El PP tratará de paralizar "por todos los medios" la regularización de medio millón de migrantes

La regularización extraordinaria de personas extranjeras que residen en España pero que no cuentan con ningún amparo legal es ya una realidad. El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que beneficiará a quienes acrediten estar en España desde antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud. El Ejecutivo calcula que puede beneficiar a medio millón de personas, aunque otros informes elevan esa estimación a más de 800.000. Deberá resolverse caso por caso.

La iniciativa llega tras un acuerdo con Podemos pero no tiene que pasar por el Congreso. De hecho, si hiciera falta ese trámite, el Gobierno de Pedro Sánchez no tendría garantizados los votos, ya que tanto el Partido Popular como Vox han dejado claro que no la apoyarán, pese a que en abril del 2024 la formación de Alberto Núñez Feijóo aprobó que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas siguiera su curso en la Cámara Baja.

Feijóo se posicionó el el bloque del sí movido por la presión de la Iglesia católica y de algunos sectores empresariales que requieren de mano de obra, con la vista puesta en la inmigración europea pero, sobre todo, en la latinoamericana. Ahora, sin embargo, el Partido Popular no solo está en contra, sino que tratará de paralizarla "por todos los medios" a su alcance, según trasladan fuentes de Génova. El principal partido de la oposición no descarta iniciar acciones judiciales o acudir a Bruselas cuando "conozca los detalles".

El PP seguiría, así, la estela de Vox, que anunció este martes que va a presentar un recurso contra el decreto ante el Tribunal Supremo. Según explicó su portavoz, Pepa Millán, por esta vía solicitarán "la suspensión inmediata de cualquier regularización extraordinaria". Es más, la propia Millán recurrió a un bulo para justificar su rechazo a la medida, al señalar que lo que pretende Sánchez es "alterar" el censo electoral, aunque lo cierto es que la regularización no iría acompañada del derecho a voto, que llegaría entre dos y diez años después en caso de que se conceda.

Feijóo buscará el apoyo de sus socios europeos

La posición de Feijóo se explica, en gran medida, por la radicalización del discurso del PP en materia migratoria, apostando por la asimilación forzosa para optar a la regularización, en línea con lo que defiende Vox: dar prioridad a los migrantes que comparten idioma y religión y rechazar a los que no. Pero ese no es el único motivo. El jefe de la oposición asegura que no pactará nada "con el PSOE de Pedro Sánchez" porque, a su juicio, lo que que busca es "desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos", según señaló en su cuenta de X tras el anuncio.

Fuentes de su equipo adelantan que el líder del PP tratará esta cuestión con sus homólogos europeos en la cumbre del PPE que tendrá lugar este fin de semana en Zagreb. "El presidente comentará, entre otras cuestiones, la regularización porque afecta a todos los Estados miembros", explican las citadas fuentes. En ese sentido, creen que la regularización puede generar un "efecto llamada" que podría afectar a otros países de la Unión Europea. "A ver cómo ve Merz [el canciller alemán] que se permita esta regularización masiva, cuando toda la UE va en otra dirección con el pacto migratorio presente".

Los promotores de la iniciativa destacan, en cambio, que se trata de un mecanismo que ha sido utilizado por un importante número de países a lo largo de las últimas décadas. Solo en la Unión Europea, subrayan, "se han llevado a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros" —las más recientes fueron las realizadas por Portugal e Italia en plena pandemia— mientras España, desde el año 1985 hasta el 2005, activó seis regularizaciones extraordinarias, de las conocidas como masivas o en bloque.

La postura actual del PP contrasta con las palabras de Feijóo en una entrevista radiofónica difundida en abril de 2024, en la que prometió abiertamente "una solución" para los extranjeros en situación irregular que viven y trabajan en nuestro país. "Hay un debate que debemos dar y debemos de zanjar con los migrantes que viven y trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país", argumentaba.

También se pronunció en esa línea el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en agosto de 2024. "Hay que darles una salida, faltaría más", dijo, y mencionó expresamente a "los cientos de miles de personas en España que están en la economía sumergida, trabajando pero no cotizando, que no tienen derechos sociosanitarios o labores". Con todo, en septiembre de 2025, la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, ya dijo que no apoyarían esa iniciativa "en tanto que no fueran admitidas" sus enmiendas. Lo que argumenta el PP en privado es que los criterios del Gobierno son "demasiado laxos" y que, de haberse debatido en el Congreso, se podría haber llegado a algún tipo de acuerdo.

Sin embargo, tal y como apunta la cofundadora y directora de la Fundación porCausa, Lucila Rodríguez-Alarcón, la regularización extraordinaria "era una tarea pendiente del PP de Mariano Rajoy, y de hecho en su gabinete Fátima Báñez estuvo planteándolo seriamente, pero no lo llegó a hacer "por miedo a la repercusión en el espacio y debate públicos", explica la experta en comunicación en conversación con infoLibre. "La única forma de tener una inmigración ordenada es que estas personas estén en situación regular", añade.

Génova se sacude la presión de la Iglesia

Los conservadores no desvelan qué haría Feijóo si llegara a La Moncloa, pese a que estas regularizaciones también se han llevado a cabo con el PP en el Gobierno. En concreto, José María Aznar realizó tres durante su mandato, con un balance de 453.891 regularizaciones, el 72,7% de un total de 623.995 solicitudes. Génova también se sacude de la presión de la Iglesia, que ha celebrado este martes la decisión del Ejecutivo. "La postura la fijamos por criterios políticos, no por lo que diga la Conferencia Episcopal", resumen en el partido.

El PP considera que su postura es la "intermedia" entre un Vox que "dice que todos fuera" y un PSOE que "dice que todos dentro". Sin embargo, sus postulados son más cercanos a los de la extrema derecha. Aunque evitan hablar de una "alteración del censo", como sí hace Vox, desde el equipo de Feijóo matizan que la regularización dará paso a una nacionalización, que tarda en dos y diez años. "Eso sí es alterar de alguna forma el censo", apuntan.

Paradójicamente, los españoles originarios de otros países que más votaron en las últimas elecciones generales lo hicieron mayoritariamente por formaciones de la derecha, tradicionalmente contrarias a la inmigración, y eligieron menos a las de izquierdas, que son las que más promueven la regularización de extranjeros. Casi la mitad de los votantes nacidos fuera de España que se decantaron por votar al Partido Popular (PP) en las elecciones generales de 2023 procede de tres países: Colombia, Venezuela y Marruecos.

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Los promotores de esta regularización señalan que en España hay entre 390.000 y 470.000 personas —de las cuales una tercera parte son menores de edad— que, a pesar de vivir y trabajar en el país, no pueden obtener un permiso de residencia legal. El trámite, denuncian, es "lento, burocrático" y hasta "discrecional", y los criterios para obtenerlo, además, "son altamente restrictivos". Y todo eso, lamentan, los condena a "una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social".

En primer lugar, porque "la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos como la educación y la sanidad". Por ejemplo, según el informe Un arraigo sobre el alambre, elaborado por la asociación Cáritas junto con el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas (IUEM), el 75% de los migrantes irregulares se ocupa en empleos elementales y mal pagados tengan o no formación universitaria.

También opera un componente económico que la derecha no obvia. Según una estimación de la Universidad Carlos III citada en la propia proposición de ley, la aportación neta que de media aportarían los trabajadores si fueran regularizados ascendería a más de 3.250 euros por persona cada año.