El político centrista Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este sábado como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de cinco años, abriendo un nuevo ciclo político y económico en el país suramericano después de 20 años de la izquierda en el poder.

"Dios, familia y patria, sí, juro", sostuvo el nuevo mandatario boliviano al tomar juramento.

Paz Pereira, nacido en Santiago de Compostela en 1967 por el exilio de sus padres, juró el cargo ante su vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, y ante los diputados y senadores electos en los recientes comicios generales que también inician este sábado una nueva legislatura.

El político fue elegido presidente en la inédita segunda vuelta realizada el pasado 19 de octubre, con un 54,96% de los votos, frente a un 45,04% logrado por su rival, el exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

En su discurso de toma de posesión, Paz, sostuvo que el país que recibe "esta devastado" por la crisis y que el Gobierno saliente dejó una "economía quebrada", con escasez, inflación y deuda, en su discurso tras ser investido como el nuevo jefe de Estado del país sudamericano.

"El país que recibimos está devastado, nos dejan una economía quebrada, con las reservas internacionales más bajas en 30 años, nos dejan la inflación, escasez, deuda, desconfianza", sostuvo Paz ante los parlamentarios y delegaciones nacionales e internacionales invitadas a su investidura.

El nuevo presidente boliviano afirmó que les han dejado "un Estado paralizado, un monstruo burocrático incapaz de servir al pueblo", con "filas interminables" de vehículos que buscan combustible, "mercados vacíos, salarios que no alcanzan", aludiendo a la crisis económica que vive el país.

También señaló que los gobernantes salientes "dejan una nación cansada, dividida, endeudada moral y materialmente", con un déficit alto y empresas públicas "convertidas en botines políticos".

"Nos dejan la peor crisis de las últimas cuatro décadas (...) Nos dejan con una deuda de 40.000 millones. Nos traicionaron y la traición se paga en Bolivia, porque es el costo que tienen los más humildes y vamos a defender a los más humildes", advirtió.

Según Paz, las autoridades salientes "dejaron agujeros financieros imposibles de justificar" y "la corrupción se volvió el sistema y la mentira, la política de Estado".

"Este es el país que nos dejaron. ¿Qué carajo nos hicieron con tanta bonanza? ¿Por qué hay gente, familias que no tienen qué comer el día de hoy, si éramos tan ricos con tanto gas y con el litio como futuro? Van a responder a la patria por la pobreza y necesidad de cada boliviano y cada boliviana", insistió.

El político centrista manifestó que "si nos dejaron pobres, no tenemos por qué ser pobres" y que "todo presente y futuro es mejor que el pasado".

"Nosotros somos el presente y el futuro y vamos a superar ese pasado de desgracia y de indignidad que se ha generado para todos los bolivianos", expresó.

A la investidura de Paz asisten los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña, y Uruguay, Yamandú Orsi, además del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Además, participan la presidenta de las Cortes Generales y del Congreso de los Diputados de España, Francina Armengol, y la también española Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea y representante de la UE en el acto.

Entre los asistentes también están el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, así como los vicepresidentes de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner.

Desde China llegó el ministro de Recursos Hídricos, Li Gouying, como "enviado especial" del presidente Xi Jinping, y también acuden los expresidentes bolivianos Quiroga, Carlos Mesa (2003-2005), Jeanine Áñez (2019-2020), Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y Jaime Paz Zamora (1989-1993), padre del nuevo mandatario del país andino.

El gobernante también se ha propuesto abrir Bolivia "al mundo", salvo a aquellos países "que no tienen democracia", por lo que están ausentes en su investidura los Gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La llegada de Paz al Gobierno boliviano supone el fin de 20 años de Gobierno del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), con las Administraciones de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), ambos también ausentes en la investidura.

Querida ciudadanía española,

Treinta años después del histórico Plan de Acción de El Cairo, el derecho al aborto vuelve de cuando en cuando al debate de actualidad. Ahora, escuchamos al otro lado que España se plantea blindarlo en su Constitución, como consecuencia del falso debate recurrente sobre un derecho básico para las mujeres. 

Pero este debate no ocurre en el vacío. En los últimos años hemos visto cómo en distintos países —desde Estados Unidos hasta Polonia o El Salvador— se desmantelan protecciones que ha costado décadas conquistar. Detrás hay una ofensiva internacional bien organizada que busca recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. 

En muchos países, decidir interrumpir un embarazo sigue siendo motivo de cárcel o de muerte. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se practican unos 25 millones de abortos en condiciones inseguras, responsables de entre 22.000 y 39.000 muertes maternas evitables. No por abortar, sino por no poder hacerlo con garantías y seguridad. 

En Bolivia cada día comprobamos lo que ocurre cuando el derecho al aborto no existe o está restringido a unos pocos supuestos. Les escribimos no para hablar de teoría, sino de vidas concretas: las de miles de mujeres, niñas y adolescentes que ven negada su autonomía, su salud y su futuro.

Aquí, el aborto solo es legal en casos de violación o cuando la salud y la vida de la mujer está en riesgo. En la práctica, sin embargo, incluso esas excepciones son casi imposibles de ejercer. Los prejuicios, el miedo y la desinformación pesan más que la ley. Cada año se practican miles de abortos inseguros, y el resultado es devastador: mujeres encarceladas, hospitalizadas o muertas por no poder acceder a un servicio seguro.

Según datos oficiales, el 50,5 % de los embarazos en Bolivia son no intencionales, y más de 32.000 adolescentes se convierten en madres cada año. Detrás de muchas de esas cifras hay violencia sexual, matrimonios forzados y una profunda ausencia de educación afectivo-sexual. No se trata solo de estadísticas: se trata de oportunidades perdidas, de infancias interrumpidas, de sueños cancelados antes de comenzar.

Por eso, que ahora España se plantee blindarlo en la Constitución no es un gesto menor. Significa reconocer que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo forma parte esencial de la libertad, la igualdad y la dignidad humana.

Por eso miramos con atención y esperanza. Blindar el aborto no es solo un avance para las mujeres españolas. Es también una señal para el mundo: una manera de decir que los derechos conquistados no son reversibles, que la igualdad y la dignidad no dependen del gobierno de turno.

España ha sido ejemplo de avances en igualdad y de compromiso con una política exterior feminista. Pero si de verdad quiere ser coherente con esa visión, necesita defender este derecho también fuera de sus fronteras. Porque lo que se defiende dentro inspira fuera, y lo que se protege en el Norte tiene eco en el Sur.

Cuando una mujer española pueda decidir libremente sobre su cuerpo, sin miedo ni culpa, supondrá también un paso adelante para que una mujer boliviana pueda hacerlo algún día en una sociedad que apoya el acceso al aborto libre y seguro. Cuando se blinda un derecho en un país, se fortalece en todos.

Legalizar el aborto salva vidas. Las protege del vaivén político. Significa confiar en las mujeres y reconocer su capacidad para tomar sus propias decisiones. 

Desde Bolivia, enviamos nuestro apoyo y solidaridad para que sigan avanzando. Que no den por sentados los derechos que aquí todavía estamos luchando por conquistar. Que escriban en su Constitución lo que tantas queremos poder escribir en la nuestra: que nuestros cuerpos no son campo de batalla, sino territorio de decisión.

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Magali Chávez es directora Alianza-ActionAid en Bolivia.

El senador opositor centrista Rodrigo Paz Pereira ganó la segunda vuelta de este domingo con el 54,57% de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia con poco más del 97% de las actas procesadas, según informa EFE.

El senador agradeció este domingo el apoyo recibido y prometió volver a "abrir" el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para "salir adelante" de la crisis en que se encuentra su nación.

Paz obtuvo la victoria frente a un 45,43% del exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE, con el 97,68% de las actas computadas.

Los votos válidos alcanzan el 94,56%, los blancos un 0,75% y los nulos un 4,69%, de acuerdo a la información preliminar que no es el cómputo oficial, aunque el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados muestran "una tendencia" que "parece ser irreversible".

Según Hassenteufel, el nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta estuvo entre el 85 y 89%, un dato que se confirmará "una vez que se concluya el cómputo oficial".

El vocal valoró que el Sirepre, "que ya dio muy buenos resultados en la primera ronda" realizada el pasado 17 de agosto, "también hoy ha cumplido eficazmente su función".

Ratificó que la jornada de votación fue "tranquila", transcurrió "sin incidentes mayores" y permitió que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Por eso este domingo los bolivianos volvieron a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la Constitución vigente desde 2009.

Paz es candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolicía Edman Lara y Quiroga representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

El político derechista boliviano Jorge Tuto Quiroga obtuvo el 66,53% de los votos de los electores residentes en España en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de este domingo. Con el 87% de las actas procesadas, el candidato conservador obtuvo en España 19.905 de las 30.834 papeletas depositadas en las urnas, según los resultados provisionales publicados por el Órgano Electoral Plurinacional. 

Rodrigo Paz consiguió 10.016 votos, que es el 33,47% del total. La participación en España fue del 37,46% de los 82.300 electores registrados.

Por el contrario, el presidente electo ganó ampliamente en el conjunto del electorado boliviano que se encuentra en el extranjero, al obtener el 57,09% de los 122.148 votos emitidos, según el 75,5% del escrutinio. Su oponente sacó el 42,91%.

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes a Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia y ha expresado su deseo de mantener una sólida cooperación bilateral.

Sánchez se ha hecho eco en las redes sociales de ese triunfo de Paz, líder del Partido Demócrata Cirstiano (PDC), en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales bolivianas.

"Mi reconocimiento al pueblo boliviano por su compromiso democrático", ha subrayado el jefe del Gobierno tras trasladar su enhorabuena al que será nuevo presidente de su país.

Además, le ha trasladado su deseo de que España y Bolivia sigan trabajando juntos por una cooperación sólida y duradera.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este lunes a Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia y le ha deseado "acierto" para lograr el cambio en el país suramericano.

"Mis sinceras felicitaciones al presidente electo de Bolivia por su calara victoria. Le deseo todo el acierto para que los bolivianos tengan el cambio que merecen. Muchos retos por delante", ha escrito Feijóo en un mensaje en la red social X.

El Movimiento al Socialismo (MAS) dejará de gobernar Bolivia después de casi 20 años, ya que en las elecciones generales de este domingo los candidatos opositores a la Presidencia, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, disputarán la primera segunda vuelta en la historia del país, según informa EFE.

Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quedó en primer lugar en los comicios al obtener el 32,14% de votos válidos, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y tras computar el 95,41% de las actas. Mientras que Quiroga (2001-2002) de Alianza Libre alcanzó 26,81% de los votos, según estos datos que son preliminares y "no reemplazan" los resultados del cómputo oficial, según el TSE.

Según la ley electoral boliviana, como ninguno llegó a más del 50% de los votos, ni a un mínimo del 40% con una diferencia de 10 puntos con la segunda candidatura, tendrán que disputar una segunda vuelta que se llevará a cabo el 19 de octubre. El oficialista MAS tenía como candidato al exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo, después de que el presidente Luis Arce renunciara a buscar la reelección en medio de una crisis económica que afecta a Bolivia.

Del Castillo tiene un 3,16% de votos, porcentaje que si no cambia en los resultados oficiales finales alcanzaría para salvar la personalidad jurídica del MAS, ya que según la ley electoral si un partido no supera el 3% debe desaparecer. Para esta jornada más de 7,5 millones de bolivianos estaban registrados para elegir al presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio.

La jornada fue calificada como "tranquila" por las misiones de observación electoral de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), las más numerosas que se desplegaron para acompañar este proceso. Sin embargo, el candidato Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular, fue agredido por varias personas que le arrojaron piedras después de emitir su sufragio en la localidad de Entre Ríos en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical del expresidente Evo Morales (2006-2019).

El también presidente del Senado fue calificado como "traidor" por Morales por haber buscado la Presidencia de Bolivia por su cuenta, alejándose del exmandatario que era considerado su mentor político porque ambos son líderes sindicales de cocaleros en el Trópico de Cochabamba. Por su parte, el presidente Arce dijo esta noche que cumplió su deber al "garantizar un proceso electoral pacífico y transparente" y aseguró que hará un "transito democrático" al entregar la Presidencia el 8 de noviembre.

El empresario opositor Samuel Doria Medina, quien era favorito en las encuestas preelectorales, aceptó su derrota al llegar tercero con un 19,86% de votos e indicó que apoyaría a Paz Pereira en la segunda vuelta. Mientras que Morales, quien no pudo participar como candidato presidencial por una inhabilitación constitucional y por no encontrar un partido que lo apoya tras renunciar al MAS, encabezó en las últimas semanas una campaña para votar nulo.

También acusó al Gobierno de Arce de planear un "fraude" para estos comicios y dijo que se reunirá el miércoles con sus seguidores para analizar los resultados electorales. Con la conclusión de la jornada electoral, la política y el Estado bolivianos darán un giro abrupto con la llegada de Quiroga, representante de la derecha, o de Paz Pereira, de centro, al Ejecutivo. Asimismo, se esperan los resultados oficiales de la votación para tener un panorama de la nueva distribución del Legislativo, en donde el MAS también fue mayoría por casi dos décadas.

Bolivia cumple el domingo 5 años de una de las peores crisis de su historia reciente, a partir de los comicios anulados de 2019, que terminó en un Gobierno de transición y el posterior retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) que subsiste en medio de fuertes tensiones internas, según informa EFE.

El entonces presidente Evo Morales (2006-2019) renunció el 10 de noviembre de 2019 denunciando un "golpe de Estado" en su contra, pese a que días antes el órgano Electoral lo declaró vencedor en primera vuelta ante su principal contendiente, el exmandatario Carlos Mesa (2003-2005).

El día de la elección frustrada, el sistema de conteo de votos dejó de funcionar cuando todo hacía prever una segunda vuelta entre Morales y Mesa, y cuando volvió a operar mostró un repunte del primero que generó dudas sobre el proceso, en medio de protestas crecientes que denunciaban un fraude a favor del mandatario.

Morales pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) una "auditoría vinculante" que se conoció preliminarmente en la madrugada del 10 de noviembre y que hablaba de una "manipulación dolosa" de los resultados de la elección.

El mandatario renunció después de varias horas de acuartelamiento de policías y militares, y la insinuación del entonces jefe de las Fuerzas Armadas quien le planteó que dejase la Presidencia.

Al día siguiente, Morales partió a México con algunos de sus colaboradores, mientras que otros se refugiaron en la residencia de la Embajada mexicana en Bolivia a la espera de un salvoconducto que no les fue otorgado.

En medio de ese vacío, la entonces senadora Jeanine Áñez, que además era la segunda vicepresidenta del Senado, asumió la Presidencia interina de Bolivia después de la renuncia de todas las autoridades oficialistas en línea de sucesión.

Áñez tomó el mando del país en medio de una creciente disconformidad de los seguidores de Morales y bajo el compromiso de que su Gobierno sería únicamente para llamar a elecciones aunque sus funciones fueron de casi un año.

La gestión de Áñez fue cuestionada por las denuncias de corrupción en el manejo de la pandemia de la covid-19 y denuncias por vulneraciones a los derechos humanos en los enfrentamientos entre civiles y militares que se saldaron con al menos 20 muertes.

Bolivia fue a elecciones nuevamente en octubre de 2020, en las que el Movimiento al Socialismo (MAS) se impuso con el 55 % de los votos, con Morales como jefe de campaña y con Luis Arce de candidato a la Presidencia.

Sin embargo, la crisis de 2019 antes dejó roto al MAS entre el grupo de Morales y quienes permanecieron en el país para resistir al Gobierno de transición.

Cuando Arce cumplió un año como presidente, a finales de 2021, comenzaron las tensiones con Morales, quien pedía más coordinación y el cambio de varios ministros, algo que el presidente no hizo.

A esto siguieron las continuas denuncias del exmandatario de supuestos hechos de corrupción y vínculos del Gobierno de Arce con el narcotráfico, acusaciones de traición contra Arce e insinuaciones de una mala gestión económica.

La tensión en el oficialismo se exacerbó cuando Morales, líder del MAS, llamó a un congreso en octubre de 2023 y que terminó con su proclamación como "candidato único" para los comicios de 2025 además que fue reelegido jefe del partido, cargo que ocupa desde mediados de la década de 1995.

Arce y el vicepresidente David Choquehuanca no participaron en ese congreso al considerar que las organizaciones sociales que forman parte del MAS no estaban bien representadas, y poco después el ente electoral anuló dicha reunión sin que se consensue una nueva.

Desde marzo de 2023, el Gobierno de Arce tropieza con la escasez de dólares, la reducción de las reservas internacionales netas (RIN), el descenso de la producción de gas natural y la renta petrolera junto a la falta de combustibles.

Este año, Morales y sus seguidores emplazaron al Gobierno de Arce, con marchas y bloqueos de caminos, a que dé soluciones a la situación económica además de que se retire un proceso penal por estupro y trata de personas contra el exmandatario por supuestamente tener una hija con una menor de edad.

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) pidió este viernes a sus seguidores considerar hacer una pausa en los bloqueos de carreteras que realizan hace 19 días y anunció que hará una huelga de hambre para que haya un diálogo con el Gobierno de Luis Arce con mediación internacional, según informa EFE.

En una declaración difundida por sus redes sociales, el también líder del oficialismo dijo que decidió "pedir a los compañeros movilizados" que consideren "analizar un cuarto intermedio del bloqueo de caminos" para evitar "hechos de sangre", por el operativo militar y policial que se ejecuta en esta jornada para desbloquear vías en el centro del país.

"Y he decidido, para viabilizar el diálogo, (que) voy a iniciar una huelga de hambre hasta que el Gobierno instale dos mesas de diálogo, primero por el tema económico y segundo por el tema político", señaló.

Para que ese diálogo "sea viable, responsable y tenga resultados", el exgobernante pidió "la participación de algunos organismos internacionales o países amigos", porque a su juicio el Gobierno "no quiere entender temas legales ni técnicos".

Morales dijo que "el Gobierno tiene que replegar toda esa represión, esa movilización militar y policial" e insistió que "si hay algún hecho de sangre, será responsabilidad exclusiva del presidente" Arce.

También señaló que "no es sencillo escuchar permanentemente" que algunos digan "que es un bloqueo del Evo o del 'evismo'" y aseguró que "varias veces" logró convencer antes a sus seguidores de no ejercer esta medida de presión que finalmente se cumplió porque, según dijo, el Ejecutivo no atendió sus demandas.

Morales entrará en huelga de hambre en la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el principal sindicado de cocaleros de Bolivia que el exmandatario lidera desde hace décadas y que tiene base en esa zona central que es su bastión sindical y político.

El líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde hace 19 días ante la posibilidad de que emitan una orden de captura en su contra por una investigación por presunta trata de personas y estupro.

En ese mismo lapso sus seguidores han bloqueado rutas en Cochabamba para que se retiren los procesos judiciales en su contra, para exigir una solución a la situación económica del país y por la defensa de la candidatura presidencial del líder oficialista para las elecciones de 2025.

Los policías y militares avanzan en el desbloqueo de vías desde la madrugada de este viernes lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes que les respondieron con dinamitazos y pedradas, mientras que otros grupos de seguidores de Morales tomaron tres instalaciones militares en el Trópico de Cochabamba en respuesta al operativo.

Luis Arce denunció que ese "asalto" fue realizado por "grupos armados afines a Evo Morales" a los que también acusó de retener "como rehenes a militares y a sus familias, y amenazando sus vidas", además de haberse hecho del control de los lugares donde las fuerzas del orden guardan armamento.

"Estas acciones estrangulan económicamente al pueblo boliviano (...) buscando la ruptura del orden público legalmente constituido y de nuestra democracia, con el único objetivo de acortar nuestro mandato, imponer una candidatura inconstitucional y lograr impunidad en procesos judiciales", manifestó.

Arce y Morales están distanciados desde 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la directiva nacional del MAS y elegir al candidato oficialista para las elecciones de 2025.

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) denunció este domingo que el vehículo que lo trasladaba hacia la emisora en la que habitualmente conduce su programa de fin de semana recibió 14 disparos, por parte desconocidos que hirieron al chofer del político, según informa EFE.

El exmandatario declaró a la radio cocalera Kawsachun Coca que la persecución de su vehículo por otros dos en los que viajaban los agresores se produjo a las 6:25 de la mañana hora local (10:25 GMT) en el trayecto entre la localidad de Villa Tunari y Lauca ÑÑ, en el Trópico de Cochabamba. 

Morales relató que observó que dos o tres camionetas seguían su coche por lo que su chofer "desvió" su trayecto, pero la persecución no cesó. "Ahí me di cuenta que era un operativo", mencionó.

"A mí me ha sorprendido, felizmente salvamos la vida", señaló el exgobernante que dijo haber contado al menos 14 disparos. 

El suceso quedó registrado en un video de cuatro minutos que filmó una mujer que estaba en el coche con Morales, y que muestra una parte del suceso.

"¡Agachate presi, agachate presi!", le decían a Morales, los dos ocupantes del vehículo, mientras el también líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) hablaba por teléfono intentando alertar sobre lo que acontecía.

La filmación se corta un momento, luego Morales hace referencia a que tuvieron que cambiar de transporte puesto que el anterior resultó dañado y con la llanta baja como producto de un disparo.

Ahí es cuando los ocupantes, se dan cuenta que el chofer que conduce el vehículo sangra de la cabeza, mientras que toca insistentemente la bocina para pasar un sector con alto tráfico en la carretera.

Luego, el líder del oficialismo abre la ventanilla y alerta a los comunarios que les han disparado y les piden que bloqueen el camino para que sus perseguidores no puedan pasar.

Tras lo acontecido, Morales apuntó al Gobierno de Luis Arce de lo sucedido y dijo que "hoy se ha cumplido" el plan de intentar matarlo, después de que los intentos de destrozarlo políticamente y procesarlo judicialmente fracasaran.

Estos hechos se producen cuando esta jornada se cumplen dos semanas del bloqueo indefinido de caminos que los seguidores de morales mantienen para exigir que el Gobierno retire los procesos judiciales por trata de personas y estupro contra Evo Morales, que consideran forman parte de una persecución política.

También piden soluciones al encarecimiento de alimentos, la falta de dólares, la irregular provisión de combustibles y respeto a un congreso del MAS que en 2023 declaró a Morales «candidato único» para las elecciones del próximo año.

El sábado, la Cancillería boliviana denunció a la comunidad internacional que esas protestas lideradas por Morales «pretenden interrumpir el orden democrático", lo que también afecta la estabilidad en la región suramericana.

Mientras que el presidente Luis Arce, en la víspera, relevó el alto mando militar, con la misión de preservar el orden interno del país y la democracia.

La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció este jueves que se emitirá una orden de detención contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) para que declare ante el Ministerio Público dentro de la investigación que se le sigue en un caso de trata de personas y estupro, un delito sexual que ocurre cuando una persona adulta tiene relaciones sexuales con un menor de edad. "Lo que corresponde es eso, sacar el mandamiento de aprehensión ya que ellos (Morales y los otros investigados) han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos", señaló la fiscal departamental de la región sureña de Tarija, donde se investiga el caso.

Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo. La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado Generación Evo.

Morales estaba citado a declarar este jueves en Tarija, pero su defensa presentó un memorial para no asistir, alegando que existe una sentencia constitucional que ordena que el caso se trate en la región central de Cochabamba, donde vive el exmandatario y líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Gutiérrez señaló que, además del expresidente, fueron llamadas a declarar otras dos personas que también están investigadas en este caso y que tampoco se presentaron. "Para los tres va a ser la misma situación legal, ya que ellos no han justificado su incomparecencia", indicó.

La fiscal explicó que "el mandamiento de aprehensión que se va a emanar para que ellos se puedan apersonar a presentar su declaración informativa" y que también responderán a los memoriales presentados por la defensa de Morales. Gutiérrez sostuvo que "no se está vulnerando ningún derecho", como han asegurado Morales y sus abogados defensores, y afirmó que "todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal".

El exmandatario boliviano, que está distanciado del Gobierno del presidente Luis Arce, ha manifestado que se defenderá de esa "batalla jurídica", que para él es una "persecución política" y ha señalado que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo "gratuitamente".

La denuncia en contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, tres días después de la llegada a La Paz de una caminata liderada por Morales por diversas demandas, entre ellas la validación de un congreso partidario en el que fue nombrado "candidato único" del MAS para las elecciones generales de 2025.

El Grupo de Puebla, un foro político y académico que está integrado por representantes de la izquierda política de Latinoamérica, expresó su preocupación por la “campaña de lawfare” o judicialización política en contra el líder del MAS. 

El expresidente boliviano Evo Morales ha asegurado este domingo que el actual mandatario, Luis Arce, ha "engañado" y "mentido" tanto a la población del país como al resto del mundo respecto al intento de golpe de Estado del pasado miércoles, terminando así por sumarse a sus simpatizantes dentro del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes lanzaron estas acusaciones la misma noche de la asonada, según ha informado la agencia de noticias Europa Press.

Asimismo, ha remarcado la importancia de una investigación "completa e independiente" que "demuestre la verdad" de unos hechos que se han saldado ya con la detención de más de una veintena de personas, si bien las autoridades aseguran que son 34 las personas identificadas como cómplices.

Poco después, el propio Arce ha pedido a su rival dentro del partido que "no se equivoque" y que no se ponga "de lado del fascismo que niega lo ocurrido".

Así, ha insistido en que los militares "buscaron tomar el poder por las armas", razón por la que están "siendo procesados y serán juzgados", poniendo como ejemplo el procedimiento con "los golpistas de 2019".

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha revelado que el general Juan José Zúñiga, líder de la intentona, tenía planificado formar un gabinete y convocar las elecciones en tres meses tras la toma de poder, y que fracasó después de que varios militares involucrados en la acción se insubordinasen tras una orden de disparar contra los civiles que protestaban en su contra.

"El señor Zúñiga había dado incluso la instrucción de disparar a la gente que se encontraba en inmediaciones del Palacio Quemado y de la Casa Grande del Pueblo. El comandante de la Octava División, de acuerdo a algunos hallazgos, le dice que no iba a acatar esa orden y Zúñiga lo amenaza con replegarlo del cargo. Y ese comandante le dice '¿Qué más falta?, ¿qué más podemos hacer?, ¿dispararle al pueblo? Ya todo lo que hemos hecho está mal', ha revelado.

El golpe, que se saldó con 14 personas heridas por impacto de proyectiles, estaba preparado desde el pasado mes de mayo teniendo como "ideólogo" a Aníbal Aguilar, hermano de un exministro de Educación, según la agencia de noticias ABI.

El Gobierno de Bolivia sofocó en apenas tres horas el intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, quien junto a unidades del Ejército había tomado la plaza de Murillo de La Paz, centro del poder político del país, para evitar que Morales pudiera presentarse a las elecciones y había llegado a asegurar que "pronto" se formaría un nuevo gabinete.

Las autoridades ya han logrado detener a 21 personas, entre ellos el general Juan José Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnez Salvador, las dos caras más visibles del amotinamiento, y que han sido acusados de terrorismo y de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.

¿Una iniciativa individual de un militar descontrolado o un autogolpe ideado por el presidente Luis Arce? Las distintas versiones que circulan en la esfera política boliviana sobre la fracasada intentona golpista del comandante Juan José Zúñiga, que asaltó el palacio de gobierno en La Paz el pasado 26 de junio, muestran la descomposición política del país andino, sumido en una creciente crisis institucional y económica.

“Ha sido un acto desquiciado de un militar con mando de tropa”, explica Fernando Molina, periodista paceño y autor de obras como El racismo en Bolivia (2022). La intentona fue una respuesta a su destitución por parte de Arce, por haber amenazado en televisión al expresidente Evo Morales, con el que paradójicamente el actual mandatario mantiene un enfrentamiento abierto. Coincide José Luis Exeni, analista político y coordinador de proyectos en la Fundación Friedrich Ebert de Bolivia: “Un intento de golpe fallido por un general que creyó que, en contexto de crisis, un discurso populista antipolítico sería suficiente para ganar adhesión de otros militares y políticos”. Se equivocó: nadie le apoyó; incluso los autores del golpe de 2019 encarcelados rechazaron la intentona, aunque Zúñiga les había prometido la libertad en caso de éxito.

No se sostiene la teoría del autogolpe, lanzada por el propio Zúñiga y difundida tanto por la oposición conservadora a Arce como por sus antiguos aliados evistas. “Dicen que fue una argucia [del gobierno] para evitar los bloqueos de camino que estaban en agenda porque no hay dólares ni combustible. Hay una confluencia de la derecha y la izquierda en la desconfianza hacia el gobierno”, señala Molina. Así de grave es la ruptura entre Morales y su sucesor, que fue su ministro de economía durante más de una década. Arce arrasó en las elecciones de 2020 con un 55% de los votos, capitalizando el descontento después de un año de gestión ineficiente y corrupta de la senadora golpista Jeanine Áñez (2019-2020). Pareció una resurrección del ‘proceso de cambio’ liderado por el Movimiento al Socialismo (MAS), que había gobernado el país de manera ininterrumpida desde 2006, cuando Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena de la historia de Bolivia con una propuesta política de ruptura con el neoliberalismo.

El entusiasmo por la victoria electoral de 2020 pronto dio paso a una guerra fratricida entre Arce y su mentor, que no aceptó la intención del nuevo presidente de presentarse a la reelección. A la ruptura del MAS se sumó el fin de la bonanza económica que había disfrutado el país durante más de una década. “La debilidad del ciclo del gas sin que se haya avanzado en el ciclo del litio nos deja un boquete de 5 o más años”, explica Exeni, “el gobierno no tiene muchas fuentes para generar divisas y cubrir la subvención a los hidrocarburos”, uno de los principales gastos fijos del Estado boliviano, clave para mantener la paz social. “La gran fortaleza económica del gobierno es la baja inflación y ya empieza a crecer. En el momento de que sea de dos dígitos les será difícil decir que no estamos en crisis. La sensación de crisis está instalada en el país”, concluye el analista.

Morales, que controla parte del grupo parlamentario del MAS, está aprovechando el contexto de crisis para debilitar más al gobierno de Arce, con la mirada puesta en una improbable candidatura a elecciones presidenciales de 2025, ya que el fundador del MAS ha alcanzado el límite constitucional de mandatos. Molina considera que el intento de golpe a medio plazo “no va a fortalecer a Arce, va a debilitar más su gestión. Ya hemos vivido esto antes, gobiernos débiles a los que los militares se empiezan a insubordinar”.

El MAS está en plena descomposición, pero la derecha tampoco está en buena forma. La oposición está “muy fragmentada, débil, con 17 precandidatos, todos con discurso de unidad pero sin voluntad, base programática ni liderazgo para unirse. No tienen calle ni propuesta atractiva”, sentencia Exeni. A pesar de la crisis institucional, que mantiene bloqueado el parlamento y aplazadas las elecciones judiciales, el analista no cree probable que surja un líder populista inspirado en el salvadoreño Nayib Bukele o Javier Milei. “Los que han aparecido hasta ahora no logran la adhesión o construir un proyecto político atractivo. No creo que pueda surgir eso. Más veo un candidato de oposición de centroderecha que trate de conciliar”. Lo que parece claro es que el próximo gobierno, sea del signo que sea, se verá obligado a realizar impopulares políticas de ajuste.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha asegurado este jueves que llamó al expresidente y compañero de partido Evo Morales para avisarle del golpe de Estado al considerar que los militares iban a ir a por él después de encargarse de su persona al considerar que debía ser informado de lo que estaba ocurriendo a pesar de sus diferencias, según ha informado Europa Press.

"Cuando nosotros vimos que ya venía el golpe de Estado yo instruí que me comunicaran con el compañero Evo y le previne que estaba aquí dándose un golpe de Estado, para que él tome sus recaudos, porque estaba claro que venían por mí, pero a mí también me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales, por eso como compañero, porque al final eso es lo que somos, yo lo llamé para prevenirle", ha expresado Arce durante una rueda de prensa, según el diario El Deber.

Además, ha expresado que la principal diferencia entre ambos es que el ala arcista opina que el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) es un instrumento que pertenece a organizaciones sociales y no a personas en particular.

Cabe destacar que el ala evista del MAS se ha pronunciado en masa a favor de la teoría de un "autogolpe" de Estado propiciado por el propio Arce, en consonancia con las palabras del general Juan José Zúñiga, líder de la intentona, quien ha trasladado la responsabilidad al presidente por supuestamente haberle pedido sacar "los blindados" para "levantar" la popularidad del mandatario boliviano, quien le habría confesado que la "situación está muy jodida".

Los dos políticos guardan una gran rivalidad política desde que en 2021 Arce se negó a implementar unos cambios exigidos por Morales en el Gobierno. Sin embargo, Morales ha sido el único que no se ha unido a estas acusaciones y en su momento se limitó a condenar la asonada y a pedir al pueblo boliviano que saliese a las calles para defender la democracia del país. El Gobierno ha negado en todo momento que se tratase de un montaje.

El Gobierno de Bolivia sofocó en apenas tres horas el intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, quien junto a unidades del Ejército había tomado la plaza de Murillo de La Paz, centro del poder político del país, para evitar que Morales pudiera presentarse a las elecciones, y había llegado a asegurar que "pronto" se formaría un nuevo gabinete.

Las autoridades ya han logrado detener a 17 personas, entre ellos el general Juan José Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnez Salvador, las dos caras más visibles del amotinamiento, y que han sido acusados de terrorismo y de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.

Los líderes de América Latina han salido este miércoles a rechazar lo que el Gobierno de Bolivia ha calificado ya como un golpe de Estado, apelando al respeto de las instituciones y a la voluntad popular. "La democracia prevalecerá", ha dicho el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, según ha informado Europa Press.

"Total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. América Latina debe unirse a favor de la democracia", ha expresado el presidente de Colombia, Gustavo Petro. "La Embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos. No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con la dictadura. Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo", ha dicho.

Después de que el Gobierno boliviano haya logrado controlar la situación y detener al general Juan José Zúñiga, líder de la asonada, el mandatario colombiano ha expresado que "así se defiende una democracia popular", en referencia a la respuesta de la población boliviana, que ha salido a las calles a protestar contra los militares. "Así se defiende una democracia popular. Ante la perfidia, el pueblo, siempre el pueblo. Siempre ante un golpe blando o duro la democracia se defiende con el pueblo en las calles", ha expresado en su cuenta de la red social X.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha enviado sus muestras de apoyo a la democracia y al Gobierno legítimo de Arce. "Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del Ejército de ese país", ha repudiado.

Por su parte, el presidente Lula ha manifestado su deseo por que la democracia prevalezca en todo América Latina. "Condenamos cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la democracia del país hermano presidido por Luis Arce", ha enfatizado.

De igual forma se ha pronunciado la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ha convocado "de urgencia" a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para "condenar el fascismo".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha sumado a Castro en su condena contra el "fascismo pretende quebrantar la democracia" boliviana, tras lo que ha celebrado la respuesta de la población del país. "El pueblo boliviano ha dado una lección histórica, unidos y movilizados han derrotado el Golpe de Estado. ¡Que Viva Bolivia!", ha expresado Maduro en su cuenta de la red social X.

El Ministerio de Exteriores de Argentina también ha mostrado su condena contra las "movilizaciones irregulares" de los militares, y ha reafirmado su defensa de la democracia en la región

Desde México, tanto el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han condenado el intento de golpe y expresado su apoyo a Arce. El presidente saliente de México ha subrayado su "total apoyo" al presidente Arce, a quien ha ensalzado como "auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano".

Mientras, el presidente paraguayo, Santiago Peña, ha condenado "las movilizaciones irregulares del Ejército de Bolivia", al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento "enérgico" a respetar la democracia y el Estado de Derecho.

A su vez, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha expresado su condena "más enérgica" por lo sucedido. "El Ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido", ha instado. "Enviamos nuestra solidaridad al presidente de Bolivia Luis Arce Catacora. La comunidad internacional, la OEA, no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar", ha manifestado.

Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo, ha subrayado que "ni la fuerza, ni la imposición son la vía para la construcción de naciones democráticas y libres", expresando su respaldo al pueblo boliviano y al presidente Arce.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, también ha condenado lo ocurrido y ha enviado su solidaridad al "legítimo Gobierno del presidente Arce", mientras que la Presidencia de Perú ha hecho lo propio, expresado su rechazado a "todo acto que atente contra el orden democrático e institucional" de Bolivia.

El Gobierno de Bolivia ha sofocado apenas tres horas después el intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, quien junto a unidades del Ejército había tomado la plaza de Murillo de La Paz, centro del poder político del país, un incidente que se ha saldado con al menos nueve heridos.

El Gobierno de Bolivia ha sofocado apenas tres horas después el intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, quien junto a unidades del Ejército había tomado la plaza de Murillo de La Paz, centro del poder político del país, un incidente que se ha saldado con al menos nueve heridos, según informa Europa Press.

Zúñiga, quien aseguró que nombraría un nuevo gabinete y liberaría a todos los "presos políticos", finalmente ha cejado en su empeño tras confrontar con el propio presidente Arce a las puertas de la sede del Gobierno, quien le ha ordenado replegarse.

La retirada se ha producido después de que el presidente Luis Arce tomara posesión del nuevo mando de las Fuerzas Armadas y nombrase al nuevo comandante del Ejército, José Sánchez, tras lo que Arce ha agradecido el apoyo de la población, que se ha trasladado a las inmediaciones de la plaza Murillo, como a la comunidad internacional, según ha publicado la agencia de noticias boliviana ABI.

"Haremos respetar la democracia ganada con el voto del pueblo boliviano en las urnas. Saludamos al pueblo boliviano que anoticiado de estos acontecimiento está rodeando la plaza Murillo, y a los organismo internacionales que han reprochado estos actos, y a los países amigos que se han pronunciado en favor de la democracia", ha afirmado Arce, quien previamente había pedido una movilización popular contra la asonada.

Las autoridades ya han logrado detener tanto al general como al ex vicealmirante Juan Arnez Salvador, que está acusado de los delitos de terrorismo y de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, según el diario El Deber.

Tras ello, Zúñiga ha declarado que Arce le había pedido sacar "los blindados" para "levantar" la popularidad del mandatario boliviano, quien le habría confesado que la "situación está muy jodida". "El presidente me dijo la situación está muy jodida, muy crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. ¿Sacamos los blindados?", ha manifestado el militar, que respondió de forma afirmativa a la supuesta pregunta del presidente.

Poco antes, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, ha expresado que detendrían a Zúñiga por intentar "subvertir el orden constitucional", una conducta que ha tachado de "intolerable" y que no van a "permitir".

Aguilera ha explicado que los dos arrestados no han sido los únicos en "planificar y conspirar", y que se llevarán a cabo más investigaciones contra otras personas por alzamiento armado, atentados contra el presidente o destrucción de bienes públicos y privados.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha informado de que "el objetivo del señor Zúñiga era tomar la rienda de este país" y que pretendía "convertirse en un gobierno de facto, cambiar el gabinete de ministros y desconocer la voluntad del pueblo como lo han hecho otros en el pasado". Asimismo, ha señalado que se trata de un "intento de golpe real" y no de un "simulacro" debido a que ha provocado al menos nueve heridos y daños en numerosas propiedades.

La Fiscalía General de Bolivia ya ha anunciado la apertura de una investigación tanto contra Zúñiga como contra todos los militares partícipes de la intentona. "Ante los últimos acontecimientos suscitados en la ciudad de la Paz, sede de Gobierno (...), considerando el firme compromiso del Ministerio Público con los principios que sostienen al Estado democrático de derecho (...) dispuso el inicio de todas las acciones legales que correspondan para el inicio de la investigación penal en contra del general Juan José Zúñiga y todos los demás partícipes en los hechos suscitados y que se constituyen en ilícitos penales", reza un comunicado de la Fiscalía.

De esa forma, ha reiterado su compromiso con la defensa de la "legalidad" y de "los intereses generales de la sociedad" para preservar el sistema democrático.

Por su parte, el expresidente Evo Morales ha agradecido "todas las expresiones de solidaridad y apoyo" tanto por parte de los líderes políticos nacionales como de todo el mundo a la democracia boliviana. "Agradecemos todas las expresiones de solidaridad y apoyo a la democracia boliviana expresadas por presidentes, líderes políticos y sociales del mundo. Estamos convencidos de que la democracia es la única vía para resolver cualquier diferencia y que se debe respetar la institucionalidad y el Estado de derecho. Reiteramos el llamado que para que todos los involucrados en este asonada sean detenidos y juzgados", ha expresado en su cuenta de la red social X.

Asimismo, ha desconvocado las movilizaciones que previamente habían pedido tanto él como el propio Arce en la plaza Murillo para protestar contra la presencia "irregular" de los militares en las calles de La Paz.

En los primeros compases de la asonada, Zúñiga ha justificado su acción para evitar que Morales pudiera presentarse a las elecciones, y había llegado a asegurar que "pronto" se formaría un nuevo gabinete. "Desde hace muchos años una élite se ha hecho cargo del país destrozando la patria. Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia", había insistido el general, quien aseveró que liberarían a todos "presos políticos", entre los que ha citado a Jeanine Áñez —la opositora quien en noviembre de 2019 se autoproclamó presidenta— y a Luis Fernando Camacho.

El buque MSC Armonía está retenido en el Puerto de Barcelona a causa de que 69 pasajeros bolivianos no cuentan con visados válidos para su entrada en el espacio Schengen, han explicado fuentes de la empresa a Europa Press este miércoles. La compañía ha señalado que la documentación "parecía" apropiada en el momento del embarque de los pasajeros en Brasil, pero que las autoridades del Puerto de Barcelona no lo han considerado así.

"Como resultado, los pasajeros no han podido desembarcar en Barcelona, que era su destino final", ha explicado MSC, que ha añadido que el buque continúa atracado en el Puerto mientras se trabaja con las autoridades para solucionar la incidencia.

La Delegación del Gobierno en Cataluña y la Policía Nacional están trabajando ya con las autoridades bolivianas y la compañía MSC Cruceros para "agilizar los trámites administrativos oportunos" de los pasajeros bolivianos que no tienen visado. La voluntad es resolver la situación de los cruceristas "a la mayor brevedad" para que el buque pueda continuar con su viaje, han explicado fuentes de la Delegación este miércoles.

En un comunicado, la Cancillería de Bolivia ha explicado que tanto la Embajada del país en España como el Consulado General en Barcelona están realizando gestiones para atender el caso. Las autoridades bolivianas están trabajando junto a las españolas y MSC Cruceros, y están brindando asistencia a los pasajeros afectados "para el respeto de sus Derechos Humanos".

Según el comunicado, es la empresa "la que debe otorgar una inmediata solución a la situación", ya que era su obligación corroborar que los documentos necesarios en los destinos eran correctos.

Las mujeres latinoamericanas representan alrededor del 30% de los escaños parlamentarios, siendo Bolivia el país con mayor representación, con un 53% de puestos ocupados en su parlamento. De esta manera, aunque siguen existiendo brechas de género, la paridad en esta parte del mundo ha experimentado avances significativos en cuanto a leyes y representación. Y en el marco de la conmemoración del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, cabe recordar los desafíos que siguen enfrentando las mujeres a raíz de problemas como la violencia política y el desarrollo de los gobiernos.   

Según el Informe Global sobre la Brecha de Género 2023 del Foro Económico Mundial, América Latina y el Caribe han cerrado la brecha de paridad hasta el 74.3%, ocupando el tercer lugar a nivel mundial; además de tener la segunda puntuación más alta, después de Europa, en términos de empoderamiento político, con el 35%. En la región, las mujeres han logrado defender sus derechos, y demostrar que su participación en la esfera política se alcanza por tener las mismas capacidades para la toma de decisiones y la administración pública. 

Por supuesto que la paridad de género en política permite abrir los caminos para la formación de nuevos pactos democráticos, en donde el derecho de participar como ciudadanos y ciudadanas es más que un discurso liberalista y de moda, ya que las mujeres han liderado procesos políticos en diferentes niveles para promover el bienestar, la lucha de derechos humanos y el desarrollo de sus territorios. No más tengamos en cuenta que no fue hasta 1927 que Uruguay marcó historia como el primer país de América Latina en reconocer el sufragio femenino, seguido de Ecuador y Puerto Rico en 1929, autorizando a que las mujeres pudieran ser elegidas para cargos políticos. Sin embargo, el derecho al voto no se dio hasta años después en Bolivia (1952), México (1953) y Colombia (1954). 

En el caso de México, este derecho se demoró por causa de la división política y la indiferencia del papel de las mujeres en la política del país, y no estuvo seguro hasta quedar redactado en la Constitución de 1857, en contraste con el caso colombiano, en el que las mujeres llevaron el proyecto de ley al Congreso de la República en 1954, y no fue hasta 1957 que ejercieron su voto para participar en la reforma constitucional de entonces.

Ahora bien, los países latinoamericanos, en su persistencia por garantizar que las mujeres tengan cada vez más acceso a cargos de representación, en la actualidad presentan cambios significativos. Por ejemplo, en México, en las actuales elecciones a la presidencia, dos mujeres encabezan las candidaturas de los principales partidos, creando la posibilidad de que se marque historia en el país con la primera mujer presidenta. Además, en estas elecciones se aprobó un acuerdo de paridad de género, en el que se obligó a los partidos políticos y coaliciones a postular, al menos, cinco candidaturas de mujeres a las gubernaturas estatales. Y mantienen el logro de que, desde las últimas elecciones en 2021, México alcanzara el mayor número de gobernadoras en la historia, tras conseguir la reforma constitucional de paridad en 2019.

A propósito de lo anterior, en materia de leyes de cuotas y paridad, Argentina fue pionera en aprobar la primera Ley de Cuotas de Género en 1991, la cual provocó también la Ley de Paridad de Género en los Ámbitos de Representación Política, que exige el equilibrio de género entre los candidatos legislativos. Esto estampó un hito en el desarrollo de los derechos de la mujer hasta el día de hoy, en donde LATAM lidera en paridad legislativa con el 34.9%, superando a Europa y otras regiones del mundo. Por ende, los efectos de estas leyes son favorables en el caso de Argentina, con el 35%, de la representación parlamentaria femenina; Costa Rica, con el 28.6%, y Bahamas con el 30%. 

Siendo así que cada vez más mujeres son juezas, ocupan cargos como legisladoras y promueven leyes que buscan la equidad de oportunidades. No sin olvidar que, a la vez que mantienen su papel político, enfrentan retos como la maternidad, la crianza de su familia y los estereotipos que son promovidos por tradiciones políticas negativas. De esta forma, la participación política de las mujeres sigue abarcando la agenda de la lucha por el reconocimiento en la sociedad, puesto que en este ámbito la violencia se hace presente en casos en los que las mujeres son restringidas para hablar en asambleas políticas, acorraladas por las insinuaciones sexuales no deseadas, víctimas de actos discriminatorios y agresiones físicas en los entornos partidarios. Países como Bolivia han promulgado leyes en contra del acoso y la violencia (2012) hacia las mujeres, para erradicar estos actos que perjudican el libre derecho de la política. 

Justamente, aún falta mucho por avanzar, pues en Honduras, en el periodo de 1980 a 2020, solo 169 mujeres fueron elegidas, frente a 1.071 hombres. No obstante, en casos positivos está Colombia, por encima del promedio global de participación de mujeres en parlamentos con el 25.5%, y cada cuatro años el Congreso colombiano incrementa sus porcentajes de representación femenina. En un panorama de continua violencia de género y desafíos democráticos, las mujeres latinoamericanas han logrado posicionarse y defender sus derechos en el camino por una mayor equidad. 

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Laura Catalina Solano es investigadora y doctoranda de la Universidad Iberoamericana CDMX, y colaboradora de la Fundación Alternativas.

El Gobierno de Bolivia se dispone a trasladar su queja al Ejecutivo español por lo que considera una "intromisión" en su soberanía por parte del diputado de Vox Víctor González Coello de Portugal, quien ha viajado al país andino para denunciar el arresto de un líder opositor detenido la semana pasada, según informa Europa Press.

Así lo indicó este lunes el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, después de que el diputado español visitara con el chileno Luis Fernando Sánchez la comandancia de la Policía de Santa Cruz y realizaran allí unas declaraciones cuestionando la actuación policial a raíz del arresto de Luis Fernando Camacho, gobernador de esta región y que fue detenido en relación con los hechos de 2019 que motivaron la salida de Evo Morales de la Presidencia.

"Prestar estas declaraciones a medios de comunicación es un claro acto de intromisión que es inaceptable para nuestro país en asuntos internos", sostuvo Blanco, esgrimiendo que la Carta de Naciones Unidas estipula que "ningún país está autorizado a intervenir en los asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna de los estados".

Por ello, según informa la prensa local, advirtió de que "desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los canales correspondientes, haremos los reclamos correspondientes tanto al Gobierno chileno como al de España por la conducta de estos diputados en territorio nacional".

Blanco se mostró particularmente crítico con el diputado de Vox, subrayando que no es la primera vez que viaja a Bolivia y lleva a cabo "actos de intromisión" puesto que ya en el pasado estuvo junto al entonces ministro Arturo Murillo durante el gobierno de Jeanine Añez. "Fue parte de todo lo que fue ese periodo anticonstitucional en nuestro país", denunció.

González ha reaccionado en su Twitter a las palabras del viceministro boliviano, acusando a su vez al expresidente Evo Morales —del mismo partido que el actual mandatario, Luis Arce— de injerencia en las protestas que se están produciendo en el sur de Perú.

"Estaría bien que condene rotundamente las injerencias de Evo Morales en Perú", ha sostenido, "y de paso, si lo valora oportuno, que nos terminen de explicar la millonaria financiación del gobierno de Evo Morales al entorno de Podemos".

El diputado de Vox ha compartido en esta misma red social sus declaraciones, en las que explica que tanto él como el diputado chileno y otros más que van a llegar en los próximos días están "profundamente preocupados por las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos" que se están produciendo en Bolivia.

"La privación de libertad de una manera violenta a punta de fusil del gobernador electo de Santa Cruz que fue arrestado, secuestrado, como quieran llamarlo (...) rompe todas las reglas de juego, el ordenamiento jurídico que ustedes se han dado como nación soberana que son", denunció González.

Asimismo, criticó la actuación policial frente a las protestas que el arresto de Camacho han provocado. "La violencia sistemática, el pegar y detener sumariamente como está ocurriendo en Santa Cruz es una violación de los Derechos Humanos aquí y en cualquier otro lugar del mundo", recalcó.

Según precisó, el objetivo de su viaje es "recopilar la información para iniciar los trámites oportunos en los distintos organismos internacionales esperando dar voz a aquellos que no la tienen hoy".

En este sentido, indicó que Vox ya ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno que pida la liberación de Camacho y también se prevé hacer lo propio en el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos.

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha sido sentenciada este viernes a diez años de prisión por el caso "Golpe de Estado II" en el que se le acusa de actuar contra la Constitución boliviana al autoproclamarse presidenta de la nación en 2019, informa Europa Press. El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz ha condenado por unanimidad a una década de prisión para la expresidenta, quien ha reiterado en la última exposición de alegatos su inocencia.

"Hice lo que tenía que hacer, asumí la presidencia por compromiso, asumí la presidencia de acuerdo a lo establecido en la Constitución, siguiendo cada uno de los pasos y respetando todo lo que dice; y me siento muy orgullosa, y lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad", ha declarado la exmandataria, según ha recogido el periódico boliviano La Razón.

Asimismo, se han procesado a seis exjefes militares y policiales por los mismos hechos. El Tribunal ha condenado al excomandante general de la Policía, Yuri Calderón, y al excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, a 10 años de cárcel.

Por su parte, el exjefe del Estado Mayor militar, Flavio Gustavo Arce, ha sido condenado a dos años de prisión; mientras que el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta, ha sido condenado a tres años. Jorge Fernández, quien fue exinspector general del Alto Mando boliviano, ha sido condenado a cuatro años de cárcel, según ha informado el medio digital Erbol.

Áñez, —en prisión preventiva desde marzo de 2021— está acusada en el marco de lo acontecido en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente, Evo Morales, abandonó el cargo. Dos días después, la propia Áñez, entonces senadora, asumió la Presidencia de Bolivia.

El expresidente español José María Aznar y 22 expresidentes latinoamericanos, incluido el dirigente opositor boliviano Carlos Mesa, han criticado la sentencia a Áñez. "Se trata de una acusación inventada sobre un hecho que no existió. La expresidenta está detenida ilegalmente. Estando detenida se le abrió este proceso carente del mínimo fundamento", han argumentado los expresidentes en una declaración auspiciada por la conocida como Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

En particular, los expresidentes critican el "el enorme daño que significa para las democracias en la región criminalizar la preservación del hilo constitucional" que consideran que defendió Áñez tras la salida de Evo Morales y por ello han instado a la ONU, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la UE a "repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria, abusiva, ilegal e inconstitucional".

Entre los firmantes están, además de Aznar y Mesa, Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Felipe Calderón (México), Vicente Fox (Mexico), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Eduardo Frei (Chile), Lucio Gutiérrez (Ecuador) y Andrés Pastrana (Colombia), También figuran Óscar Arias (Costa Rica), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Rafael Ángel Calderón (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Federico Franco (Paraguay), Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle H. (Uruguay), Jamil Mahuad W. (Ecuador), Mireya Moscoso (Panamá), Emesto Pérez Balladares (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez E. (Costa Rica), Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

Se propone al lector un ejercicio ilustrativo, para extraer del mismo conclusiones políticas: saque en una conversación el nombre de Lula, o de Dilma Rousseff, o de Correa, o de Cristina Fernández... ¿Hacia dónde derivará la charla? ¿Política, economía? Mmm, quizás lo haga hacia la corrupción, los tribunales, tal o cual causa abierta escuchada en un informativo o cazada al vuelo en un titular... Si la hipótesis se cumple, se cargará de un punto de razón Arantxa Tirado (Barcelona, 1978), que acaba de publicar El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley (Akal), un trabajo en el que desgrana los casos de guerra judicial y mediática contra líderes de la izquierda latinoamericana hasta observar una pauta de uso torticero y con doble vara de medir de la ley para destruir sus reputaciones, hundirlos y corregir desviaciones del dogma proestadounidense, especialmente en países con rico subsuelo.

Con un ensayo así en las manos, es inevitable preguntar a Tirado por España, Podemos, los casos judiciales, las cloacas... Hay una "persecución judicial contra Podemos" para "dañar su imagen y neutralizarlo", señala por una parte. ¿Lawfare? No tanto. Tiene "paralelismos", responde, pero para que tenga la gravedad de América Latina, falta la mano de Estados Unidos, que no necesita el lawfare en Europa porque el "disciplinamiento" está garantizado "por la camisa de fuerza que implica pertenecer a la UE". La autora lamenta que en la sociedad española, también en la izquierda, se haya interiorizado el relato de la derecha sobre los conflictos políticos y sociales en América Latina, con una visión llena de "prejuicios". "Lo podemos pagar, se nos puede volver en contra. No estamos lejos de allí", afirma.

El caso de la supuesta niñera de Irene Montero le da para dos reflexiones más: "Obviamente esto es parte de la persecución judicial a Unidas Podemos, que es de largo aliento. Mi impresión es que el caso es completamente absurdo. Me recuerda mucho a cómo arman una de las causas contra Lula, con un apartamento que nunca tuvo, que ni siquiera visitó". Eso sí, Tirado matiza, no obstante, que lo que le parece "completamente absurdo es que el caso se use para llevar a los tribunales y hacer todo ese ruido, no es que esté infravalorando el hecho de que alguien pueda cometer este tipo de prácticas, suponiendo que fueran ciertas, de utilizar al partido para cosas personales. Pero el montaje alrededor me parece absurdo".

En su libro, Tirado concluye sobre el lawfare que "deberíamos empezar a preocuparnos", porque "cuando permitimos" que prácticas así se den en otras sociedades, "corremos el riesgo de que en algún momento se vuelvan hacia nosotros como en un efecto bumerán". Y advierte, en conversación con este periódico: España no se está venezuelizando, como afirman Vox y sectores del PP, pero su derecha sí. "Todo este enconamiento que vemos estos días, con amenazas de muerte, todo este clima de tensión viene de la negación de la legitimidad del Gobierno por parte de la derecha". Algo que, recalca, "ya hemos visto y pasa cada día" en América Latina, y que tiene el coste añadido de que reduce el margen para la crítica legítima y democrática a los gobiernos, porque crea "falsos debates" polarizados que apenas dejan espacio para la razón. "En Europa nos creemos a salvo de lo que pasa en América Latina, pero no está tan lejos la historia. Y las élites europeas de hoy son descendientes de las de ayer", afirma.

Una "táctica de guerra"

Vaya por delante: no es un libro jurídico, sino político. Tirado se detiene en algunos de los episodios a su juicio más cuestionables de los procesos –el cuaderno contable que incriminó a Rafael Correa, redactado según la autora después de los pagos; el apartamento utilizado contra Lula que nunca estuvo a su nombre–, pero lo que escribe es un ensayo centrado en correlaciones de fuerzas, orientación de clase de la ley, dobles raseros en su aplicación e intereses cruzados. "Más allá de que en alguna causa pueda haber elementos con sustento, es evidente que hay un uso mediático, político y geopolítico del lawfare. Al principio se decía 'oh, pobre Dilma', 'oh, pobre Lula'... Pero luego ha ido habiendo cada vez más casos. Hay una lógica operativa detrás", señala Tirado, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma, que recalca que la anulación por parte del Supremo de Brasil de las condenas contra Lula se coloca en sintonía con su tesis.

El lawfare no es un término popular en España, más allá de círculos de la izquierda atentos a América Latina, pero sí empieza a serlo al otro lado del Atlántico. Su origen se atribuye al militar estadounidense Charles Dunlap, que en 2011 lo definió como el uso de la ley con fines políticos y militares. Tirado se lanza a una definición propia: "Táctica de guerra, inserta en una estrategia bélica multifactorial y de amplio espectro, como es la guerra híbrida, que utiliza la ley para neutralizar o eliminar al enemigo político en aras de una reconfiguración política". A lo largo de su ensayo, irá añadiendo elementos a la definición: "asesinato moral, de imagen pública", "doble rasero"...

La politóloga sitúa a Estados Unidos tras el cortinaje. La autora de El lawfare repasa estrategias y acontecimientos: el papel decisivo de su Departamento de Justicia en el caso Odebrecht, que dinamitó la política brasileña y se extendió por el grueso del continente; la aplicación selectiva de la Ley contra las Prácticas Corruptas en el Extranjero; los acuerdos judiciales bilaterales; la formación como becarios de la agencia USAID de figuras capitales en la persecución judicial de líderes; el uso de la "ayuda externa" para el reforzamiento de los intereses USA en la esfera judicial... Del golpismo puro –no del todo enterrado–, se ha ido pasando a la promoción de un activismo más judicial y mediático, según se desprende del relato de El lawfare.

La corrupción como arma

Para "generar artificialmente desacuerdo contra un Gobierno" y marcar el tema estrella en una sociedad es imprescindible, señala Tirado, contar con una baza tan irreprochable como la lucha contra la desigualdad social que abanderan –con mejores o peores resultados– los líderes de la izquierda. ¿Cuál puede ser? La respuesta de Tirado: la "lucha contra la corrupción". Aquí Tirado –que no es una ensayista neutral, ni lo pretende– carga contra la doble vara de medir de numerosos medios, así como de la Organización de Estados Americanos. "Transparencia Internacional fue fundada por un exfuncionario del Banco Mundial y un exmiembro de la inteligencia estadounidense, entre otros, lo que quizás nos dé pistas de la naturaleza de este organismo autodenominado independiente", escribe.

Esta "lucha contra la corrupción" se produce, añade Tirado, con el acento en lo político más que en lo empresarial, en base a menudo a denuncias interesadas –instituciones sesgadas, adversarios, testigos premiados– y con inusitada repercusión mediática desde el minuto uno... Todo ello en contraste con un "silencio atronador" sobre los casos en países amigos, como Colombia.

De México a Brasil

Tirado, en conversación con infoLibre, sitúa los casos de Brasil, Ecuador y Argentina como los "más claros" de lawfare. En Honduras y Paraguay ve casos "precursores del golpismo legal", y en Bolivia un "golpe de Estado con elementos de persecución judicial". El caso de Venezuela, que ha tratado en su ensayo Venezuela. Más allá de mentiras y mitos (2019), supone a su juicio "un uso de la ley internacional para tratar de llevar a los tribunales a Maduro", entre otras prácticas de desestabilización.

No obstante, el origen del lawfare como tal estaría, según la autora, en el famoso "desafuero" en 2004 a López Obrador, entonces alcalde de México DF, ahora presidente. Tirado recuerda que el proceso, que amenazó la carrera política del líder, partió de la decisión de AMLO de abrir una calle para dar acceso a un hospital, lo que habría violentado un auto de suspensión provisional derivado de un amparo interpuesto. Fue una auténtica tormenta mediática y política, por un tema que a juicio de Tirado es "insustancial, por no decir ridículo". López Obrador se presentó como víctima de una cacería liderada por el entonces presidente Vicente Fox. Finalmente, logró su supervivencia política, después de lanzar una estrategia de "resistencia civil" contra su inhabilitación, que le podría haber impedido ser candidato a la presidencia.

El lawfare cristaliza en su forma más nítida en Brasil, según Tirado, con la "destitución de Rousseff y la persecución y encarcelamiento de Lula". "Bajo el pretexto de combatir la corrupción, se instauró en Brasil un estado de excepción judicial", señala. La autora no niega la posible comisión de delitos por parte de responsables del Partido de los Trabajadores, sino que denuncia cómo unas lógicas corruptas instaladas hasta el tuétano de repente fueron elevadas, con la llegada al poder del PT, a categoría de primer problema nacional, buscando la responsabilidad en la cúspide de todo el Estado. De repente, los sobornos de Petrobras, "parte de su funcionamiento tradicional", explotan en escándalo justo para evitar un hipotético regreso de Lula a la política. Se suceden las denuncias al más alto nivel: Policía Federal, Ministerio Público, un juez de Brasilia...

La autora pone énfasis en el papel decisivo del juez Sergio Moro, "encumbrado por los medios", que fue becario de la USAID y alumno del Proyecto Puentes del Departamento de Estado de Estados Unidos para la lucha contra la corrupción. Las cosas no han acabado bien para el prestigio judicial de Moro. En febrero de este año la Fiscalía General disolvió la unidad de investigadores del famoso caso Lava Jato. ¿Dónde está hoy Lula? Herido, pero no caído, amaga con un regreso para medirse a Bolsonaro en 2022. ¿Qué fue de Moro? Fue ministro de Bolsonaro y hoy es empleado de Álvarez & Marsal, una firma global de servicios "plagada de exfuncionarios" de EEUU, explica Tirado. El Supremo ha confirmado que Moro fue parcial contra Lula. ¿Cuántos de los que saben algo hay contra Lula saben de esta sentencia?

La sombra de la duda

Un momento: ¿acaso no es presidente AMLO? ¿No sigue en pie Lula? ¿No es hoy vicepresidenta Cristina Fernández, que ha llegado a sumar seis causas judiciales? ¿Es que el lawfare no funciona? "Esto es importante recalcarlo: aunque a veces Estados Unidos parece omnipotente, no lo es. Falla y se equivoca. Lo mismo en Vietnam, Irak y Afganistán que en América Latina. Que quiera someter la voluntad de los pueblos no significa que lo consiga siempre. No es matemático", señala. No obstante, recalca que los líderes víctimas de lawfare quedan siempre "cuestionados". Y no sólo en sus países, sino fuera. "Cualquier liderazgo de izquierdas levanta rechazo en los sectores conservadores. Pero a eso se suma una sombra de duda sobre su probidad, que no se va tampoco regresando a la presidencia. El lawfare deja siempre la sombra de sospecha, sea cual sea resultado. Eso queda ahí. '¿No serán unos corruptos? ¿No querrán postularse de nuevo por ínfulas despóticas?'.

Tirado denuncia la desproporción entre la repercusión de los casos y su sostén probatorio. También la discreción con que se cierran las causas, llegado el caso. En cambio, es ya imborrable del imaginario popular el Power Point de la Fiscalía con Lula como cabecilla de una banda, o la catarata de filtraciones de parte, o la portada de la revista Veja, en octubre de 2014, donde decía: "Ellos sabían todo". Aquella portada, basada en la palabra de un "arrepentido", fue usada como propaganda contra Rousseff, que calificó la maniobra como "terrorismo electoral", explica Tirado. ¿Qué fue de Dilma Rousseff, la sucesora de Lula? Fue destituida en un impeachment, en 2016, tras un quinario político. Así explicaba el El País el motivo en su crónica del día final: "El origen remoto del proceso hay que buscarlo en un informe de tres abogados que denunciaron a la presidenta [por] hacer trampas con el presupuesto mediante un abstruso mecanismo de préstamos públicos. Los senadores brasileños se han pasado horas y días y meses discutiendo en un perpetuo Día de la Marmota sobre si el retraso por parte del Gobierno en reembolsar un pago efectuado por un banco público a un programa estatal se podía considerar delito o no. [...] Han surgido en el país centenares de especialistas en esta minucia contable, en una trinchera y en otra". Así cayó Rousseff.

La luna, no el dedo

Un mensaje que deja el ensayo de Tirado: para entender hay que mirar a la luna, no al dedo. Y la luna son los "intereses geopolíticos", reitera. En el caso de Ecuador, la luna no son las 25 causas abiertas que ha contabilizado la autora contra Correa, sino que estas se inscriben en un proyecto de "descorreizar" el país y poner fin a una nueva política de alianzas. La luna, según Tirado, está en el litio de Argentina, el niobio y la biodiversidad de Brasil, los hidrocarburos de Bolivia... Y, por supuesto, en el petróleo de Venezuela.

El abecé del lawfare sería este: "intereses geopolíticos, disputa por los recursos y acabar con el mal ejemplo", según Tirado, que señala que en España no hay una conciencia social sobre el fenómeno. "Europa mira a América Latina con prejuicios. También ocurre en España. Miramos a estas sociedades como si fueran más corruptas, más brutas, con líderes más despóticos. Lo que llega a través de los medios es una visión muy mediada, que muestra las preocupaciones de las élites. Apenas conocemos la visión del campesino, del indígena. Hay gente de izquierdas en España que luego tiene una lectura de América Latina totalmente de derechas", expone la autora de El lawfare.

¿Y España?

¿Ha habido o hay lawfare en España? Tirado ve atisbos de "juristocracia", así como un sesgo conservador en la judicatura. Apunta el dedo a las "cloacas del Estado" y sus conexiones mediáticas. También se opone a que pese una especie de tabú sobre la crítica política a las decisiones judiciales, como si fuera una "intromisión inaceptable". "Me parece evidente que existe una persecución judicial a Podemos. Hay voluntad de dañar su imagen y neutralizarlopersecución judicial a Podemos. No puedo decir si está coordinado, seguramente sí, porque hay participación de sectores de la inteligencia y la parainteligencia de las cloacas del Estado...", señala.

Ahora bien, falta un elemento clave del lawfare, al menos en su formato latinoamericano-caribeño: la necesidad de reconfiguración geopolítica para blindar los intereses USA. "Aquí no es necesario. El disciplinamiento está ya garantizado por la camisa de fuerza que implica pertenecer a la UE", explica la autora, que además señala que, pese al "miedo" de las capas conservadoras, Unidas Podemos no es un partido radical. Es más, Tirado lamenta que, pese a gobernar en España PSOE y Unidas Podemos, España haya dado apoyo y protección a Leopoldo López, a quien considera un golpista. "Aquí mucha gente de izquierda compra el discurso de derecha y ultraderecha sobre América Latina y Venezuela. En los años 70 y 80, era un espejo en el que mirarse. Ahora la izquierda descafeinada ha perdido la perspectiva histórica sobre América Latina. Eso puede volverse fácilmente en contra", señala la autora de El lawfare, que lamenta que la política exterior de PSOE-UP, salvo algún "enfoque superficial", sea similar a la del PP.

La actualidad obliga a una pregunta más. Al leer la información sobre el caso del supuesto uso de Irene Montero de una asesora como niñera de sus hijos, ¿le trae en la memoria algo de lo visto en América Latina? Se toma su tiempo para leer en detalle las informaciones publicadas. "Obviamente esto es parte de la persecución judicial a Unidas Podemos, que es de largo aliento", responde. El caso le parece de "completamente absurdo", pero de consecuencias que pueden ir más allá de lo anecdótico. "Me recuerda mucho a cómo le arman una de las causas a Lula, con un apartamento que nunca tuvo, que nunca ni siquiera visitó", explica, deteniéndose en el detalle de que la información llegue "a unos días de las elecciones". "Si hay realmente una voluntad de luchar contra la corrupción, hay muchos frentes", añade. Y algo más: "Hay un paralelismo muy curioso. Las acusaciones de enriquecimiento que se han dado en paralelo tanto contra Irene Montero como contra Pablo Iglesias, desde hace tiempo con lo del chalet, pero también sobre cómo había aumentado su patrimonio, obviando si había herencias o no, resuenan al caso del matrimonio Kirchner". En resumen, concluye, "me parece una clara persecución política usando instrumentos judiciales que tiene paralelismos con el lawfare de América Latina y el Caribe".

La Justicia de Bolivia ha determinado este sábado mantener la orden de detención preventiva y ampliarla de cuatro a seis meses contra la expresidenta Jeanine Áñez, mientras avanza la investigación en su contra por presunta sedición, conspiración y terrorismo, en el caso golpe de Estado. Durante una audiencia de apelación extendida durante ocho horas, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno de Bolivia han solicitado a un juzgado de La Paz ampliar el período de reclusión a seis meses a los acusados y detenidos en este caso entre los que también se encuentran los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, informa Europa Press.

Frente a esta decisión, en la cuenta de Twitter de la exmandataria, se ha compartido un certificado médico con fecha de 18 de marzo de 2021 en la que se indica que "padece de hipertensión" y que "actualmente padece de un nuevo episodio de crisis hipertensiva" por lo que "se debe monitorizar y medicar de manera apropiada, para preservar el estado de salud".

Desde el pasado viernes, se ha solicitado el traslado de Añez a una clínica por su estado de salud, una decisión que fue avalada por un juzgado de La Paz pero revocada por la Procuraduría del país. Finalmente, la madrugada del sábado, Añez fue traslada desde la cárcel de Obrajes, donde estaba retenida desde el pasado lunes, hasta un nuevo centro penitenciario, el de Miraflores.

Esta decisión ha sido justificada "por razones de seguridad y para que cuente con condiciones y equipos para atender su problema de salud", según indicó el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias al diario La Razón.

El exministro Coimbra ha compartido en su cuenta de Twitter un mensaje en el que critica esta decisión de "ilegalidad y abuso".

Los tres acusados habían sido enviados a la cárcel el domingo 14 en una audiencia cautelar en la ciudad de La Paz. Fueron aprehendidos en Beni en cumplimiento de órdenes fiscales emitidas dentro de la denuncia presentada por la exdiputada Lidia Patty para que se establezca responsabilidades en la dimisión del expresidente Evo Morales,Evo Morales en noviembre de 2019.