La alianza del Partido Popular europeo con la extrema derecha está a punto de dar la puntilla definitiva a la garantista protección humanitaria que hasta ahora la UE prestaba a refugiados, demandantes de asilo y migrantes en situación irregular. Este jueves la Eurocámara autorizó abrir las negociaciones con el Consejo y la Comisión para aprobar el Reglamento de Retorno, la propuesta del ejecutivo comunitario que permitirá la expulsión de extranjeros a terceros países.

La Unión Europea impulsará también la construcción de centros en territorios no comunitarios a los que deportar a esas personas. Países como Uganda o Ruanda, igual que Albania donde la primera ministra italiana, Giorgia Meloni ya cerró un acuerdo en 2024, acogerán estas instalaciones propuestas en marzo de 2025 por la Comisión Europea, que también planteó eliminar el requisito de que los migrantes tuviesen un vínculo con el tercer país de los centros de deportación.

Son las medidas más polémicas votadas en el Pleno del Parlamento Europeo por 389 eurodiputados. Fueron legisladores populares, ultraconservadores del grupo ECR, de Meloni o los polacos del PIS, Patriotas de Vox, Le Pen u Orbán y neofascistas de la bancada ESN liderada por los alemanas de la AfD. Enfrente poco más de 200 eurodiputados socialdemócratas, verdes y de izquierdas. La legisladora de los Verdes, Mélissa Camara, destaca precisamente esa alianza derechista para endurecer la política migratoria. “El PP europeo ha estado trabajando mano a mano con la extrema derecha para perseguir políticas migratorias racistas y populistas a nivel de la UE”.

El reglamento esta ya totalmente encaminado para su futura entrada en vigor. Dentro del Consejo, una mayoría de gobiernos populares a los que se suman la Hungría de Viktor Orbán, la Italia de Meloni o la Eslovaquia de Robert Fico respaldan esta expulsión. Sólo España a finales del año pasado las rechazó, quedándose en absoluta minoría. Entonces, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, manifestó en Bruselas sus “serias dudas jurídicas, políticas y económicas” sobre los calificados como hubs de retorno, que para la Comisión son soluciones innovadoras.

En las bancadas progresistas de la Eurocámara se habla de que este Reglamento de Retornos está inspirado más por las políticas de la Administración Trump y el régimen de deportaciones del ICE que por los valores europeos, ignorando derechos fundamentales recogidos en los Tratados de la UE o la Carta de las Naciones Unidas, como el derecho a la dignidad humana, a la libertad o el derecho al asilo. “Se confirma el peor de los pronósticos”, reaccionó la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, calificando el texto como “siniestro” y “pieza clave de la maquinaria de deportaciones”.

Los centros de deportación son la herramienta más polémica de este futuro reglamento migratorio. Se implantarán en países supuestamente considerados seguros, Marruecos, Túnez, Egipto, Colombia, Kosovo, la India o Bangladesh están dentro de esa lista aunque en alguno de ellos existan verdaderas dictaduras, gracias a acuerdos bilaterales con los socios de la Unión.

La deportación a un tercer país dependerá del origen del migrante, de si supuestamente ha pasado por ese territorio de camino a la UE y el Reglamento “también permitiría la posibilidad del retorno a un país que acepte a ese persona basándose en los acuerdos alcanzados con un Estado miembro de la UE”. Como en el caso de los deportados por Italia a Albania, el extranjero podrá ser obligado a terminar en un territorio contra su consentimiento. Frente a esta realidad, el eurodiputado liberal Malik Azmani, del partido neerlandés VVD, asegura que “siempre ha sido mi objetivo alcanzar un reglamento eficiente y factible”.

La futura norma comunitaria recoge que las autoridades de un país emitan órdenes de expulsión a cualquier no nacional de la UE que resida irregularmente en ese Estado miembro e imponerle la obligación de abandonar el territorio. El sistema informático del Espacio Schengen, compartido por 29 países, mostrará esas órdenes a cualquier otro socio para que sean de obligado cumplimiento. Deportaciones que no serán “efectivas, sostenible y dignas”, reprocha la socialista portuguesa Ana Catarina Mendes, quien cree que el mandato negociador aprobado por el Parlamento Europeo “nos mueve en dirección contraria al remover las garantías y desmantelar derechos fundamentales”.

Si la persona extranjera no cooperase en ese proceso de expulsión a terceros países, calificado en el reglamento como retorno voluntario, podrá “se detenido”, “si presenta un riesgo de fuga, un riesgo de seguridad o cualquier otra factor relevante impide su traslado a tiempo” y sufrir sanciones como la prohibición de entrar en territorio comunitario de por vida. En otra muestra del abandono garantista en la política migratoria, la futura norma permitirá que “se ordenen las detenciones de menores no acompañados y de familias con niños” como una medida de último recurso y durante un plazo de hasta veinticuatro horas. En el caso de los adultos las detenciones podrán durar hasta un máximo de 12 meses prorrogables por un periodo semejante.

“Es vergonzoso ver a eurodiputados del PP europeo celebrando sus esfuerzos para encerrar a niños y lanzar lejos la llave”, critica la francesa Camara. La ecologista, ponente en la sombra de la posición de la Euocámara, denuncia que son “los mismos eurodiputados que vergonzosamente han estado haciendo acuerdos secretos en la sombra con la extrema derecha, principalmente ECR, los Patriots y ESN, sólo para hacer la vida miserable de aquellos que están buscando la seguridad en nuestras costas”.

Aunque una de las medidas más denigrantes, la detención de los migrantes en sus propios domicilios, finalmente quedó fuera del texto aprobado por el Parlamento, que empezó a negociarse con la Comisión y el Consejo este mismo jueves por la tarde, la UE sí rechazará que un recurso judicial de la persona extranjera paralice de forma automática su proceso de expulsión, a no ser que el juez así lo dictamine expresamente.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno prorrogará un año más la modificación legislativa que permitió el reparto de menores no acompañados en diferentes comunidades autónomas y que este jueves ha cumplido un año desde su entrada en vigor.

En rueda de prensa tras la reunión de coordinación y balance de la aplicación de la Ley de Extranjería y la reubicación de menores que se ha celebrado en Melilla, el ministro ha informado de que el Consejo de Ministros aprobará antes del 30 de agosto un real decreto para hacer efectiva esta prórroga, que llegará hasta agosto de 2027.

El próximo martes se reunirá la Comisión Interministerial de Inmigración, que preside Torres, para valorar esta modificación legislativa una vez que ha pasado un año.

Según ha informado el ministro, Canarias, Ceuta y Melilla mantienen la contingencia migratoria, pero “de facto ya han salido del hacinamiento” en el que se encontraban, por lo que “la situación es otra, no tiene nada que ver con la que había hace un año” y es “infinitamente mejor”.

De acuerdo con los datos del Gobierno, 1.143 menores han sido reubicados, entre los que se incluyen los menores solicitantes de asilo y a los que se derivan a otras comunidades con un procedimiento exprés de máximo 15 días por haber llegado tras la declaración de la contingencia migratoria (30 de agosto de 2025), en virtud del artículo 35 de la norma.

De los menores a los que se ha aplicado este artículo, 437 estaban acogidos en Ceuta (casi el 80 %), 64 en Melilla (91 %) y 202 en Canarias (19,9 %), según los datos de los que dispone el Gobierno, si bien el ministro ha apuntado a unas declaraciones de la consejera canaria que añade otros 600 que han podido ser reubicados, lo que elevaría la cifra a 800.

Además, otros 440 menores acogidos en Canarias que eran solicitantes de asilo también se encuentran ya en territorio peninsular y solo quedan 103 en el archipiélago.

“Es decir, estamos hablando de unos 2.000 menores, aproximadamente, entre los que ya tenemos certificados, los que añade el Gobierno de Canarias, y los que han sido trasladados en asilo en el conjunto del territorio español”, ha subrayado Torres.

Tras la prórroga del real decreto ley, con el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, el ministro ha advertido de que “este sistema solidario de acogida dependerá de las mayorías que se conformen en las Cortes”.

Por ello, ha preguntado cuál será la postura de la oposición al respecto y ha señalado directamente a PP y Vox, los partidos que votaron en contra de esta medida que ha permitido “un hito histórico”, que “ha demostrado que funciona” y que ha impedido que los 6.000 que había en Canarias, Ceuta y Melilla se hayan convertido en más de 10.000 un año después.

Actualmente quedan por reubicar unos 3.800 menores acogidos en estos territorios frontera, ha informado Torres, en cuya opinión “el reto está encauzado” y “España ha pasado de una situación de colapso a un modelo ordenado, solidario, sostenible y eficaz”.

Asimismo, ha agradecido el trabajo y la implicación de los gobiernos autónomos de Ceuta, Melilla y Canarias porque “se ha logrado efectuar reubicaciones sin ningún problema relevante” y “eso ha sido porque se ha antepuesto el interés del menor, la lealtad y ha primado la cooperación institucional”.

El de este jueves en Melilla ha sido el tercer encuentro de estas características presidido por el ministro, tras el celebrado en Canarias el pasado 23 de enero y en Ceuta el 25 de febrero.

Han asistido, además de Torres, los secretarios de Estado de Política Territorial, Migraciones y Juventud e Infancia, Arcadi España, Pilar Cancela y Rubén Pérez, respectivamente; y los delegados del Gobierno en Melilla, Canarias y Ceuta, Sabrina Moh, Anselmo Pestana y Miguel Ángel Pérez, respectivamente.

El buque Aita Mari ha rescatado este domingo a 32 personas, entre ellas nueve menores y una mujer embarazada de ocho meses, que llevaban dos días a la deriva en una embarcación neumática a punto de colapsar en aguas del Mediterráneo central.

Las personas auxiliadas proceden de Camerún, Eritrea, Mali, Burkina Fasso, Nigeria, Ghana, Somalia y Costa de Marfil, ha informado en un comunicado la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, encargada de operar el barco.

El rescate se ha producido tras la localización de una embarcación neumática que navegaba en condiciones "extremadamente precarias" y que pasó dos días a la deriva.

A bordo viajaban 27 hombres y 5 mujeres –una de ellas embarazada de ocho meses–. Entre los rescatados hay nueve menores de edad de entre 2 y 17 años, ha señalado la fuente.

La ONG ha explicado que la intervención del equipo de rescate ha permitido poner a salvo a todas las personas que se encontraban a bordo y evitar una "situación de grave riesgo para sus vidas en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo".

Según ha informado el capitán del Aita Mari, el rescate ha tenido lugar alrededor de las horas 07:23 (UTC) tras recibir un aviso sobre una embarcación en dificultades.

El equipo sanitario del Aita Mari ha realizado una primera evaluación médica a las personas auxiliadas que presentaban síntomas de agotamiento, deshidratación y exposición prolongada al frío, así como lesiones leves derivadas de la travesía y del hacinamiento en la embarcación.

Algunas de ellas requirieron atención médica básica pero en general las 32 personas se encuentran fuera de peligro, ha indicado SMH.

El puerto designado para el desembarque es Vibo Valentia (Italia). La llegada se estima que será el martes al medio día y el pronóstico meteorológico señala que el tiempo empeorará en las próximas horas.

La tripulación del Aita Mari ha explicado, tras la operación, que se encontraron con una "embarcación extremadamente frágil, sobrecargada y con personas que llevaban días en el mar en condiciones muy duras".

"La prioridad ha sido garantizar su seguridad y proporcionarles atención médica inmediata. Cada rescate vuelve a recordarnos que, mientras no existan vías seguras y legales para migrar o solicitar asilo, muchas personas seguirán arriesgando su vida en el Mediterráneo", ha advertido.

Este rescate se ha llevado a cabo en el marco de la misión número 18 que la organización desarrolla actualmente en aguas del Mediterráneo central tras zarpar el Aita Mari el pasado miércoles desde el puerto de Valencia.

El Reglamento de Retornos, que permitirá entre otras cosas crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, superó este lunes el primer escollo en el Parlamento Europeo (Eurocámara), despejando la vía para su aprobación definitiva en un futuro pleno, informa EFE.

El objetivo de la ley es acelerar y simplificar los procedimientos para el retorno, y otra novedad es la imposición de obligaciones y sanciones a aquellos que deben abandonar la Unión Europea (UE).

La normativa fue aprobada en la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara y salió adelante gracias a una alianza entre los grupos más conservadores, en particular el PPE, ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), PfE (Patriotas por Europa) y ESN (Europa de las Naciones Soberanas).

El PPE valoró el voto y justificó la alianza con la extrema derecha para sacar adelante el texto. "Si queremos defender el principio básico del asilo, hay que asegurar que aquellos a quienes se rechaza finalmente abandonan los países. Tenemos un desacuerdo concreto sobre este principio", dijo el eurodiputado francés François-Xavier Bellamy en relación con la posición defendida por los socialdemócratas (S&D).

Añadió que si el PPE encuentra una mayoría con otros que no son S&D y (los liberales) Renew, la sacará adelante porque "hay que dejar de ser pasivos frente a los retos que plantea la migración irregular".

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, señaló: "Hoy el Parlamento Europeo da el primer paso para las deportaciones y la reemigración que Europa necesita".

Por su parte, el eurodiputado sueco Charlie Weimers, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, consideró una "novedad" que por primera vez el Parlamento Europeo (PE) esté "muy cerca del Consejo" en su posición, y recordó que normalmente el PE se sitúa más a la izquierda pero dijo que "esto ha cambiado".

Los socialidemócratas (S&D) se mostraron muy decepcionados por el texto finalmente respaldado, al considerar que propone retornos que reducen "drásticamente" los derechos de las personas afectadas y los centros de retorno en terceros países son un marco legal vinculante. Además, lamentaron la alianza política entre el PPE y la extrema derecha, que "sienta un precedente preocupante".

También los Verdes fueron muy críticos con el voto de hoy. "El texto adoptado, con una mayoría de derecha y ultraderecha, refleja una ideología racista y populista. Pondrá en peligro las vidas de la población y violará su dignidad", lamentó la eurodiputada francesa de los Verdes Mélissa Camara.

Entre las disposiciones que esa diputada considera "problemáticas", aparte de los centros en el extranjero "incluso para familias con menores", se refirió a las "severas sanciones" previstas contra quienes no cooperen en su devolución o prohibiciones de entrada de por vida en un territorio.

La nueva normativa es una pieza más para impulsar las devoluciones, pues en la actualidad solamente uno de cada cuatro migrantes irregulares que reciben una orden de retorno en la UE la abandonan, lo que preocupa a la mayoría de sus miembros.

La legislación permitirá prolongar las detenciones y que tanto la UE como uno o más Estados miembro lleguen a un acuerdo con un tercer país sobre centros de retorno en el extranjero.

España siempre ha expresado dudas jurídicas, políticas y económicas sobre esos centros y ha dicho que podrían tener un "impacto negativo" en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.

Lo que se apruebe en el pleno de la Eurocámara, con fecha aún por concretar, será la posición negociadora de esa institución sobre el texto definitivo cara a las negociaciones con el Consejo de la UE.

Paramilitares con las caras tapadas, fuertemente armados, recorriendo las calles en busca de cualquier persona cuyos rasgos sugieran un origen diferente al europeo. Estas patrullas a la caza de seres humanos, estética y funcionalmente muy parecidas a las SA nazis —los camisas pardas de la Alemania de entreguerras—, que asociamos con los Estados Unidos de Trump, pueden convertirse a medio plazo en una realidad en Europa. Solo hace falta que los partidos de extrema derecha consigan hacerla realidad con la ayuda de la derecha tradicional, cada vez más dispuesta a asumir como propias las propuestas de sus hermanos radicales.

La fascinación de los ultras europeos por la agencia federal estadounidense, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas –ICE, por sus siglas en inglés–, es evidente. Creado en 2003 bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional tras los atentados del 11S, el ICE opera en el interior del territorio norteamericano con una lógica que lo distingue radicalmente de cualquier cuerpo de control fronterizo convencional.

No vigila las fronteras: las interioriza. Busca, localiza y expulsa a personas que ya viven, trabajan y en muchos casos han formado familias dentro del país. Ese modelo —esa filosofía operativa de la “extracción interna”— es hoy la plantilla que los movimientos de extrema derecha europeos están trasladando con entusiasmo a sus programas y adaptando a sus respectivos contextos nacionales.

Lo que durante años fue considerado retórica incendiaria instalada en los márgenes del espectro político ha devenido, en un lapso de tiempo sorprendentemente breve, en propuestas legislativas concretas. En el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en España. Y, crucialmente, en las propias instituciones de la Unión Europea.

El trasvase del modelo ICE al vocabulario político europeo no es casual ni espontáneo. Tiene fechas, nombres y eventos. En mayo de 2025, Milán acogió la llamada Cumbre de la Remigración, un encuentro transnacional donde representantes de partidos ultras de varios países europeos pusieron en común estrategias y marcos conceptuales.

El término "remigración" —entendido no como flujo natural de población, sino como programa político de expulsión masiva e ingeniería demográfica— pasó en ese encuentro de ser un concepto tabú a convertirse en punto de partida de un programa de gobierno.

La admiración que estos sectores profesan al ICE trasciende lo meramente operativo. En las fuentes y documentos que alimentan estas propuestas aparecen de forma recurrente referencias a la “virilidad” y la “eficiencia administrativa” de las tácticas desplegadas por la agencia estadounidense bajo la Administración Trump. Es una retórica que apunta a una concepción del Estado como instrumento de expulsión, una máquina capaz de actuar con rapidez precisamente porque ha liberado sus engranajes de lo que estos actores denominan “obstáculos judiciales”.

En el Reino Unido, Kemi Badenoch y el Partido Conservador han traducido esa admiración en cifras y estructuras concretas. Su propuesta contempla la creación de una removals force —una fuerza de expulsión— dotada con 1.600 millones de libras y con el objetivo declarado de deportar 150.000 personas al año.

Un plan que va más lejos que cualquier cosa vista hasta ahora en Europa occidental: incluye el uso de reconocimiento facial sin previo aviso en espacios públicos para identificar a candidatos a la expulsión, y, en su apuesta más rupturista, propone la abolición de los tribunales de inmigración, transfiriendo el poder de decisión directamente al Ministerio del Interior. La lógica es transparente: si los jueces frenan las deportaciones, se eliminan los jueces.

La propuesta complementa esta arquitectura con una extensión del control migratorio al conjunto del aparato de seguridad. Siguiendo el modelo del programa 287(g) estadounidense —que vincula a la policía local con el ICE—, el plan británico obligaría a los agentes a realizar controles migratorios en cada detención o parada de tráfico. La policía dejaría de ser un cuerpo de seguridad ciudadana para convertirse, parcialmente, en una extensión de la fuerza de expulsión.

Alemania aporta al mapa su propio capítulo. La AfD en Baviera ha presentado formalmente una propuesta de unidad policial especializada inspirada en el ICE, cuya función sería el rastreo de solicitantes de asilo y la coordinación de deportaciones. Lo llamativo no es solo la existencia de la unidad, sino las tácticas que contempla, incluidos toques de queda nocturnos para migrantes, lo que facilitaría su localización y aprehensión durante la madrugada, cuando la movilidad es restringida y la vulnerabilidad, mayor. Es una medida que combina el control social con la lógica de la caza.

En Italia, el vicepresidente Matteo Salvini ha expresado su admiración por el modelo estadounidense con menos ambages que ningún otro líder europeo de primer nivel. Ha propuesto cuotas de deportación de 100.000 personas anuales, una cifra que, de materializarse, implicaría una maquinaria de gestión de expulsiones sin precedentes en la historia del país.

Mucho más matizada es la posición de Marine Le Pen en Francia. Aunque lidera el grupo Patriots for Europe, Le Pen ha rechazado oficialmente el término “remigración” e incluso cortó vínculos con la AfD alemana por considerarlos demasiado extremistas en este punto, consciente de que la suavización de sus postulados será clave en las próximas elecciones presidenciales de su país.

Vox, aunque sostiene que no se puede trasladar mecánicamente la política migratoria de Trump a España —por motivos legales, no porque no les guste—, sí defiende un plan de catorce medidas que incluye la expulsión inmediata de España de inmigrantes en situación irregular y la supresión de toda ayuda social para este colectivo. La lógica del “entorno hostil” —hacer la vida insostenible para forzar la autodeportación— es aquí explícita.

Los ultras españoles, en todo caso, tienen claro que las deportaciones masivas, para las que necesitan poner en marcha mecanismos como el ICE o movilizar a las fuerzas del orden para estas tareas, son una condición sine qua non para hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, en el caso de que en las elecciones de 2027 ambas fuerzas obtengan mayoría absoluta en el Congreso.

En cualquier caso, lo que durante años fue un proyecto de la periferia ultraderechista ha terminado por penetrar en el corazón institucional de la Unión Europea. El Reglamento de Retorno que el Parlamento Europeo aprobó este lunes en comisión es, según los analistas que llevan meses estudiando su texto, la expresión más acabada de lo que ya se denomina en algunos círculos académicos la “ICE-ificación” de Europa. Ahora, con el respaldo de la derecha y la extrema derecha europea, incluidos PP y Vox, queda abierta la vía para su aprobación definitiva en un futuro pleno.

El reglamento no es una medida aislada. Es el resultado de una presión política sostenida que ha desplazado el centro de gravedad del debate migratorio europeo hacia posiciones que hace una década habrían resultado impensables en el seno de las instituciones comunitarias.

Las medidas que contiene el texto son de un alcance considerable. Por un lado, autoriza la creación de return hubs —centros de retorno— en terceros países. La idea es retener a migrantes fuera del territorio europeo mientras esperan la resolución de su situación, incluso cuando no tienen ningún vínculo con el país donde son trasladados. El objetivo explícito es eludir las protecciones legales que confiere el suelo europeo: si la persona no está técnicamente en Europa, determinadas garantías jurídicas no se aplican. Es la extraterritorialidad como evasión del derecho comunitario.

En esta línea, el cada vez más popular activista ultra austriaco Martin Sellner ha diseñado como guía un plan de tres fases que incluye un sistema de evaluación permanente de asimilación para examinar a los migrantes y la creación de ciudades de deportación en el norte de África.

Por otro lado, el texto amplía el periodo máximo de detención de 18 a 24 meses. Permite que la falta de documentación o encontrarse en situación de calle sean motivos suficientes para la detención, medida que podría afectar también a menores. Autoriza el decomiso de dispositivos electrónicos y el acceso a registros personales y de salud para agilizar identificaciones.

Y, en lo que los críticos señalan como la pieza más perturbadora del puzle, elimina el efecto suspensivo automático de las apelaciones: una persona podría ser expulsada mientras su recurso judicial aún está en tramitación. El plazo para presentar ese recurso se acortaría, además, a catorce días.

Por si eso fuera poco, el artículo 6 del reglamento impone a los Estados miembros la obligación de establecer sistemas de identificación y rastreo para personas en situación irregular, lo que incluye seguimiento por GPS y vigilancia de teléfonos móviles presentados, con notable eufemismo, como "alternativas a la detención".

Algunos autores han acuñado para describir esta deriva el término "fascismo tecnocrático": el Estado no actúa mediante la violencia descarnada sino mediante la gestión algorítmica, el procesamiento de datos y el lenguaje aséptico de la "eficiencia administrativa" y la "gestión de riesgos". La maquinaria del siglo XXI al servicio de una política de exclusión que encuentra su genealogía en los proyectos más oscuros del siglo XX.

En todo este asunto, de lo que nadie quiere hablar —ni los promotores del ICE europeo ni los documentos que respaldan estas iniciativas— es de los costes económicos reales de semejante aparato. La expulsión de cientos de miles de personas al año requiere una infraestructura de detención, transporte y gestión burocrática de un tamaño que ningún Estado europeo ha operado jamás. A ello se suma el impacto en sectores económicos que dependen estructuralmente de mano de obra migrante: desde la agricultura a la hostelería, pasando por los servicios de cuidado o la construcción.

La hoja de ruta existe. Lleva años tomando forma en manifiestos, propuestas legislativas y cumbres transnacionales. Lo que se debate en las instituciones de la UE es si esa hoja de ruta encuentra, por primera vez, una validación institucional a escala continental. Eso, por sí solo, es historia.

Desde hace unos meses todas las mañanas, al salir de casa, me cruzo con Rocío, que desde las 8 h está en el portal empezando su jornada. Inicia el trabajo organizando y dándole una pasada al bajo donde está la salida a la calle. Es la zona más concurrida y por defecto la más sucia. Luego carga todos los enseres en el ascensor y sube hasta la planta sexta. Y de ahí va ordenando, recogiendo, barriendo y fregando en orden, descendiendo concienzuda, piso a piso. Un día me la encontré en mi rellano y la invité a un café. Lo toma solo, corto, con un poquito de azúcar. Desde entonces, cada vez que me la encontraba la invitaba a un café que ella recibía muy agradecida. Un día la vi con el labio fruncido y una expresión patente de dolor. "¿Qué te pasa, Rocío? ¿Estás bien?". "Ay, señora, estoy muy triste. Murió mi papá. He perdido a mi papá. Ya no lo voy a ver más. Y yo estoy aquí y no he podido ir a despedirle. Y ya no lo voy a ver más, nunca más". Desconsolada, aterrizó en mis brazos llorando.

Rocío no pudo ir a ver a su padre porque, si sale de España, quizás no pueda volver a entrar nunca más. Rocío no tiene papeles. Llegó a este país hace tres años desde Perú con un visado de turismo. Su hija mayor estaba aquí trabajando y vino a visitarla con su marido. Dos meses antes habían matado de un tiro a su sobrino, que trabajaba en un taxi. Así que vinieron y se quedaron a probar suerte. Ella era cocinera y repostera en Perú. Aquí friega portales. De la mañana a la noche cuida los espacios comunes de casas de vecinos y oficinas. En España, son miles las mujeres que sostienen nuestra vida cotidiana sin que el Estado las reconozca plenamente como sujetos de derechos. La regularización no es un gesto administrativo. Es la frontera entre poder despedirse de un padre o sufrir el duelo en los brazos de una conocida circunstancial.

Hablamos de "migración irregular" en abstracto. En muchos de los imaginarios es un hombre joven racializado. Pero la realidad tiene otro rostro: según las estimaciones recientes, más del 58% de las personas en situación administrativa irregular en España son mujeres. Mujeres entre 30 y 50 años, en su gran mayoría latinoamericanas, que trabajan —o intentan trabajar— en el sector que sostiene la vida: los cuidados. Limpian portales y casas, cuidan a las personas mayores y dependientes, cocinan, abrazan y quieren a los más pequeños.

España envejece con rapidez. Más del 20% de la población supera los 64 años y la tasa de dependencia no deja de aumentar. Al mismo tiempo, el mercado laboral exige disponibilidad total y jornadas largas. Esa tensión entre cuidados crecientes y tiempo escaso no la ha resuelto el Estado; la han resuelto, en gran medida, mujeres migrantes. Según la Fundación porCausa en su análisis de la irregularidad de 2023, el 27% del empleo informal de la población migrante se concentra en las actividades del hogar. Dentro del Sistema Especial de Empleados de Hogar, donde el 94% son mujeres, casi la mitad son extranjeras. No se trata de un fenómeno marginal: es una columna vertebral.

Pero esa columna está construida sobre la precariedad. La asociación Territorio Doméstico denuncia jornadas de hasta 16 horas, contratos inexistentes, salarios hasta un 60% inferiores a la media del resto de actividades. Se estima que unas 40.000 mujeres trabajan como internas, viviendo en el domicilio de sus empleadores; nueve de cada diez son extranjeras. El régimen de internas, que en teoría resuelve la conciliación de las familias contratantes, en la práctica puede convertirse en aislamiento, dependencia absoluta y vulnerabilidad extrema. La irregularidad administrativa no es un detalle burocrático: es el mecanismo que abarata el coste del cuidado.

Hace unas semanas saltaba a las portadas el caso de Julio Iglesias por las denuncias de abusos sexuales de varias empleadas internas que habían trabajado para él. Este tema que sonaba lejano está lejos de serlo. Mas de la mitad de las trabajadoras migrantes del hogar de nuestro país encuestadas por Territorio Doméstico afirma haber sufrido acoso o violencia sexual en el trabajo, pero el 91% no denuncia por miedo a ser expulsada. El miedo funciona como un contrato implícito. El silencio se convierte en condición de permanencia. Así se sostiene un sistema que permite a muchas familias conciliar, mientras otras mujeres asumen el coste emocional y físico de esa conciliación.

La regularización cambiará ese equilibrio de poder. No solo porque permitirá firmar contratos y cotizar —algo que, según el último estudio de Funcas, incrementará unos 3.300 euros anuales la aportación fiscal neta por persona a través de impuestos y cotizaciones—, sino porque desactiva el arma más eficaz de la explotación: la amenaza. Con papeles, el miedo pierde fuerza. El estatus legal evita que denunciar sea un salto al vacío. La movilidad laboral se amplía con derechos reconocidos y permitirá homologar títulos, aspirar a otros sectores, abrir una cuenta bancaria o alquilar una vivienda sin intermediarios ni abusos.

La regularización no es necesaria por una cuestión de caridad. Es un acto de coherencia democrática y racionalidad económica. Una democracia sólida necesita que quienes sostienen su vida cotidiana formen parte plena del contrato social. Un país que envejece necesita cuidados. Un sistema de pensiones tensionado necesita cotizantes. La pregunta nunca fue si podemos permitirnos regularizar. El debate era si podíamos seguir sosteniendo nuestro bienestar sobre la vulnerabilidad jurídica de otras personas, principalmente otras mujeres.

Desde que lloramos juntas aquel día en el portal, Rocío y yo somos colegas. De tanto en tanto me trae alguna cosa riquísima que ha cocinado: alfajores, magdalenas, galletitas de chocolate. También he probado su causa peruana y sus empanadas. Yo le seguía sacando café hasta que un día me miró con cariño y un poco de compasión y me lo devolvió. "No tomo café, que me pone muy nerviosa y me dan palpitaciones". Me di cuenta de que llevaba meses aceptándolo por cortesía. Nunca se me ocurrió que fuera así. La regularización no creará la pertenencia de Rocío: la reconocerá. Y nos permitirá, como sociedad, cuidar a quienes llevan años cuidándonos.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la asistencia letrada a extranjeros sea prestada exclusivamente por abogados especializados, tras el anuncio de que ONG especializadas y sindicatos podrán solicitar ciertos trámites de extranjería, informa EFE.

El presidente del Consejo General, Salvador González, ha hecho esta solicitud en una carta enviada a la ministra, Elma Saiz, en la que argumenta que la asistencia de abogados especializados garantiza la "mejor defensa posible", según indica esta organización en un comunicado.

Esta solicitud se produce cuando el Gobierno tramita el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE), la vía con la que se pretende facilitar que las personas extranjeras tramiten sus solicitudes, una medida que estaba en audiencia pública hasta el pasado 10 de febrero.

La Abogacía pide que todas las personas jurídicas inscritas en dicho registro designen de forma obligatoria como responsable a un abogado colegiado en España, así como establecer requisitos claros para inscribirse en dicho registro.

Según el borrador, en el registro podrán inscribirse organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o de la comunidad autónoma y entidades sin ánimo de lucro con al menos tres años de vida que estén vinculadas al ámbito migratorio o de la protección internacional.

Deberán cumplir una serie de requisitos, como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no haber sido condenadas ni sancionadas por prácticas relacionadas con su actividad y acreditar "una experiencia mínima y verificable en el acompañamiento y asistencia a personas extranjeras".

Actualmente solo pueden presentar solicitudes de extranjería por registro electrónico la propia persona interesada, otra en representación de la primera, abogados, graduados sociales o gestores administrativos, según explicaron a EFE fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En este contexto, la Abogacía defiende la necesidad de letrados especializados con el argumento de que la denegación de una autorización afecta al proyecto de vida y los derechos fundamentales y en "esos momentos críticos" no se puede improvisar la defensa sino que "debe estar en manos de abogados especializados en extranjería".

Considera la Abogacía que estos profesionales son los más preparados para garantizar que los derechos de las personas migrantes sean tutelados y protegidos. "Su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos insuficientes", señala el presidente del Consejo.

El Estado italiano deberá indemnizar a la ONG alemana Sea Watch con más de 76.000 euros por los gastos derivados del bloqueo en 2019 del barco capitaneado por la activista Carola Rackete, según dictó este miércoles el tribunal de Palermo, en la isla de Sicilia.

La sentencia establece que el Estado debe reembolsar los gastos patrimoniales documentados y sostenidos por la organización entre octubre y diciembre de 2019, lo que incluye costes portuarios, de agencia, el combustible para mantener la nave activa y los gastos legales, confirmó este miércoles a EFE la ONG.

Los hechos se remontan a junio de 2019 cuando Rackete, entonces capitana del buque Sea Watch 3, decidió entrar sin permiso en el puerto de la isla italiana de Lampedusa para desembarcar a 42 migrantes que había rescatado en el Mediterráneo Central.

Con esta acción, la activista desoyó la prohibición del entonces ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, quien mantenía una férrea política de "puertos cerrados".

Tras pasar 17 días en el límite de las aguas territoriales, Rackete rompió el bloqueo en una maniobra en la que la embarcación humanitaria golpeó a una patrullera de la Guardia de Finanza (policía fronteriza y económica), lo que supuso el arresto inmediato de la capitana. Aunque fue liberada pocos días después, su figura se convirtió en un símbolo de la resistencia contra las políticas migratorias de Salvini.

La portavoz de Sea-Watch, Giorgia Linardi, afirmó que la resolución del tribunal demuestra que la desobediencia civil es la "protección del derecho internacional" frente a quienes abusan de su posición de poder para "pisotearlo" en perjuicio de los derechos y libertades de todos.

Linardi lamentó que el Gobierno identifique a las ONG como el "enemigo a batir" en lugar de trabajar para evitar nuevas tragedias y sentenció que, a diferencia del Ejecutivo, ellos no mirarán hacia otro lado ni aceptarán "acostumbrarse a los cuerpos de personas ahogadas" en las playas.

Por su parte, Hermanos de Italia (FdI), el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respondió a la noticia calificándola de "bofetada moral para todos los italianos honrados".

La resolución del tribunal de Palermo llegó un día después de que la primera ministra publicara un vídeo en redes sociales criticando a la justicia por impedir la expulsión de un migrante con antecedentes penales.

Meloni acusó a una "parte politizada de la magistratura" de obstaculizar sistemáticamente las acciones del Ejecutivo contra la "inmigración ilegal de masas" y afirmó que su Gobierno continuará "con determinación" para combatir la inmigración irregular.

La semana pasada, su Ejecutivo introdujo un paquete de medidas para endurecer su política migratoria que incluye la posibilidad de imponer bloqueos navales temporales y procedimientos acelerados para el retorno inmediato de migrantes desde las fronteras.

La Fiscalía de Canarias solicitará la semana próxima tres años y tres meses de cárcel para un policía nacional al que acusa de haber torturado y maltratado a dos inmigrantes recién llegados en patera a Lanzarote, para intentar conseguir de ellos información sobre quién fletó su embarcación.

Los hechos se juzgarán el próximo martes en la sección segunda de la Audiencia de Las Palmas y presuntamente ocurrieron el 1 de enero de 2024 en el centro de atención temporal de extranjeros (CATE) de Arrecife (Lanzarote), el recurso policial donde los inmigrantes pasan 72 horas detenidos tras su llegada, hasta ser identificados.

Ese día, asegura la Fiscalía, dos inmigrantes sufrieron golpes y malos tratos a manos de un policía nacional enviado a Lanzarote en comisión de servicios para reforzar a la plantilla del CATE. En concreto, el Ministerio Público acusa a A.B. de haber propinado un fuerte bofetón en la cara con la mano abierta a un inmigrante al que interrogaba para conseguir que le contará quién había organizado o fletado la patera en la que había llegado a la isla.

Previamente, añade, había propinado otro bofetón en la cara y una patada en la pierna a otro inmigrante, en las mismas circunstancias.

La Fiscalía sostiene que el policía cometió esos hechos con ánimo de provocar "absoluta humillación, menosprecio o descrédito" a los dos hombres a los que presuntamente maltrató y a los que provocó un estado de "angustia, temor, desconcierto, malestar y desasosiego", aunque sin llegar a ocasionarles lesión alguna.

La Fiscalía General del Estado califica el primero de los ataques como delito de torturas y el segundo como delito contra la integridad moral, por los que demanda penas de dos años y año y tres meses de cárcel, respectivamente. Además, solicita que el policía sea inhabilitado para desempeñar empleos públicos durante un total de trece años.

Tardó poco Abascal en salir en tromba contra la regularización de 500.000 personas, prometiendo devolverlas a sus países si llega al gobierno y acusando a Sánchez de pretender reemplazar a los españoles por población extranjera. Según el líder de Vox, se trata de una “invasión” promovida por un presidente “tirano que odia al pueblo español”.

La utilización del miedo no es nueva. Lo hizo Hitler en la Alemania nazi contra judíos y gentes de izquierda, para conseguir sus objetivos en un país con miles de desempleados que no dudaron en ponerse los uniformes de las SA y salir a cazar a los adversarios del régimen. Y los que no apoyaban a los nazis miraron para otro lado. El trumpismo, el bolsonarismo, Orbán o Le Pen hacen lo mismo. Desde la Antigüedad, el miedo es un efectivo instrumento de control político y religioso. Putin lo utiliza como herramienta de poder y autoridad, al igual que China o Irán con sus poblaciones, mientras que Netanyahu, bajo la falsa promesa de seguridad, sigue masacrando al pueblo palestino.

La eficaz propaganda nazi de Goebbels es el espejo donde hoy se miran las corrientes neofacistas. La difusión de información engañosa, con las redes sociales como principal plataforma, se ha convertido en su modus vivendi para influir en la opinión pública y ganar seguidores y elecciones. Mentir, difamar o acosar es ya práctica habitual, parte de una estrategia que basa su fuerza en la teoría del chivo expiatorio. Al igual que la Alemania nazi apuntó injustamente al pueblo judío como origen de sus males, ahora “la culpa es de los moros”. La crisis económica alemana de 1923 se debió a las enormes deudas heredadas de la Primera Guerra Mundial y a las costosas reparaciones que impuso el Tratado de Versailles, pero Hitler supo proyectar sobre los judíos la frustración y el miedo de un país en quiebra.

La extrema derecha utiliza ahora la situación de precariedad y vulnerabilidad social que viven millones de personas en el continente para buscar un culpable. El engranaje psicosocial del chivo expiatorio enfila a los musulmanes como el enemigo, apelando a sentimientos profundos como el patriotismo y el odio. Todo esto queda en el imaginario de grandes capas de la población, condicionando sus percepciones y justificando la inquina y el racismo.

La internacional ultraderechista, con Trump a la cabeza, ha creado un enemigo procedente del extranjero y de piel oscura, que amenaza la identidad nacional y los valores centenarios. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense intensifica ampliamente la persecución y deportación de personas migrantes. A lomos de los desalmados agentes del ICE, el miedo recorre las calles del país.

En España, Vox y PP, enfrascados en una guerra electoralista para ver quién es más xenófobo, con los populares muy preocupados porque el voto joven de derechas se les escapa hacia los ultras, criminalizan a magrebíes y subsaharianos, haciéndoles responsables de una gran invasión que pretende acabar con la cultura occidental. La ultraderecha sabe jugar sus cartas: transforma el miedo en odio contra un supuesto enemigo. El miedo es su poder.

El hecho de que la población extranjera que vive y trabaja en España sea uno de los pilares del Estado de bienestar, que esté impulsando la demografía de una sociedad envejecida o que sea uno de los motores de la economía y factor que sostiene el sistema de pensiones son elementos que deberían desmontar el discurso xenófobo de la ultraderecha. Y Sánchez va a hacer lo que ya hicieron Aznar y Zapatero en su momento, una regularización masiva que es positiva para el país y para los propios inmigrantes: al legalizar su situación dejan de ser un blanco fácil para las mafias que les explotan laboralmente, y pasan a contribuir a la financiación de los grandes gastos sociales.

El éxito de los neofascistas es que han conseguido que la ciudadanía vote contra lo que perciben como el enemigo que ellos han sido capaces de construir. La creación del chivo expiatorio les permite canalizar el descontento hacia inmigrantes y minorías, y movilizar a una parte importante de la sociedad a través de la polarización y con el ofrecimiento al elector de un espacio político donde podrá defenderse del invasor. Torre Pacheco es un buen ejemplo.

Feijóo, muy alarmado por la fuga de votos a Vox –se ha vuelto a ver en Aragón–, criticó la regularización: “Es un reparto de papeletas, en vez de un reparto de papeles". Él sabe que los regularizados no podrán votar en las próximas generales ni municipales de 2027, finalmente tuvo que admitirlo su vicesecretaria de Inmigración, Alma Ezcurra, pero siembra la duda al afirmar que el Gobierno persigue alterar el censo electoral. Una vez más, se impone la narrativa del miedo ante el enemigo extranjero. El relato es igual en Estados Unidos, donde Trump afirma que los inmigrantes irregulares votan en masa, y ya ha amenazado con desplegar al ICE en las midterm de noviembre, donde se juega gran parte de su futuro político con las encuestas en contra.

El liderato nacional en xenofobia y racismo lo tiene Vox y, por muchos esfuerzos que haga el PP, no le va a desbancar. El partido ultra se presenta como el único capaz de garantizar seguridad y ofrecer protección ante las amenazas que ellos mismos denuncian. Su discurso antisistema es su gran baza ante el bipartidismo, asistido por un potente mensaje nacionalista que defiende las tradiciones y el sentido patriótico frente a la globalización.

La teoría del Gran Reemplazo, una de las grandes falsedades que la derecha esgrime, es una supuesta conspiración para relevar la población blanca y cristiana de Occidente por musulmanes y negros. Según Abascal, el presidente Sánchez ha decidido “sustituir” al pueblo español, mientras que Ayuso ha defendido en no pocas ocasiones la “civilización occidental” y sus raíces católicas.

A pesar de que el nazismo fue derrotado tras la Segunda Guerra Mundial, Europa no ha aprendido la lección. La normalización del racismo vive momentos de expansión y canaliza el odio hacia la población migrante sin tapujos. La historia del continente es la crónica de una gran migración desde tiempos prehistóricos, y en la mayoría de los casos los desplazamientos se producen huyendo de la miseria. Nadie abandona su hogar si no es por extrema necesidad.

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Daniel Leguina Casas es responsable de Comunicación de Fundación Alternativas.

I.- Me da la impresión de que una de las cuestiones centrales de la ideología ultrarreaccionaria o neofascista, que ha crecido y se ha extendido por EEUU y Europa, es esa melonada siniestra del Gran Reemplazo referida a los inmigrantes. No hay más que ver la política represiva de Trump, con rasgos similares a la de los nazis o a las posiciones de Le Pen/Bordella en Francia, Meloni en Italia y la Alternativa por Alemania. España no es una excepción y el partido Vox, representante de Trump en nuestro país, ha infectado al PP de su política antiinmigración. Denota una evidente hipocresía, base de toda falsedad, que adopten esta actitud países que se han construido, crecido y enriquecido gracias a los inmigrantes. ¿Qué son los EEUU sino una nación de emigrantes? ¿Acaso Trump, Melania, Rubio y todos los científicos, académicos, artistas, deportistas y trabajadores americanos son descendientes de los pueblos Sioux o Apaches que poblaban los EEUU? Se han olvidado de que el único Gran Reemplazo fue, precisamente, el genocidio que se cometió contra esas poblaciones originarias, parecido a otras situaciones de dominación colonial por parte de naciones europeas.

En el caso de Europa, aparte del expolio que supuso ese colonialismo, no se entiende su resurgir y su desarrollo, a partir de los años 50 —los famosos treinta gloriosos— sin la ola de emigrantes de los países del sur hacia los del norte. Qué rápido hemos olvidado a ese millón de españoles y españolas que, procedentes de la época franquista, tuvieron que huir de la miseria al igual que otros tantos italianos, portugueses, griegos o turcos hacia Alemania, Francia, los Países Bajos, Bélgica o Suiza. Unos conciudadanos que viajaban en trenes cochambrosos, con su maleta de madera sujeta con una cuerda y con un letrero colgado al cuello, donde indicaba su lugar de destino, pues no conocía ni el país ni el idioma. Por cierto, a trabajar como mulas y poder mandar parte de su salario –las famosas remesas— a sus familias que quedaban en la “madre patria”, y que los paniaguados de la dictadura pudieran presumir de que en España no había paro y se desarrollaba gracias a su genialidad y no a esas remesas y a lo que dejaban los turistas.

II.- Ahora, por lo visto, nos hemos hecho ricos y no nos gustan los emigrantes pobres, cuando todos los estudios serios fundados en datos, en la verdad verdadera y no en falsos relatos, inciden en que sin los inmigrantes la economía española se paralizaría, sería inviable, entre otras cosas la liga de futbol. ¿O es que alguien es tan ignorante o malvado que cree que los millones que han ido entrando en España o Europa vienen a delinquir? Vienen porque el capital, el trabajo y la riqueza están en Europa y porque en sus países no tienen donde caerse muertos. Y sobre todo porque las empresas los necesitan, ya que no encuentran trabajadores nativos que quieran ocupar ciertos empleos. Por cierto, ahora que el Gobierno ha tomado la acertada decisión de regularizar a unos 500.000 inmigrantes, que ya estaban trabajando en España, PP/Vox... y Musk han puesto el grito en el cielo afirmando que iba a producir un “efecto llamada”, el Gran Reemplazo y sandeces por el estilo. La razón de tal cabreo es otra muy diferente. Consiste en que las derechas prefieren a los “ilegales” o “irregulares” sin derechos, trabajando como esclavos, explotándolos sin límite y forrándose gracias a ellos. Los ilegales no son los inmigrantes, sino los empresarios que los emplean sin contrato, sin dar de alta en la Seguridad Social y con salarios de hambre. Además, es falso que la mayoría de los que vienen tengan otras costumbres, otras religiones, lenguas que vayan a atentar contra nuestra supuesta “identidad”, cuando la identidad más respetable es la de ser seres humanos. La inmensa mayoría tienen nuestros apellidos, nuestra lengua, nuestra cultura y, en muchos casos, la misma religión, quien la tenga.

III.- En realidad, en este aspecto hemos ido hacia atrás. Recordaba estos días la Constitución de Cádiz de 1812, cuando en su art.1º dice: “La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”, y en el 5º pone: “Son españoles todos los hombres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de estos”. Eso sí, ¡muy feminista no era!, aunque supongo que cuando habla de “hombres” e “hijos” se refiere igualmente a mujeres e hijas, teniendo en cuenta el lenguaje de la época.

Se habla mucho de la teoría del Gran Reemplazo —le grand remplacement— que puso de moda hace pocos años un tal Renaud Camus y luego popularizó Erik Zemmour en su libro El suicidio francés, unos buenos pájaros del pensamiento islamófobo y racista. Teorías que no son nuevas, pues ya a mediados del siglo XIX Gobineau escribió ese nefasto libro sobre la desigualdad de las razas humanas que influyó en todos los racistas posteriores, incluyendo a los nazis. Lo tremendo del caso es que, en la actualidad, al 67% de los franceses les preocupa este asunto, y en países como Suecia algunos autores relacionan el fenómeno con el aborto, la homosexualidad y la emigración en una mezcla explosiva. En España esta teoría también cuenta con abundantes partidarios en Vox y parte del PP.

IV.- En realidad, todo lo que rodea al tema de la inmigración está plagado de mentiras, bulos y falsedades sin cuento, con los que se ha construido un relato no fácil de combatir, que alimenta las posiciones neofascistas. Y no es fácil de destruir porque la inmensa mayoría de los medios de comunicación están en manos de las derechas, y no digamos las redes sociales, que controlan personajes como Musk y compañía. Así, se sostiene que los inmigrantes tensionan los servicios sociales como la sanidad, cuando en realidad es lo contrario. Un inmigrante legalizado que trabaja y está dado de alta contribuye a su sostenimiento, y además hacen menos uso de ella que los españoles al ser personas más jóvenes y, en general, más sanas. También se afirma que vienen a quitar el trabajo a los autóctonos, lo que es falso de toda falsedad. Está demostrado que vienen a ocupar los trabajos menos cualificados, sobre todo en la hostelería, los servicios del hogar, el comercio, el campo y la construcción, mientras los españoles de ambos sexos realizan labores más cualificadas y, lógicamente, con sueldos más altos. Otro de los bulos más socorridos es que crean inseguridad, pues son proclives a delinquir y a la agresión sexual. La verdad es que el inmigrante que trabaja y tiene los papeles en regla procura respetar más las leyes por la cuenta que le trae, y porque es el apoyo de los familiares que quedaron en los países de origen.

Otra cosa diferente es cuando a los menores se los tiene sin hacer nada, deambulando por las calles en vez de darles estudios o una buena formación profesional. Por el contrario, los que hacen inseguras ciertas zonas y delinquen a lo bestia, penetrando incluso en los aparatos del Estado, son las múltiples mafias de la droga, que están controladas por personal europeo —incluido español— con conexiones internacionales. Lo mismo podemos decir de ese mantra de que la inmigración ha encarecido el precio de la vivienda, cuando todos ellos viven hacinados en habitáculos diminutos y son víctimas de los grandes tenedores que campan a sus anchas en el mercado inmobiliario. Todo el mundo sabe que el precio de la vivienda ha crecido por el desmadre del alquiler vacacional, por la especulación con los pisos vacíos, por el desastre que significó la descalificación de las viviendas de protección oficial y por la desidia que ha existido a la hora de construir un parque público de viviendas sociales que no pudieran acabar en el mercado. Y como la mentira no tiene límites, las derechas afirman que la reciente regularización ha tenido por objeto modificar el censo electoral y que los agradecidos “regulados” voten al “diabólico” Sánchez, causante de todos los males sin mezcla de bien alguno, como decía el catecismo del Padre Ripalda, de nuestra infancia. Una acusación que refleja la ignorancia en estado puro.

Me preguntaban el otro día cómo se podía combatir un relato tan mendaz y demagógico-populista, que tanto daño hace a la verdad. Teniendo en cuenta quién controla los medios de comunicación y las redes sociales, sólo se me ocurría un remedio: estar presencialmente con la gente y explicar con datos y argumentos veraces la realidad de la cuestión. No confiar en la información burocrática o en el momento electoral, sino hacer una labor sistemática, articulada y capilar de explicación en todas partes. De lo contrario, el Gran Reemplazo va a consistir en la llegada al gobierno de la coyunda o coalición PP/Vox.

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Nicolás Sartorius es abogado y escritor. Su último libro: 'La Expansión de la Democracia' (Anagrama) 

Cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en el primer año de la actual Administración de Donald Trump, el 86%, carecen de historial criminal violento, reveló este lunes la cadena CBS con base en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El informe encontró que menos del 14% de los casi 400.000 migrantes arrestados por el ICE del 21 de enero de 2025 al 31 de enero de 2026 tienen antecedentes penales o están acusados de crímenes con violencia.

Además, cerca de cuatro de cada diez detenidos no tenían ningún antecedente criminal, y algunos solo estaban acusados de infracciones civiles de inmigración, como vivir de forma irregular en Estados Unidos o sobrepasar el tiempo permitido de su estadía en el país. El documento ilustra que, aunque el 60% de los detenidos sí tenían algún historial delictivo, "la mayoría de los cargos criminales o sentencias no fueron por crímenes violentos".

En este sentido, ejemplifica que menos del 2% de los arrestados tenían cargos por homicidio o ataques sexuales, y solo el 2% de los aprehendidos estaban acusados de pertenecer a alguna pandilla.

Aunque los arrestos del ICE en el primer año de Trump fueron más del triple de los 113.000 de 2024, último año completo de la presidencia del demócrata Joe Biden (2021-2025), el porcentaje de aquellos con un antecedente criminal cayó al 60% en la actual Administración, desde un 72% previo.

La información se suma a otras investigaciones, como una de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) que en enero reveló que la detención de migrantes latinos sin historial criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Trump. La universidad documentó un promedio mensual de 6.000 migrantes latinos sin antecedentes penales que entraron en centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo periodo de 2024, durante la Administración de Biden.

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, reaccionó este lunes a la noticia de CBS: "Como dijimos, cerca del 70% de aquellos extranjeros criminales ilegales arrestados bajo el presidente Trump y la secretaria (Kristi) Noem (del DHS) tienen cargos criminales pendientes o condenas previas", aseguró McLaughlin en X.

PP y Vox lo expresan sin rodeos: los migrantes son una amenaza para la civilización, hablan de “invasión” pero defienden a las patronales agrícolas, de cuidados o de servicios que se enriquecen gracias a la irregularidad de un sistema que depende de su explotación. Su racismo es un arma electoral, pero a la vez una defensa de las clases explotadoras.

El PSOE, por su parte, ha jugado históricamente a la ambigüedad; por un lado, se presenta como defensor de derechos, pero por otro mantiene intacta una legislación que fabrica ilegalidad y permite redadas, CIE y deportaciones, ha defendido el retraso sistemático de la regularización amparándose en “prudencia institucional”, pero su fin era no incomodar a la derecha ni a los intereses económicos que se benefician del trabajo sin derechos. Puro cálculo político.

La economía española se sostiene sobre esta división racial del trabajo, sin ella muchos sectores agrícolas, de la limpieza, de cuidados, etc., no funcionarían sin personas sometidas al miedo constante a la expulsión. Les acusan de “quitar empleo”, es falso, pero sirven para abaratar salarios y presionar a la baja a toda la clase trabajadora. El racismo cumple aquí una función central: justificar que unas vidas valgan menos que otras.

Frente a este entramado, las personas migrantes han reaccionado a la reducción de derechos construyendo poder colectivo mediante redes de apoyo, cajas de resistencia, viviendas compartidas y sistemas de autoprotección frente a redadas, poniendo en marcha prácticas políticas antirracistas en sentido material: rompen el aislamiento, desafían la lógica individualista y disputan control sobre la propia vida.

El Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes y su marca Top Manta desmontaron el relato criminalizador y señalaron al verdadero responsable: una ley que empuja a la calle y luego castiga por sobrevivir. En Almería, el SOC-SAT expuso el racismo estructural del modelo agroexportador, donde empresarios que votan al PP o a Vox dependen de trabajadores a los que deshumanizan. Las mujeres migrantes, desde el trabajo doméstico, arrancaron derechos como el Convenio 189 de la OIT pese a la oposición conservadora.

La regularización impulsada por Regularización Ya no es caridad ni generosidad institucional, es una conquista arrancada al Estado por la presión social de las organizaciones antirracistas, que ha llevado a grupos como Podemos, ERC y Bildu a que el PSOE ante la amenaza de bloqueo de otras leyes aprobase el Real Decreto urgente de regularización. Es una victoria política de los migrantes, un golpe al discurso del odio y a la economía sumergida. Reconocer derechos a quienes sostienen el país no es radical. Lo verdaderamente radical ha sido explotarlos durante décadas con la ley en la mano.

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J. Luis Carpintero es socio de infoLibre.

Para ambos presentadores es más interesante –y no digo que no lo sea–, lo que piensan sus “amiguetes” Aroca, Ekáizer, María Molero, etc.

Esta tarde mismo, Cintora ha comenzado su programa resaltando las sandeces de Díaz Ayuso e, igualmente, ha repetido hasta la saciedad las ignorantes palabrotas de Figaredo (Vox). Y, a propósito de la regularización de inmigrantes, se ha montado un debate en el que no ha salido ni la secretaria general de Podemos, ni Irene Montero, que son las que han negociado el tema con el PSOE. Ayer quiso explicarlo Irene Montero; pero, por lo visto, para Cintora es mucho más importante el humor de una de sus colaboradoras, a juzgar por el tiempo que le dedicó a Irene. ¿No puede salir en la televisión pública Podemos, sin que, de alguna manera, sea censurado? ¡Se nota mucho el “pinganillo”! La ONU, la Conferencia Episcopal Española, no sé si el Vaticano, la prensa internacional, etc., han alabado tal medida; pero para Cintora es más importante, como digo, el humor de, p. ej., de Esther Gimeno.

Es tremendo. Acabo de ver (29-1) en Mañaneros el desprecio de nuestra “aconfesional” Constitución, poniendo la televisión pública al servicio del funeral organizado por la Sra. Díaz Ayuso en la Catedral de Madrid. Igualmente, prestando las cámaras de TV a los bulos que, sobre la regularización de inmigrantes, proclaman el Sr. Feijóo, Abascal o la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras se aplaza el homenaje de Estado en Huelva pactado entre los presidentes nacional y autonómico. Seguramente, el homenaje laico de Estado no se celebrará, pues es la sra. Ayuso la que viene marcando la política no sólo de su partido, sino también la del Estado. Y la iglesia católica también se ha plegado a la voluntad de Díaz Ayuso, haciendo coincidir el funeral “oficial” de Huelva con el de la Almudena de Madrid. 

En cuanto a la propuesta de Feijóo para expulsar a extranjeros sin condena choca con los Tribunales Supremo y Constitucional. Por otra parte, el comisario europeo competente en Inmigración, sr. Magnus Brunner, ha dejado claro que el Gobierno español está haciendo política según las competencias que tiene atribuidas y la Comisión Europea no se puede meter en ese ámbito. “Estamos al tanto de la nueva ley y lo que se ha decidido en España. Está claro que es responsabilidad de cada Estado miembro. Hay que hacer distinción entre inmigración legal e ilegal y hay que encontrar soluciones y vías legales para solucionar este tema. Tenemos que trabajar conjuntamente, pero la Comisión Europea no tiene competencia en estas cuestiones, solo podemos recomendar itinerarios legales y llegar a acuerdos con los países miembros para que los asuman”, ha argumentado Brummer. (elDiario.es de -29-1-26)

Además –podemos seguir leyendo–, la nueva propuesta de la Comisión es que la política de inmigración esté completamente vinculada con las necesidades del mercado laboral de cada país. “La migración legal es necesaria para nuestros mercados laborales, la política en materia de visados debe responder a esos intereses europeos”, ha remarcado Brunner.

Aunque no estoy de acuerdo en tratar a los seres humanos de manera utilitarista, al menos es menos malo que expulsarlos cuando vienen, arriesgando sus vidas, y habiendo tenido que abandonar su país, buscando precisamente una vida mejor.

De momento, es todo lo que tenía que decir al respecto. Así que aquí lo dejo...

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Manuel Vega Marín es socio de infoLibre.

Mi racionalidad no entiende cómo la clase obrera puede votar a un partido como Vox, xenófobo, fascista, machista, retrógrado, que niega el cambio climático, que vota en contra de todo lo que mejore las condiciones de la ciudadanía y sus derechos, que se queda con el dinero que recogió para ayudar a las víctimas de la dana y que quiere volver a la dictadura y a los privilegios de los más ricos.

No entiendo ni puedo aceptar cómo todavía hay una parte de la ciudadanía que cree y vota al PP, cuando es un partido imputado por corrupción. Un partido que miente, que oculta pruebas, que defiende y arropa a dirigentes acusados de abusos sexuales, de acciones que han ocasionado víctimas con sus negligentes actuaciones como la dana y el criminal protocolo de las residencias. Un partido que permite que determinados dirigentes apoyen a un alcalde, como el de Badalona, que humilla, desahucia y deja morir de frío y hambre a migrantes, con la falsa excusa de que aumentan la criminalidad en su ciudad, y apoyándose en la chulería de que la ciudadanía le ha dado esa mayoría.

Por eso no entiendo ni puedo aceptar a esa ciudadanía que apoya esa crueldad con otros seres humanos que han tenido que migrar, poniendo su vida en peligro, para poder conseguir la libertad y mejorar sus vidas. Tienen el mismo derecho. ¿No recordamos cuando nosotros migramos a Francia, Suiza o otros países para poder mejorar nuestra vida o para poder huir, para salvar nuestras vidas, por la crueldad de una dictadura genocida?

No entiendo ni puedo aceptar que la ciudadanía se crea la mentira de que todo lo que viene de fuera es peligroso y aumenta la delincuencia.

Tampoco entiendo ni puedo aceptar cómo una parte de la izquierda se corrompe, prevarica y miente con la finalidad de aumentar su estatus económico. Ni entiendo ni puedo aceptar a la ciudadanía de izquierda que se abstiene y no vota para evitar que la democracia muera.

No entiendo ni puedo aceptar a esa ciudadanía egoísta, abominable, cuando apoya el genocidio de Gaza, el trato inhumano en los campos de concentración saharauis, los holocaustos de Ruanda, Srebrenica. Cuando no atacan a los responsables políticos de estos actos y de otros en nuestro país, como las 230 víctimas de la dana o las 7.291 víctimas del protocolo irracional y "asesino" de las residencias en Madrid.

No entiendo ni puedo aceptar y, lo siento, tampoco puedo respetar, a toda aquella ciudadanía que no ve lo que está ocurriendo a su alrededor y empatiza con aquellos partidos que apoyan esas formas de actuar crueles, falaces, ruines y asesinas. Que respaldan instituciones que recortan derechos, democracias y la vida de seres humanos para dar prioridad y enriquecer a los que más tienen; que mantienen cientos de reuniones baldías y nulas cuyo resultado es permitir que se invadan países, que se mate a gente inocente, y que a aquella ciudadanía que protesta y sí está en contra se la encarcele o censure.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

Esta semana, una buena noticia, el anuncio de una regulación extraordinaria de migrantes, ha desembocado en un auténtico aluvión de muestras de odio, racismo y xenofobia por parte de la derecha y los ultras. Las personas extranjeras que quieran acogerse a la medida, a la que se ha llegado tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos, tienen que haber vivido en España durante al menos cinco meses hasta el 31 de diciembre de 2025. También pueden adherirse los solicitantes de asilo que hubiesen registrado su petición hasta esa misma fecha. Desde que se hizo pública la medida, los bulos han corrido como la pólvora, entre los más destacados el que apoya la teoría del "gran reemplazo" que apunta a que se quiere sustituir al pueblo español por población migrante. La otra mentira que se ha difundido profundiza en el derecho al voto de los regularizados diciendo que será automático según obtengan los papeles, algo que también es falso.

Los usuarios de X y Bluesky han tirado de ironía para ridiculizar a los ultras y denunciar, una vez más, todos los bulos que se estaban difundiendo sobre el asunto. "Es normal que Abascal siga con el bulo de que el gobierno va a legalizar a 500.000 votantes suyos. Es una mentira descarada y desmontable en un minuto de búsqueda en Google, pero en Vox saben que tienen los votantes peor informados y más manipulables posibles", ironiza @BenderOfuscado; "El gran reemplazo que está sufriendo el país se debe a la expulsión masiva de los vecinos y las vecinas de sus barrios por la gentrificación, la turistificación y la especulación. Estos extranjeros (y más si son fondos de inversión) no les molestan a las ultraderechas españolas", denuncia @PeppeQuare, "Quieren esclavos. Por eso rabian. Hoy pierden los malos", apunta @DaniPachamama.

Los antivacunas protagonizan también parte de la conversación de los internautas después de que la OMS alertara de que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España. Con datos alarmantes ya que la cifra de casos aumentó de 227 en 2024 a 397 al año siguiente, con un alto porcentaje de personas no vacunadas. Las redes se han hecho eco de la noticia y han centrado la crítica en los antivacunas. "Las vacunas son más malas que el comunismo y son para controlarnos con tremendo chip, pero la culpa de que vuelva a haber sarampión la tienen los inmigrantes porque, claro, no están vacunados", se ironiza @SiberetSiberet.

Otro asunto muy comentado esta semana, dentro y fuera de las redes sociales, ha sido el decreto ómnibus y la parte correspondiente a la subida de las pensiones. Los votos en contra de PP, Vox y Junts tumbaron la renovación del 'escudo social' del Gobierno, y con ella decayó la revalorización general de las pensiones, además de otras medidas sociales. El Ejecutivo intentará ahora aprobar una alternativa para garantizar la subida. "Tu abuela 425 euros y la derecha votando en contra de que le suban la pensión", critica @DonMitxel_I.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

La Comisión Europea (CE) presentó este jueves dos nuevas estrategias en materia migratoria, una sobre visados y un plan quinquenal para acotar los ingresos "irregulares", que en la práctica afianzan el endurecimiento de la política sobre inmigración de la Unión Europea.

Con estos planes la Comisión busca reducir la migración "ilegal", según el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, así como luchar contra las redes de tráfico de personas e impulsar la atracción de talento a la Unión Europea para aumentar la competitividad económica de los Veintisiete, según el político.

La Estrategia de la UE en materia de visados hace más estricta su concesión y promueve la deportación de personas a terceros países, con los que los migrantes pueden no tener ningún tipo de relación. Además, plantea la suspensión, denegación o restricción a Estados que lleven a cabo "acciones hostiles" que socaven la seguridad del bloque comunitario.

A su vez, plantea un control más estricto de los regímenes de exención de visados existentes, que la UE tiene con países como Argentina, Brasil, Japón o Estados Unidos, "con el fin de garantizar el cumplimiento continuo y evitar el uso indebido de los viajes sin visado".

En la misma línea se sitúa la Estrategia Europea de Asilo y Migración, es decir, los objetivos políticos de la Unión en esta materia para los próximos cinco años y que se basan en el uso de "una diplomacia migratoria firme" para afrontar estos desafíos.

Este endurecimiento choca sobre el papel con la reciente decisión del Gobierno de España de regularizar a 500.000 migrantes irregulares residentes en España, aunque la Comisión se esforzó este jueves en matizar que se trata de "un tema distinto" al presentado. "Son personas que ya están en un Estado miembro y el Estado miembro tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal" de esa migración y "ver si hay necesidad de mano de obra y esto es lo que está haciendo España", dijo Brunner en rueda de prensa.

Ambos planes tienen como punto en común la intención de Bruselas de atraer todo el talento posible desde terceros países debido a "las carencias de competencia y la escasez de mano de obra que se acentuarán en muchos sectores claves" que la UE presentará durante los próximos cinco años. Para ello, la CE propuso simplificar y acelerar las normas y el proceso a la hora del reconocimiento y validación de cualificaciones y competencias, el aprovechamiento de la digitalización y la inteligencia artificial en la migración y la lucha contra el empleo ilegal y la explotación de trabajadores migrantes.

Ahora, los países de la UE, representados en el Consejo de la Unión Europea, y el Parlamento Europeo deberán avalar estos planes que pretenden adaptar a los Veintisiete a los retos migratorios del próximo lustro.

La regularización de migrantes es la mejor noticia política del año. En ocasiones nos traiciona el lenguaje porque no es “masiva”, es una regularización administrativa extraordinaria. Una modificación del Reglamento de Extranjería que permite ajustar la realidad vital de miles de personas a la realidad burocrática. Ya viven en España, trabajan, llevan a sus hijos al colegio, algunos desde hace años. Es tan fácil como dar derechos a quien ya tiene obligaciones. A quienes son uno más en el sistema, pero sin las prestaciones sanitarias, sociales, de justicia que merecen. El encaje legal rellena un desajuste que a falta de mecanismos legales más ágiles acaba generando una bolsa de más de medio millón de personas fuera de los márgenes a los que ya pertenecen. 

La desigualdad no nos es ajena. Cuando existe una bolsa de personas desprotegidas, debilita a todos los demás. Son más explotables y permite una degradación del entorno laboral, una correlación de fuerzas desequilibrada que es incompatible con nuestro Estado de Derecho. Y luego están los bulos de la derecha. No es una “compra de votos”, no pueden votar. Ni es una fábrica de españoles”. Ojalá. Para nacionalizarse, aun viviendo y trabajando en España, hacen falta diez años de residencia en el país y muchas veces se supera con creces ese plazo. Tampoco es un “efecto llamada”. Nadie que venga a partir de este mes de enero podrá acogerse. 

Que el PP se desmarque ahora de esta regularización solo responde a Vox. En todas las que se han hecho en democracia ha estado a favor. Con Felipe González, José María Aznar hizo lo propio y José Luis Rodríguez Zapatero. Solo se la saltó Mariano Rajoy, que habría recibido la misma presión de organizaciones religiosas, Cáritas y la propia Conferencia Episcopal de haber terminado la legislatura. En esa batalla, solo gana el más fuerte. Feijóo no puede engañar a Abascal. Ni siquiera con las embestidas de Ayuso y las Nuevas Generaciones. Ni la izquierda ni la derecha pueden escapar del debate migratorio que atraviesa Europa. Pero la respuesta que tiene que dar el PP es si su alternativa es la deportación de quienes ya viven en España o cómo pretende abordar un proceso que por necesidad tiene que ser “masivo” porque afecta a medio millón de personas. 

Sabemos que la extrema derecha –la propia y la tendencia global– va a por todos los colectivos vulnerables. Quien piense que no forma parte de ellos sólo tiene que esperar. El primer frente son los sin papeles. Y por extensión, como está demostrando Donald Trump, todo el que parezca de fuera o haya venido antes y ahora se juegue ser expulsado. Después van las feministas liberales, cualquier demócrata que no siga el juego, y así hasta una larga lista de objetivos y derechos. La regularización es una mejora concreta y también una declaración de intenciones que contrapone modelos de sociedad. O queremos ir a por los débiles y dividirnos o garantizar derechos y proteger a todos los integrantes de la sociedad. 

Se trata de elegir entre quienes están enviando paramilitares a aniquilar inmigrantes y asesinar a quienes protestan, y quienes no lo hacen. Elegir entre permitir la militarización de los barrios o construir una sociedad más justa con las reglas del estado de bienestar. Una pelea que va de Minesota y Lavapiés hasta Davos. La extrema derecha y los movimientos ultras están demostrando que pretenden llegar todo lo lejos posible. Mientras no encuentren resistencia, seguirán avanzando. Una regularización de quienes ya están aquí es una medida pública concreta, un punto extra que funciona como dique y mensaje a esta corriente. Metidos en la refriega nacional, al levantar la cabeza tenemos que elegir entre una sociedad multirracial o con visión autoritaria del pasado. La nostalgia de algo que nunca fue. Como escribió John Donne, No man is an island. Y una sociedad sin migrantes es una sociedad muerta. 

La ponencia política que la dirección de Alberto Núñez Feijóo aprobó en el congreso del PP de julio del pasado año recalcaba lo siguiente: "Los valores del Partido Popular nacen del humanismo cristiano: la dignidad de la vida humana, la libertad, la responsabilidad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y el carácter subsidiario del Estado". Ese "humanismo cristiano" siempre ha sido una seña de identidad de un PP que, sin embargo, cada vez está más distanciado de lo que Feijóo llama el "buenismo" de la izquierda y que deja la protección de los colectivos vulnerables en un segundo plano.

Un ejemplo de ello es su rechazo a la regularización de medio millón de migrantes que residen en España aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y respaldada por la Iglesia, con la que el PP ha tenido un vínculo muy estrecho. Génova no solo va a tratar de "paralizarla por todos los medios", incluyendo los tribunales y la UE, sino que ahora respalda las teorías de la ultraderecha. Es lo que hizo este miércoles el líder de la oposición agitando el fantasma de un aumento del censo electoral a consecuencia de la regularización.

"No tiene derecho [el Gobierno] a incrementar el censo con la ley de nietos y con la regularización de la inmigración de más de 800.000 personas", fue el argumento utilizado por Feijóo para dar a entender que detrás de la decisión de Sánchez hay un fin electoralista. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue más lejos y señaló directamente que la regularización de migrantes es "una trampa" que "puede alterar el censo electoral".

Lo cierto es que la regularización no iría acompañada del derecho a voto, sino que únicamente confiere un permiso de residencia para poder trabajar de forma legal. El derecho a voto llegaría en caso de que se solicitara la nacionalidad —algunos países no permiten tener ambas, por lo que en esos casos se tendría que renunciar a la de su país de origen— y solo llegaría entre dos y diez años después, si se le concede. Es decir, que en las próximas elecciones generales ninguno de los regularizados podría votar.

En todo caso se trata de un colectivo de personas que ya vive en España, pero cuya situación les condena a "una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social", según los impulsores de la iniciativa que llegó al Congreso para regularizar su situación. Así, concluyen que "la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos como la educación y la sanidad".

Eso es, precisamente, lo que argumenta el presidente de los obispos, Luis Argüello, en un comunicado. "Es un reconocimiento de la dignidad humana y una oportunidad para colaborar en el bien común”. En 2024 fue Argüello el que convenció al secretario general del PP, Miguel Tellado, de que su partido se posicionara a favor de admitir a trámite la iniciativa en el Congreso y en los últimos meses se ofreció para ejercer de intermediario. Estas mismas fuentes aseguran que entonces les explicaron sus objeciones y que recibieron una respuesta comprensiva por parte de la Iglesia. Argüello no es precisamente sospechoso de ser un aliado del Gobierno.

La medida también cuenta con el respaldo de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que considera que se trata de "un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aún a costa de mantenerles en situación irregular". Ahora, sin embargo, Génova argumenta que "no trabaja" para la Iglesia y que no tienen por qué estar "de acuerdo" siempre, citando por ejemplo la cuestión del aborto. En todo caso, la decisión del PP supone una brecha con una institución clave para los conservadores.

Al rechazo del PP a esta regularización, una medida que también ejecutó el expresidente José María Aznar en tres ocasiones durante su mandato y que benefició a 524.621 personas, se le suma el voto en contra de la formación al decreto ómnibus el martes. Un decreto que incluía la moratoria antidesahucios para hogares vulnerables, que se fue prorrogando desde la pandemia, y que también protege frente al corte de suministros básicos, como la energía y el agua.

El real decreto, que ha quedado sin efecto gracias a los votos de PP, Vox y Junts, protegía a aquellas familias que no podían pagar el alquiler o que se enfrentaban a algún conflicto con sus caseros. Pero no a todas. Estas debían acreditar situaciones de vulnerabilidad económica ante los servicios sociales y el juez de turno, que valoraba también la situación del propietario.

Feijóo vinculó directamente el voto en contra de su partido al decreto ómnibus a las disposiciones antidesahucio que incluía ya que, a su juicio, "daban alas a la inquiokupación" pese a que el PP votó a favor de las mismas en el pasado. En su pugna por asumir las principales banderas de Vox, el PP ha comprado el discurso del partido ultra que dibuja España como un paraíso de la okupación por culpa del Gobierno, aunque en realidad con el prefijo añadido nada tiene que ver con el delito de usurpación de vivienda.

En este caso el partido de Feijóo —pero también Vox y Junts— busca criminalizar el impago de la renta, motivado en la mayoría de los casos por problemas económicos del inquilino pero que se equipara con la okupación de viviendas para magnificarlo. El hecho de mezclar la okupación y los impagos de alquiler en el mismo paquete forma parte del discurso del miedo alimentado por Vox que consigue imponer su marco al resto de actores políticos, como si fuera lo mismo un delito tipificado en el Código Penal –el de usurpación o allanamiento de vivienda– que un problema derivado, en la mayoría de las ocasiones, de una situación de precariedad del arrendatario.

A juicio de los sindicatos provivienda, existe todo un negocio en torno al “miedo a la inquiokupación” difundido desde determinados medios, principalmente de derechas. Desde el Sindicato de Inquilinas mantienen que “durante los últimos años las campañas contra la okupación en algunos medios han sido muy frecuentes y alarmantes, hasta el punto de que gran parte de la población vive atemorizada de que alguien okupe su casa”.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aceptado este miércoles estudiar un cambio en el preámbulo de la ley para la delegación de competencias en inmigración a Cataluña. Algo que se produce en medio de las negociaciones con Podemos, que rechazaba la ley pactada por los de Puigdemont con el PSOE calificándola de "racista" y exigiendo cambios.

Sin embargo, Nogueras ha subrayado que el resto de la norma, es decir, el "articulado" de la ley "no se tocará ni un pelo", aseguró la política en declaraciones a SER Catalunya. "Esperemos que vuelva a registrarse la ley y que se apruebe el articulado, que es lo que realmente nos interesa a nosotros. La gesticulación y los titulares a nosotros no nos solucionan el problema", ha afirmado.

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, aseguró este martes que su formación estaba abierta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, retocando el texto que pactaron PSOE y Junts, una vez se haya aprobado la regularización extraordinaria de migrantes. Montero dijo que Podemos, que el pasado septiembre ayudó a tumbar la ley en el Congreso, está dispuesta a negociar esta delegación de competencias, "modificando" el texto para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado.

Junts ha asegurado que la aprobación de esta ley es parte de los requisitos que los independentistas le exigieron al Gobierno, y que, tras las negociaciones, tanto al PSOE como a Podemos les interesa finalizar el bloqueo.

La portavoz de Junts en el Congreso ha recordado que "lo que se acaba aplicando es el articulado", donde "no hay contenido ideológico", mientras que el preámbulo de la ley "es una introducción que no es la parte legal".

Para Nogueras, no hay ningún motivo para que Podemos diga que el articulado contiene algún elemento "racista" porque esta parte legal del texto "es muy sencilla y muy técnica" y se limita a decir que "lo que hoy está gestionando el Gobierno español pasará a gestionarlo el Govern de la Generalitat".