Argüello refuerza el discurso ultra mientras el Gobierno relega a los obispos y negocia con el Vaticano
Las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, reclamando que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, dimita o convoque elecciones anticipadas no son un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia española. Los obispos han opinado —y a menudo con dureza— sobre la política nacional desde la Transición, especialmente frente a los Gobiernos socialistas. Desde las advertencias contra la ley del aborto de Felipe González hasta las campañas contra el matrimonio igualitario o Educación para la Ciudadanía durante los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero, los choques han sido recurrentes.
Sin embargo, el momento, el tono y el respaldo institucional en el que se producen estas declaraciones han generado una crisis entre la Iglesia y el Gobierno de mayor calado. La diferencia es que ahora esas palabras llegan desde la presidencia de la CEE, en un momento de debilidad interna de la institución y con el Gobierno negociando los principales asuntos Iglesia-Estado directamente con el Vaticano, al margen de Añastro.
Pese a que Argüello ha insistido en que hablaba a título personal, ese razonamiento quedó invalidado cuando la Oficina de Comunicación de la CEE salió públicamente a justificar sus palabras tras la carta de protesta enviada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Fue entonces cuando su opinión individual pasó a adquirir una dimensión institucional. Para Jesús Bastante, periodista especializado en información religiosa y cofundador del medio Religión Digital, ese es el elemento clave del conflicto. "Aquí es una opinión de un obispo, pero cuando el portavoz de la Iglesia española refrenda esas palabras, eso sí que es grave", explica. Además, varios obispos admiten en privado a eldiario.es que Argüello "ha vuelto a meter a la Iglesia en un lío", como ya ocurrió en junio con declaraciones similares.
Giro conservador tras la salida de Omella
La llegada de Luis Argüello a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española en marzo de 2024 inició la vuelta al primer plano del sector más conservador del episcopado. Su elección por mayoría absoluta en primera votación —48 apoyos de 78 electores— supuso la derrota clara del candidato aperturista, el cardenal José Cobo, y la conformación de una mayoría inclinada a cerrar filas frente a la agenda cultural del Gobierno y a marcar distancias con el reformismo asociado al pontificado de Francisco.
Para Natalia Núñez-Bargueño, investigadora Marie Skłodowska-Curie en la Universidad Católica de Lovaina, ese resultado ya anticipaba el cambio de rumbo. "Aunque Argüello fue nombrado obispo por Francisco y estaba considerado inicialmente como moderado, su elección hacía presagiar un posible giro hacia el conservadurismo en la CEE", matiza. A su juicio, el nuevo presidente ha ido mostrando una "mayor sintonía con ideas defendidas por sectores conservadores en política y en la sociedad civil", en contraste con el perfil más neutral de su antecesor.
Jesús Bastante coincide en ese diagnóstico y subraya que Argüello "es un convencido de que estamos ante una batalla cultural". Añade que su discurso, aunque formulado en términos más intelectuales que partidistas, "coincide en buena medida con los postulados de algunos think tanks de la extrema derecha". En la Comisión Ejecutiva figuran además obispos de línea dura como Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, que ha acusado al Gobierno de formar parte de "la decadencia moral, corrupción, prevaricación, indecencia de saunas-prostíbulos, robos, mentiras flagrantes y control de la discrepancia judicial y mediática".
El perfil de Argüello se refleja también en sus declaraciones más controvertidas sobre los abusos sexuales. Durante su etapa como secretario general de la CEE minimizó reiteradamente la magnitud del escándalo, aludiendo a "pequeños casos" o cuestionando la necesidad de un informe global. Ya como presidente, avaló el informe Para dar luz, que excluyó centenares de casos reconocidos por diócesis y órdenes religiosas y cuya rectificación posterior se hizo de forma silenciosa.
El contraste con Juan José Omella es significativo. Presidente de la CEE entre 2020 y 2024 y uno de los hombres de mayor confianza del papa Francisco en España, Omella encarnaba un perfil pastoral, dialogante y mediador, más preocupado por rebajar la tensión institucional que por convertir el enfrentamiento político en eje del discurso eclesial. Bajo su presidencia se alcanzaron acuerdos relevantes con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el reconocimiento de cerca de un millar de inmatriculaciones indebidas o la eliminación pactada de determinadas exenciones fiscales, entre ellas las relativas al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Ese talante lo traslado también a escenarios políticamente delicados. Como arzobispo de Barcelona, Omella ejerció de mediador durante el conflicto catalán, manteniendo interlocución tanto con el Gobierno central como con las autoridades catalanas y evitando alineamientos explícitos. "Omella tenía un talante radicalmente distinto, más cercano a Francisco y más pastoral", resume Bastante. Con Argüello, ese equilibrio se ha desplazado hacia un discurso más confrontativo, que vuelve a situar el choque con el Gobierno como uno de los ejes centrales de la proyección pública de la Conferencia Episcopal.
El Vaticano como interlocutor y la CEE en segundo plano
Otro de los factores clave para entender el endurecimiento del discurso de Argüello es el desplazamiento progresivo de la Conferencia Episcopal Española como interlocutor central del Gobierno en los asuntos más sensibles de la relación Iglesia-Estado. En los dos grandes frentes abiertos en esta legislatura —la resignificación del Valle de Cuelgamuros y la reparación a las víctimas de abusos sexuales— el Ejecutivo ha optado por negociar directamente con el Vaticano.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha tratado ambas cuestiones con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y con el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, convertido en España en el principal interlocutor de Roma. Esta estrategia ha dejado a la CEE en un segundo plano y ha evidenciado la falta de confianza del Gobierno en la capacidad de la actual cúpula episcopal para cerrar acuerdos estables, especialmente tras el fracaso del plan PRIVA, impulsado por Argüello.
El historiador José Ramón Rodríguez Lago, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidade de Vigo, interpreta este movimiento como una toma de posiciones ante un posible cambio de ciclo político. "Las declaraciones de Argüello y el contexto del nombramiento del nuevo nuncio apuntan a un retorno a estilos de confrontación episcopal propios de etapas como las de Suquía o Rouco frente a gobiernos socialistas", señala. A su juicio, la Iglesia española "está recuperando usos y discursos de etapas precedentes" en un momento en el que considera que el actual Ejecutivo se encuentra debilitado.
"Ahora mismo el Gobierno ha conseguido que Roma sea un interlocutor más directo que la propia Conferencia Episcopal y eso está en la base del cabreo interno de Argüello", resume Bastante.
El Gobierno impulsa el laicismo sin grandes avances
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El 2 de junio de 2018, Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y tomó posesión sin Biblia ni crucifijo, una imagen inédita en la democracia española que proyectaba una clara voluntad de separación entre la esfera civil y la religiosa. Aquel arranque, coherente con el discurso que el PSOE había mantenido durante años desde la oposición, alimentó la expectativa de una etapa de avances laicistas.
Sin embargo, el paso del tiempo y la gestión desde el Gobierno han rebajado notablemente ese listón. Aunque el Ejecutivo ha desarrollado una agenda legislativa —aborto, eutanasia, derechos LGTBI— frontalmente contraria a los postulados de la jerarquía católica, en el terreno específico de las relaciones Iglesia-Estado los cambios han sido limitados y siempre negociados. De esta forma, el PSOE ha ido retirando de sus programas la denuncia del Concordato y la supresión del IBI, y ha optado por una estrategia de diálogo institucional que evita tocar los pilares del estatus eclesial.
En fiscalidad, la Iglesia ha perdido exenciones como el ICIO y las contribuciones especiales, pero mantiene intacta la exención del IBI incluso en inmuebles de uso lucrativo. En materia patrimonial, el Gobierno ha reconocido cerca de un millar de inmatriculaciones indebidas, aunque sin promover reformas legales que faciliten su reversión. Además, el sistema del IRPF —más de 300 millones anuales— no solo se mantiene, sino que sigue garantizando a la Iglesia una posición económica sólida, sin avances hacia la autofinanciación prevista en los acuerdos de la coalición de Gobierno con Podemos en la segunda legislatura.
