Fina Gómez cogió a hurtadillas un camino de tierra este lunes por la mañana porque no podía aguantar más para ver cómo habían quedado su casa y su restaurante tras el dramático incendio declarado el sábado en Yeres, convertido ya en el símbolo de los 13 que han asfixiado este fin de semana el oeste de la provincia de Léon. Y, en un plano más amplio, de los fuegos simultáneos en múltiples puntos que han infligido una presión extraordinaria sobre los medios de extinción en Castilla y León.

“Me colé, es mi casa, tenía que venir a mirar esto. Es un paisaje desolador, es un cuento de terror. En el pueblo hablamos por WhatsApp y esto se veía venir, un Patrimonio Mundial que lleva unos seis años con amagos de incendio por todos lados y no hay una brigada de mantenimiento. Podía pasar una catástrofe en cualquier momento”, cuenta a infoLibre esta vecina de Las Médulas (Carucedo). Este espacio cultural y natural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997 es el corazón identitario y turístico de El Bierzo, una de las comarcas más reivindicativas en la denuncia del abandono de la Junta de Castilla y León y la falta de servicios.

Las Médulas, en el oeste de León, cerca del límite con Galicia, son un ejemplo excepcional de la innovadora tecnología romana de explotación minera a cielo abierto. El paisaje actual se muestra en forma de escarpadas paredes de arcilla, cuevas y túneles excavados, rodeado de bosques de castaños centenarios, que son la pérdida más notable de las que se pueden contabilizar ya antes de que se apague el fuego. La importancia de Las Médulas radica en su escala, el número de vestigios y el grado de conservación del conjunto. “Hasta que no concluya la extinción no se podrá hacer una valoración final de los daños al paraje, que evidentemente serán graves”, ha indicado la Consejería de Medio Ambiente a Infolibre.

Preguntado el portavoz de la Consejería por las críticas de vecinos, sindicatos, expertos en este bien patrimonial y partidos de oposición sobre la falta de preparación para un incendio como el de Las Médulas, ha asegurado que el departamento no considera que haya habido fallos en la prevención. “En la zona se llevaban a cabo labores de mantenimiento y conservación de la vegetación de forma habitual, manteniendo el paisaje característico del entorno. Lo que ha sucedido es que se ha producido un incendio con unas condiciones de viento e inestabilidad atmosférica que han llevado al mismo a estar fuera de la capacidad de extinción durante algunas fases”, ha argumentado. Es decir, un incendio que hasta que no cesa alguno de los parámetros que lo lleva a esa situación no es posible su extinción, en este caso los fuertes vientos ocasionados por tormentas secas, además impredecibles y cambiantes, que en muy poco tiempo modificaron las condiciones del incendio. Otra de las críticas es que el domingo se retiraron medios confiando en una evolución favorable que terminó siendo lo contrario, con una deriva traicionera del fuego que hizo temer lo peor a los vecinos.

El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, lo ha descrito así tras la reunión del CECOPI: “Un suceso meteorológico extraordinario, un torbellino de fuego. Con temperaturas en torno a cuarenta grados, en una zona constreñida como el valle, al entrar luego en una zona más abierta, se produce este fenómeno explosivo, muy peligroso y que puso en peligro al propio operativo”. El máximo responsable del operativo antiincendios de Castilla y León, muy cuestionado ya por su gestión de los incendios de la sierra de la Culebra (Zamora) en 2022, está de nuevo en el centro de las críticas porque el domingo, cuando el fuego asolaba León, él y otros representantes institucionales estaban en una feria a la que van cada año en Gijón.

También está siendo cuestionado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández-Mañueco, que está de vacaciones. “Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a CyL que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso”, le escribió el ministro de Transportes, Óscar Puente, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo en X. Mañueco escribió también un mensaje en esa red social el domingo: “Estoy centrado en los trabajos para la extinción de los incendios en León, Zamora, Ávila y Palencia. Según apuntan los expertos, varios de ellos podrían ser provocados. Vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio histórico y natural”. Quiñones habló de “terrorismo ambiental” y llamó a la ciudadanía a estar vigilante.

La consejería responsable de la preservación de Las Médulas como Patrimonio Mundial es la de Cultura y su titular es el presidente de Fundación Las Médulas, Gonzalo Santonja. En un comunicado este lunes, ha anunciado que ya se han activado todos los recursos humanos y materiales necesarios para iniciar la rehabilitación del patrimonio cultural dañado. Cuando estén controlados los incendios y se garantice que es seguro hacerlo, habrá una primera evaluación técnica para determinar el grado de afectación y las necesidades de inversión. “Aunque aún no es posible conocer su alcance preciso, el incendio ha dañado infraestructuras turísticas emblemáticas, como son el Aula Arqueológica de Las Médulas y el mirador de Orellán, cuya recuperación se considera prioritaria”, indica la consejería. También se reorientará el Plan de Actuación Anual y los presupuestos hacia la recuperación de todo el patrimonio cultural afectado.

Estas promesas no consuelan a los vecinos que, como Fina Gómez, han ido regresando a unas Médulas teñidas con ese negro desolador que dejan los incendios a su paso. La promesa de la Junta es que todo lo material, público y privado, será recuperado con financiación autonómica y de manera generosa y rápida. Y que, aunque lleva más tiempo, se hará lo mismo para ir recuperando el paisaje. Pero el noroeste español tiene experiencia entre palabras y realidad cuando se trata de recuperación después de los incendios. Y las llamas siguen en nivel 2, ni el miedo ni la posibilidad de otro giro traicionero han desaparecido. 

Hoy mismo algunos incendios más o menos forestales tienen causas naturales. Con la ocupación de los espacios por parte de las personas, las zonas de evolución natural se han restringido. Si se origina uno, casi siempre hay población humana afectada. Los incendios forestales de hoy ya no son lo que eran. Antes, para valorar la posibilidad de su generación se empleaba la comprensible valoración del aire: más de 30 ºC de temperatura/menos del 30% de humedad/vientos superiores a 30 km/h. Ahora son más virulentos, se habla de incendios de 6ª generación. Es una clasificación que emplean los agentes forestales actuales, se dice que desde 2016, cuando Portugal ardía por los cuatro costados. 

Se los califica como megaincendios en momentos de aridez extrema, con una excesiva acumulación de combustible, en un escenario de cambio climático que ayuda a incentivarlos, y en lugares poco preparados para gestionar la incertidumbre. Aquí queríamos llegar. 

Cuando redacto estas líneas, Las Médulas arden sin remedio; y se producen otros nueve incendios en la provincia de León por los mismas fechas y también en otras muchas zonas de España. Aunque la médula sea un recurso conceptual cuestionable me sirve para caracterizarlos. Existe la médula vegetal, así se llama a lo que en los humanos sería la espinal. Además médula es el fondo de un asunto, sus causas, su evolución y sus consecuencias. Cualquier ecosistema se sostiene en la debilidad o fortaleza como conjunto, en la interacción de sus componentes; hasta que es antropizado y no sirven las evoluciones propias. Ya lo denunciaba Antonio Machado en su poema cuando aludía a que "el hombre de estos campos, que incendia sus pinares y su despojo aguarda como botín de guerra, antaño hubo raído los negros encinares, talado los robustos robledos de la sierra. Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares… y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra".

Es claro que algo raro está pasando cuando hay tantos incendios por toda la superficie terrestre. Se puede comprobar en los mapas del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) y en el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS) de la NASA, que distribuye datos de incendios activos en tiempo casi real, dentro de las 3 horas previas. No sabemos si este durará mucho habida cuenta del influjo destructor del señor Trump. Allí la médula de todo lo ambiental la está destruyendo un desconsiderado con los bienes que la naturaleza nos proporciona.

Volviendo a Las Médulas. Son patrimonios mundiales de la naturaleza con los cuales se ha adquirido un compromiso. Las administraciones son entes de inteligencia perezosa, o directamente negligente. Por eso, parece que piensan que estos enclaves y figuras mundiales solo sirven para atraer turistas. Nada más que por eso, ya merecerían mayores cuidados. Su dignificación no figura en los calendarios de las administraciones autonómicas, que los valoran preferentemente como escaparate publicitario. Quienes duden pueden pasarse por Fitur cualquier año.

Desde mi espíritu boscoso miro con preocupación al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que recibió un total de 651.707 personas en 2024, y eso que hubo 19 cierres. Durante los meses de julio/agosto promedia diariamente unas 1.500/2.000 visitas. Desde el año pasado se anuncia un Plan de Movilidad. Me temo que centrado más en los puntos de acceso que en la regulación de sus itinerarios y protocolos en caso de emergencia. Me tranquilizaría conocer qué se explica a los visitantes antes de recorrerlo: si se les señalan en un mapa los caminos de evacuación rápida, si están identificados los puntos de refugio en caso de incendio u otra eventualidad, si hay dispuestos retenes de guardería forestal, si se lleva a cabo una constante vigilancia vía satélite, si se dispone de sensores de temperatura colocados estratégicamente, si hay previsión de medios humanos cercanos que puedan acudir al instante, si existe una red de caminos que permite la evacuación motorizada, si funciona un sistema de alerta rápida por teléfono móvil o señales sonoras, y si está definido el umbral de temperatura o el nivel de alerta de Aemet que obliga al cierre del espacio. Tentar a la fortuna está en la médula del quehacer humano, aquí no cabe. Por cierto, en las encuestas del parque natural que he visto no se pregunta: ¿sabe lo que tiene que hacer si se declara un incendio durante la visita? No quiero pensar en la posibilidad.

En cualquier negocio, lugar público o comunidad de propietarios hay luces y señales de emergencia. ¿Por qué aquí no? No hay una médula de acción preventiva de espacios singulares. En fin, que a juicio del que escribe, no podemos descartar que hayamos de entonar el poema de Machado. 

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

El espacio natural y cultural de Las Médulas, situado en la comarca leonesa de El Bierzo, se incorporó en 1997 a la lista del patrimonio mundial de la UNESCO por ser un lugar especialmente representativo de la historia de la Humanidad.

En plena ola de calor, Castilla y León lucha contra ocho incendios, el más grave el que afecta a Las Médulas cuyas llamas han arrasado algunos de sus castaños centenarios. La Junta aún está evaluando el impacto del fuego.

El espectacular paisaje cultural, rodeado de viejos castaños, lagunas, lagos, picos y galerías, fue la explotación aurífera a cielo abierto más importante del Imperio Romano y una de las mayores obras de ingeniería de la antigüedad.

Las Médulas es un Paisaje Cultural, es decir, se ha ido formando por la acción del hombre sobre la naturaleza a lo largo de mucho tiempo. En el mundo hay más de 500 lugares incluidos en la lista del Patrimonio Mundial.

La zona abarca más de 2.000 hectáreas. Comprende las minas y también grandes áreas cubiertas por los relieves resultantes del proceso. Existen presas que antiguamente recolectaban las grandes cantidades de agua necesarias para el proceso minero y canales intrincados por los que se transportaba el agua a las minas, explica la UNESCO.

Además, el lugar fue declarado Bien de Interés Cultural en 1998, lo que significa que goza de la máxima protección legal. La zona se amplió en 2007 para incluir toda el área protegida del Patrimonio Mundial. Además, Las Médulas fue declarada Monumento Histórico en 1931 y Monumento Natural en 2002.

Su gestión está a cargo de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

En Las Médulas, igual que en otros muchos sitios del noroeste, los romanos empezaron extraer el oro a principios del Imperio. Lo usaban sobre todo para hacer monedas, medio de pago y también de propaganda de los éxitos del emperador.

Roma sacó de Las Médulas y de otras minas del noroeste buena parte del oro necesario para acuñar la moneda durante dos siglos. Pero en el siglo III las monedas cambiaron de valor y las minas dejaron de funcionar, explica la web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

El paisaje se formó cuando los romanos emplearon el sistema de la "ruina montium" para sacar el oro: consistía en ir derrumbando partes de una montaña de una sola vez empleando el agua y lavando esa tierra hasta separar el metal. Los picuezos que sobresalen en el paisaje son restos de las distintas fases de la explotación.

El agua era traída desde muy lejos, más de 100 kilómetros, a través de las montañas, en canales excavados en la roca.

En Las Médulas, al suroeste, los “soutos” (bosques creados por cultivo) y “ladeiros” (en pendientes) cobran una personalidad muy marcada. El castaño fue introducido como cultivo por los romanos y ha pervivido hasta hoy, convirtiéndose en una seña de identidad más de este enclave Patrimonio de la Humanidad.

Los castaños centenarios de las instalaciones hoy ruinosas de las Médulas son herederos de aquellos que suministraron su madera a las obras de los embalses, diques y conductos que provocaban la “ruina de los montes” y las balsas y canales de decantación en los que se recogían las pepitas de oro.

Estos castaños, además, son la razón de que los restos de este ejemplo singular en la Península Ibérica de explotación minera a cielo abierto, con técnicas ideadas por los pueblos oriundos y que los ingenieros romanos supieron adaptar a la dimensión gigantesca de sus construcciones, se hayan conservado.

Gracias a la vigilancia y cuidados de los agricultores que explotan los castañares que crecen entre sus crestones agujereados, han impedido la entrada a “buscadores” de oro que hubieran podido destrozar los restos en el intento de encontrar alguna pepita olvidada por los romanos, según el CSIC.

Conoció tiempos mejores, de verdadera autonomía, digámoslo así. Ahora sufre por toda España una invasión humana, centuplicada en apenas cinco décadas. Cada año, cuando llega el buen tiempo, allí donde la naturaleza era libre tiemblan hasta las rocas, los riachuelos se esconden, los seres vivos se angustian y abandonan sus lugares de vida. ¡Qué decir de las abarrotadas playas!

Esto sucede incluso en muchos itinerarios señalizados, algunos promocionados por las administraciones, que también tienen una concepción patrimonial que potencia hacer lo que queramos, pues el lugar les/nos pertenece. Se dice que los visitantes buscan su libertad en un paisaje soñado, pero no dudan en cruzarlo en procesión, acunados por voces y chillidos; así dejan lastimado el territorio y sus moradores. Allí donde antes el silencio amplificaba las percepciones sensoriales, ahora llega incluso la música enlatada. Todo en aras de potenciar lo que se llama “el turismo ecológico”, una falsedad que se dice sostiene la vida de los moradores de los pueblos cercanos.

En verdad, quedan pocos lugares de esos a los que llamábamos “vírgenes”, un calificativo discutible, pero dejémoslo y vayamos a lo nuestro. Los enclaves singulares palidecen ante el turismo masivo, que se promociona como una experiencia de libertad –incluso se le llama turismo sostenible- y acaba siendo un supermercado de entretenimiento abarrotado. Si un lugar se difunde en redes, en pocos días recibirá muchedumbres y perderá su identidad.

Sirva como ejemplo la experiencia personal. Uno tiene la fortuna de vivir cerca de donde la diosa Pirene cayó muerta y levantó los Pirineos en la orogenia alpina. En tiempos era un asiduo visitante, hasta que llegaron allí gentes y gentes llevando sus usos urbanitas. Ahora mismo, se dice que la ocupación hostelera va a llegar al 100 % en el Pirineo. A lo que hay que sumar el turismo de día, que inunda todos lugares y se convierte en “turismo selfie”. Los visitantes colonizan, a veces calzando zapatillas playeras, lo mismo el glaciar del Aneto que los prados cercanos al ibón del Anayet –un santuario de belleza geomorfológica- en donde plantan estos días sus tiendas de campaña, sin apenas inquietar a las administraciones. Alguien ya estará pensando en empotrar allí un camping/resort con vistas a Francia y a España. Eso sí, construyendo antes una carretera para facilitar el desplazamiento en coche. Muy cerca de la Canal Roya, un valle glaciar majestuoso en donde se pretende construir un teleférico que lo surque; ¡No se va a quedar sin que le llegue el “progreso”! Cualquier enclave natural es una obra de arte milenaria, ¿acaso no merece el respeto que les otorgamos a las construcciones en donde el arte humanizado se hizo realidad? ¿Cómo se sentirían los urbanitas si soportasen atropellos similares en sus lugares emblemáticos?

Bien es cierto que algunas personas compusieron un mensaje emocional y a la vez de defensa patrimonial: no inmiscuirse en los ciclos e interacciones entre el territorio y su multidiversa biodiversidad. En este caso, dieron voz a la vaca “Anayeta” que focaliza su defensa. Me siento parte de ellos, por eso no puedo visitarlo ahora, me estreso en solidaridad con la naturaleza. Por eso defendemos la limitación de las expansiones deportivas o musicales a muy pocos lugares, con ciertas limitaciones. En consecuencia, lucharemos sin denuedo para que los Pirineos no se conviertan en un parque de atracciones, colonizados por tirolinas y otros artilugios; también demandaremos que todos los refugios de biodiversidad sigan siéndolo en España. 

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Carmelo Marcén Albero es doctor en Geografía por la Universidad de Zaragoza y especialista en educación ambiental.

Tras años de insumisión, multas de la Xunta y oscurantismo, los Franco abrieron por primera vez la Casa Cornide de A Coruña. Lo hicieron obligados por la declaración BIC (Bien de Interés Cultural) del palacete del casco antiguo, con retraso y con un interior “vacío” y frío, según pudieron comprobar los primeros visitantes de un inmueble que lleva 63 años en manos de la familia del dictador, desde que en 1962 una subasta controlada por destacados franquistas locales permitió que acabara en sus manos. Una venta “simulada”, al estilo de lo ocurrido con el Pazo de Meirás.

Las puertas se abrieron este pasado lunes a las 9 de la mañana en una visita que inauguraron cinco personas, el máximo permitido por turno hasta un total de cuatro turnos hasta las 13 horas, el mínimo exigido por la Xunta. Los primeros en acceder fueron la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera; Rubem Centeno, en representación de la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), y el historiador Alfredo Vigo, del Instituto José Cornide, autor del detallado informe que hizo posible la declaración BIC del edificio.

Fue este historiador quien pudo comprobar de primera mano —aunque sin poder mostrarlo, ya que están prohibidas las fotografías y la grabación de imágenes— que todo lo que los Franco pudieron llevarse ya se lo llevaron, y que el palacete da la impresión de ser una casa vacía, desmontada y deshabitada; con estanterías sin libros y apenas ningún mueble, y con divisiones y compartimentos hechos por la familia del dictador que ocultan su estructura original. De hecho, tal como reveló Praza.gal, bienes ligados a este palacete fueron apareciendo en 2021 en el mercado de antigüedades cuando se inició el proceso para expulsar a la familia del general fascista.

“No queda ya ningún mueble de Cornide, nada”, aseguró Vigo respecto a los elementos anteriores a que el inmueble pasase a manos de los Franco. Además, destacó algunos de los objetos que pudo ver en el interior, como los techos originales de piedra, réplicas de puertas o “alguna estatua”, como una del apóstol Santiago.

Se trata de una escultura medieval traída, con toda seguridad, de otro lugar, al igual que dos columnas que podrían haber llegado a la Casa Cornide desde algún claustro. También hay una escalera antigua, del siglo XVIII, que procede del Hospital de Caridad que estaba situado a pocos metros del inmueble. Y papeles, eso sí, con el sello que señala a Franco como jefe del Estado. “Como si los hubieran dejado aposta”, advirtió uno de los visitantes.

Del techo del palacete cuelga una gran lámpara de araña de cristal y hay una enorme chimenea de mármol, así como una biblioteca totalmente vacía, según relatan varios de los visitantes, que insisten en la impresión de vacío y de nulo uso que transmite la casa, con doce habitaciones y ocho baños.

Tras una hora de visita, que es más que suficiente porque hay poco que ver, más allá de la importancia arquitectónica de un inmueble que es un ejemplo único del barroco francés en Galicia y fue construido en el siglo XVIII por Diego Cornide.

Después de pasar por manos del Ministerio de Educación y del Ayuntamiento de A Coruña, la Casa Cornide fue entregada a la familia Franco en un proceso rodeado de irregularidades que está en revisión legal y por el que la administración local ha iniciado un proceso con el que espera poder recuperarla para el público, al igual que se hizo con el Pazo de Meirás.

“El objetivo del Ayuntamiento es que esta casa vuelva al patrimonio público y mientras tanto que se garantice su protección como bien de interés cultural y que los ciudadanos puedan visitarla”, dijo Inés Rey, que calificó el día de ayer como un “momento histórico” y señaló que es “destacable que los Franco por fin cumplan la ley” sobre un bien público “que pasó a manos privadas en un momento en el que el dictador y su mujer creían que todo les pertenecía, incluido el patrimonio”.

Francisco Jorquera, portavoz municipal del BNG e invitado a la visita por ser otro de los impulsores de la declaración BIC, espera que esta apertura sea el primer paso para “la restitución” del inmueble al patrimonio público tras haber sufrido “un auténtico robo” por parte de los Franco.

Mientras tanto, fuera del inmueble, unas treinta personas volvieron a exigir la “devolución” de la Casa Cornide “al pueblo de A Coruña”. Así, Manuel Monge, presidente de Defensa do Común, convocante de la movilización, reclamó al Ayuntamiento que impulse actuaciones para que los Franco devuelvan el palacete.

“Vamos a seguir reivindicando la devolución, no solo que se abra”, dijo, tras calificar de “expolio” la entrega a los Franco de un inmueble del que piden que se amplíen los horarios de visita y el número de personas permitidas.

España es el cuarto país del mundo en número de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muchos de ellos mundialmente conocidos, si bien nuestro país atesora un gigantesco patrimonio cultural desconocido, recóndito y, muchas veces, completamente abandonado y en ruinas.

Una auténtica pena que prácticamente todos hemos sentido alguna vez. Por ejemplo, cuando regresamos tiempo después a algún lugar que en nuestra memoria resplandecía de una manera muy luminosa, pero que no ha soportado el paso de los años, sometido al peso del tiempo que poco a poco lo va erosionando hasta dejarlo machacado.

Pasa mucho, particularmente, con los pueblos que antaño eran recipiente de vida y que de un tiempo a esta parte se fueron quedando vacíos, sin sus gentes. Todos conocemos ermitas, iglesias, castillos, torreones o fortificaciones que forman parte de nuestro imaginario infantil. Pero si nadie las cuida, se caen. Si no las cuidamos entre todos, se caen.

"No creemos que en España se trabaje mal por el patrimonio, ni mucho menos, hay grandes profesionales, pero no se llega. Es fundamental, por ello, que la ciudadanía tome conciencia de que este patrimonio es su patrimonio, que tiene que defenderlo y apoyarlo", plantea a infoLibre la directora general de Hispania Nostra, Bárbara Cordero.

Hispania Nostra, en marcha desde 1976, es la asociación de referencia en España con respecto a la defensa y puesta en valor del patrimonio cultural y natural español. "Y no solamente el patrimonio físico, lo que son los monumentos, sino también todo lo que tiene que ver con lo natural", apostilla Cordero, quien defiende la necesidad de entender al patrimonio como una oportunidad.

"Intentamos poner en valor que España es un país muy rico en patrimonio. Además, aquí se trabaja bien por el patrimonio, que es riquísimo, porque al final hemos sido un crisol de culturas que han ido dejando su legado", destaca, para luego insistir: "Es importante que la ciudadanía entienda que debemos cuidarlo, porque el patrimonio bien gestionado no es una mochila, sino una oportunidad. Es motor de desarrollo social y económico".

Por eso, defiende, asimismo, que la "salvaguarda" del patrimonio solamente se conseguirá a través del "asociacionismo y la participación social". Porque, a su juicio, "sin la sociedad civil no se logrará poner en valor todo nuestro patrimonio", debido, además, a que las intervenciones en este ámbito son "muy costosas". "Y como siempre hay poca financiación, tampoco abordamos nunca la conservación preventiva. Cuando muchas veces se interviene ya se ha caído el tejado, por así decirlo, y entonces la cifras se triplican", explica. 

Es por ello que defiende la labor de las administraciones públicas, al tiempo que lamenta que no puedan "llegar" a todas las intervenciones que serían deseables porque las partidas presupuestarias "son las que son". Y es que, claro, no todos los municipios tienen el mismo presupuesto y por eso ocurre que hay ayuntamientos "con mucho patrimonio pero una dotación económica muy pequeña, ya que tienen otras necesidades". "España es un crisol en todo, y hay muchas diferencias entre Comunidades Autónomas. Por eso la administración necesita a la sociedad civil", apostilla.

A cubrir ese vacío dedica toda su actividad Hispania Nostra, que colabora a su vez con el Ministerio de Cultura y Deporte, pero que se financia principalmente gracias a su millar de socios, que pagan una cuota anual de 75 euros (u otra, la cuota sugerida, que es de 100). Además, cuenta la asociación con una red de asociaciones locales y una plataforma de micromecenazgo que, desde que está en funcionamiento, ha recaudado más de 450.000 euros para proyectos concretos (ahora mismo tiene activos tres).

LA LISTA ROJA

Especialmente llamativa es la Lista Roja de Hispania Nostra, que tiene contabilizados cerca de 1.100 monumentos en peligro de desaparición por su mal estado. Cualquiera puede solicitar la inclusión de un monumento en este listado, sencillamente rellenando un formulario en la web de la asociación. "Es una herramienta espontánea, ya que es la ciudadanía la que se toma la molestia de cumplimentar la ficha", señala Cordero, quien explica, a su vez, que la Lista Roja tiene un comité científico integrado por profesionales de distintas disciplinas, que evalúan si se coloca en la lista roja, se sube a la lista verde o se pasa a la lista negra.

Una necesaria "llamada de atención", en definitiva, que consigue rescatar en torno al 20% de los monumentos que entran en un primer momento en la Lista Roja: "Alguien monta una campaña de micromecenazgo o le pone las pilas al ayuntamiento... al final remueve conciencias. A veces pasa algo, pero otras veces no pasa nada y se mantienen en la lista roja. Esta es una herramienta más que tenemos para luchar contra el abandono del patrimonio".

"Yo he visto ejemplos muy bonitos. Se ha intervenido en algunos de los elementos de pequeñas localidades que han entrado en la lista roja, porque a lo mejor quedaba parte de un convento y había unos restos arqueológicos que se han puesto en valor y se han abierto al público. Eso genera que haya una persona en ese pueblo que te enseñe y te explique lo que allí quedaba. Así estás generando algo, y una zona del pueblo degradada donde no había nadie de repente la recuperas", resalta, añadiendo acto seguido: "España tiene tanto patrimonio que es una pena, porque puede dar mucho de sí. Siempre bien entendido, claro, porque al patrimonio hay que darle un uso. De nada sirve una gran intervención para que luego no sea sostenible".

Precisamente para trabajar más y mejor en la conservación del patrimonio de todos, lanza Hispania Nostra una nueva app para teléfonos móviles, con la intención de ser más accesibles todavía para los ciudadanos. Con el patrocinio de la Fundación ACS y la Fundación Mutua Madrileña, esta aplicación recoge, por ejemplo, los monumentos de la Lista Roja con su geolocalización para poder encontrarlos fácilmente. A través suya, también se puede, además, hacer llegar denuncias de elementos patrimoniales en riesgo, con el fin de alertar y que sean incluidos en el listado.

También hay multitud de sugerencias de rutas, excursiones, exposiciones y visitas; posibilidad de colaborar en los proyectos de micromecenazgo en marcha; una agenda cultural; una asesoría jurídica y financiera para cuestiones referidas al patrimonio cultural y natural, y una posibilidad de lo más curiosa: la reconstrucción virtual de monumentos, que permite viajar en el tiempo en busca de nuestra propia memoria y ver en la pantalla del teléfono cómo eran en la antigüedad.

"Debería cuidarse mejor y deberíamos tener más recursos", resume Cordero ante la pregunta de si el patrimonio español está, por lo general, bien cuidado. "Pero es muy difícil generalizar, porque hay tanto", añade, para luego plantear que esta es una cuestión de sensibilidad: "Estamos un poco en el camino, pero nos falta educación patrimonial, algo que parte desde el colegio, desde que somos pequeños. Se trata de ir despertando esa sensibilidad en los alcaldes, en los ciudadanos. Al final, si tienes más sensibilidad tendrás más socios y cuidarás mejor el patrimonio".

Y plantea: "En la educación patrimonial estableces un vínculo. Son vínculos con los objetos, con los recuerdos. Con el patrimonio pasa igual, con ese vínculo que tienes con la iglesia del pueblo donde acompañabas a tus abuelos cuando eras pequeño. El patrimonio es lo que nos emociona porque son esos vínculos que has establecido con el terruño, con la tierra, con la historia, con nuestra España".

Esta parte vinculante se percibe "mucho en muchos pueblos", asegura, pues es algo "identitario". "Las campañas de micromecenazgo de más éxito han tenido lugar en Castilla y León, donde hay una gran sensibilidad hacia el patrimonio y también precisamente porque los promotores sentían esos vínculos. En el pasado, tuvieron mucho éxito campañas de micromecenazgo en verano, que es cuando la gente regresa a los pueblos a pasar las vacaciones. Sin embargo, ha habido campañas en ciudades grandes que no han tenido tanto éxito por no tener ese vínculo", remata.

El Gobierno se niega a expulsar a los monjes del Valle de los Caídos a pesar del incumplimiento sistemático de las normas que rigen el funcionamiento del complejo monumental. O, al menos, por el momento. En un escrito fechado a comienzos de abril, al que ha tenido acceso infoLibre, Patrimonio Nacional rechaza la petición realizada hace unas semanas por la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que reclamaba la salida de los benedictinos de Cuelgamuros después de que este diario pusiera de manifiesto la violación permanente de la legislación actual. Lo hace escudándose en la tramitación de una nueva normativa memorialista. Un proyecto de Ley que se encuentra varado en el Congreso y cuya aprobación está todavía en el aire.

La respuesta del organismo apenas tiene una página y está firmada por la actual gerente, María Dolores Menéndez. Cinco párrafos con los que se da carpetazo a la iniciativa del colectivo memorialista, quien a mediados de marzo exigió la expulsión de los monjes de Cuelgamuros. Al fin y al cabo, la normativa que rige en la actualidad el funcionamiento del complejo monumental, aprobada en la dictadura, deja claro que los religiosos tienen derecho a permanecer en el Valle de los Caídos siempre que cumplan "fielmente" con las "obligaciones" que tienen establecidas. Algo que, sin embargo, llevan décadas sin hacer, tal y como puso de manifiesto una reciente investigación de infoLibre.

Cuando esto ocurre, el Patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que ostenta Patrimonio Nacional, tiene la obligación de dar "cuenta de ello" a la Santa Sede "para que ésta autorice la sustitución" de los benedictinos "por otra orden o instituto de la Iglesia". Nunca lo ha hecho. Ni antes ni tampoco ahora. El organismo se niega a dar ese paso. Y lo hace escudándose en la actual tramitación de la Ley de Memoria Democrática, una norma que contempla la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, eliminando de facto el poder de los monjes en el complejo monumental.

"Actualmente se está tramitando en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Memoria Democrática que, en los artículos dedicados al Valle de los Caídos, declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Por lo expuesto, estando en tramitación una Ley que prevé la extinción de la Fundación, no resulta razonable adoptar medidas que se fundamentarían en una normativa preconstitucional completamente desfasada y que en la actualidad es objeto de revisión", señala la misiva. Es decir, Patrimonio Nacional se niega a dar cumplimiento a decretos y leyes que actualmente están en vigor porque puede que en un futuro se apruebe otra norma.

El problema es que ni siquiera está claro que el proyecto de Ley memorialista del Gobierno vaya a llegar a buen puerto. Ya en el debate de las enmiendas a la totalidad, los principales socios parlamentarios –ERC, EH Bildu, PNV, Más País o Compromís– dejaron claro que el texto puesto sobre la mesa por el Ejecutivo se quedaba corto. Una falta de consensos que amenaza con dejar la norma, que actualmente se encuentra paralizado en la comisión constitucional, guardada en un cajón. Hace justo un mes, fuentes de la máxima dirección socialista ya deslizaban, tal y como contó este diario, que la ley podía no ver la luz esta legislatura.

La respuesta ha dejado a la Federación Estatal de Foros por la Memoria moviéndose entre "la estupefacción" y la "indignación". "Es increíble que digan abiertamente que no están dispuestos a aplicar la legislación vigente porque se está debatiendo otra norma en el Parlamento que ni siquiera sabemos si saldrá o en qué términos lo hará", apunta Arturo Peinado, presidente del colectivo, quien resume la situación en una frase: "Llevan cuarenta años incumpliendo la ley y así seguirán a saber cuánto tiempo más". Sin embargo, la Federación Estatal de Foros por la Memoria se muestra dispuesta a llegar hasta el final. Por eso, están analizando las posibilidades que tienen de abrir la vía contencioso-administrativa para hacer que se cumplan las normas en Cuelgamuros.

Los monjes llevan años incumpliendo algunas de sus obligaciones. Por ejemplo, las obligaciones que les marca la normativa vigente. Por ejemplo, la normativa vigente establece que la Abadía tiene que dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), "con su biblioteca, publicaciones y becarios pensionados". Sin embargo, el CES lleva muerto casi cuatro décadas. "Dejó de tener actividad continuada a partir de 1983", señalaba Patrimonio Nacional en una de las respuestas enviadas a este diario en el marco de la investigación puesta en marcha durante el verano de 2018 y cuyos resultados se publicaron el pasado mes de octubre, una vez cerrada la vía judicial abierta por infoLibre ante la falta de transparencia de Patrimonio Nacional.

El Estado nunca ha ejercido en democracia el control que debería sobre el funcionamiento del mausoleo. Así consta en un certificado emitido por la Gerencia de Patrimonio Nacional. El documento, fechado el 10 de diciembre de 2019 y firmado por el entonces gerente del organismo dependiente de Presidencia, Ernesto Abati García-Manso, reconocía que en los archivos del organismo público no constaba "información concreta" de la evolución del número de monjes, una cifra fundamental a nivel presupuestario en tanto que el quinto pacto del convenio de 1958 que regula la relación entre la Fundación de la Santa Cruz y la Abadía establece que en el presupuesto del ente "se incluirá un mínimo de 35 pesetas diarias por cada monje o novicio", una cantidad "revisable anualmente".

Del mismo modo, tampoco había ni rastro de los "ingresos y gastos" de la última década de la Hospedería o la llamada Casa de Ejercicios Espirituales. Conocer estos datos es de suma importancia. En una nota elaborada por los servicios jurídicos del Estado, la Abogacía sostiene que "si de las actividades desarrolladas por la Abadía se obtuvieran ingresos suficientes" la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no estaría "obligada a traspasarle" la subvención que históricamente se ha concedido a los religiosos para el desarrollo de sus actividades. Sin esa información, ¿cómo ha sabido Patrimonio si existía o no esa obligación de darles apoyo económico?

Tampoco constan documentos relativos a la justificación de esa subvención. "No se dispone de las memorias justificativas de la realización de las actividades subvencionadas (...) correspondientes a ejercicios anteriores a 2014, si bien de los años 2012 y 2013 existen cuadros-resumen de los gastos realizados con cargo a la misma", rezaba el certificado firmado por Abati. Es decir, se comenzaron a elaborar estos documentos después de que el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización relativo al año 2013, alertase de que "nunca" se había rendido "cuenta justificativa" del dinero que el Estado destinaba en cada ejercicio a los monjes de Cuelgamuros.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria lanza una ofensiva para expulsar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos. El colectivo, constituido en 2004 a partir de la integración de varias asociaciones de ámbito nacional, ha registrado este martes ante la Dirección General de Patrimonio del Estado una reclamación para que el Gobierno saque de una vez por todas del complejo monumental a la orden religiosa que custodia la Abadía desde finales de la década de los cincuenta. Y lo hace poniendo sobre la mesa el "incumplimiento sistemático" de las obligaciones que los religiosos tienen reconocidas en el armazón jurídico levantado durante la dictadura. Una violación permanente de la normativa que regula el funcionamiento del Valle de los Caídos que infoLibre desveló en una extensa investigación publicada el pasado mes de octubre.

"Hay que acabar con la impunidad con la que funcionó durante décadas un sector estrechamente vinculado con el franquismo", resalta en conversación con este diario Arturo Peinado, presidente del colectivo, quien sostiene que la salida de los religiosos del complejo monumental es "fundamental" si lo que se pretende es desacralizar Cuelgamuros y convertirlo en un espacio de memoria al estilo de los que existen en otros países como Argentina. El colectivo no cree que el Ejecutivo nacional vaya a moverse con este escrito. "Probablemente, nos encontremos con un silencio administrativo", reconoce Peinado. Sin embargo, es el paso previo que tienen que dar antes de abrir la vía contenciosa-administrativa. "No dudaremos en acudir a los tribunales si es necesario", exclaman.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria reclama la expulsión de la orden por el "incumplimiento sistemático" de la ley por la que actualmente se rige el funcionamiento del Valle de los Caídos. Una armadura jurídica que se forjó durante el franquismo, que aún sigue vigente y que se sustenta sobre tres textos diferentes. En primer lugar, el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, firmado por el propio dictador. En segundo, el Convenio de mayo de 1958. Y, por último, el reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la anteriormente mencionada fundación, un ente que administra provisionalmente Patrimonio Nacional.

La Abadía tiene derecho a permanecer en la Fundación de la Santa Cruz y a recibir "los productos de sus bienes" para el "cumplimiento de los fines fundacionales" siempre que cumpla "fielmente" con las "obligaciones establecidas". De no hacerlo, sentencia el decreto de 1957, el Patronato del ente debe dar "cuenta de ello" a la Santa Sede "para que ésta autorice la sustitución" de los benedictinos "por otra orden o instituto de la Iglesia". Algo que, sin embargo, nunca se ha hecho, a pesar del incumplimiento desde hace décadas de algunas de las obligaciones que los religiosos tienen encomendadas, tal y como desveló este diario el pasado mes de octubre en una extensa investigación publicada tras más de tres años reclamando a la administración información sobre Cuelgamuros, un largo proceso que acabó en los tribunales.

El colectivo se agarra a este precepto para exigir la salida de los monjes. Y lo hace poniendo sobre la mesa algunos de los incumplimientos detectados. Por ejemplo, la normativa establece que la Abadía tiene que dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), "con su biblioteca, publicaciones y becarios pensionados". Sin embargo, el CES lleva muerto casi cuatro décadas. "Dejó de tener actividad continuada a partir de 1983", señalaba Patrimonio Nacional en una de las respuestas enviadas a este diario en el marco de la investigación.

El Estado nunca ha ejercido en democracia el control que debería sobre el funcionamiento del mausoleo. Así consta en un certificado emitido por la Gerencia de Patrimonio Nacional en el procedimiento judicial abierto por este periódico. El documento, fechado el 10 de diciembre de 2019 y firmado por el entonces gerente del organismo dependiente de Presidencia, Ernesto Abati García-Manso, reconocía que en los archivos del organismo público no constaba "información concreta" de la evolución del número de monjes, una cifra fundamental a nivel presupuestario en tanto que el quinto pacto del convenio de 1958 que regula la relación entre la Fundación de la Santa Cruz y la Abadía establece que en el presupuesto del ente "se incluirá un mínimo de 35 pesetas diarias por cada monje o novicio", una cantidad "revisable anualmente".

Del mismo modo, tampoco había ni rastro de los "ingresos y gastos" de la última década de la Hospedería o la llamada Casa de Ejercicios Espirituales. Conocer estos datos es de suma importancia. En una nota elaborada por los servicios jurídicos del Estado, la Abogacía sostiene que "si de las actividades desarrolladas por la Abadía se obtuvieran ingresos suficientes" la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no estaría "obligada a traspasarle" la subvención que históricamente se ha concedido a los religiosos para el desarrollo de sus actividades. Sin esa información, ¿cómo ha sabido Patrimonio si existía o no esa obligación de darles apoyo económico?

Tampoco constan documentos relativos a la justificación de esa subvención. "No se dispone de las memorias justificativas de la realización de las actividades subvencionadas (...) correspondientes a ejercicios anteriores a 2014, si bien de los años 2012 y 2013 existen cuadros-resumen de los gastos realizados con cargo a la misma", rezaba el certificado firmado por Abati. Es decir, se comenzaron a elaborar estos documentos después de que el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización relativo al año 2013, alertase de que "nunca" se había rendido "cuenta justificativa" del dinero que el Estado destinaba en cada ejercicio a los monjes de Cuelgamuros.

La Comisión de Cultura del Senado ha rechazado una moción para instar al Gobierno central a la cesión permanente de la Dama de Elche a su población de origen. Esta decisión se ha producido tras el aplazamiento del pasado mes de febrero debido a un error en la votación, según informa Europa Press. 

En febrero, durante la Comisión de Cultura en la que se debatía esta moción, el senador popular Miguel Lorenzo había votado en las cuatro primeras iniciativas. Sin embargo, cuando llegó el momento de votar la moción de la Dama de Elche, Lorenzo había sido sustituido por otro senador del grupo Popular, sin avisar a los representantes de la cámara.

Es por ello que, tras una suspensión para decidir sobre esta presunta irregularidad debido a las quejas de otros representantes políticos, el presidente de la Comisión, Manuel Escarda, decidió dejar en suspensión la votación y pedir un informe jurídico para saber si esto incumplía la normativa.

Este jueves 11 de marzo se ha retomado y la propuesta ha sido rechazada con dos votos a favor –los de Compromís y PNV–, once abstenciones y doce votos en contra.

La moción, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal a instancia del senador de Compromís Carles Mulet, instaba al Gobierno a que la Dama de Elche volviese a la ciudad donde fue encontrada el 1897, puesto que actualmente se expone en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid.

Esta iniciativa parlamentaria señalaba que la Dama de Elche es un patrimonio de un valor "esencial" para el pueblo valenciano. Por se una pieza que el pueblo valenciano "siente tan propia", la moción pedía que fuera expuesta en el Museo Arqueológico de Historia de Elche, que convertiría la ciudad en la sede del Museo de Arte Ibérico, "en un paso más hacia la descentralización del patrimonio artístico y cultural".

Tras su hallazgo en agosto de 1897, la pieza viajó hasta París, quien, según ha recordado Compromís, la adquirió por 4.000 francos y el 24 de septiembre de ese mismo año se presentó en el Museo del Louvre. Posteriormente, el 8 de febrero de 1941 la Dama de Elche llegó a Madrid, donde permanecería durante 30 años en el Museo del Prado, hasta 1971 cuando, por Orden Ministerial se incorporó a la colección permanente del Museo Arqueológico Nacional, donde sigue.

Para el senador de Compromís Carles Mulet el arte "debe estar en su lugar de origen", por lo que ha lamentado que "tras años de avances en la sensibilidad hacia el patrimonio y de demandas desde distintos frentes, el Gobierno haya sido inclemente ante las peticiones ilicitanas de recuperar su patrimonio".

Mulet ha recordado que la pieza en el Museo Arqueológico Nacional "no deja de tener un cierto protagonismo como pieza del mes, dentro del conjunto de obras, cuando en Elche supondría un revulsivo colectivo, cultural y turístico de primer orden".

El Gobierno ha informado que el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional asumió íntegramente el pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores, de 1.235.441 de euros, de la tripulación del yate Fortuna al que renunció en 2013 el rey emérito Juan Carlos I. Así se recoge en una respuesta parlamentaria que el Ejecutivo ha dado al senador de Compromís, Carles Mulet, que pedía explicaciones al Gobierno del coste por el "despido improcedente" de los diez trabajadores de este yate.

Según explica el Gobierno, en el año 2013 el rey Juan Carlos I renunció al yate Fortuna, que fue desafectado a través de un real decreto. Como consecuencia, se puso fin al contrato de mantenimiento que Patrimonio Nacional tenía suscrito con la empresa Unión Naval Valencia S.A.

De este modo, el pago de las indemnizaciones de los diez trabajadores se tramitó a través de un crédito extraordinario financiado mediante una transferencia del Ministerio de la Presidencia.

Para asumir dicho gasto de más de 1,2 millones, se tramitó una transferencia de crédito desde el programa presupuestario de imprevistos, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado de 2013.

El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional ha acordado las actuaciones que se van a llevar a cabo en las criptas adyacentes a las Capillas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para realizar otras 31 exhumaciones. Así se lo comunicó este martes a los familiares de las personas inhumadas en el Valle cuyas solicitudes de exhumación están en trámite, entre ellas, las de los hermanos Lapeña.

Según señala el organismo en un comunicado, el acuerdo se adoptó el pasado 1 de octubre, es decir, casi un mes antes de que se llevase a cabo el pasado 24 de octubre la exhumación de Franco, aunque no se ha comunicado a los familiares interesados hasta este 12 de noviembre.

En virtud del acuerdo, una vez realizado el proyecto de obras para el acceso y afianzamiento de los distintos niveles de las criptas, se procederá a la apertura de la Capilla del San Sepulcro, siguiendo por la Capilla del Santísimo y finalmente, por las capillas laterales de la nave de la Basílica.

Patrimonio precisa que durante todo el proceso se contará con la asistencia permanente de expertos forenses para el asesoramiento técnico y legal del tratamiento de los columbrarios. A su vez, y en el transcurso de la ejecución de las distintas frases de las obras, se solicitará al Consejo Médico Forense una inspección valorativa que lleve a determinar las distintas consideraciones físicas, técnicas y jurídicas en cada lugar de la Basílica.

"Con respeto a los derechos de terceros"

Según Patrimonio, de esta forma y teniendo en cuenta todas las medidas y actuaciones anteriores, se podrá determinar la viabilidad de la localización, identificación y recuperación de los restos de las personas inhumadas, "con respeto a los derechos de terceros".

En el caso de los hermanos Lapeña, las obras para acceder a la cripta arrancaron en julio de 2018, pero estaban paralizadas. La exhumación fue autorizada por un juez de San Lorenzo de El Escorial pero se estaba a la espera de un informe sobre posibles problemas estructurales de los osarios donde se encuentran los restos. Este informe concluyó el pasado mes de septiembre que las exhumaciones no dañarían la estructura y sería posible el acceso a la extracción de cajas sin que entrañe riesgo para la cripta.

Con el informe ya concluido, las familias pidieron al Gobierno, en una carta abierta al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que habilitase una partida presupuestaria para comenzar los trabajos de extracción. "No permitan que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional siga sustrayéndose, como si pudiera ir por libre, de iniciar los trabajos de exhumación de los restos de nuestros padres y abuelos", sostenían en la misiva.

Subvención bloqueada

Por otro lado, fuentes de Patrimonio Nacional han confirmado a Europa Press que sigue bloqueada la subvención anual correspondiente a 2018 de 340.000 euros para la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos. Por su parte, fuentes de la Ababía aseguraron el pasado mes de julio que ya se había enviado un presupuesto tal y como lo había requerido el organismo.

Las visitas al Valle de los Caídos justo antes y después de la exhumación de Franco, durante el mes de octubre, ascendieron a 16.632, según confirmaron a Europa Press fuentes de Patrimonio. Esta cifra es muy inferior a la registrada en el mismo mes del año pasado, cuando hubo 41.866 visitantes, aunque hay que tener en cuenta que el Valle permaneció cerrado del 12 al 28 de octubre para proceder a al exhumación del dictador.

La decisión del Tribunal Supremo de dar luz verde a la exhumación del dictador Francisco Franco y vetar su posterior reinhumación en la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid y junto a la simbólica Plaza de Oriente, ha supuesto una clara victoria para el movimiento memorialista. Sin embargo, la guerra por resignificar el complejo monumental, que podría embarrarse aún más tras la decisión de la familia del dictador de acudir al Tribunal Constitucional, no ha acabado. Todavía faltan por resolver escollos como el de la presencia del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un lugar preeminente de la Basílica. O el de las miles de víctimas del franquismo que fueron enterradas sin previo aviso en Cuelgamuros y cuyos restos, que se encuentran repartidos en los diferentes osarios distribuidos por el templo, están intentando recuperar sus familiares desde hace años. Porque, como señala el presidente de Arico, Miguel Ángel Capapé, “aquí se están acordando del asesino y no de las víctimas”. “Lo que queremos es que saquen a los nuestros”, completa en conversación telefónica con infoLibre.

La salida de las víctimas enterradas junto al verdugo fue una de las recomendaciones que puso sobre la mesa hace casi ocho años la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos. En un informe fechado el 29 de noviembre de 2011, este grupo planteó que una reconversión del complejo monumental en un lugar de memoria tendría que pasar necesariamente por la “dignificación” del cementerio. Para ello, consideraba fundamental rescatar a todas estas víctimas trasladadas al mausoleo franquista sin el consentimiento de sus familiares “del hacinamiento” de sus restos y del anonimato. “Respecto a las reclamaciones presentadas de devolución de los restos de algunos familiares, la Comisión entiende que les asiste un derecho moral a que se satisfaga en la medida de lo posible dicha reclamación. En cuanto a la viabilidad de su identificación, exhumación y devolución, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el deterioro de las criptas y de los columbarios, unido al volumen de restos enterrados, hace prácticamente imposible, como norma general, la identificación individualizada”, completaba el informe.

En busca del cumplimiento de ese “derecho moral” están Capapé y su mujer, Purificación Lapeña, que desde hace una década tratan de encontrar, recuperar y dar digna sepultura a los restos de los hermanos Lapeña. Manuel y Antonio Ramiro, veterinario y herrero de profesión, respectivamente, nacieron en Villarroya de la Sierra (Zaragoza) y siempre estuvieron muy ligados a la CNT. Con el estallido de la Guerra Civil, ambos fueron detenidos. El 14 de agosto de 1936, Manuel fue fusilado en el barranco de La Bartolina. Dos meses después, Antonio Ramiro corrió la misma suerte en la tapia del Cementerio Municipal de Calatayud, donde fue arrojado a una fosa común. Luego, señala Capapé en base a testimonios recogidos, sus restos podrían haber sido trasladados a Cuelgamuros. “Si bien de La Bartolina no tenemos constancia, del cementerio nos dijo un señor mayor que llegó un camión con nueve cajas, sacaron los restos de la fosa, los amontonaron y fueron llenando estas cajas con ellos. (…) Ahí es cuando nos enteramos de que podrían estar ambos en el Valle de los Caídos”, explica a este diario.

El cementerio del Valle de los Caídos cuenta, tal y como señala la Comisión de Expertos de 2011, “con el mayor osario de la Guerra Civil”. Su origen conceptual aparece reflejado en el decreto de construcción del 1 de abril de 1940, en el que se describe el complejo monumental como “un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de dios y de la patria”. Con el fin de dar cumplimiento a esta finalidad, el 23 de mayo de 1958 el entonces ministro de la Gobernación y presidente del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, Camilo Alonso Vega, envió una carta a los gobernadores civiles pidiéndoles que adoptasen “las medidas necesarias” para dar sepultura en el mausoleo “a quienes fueron sacrificados por dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra cruzada, sin distinción del campo en el que combatieran, según impone el espíritu cristiano de perdón que inspiró su creación, siempre que unos y otros fueran de nacionalidad española y religión católica”.

Pocos meses después, el 31 de octubre de 1958, el ministro de Gobernación remitió una circular en la que se especificaba cómo tendría que llevarse a cabo el traslado de restos: en cajas de 60 x 30 x 30 centímetros “para restos individuales identificados” o de 120 x 60 x 60 centímetros en el caso de “restos colectivos sin posible individualización”. “Cada caja colectiva se supone que puede contener restos de quince personas”, añadía Alonso. Desde 1959 hasta 1983, según los datos de Patrimonio Nacional, fueron enterradas en Cuelgamuros 33.847 personas. La mayoría de ellas procedían de Madrid (8.931), Tarragona (4.680), Teruel (4.413) y Zaragoza (4.607). Pero no todas tienen nombre y apellidos. Están identificadas 21.423, según los datos del Ministerio de Justicia. Sin embargo, poner nombres y apellidos al resto no es tarea fácil. “La identificación individual de los restos óseos depositados en las criptas y/o capillas queda casi imposibilitada dado el estado de los columbarios y el esparcimiento de los restos”, recoge un informe fechado en 2011 del médico forense Andrés Bedate.

Tres años a la espera de reparación

Con las evidencias que tenían, Purificación Lapeña y su marido iniciaron un largo periplo judicial para recuperar los restos de sus familiares. Primero recurrieron a la vía penal, lo que les llevó al juzgado de instrucción, a la Audiencia Provincial de Madrid, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras fracasar este camino, decidieron en 2014 acudir a la vía civil agarrándose a la fórmula de la perpetua memoria. Y ganaron. En mayo de 2016, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial autorizó la exhumación, reconociendo el derecho de Purificación Lapeña a darles “digna sepultura”. “Una vez que se ha determinado que existe una alta probabilidad de que los restos cadavéricos se encuentren en el cementerio del Valle de los Caídos, procede la realización de las actuaciones pertinentes (…) a los efectos de que se termine llegando a cabo la entrega de los restos cadavéricos de los hermanos Lapeña”, señalaba el auto, que apuntaba que esto se tenía que hacer “tras la identificación positiva de los mismos”.

Si bien Capapé reconoce que no tienen “ninguna certeza” de que los hermanos se encuentren en Cuelgamuros, los indicios que apuntan a ello son importantes. Según hizo saber durante el procedimiento Patrimonio Nacional, en el tomo número 1 del Libro de Registro de Enterramientos del templo se contempla que el 8 de abril de 1959 llegaron procedentes de Calatayud con número de orden 0466 un total de 81 restos en 9 cajas (columbarios), todos ellos como desconocidos. No obstante, el juez apuntaba en el auto que existe una “alta probabilidad” de que los restos estén en los columbarios numerados entre el 2061 y 2069. Dos meses después de la resolución judicial, que derivó en firme, Patrimonio Nacional manifestó su voluntad de “cumplir escrupulosamente” con la justicia. Para ello, el organismo que se encarga de administrar el conjunto monumental encargó dos informes –uno al Consejo Médico Forense y otro al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja– para estudiar aspectos relacionados con las edificaciones y con el estado de las galerías.

Pero tres años después de que la justicia diera luz verde a la exhumación, la resolución judicial sigue sin cumplirse. Primero fueron las trabas que puso el prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a los trabajos, lo que obligó al presidente de la Conferencia Episcopal Española a señalar públicamente que el abad no se podía “negar” a “sacarlos”. Con este primer escollo superado, arrancaron los trabajos preliminares por parte de los peritos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, Patrimonio Nacional anunció que se abriría “una puerta de entrada” y se tomarían medidas para que el acceso fuera “posible cuanto antes”. El organismo que gestiona el complejo monumental anunció esta decisión después de recibir el informe que había encargado al instituto dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En el estudio se detallaba que era “posible con determinados límites impuestos por el estado de conservación” acceder a la Capilla del Sepulcro para exhumar los restos.

Los trabajos, sin embargo, volvieron a quedar paralizados al detectarse problemas técnicos. Se pidió otro estudio al Instituto Eduardo Torroja. Y los monjes benedictinos volvieron a mostrar reticencias a la entrada de los técnicos. El proceso de exhumación, en un primer momento, iba a retrasarse cuatro meses. Pero la parálisis dura ya un año. Y puede prolongarse todavía más. A comienzos de septiembre, el consejo de administración de Patrimonio Nacional reclamó más aclaraciones técnicas al instituto. Un nuevo obstáculo que fue respondido por el abogado memorialista Eduardo Ranz con un escrito solicitando que se diera “traslado parcial” del informe en lo referido a los hermanos Lapeña a la familia, habida cuenta de que “es mucho el tiempo transcurrido y elevada la desesperación” de los descendientes que “buscan reencontrarse con sus olvidados”. En conversación con infoLibre, Ranz señala que de no cumplirse con esta reclamación “se puede entender que hay una obstaculización irracional a la exhumación por parte del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional”.

“Derecho legal a reencontrarse con sus olvidados”

En aquel escrito, continúa relatando Ranz, también exigieron que haya una respuesta a la petición de otras familias aragonesas que solicitaron el reconocimiento del derecho a exhumar el pasado 13 de diciembre. “Las familias han demostrado ser pacientes, toda vez que el plazo legal de reconocimiento es de tres meses y han transcurrido más de nueve meses”, señalaba el escrito. Este es el caso de Silvia Navarro, Sagrario Fortea, Francisco José Cansado y Mercedes Abril. Con 87 años, el caso de esta última representa a la perfección la necesidad de actuar a la mayor brevedad posible para cumplir con las exigencias de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo. El pasado mes de agosto, Abril aprovechó una reunión del presidente del Gobierno con colectivos memorialistas para entregarle una misiva en la que le detallaba todo el largo periplo para recuperar y enterrar dignamente a su padre, asesinado en Calatayud en septiembre de 1936. “Por favor, demuestren capacidad y voluntad política para exhumar a los republicanos del Valle de los Caídos”, rezaba la carta.

Tras la noticia sobre la exhumación del dictador, Abril recibió una respuesta a su petición. “No le quepa duda de nuestro firme compromiso de apoyarles en los procesos de recuperación de los restos de sus seres queridos inhumados en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”, señalaba la carta, firmada por Pedro Sánchez. Porque la salida de Franco de Cuelgamuros, si bien es fundamental, no cierra la herida abierta. “Otra cuestión es el número de asesinados que rodean el cuerpo de Franco. Hay familias que tienen su derecho legal a reencontrarse con sus olvidados, y esta segunda parte está pendiente de reparación, que es la finalidad principal de la memoria histórica”, asevera Ranz. “Aquí parece que solo se acuerdan del asesino y no de las víctimas”, señala Capapé, que apunta que “por mucho que saquen” al dictador del mausoleo ellos lo que pretenden es que “las cajas” con los restos “que se puedan identificar con la población” sean devueltas a estos pueblos. “No sólo queremos a los hermanos Lapeña, queremos que vuelvan todos”, sentencia el presidente de la asociación Arico.

Patrimonio Nacional, el organismo público que mantiene el Palacio Real, ha afirmado este viernes que tomará medidas para poner fin al contrato que firmó con la empresa CLECE para servicios de atención al visitante si se confirma que se están aplicando condiciones abusivas a trabajadores con discapacidad.

Según publica el diario El País, un total de 16 trabajadores ha denunciado condiciones abusivas por parte de Integra, un centro especial de empleo al que CLECE subcontrató el servicio de auxiliares de sala.

Los auxiliares, relata, llegan a hacer jornadas de 11 horas, con 45 minutos para comer y dos descansos de 15 minutos, durante los seis meses al año que dura el horario de verano, por una remuneración de 545 euros al mes. La empresa alega, según el diario, que las horas se compensan porque en invierno son dos horas menos y que si hacen horas de más, se les pagan.

Tras publicarse la noticia, Patrimonio Nacional ha emitido una nota en la que afirma que, "a la vista de los hechos explicados en la denuncia", ha requerido "inmediatamente" a la empresa CLECE, como contratista del servicio, la entrega de copias de los contratos de trabajo y también información sobre las condiciones laborales del personal de atención al visitante.

"En el caso de que los hechos denunciados fueran ciertos", prosigue, Patrimonio Nacional "procederá a iniciar acciones para la resolución del contrato", en aplicación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y por vulneración de sus condiciones. En ellas, detalla, "se exigía el respeto a la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad y a la normativa laboral vigente, incluida la relativa a jornada de trabajo y condiciones retributivas".

Además, Patrimonio Nacional aclara que no tiene ninguna relación laboral con el personal al que se refiere la noticia, ni determina sus condiciones de trabajo, ya que no tiene relación alguna con la empresa Integra, sino solo con CLECE, la adjudicataria del concurso público convocado en su día.

El servicio de atención al visitante prestado por CLECE comenzó el pasado 1 de julio, y Patrimonio asegura que, hasta este momento, no ha tenido constancia ni conocimiento de las circunstancias que se exponen en la información.

Según explica, la contratación del servicio especificaba el número de horas de atención al visitante requerido en el Palacio Real de Madrid, pero es "responsabilidad del contratista el cubrir dichas horas con el número de personas y los horarios y condiciones salariales conformes a la normativa laboral".

Por último, Patrimonio Nacional quiere insistir en su "permanente compromiso con la integración de las personas discapacitadas en todas sus actuaciones", mediante programas de accesibilidad de discapacitados a la visita pública y la colaboración con las organizaciones e instituciones dedicadas a la inclusión social de estas personas.

La exhumación de los hermanos Lapeña y de los restos mortales de otros inhumados en el Valle de los Caídos no dañarían la estructura y sería posible el acceso y la extracción de cajas sin entrañar riesgo para la cripta, según concluye un informe elaborado por técnicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, que pertenece al CSIC.

El informe sobre problemas estructurales en la cripta adyacente a la Capilla del Santo Sepulcro de la Basílica del Valle de los Caídos supone uno de los últimos pasos para que se de luz verde a la exhumación de los hermanos fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud.

Los familiares de los Lapeña llevaban esperando sus conclusiones desde la reunión que mantuvieron hace un año en La Moncloa. El informe llega después de que se conozca que el Tribunal Supremo decidirá el próximo 24 de septiembre sobre la exhumación de Francisco Franco.

En el caso de los hermanos Lapeña, las obras para acceder a la cripta arrancaron en julio de 2018, pero estaban paralizadas. La exhumación fue autorizada por un juez de San Lorenzo de El Escorial. Se estaba a la espera del informe sobre posibles problemas estructurales de los osarios donde se encuentran los restos.

Esta tarde, los técnicos del CSIC entregarán el trabajo, de 500 páginas, a los consejeros de Patrimonio Nacional. En esta reunión se presentará el segundo Informe Técnico del Instituto Torroja y se tomarán decisiones "cruciales", según las familias, en relación a la apertura de los osarios del Valle.

"Hay posibilidades"

Según algunos datos que conocen las familias, el informe concluye que arquitectónicamente la estructura de la cripta resistiría ante las exhumaciones y no se dañarían sus paredes, dado que no hay problemas de seguridad.

Se les ha trasladado que "hay posibilidades de acceder y de extraer cajas" con restos mortales. Muchas de estas cajas estarán muy deterioradas. En el caso de las que hayan aguantado más el paso del tiempo, se procederá a su identificación y a su entrega a las familias.

Con el informe ya concluido, las familias han pedido al Gobierno, en una carta abierta al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que habilite una partida presupuestaria para comenzar los trabajos de extracción.

"Queremos que el presidente tome la iniciativa", ha señalado a Europa Press Silvia Navarro, de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, quien ha recordado que muchos de los familiares rondan ya los noventa años y necesitan que se actué ya.

"Una solución política"

En la carta a nombre de Mercedes Abril, de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV), a la que ha tenido acceso Europa Press, se reclama que "se articule, de una vez por todas, una solución de carácter político a nuestras demandas".

"A estas alturas es la única solución posible. No podemos ni queremos seguir esperando a que los nuestros sean exhumados del mausoleo del dictador. Sean valientes de una vez por todas. Tomen la decisión desde su gobierno de acometer la apertura sistemática de los osarios del Valle de los Caídos, articulen un plan de trabajo para sacar las cajas, identifiquen los restos y háganos entrega de los mismos", le solicitan.

"No permitan que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional siga sustrayéndose, como si pudiera ir por libre, de iniciar los trabajos de exhumación de los restos de nuestros padres y abuelos", sostienen.

La memoria histórica ha sido una de las banderas que más ha enarbolado el Gobierno de Pedro Sánchez desde su llegada a La Moncloa. Desde el minuto uno, el Ejecutivo socialista pisó a fondo el acelerador para acercar cuanto antes a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista la verdad, justicia y reparación que llevan décadas exigiendo. Así, se inició el procedimiento de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y se impulsó desde el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para ampliar la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Pero ambas iniciativas se le terminaron atragantando al Gobierno de Sánchez. La exhumación, por las trabas de la familia. Y la nueva normativa por el adelanto electoral y el bloqueo parlamentario de PP y Ciudadanos. Sin embargo, el PSOE no quiere que esta segunda iniciativa caiga en saco roto. Por ello, ya ha registrado en la Cámara Baja una nueva proposición de ley que, entre otras novedades, obliga al Ejecutivo a modificar de una vez el marco jurídico por el que se rige Cuelgamuros, que data de la década de 1950.

Desde que decayera la pasada legislatura con la convocatoria de elecciones anticipadas, la formación socialista ha dejado clara desde el primer momento su intención de recuperar tras los comicios las iniciativas relevantes que se quedaron en el tintero. Y una de ellas era, como señalaban en su programa para el 28A, la reforma integral de la normativa memorialista que fue impulsada hace una década. Por ello, y aunque todavía esté en el aire una posible repetición electoral, el PSOE ya ha registrado en la Cámara Baja una proposición de Ley de memoria histórica y democrática con el objetivo de que España revalide “su apoyo a los valores democráticos” lo que pasa por “reconocer” a todos aquellos que “lucharon por la libertad y la democracia” y “desterrar definitivamente” de la sociedad “el franquismo y todo lo que representó”. “Con más de una década de perspectiva, podemos comprobar la necesidad de actualizar una ley que lleva más de diez años en vigor si queremos alcanzar el objetivo que estableció el legislador en su momento”, recoge la iniciativa en su exposición de motivos.

La nueva proposición de ley registrada obliga al Ejecutivo a romper de una vez por todas con la normativa franquista por la que se rige el Valle de los Caídos. Lo hace en su disposición transitoria primera, en la que se establece que el Gobierno determinará vía Real Decreto “el nuevo marco jurídico que ha de regir” Cuelgamuros, así como “la institución directora definitiva, sus bienes y cuantas otras relaciones y situaciones jurídicas que pudieran verse afectadas”. En tanto el Ejecutivo da luz verde a este Real Decreto, continúa el texto, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos seguirá ejerciendo sus funciones y el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional continuará desempeñando su labor de patronato y representación de dicha entidad. Es decir, hasta que no entre en vigor ese Real Decreto el lugar donde a día de hoy reposan los restos de Franco y José Antonio Primo de Rivera deberá seguir operando bajo la armadura jurídica levantada por el franquismo hace más de seis décadas.

37 años incumpliendo la ley

Cuarenta años después de la muerte del dictador, Cuelgamuros continúa sujeto a tres normas promulgadas en los años 1950. La primera de ellas es el decreto-ley de agosto de 1957, por el que se crea la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, una entidad cuyo patronato y representación se asignó a Franco y a la que se atribuyó la gestión del complejo monumental “con todos sus edificios (incluidos los mobiliarios y ajuares), terrenos y derechos accesorios”. Un año después, el 29 de mayo de 1958, se dio luz verde al Convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos, un texto en el que se recogían los derechos y obligaciones de los monjes que desembarcarían en el mausoleo fascista mes y medio después de que el entonces ministro Luis Carrero Blanco y el abad Isaac María Toribios suscribieran el acuerdo. La armadura jurídica de Cuelgamuros se completó en enero de 1959 con la aprobación del Reglamento de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que establecía el modo de funcionar de esta suerte de fundación fantasma.

Una vez recuperada la democracia, la primera norma que afectó al complejo monumental fue la Ley reguladora del Patrimonio Nacional, que recibió luz verde pocos meses antes de las elecciones generales que otorgarían en 1982 una arrolladora victoria a Felipe González. Dicho texto, en su disposición final tercera, autoriza al Gobierno para, mediante Real Decreto, “establecer el nuevo régimen jurídico” de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la entidad que administra el complejo monumental con todos sus edificios, y “proveer especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”. Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco a través del decreto-ley de 1957.

Con el objetivo de dar cumplimiento a todo ello, la ley de 1982 también obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo “una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio” de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después. Y aunque se sabe que inició sus trabajos, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. “No se conocen, sin embargo, las propuestas [sobre el régimen jurídico] de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse”, recoge un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado en 27 de enero de 2009, al que tuvo acceso infoLibre. Es decir, que durante 37 años, los diferentes Ejecutivos –tanto socialistas como conservadores– no han cumplido con su obligación legal. Algo que ahora pretende corregir el PSOE con su nueva proposición de ley de memoria histórica.

Estos continuos olvidos a la hora de regular Cuelgamuros también fueron reconocidos en 2016 por Patrimonio Nacional ante el Tribunal de Cuentas. De hecho, se agarraron a esta laguna para tratar de justificar las graves irregularidades que el organismo fiscalizador detectó en la Fundación del Valle de los Caídos, como por ejemplo “no haberse rendido nunca cuenta justificativa” de la subvención que anualmente se concedía a los monjes benedictinos. “Solamente señalaremos que el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional sigue haciéndose cargo de su gestión de forma transitoria”, apuntaron en sus alegaciones recogidas en el informe, en las que reiteraron que desde 1982 “todo lo relativo” a Cuelgamuros “se encuentra deslegalizado” y que, por tanto, Patrimonio Nacional “estará a lo que el Gobierno establezca sobre la materia”. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, sostuvo que dicha “situación de transitoriedad” no excusa “la insuficiencia de control sobre los bienes y derechos de la Fundación” ni tampoco su “confusa gestión ordinaria”.

Cierre por exaltación, medallas y títulos nobiliarios

La única restricción que se ha aprobado en democracia respecto al Valle de los Caídos es la incluida en el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero, que establece que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”. Sin embargo, ante la ausencia de un marco sancionador, el complejo monumental sigue siendo el lugar preferido de los nostálgicos de la dictadura para concentrarse brazo en alto cada 20 de noviembre. Por eso, la nueva proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista contempla en su artículo 16 el “cierre temporal, por un periodo de seis meses y un día a dos años, de los locales o establecimientos públicos donde se realicen actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil, de la dictadura franquista o del dictador Francisco Franco”.

La proposición de Ley de los socialistas también dedica un artículo a la tan esperada exhumación y posterior inhumación de Franco, un procedimiento que se encuentra paralizado a la espera de que el Supremo dicte sentencia. Así, la norma establece en su artículo 19 que “los restos mortales” no podrán ser ni permanecer inhumados “en ningún lugar de acceso público que, con independencia de su titularidad, pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración”. A fin de garantizar su cumplimiento, el texto otorga al Gobierno la potestad para “ordenar” la exhumación e inhumación “en un lugar que reúna las condiciones adecuadas”, siempre asegurando “unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto”. Con este movimiento, los socialistas tratan de evitar que los restos del dictador sean trasladados al centro de Madrid, al nicho propiedad de la familia en la cripta de La Almudena. El Gobierno espera conseguir que los restos acaben reposando en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.

El texto registrado en el Congreso de los Diputados contempla, además, tanto la retirada de títulos nobiliarios como de condecoraciones policiales, otro de los asuntos que se quedaron en el tintero con el adelanto electoral. Así, el artículo 12 de la proposición de Ley establece que las medallas al Mérito Policial o al Mérito de la Guardia Civil anteriores a la aprobación de la norma “podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario”, antes o después de la concesión, ha realizado “actos u observado conductas manifiestamente incompatibles”, lo que implicaría también la pérdida de los derechos que llevan anejas algunas de estas medallas –económicos, entre otros–. Estos “actos o conductas manifiestamente incompatibles” podrán resultar de sentencia penal firme, de diligencias judiciales, de la Fiscalía o policiales o de la imposición de sanción disciplinaria firme.

Las llamas sorprendieron este lunes a los vecinos parisinos. Los habitantes de la capital gala y los turistas que recorrían sus calles observaron a media tarde cómo la icónica catedral de Notre Dame se consumía entre el fuego. El incendio, cuyas causas están aún por determinar, ha suscitado un importante debate en torno a la protección del patrimonio y las medidas de seguridad ante estragos de tal envergadura. En España, el principal mecanismo para prevenir y abordar este tipo de fenómenos es el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural [consultar en este enlace]. Pero a pesar de los instrumentos desarrollados para evitar las catástrofes, a día de hoy más de 700 elementos patrimoniales se encuentran en riesgo de desaparición producto del continuo deterioro que pesa sobre ellos.

Este martes, el Ministerio de Cultura anunció la convocatoria de un Consejo de Patrimonio Histórico extraordinario, que se celebrará el próximo viernes 26 de abril con el objetivo de "abordar la situación de los planes de salvaguarda de bienes culturales ante emergencias". En las dos últimas décadas, señala un comunicado oficial del departamento, "la prevención y planificación del rescate patrimonial se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de la conservación preventiva".

La forma de encarar posibles catástrofes se articula en torno al Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural, aprobado en 2014. Sobre él habla el arquitecto Alfonso Muñoz Cosme, que en el momento de su elaboración integraba el Consejo editorial del Instituto del Patrimonio Cultural de España. "Para abordar las posibles emergencias o catástrofes, existe un Plan Nacional de Emergencias en Patrimonio, que desarrolla la metodología de prevención y actuación en caso de emergencia", relata en conversación con infoLibre. Pero esa estrategia nacional recomienda además "tener un plan de prevención o protección específica en cada monumento o edificio". Planes que, denuncia, no siempre existen.

Por otro lado, añade, la Ley de Patrimonio "prevé que la labor de conservación" sea responsabilidad "del propietario del bien", mientras que "la competencia para revisar" que se cumple dicha conservación recae en cada comunidad autónoma. Respecto al caso concreto de las catedrales, "en España están gestionadas por los cabildos, por la Iglesia Católica, que es la responsable del mantenimiento y conservación", aunque hay "un Plan Nacional de Catedrales [consultar aquí] que intenta aportar una visión global sobre su gestión, y apoyar todos los procesos de conservación", explica el arquitecto.

El Plan Nacional contempla todas aquellas situaciones de emergencia, dice el propio documento, originadas por causas naturales o antrópicas que pueden ocasionar daños inmediatos y catastróficos en un bien cultural o en un conjunto. Los accidentes que contempla van desde aquellos menores –"pequeños sucesos que pueden afectar a un inmueble"–, desastres moderados –similares a los primeros, pero que afectan "a la mayor parte del inmueble"– y desastre mayor, como los incendios, inundaciones o derrumbes. La categoría más grave es la de catástrofe, que se da en "situaciones excepcionales de gran violencia", como conflictos armados.

El Plan trata de sentar las bases para coordinar las instituciones o unidades creadas específicamente para actuar en situación de emergencia, como el Sistema Nacional de Protección Civil, la Unidad Militar de Emergencias, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España o la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos, dependiente del Ministerio de Cultura. Son, sin embargo, las comunidades autónomas las que "tienen un papel fundamental en todos los ámbitos de la protección civil y especialmente en el campo de las emergencias en patrimonio, ya que son la administración competente en materia de protección y conservación del patrimonio cultural". De esta manera, "la capacidad de planificar e intervenir en la mayoría de emergencias reside fundamentalmente" en ellas, a través de la elaboración y actualización de los "inventarios y catálogos del patrimonio bajo su tutela", del desarrollo de los "instrumentos de planificación e intervención en materia de protección civil" y de la confección de una "legislación específica tanto en este ámbito como en el campo del patrimonio histórico y cultural".

La Lista Roja del patrimonio

Muñoz Cosme es, además, miembro de la asociación Hispania Nostra. Concretamente forma parte del Comité Científico que elabora la bautizada como Lista Roja. Se trata de un listado que desde el año 2007 recoge todos los elementos de Patrimonio Cultural que se "encuentran sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores". En la actualidad, el listado lo engrosan unos 700 elementos en activo, entre los que se encuentra patrimonio arqueológico, religioso, civil, industrial, militar y natural.

"Desde Hispania Nostra se lleva un registro de bienes que se enfrentan a daños específicos", expresa Muñoz Cosme, quien sostiene que "la casuística de ese deterioro es muy variada". Las catedrales, como es el caso de Notre Dame, "normalmente no corren riesgo de ser edificios abandonados o vandalizados, porque están en uso y son gestionadas por la Iglesia Católica a través de un mantenimiento continuo". Aun así, aclara, "conviene desarrollar un plan de prevención ante posibles daños y para un mantenimiento riguroso".

Aquellos elementos que pasan a formar parte de la Lista Roja se enfrentan primero a un cribado previo, que tiene en cuenta su "importancia histórica y arquitectónica", además del "estado en que encuentra y en el riesgo que recaiga sobre él, considerando no sólo sus valores objetivos sino, principalmente, los subjetivos que la sociedad le otorgue". El trabajo de la organización Hispania Nostra es desempeñado "con el mayor rigor por especialistas", pero la entidad recomienda que "no debe considerarse como un inventario", sino como una "llamada a la sociedad civil para que conozca, se sensibilice y actúe sobre los elementos patrimoniales en riesgo".

La lista está en constante actualización –este mismo lunes entraron en ella tres nuevos elementos–, de manera que los números varían de un día para otro. Sin embargo, los últimos movimientos indican que son más de 700 los monumentos afectados. El patrimonio de tipo religioso es el que más plazas en la Lista Roja ocupa (257), seguido del civil (212). El primero incluye ermitas, iglesias, conventos o monasterios, mientras que el segundo engloba palacios, plazas o conjuntos históricos, entre otros.

Este listado se complementa con otros dos: la Lista Verde y la Lista Negra. La primera incluye los bienes que han sido retirados de la Lista Roja al desaparecer el riesgo que presentaban, tras haber sido intervenidos. Es la lista del éxito. La segunda, por el contrario, lleva el matiz implícito del fracaso. En ella se incluyen todos los bienes que han sido retirados de la roja al haber desaparecido o haberse alterado sus valores esenciales de manera irreversible. La verde está, actualmente, compuesta por 151 elementos, mientras que la negra cuenta con siete, entre los que se encuentran la Ermita de Guía de Jerez de la Frontera, el entorno exterior de las Murallas de Ávila o el Monasterio-hospital de Santa María de las Tiendas (Palencia).

Cuando ardían nuestros monumentos

La catástrofe de Notre Dame cuenta con precedentes también en España. El 29 de mayo de 1966, un rayo hacía arder la catedral de León. Alrededor de las 18:30, la cubierta del monumento leonés fue afectada por un rayo que más tarde provocaría las primeras llamas. Según recoge el Boletín de la Diócesis de aquel día y publica este martes el Diario de Burgos, a las 21:30 horas "ardía toda la techumbre, desde el ábside hasta el hastial de la fachada principal, ofreciendo un aspecto desolador". Uno de los canteros y restauradores de la catedral advirtió entonces del peligro que suponía emplear agua en las labores de extinción, pues podría generar el derrumbe inminente de la estructura. Finalmente, aquel incendio únicamente afectó al techo de la catedral, dejando intacto el resto del edificio, que comenzó enseguida el proceso de restauración. La catedral leonesa, de estilo gótico, fue gestada en el siglo XIII y más tarde, en 1844, fue declarada primer Monumento Nacional del país.

En 1994 las llamas volvieron a paralizar a la sociedad, esta vez en Barcelona. El Liceu de la Ciudad Condal fue devorado por el fuego a finales de enero de aquel año, producto de una chispa incontrolada de un soplete. "La probabilidad de un incendio había sido advertida en varios informes encargados por la dirección del propio teatro", relataba el diario El País en su crónica de entonces, donde añadía que el recinto sería declarado "siniestro total". Después de aquel incendio, el teatro inició un proceso de restauración que finalizará este año a través del proyecto de rehabilitación de su fachada.

Más recientemente, en el año 2013, de nuevo los efectos de un rayo hicieron mella sobre uno de los edificios más emblemáticos de Muxía (A Coruña): el santuario Virxe da Barca. El lugar de culto y peregrinación, construido en 1719, quedaba devastado por las llamas aquella Navidad de hace seis años. El edificio, que se ubica frente al mar, quedó visiblemente afectado por las llamas: el techo y el altar fueron calcinados y el retablo "totalmente perdido", según indicaron las autoridades en aquel momento. Tras un trabajo continuo de restauración, en 2015 el templo volvió a abrir sus puertas.

El 17 de julio de 1958, con el complejo monumental ya levantado y con su inauguración oficial a la vuelta de la esquina, desembarcaron en Cuelgamuros una veintena de monjes procedentes del Monasterio de Santo Domingo de Silos. En ese momento, comenzó a funcionar en el mausoleo fascista la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, dirigida en la actualidad por el excandidato de Falange Española Independiente Santiago Cantera Montenegro. Esta congregación religiosa es beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz –que administra Patrimonio Nacional–, una entidad jurídica que transfiere anualmente fondos públicos a la Abadía para que cumpla con las obligaciones que le fueron impuestas en el conjunto de normas que en la actualidad siguen rigiendo en Cuelgamuros. Pero la opacidad de la Administración impide saber si los monjes han cumplido en todo momento con la legislación. Patrimonio Nacional se escuda en que la información solicitada por infoLibre afecta a entidades que no están cubiertas por la Ley de Transparencia. Sin embargo, el Consejo de Transparencia ha rechazado ese argumento en hasta cuatro resoluciones emitidas el pasado mes de febrero.

A día de hoy, y como consecuencia de los incumplimientos legales de los sucesivos gobiernos de turno en democracia, el complejo monumental está sujeto a una estructura jurídica levantada en pleno franquismo y que se sostiene sobre tres pilares: el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el Convenio de mayo de 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos y el Reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la mencionada Fundación de la Santa Cruz. Todos estos textos [aquí en PDF] cimientan la relación existente entre la entidad jurídica que controla el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia y los monjes del Monasterio de Santo Domingo de Silos que custodian el templo donde reposan los restos del dictador Francisco Franco y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Una relación afianzada en una serie de obligaciones que en caso de incumplimiento obligarían al Patronato de la Fundación a buscar la autorización del Vaticano para sustituir esta orden religiosa por otra diferente.

El pasado mes de agosto, infoLibre solicitó a Patrimonio Nacional algunos datos que resultan relevantes para conocer si durante todos estos años los monjes han cumplido con la legalidad imperante. Sin embargo, el organismo dependiente de Presidencia, aunque dio respuesta a algunas de las cuestiones planteadas, rechazó aclarar otros muchos aspectos de interés. Así, preguntado por la evolución del número de monjes en la Abadía –la normativa establece que debe contar con “un mínimo de veinte monjes profesos”–, Patrimonio Nacional se limitó a responder que en la actualidad son 21 y que el número se ha mantenido “en cifras similares” desde 2014. Respuestas muy genéricas dio también al ser cuestionado, por ejemplo, por el funcionamiento del Centro de Estudios Sociales (CES), otra de las obligaciones de la Abadía. En este caso, se limitó a decir que “dejó de tener actividad continuada en 1983”, sin aclarar ni la actual composición de la junta que debería estar dirigiéndolo ni los planes de estudio que ésta debería haber aprobado en la última década.

Toda la información “está en poder de Patrimonio Nacional”

A la vista de las respuestas, y al amparo de lo establecido en la Ley de Transparencia, este diario presentó el pasado mes de noviembre cuatro reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) –una por cada petición de información formulada–. En la fase de alegaciones, Patrimonio Nacional remitió al CTBG otros tantos escritos defendiendo su opacidad. Con un contenido similar, en todos ellos alegaba, por un lado, que la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos “no se encuentra incluida en el ámbito subjetivo” de la Ley de Transparencia y, por tanto, no está “obligada a suministrar” la información que se solicite. Además, y siguiendo la misma estrategia, rechazaba aportar información detallada relativa al Centro de Estudios Sociales, la Casa de Ejercicios Espirituales, la Hospedería del Valle de los Caídos o la Escolanía argumentando que la dirección de todos estos centros compete a la Abadía Benedictina de Silos, que tampoco “se encuentra incluida” en el ámbito de aplicación de la norma que rige el acceso a la información.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sin embargo, decidió el pasado mes de febrero dar la razón a este periódico, instando a Patrimonio Nacional a dar respuesta a todas las preguntas que en su momento trató de esquivar. A través de cuatro resoluciones, que el organismo dependiente de Presidencia ha rechazado cumplir, el CTBG tira por tierra la argumentación planteada al aseverar que toda la información “está en poder de Patrimonio Nacional, o debería estarlo, en función de las facultades de control que ejerce sobre la Fundación [de la Santa Cruz del Valle de los Caídos] y, a través de ella, sobre la Abadía”. Así, el Consejo de Transparencia recuerda que la Fundación que controla en la actualidad Patrimonio Nacional tiene el deber de controlar que la congregación religiosa cumple con las obligaciones establecidas en el marco jurídico vigente porque, en caso de no hacerlo, el Patronato de la Fundación deberá pedir autorización a la Santa Sede para reemplazar a esta congregación religiosa “por otra Orden o Instituto de la Iglesia”, tal y como recoge el decreto-ley de 1957.

Así, por ejemplo, el Consejo de Transparencia establece que el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia debe conocer en todo momento a través de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos el “número exacto” de monjes y niños con los que cuenta la Abadía y la Escolanía a fin de cumplir con los mínimos que marca la normativa –veinte religiosos en el primer caso y treinta jóvenes en el segundo– y “con el objeto de incluir en el presupuesto la cantidad que debe consignarse” para hacerse cargo de su manutención y educación. También tiene la obligación de supervisar el funcionamiento del Centro de Estudios Sociales, la Casa de Ejercicios Espirituales o la Hospedería. Y esto deberá ser así, dice el CTBG, “mientras no se desarrolle la previsión” de la disposición final tercera de la Ley 23/1982 de Patrimonio Nacional, que autorizaba al Gobierno para, mediante Real Decreto, establecer un nuevo régimen jurídico para el complejo monumental. Hasta la fecha, ninguno de los ejecutivos conformados desde la restauración de la democracia ha cumplido con esta obligación legal.

El Consejo critica que Patrimonio alargue los tiempos de respuesta

En las cuatro resoluciones emitidas, el organismo encargado de velar por la transparencia también carga contra el proceder de la Administración en relación con ciertos aspectos formales. Por un lado, recuerda que “con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública” la ley establece “un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta”, algo que no encaja con los quince días que tardó la Administración en remitir la solicitud de información al órgano competente. Por otro, aunque reconoce que los organismos públicos tienen derecho a ampliar el plazo máximo de respuesta “en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario”, considera que la decisión de Patrimonio Nacional de alargar el procedimiento se tomó sin que se dieran las condiciones requeridas para ello. “Lo que la LTAIBG (Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) no permite es ampliar el plazo únicamente para disponer de más tiempo para preparar la resolución y, finalmente, acabar por no dar la información solicitada”, recuerda el Consejo de Transparencia.

En sus escritos de alegaciones, Patrimonio Nacional también señalaba que “no existe obligación legal alguna” de publicitar o facilitar información relativa a un periodo anterior a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. El CTBG, sin embargo, no comparte ese argumento. “Si bien el derecho a solicitar información al amparo de la LTAIBG nace con la entrada en vigor de la norma, esto es, el 10 de diciembre de 2014, la solicitud puede venir referida a información fechada antes de ese momento”, apunta el Consejo de Transparencia, que añade que la propia Administración, salvo en casos puntuales, “viene proporcionando con normalidad información anterior a dicha fecha”. En este sentido, el organismo público recuerda a Patrimonio Nacional la “contradicción que manifiesta” proporcionar, por un lado, cierta información anterior a esa fecha –por ejemplo, facilita las cuantías de las transferencias realizadas a la Abadía desde 2008– y, por otro, “alegar una vez presentada la reclamación que no se puede proporcionar información anterior a diciembre de 2014”.

En este sentido, el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia pone sobre la mesa una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en la que se estimó en parte un recurso de apelación que presentó el Ministerio de Defensa para no facilitar a la plataforma Civio información relativa a los viajes oficiales de altos cargos del Gobierno en vuelos fletados por el Ejército del Aire. “La obligación de emitir esta información se produce únicamente a partir de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia”, señaló en octubre de 2017 la Audiencia Nacional. Pero el Consejo de Transparencia señala que “en ningún caso puede entenderse como un criterio que hubiera devenido firme”. Y recuerda que el caso está todavía en manos del Tribunal Supremo, que el pasado mes de mayo admitió a trámite el recurso interpuesto por Civio contra la decisión de la Audiencia Nacional. Ahora, será la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal la que tendrá la última palabra.

Cuarenta años después de la muerte del dictador, el futuro del Valle de los Caídos lleva meses instalado en la agenda política española a raíz de la decisión del Gobierno central de impulsar la exhumación de Francisco Franco, una iniciativa que permanece varada por las continuas trabas puestas por la familia del dictador y cuyo éxito pende de un hilo tras el adelanto electoral. Administrado por la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, una entidad jurídica que controla Patrimonio Nacional de forma “temporal” desde hace casi cuatro décadas, este mausoleo fascista levantado en plena sierra de Guadarrama todavía se rige por la armadura jurídica tejida durante el franquismo. Un conjunto normativo que, entre otras cosas, establece una serie de obligaciones que debe cumplir la Abadía Benedictina encargada de la gestión del templo para ser beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Sin embargo, la ocultación de datos clave por parte de Patrimonio Nacional ante peticiones de información de infoLibre impide conocer si durante todos estos años los monjes han cumplido con la legalidad que rige en el conjunto monumental.

Ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy, ni tampoco ahora Pedro Sánchez. En los últimos 37 años, ninguno de los gobiernos que ha pasado por la Moncloa se ha puesto manos a la obra para regular la situación jurídica de Cuelgamuros a pesar de estar obligados por ley a hacerlo. La consecuencia directa de los continuos olvidos es que el mausoleo fascista continúa, a día de hoy, sujeto a tres normas promulgadas en la década de 1950: el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, el Convenio de mayo de 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos y el Reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la mencionada Fundación de la Santa Cruz. Un conjunto normativo [consultar aquí en PDF] que a ojos de la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, “está clarísimo” que hay que actualizar con criterios de utilidad y “pensando en el interés general y en los fondos públicos”.

Todos estos textos, entre otras cosas, cimientan la relación existente entre la entidad jurídica que controla Patrimonio Nacional y los monjes del Monasterio de Santo Domingo de Silos que custodian desde 1958 el templo donde reposan los restos del dictador y el fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. En concreto, el marco jurídico en vigor fija que en el mausoleo fascista deberá haber una Abadía Benedictina que tendrá que encargarse “del cumplimiento de los fines” de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Para ello, “tendrá derecho” a recibir “los productos de sus bienes” siempre y cuando cumpla una serie de obligaciones que van desde la dirección y adiestramiento de una escolanía hasta el cuidado de la hospedería. “Caso de incumplimiento, el Patronato [de la Fundación] dará cuenta de ello, razonadamente, a la Santa Sede para que esta autorice la sustitución de la Abadía Benedictina por otra Orden o Instituto de la Iglesia”, recoge el decreto-ley de 1957.

Este diario solicitó el pasado mes de agosto a Patrimonio Nacional algunos datos que resultan relevantes para comprobar si la congregación religiosa ha cumplido durante todos estos años con las obligaciones recogidas en la armadura jurídica vigente. En virtud de lo establecido en la Ley de Transparencia, el órgano dependiente del Ministerio de la Presidencia dio respuesta a algunas de las cuestiones planteadas por este diario. Sin embargo, rechazó facilitar cierta información clave en relación con la Abadía Benedictina, que en la actualidad dirige el prior Santiago Cantera Montenegro, excandidato de Falange Española Independiente en dos procesos electorales y firme detractor de la exhumación del dictador. Ni siquiera la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dando la razón a infoLibre e instando a Patrimonio Nacional a dar respuesta a todas aquellas cuestiones que no aclararon les ha llevado a replantearse su posición. La opacidad impide, por tanto, comprobar si se está cumpliendo o no con la legalidad.

La Abadía ha saltado a la palestra en los últimos días después de que Patrimonio Nacional anunciase que no transferirá los 340.000 euros de subvención anual correspondientes al ejercicio de 2018 hasta que los monjes del Valle de los Caídos no presenten un presupuesto de ingresos y gastos “equilibrado y fundamentado que pueda ser analizado económica y contablemente”. La decisión ha sido adoptada después de que el Tribunal de Cuentas emitiera en 2016 un duro informe en el que se señalaba que la aportación de Patrimonio Nacional a las arcas de la Abadía Benedictina no cumplía con los requisitos de justificación exigidos en la Ley de Subvenciones. “No se aporta memoria justificativa de haberse cumplido las condiciones y los objetivos del convenio suscrito, ni una explicación sobre la vinculación de los gastos justificados con el contenido de dicho convenio”, señalaba entonces el órgano fiscalizador del Estado.

El Centro de Estudios Sociales

Una de las obligaciones que tiene la Abadía Benedictina en relación con la “finalidad social” de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es la de dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES) “con su biblioteca, publicaciones, becarios y pensionados”. El objetivo, recoge el convenio de mayo de 1958, es “seguir al día la evolución del pensamiento social en el mundo, su legislación y sus realizaciones”, recopilando “la doctrina de los pontífices y pensadores católicos sobre la materia” así como llevando a cabo “la divulgación de aquellos trabajos sobre materias sociales” que realice el Centro de Estudios Sociales o celebrando “tandas de ejercicios espirituales”. A pesar de ello, Patrimonio Nacional reconoce en respuesta a infoLibre que el CES “dejó de tener actividad continuada a partir de 1983”, aunque añade que “en cumplimiento de los fines fundacionales” el centro “prosigue su actividad” en el terreno del estudio y la investigación “facilitando consultas a investigadores” y “participando en jornadas de estudio en colaboración con otras instituciones”.

Son los únicos detalles que el organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia ha facilitado al respecto. El decreto-ley de 1957 establece que para el régimen del Centro de Estudios Sociales se constituirá una junta, que será la encargada de “acordar anualmente el plan de estudios y trabajos” del CES. Este órgano, continúa la norma, estará integrado por “los ministros subsecretario de la Presidencia, Justicia, Educación Nacional y de Trabajo, el obispo de Madrid-Alcalá, dos prelados designados por la Conferencia de Metropolitanos, el abad del monasterio y aquellas otras personas que pueda designar el Patronato [de la Fundación de la Santa Cruz]”. Sesenta y un años después de la promulgación de ese decreto, este diario se interesó por la actual composición de la junta y los planes de estudio que esta debería haber aprobado durante la última década. Patrimonio Nacional ha rechazado, incluso cuando así se lo ha reclamado el Consejo de Transparencia, facilitar toda esa información.

El número de monjes y la escolanía

El convenio de mayo de 1958, firmado por los entonces subsecretario de la Presidencia del Gobierno y abad de Silos –Luis Carrero Blanco e Isaac María Toribios, respectivamente–, también establece, en su quinto punto, que la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos “deberá contar en todo momento con un mínimo de veinte monjes profesos y el correspondiente noviciado”. A día de hoy, según la información recopilada por el organismo dependiente de Presidencia, cuentan con “21 monjes y 2 postulantes”. Esta ha sido la única información que ha aceptado facilitar. Preguntado por la evolución durante la última década, se ha limitado a señalar que se ha mantenido “en cifras similares [a la actual]” desde el año 2014, sin ofrecer datos concretos ejercicio a ejercicio. Y, por supuesto, nada de concretar cómo controla el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional que el número de monjes y novicios cumple con el mínimo que marca la normativa para que la orden religiosa pueda continuar en el Valle de los Caídos.

Algo parecido sucede cuando se solicita información en relación con otra de las obligaciones que tiene la Abadía Benedictina: dirigir y adiestrar una escolanía. En este sentido, el artículo 5 del Reglamento de la Fundación de la Santa Cruz establece que esta debe contar con “un mínimo de treinta niños cantores” que “recibirán educación, alimento y vestido con absoluta gratuidad”. En sus respuestas, sostiene que “unos cincuenta niños de toda España, de 8 a 16 años, reciben en la escolanía formación académica y musical”. Y añade: “Su repertorio abarca desde la monodia medieval hasta la polifonía sagrada y profana de las diferentes épocas de la historia de la música. Diariamente, cantan en la Basílica la misa solemne, junto a los monjes benedictinos”. Sin embargo, no aclara ni cómo se concreta la obligación de darles educación, alimento y vestido con gratuidad ni tampoco qué importe exacto de los presupuestos se ha dedicado a las partidas de educación, alimento y vestido de los niños de la escolanía durante los diez últimos años.

Incumpliendo la ley que obliga a regular el Valle de los Caídos

Los diferentes gobiernos llevan desde la década de los ochenta incumpliendo las dos normas que les obligan a regular la situación jurídica de Cuelgamuros. En 1982, la Ley Reguladora del Patrimonio Nacional autorizó al Gobierno para, mediante Real Decreto, “establecer el nuevo régimen jurídico” de los bienes de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y “proveer especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”. Además, fijaba que desde ese momento el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional pasaba a desarrollar las funciones en el patronato de la fundación que durante la dictadura se había autoconcedido Franco.

Con el objetivo de dar cumplimiento a todo ello, la ley de 1982 también obligaba al Gobierno a constituir una comisión para elaborar y elevar al Ejecutivo “una propuesta sobre el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio” de la Fundación del Valle de los Caídos. A través del Real Decreto 663/1984, dicha comisión, presidida por el ministro de la Presidencia, fue puesta en marcha dos años después, con Felipe González ya en la Presidencia. Y, aunque se sabe que inició sus trabajos, nunca llegó a cumplir la misión que le había sido encomendada. “No se conocen, sin embargo, las propuestas [sobre el régimen jurídico] de aquella comisión, ni siquiera si llegaron a concretarse”, recoge un informe interno elaborado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fechado el 27 de enero de 2009, que obra en poder de este periódico.

La Abadía del Valle de los Caídos ha hecho público un comunicado en el que defiende su situación financiera una semana después de que Patrimonio Nacional haya hecho pública su decisión de retener la subvención anual de 340.000 euros, informa Europa Press.

"Nuestra situación no responde al dramatismo expresado en algunos mensajes nacidos de la buena voluntad de diversas iniciativas particulares que se han difundido en redes sociales y en los medios", recoge el comunicado que la Abadía ha colgado en su web.

Patrimonio Nacional informó el pasado 21 de enero de que había solicitado a la Abadía la presentación de un presupuesto de ingresos y gastos "equilibrado y fundamentado que pueda ser analizado económica y contablemente" para transferir la subvención anual correspondiente a 2018 que es de 340.000 euros.

La Abadía benedictina ha agradecido "todas la oraciones y muestras de apoyo de numerosas personas e instituciones" y recuerda que "desde hace meses" en su web figura un número de cuenta bancaria de la que es titular. No obstante, puntualizan que lo que "piden con más fuerza los monjes" son "oraciones por la paz entre los españoles y por todos los caídos".

El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional acordó, en su reunión del 18 de septiembre, un análisis tanto para los ingresos y gastos de la Abadía (que incluyen los de la Hospedería y Escolanía gestionadas por aquella) como para los ingresos y gastos del propio Patrimonio Nacional en el Valle de los Caídos. Seguía así las indicaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe de fiscalización del 22 de julio de 2016, y de acuerdo también con el plan de actuaciones para poner en práctica esas indicaciones sometido al CAPN en noviembre de 2017. "Todo ello con la finalidad, señalada por el Tribunal de Cuentas y prevista en la propia normativa de la Fundación, de elaborar un presupuesto completo y veraz de la Fundación que integre los ingresos y gastos de Patrimonio Nacional y de la Abadía", añade el organismo, dependiente de vicepresidencia del Gobierno.

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, provisionalmente y por mandato legal (Disposición Final tercera de la Ley 23/1982), ejerce desde 1982 el patronato y representación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Esta situación provisional terminará cuando, cumpliendo las previsiones de la citada Ley 23/1982, se adapte el régimen jurídico de dicha Fundación, que continúa rigiéndose por un Decreto Ley de 1957, un Convenio con los Benedictinos de 1958 y dos Reglamentos de 1959.

Patrimonio Nacional, como patrono, dedica anualmente 31 trabajadores y recursos económicos al Valle de los Caídos, que suman un gasto valorado en el entorno de 1,8 millones de euros anuales. A su vez, recibe ingresos –fundamentalmente en concepto de venta de entradas– por un importe cercano a 1,5 millones de euros. Por su parte, la Abadía Benedictina, que es la beneficiaria de la Fundación, administra los ingresos y gastos de la propia Abadía y de la Hospedería y Escolanía, que gestionan con independencia.

Patrimonio Nacional aprobó, por acuerdo de su Consejo de Administración el pasado 20 de noviembre, la subvención de 340.000 euros a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, transfiriéndose dicha cantidad a la cuenta corriente de la Fundación. Esa subvención está prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, al igual que en años anteriores. La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos puede transferir esa cantidad a la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, que es su beneficiaria. Pero para ello, Patrimonio Nacional reclama que presente un presupuesto "veraz".

La Fundación aún no ha realizado la transferencia a la Abadía por no haberse recibido la información solicitada. Una vez se reciba y compruebe, se someterá al Consejo de Administración para que en su caso acuerde la citada transferencia.

Patrimonio Nacional precisa que en los años anteriores, 2016 y 2017, las correspondientes transferencias se completaron igualmente una vez finalizado el año al que correspondían. La Fundación mientras tanto sigue asumiendo a través de Patrimonio Nacional el pago de diversos suministros a la Abadía, como la electricidad y el agua.

Patrimonio Nacional está a la espera de que la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos presente un presupuesto "equilibrado", "fundamentado" y "veraz" para transferir la subvención anual correspondiente a 2018, 340.000 euros, según han confirmado a Europa Press fuentes de este organismo.

Patrimonio Nacional informó el pasado 21 de enero de que había solicitado a la Abadía la presentación de un presupuesto de ingresos y gastos "equilibrado y fundamentado que pueda ser analizado económica y contablemente".

Según señala, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional acordó, en su reunión de 18 de septiembre, un análisis tanto para los ingresos y gastos de la Abadía (que incluyen los de la Hospedería y Escolanía gestionadas por aquella) como para los ingresos y gastos del propio Patrimonio Nacional en el Valle de los Caídos. Seguía así las indicaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe de fiscalización de 22 de julio de 2016, y de acuerdo también con el plan de actuaciones para poner en práctica esas indicaciones sometido al CAPN en noviembre de 2017.

"Todo ello con la finalidad, señalada por el Tribunal de Cuentas y prevista en la propia normativa de la Fundación, de elaborar un presupuesto completo y veraz de la Fundación que integre los ingresos y gastos de Patrimonio Nacional y de la Abadía", añade el organismo, dependiente de vicepresidencia del Gobierno.

El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, provisionalmente y por mandato legal (Disposición Final tercera de la Ley 23/1982), ejerce desde 1982 el patronato y representación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Esta situación provisional terminará cuando, cumpliendo las previsiones de la citada Ley 23/1982, se adapte el régimen jurídico de dicha Fundación, que continúa rigiéndose por un Decreto Ley de 1957, un Convenio con los Benedictinos de 1958 y dos Reglamentos de 1959.

Patrimonio Nacional, como patrono, dedica anualmente 31 trabajadores y recursos económicos al Valle de los Caídos, que suman un gasto valorado en el entorno de 1,8 millones de euros anuales. A su vez, recibe ingresos –fundamentalmente en concepto de venta de entradas– por un importe cercano a 1,5 millones de euros.

Por su parte, la Abadía Benedictina, que es la beneficiaria de la Fundación, administra los ingresos y gastos de la propia Abadía y de la Hospedería y Escolanía, que gestionan con independencia.

Patrimonio Nacional aprobó, por acuerdo de su Consejo de Administración el pasado 20 de noviembre, la subvención de 340.000 euros a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, transfiriéndose dicha cantidad a la cuenta corriente de la Fundación. Esa subvención está prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, al igual que en años anteriores.

La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos puede transferir esa cantidad a la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos, que es su beneficiaria. Pero para ello, Patrimonio Nacional reclama que presente un presupuesto "veraz".

La Fundación aún no ha realizado la transferencia a la Abadía, al no haberse recibido la información solicitada. Una vez se reciba y compruebe, se someterá al Consejo de Administración para que en su caso acuerde la citada transferencia.

Patrimonio Nacional precisa que en los años anteriores, 2016 y 2017, las correspondientes transferencias se completaron igualmente una vez finalizado el año al que correspondían. La Fundación mientras tanto sigue asumiendo a través de Patrimonio Nacional el pago de diversos suministros a la Abadía, como la electricidad y el agua.