España emerge como excepción occidental en migración frente al giro ultra de la UE y EEUU

El Gobierno ya ha iniciado la tramitación urgente del decreto por el que se llevará a cabo una regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. Supone un importante paso político, económico y social en un momento en el que la ola ultraconservadora se impone en muchos países, con especial obsesión por las políticas antiinmigración.

El proceso puesto en marcha por el Ejecutivo de coalición, tras un acuerdo con Podemos, materializa un enfoque de la migración totalmente opuesto a lo que se está viviendo en Estados Unidos, desde donde llegan impactantes imágenes de las fuerzas paramilitares del ICE asesinando a personas y deteniendo a ciudadanos sólo por sus rasgos físicos. Y, además, choca también con la política dura que se impone ahora en la UE, con la presión de gobiernos ultras como el de Giorgia Meloni en Italia, amparados en el llamado pacto migratorio –o, más bien, antimigratorio–, que sirve de paraguas a las políticas más xenófobas de algunos Estados miembros.

El paso dado por Pedro Sánchez emerge de esa forma como un referente diferencial a la hora de abordar la migración desde un punto de vista de integración y de reconocimiento de las personas que trabajan en el país. Un factor que, como recuerda constantemente el Ejecutivo, es una de las columnas esenciales para que la economía española tenga las mejores cifras de crecimiento entre los países desarrollados.

Los medios ponen sus ojos en España

El caso español ha llamado la atención fuera de las fronteras de la península ibérica. Llegó a ser la principal noticia de portada de la web de The New York Times durante el martes, donde se ponía de relieve que esta medida “posiciona al país en un contraste con muchos otros que en todo el mundo han endurecido cada vez más su postura frente a la migración legal”.

El rotativo estadounidense reflejaba también: “La medida, aprobada el martes, va a contracorriente de muchos gobiernos en Norteamérica y Europa, que —a menudo presionados por partidos populistas de extrema derecha— han tomado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal en los últimos años”.

La noticia del inicio del trámite por el Consejo de Ministros ha sido recogida también en otros medios internacionales como la BBC, la CNN y Le Parisien. Y las políticas públicas sobre migración en España han sido analizadas en los últimos meses por medios como Le Monde, que el pasado mes de octubre publicó un reportaje bajo el título de España estimula la prosperidad gracias a la inmigración, un caso único en Europa.

En su último viaje a Estados Unidos para acudir a la Asamblea General de la ONU, Sánchez pronunció un encendido discurso en la Universidad de Columbia, donde señaló: “Nuestro modelo económico ha combinado la llegada de talento del exterior con una reducción del desempleo. En los últimos siete años, nuestro país ha recibido a más de dos millones de inmigrantes al tiempo que la tasa de desempleo se ha reducido en casi un 40%. Los migrantes se han integrado bien en el país y han aportado alrededor de un 20% al crecimiento económico per cápita de España en los últimos tres años. Para nosotros, la migración no es sinónimo de miedo y amenaza, sino de esperanza y oportunidades”.

El paso dado por España ha sido aplaudido en estos momentos de retroceso por parte de la ONU. La Oficina para los Derechos Humanos señaló: "Acogemos favorablemente las medidas para regularizar la situación de las personas migrantes". Esta iniciativa "ayuda a acceder a derechos y servicios esenciales, preserva la dignidad y refuerza la cohesión social, en beneficio tanto de los individuos como de las comunidades", agregó el departamento que dirige el alto comisionado Volker Türk.

La Comisión Europea no ha tomado una posición concreta sobre esta medida. El portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, trasladó: "Estamos al tanto de las discusiones en España. Las decisiones y políticas para regularizar el estatus de nacionales de terceros países que se quedan ilegalmente recaen exclusivamente bajo la responsabilidad de los Estados miembros. Y la Comisión Europea no tiene competencia en ese ámbito".

El giro duro de la mayoría de Europa

El decreto del Gobierno llega en un momento en el que la Unión Europea está endureciendo sus políticas migratorias a través de unas instituciones con mayoría del Partido Popular Europeo (PPE), que está muy condicionado por la presión y el ascenso de las formaciones de ultraderecha. El pasado mes de diciembre, los ministros de Interior de los 27 dieron salida a la norma que permite establecer en terceros países (fuera de la Unión) centros para la deportación y expulsión de migrantes.

En aquella reunión España se opuso a esta vía impulsada especialmente por Italia. Según explicó entonces el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la norma contiene “serias dudas jurídicas, políticas y mediáticas”. Y advirtió del impacto negativo que puede tener en las relaciones con esos países.

A pesar de esa posición de España en la UE, diversas ONG a lo largo de los últimos años han criticado la política migratoria del Gobierno. Red Acoge y la Fundación CEPAIM han llegado a trasladar a la ONU situaciones como las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla.

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Estas organizaciones han exigido, por ejemplo, el fin de las paradas policiales por perfil racial, el cese de detenciones de migrantes en los CIE y la creación de una Autoridad Independiente para la igualdad de trato y no discriminación. Además, también han denunciado la creación, con fondos españoles, de centros de detención temporal de migrantes en Mauritania al considerarlos "cárceles ilegales".

Dentro de la UE, Meloni es una de las caras de las políticas duras contra la migración. Su política dista totalmente del anterior Gobierno en Roma, que hizo una regularización extraordinaria que benefició a 130.000 personas durante la pandemia. Ella apuesta por centros en terceros países y por los “decretos flujos”, que establecen cuotas de entrada por motivos laborales en función de lo que exija el mercado (para 2026 la previsión es de 164.850 permisos).

Portugal es otro ejemplo del giro conservador y xenófobo que se vive en la Unión. El Gobierno del socialista António Costa llevó a cabo otra regularización extraordinaria durante la pandemia, que benefició a unos 374.000 migrantes. Pero las políticas se han revertido con el actual Ejecutivo del conservador Luís Montenegro, que dejó caducar ese decreto y eliminó la norma que facilitaba regularizaciones de los extranjeros que llevaran más de un año cotizando. Mientras, de la mano de la la utraderecha de Chega, se ha hecho una reforma que dificulta la reagrupación familiar de los migrantes.