La falta de consensos amenaza con dejar la Ley de Memoria Democrática guardada en un cajón

Una persona visita la fosa común del cementerio del Salvador de Oviedo.

La Ley de Memoria Democrática lleva paralizada en una suerte de limbo parlamentario más de cinco meses, desde que el Ejecutivo logró superar su primer examen el pasado mes de octubre. Entonces ya se constataron las dificultades que ahora sobrevuelan sobre un proyecto que carece de plazos y de aliados parlamentarios. Fuentes de la máxima dirección socialista ya apuntan a infoLibre que esta ley podría no ver la luz esta legislatura, lo que supondría el fracaso de uno de los proyectos estrella del Gobierno. “De momento se queda en el cajón”, aseguran.

Por su parte, fuentes del espacio confederal de Unidas Podemos reconocen que, hasta ahora, sus esfuerzos se han centrado en los trabajos relacionados con la ley de vivienda, que recientemente pasó su primer trámite en la Cámara Baja —aunque también se enfrentará a una compleja negociación parlamentaria, como ya contó este periódico—, y a la reforma de la ley mordaza, actualmente encallada en el seno de la ponencia. Sin embargo, se muestran mucho más optimistas que sus socios de Gobierno respecto a la aprobación de la ley de memoria. “Saldrá adelante”, vaticinan. 

Por lo pronto en lo que coinciden ambas partes es en que todavía no hay fecha prevista para que arranque el debate en ponencia del proyecto, aunque los morados confían en que se active después de Semana Santa (en abril o en mayo). Tampoco está fijada la designación de los ponentes y el arranque de las deliberaciones entre los grupos para la incorporación de cambios al articulado. La comisión encargada de hacerlo es la Constitucional, presidida por el socialista Patxi López, cuyos trabajos están centrados, principalmente, en el voto rogado

Las negociaciones recaen, por la parte socialista, en el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y el portavoz del grupo, Héctor Gómez. En el PSOE no esconden que la compleja negociación y posterior votación de la reforma laboral—salvada por un golpe de suerte por la equivocación de un diputado del PP— ha hecho mella y temen encontrarse con obstáculos similares en el trámite de esta ley. En el aire sobrevuela la idea de que no pueden permitirse más errores, especialmente si hay elecciones cerca.

En Unidas Podemos es Enrique Santiago, secretario de Estado de la Agenda 2030, el que se ha erigido como la voz autorizada del espacio en materia de memoria y ya presiona al ala socialista a moverse. A su juicio, no hay motivo para mantener paralizada la tramitación y sólo la mayoría del bloque de investidura permitirá un acuerdo que no ve tan difícil como temen en el PSOE. Eso sí, el dirigente alertó hace un mes de que sin reanudar la ponencia, no había posibilidad de consensos.

El principal obstáculo se encuentra en la posición de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya que la ley, en su opinión, se queda corta. La norma tampoco acaba de convencer a otros socios parlamentarios como EH Bildu y PNV, aunque desde el Ejecutivo creen que podrán atar más fácilmente sus apoyos, al igual que los de Más País y Compromís. La vía de Ciudadanos tampoco se da por descartada. 

¿Qué cambia si se aprueba la ley?

Desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, la memoria histórica siempre se ha configurado como uno de los ejes de su política. De ahí que una de las primeras medidas del dirigente socialista fuese el iniciar el procedimiento para exhumar y trasladar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. 

La nueva Ley de Memoria, cocinada durante la etapa de Carmen Calvo en Presidencia, y cuya responsabilidad recae ahora sobre Bolaños, busca completar los espacios que dejaba la ley de memoria aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 e impulsar los trabajos en esta materia tras años de parálisis conservadora.

El texto contempla la eliminación de entidades que exalten la dictadura y a sus protagonistas, y pone el foco en la celebración de actos de esta naturaleza en el espacio público. Pero no se queda ahí. La localización y exhumación de víctimas de las fosas comunes es otro de los ejes vertebradores del nuevo texto, junto con la puesta en marcha de un Banco Nacional de ADN, que conservará muestras biológicas de familiares a fin de poder compararlas con las víctimas que se vayan exhumando de las fosas comunes distribuidas por toda la geografía nacional.

Otro de los pasos más importantes se ha dado en todo lo que tiene que ver con las condenas o sanciones emitidas "por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa" por parte de los tribunales y jurados puestos en marcha durante la Guerra Civil y la dictadura. El proyecto de Ley las considera nulas, lo que supone un enorme avance respecto a la norma de 2007, que se quedaba exclusivamente en la "ilegitimidad" de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público o los Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos.

Además, el texto también contempla la revocación de títulos nobiliarios contrarios a la democracia y condecoraciones concedidas a agentes policiales cuando se acredite que, formando parte del aparato de represión franquista, realizaron actos y observaron conductas "incompatibles con los valores democráticos”. 

¿Por qué se opone ERC?

Los republicanos exigen que se derogue la Ley de Amnistía del año 1977. "Lo que pedimos es que un régimen salido de un golpe de Estado se declare ilegal. Y abrir una puerta real a la reparación patrimonial de las víctimas. Esto no se puede hacer sin cambiar al menos dos artículos de la ley de amnistía que blindan a los victimarios. Sin eso, ERC no puede apoyarla", fueron las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el pasado mes de noviembre. Pero para los socialistas este punto es una línea roja. "Si no ellos no se mueven, nosotros tampoco", razonaban fuentes del grupo catalán esta misma semana.

A diferencia de lo que plantea Rufián —apoyado por Eh Bildu—, el acuerdo al que llegaron socialistas y grupo confederal el pasado mes de noviembre a través de enmiendas al articulado no incluye una derogación de la Ley de Amnistía. Entre otras cosas, explican, porque también fue una "conquista" de las fuerzas democráticas. Más bien, marca el camino a cómo debe interpretarse el texto alumbrado durante la Transición.

Esquerra también reclama que la ley reconozca cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas de las víctimas y su derecho a la reparación, restituyendo los bienes inmuebles, dinero y otros valores, ya sea con la devolución del propio bien o con la compensación de su valor económico en la actualidad.

Según recoge la norma no pueden producir "efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, administraciones públicas o particulares" ni "dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional". Tampoco en lo relativo a la incautación de bienes por razones políticas, ideológicas o de conciencia, algo de lo que deberá realizarse una auditoría como paso previo a la búsqueda de fórmulas para el reconocimiento de los afectados.

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