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El Congreso retrasa la reforma de una ley electoral que prohíbe publicar encuestas

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, y otros miembros del hemiciclo.

En España está prohibido publicar o difundir encuestas y sondeos en los últimos cinco días antes de los comicios, es decir, desde el lunes previo al domingo electoral, según recoge el artículo 69 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Una prohibición que se mantiene más de cuarenta años después de su aprobación pese al intenso calendario electoral y los precedentes en otros países europeos.

El Gobierno se comprometió a modificar este punto, como reclaman la mayoría de sociólogos y politólogos, en una subcomisión en el Congreso creada ex profeso para reformar la ley electoral, pero según ha podido confirmar infoLibre en fuentes parlamentarias, esta subcomisión apenas ha avanzado desde su creación en marzo de 2021.

La norma es fruto del enfado de Manuel Fraga, ministro franquista y fundador de Alianza Popular —que más tarde se refundó en el Partido Popular—, ante una encuesta que pronosticaba su descalabro electoral en las elecciones de 1979. Su proposición contó con el aval de los 263 diputados presentes en el Congreso en el momento de la votación (UCD, PSOE, PCE, PNV...). Teóricamente esta prohibición busca que los electores no se vean influenciados por las tendencias electorales y eso produzca un vuelco en el marcador final.

Alberto López, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Zurich, sostiene que "el efecto de los sondeos es pequeño, aunque puede existir", y afirma que "los partidos también juegan esa baza" al filtrar sus propias encuestas internas. Sin embargo, el experto asegura que la prohibición es "arcaica" ya que "en la mayoría de países se ha ido levantando".

Actualmente Chipre, Grecia e Italia son los únicos países europeos que prohíben las encuestas a más días vista de las elecciones que el nuestro, mientras que en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido y Suecia no existe limitación alguna.

El castigo por publicar o difundir esas encuestas va desde multas económicas de 3.000 a 30.000 euros a penas de prisión de tres meses a un año o la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de uno a tres años. Pero ya lo dice el refrán: hecha la ley, hecha la trampa. Desde hace años se siguen publicando encuestas en periódicos de la vecina Andorra o en países fuera de la jurisdicción española. Sondeos que después se reproducen en los medios españoles o se difunden en redes cambiando los partidos por imágenes de frutas y hortalizas.

"En la era de internet cualquier ciudadano tiene acceso a la información que dan sondeos de otros países", valora López. "¿Si te haces eco en Twitter de lo que dice una encuesta publicada por El Periódico de Andorra estás contribuyendo a su difusión?", se pregunta. "Se producen todo tipo de pseudofraudes de ley que no llegan a ningún lado", prosigue. El investigador cree que esta normativa también da pie a que aparezcan otros modelos para analizar las tendencias, como el que él ha puesto en marcha.

Se trata de un mecanismo de predicciones, que se asemeja mucho al de un mercado bursátil. Sin embargo, en lugar de comerciar con productos financieros, los participantes del mercado —conformado por expertos en sociología y ciencia política— 'comercian' con acciones sobre eventos políticos futuros. "Nosotros, desde la universidad, les damos 10 euros para ir comprando y vendiendo acciones de posibles gobiernos. Lo que pueden hacer es intentar maximizar esos 10 euros o quedarse sin nada", explica. En el caso de las elecciones a la Comunidad de Madrid el experto que más se acercó al Gobierno resultante ganó 600 euros.

"Esta herramienta nos permite ver las tendencias de los últimos días, que son las más importantes. Según nos muestran los análisis, un tercio de los votantes deciden su voto en las 72 horas antes de los comicios", asegura. "El silencio demoscópico es un problema". Las formaciones que conforman el Gobierno de coalición se han comprometido a revertir esta prohibición —o, en todo caso, a reducirla a uno o dos días antes— a través del trámite parlamentario. Pero el Congreso todavía no ha comenzado, siquiera, a valorar la propuesta.

Escasos avances en la eliminación del voto rogado

La reforma de la LOREG en la que se introdujo la figura del voto rogado lleva más de una década en vigor. Se aprobó en el Congreso en el año 2011 con los votos del PSOE y el PP —y el respaldo de Convergencia i Unió y el PNV—. Lo que se hizo fue obligar a los españoles residentes en el extranjero a tener que mostrar su voluntad de votar antes de cada cita con las urnas. Es decir, empezaron a "rogar" su voto.

La medida fue criticada por todos aquellos residentes en el extranjero que querían seguir teniendo voz, y sobre todo voto, en los comicios de su país. Reclamaron que se diera marcha atrás a la reforma. Pero de poco sirvió. Desde la reforma, la participación electoral de los españoles inscritos en el CERA (Censo Electoral de los Residentes Ausentes) cayó en picado: del 30% al 5%. En el año 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a derogarla, pero cuatro años después sigue enquistada.

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Uno de los diputados que forma parte de la subcomisión señala que, "por prioridad", únicamente se han abordado las comparecencias sobre esta cuestión. Sin embargo, señala que "las comparecencias han provocado dudas y reticencias serias". La comisión encargada de elaborar la reforma está en fase de escuchar voces de expertos.

Lo que ha sucedido es que distintos comparecientes de peso relacionados con el Gobierno o con la Junta Electoral Central (JEC) "explican que la proposición plantea un mecanismo de recepción de la documentación que no garantiza la identificación suficiente del elector que quiera ejercer su voto", prosigue la citada fuente. "Son cuestiones técnicas a implementar para evitar fraudes así como el incremento de gasto que el nuevo mecanismo supondría".

El compromiso de actualizar el sistema electoral para eliminar este voto rogado, así como establecer listas cremallera en todos los procesos para garantizar la presencia de mujeres en las instituciones, la mejora de la "proporcionalidad del sistema” y la posibilidad de otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a jóvenes de 16 y 17 años está incluido en el acuerdo de coalición ratificado por el PSOE y Unidas Podemos.

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