ha manifestado que se encuentra "más fuerte que nunca" y que mantiene una "buena" relación con su exasesor Koldo García, con quien comparte celda y ha tenido que aprender a convivir en un espacio tan reducido.

Ha rechazado que plantee fugarse, algo que considera "completamente absurdo", porque tiene "todos los arraigos posibles" en España, y ha vuelto a recordar que no hay precedentes de un diputado en prisión.

Ábalos, que fue suspendido de sus derechos y deberes parlamentarios al entrar en prisión, vincula su entrada en la cárcel con la intención de "eliminar a un hombre y un político" y niega reconocerse en los audios que grabó durante cuatro años (2019-2023) su mano derecha y que acabaron en la imputación de su sucesor en el partido, Santos Cerdán, por el presunto amaño de obras públicas.

El exministro ha cargado contra una investigación "viciada y contaminada desde el principio" y ha negado algunas de las últimas conclusiones de la Guardia Civil en otra causa, el caso hidrocarburos, donde apuntó a que la trama destinó un millón de euros a comprar su "voluntad" con presuntas comisiones que también alcanzaban a su asesor y al presunto comisionista Víctor de Aldama.

A lo largo de sus mensajes, ha considerado que no solo será recordado él cuando acaben las investigaciones en su contra, una de ellas ya pendiente de fecha de juicio por favorecer presuntamente junto a Koldo García a una empresa captada por Aldama en la venta de material sanitario en pandemia a cambio de comisiones.

Su vida en la cárcel la ha resumido en caminar y leer "muchísimo" y en su lista de lectura ha mencionado Fouché: retrato de un hombre político, de Stefan Zweig; El hombre en busca de sentido, de Viktor E. Frankl; Una salida honrosa, de Éric Vuillard; o El cuarto Reich, de Bruno Cardeñosa, además de Alejo Carpentier y Benito Pérez Galdós.

Es sábado por la noche en Caracas y el ambiente en el coliseo de baloncesto es eléctrico. Las luces se atenúan, suenan tambores, estalla un chorro dorado de fuegos artificiales y  retumban en las paredes los cánticos de “¡Vamos Pioneros!”. Enfundados en brillantes uniformes naranjas, el equipo local salta a la cancha, escoltado por animadoras con vestidos ceñidos del mismo color. Los Pioneros del Ávila están listos para jugar.

En apariencia, este juego parece un encuentro deportivo profesional más. Pero el partido tiene un lado oscuro. La cancha donde los Pioneros disputan sus partidos de local está dentro de El Helicoide, una de las prisiones políticas más infames de Venezuela. Unos pisos más abajo, mientras los espectadores beben cerveza y comen cotufas [palomitas de maíz], más de 80 presos políticos están encerrados en condiciones que organizaciones de derechos humanos describen como infrahumanas.

Los equipos que juegan esta noche son parte de la nueva Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela, impulsada por el Gobierno hace unos años con el objetivo declarado de revivir la reputación del baloncesto venezolano.

Pero en la práctica, sostienen expertos, la Superliga se ha convertido en un terreno de juego para el régimen del líder autoritario Nicolás Maduro y sus aliados.  Funciona como una pantalla para desviar la atención frente a los abusos contra los derechos humanos en el país, un mecanismo conocido como “lavado de imagen deportivo” (sportswashing en inglés). En un informe publicado este año, Transparencia Venezuela calificó la nueva liga como “una red de influencia que abrillanta la imagen de un régimen represor y opaco”.

“[Este] es un intento del Estado y de las fuerzas de seguridad por posicionarse en la sociedad, y eso no puede ir a favor de los valores del deporte”, dijo Jans Sejer Andersen, periodista deportivo y fundador de Play the Game, un grupo danés que promueve la equidad y sostenibilidad en el deporte global.

Al menos dos de los 14 equipos activos de la Superliga pertenecen o están efectivamente controlados por altos mandos de seguridad acusados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de violaciones a los derechos humanos, según documentó OCCRP tras revisar registros públicos y hablar con fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la liga. Hay además una presunción amplia de que muchos otros equipos también podrían tener nexos con el gobierno, aunque no fue posible confirmar estas estructuras de propiedad por la falta de transparencia corporativa en Venezuela.

Por si fuera poco, el año pasado se anunció que los partidos de la Superliga se jugarían regularmente dentro de El Helicoide, para consternación de activistas de derechos humanos y opositores al régimen de Maduro.

El periodista deportivo venezolano Cándido Pérez describió la situación como “escalofriante”: “En el piso alto juegan baloncesto y en el piso de abajo torturan gente. Dudo que exista algo así en otra parte del mundo”.

OCCRP se puso en contacto con el Gobierno venezolano, la Federación Venezolana de Baloncesto, la Superliga y varios equipos de baloncesto, entre ellos los Pioneros del Ávila, para solicitarles comentarios sobre la liga y sus vínculos con presuntas violaciones de derechos humanos. Ninguno de ellos respondió. 

El Helicoide fue alguna vez un símbolo del gran futuro de Venezuela.

En la década de 1950, con Caracas rebosante de riqueza petrolera y el dictador Marcos Pérez Jiménez ansioso por mostrar la modernidad de su régimen, se planificó un enorme edificio sinuoso que albergaría un centro comercial de lujo con helipuertos y cines. Incluso su nombre, El Helicoide, reflejaba su innovador diseño arquitectónico.

Pero el proyecto fue abandonado tras la caída de Pérez Jiménez en 1958. Durante décadas permaneció vacío, ocupado solo por invasores, hasta que en los años ochenta el amplio espacio fue adaptado a sede de cuerpos policiales e inteligencia de Venezuela —ambos acusados de severa represión política y violaciones de derechos humanos—. También se convirtió en centro de reclusión.

El uso del espacio como prisión se intensificó bajo los gobiernos de Hugo Chávez y de su sucesor Nicolás Maduro, y se volvió tristemente conocido tras la detención de cientos de jóvenes que protestaron contra sus regímenes en la década de 2010. Actualmente alberga unos 80 presos, incluidos disidentes, periodistas y activistas, muchos de los cuales reportan haber sido torturados o maltratados, especialmente a manos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU ha denunciado repetidamente condiciones “terribles” en El Helicoide, incluyendo torturas con electricidad, golpizas “brutales” y reclusión en celdas hacinadas sin luz natural ni baños.

El político opositor Freddy Superlano lleva más de un año detenido allí sin juicio, sin poder ver a su familia ni recibir asistencia legal, según su esposa Aurora. Ella le contó a OCCRP que lo único que recibe son prendas usadas de su marido que las autoridades penitenciarias le entregan periódicamente. “Las huelo y sé que son de él”, dijo.

El exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, encarcelado varias veces tras romper con el chavismo, murió en El Helicoide en 2021 después de que le negaran atención médica, según su familia y grupos de derechos humanos que monitorean su caso (el Gobierno venezolano refutó esa versión y afirmó que murió mientras recibía tratamiento por COVID-19). Su hijo Josnars, detenido junto a él, afirmó haber sido sometido a torturas extremas, incluyendo  ser suspendido  de las paredes y descargas eléctricas en los testículos. “Estos lugares están hechos para quebrar voluntades”, dijo Andreina Baduel, hija de Raúl Baduel.

Uno de los presos actuales es el defensor de derechos humanos Javier Tarazona. La ONU sostiene que fue golpeado, asfixiado con bolsas plásticas y mantenido en una celda de castigo con la luz encendida las 24 horas del día. También está recluido en El Helicoide el periodista Carlos Julio Rojas, que llevaba más de cuatro meses en aislamiento hasta que el 17 de noviembre pasado lo pudo visitar una asociación de periodistas. La abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel está confinada en El Helicoide desde febrero de 2024 sin derecho a contactar a su abogado. Su familia relata que sufrió una fractura de hombro que no fue tratada por meses.

Pero, para enfado de los defensores de estos presos, los Pioneros del Ávila también se instalaron allí. Su cancha está en la estructura conocida como “La Montaña”, un edificio piramidal de concreto gris sobre El Helicoide.

“Para nosotros es una preocupación que usen El Helicoide, un lugar donde se tortura de forma sistemática, como una herramienta para blanquear a aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad a través de actos deportivos”, dijo Víctor Navarro, exprisionero político y director de una ONG dedicada a preservar la memoria histórica de los presos políticos, en una entrevista con Efecto Cocuyo.

Los prisioneros encerrados dentro de El Helicoide saben que hay partidos de baloncesto que se juegan encima de ellos, pero no pueden escucharlos por las gruesas paredes de concreto, según un familiar que habló bajo anonimato por motivos de seguridad.

Según los medios locales, “La Montaña” fue renovada y convertida en una instalación deportiva en 2022, y bautizada como Gimnasio Elio Estrada Paredes en honor al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. 

Estrada Paredes fue sancionado por Estados Unidos en septiembre de 2024 por su rol en “la represión del pueblo venezolano” y fue identificado por la ONU como parte de la cadena de mando responsable de torturas  y el maltrato de prisioneros en El Helicoide.

Ahí juegan de local los Pioneros del Ávila, fundados en abril de 2024. No hay información pública sobre su propietario. Sus uniformes, sin embargo, llevan logos del Ministerio de Interior, PDVSA y  la marca nacional de turismo de Venezuela.

Públicamente figura como presidenta del equipo Adelis Pamela Peña Soto. Documentos de seguridad social obtenidos por OCCRP muestran que ha sido funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana desde 2023.

Pero tres personas diferentes, involucradas desde hace décadas en el baloncesto venezolano —las cuales hablaron bajo condición de anonimato por temor a su seguridad— aseguraron que el propietario de facto del equipo es Rubén Darío Santiago Servigna, comandante general de la Policía Nacional Bolivariana, cuya sede está en El Helicoide junto al SEBIN.

Santiago Servigna también ha sido sancionado por Estados Unidos por las detenciones arbitrarias cometidas por la policía venezolana tras las elecciones presidenciales de 2024. El oficial de policía no respondió a preguntas sobre su relación con los Pioneros del Ávila. Pero ha sido muy abierto y explícito sobre su pasión por el baloncesto y la Superliga. “En este momento, aquí en El Helicoide, no solamente se está jugando la Superliga Nacional de Baloncesto, se está jugando un torneo maravilloso, un torneo de la milicia”, dijo Santiago en un programa de radio que presenta, Al Ritmo de la Seguridad. “Hemos tenido la suerte y la oportunidad de estar en la Superliga, una Superliga que cada día se desarrolla de la mejor manera, ahí a empujones, a brincos y a pesar de todos los bloqueos es una Superliga que hoy más que nunca se convierte en una de las ligas más importantes de toda Latinoamérica”, añadió.

Otro equipo nuevo de la Superliga que juega en El Helicoide es Spartans Distrito Capital. Los Spartans, cuya mascota es un guerrero  de la Antigüedad de mandíbula cincelada con casco romano, son liderados de manera abierta por Leonel Alberto García Rivas. Es director de fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana.

Como Santiago Servigna, fue identificado por la Misión de la ONU como parte de la cadena de mando de grupos policiales especiales que estuvieron activamente involucrados en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, así como tortura y malos tratos, incluida la violencia sexual y otras violaciones de derechos humanos de presos políticos. En marzo de este año, García Rivas fue sancionado por el Gobierno canadiense por sus vínculos con violaciones a los derechos humanos.

A diferencia de otros dueños de equipos de la Supreliga, García Rivas asume públicamente su papel de propietario del equipo y aparece en eventos públicos vinculados a los Spartans. A principios de este año, participó en una conferencia de prensa en un restaurante de Caracas donde se presentó a los fanáticos y los medios la plantilla del equipo para 2025 .

Su esposa, Qweany Vanessa Torres Toro, es la presidenta del equipo —según indican cuentas de Spartans en redes sociales— y es el rostro de muchas de sus iniciativas públicas, incluyendo clínicas de entrenamiento de baloncesto y la donación de balones y uniformes deportivos para niños desfavorecidos.

Las redes sociales del equipo han publicado frecuentemente imágenes de Torres Toro asistiendo a los juegos de los Spartans y lanzando el balón al aire en el saque inicial ceremonial. En una, de marzo de 2023, posa con su esposo en el centro de la cancha antes de un partido entre los Spartans y los Diablos de Miranda. “Nuestro salto entre dos de la mano de nuestra presidenta, Vanessa Torres 😍”, señalaba el pie de foto.

Un tercer equipo de la Superliga también parece tener profundos vínculos con la inteligencia venezolana. Según su cuenta de redes sociales, los Gladiadores de Anzoátegui son oficialmente propiedad de Fabián Carmine Eliantonio Gamboa, un empresario farmacéutico y contratista del Gobierno.

Sin embargo, los Gladiadores llevan el logo amarillo y negro del “Team Espartanos”, un colectivo de deportes que promueve el teniente coronel Alexander Granko Arteaga, director de asuntos especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Granko Arteaga, al igual que sus subordinados, lleva el logo de los Espartanos en la manga de su uniforme. Medios de comunicación en España y Venezuela lo describieron como fundador del Team Espartanos, que comparte nombre con varias otras empresas que supuestamente posee, incluida una marca de ron.

La DGCIM es una de las fuerzas de seguridad más temidas de Venezuela y una de las principales autoras de violaciones a los derechos humanos, según la Misión de determinación de hechos de la ONU. Por su propio papel en estas violaciones, en 2019 Granko Arteaga fue blanco de sanciones en Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza. El sonido de su nombre, según el reciente informe sobre baloncesto de Transparencia Venezuela, “despierta escalofríos en miembros de la sociedad civil de Venezuela”.

En Venezuela hay canchas y aros improvisados en cada rincón del país, reflejo del profundo amor por el baloncesto, su deporte colectivo más exitoso por décadas en el escenario internacional. La selección masculina ha clasificado a cinco Mundiales, dos Juegos Olímpicos y se coronó tres veces campeona sudamericana. Muchos aún añoran la época dorada de los noventa, cuando la Vinotinto quedó segunda en el preolímpico de 1992, detrás del legendario Dream Team estadounidense.

Pérez, el periodista deportivo, dijo que él y otros recordaban esta era con profunda nostalgia. “Veías los partidos del domingo o sábado, que se celebraban en Caracas, iban hasta el tope de gente... dondequiera que se celebraran”, dijo. “Y cuando se profesionalizó, todo el negocio se abrió y ganaban muy buen dinero”.

Este sistema se sostenía en la Liga Especial de Baloncesto, la primera competencia de baloncesto profesional del país, fundada en 1974 por un periodista y promotor deportivo, y que dio lugar a varios equipos legendarios.

Pero en la década de 2000, el declive económico y las cambiantes prioridades políticas comenzaron a erosionar los cimientos de la Liga Especial. “El problema fue que financieramente, las ganancias estaban disminuyendo, y entonces la calidad de las importaciones [de jugadores] que traían también disminuyó, y en general la calidad de los juegos era baja, y algunos sintieron que la inversión que habían hecho no estaba dando frutos”, explicó Pérez. “Así que renunciaron a los equipos, algunos los vendieron, otros los pasaron a familiares, pero eso fue lo que pasó. Ese fue el fin de esa edad de oro”.

Finalmente, el Gobierno de Nicolás Maduro entró en este vacío y comenzó a estrechar los vínculos entre el deporte y su propio régimen. En diciembre de 2019, Hanthony Coello, entonces viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, fue nombrado presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, el organismo rector que supervisa el deporte a todos los niveles.

En una conferencia de prensa para conmemorar su nombramiento, anunció que se crearía una nueva “Superliga de Baloncesto” al año siguiente en un esfuerzo por revivir el deporte. “Tuvimos algunas buenas décadas de baloncesto profesional, pero los tiempos han cambiado, y necesitamos adaptarnos a los nuevos tiempos, necesitamos nuevas formas de gestionar, necesitamos mirar a los mercados internacionales”, dijo.

La Superliga de Baloncesto comenzó en 2020, con 13 equipos. Algunos eran clubes respetados con largas trayectorias, como los Cocodrilos de Caracas y los Trotamundos de Carabobo, pero la liga también incluía varios clubes completamente nuevos, incluido uno que ahora juega en El Helicoide: Spartans Distrito Capital. (En 2022, la composición de la liga se ajustó ligeramente y su nombre cambió a Superliga Profesional de Baloncesto después de fusionarse con otra liga).

La liga ha reclutado con éxito a varios jugadores internacionales, entre estos veteranos del baloncesto universitario de Estados Unidos e incluso a dos ex jugadores de la NBA, Dwight Buycks y Hollis Thompson.

Coello mantiene estrechos vínculos con la Superliga, aparecer regularmente en los partidos y asistió a la asamblea general de la liga el año pasado como invitado de honor. No respondió a las preguntas que se le trasladaron. 

Aunque no está claro cuánta gente apoya de manera genuina la Superliga, los partidos se transmiten en televisión pública y las entradas son gratuitas, lo que garantiza estadios llenos. En el partido al que asistieron reporteros de OCCRP, algunos espectadores hicieron filas de hasta dos horas para obtener una pulsera roja que permitía entrar al coliseo de El Helicoide  sin pagar.

El lugar se llenó con velocidad hasta llegar a su capacidad total. En las gradas de aluminio, la gente se apretujaba, algunos sentaron a sus hijos en sus regazos para hacer más espacio, mientras los Pioneros vestidos de naranja se enfrentaban a los Trotamundos de Carabobo.

Y, dominándolo todo, en lo más alto de “La Montaña”, cuelga un gran cartel con tres rostros enormes que sirven como un recordatorio constante de la presencia del régimen venezolano: el difunto líder autocrático Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, junto al héroe venezolano Simón Bolívar, cuyo legado Chávez reivindicó. 

Grandes letras blancas en la parte inferior del cartel sentencian: “Mandar obedeciendo al pueblo”.

La Policía Federal de Brasil detuvo de forma preventiva este sábado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado y quien ya se encontraba en prisión domiciliaria, informaron medios locales, informa EFE.

Un grupo de agentes acudió a la residencia de Bolsonaro, en Brasilia, y arrestó al líder ultraderechista, quien inmediatamente fue trasladado a dependencias policiales.

Según el grupo Globo, la Corte Suprema brasileña decretó la prisión preventiva del exmandatario para "garantizar el orden público".

La Policía Federal de Brasil informó en una escueta nota de que "cumplió este sábado, en Brasilia, una orden de prisión preventiva conforme una decisión de la Corte Suprema", aunque no especificó contra quién.

La detención del ex jefe de Estado se produce un día después de que sus abogados solicitaran al alto tribunal poder cumplir la pena de 27 años de cárcel que recibió por intento de golpe de Estado bajo régimen domiciliario por motivos de salud.

El pasado 11 de septiembre, Bolsonaro fue condenado por la Primera Sala del Supremo por intentar "perpetuarse" en el poder con el apoyo de antiguos ministros y mandos militares, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder ultraderechista, de 70 años, se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia de Brasilia desde el pasado 4 de agosto por incumplir una serie de medidas cautelares en el marco de esa causa.

Según medios locales, la prisión preventiva de este sábado no se trata del inicio de la ejecución de la pena, lo que se esperaba para las próximas semanas, tras el rechazo por parte del Supremo de los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

En el marco del proceso por golpismo, el Supremo también ordenó el viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro y quien igualmente fue condenado en el mismo juicio del expresidente, tras supuestamente haberse fugado a Estados Unidos.

Las investigaciones apuntan a que el parlamentario dejó Brasil en septiembre pasado a través del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, y continuó de forma clandestina hacia ese país o hacia la Guayana Francesa, antes de poner rumbo a Estados Unidos.

Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia, recibió una condena de 16 años de prisión en régimen cerrado, por los delitos de organización criminal, golpe de Estado y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho.

Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley (PNL) para declarar la antigua cárcel de Segovia, que durante la dictadura franquista acogió a presos políticos y se utilizó como un reformatorio de 'mujeres caídas', como lugar de memoria democrática por su valor histórico “como espacio de represión y resistencia”.

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y el portavoz en temas de Memoria Democrática, Nahuel González, han registrado este viernes la iniciativa, que se debatirá en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados a través de Sumar, ha indicado la formación en nota de prensa.

La PNL reclama también que el Gobierno central coordine la dotación de recursos humanos, materiales y logísticos para garantizar la conservación y difusión del actual Memorial Democrático de Segovia, y que esté abierto de forma permanente y con actividades educativas, culturales y de investigación vinculadas a la memoria democrática.

Izquierda Unida ha recordado que la antigua cárcel de Segovia, en uso entre 1924 y el año 2000, fue durante la dictadura un espacio de reclusión para presos políticos, y que además entre 1956 y 1969 funcionó como un reformatorio de 'mujeres caídas', con presas vulnerables sometidas al adoctrinamiento franquista.

Enrique Santiago y Nahuel González destacan en su texto que con la iniciativa presentada se avanza en la solicitud del Foro por la Memoria de Segovia de crear un Memorial Democrático en las instalaciones de la antigua prisión, petición canalizada por el Grupo Municipal de IU mediante una moción aprobada en 2016.

La primera fase de ese memorial fue inaugurada en 2019 y estuvo compuesta por cuatro celdas; en 2024 se abordó una segunda, con cinco celdas, y homenajes a los presos políticos que pasaron por la cárcel e intervenciones artísticas inspiradas en obras como las del poeta y militante comunista Marcos Ana.

Para IU, este conjunto que conforma la exposición permanente ‘La cárcel franquista (1936-1977)’ supone una “muestra única en España que explica la evolución del sistema penitenciario durante la dictadura”.

Lamentan que, pese a su valor histórico, el Memorial Democrático de Segovia no esté abierto al público de manera regular, según el Ayuntamiento por falta de medios, y solo se pueda visitar con cita previa y autorización municipal.

Por todo ello, IU considera necesario garantizar la preservación, apertura y puesta en valor de este espacio como Lugar de Memoria Democrática, en cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

El edificio donde ahora se encuentra la antigua cárcel de Segovia albergó el Reformatorio de Mujeres, inaugurado en 1924 y diseñado por el arquitecto municipal de Segovia, Joaquín Odriozola.

Posteriormente, en 1933, la entonces directora general de Prisiones, Victoria Kent, decide convertir el espacio en un moderno Hospital Asilo Penitenciario para hombres.

Sin embargo, con el golpe de Estado en julio de 1936 y la sublevación de la guarnición de Segovia, el hospital comenzó a encerrar a presos políticos. Se estima que, durante la guerra civil, el número de reclusos no bajaba de 500.

En 1941, pasa a denominarse Sanatorio Antituberculoso Penitenciario de Mujeres. No es hasta 1946 cuando se transforma en la Prisión Central de Mujeres de Segovia.

Entre 1956 y 1969 retoma su actividad originaria, la del Reformatorio de Mujeres, pero de lo que denominaban como 'mujeres caídas'. Esto es aquellas que fueron detenidas por infracciones relacionadas con la prostitución.

A partir de 1969, el edificio volvió a utilizarse para encerrar a presos políticos hasta el final del franquismo, bajo el nombre de Centro Penitenciario de Cumplimiento Ordinario de 1º grado para Delincuentes por Convicción.

La cárcel continuó su actividad penitenciaria hasta el año 2000, cuando se inaugura el nuevo Centro Penitenciario de Segovia.

El ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, aseguró que Wilmer Chavarría, 'Pipo', el máximo líder de la banda criminal Los Lobos, detenido el domingo en Málaga (España), será extraditado al país.

Y "probablemente" terminará en la nueva cárcel de máxima seguridad con la que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quiere replicarla el "modelo Bukele" instaurado en El Salvador por su mandatario.

Loffredo, en declaraciones a periodistas, se refirió así al máximo líder de Los Lobos, la organización criminal más poderosa actualmente en Ecuador, arrestado en España después de que en 2021 fingiese su muerte y saliese del país.

El ministro señaló que la captura de 'Pipo' fue posible gracias a la "efectiva cooperación internacional" con España y recordó que el líder de Los Lobos "es responsable de al menos 400 muertes" en Ecuador.

La captura de 'Pipo' coincidió con el inicio de la jornada electoral del referéndum impulsado por el presidente, que obtuvo una contundente derrota al ser rechazadas las cuatro propuestas de esta consulta popular, incluida la de establecer una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución.

Al mando de 'Pipo', Los Lobos se alzaron en los últimos años como la organización criminal más fuerte de Ecuador tras desatar una guerra de bandas para emanciparse de Los Choneros, la otra gran organización delictiva del país, que hasta finales de 2020 tenía el monopolio de la actividad criminal.

Para ello, Los Lobos se aliaron con el mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación, al que proveían de la cocaína producida principalmente en Colombia, a diferencia de Los Choneros, con vínculos con el cártel de Sinaloa, de acuerdo a las autoridades ecuatorianas.

Además, ampliaron sus operaciones al incursionar en la minería ilegal y, de acuerdo con las autoridades, establecieron alianzas con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para explotar enclaves mineros en la Amazonía.

No es casualidad que 'Pipo' viviese entre España y Dubái, lugar junto a India donde se destina la mayor parte del oro ilegal que se produce en la cuenca amazónica.

El socialdemócrata Ekrem Imamoglu, líder opositor turco y alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Estambul que está encarcelado desde marzo pasado, fue absuelto este viernes de la acusación de haber estado implicado en una supuesta manipulación de licitaciones.

En su sentencia, el 10 º Tribunal Penal de Primera Instancia del distrito de Büyükçekmece de Estambul afirmó que "no se constataron los elementos jurídicos del delito", razón por la que Imamoglu y otros seis acusados en el mismo caso quedaron libres de cargos.

Este juicio, uno de los que afronta el popular líder político y principal rival del presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, se abrió en junio de 2023, después de que el Ministerio del Interior presentara una denuncia ante la Fiscalía por supuesto fraude en una licitación de 2015, cuando Imamoglu era alcalde del distrito estambulí de Beylikdüzú.

El proceso se prolongó más de lo previsto debido a varios aplazamientos de las audiencias.

Imamoglu, de 54 años, siempre negó las acusaciones, tanto en este como en otros casos abiertos en su contra, y denunció ser objeto de una persecución política.

Su Partido Republicano del Pueblo (CHP), que lo ha nombrado candidato a la jefatura del Estado y Gobierno, acusa a Erdogan de instrumentalizar la Justicia para dejar fuera de carrera a un rival que, según los sondeos, tiene el potencial de ganarle en las próximas elecciones, previstas para 2028.

Tras conocerse la sentencia de hoy, el alcalde encarcelado escribió en redes sociales: "¡Ni sus conspiraciones ni sus planes podrán desviarme de mi camino! Soy Ekrem Imamoglu, un verdadero hijo de esta tierra. Seguiré aterrorizándolos con mi existencia y mis acciones".

Imamoglu se convirtió en el alcalde de Estambul en junio de 2019, tras imponerse en las elecciones al exprimer ministo Binali Yildiriim, candidato del gobernante AKP de Erdogan.

El 19 de marzo pasado fue arrestado junto a más de cien personas, en su mayoría funcionarios municipales, acusados todos de supuesta corrupción.

Su detención, tildada de 'Golpe de estado civil' por el CHP, desató una ola de multitudinarias protestas ciudadanas en Estambul, así como críticas del exterior.

Entre los cargos que aún afronta en diversos procesos, destaca la acusación de supuesto terrorismo por sus presuntos vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda en Turquía.

Hoy, la Fiscalía General de Estambul también abrió una nueva investigación en su caso, esta vez por presunto espionaje.

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) del delito de fraude procesal, como ya lo había hecho por el de soborno en actuación penal, al fallar la apelación de su defensa por una condena a 12 años de cárcel que le fue impuesta en agosto pasado, informa EFE.

"En conclusión, la ausencia de prueba directa inferencial sobre la falsedad y artificio idóneo impide configurar el tipo penal de fraude procesal. Por ello se ha de revocar la sentencia", dijo el magistrado Manuel Antonio Merchán al leer hoy el fallo que echa por tierra la condena que le impuso a Uribe la jueza Sandra Heredia, de un tribunal penal de Bogotá.

Uribe, de 73 años y fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, había sido condenado a doce años de cárcel, el pago de una millonaria multa y la suspensión de sus derechos políticos en un caso que lo enfrentó al senador de izquierda Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para que no declararan en su contra sobre sus presuntos vínculos con paramilitares.

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá, contra el cual cabe el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, señala que "la valoración probatoria" de la sentencia de primera instancia "se redujo a apreciaciones subjetivas sobre la queribilidad de los testigos sin aplicar criterios técnicos y principios de lógica formal".

"No se realizó el contraste necesario entre las declaraciones y pruebas que acreditaran su falsedad", agrega el fallo.

Con esos argumentos, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió revocar la sentencia dictada el 1 de agosto del 2025 por la jueza Heredia, "para en su lugar absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad".

El fallo de segunda instancia absolvió inicialmente al expresidente por el delito de soborno en actuación penal a tres exparamilitares cuyo testimonio supuestamente había intentado manipular en contra de Cepeda, pues consideró que "no se acreditó directa o indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado" dicho delito, y luego lo absolvió del de fraude procesal porque "los hechos para desacreditar son falsos".

Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con los paramilitares.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó la absolución al considerar que el fallo "tapa la historia paramilitar en Colombia" y de quienes "llegaron al poder aliados con el narcotráfico".

Petro cuestionó que el tribunal "repite la historia y contradice a la Corte Suprema de Justicia" al sentenciar que "la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad".

"Ahora (el presidente estadounidense, Donald) Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país", agregó Petro en X, en medio de la nueva crisis diplomática con Estados Unidos por la lucha antidrogas.

Sepes, germen de la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo, incorporará a su patrimonio ocho instalaciones y terrenos penitenciarios, entre ellos los de la antigua cárcel de Carabanchel (Madrid), para hacer 1.332 nuevas viviendas protegidas y asequibles. 

Según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, estos activos, incluidos en el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP), están valorados en más de 78 millones y se localizan en centros urbanos de 8 provincias de 5 comunidades autónomas: Carabanchel (Madrid), Sevilla, Córdoba, Dénia (Alicante), Huesca, Zaragoza, Segovia y Briviesca (Burgos).

La mayor cantidad de nuevas viviendas (508) se localizarán en terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, que funcionó hasta 1998. 

Según ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estos activos tuvieron un uso carcelario, e incluso sirvieron para la represión de presos políticos bajo la dictadura franquista, y ahora hay que 'resignificarlos' y ponerlos a disposición de la ciudadanía en forma de viviendas protegidas y asequibles.

Todos tienen aprobado su planeamiento y, en el caso de Huesca, Segovia y Burgos, se van a licitar próximamente las obras; mientras que el resto está en trámites de urbanización y en Carabanchel queda pendiente su aprobación.

El traspaso -sin coste- de estos terrenos desde SIEPSE, dependiente del Ministerio del Interior, a la nueva Entidad Pública de Vivienda responde a la "necesidad urgente" de incrementar la oferta residencial.

Dada la crisis de vivienda que atraviesa España, ante un déficit de producto y grandes dificultades de acceso, el Ejecutivo busca movilizar de forma "urgente y estratégica" todos los suelos e inmuebles de titularidad pública para ponerlos al servicio de la ciudadanía con más vivienda asequible.

A Sepes -que ultima su reestructuración como nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo- ya se incorporaron 17 inmuebles de Defensa con capacidad para 1.000 viviendas y en julio se anunció el traspaso de 40.000 casas y 2.400 suelos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

La actuación de mayor envergadura -508 nuevas viviendas- se desarrollará en terrenos de la cárcel de Carabanchel, que tiene una superficie de 27.000 m2 y está pendiente su proyecto de urbanización. 

Vivienda, que va a trabajar con el Ministerio de Memoria Democrática, recuerda que, construida durante el régimen franquista, albergó a numerosos presos políticos y sociales y estuvo en funcionamiento hasta 1998. 

Ahora, la Entidad Estatal de Vivienda se encargará de la completa urbanización de la actuación, aunque le corresponden tres parcelas y parte de una cuarta compartida.

Por su parte, la Cárcel de la Ranilla (Sevilla) -construida en los años 30- acogerá 240 viviendas. En la Guerra Civil se hacinaron en ella miles de presos políticos republicanos, teniendo también un barracón de mujeres, algunas de ellas fusiladas durante la dictadura, según apunta el Ministerio de Vivienda. A finales de siglo, fue abandonada y finalmente derribada en 2007. 

Además, la antigua cárcel de Córdoba dará lugar a 174 viviendas. En 2024, Interior adjudicó la obra de urbanización del solar, pero se anuló posteriormente por precios desactualizados que hacían inviable el proyecto. Tras su adscripción a Sepes, el primer paso será actualizar ese proyecto de urbanización.

En la cárcel de Dénia se levantarán 145 viviendas (está pendiente de demolición) y en la provincial de Huesca otras 140. Inaugurada esta última en 1955 se cree que albergó a cientos de europeos que huían de otros regímenes.

La cárcel de Torrero (Zaragoza), que también fue escenario de la represión franquista y cuya demolición comenzó en 2005, permitirá 64 nuevas viviendas; la de Segovia 53 viviendas; y la de Briviesca (Burgos) 8 más.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy entrará el próximo día 21 de octubre a la prisión parisiense de La Santé por la condena de 5 años de prisión dictada en su contra en septiembre pasado en relación a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007, indicaron este lunes fuentes judiciales a varios medios franceses, tal y como recoge EFE.

Sarkozy, que se convertirá así en el primer exjefe de Estado francés en ir a prisión, ha comparecido este lunes ante la Fiscalía Nacional Financiera para conocer la fecha y el lugar de su encarcelamiento.

Su entrada en prisión se producirá el martes de la semana que viene debido a la orden de prisión emitida en su contra, pese a haber apelado la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Correccional de París hace dieciocho días.

El político conservador, que ejerció de presidente de 2007 a 2012, fue condenado el 25 de septiembre por conspiración para delinquir al permitir que sus allegados solicitaran al régimen libio de Muamar el Gadafi financiación ilegal para la campaña presidencial que le abrió las puertas del Palacio del Elíseo.

El tribunal justificó esta medida en el caso de Sarkozy, de 70 años, por la "excepcional gravedad de los actos" cometidos por un líder político que entonces aspiraba al máximo cargo de la República francesa.

Una vez en prisión, sus abogados podrán presentar una solicitud de puesta en libertad ante el Tribunal de Apelación, que tendrá un plazo máximo de dos meses para resolverla, es decir, justo antes de las próximas navidades y le permitiría presentarse libre al juicio en apelación previsto, en principio, para el próximo marzo. En caso de ser rechazada, podrán formalizar otras.

Las únicas dos prisiones en la región de París que cuentan con espacios adaptados para presos que necesitan protección son La Santé en París y Fleury-Mérogis en Essonne, ya sea en los llamados "pabellones vulnerables" o en espacios de régimen de aislamiento, en el que, según medios franceses, debería estar Sarkozy.

La activista ambiental Greta Thunberg informa a las autoridades suecas que está siendo sometida a duros tratos bajo custodia israelí, tras su detención y retiro de la Global Summud Flotilla que transportaba ayuda a Gaza, informa The Guardian.

Otro detenido también ha informado que las fuerzas israelíes habrían tomado fotografías en las que Thunberg era obligada a sostener banderas, cuya identidad es desconocida.

En un correo electrónico enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores sueco a personas cercanas a Thunberg, un funcionario que visitó a la activista en prisión aseguró que ella afirma haber sido detenida en una celda infestada de chinches, con comida y agua insuficientes.

“El personal de la embajada pudo reunirse con Greta”, dice el correo electrónico. “Informó sobre deshidratación. Ha recibido cantidades insuficientes de agua y comida. También declaró que había desarrollado erupciones que sospecha que fueron causadas por las chinches. Habló de un trato severo y dijo que había estado sentada durante largos periodos sobre superficies duras”. “Otro detenido supuestamente dijo a otra embajada que había visto a [Thunberg] obligada a sostener banderas mientras se tomaban fotos. Se preguntaba si las imágenes suyas habían sido distribuidas”, añadió el funcionario del Ministerio sueco.

Thunberg forma parte de la comunidad de 437 activistas, parlamentarios y abogados que integran la Flotilla Global Sumud (GSF, por sus siglas en inglés), una coalición de más de 40 embarcaciones que transportan ayuda humanitaria para romper el bloqueo marítimo de 16 años que Israel ha impuesto sobre Gaza.

Entre jueves y viernes, las fuerzas israelíes interceptaron todos los barcos y arrestaron a cada miembro de la tripulación. La mayoría está siendo detenida en Ketziot, también conocida como Ansar III, una prisión de alta seguridad en el desierto del Negev utilizada principalmente para encarcelar a prisioneros de seguridad palestinos, muchos de los cuales Israel acusa de participar en actividades militantes o terroristas. En el pasado, los activistas detenidos por Israel no eran procesados penalmente, sino que su presencia se trataba como un asunto de inmigración.

Según abogados de la ONG Adalah, los derechos de los miembros de la tripulación han sido “violados sistemáticamente”, informando que los activistas fueron privados de agua, saneamiento, medicación y acceso inmediato a sus representantes legales, “en una clara violación de sus derechos fundamentales a un debido proceso, juicio imparcial y asistencia legal”.

El equipo legal italiano que representa a la flotilla confirmó que los detenidos fueron dejados “durante horas sin comida ni agua –hasta altas horas de la noche–”, con la excepción de “un paquete de papas fritas entregado a Greta y mostrado a las cámaras”. Los abogados también reportaron casos de abuso verbal y físico.

Durante una visita a Ashdod el jueves por la noche, el ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha de Israel, Itamar Ben-Gvir, fue filmado llamando “terroristas” a los activistas mientras estaba frente a ellos.

“Estos son los terroristas de la flotilla”, dijo, hablando en hebreo y señalando a decenas de personas sentadas en el suelo. Su portavoz confirmó que el video fue grabado en el puerto de Ashdod el jueves por la noche. En contraparte, algunos activistas fueron escuchados gritando: “Liberen Palestina”.

Desde el arresto, el equipo legal de la flotilla ha expresado su preocupación por el trato que podrían recibir los miembros de la tripulación, particularmente aquellos que ya habían sido detenidos por las autoridades israelíes por intentar romper el bloqueo naval de Gaza. Esta marca la segunda vez que Thunberg es arrestada, junto con otros miembros de la flotilla, después de un intento similar a principios de este año que terminó con la detención y deportación de los activistas.

Baptiste André, un médico francés que estaba en uno de los barcos de la flotilla en junio, ha contado a periodistas que fue testigo de cómo los agentes fronterizos israelíes se burlaban y privaban deliberadamente de sueño a los pasajeros, en particular a Thunberg.

El ministro sueco indicó en el correo que las autoridades israelíes le pidieron a Thunberg firmar un documento.

“Ella expresó incertidumbre sobre el significado del documento y no quiso firmar nada que no entendiera”, dice el correo electrónico. El funcionario del Ministerio sueco escribió que Thunberg ha tenido acceso a asesoría legal.

Adalah señaló en un comunicado previo sobre el proceso legal que, aunque las autoridades israelíes tendrían un registro de los participantes recurrentes en flotillas de ayuda, activistas como Thunberg generalmente eran tratados igual que los participantes primerizos, sujetos a detención temporal y deportación.

The Guardian contactó al Servicio Penitenciario de Israel, a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, pero ninguno ha respondido aún a la solicitud de comentarios.

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa está preocupado por el uso excesivo de la fuerza en las cárceles y durante los arrestos en Cataluña, y urge a poner fin a la inmovilización de los reclusos con fines disciplinarios mediante técnicas mecánicas como correas de cama.

Esa demanda forma parte de las conclusiones de un informe publicado este jueves sobre la visita que hicieron los expertos del CPT a diversos centros de detención catalanes del 25 de noviembre al 5 de diciembre de 2024.

El objetivo de ese viaje de los expertos europeos, que pueden entrar en todos los espacios donde hay personas privadas de libertad, era examinar el tratamiento de los detenidos en comisarías y cárceles, con particular atención a los prisioneros sometidos a régimen de aislamiento en los denominados DERT (Departaments de Règim Tancat) y a las personas sometidas a inmovilizaciones mecánicas.

Respecto al trato durante las detenciones y los traslados a las comisarías, el CPT señala que, aunque la mayor parte de las personas entrevistadas declararon haber sido tratadas correctamente por los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana), hay alegaciones de malos tratos físicos como bofetones, puñetazos o golpes de porra.

"Las conclusiones de la delegación, aunque se refieren a un período de tiempo limitado, indican que las personas que se resisten activamente a su detención corren un riesgo no desdeñable de ser objeto de malos tratos físicos y de un uso desproporcionado de la fuerza", indican los expertos europeos en su informe.

Por ello, este comité especializado del Consejo de Europa (que tiene su sede en Estrasburgo, Francia) recomienda a los Mossos reforzar la vigilancia y mejorar el entrenamiento de los agentes.

El CPT también es crítico con "el diseño y las malas condiciones materiales de las celdas de detención policial de los Mossos d'Esquadra" y pide a las autoridades catalanas "que aborden las deficiencias estructurales" relacionadas con la falta de luz natural, ventilación adecuada, agua y timbres de llamada.

Asimismo, insta a terminar con la práctica de realizar exámenes médicos a los detenidos en presencia de agentes y manteniéndolos esposados.

En los centros penitenciarios y comisarías, la aplicación de inmovilizaciones mecánicas con fines disciplinarios "continúa siendo problemática", a pesar de las advertencias previas emitidas por el propio CPT -desde 2016 a España en general y desde 2018 a Cataluña en particular- por el peligro de incurrir en maltratos.

Sus expertos inciden en el riesgo de utilizar estas técnicas -como amarrar a los prisioneros a camas- de manera punitiva o de aplicarlas a prisioneros con problemas de salud mental sin supervisión.

"Por lo tanto, el CPT concluye una vez más que la inmovilización mecánica debe abolirse. Si se aplica, solo debe hacerse en un entorno médico. El CPT anima a las autoridades a seguir explorando alternativas, como el internamiento de reclusos agitados y violentos en celdas acolchadas".

En las prisiones, cuya gestión es una competencia autonómica, el CPT ha recopilado igualmente acusaciones de uso excesivo de la fuerza y malos tratos físicos, algo sobre lo que reclama "tolerancia cero".

Respecto a los módulos DERT, a pesar de ciertas mejoras como la reducción de los periodos que los presos pasan en ellos, critica la deficiencia de las instalaciones y el reducido nivel de cuidados psiquiátricos.

Durante su visita, los expertos del comité analizaron también la situación del centro para menores infractores Els Til-lers, sobre el que expresaron satisfacción por las condiciones de detención, la atmósfera y la variedad de actividades ofrecidas a los internos.

Sin embargo, dan cuenta de alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad privada del centro, por lo que reclama a las autoridades catalanas un mayor control.

Para Els Til-lers inciden igualmente en "los efectos adversos" de aplicar medidas de inmovilización mecánica en la unidad terapéutica del centro y recomienda abolir esa práctica y sustituirla por métodos alternativos para calmar a los menores violentos.

El informe se complementa con la publicación de la respuesta correspondiente de las autoridades españolas, que detallaron el pasado abril una serie de medidas que están siendo adoptadas para abordar las recomendaciones del CPT.

Eso incluye programas especializados para la gestión de presos violentos o disruptivos, con vistas a reducir la aplicación de técnicas de inmovilización mecánica; el aumento del personal de las prisiones; y medidas para rectificar las deficiencias de las condiciones materiales de los DERT.

Los Mossos d'Esquadra también detallaron en esa respuesta programas de entrenamiento para sus agentes sobre técnicas de control manual y reafirmaron "su compromiso de mejorar las condiciones de detención" y el resto de deficiencias estructurales señaladas por el CPT.

Armas con motivos relacionados con el narcotráfico, fusiles de toda clase con su munición y mucha, mucha marihuana. Todos esos indicios sirvieron a los tribunales de Sevilla para enviar directamente a prisión a 18 personas, esto es, todos los detenidos en las operaciones Mirra y Black Mamba, minuciosos trabajos del Cuerpo Nacional de Policía en la citada capital del Guadalquivir, además de en Osuna y en Mairena de Alcor. Dicen los expertos que la droga, por donde pasa, se queda, y Sevilla se ha convertido en un punto de gran relevancia ante la pujanza de las mafias que introducen hachís y cocaína por el río desde el Estrecho de Gibraltar y de los que dedican su tiempo a cultivar cannabis.

Precisamente las alertas de las compañías eléctricas en relación con consumos excesivos e injustificados pusieron a los agentes detrás de la pista de los investigados, en una doble operación que se saldó con el hallazgo de un auténtico arsenal, así como de plantaciones de marihuana y unos 170 kilos de cogollos listos para su venta, envasados ya al vacío.

La operación Mirra, en la que se hallaron dos pistolas y cinco escopetas, se centró en el barrio de Los Carteros de Sevilla, donde tres viviendas de una misma familia cultivaban cannabis y vendían cocaína y heroína. Nueve personas fueron detenidas, y a ellas se les intervinieron, además, 38.000 euros en efectivo.

La operación Black Mamba se centró en un grupo criminal con base en Las Tres Mil Viviendas que llevó a la Policía hasta una 'guardería' en la localidad de Osuna, donde se halló abundante armamento y munición militar, así como una pistola dorada con motivos relacionados con el narcotráfico y 230.000 euros producto de la actividad delictiva investigada.

Como en el caso anterior, esta segunda red se dedicaba a producir marihuana, actividad que alternaba y combinaba con la venta de cocaína y de heroína en diferentes puntos de venta de los que disponían los procesados.

A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones como Galicia, donde los jueces difícilmente decretan prisión para los supuestos narcos, como sucedió en el caso de las motos acuáticas submarinas para la recogida de cocaína en mercantes, aquí los tribunales tuvieron mano dura y decretaron el ingreso en centros penitenciarios de todos los investigados.

Fatima Movlamli sabía que la policía vendría a por ella. Durante meses, la joven periodista y activista azerbaiyana, había estado documentando la difícil situación de sus colegas mientras eran difamados por los medios de comunicación progubernamentales, detenidos y llevados ante los tribunales acusados de "contrabando de divisas".

Así que Fátima se preparó. La joven de 24 años dio acceso a su cuenta de Facebook a amigos en el extranjero y grabó un vídeo de un minuto para subirlo cuando ocurriera lo inevitable. Se publicó el 28 de febrero de 2025, el día en que fue detenida y se convirtió en la 26ª víctima de una purga de 18 meses en los medios de comunicación independientes de Azerbaiyán.

Fátima —que ya había estado en el punto de mira de las autoridades tras ganar fama como activista adolescente por sus protestas unipersonales contra el presidente Aliyev— miró directamente a la cámara y le habló desafiante. "Si hubiera sabido que iría a la cárcel, que todos los periodistas independientes serían tachados de contrabandistas, nada de lo que he hecho hasta ahora cambiaría", dijo, prometiendo volver a informar "el primer día que salga". Luego, con una sonrisa, lanzó un beso a la cámara: "Cuidaos, ¡nos veremos en los próximos años!".

Desde entonces, han detenido a otros dos periodistas, con lo que el número total de trabajadores de medios de comunicación detenidos asciende a 28. Entre ellos hay también directivos de medios y responsables de dos escuelas de periodismo. Esta represión sin precedentes ha acabado con el periodismo local independiente.

Los medios de comunicación independientes de Azerbaiyán y los grupos internacionales de defensa de los derechos humanos han acusado al Gobierno de detener a los periodistas por su trabajo y de crear un entorno normativo que les hace casi imposible operar legalmente.

Rachel Denber, subdirectora de la División de Europa y Asia Central de Human Rights Watch, calificó "la rapidez y amplitud" de la actual represión contra los periodistas en Azerbaiyán como la mayor desde la independencia del país de la Unión Soviética en 1991.

La última clasificación mundial del World Press Freedom Index, publicada en mayo de 2025 por Reporteros sin Fronteras (RSF), situaba a Azerbaiyán en el puesto 167 de 180 países, citando la "nueva ola de feroz represión contra los últimos periodistas que quedan en el país".

Los medios de comunicación progubernamentales se han hecho eco del mensaje de las autoridades, aireando acusaciones de que los periodistas recibían financiación ilícita y sometiéndolos periódicamente a la publicación de información privada sobre ellos, como mensajes telefónicos, documentos personales y grabaciones de cámaras de vigilancia.

Es una táctica con la que Fátima ya está familiarizada. En abril de 2019, se filtraron en Internet fotos y vídeos íntimos suyos. Ella creía que habían sido extraídos de su teléfono cuando fue detenida, golpeada y obligada a entregar su contraseña. También había sido seleccionada como objetivo de un software espía, según informó OCCRP en su momento.

Antes de su detención en febrero, Fátima había trabajado como freelance para medios de comunicación, entre ellos Meydan TV —socio miembro del consorcio de investigación OCCRP, al igual que lo es infoLibre—, ayudando a que pudieran seguir cubriendo información tras la detención de todo su personal en el país.

Los duros reportajes de este medio sobre la corrupción y los derechos humanos en Azerbaiyán lo habían convertido desde hacía tiempo en blanco del acoso oficial. Su sitio web está bloqueado en el país, pero tiene muchos seguidores en las redes sociales: casi un millón de seguidores en Instagram y 640.000 suscriptores en YouTube. Azerbaiyán tiene una población de 10 millones de habitantes.

Aunque con sede en el extranjero desde hace años, hasta hace unos meses había conseguido mantener un equipo de periodistas en Azerbaiyán, entre ellos la redactora jefe Aynur Elgunash. En una reciente carta que escribió desde la cárcel, publicada por Meydan TV, Aynur aseguraba que Azerbaiyán "se está convirtiendo gradualmente en un lodazal, y este lodazal está ocupado tragándose a la gente".

La dirección del canal en el exilio ha declarado a OCCRP que, por primera vez en sus 12 años de historia, no tiene empleados trabajando en el país.

Meydan TV es conocido por tener una audiencia local muy comprometida; muchos de sus reportajes han surgido de las sugerencias de los lectores. Ahora, aunque el medio sigue publicando desde el exilio, ya no puede interactuar plenamente con los lectores para poner de relieve las cuestiones sociales que les preocupan. Sin reporteros sobre el terreno, la comprobación de los hechos también se ha hecho casi imposible, lo que se ha visto agravado por las trabas de los organismos estatales, según explica la dirección del medio.

Semanas antes de que la detuvieran, Fátima compartió en Facebook una foto sonriente en la que aparecía con su compañero de Meydan TV Nurlan Gahramanli, también conocido como Nurlan Libre, junto a un monumento dedicado a Mahammad Amin Rasulzade, figura fundadora de la democracia azerbaiyana a principios del siglo XX. "Comparto esta foto para que, si me detienen, Nurlan pueda venir y comentar en ella", rezaba el post de Fátima.

Nurlan nunca tuvo la oportunidad. Justo antes de la detención de Fátima, también fue detenido por cargos de contrabando de divisas. Ahora está a la espera de juicio.

Azerbaiyán es desde hace tiempo uno de los lugares del mundo más difíciles para los medios de comunicación independientes, y el Gobierno ya ha encarcelado a periodistas por cargos que los defensores de los derechos humanos han calificado de falsos y de deberse a políticos. Pero el amordazamiento de los medios de comunicación se ha intensificado rápidamente desde finales de 2023.

La purga comenzó en el periodo previo a las elecciones presidenciales de febrero de 2024, que Aliyev ganó con más del 92% de los votos. A medida que Aliyev se adentraba en su quinto mandato consecutivo, la persecución de periodistas se intensificaba.

Meydan TV, Toplum TV, Abzas Media y Kanal 13 operan ahora enteramente desde el exilio, sin personal que trabaje en Azerbaiyán. El medio de comunicación independiente más influyente del país, Turan News Agency, optó por cerrar por completo en febrero. Todos estos medios habían publicado artículos que denunciaban la corrupción y los abusos de derechos vinculados al régimen de Aliyev.

Otros medios de comunicación independientes más pequeños han dejado de funcionar o han reducido enormemente su producción desde que detuvieron a su personal. Los que siguen trabajando para las publicaciones desde el extranjero optan por permanecer en el anonimato, por temor a las represalias del Gobierno contra los familiares que permanecen en el país.

De los 28 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación detenidos en los últimos 18 meses, dos han sido condenados y encarcelados, 15 están siendo juzgados y el resto están a la espera de juicio.

Los cargos contra ellos suelen estar relacionados con acusaciones de haber introducido divisas en el país sin declararlas, bien en forma de dinero contante y sonante, bien en forma de subvenciones procedentes del extranjero. Estos cargos pueden acarrear hasta ocho años de prisión. Algunos de los detenidos se enfrentan a acusaciones adicionales, como evasión fiscal y blanqueo de dinero, que conllevan penas de hasta 12 años. Todos han negado las acusaciones contra ellos.

Las condiciones en las cárceles de Azerbaiyán son notoriamente duras. En julio de 2024, Abzas Media publicó una carta de su director, Ulvi Hasanli, en la que denunciaba "torturas sistemáticas" en la prisión donde está recluido mientras se le juzga en la capital del país, Bakú. "La tortura continúa cada semana, a veces cada día. A veces se golpea a una persona y a veces a 10-15 personas a la vez", escribió.

Ese mismo mes, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa criticó la "continua falta de acción" de las autoridades azerbaiyanas para poner fin a la tortura en su sistema penitenciario.

"Detrás de estas acusaciones, hay periodistas detenidos por su trabajo periodístico", ha declarado Jeanne Cavalier, responsable de Europa Oriental y Asia Central de Reporteros sin Fronteras. La presidencia de Azerbaiyán no ha respondido a la petición de declaraciones de OCCRP.

Desde 2014, Azerbaiyán ha endurecido las restricciones legales a las donaciones extranjeras para las ONG locales, lo que ha llevado a la introducción de nuevas capas de burocracia y procesos de aprobación para las subvenciones procedentes del exterior. Los medios de comunicación independientes se han visto perjudicados por ello, ya que muchos se constituyen como ONG y reciben subvenciones del extranjero. 

Denber, de Human Rights Watch, explica que la legislación ha hecho "prácticamente imposible" que los medios de comunicación independientes operen legalmente. La legislación "deja muchas oportunidades para que las autoridades denieguen arbitrariamente la aprobación [de subvenciones]", afirma. Para Aliyev, estas ONG forman parte de una red de "contrabando de dinero" respaldada desde el extranjero y destinada a socavar el Estado. En un foro internacional celebrado en Bakú en abril, Aliyev alabó el éxito de las medidas adoptadas por Azerbaiyán contra ellas. 

"Las subvenciones concedidas a las denominadas ONG locales —en realidad, sucursales de la oposición— ahora deben registrarse, y aquí es muy difícil contrabandear dinero", dijo Aliyev al público, aunque lamentó cómo se percibía desde el exterior la persecución de estos "contrabandistas". "Cuando nuestras fuerzas del orden llevan ante la justicia a estos contrabandistas de dinero, empiezan a acusarnos de hacer cosas antidemocráticas", dijo. 

En el vídeo publicado en Facebook con motivo de su detención, Fátima Movlamli señalaba la ironía de que Aliyev, cuyo régimen ha enriquecido enormemente a su familia y a su círculo íntimo, como han puesto de manifiesto sistemáticamente las investigaciones periodísticas, tachara a los periodistas de contrabandistas. Movlamli le llamó "el patrón de los contrabandistas".

En el foro de Bakú, titulado "Frente a un nuevo orden mundial" y que reunió a representantes de más de 44 países, Aliyev elogió la congelación de la ayuda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los medios de comunicación que han denunciado a regímenes represivos como el azerí y le animó a ir más allá.

"Lo que el presidente Trump empezó a hacer es muy prometedor, pero creo que no debería detenerse", dijo Aliyev a la audiencia. "Debería profundizar más. Human Rights Watch, Freedom House, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional... toda esta infraestructura de sus enemigos políticos debe volverse totalmente disfuncional".

En sus primeros 100 días en el cargo, Trump desmanteló la principal agencia de ayuda exterior del Gobierno de Estados Unidos, USAID —que según él estaba dirigida por "lunáticos radicales"—, congelando miles de millones de dólares en proyectos de ayuda internacional, incluidos unos 268 millones de dólares para apoyar a los medios de comunicación independientes de todo el mundo —la organización matriz de OCCRP ha presentado una demanda contra la administración Trump impugnando la congelación de fondos—.

Trump también forzó el cierre de servicios de noticias internacionales, incluida Voice of America (VoA), al retirar la financiación. VoA y otros medios financiados por Estados Unidos que están en el punto de mira de Trump, como Radio Free Europe/Radio Liberty, a menudo eran las únicas alternativas a las redes de medios estatales en Estados no democráticos.

Paralelamente a la represión de los periodistas independientes en Azerbaiyán, los medios de comunicación progubernamentales han emprendido una campaña que refuerza las acusaciones de financiación ilegal, publicando a veces lo que afirman que son conversaciones privadas en las que participan los acusados o sus amigos y familiares.

Los periodistas denunciados afirman que, aunque algunas de las comunicaciones privadas e imágenes que aparecen en los reportajes pueden haber sido falsificadas, otras parecen auténticas, lo que plantea interrogantes sobre cómo se obtuvieron. Los informes de Baku TV, un importante medio de comunicación progubernamental, han incluido lo que dicen ser capturas de pantalla de mensajes de texto y audio entre periodistas de Meydan TV en Signal y Slack.

Otro medio de comunicación progubernamental, Qafqazinfo.az, presentó un montaje de lo que dijo eran documentos que incluían propuestas de proyectos de subvención y un contrato de freelance, principalmente relacionados con Toplum TV y uno de sus periodistas.

Azeri-Press Agency (APA) publicó capturas de pantalla en las que supuestamente aparecían llamadas y mensajes privados entre un periodista de Azerbaiyán y periodistas de Meydan TV que operaban en el extranjero, así como información personal supuestamente perteneciente al freelance de Meydan TV Nurlan Gahramanli. Poco después, Nurlan fue detenido.

La dirección de Meydan TV declaró a OCCRP que creía que el material auténtico utilizado en las redadas progubernamentales contra los periodistas del medio podría haberse obtenido "bajo coacción". "Nuestros periodistas han sido objeto de brutalidad policial y amenazas en los intentos de acceder a sus dispositivos electrónicos", han denunciado.

Un representante de Abzas Media dijo a OCCRP que las fuerzas de seguridad locales habían estado proporcionando material a los medios de comunicación progubernamentales para "difamar a los periodistas" y "desacreditarlos ante la opinión pública". Los defensores de la libertad de prensa también expresaron su preocupación por cómo las autoridades y los medios de comunicación progubernamentales habrían obtenido esa información privada.

OCCRP informó en 2021 sobre el ataque a decenas de periodistas azerbaiyanos con el programa espía Pegasus. La ONG Media Defence, con sede en Londres, que está proporcionando ayuda legal a varios periodistas azerbaiyanos detenidos, ha presentado desde entonces solicitudes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre de varias víctimas, alegando que el Estado violó su privacidad.

"Tanto si [las autoridades] lo consiguen pirateando sus teléfonos, controlándolos o vigilándolos de otras formas, creo que, en combinación, todo esto tiene un impacto muy grave en la forma en que los periodistas llevan a cabo su actividad", ha declarado Pádraig Hughes, director jurídico de Media Defence.

Baku TV, APA y Qafqaz no han respondido a la petición de declaraciones de OCCRP.

En su último informe, RSF afirma que "prácticamente todo el sector de los medios de comunicación está bajo control oficial" en Azerbaiyán. "No se emite ningún programa de radio o televisión independiente desde el interior del país, y todos los periódicos impresos con una postura crítica han sido clausurados", señala el informe.

El Gobierno posee tres cadenas de televisión, entre ellas AzTV, y una agencia de noticias llamada Azertag. Pero también hay decenas de medios de comunicación privados progubernamentales, y la falta de transparencia hace que no conste públicamente quién los controla. El Gobierno de Azerbaiyán prohibió el acceso público a la información sobre la propiedad de las empresas en 2012.

Baku TV, por ejemplo, forma parte de un holding denominado Global Media Group (GMG), que también controla otros medios de comunicación progubernamentales en Azerbaiyán —como Report News Agency y el sitio web de noticias Oxu.Az—, así como Haber Global TV en la vecina Turquía. Pero los registros públicos no muestran quién es el propietario de GMG.

Según los documentos públicos registrados ante las autoridades fiscales de Azerbaiyán, el representante legal y presidente del consejo de GMG es un antiguo funcionario del Ministerio de Transportes llamado Elnur Abdullayev. En su página de Facebook aparece con el presidente Aliyev en dos ocasiones. Aliyev le concedió un diploma honorífico en 2020 por sus "servicios en el desarrollo de los medios de comunicación en la República de Azerbaiyán".

En mayo de 2024, GMG se convirtió en signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa voluntaria en la que las empresas se comprometen a respetar los principios de sostenibilidad, incluidos los derechos humanos. El compromiso fue firmado por Abdullayev. OCCRP ha intentado contactar por correo electrónico con Abdullayev vía GMG, pero no ha habido respuesta.

Azeri-Press Agency (APA) también forma parte de un holding, APA Group, que controla una serie de sitios web de noticias en Azerbaiyán y cuya propiedad última se desconoce. En una entrevista de 2016 sobre la libertad de prensa, el director general de APA Group, Vusala Mahirgizi, declaró a BBC News Azerbaiyán que APA podía escribir sobre cualquier tema que deseara, y que sus periodistas no tenían ningún problema para obtener documentos oficiales. 

"Tenemos acceso a las declaraciones de las investigaciones, a los testimonios de las sesiones a puerta cerrada de los tribunales y a la información presentada durante las investigaciones preliminares; todo ello lo publicamos», declaró Mahirgizi. «No nos enfrentamos a ninguna presión ni obstáculo a este respecto". Para los medios de comunicación ahora obligados a exiliarse, la historia es muy diferente. Meydan TV y Abzas Media declararon que ahora dependen de la valentía de los ciudadanos que les puedan suministrar información para su cobertura.

Mientras las redacciones locales están vacías, las publicaciones en el exilio se aseguran de que su personal detenido siga teniendo voz, publicando sus declaraciones, testimonios ante los tribunales y cartas desde la cárcel. Y siempre con un tono desafiante.

"Sabíamos que íbamos a provocar la ira de Ilham Aliyev por nuestro trabajo", declaró el director y fundador de Abzas Media, Ulvi Hasanli, en una vista judicial celebrada en enero. "Sin embargo, eso no nos disuadió". En una declaración desde la cárcel en mayo, el personal de Meydan TV también dijo que estaban decididos a no ser silenciados. "Quienes creen que nos han silenciado metiéndonos entre rejas desconocen el poder liberador de la cárcel. Ya no tenemos nada que temer: nos han detenido y, desde aquí, nuestras voces se alzarán más alto, se oirán más", afirmaron.

Las cartas de los periodistas desde la cárcel se hacen eco de ese desafío, combinado con humor y con recuerdos de la vida en el exterior. Aynur Elgunash, redactor jefe de Meydan TV, lamentó los terribles culebrones que le sirven de único entretenimiento en la cárcel. "En mi opinión, el principal castigo en prisión es la obligación de ver canales de televisión locales", escribió en una carta publicada por Meydan TV en mayo.

Pero terminó con un característico desafío a las autoridades: "No me arrepiento en absoluto de haber ido a la cárcel. De lo contrario, no sería consciente de las amargas realidades que he vivido. Soy una persona que cree en el efecto boomerang de la vida. Espero de verdad que los que han hecho del país lo que es pasen también por este camino algún día y se ahoguen en el lodazal que han creado".

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumple este domingo el primer año de su segundo mandato consecutivo, tras reelegirse en febrero de 2024 a pesar de que la Constitución lo prohíbe, con lo que suma seis años al frente del Ejecutivo con la economía aún como su mayor reto y aferrado a un régimen de excepción para sostener su popularidad, según informa EFE.

Bukele llegó al Ejecutivo en 2019 y en 2024 -año en que cumplía el período de gobierno establecido de cinco años- fue en contra de la Constitución al buscar y lograr la reelección.

En este nuevo período, que concluye en 2029, el principal reto para el mandatario sigue siendo mejorar la economía del país y de los ciudadanos.

Está previsto que Bukele brinde el domingo, desde la sede de la Asamblea Legislativa en San Salvador, un mensaje a la nación.

Bukele prometió el 1 de junio de 2024, durante su discurso de investidura para su segundo mandato, "sanar" la economía tras curar al país del "cáncer" de la violencia, generada principalmente por los grupos de pandillas.

Según diversas encuestas, el presidente salvadoreño llegó al final de su primer mandato (2019-2024) con la exigencia de la sociedad de solventar los problemas económicos, preocupación que ha desplazado al tema de la seguridad.

Bajo su administración, la nación centroamericana se ha mantenido a la cola del crecimiento económico en Centroamérica y es altamente dependiente de las remesas familiares, que anualmente inyectan más de 8.000 millones de dólares.

Además, de acuerdo con datos oficiales, el porcentaje de pobreza general pasó de un 22,8% a un 27,2% de los hogares.

Para "paliar" la situación económica el Gobierno de Bukele ha propuesto algunas medidas consideradas por diversos analistas como "paliativas" pero no políticas a medio y largo plazo.

El mandatario anunció en abril pasado un aumento al salario mínimo de un 12%, con lo que el sueldo pasará de 365 dólares a 408 dólares para el sector de industria, comercio y servicios, mientras la canasta básica de alimentos se acerca a los 300 dólares mensuales. 

El Salvador alcanzó un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y también ha suscritos créditos con otras entidades financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La deuda pública de El Salvador en 2024, de acuerdo con cifras oficiales, alcanzó los 32.107,13 millones de dólares, un 8,4% superior a los 29.596,04 millones reportados en 2023.

Bukele logró su reelección aferrado a un régimen de excepción -medida implementada por su Gobierno contra las pandillas- que elevó su popularidad por "erradicar" la actividad de las pandillas y reducir los índices de violencia que mantuvieron a El Salvador como uno de los más peligrosos del mundo.

No obstante, esta polémica medida -que se ha convertido en la principal y única para sostener la reducción de la violencia- ha sido señalada de violentar derechos humanos y bajo la cual se han ejecutado cientos de detenciones arbitrarias, según diversas organizaciones.

El régimen de excepción ha sido prorrogado en 39 ocasiones por períodos de 30 días por la Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

Bajo este régimen se reportan más de 400 muertes de personas detenidas bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado y más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos.

El abogado Alejandro Díaz dijo en declaraciones a EFE que el régimen de excepción ha sido la "punta de lanza" del Gobierno, pero "hay que tener claro que popularidad es diferente a conocimiento".

"Conocer el país como una cárcel mundial o conocerlo como que está bajo hechos que están quedando impunes eso ya no genera popularidad", añadió.

Un 85% de la población aprueba la gestión de Bukele, según la Presidencia salvadoreña que retoma los resultados de una encuesta de la consultora CID Gallup publicada el miércoles.

Sin embargo, aunque el mandatario se mantiene como una de las figuras políticas más populares de la región, el respaldo ha caído ligeramente en comparación con 2024, cuando alcanzaba el 89%.

Además, 9 de cada 10 salvadoreños aprueba el régimen de excepción que tras tres años de aplicación deja más de 86.000 capturas de supuestos miembros de pandillas y personas ligadas a estas bandas.

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado en 2018 en Almería por Ana Julia Quezada, ha denunciado haber recibido amenazas directas desde prisión por parte de la autora del crimen y ha lamentado la que considera "total falta de protección institucional", según recoge EFE.

En una rueda de prensa celebrada en Almería, Ramírez ha reclamado este miércoles medidas urgentes para evitar una "revictimización constante" de familias afectadas por este tipo de casos.

Ramírez ha revelado que, desde hace más de un año, recibe información procedente tanto del interior como del exterior de la cárcel de Brieva (Ávila), donde cumple condena Quezada, sobre posibles irregularidades, como la tenencia de teléfonos móviles, grabaciones de contenido sexual, o incluso la preparación de un documental con la participación de la asesina confesa.

"La información que a mí me llega es que Ana Julia tiene móviles. Que hay personas que graban dentro, que hay vídeos sexuales, que hay grabaciones para un documental, que hay personas que mueven dinero por ello", ha afirmado.

Según ha explicado, entre esos datos recibidos se encuentra una amenaza directa: "A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel. He hecho llegar esta información, pero nadie me responde. Nadie investiga".

En esta línea, ha resaltado que otras personas relacionadas con Quezada también estarían interesadas en "vengarse" de ella, y ha sostenido que recibe llamadas de desconocidos desde hace tiempo, algo que ya ha denunciado ante la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

Estas amenazas no se producen en un vacío, sino en un entorno de falta de control institucional: "Me consta que se alquilan teléfonos dentro de la cárcel, que hay intercambio de móviles, que se usan para llamadas, grabaciones, o incluso para chantajear a otras internas", ha asegurado.

Patricia Ramírez ha insistido en que ha trasladado toda esta información por escrito y en persona a distintas autoridades penitenciarias, judiciales y políticas: "No puedo más. Lo estoy denunciando y ni siquiera se me llama para preguntarme. Nadie me atiende, nadie me protege, nadie actúa", ha dicho entre lágrimas.

También ha denunciado la existencia de "funcionarios implicados" en estas irregularidades: "A mí me constan por lo menos cuatro. Lo he dicho. He puesto todo por escrito. ¿Qué más tengo que hacer?", se ha preguntado.

Ramírez ha explicado que todo esto sucede mientras la responsabilidad civil derivada del asesinato de su hijo sigue sin estar resuelta.

"Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial de Ana Julia. No ha pagado nada, no se le ha embargado nada, ni siquiera está declarada insolvente. Y mientras tanto puede estar ganando dinero con un documental", ha lamentado.

Ha criticado que se dé espacio mediático a condenadas por crímenes atroces: "¿A costa de qué se le está dando tanta fama a esta asesina? ¿Para qué? ¿Para vender nuestra amargura como espectáculo?", ha continuado. "Esto lo que hace es revictimizarnos. Nos vuelven a matar un poco cada vez que sacan su nombre, su imagen, su historia. Nos roban el duelo, la intimidad, la paz".

En ese sentido, ha reclamado la aplicación real del Estatuto de la Víctima y del marco europeo de derechos fundamentales: "Ese estatuto dice que hay que tratar con respeto y proteger a la víctima. Pero aquí no hay respeto. No se me protege. Me siento absolutamente sola. El sistema me ha dejado sola".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los indultos concedidos por su antecesor, el demócrata Joe Biden, son "nulos" y "no tienen valor", ya que fueron firmados por lo que él denomina un bolígrafo automático (autopen), según informa EFE. "Los indultos que el soñoliento Joe Biden otorgó al Comité de Matones Políticos (en referencia al Comité del Congreso encargado de investigarlo), y a muchos otros, se declaran nulos, sin valor y sin efecto, debido a que fueron emitidos por un Autopen", escribió en su red Truth Social la pasada madrugada.

El actual presidente estadounidense sugiere además que Biden no conocía exactamente estos indultos que le fueron impuestos por sus asesores. "En otras palabras, Joe Biden no los firmó, pero, aún más importante, ¡no sabía nada de ellos! Los documentos que eran necesarios para el indulto no le fueron explicados ni aprobados por Biden", agregó Trump.

"Él no sabía nada de ellos, y quienes sí los supieron podrían haber cometido un delito. Por lo tanto, quienes integran el Comité de Matones Políticos, quienes destruyeron y eliminaron TODA la evidencia obtenida durante su cacería de brujas de dos años contra mí y muchas otras personas inocentes, deben comprender plenamente que están sujetos a investigación al más alto nivel", subraya el presidente republicano.

"Lo cierto es que probablemente fueron responsables de los documentos que se firmaron en su nombre sin el conocimiento ni el consentimiento del peor presidente de la historia de nuestro país, ¡el corrupto Joe Biden!", insiste Trump.

Antes de dejar el cargo Biden anunció su decisión de conmutar las sentencias de cárcel "desproporcionadas" impuestas a cerca de 2.500 presos que cumplen condenas por "delitos no violentos relacionados con drogas".

Biden también conmutó también las penas de 37 de los 40 condenados a muerte a nivel federal, convirtiendo sus castigos en cadena perpetua, e indultó a su hijo Hunter, que estaba procesado por delitos de armas y fiscales y a altos funcionarios como Anthony Fauci el responsable de luchar contra la pandemia, entre otros.