Cientos de ganaderos dedicados a la leche denuncian desde hace dos semanas una bajada brutal de los precios a los que les compran el producto las grandes marcas de leche. Un porcentaje importante del sector, que algunos cifran en alrededor del 40% de los profesionales, tenían que negociar en marzo un nuevo precio al que vender durante el siguiente trimestre, y se encontraron con propuestas hasta un 20% inferiores respecto al periodo anterior. El sector primario denuncia que no puede rechazar las malas ofertas porque la alternativa es tirar la leche, mientras que la industria contesta que han tenido que ajustar precios porque en España se estaba pagando el litro muy por encima del resto de Europa.

Según Charo Arredondo, responsable de lácteos en la organización agraria COAG, el golpe ha sido sobrevenido porque, en algunos casos, la propuesta ha llegado con menos de una semana de margen antes del vencimiento del contrato de marzo. Sabían que el mercado europeo llevaba meses de precios a la baja y que terminarían llegando a España, pero que no esperaban recibir ofertas que rebajaban entre 5 y 10 céntimos el acuerdo anterior con solo unos días para aceptarlas o rechazarlas.

"No tenemos alternativa porque el producto es perecedero. Un grupo de productores de aquí de Cantabria se negó a ceder, y terminaron haciéndolo a las 23.55 horas del 31 de marzo porque habrían tenido que deshacerse de la producción. Y la industria no cedió en ningún momento porque sabían que tenían todo el poder para negociar", dice la portavoz, que también es ganadera. Sobre el precio de la leche en el supermercado, Arredondo explica que no han notado cambios en las últimas semanas, ni hacia arriba ni hacia abajo, pese a que ahora ellos venden más barato.

Entre las marcas citadas por los profesionales afectados están todas las grandes que se pueden encontrar en el supermercado: Central Lechera Asturiana, Pascual, Lactalis (RAM, Lauki, Puleva) o Celta, entre otras. Estas empresas compran la materia prima a pequeños, medianos y grandes ganaderos, a veces agrupados en cooperativas, y después de tratarla y envasarla con su marca, la ofrecen a las grandes superficies, que también realizan una enorme presión hacia los eslabones inferiores de la cadena para mantener el precio a raya (con el litro de leche siempre a entre 0,90 euros y 1,30 euros) y no espantar al consumidor. 

En la base de esa pirámide, el producto se vende a aproximadamente 0,50 euros el litro de leche, con unos céntimos arriba o abajo en función de la producción interna y del mercado internacional. En este caso, en el mes de febrero –el último dato del Ministerio de Agricultura y antes de las nuevas ofertas que han desatado la polémica– la leche se pagó al ganadero de media a 0,54 céntimos/litro en España. 

Los recortes en las ofertas de abril varían por comunidad autónoma y por marca, pero van desde los 2 o 3 céntimos/litro en País Vasco hasta los 7 céntimos, o incluso 10 céntimos, en Galicia, según José Ramón González, responsable de Ganadería en la organización agrícola UPA. De las grandes regiones productoras españolas, Asturias es en la que más justas habrían sido esas negociaciones, añade González. Estos datos de precios no son oficiales porque no quedan registrados en ningún sitio –debido a que son acuerdos privados entre empresas y particulares– pero es una horquilla que coincide con la que maneja COAG. Esas bajadas suponen reducir de un mes a otro entre un 5% y un 20% los ingresos de un ganadero de leche. 

La industria lechera contesta que esta situación tenía que llegar tarde o temprano porque desde el verano pasado hay un exceso de leche en todo el mundo que ha hundido los precios del litro. Grandes productores como Alemania, Francia o Países Bajos recortaron el precio de la leche pagada al productor entre un 8% y un 29% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, según datos de la Comisión Europea, mientras que España lo incrementó un 8%, la mayor subida de toda la Unión Europea. Además del mayor incremento, España también tenía en febrero la leche más cara en origen del continente: 8 céntimos por encima de la media de la UE.

Luis Calabozo,director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil), explica que esa diferencia de precios radica principalmente en el sistema español de negociación de ventas. Mientras que en el centro de Europa es común cerrar un precio nuevo de la leche cada mes, en España suelen ser trimestral, semestral o anual, de manera que, hasta ahora, no se había trasladado esa caída al mercado. Y ahora se repercute toda de sopetón.

"El diferencial de precios ha protegido al ganadero español desde septiembre", valora Calabozo, "pero es imposible seguir manteniendo esos precios porque supondría perder mercado exportador. De hecho, a la larga terminaría afectando al ganadero porque la falta de interés en nuestros productos podría llevarle a tirar la leche", continúa el portavoz de la industria.

La explicación que da a esa bajada brusca del precio de la leche en origen está en el mercado internacional. El año pasado hubo una superproducción de leche en Europa, con 2,5 millones de toneladas extra sobre un año normal, que se sumaron a una bajada de la demanda de leche en los hogares. Estos dos sucesos ocurrieron tras cuatro años de subidas ininterrumpidas en el precio de la leche, en un récord muy superior a picos anteriores, de manera que, a mediados del año pasado, se produjo una corrección de su precio a lo largo de todo el continente. 

José Ramón González, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), insiste en que ellos estarían dispuestos a negociar una bajada progresiva en los acuerdos de venta a la industria, pero que esta imposición es inadmisible, y potencialmente ilegal. La ley de la Cadena Alimentaria prohíbe que ningún eslabón de la producción venda a pérdidas, y este desplome de los precios pone a algunos ganaderos al límite de esa norma. "Podríamos negociar una pequeña bajada, pero no tan sorpresiva y abusiva, poniendo a los ganaderos por debajo de coste. Eso es ilegal y lo hemos denunciado al Tribunal de Defensa de la Competencia y a la AICA", afirma.

La AICA es la Agencia de Información y Control Alimentarios, la que se encarga de investigar que se respetan los precios justos en la cadena alimentaria, un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que tiene siempre un ojo puesto sobre el sector lácteo, acostumbrado a los abusos. El año pasado, fue, de hecho, la segunda rama más estudiada de las que tiene bajo competencia, con más de 1.300 controles, y ya ha avisado de que en 2026 reforzará la vigilancia todavía más tras las quejas de los ganaderos.

Ambas partes del conflicto se sentaron esta semana con el Ministerio de Agricultura, a raíz de la polémica con los contratos lácteos, pero el Gobierno se mantiene, por ahora, al margen mientras no haya evidencias de contratos abusivos por debajo de precio de producción. "En cuanto a la negociación, es un tema entre partes donde el ministerio no puede entrar", valoran fuentes de este organismo a infoLibre.

La presión sobre las cadenas de suministro por la guerra de Irán empieza a notarse en los alimentos. La cesta semanal que elabora el Ministerio de Agricultura, formada por más de un centenar de productos, se encareció en las cuatro primeras semanas de guerra un 10,3%, especialmente en hortalizas, cerdo y frutas.

Es cierto que algunos productos han subido su precio por otros motivos, como la cadena de borrascas de febrero o la gripe porcina, porque el mercado agrícola está expuesto a todo tipo de injerencias, pero a ellos se suma ahora el impacto de la guerra. En ningún momento del año pasado llegó a registrarse un repunte tan abrupto del coste de los productos agrícolas en tan poco tiempo.

Los últimos datos de Agricultura disponibles corresponden a la semana 13 del año, la que termina el 29 de marzo. Si se comparan con los precios medios de la semana 9, en la que estalló el conflicto, la mayoría de ramas agrícolas y ganaderos se encarecieron en los mercados mayoristas. Por ejemplo, las verduras subieron un 33,2%, el porcino un 17,9%, los lácteos un 8,9% y las frutas un 6,9%. 

Algunos repuntes están claramente ligados a eventos puntuales, como el foco de gripe porcina que estalló en noviembre. Aquella crisis –todavía sin resolver– provocó un desplome de los precios durante la Navidad que fue seguido por un despegue brusco en febrero y marzo, cuando comenzó a estabilizarse el sector. Solo en el mes de marzo las diferentes variantes de cerdo se encarecieron de media un 17,9% en las lonjas.

Sobre el efecto de la guerra en Irán, es difícil de saber por ahora hasta qué punto impacta en los precios mayoristas porque los agricultores insisten en que no tienen poder de negociación para imponer subidas a sus clientes, los intermediarios o las grandes cadenas de supermercados.

A esto se suma que muchos productos agrícolas suben y bajan su precio constantemente en función de la demanda y la producción global, y están sometidos a cientos de variables, como la sequía de los campos de trigo en Estados Unidos o la congestión del tráfico marítimo en el Sudeste asiático, explica Pablo Resco, responsable de Estrategia Agroalimentaria en Plataforma Tierra.

"Puede haber una sensación alcista por la guerra, aunque es pronto para saberlo porque el mercado es muy complejo", resume el experto. "El precio del cerdo responde más a la crisis de la peste, mientras que el del aceite depende mucho de la demanda interna y las exportaciones. Mientras que si hablamos de guerra tendríamos que pensar en problemas concretos, como que en Estados Unidos están pensando en sustituir el cultivo de maíz por soja, que no necesita fertilizantes, o si hay un atasco en las salidas de buques que transportan materias primas", añade.

Otro efecto local en España es el del tren de borrascas de enero y febrero, que afectó gravemente a Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia, y dañaron decenas de miles de hectáreas de cítricos, hortalizas y frutos rojos, lo que se traduce directamente en subidas en los mercados de abastos. Donde más se nota es en la mandarina, el limón, la zanahoria, la patata o el brócoli, que subieron entre un 18% y un 300% en marzo.

Cuando se pregunta a los agricultores, no creen que todavía haya una subida de alimentos debido a la guerra. Su mensaje es que –para su disgusto– no han podido trasladar la inflación a sus productos porque no tienen capacidad para renegociar con los intermediarios o los grandes supermercados una subida de precio, pese a que ellos, según afirman, han sufrido una subida de entre el 25% y el 35% en el precio del combustible y de los fertilizantes.

"Lamentablemente no podemos hacer nada mientras tenemos una subida transversal de costes. Somos el primer eslabón de la cadena y no tenemos capacidad para traspasar esos costes", subraya Cristóbal Cano, secretario general de la organización agraria UPA.

Andrés Góngora, responsable de producción agrícola de otra gran organización, COAG, no descarta que el cliente final sí que esté sufriendo esa subida en la cesta de la compra. "No podemos saberlo porque no hacemos un control exhaustivo de precios, pero avisamos para que el Gobierno vigile los márgenes porque podría haber casos de especulación", insiste.

El corte del Estrecho de Ormuz, en Irán, suma ya cinco semanas. Apenas una veintena de buques mercantes han cruzado desde entonces este paso marítimo, un punto estratégico para la salida de materias primas desde los países del Golfo hacia el resto del planeta. Aunque el cese de las exportaciones de gas natural y el crudo ha recibido toda la atención, los fertilizantes son otro de los productos clave que atraviesan este punto, lo que ha provocado una subida de alrededor del 30% en su precio.

España depende de manera limitada de los fertilizantes de esta región y los agricultores tienen reservas para esta temporada, pero el sector advierte de que con el paso de los meses –cuando comiencen los futuros aprovisionamientos– el sector primario tendrá que asumir ese sobrecoste y posiblemente trasladarlo a los mercados. El Ministerio de Agricultura ya ha activado un plan de ayudas de 877 millones de euros y ha pedido esta semana a Bruselas un programa para asegurar el abastecimiento de abonos sintéticos durante los próximos meses.

A corto plazo, el maíz es el único cultivo que preocupa, ya que la siembra se realiza entre abril y mayo, según explica Javier Fatás, responsable de fertilizantes de la organización agrícola COAG. "Este año habrá probablemente rendimientos peores en cereal. Habrá gente que se replantee si cultivar el maíz porque la crisis ha pillado en un momento en el que algunos ya tenían sus pedidos de fertilizantes cerrados a buen precio, mientras que otros estaban pendientes de ello, y si quieren recibirlo tendrán que pagar un 30% más", valora el portavoz.

Aunque el abastecimiento de fertilizantes está garantizado a corto y medio plazo en Europa, el cierre de Ormuz sí ha golpeado el mercado interior. Alrededor de un tercio de los fertilizantes que consume el planeta atraviesan ese estrecho y de la noche a la mañana han desaparecido del mercado. La mayoría se vendían a India, Tailandia, Australia o Corea del Sur, pero como el mercado es global, cualquier escasez local de productos químicos afecta al resto del mundo. En concreto, el año pasado atravesó Ormuz el 47% del sulfuro global, el 35% de la urea y el 24% del amoniaco, según la consultora S&P Global.

Todos esos productos son imprescindibles para producir fertilizantes. La urea se puede usar como abono por sí misma, pero también es la base de los fertilizantes nitrogenados, los más comunes en el mundo agrícola. Los abonos nitrogenados complejos, que necesitan también fosfatos, son los más usados en España, pero para obtener estos fosfatos es necesario tratar la roca fosfórica con ácido sulfúrico, escribe Pablo Resco, experto en materias primas de Plataforma Tierra.

En resumen, para obtener fertilizantes son necesarios multitud de minerales y químicos que dependen del fin de la guerra en Irán, por mucho que haya otros grandes vendedores en el mundo, como Argelia, Rusia, Egipto, Marruecos o China. Paloma Pérez, secretaria general de Anffe, la patronal española de fertilizantes, subraya que esta crisis debe servir para proteger todavía más la producción nacional de abonos y considerarlo un sector estratégico. "Depender de terceros países nos hace más vulnerables al suministro exterior. Algunos países están ya limitando sus exportaciones por la guerra, como Rusia, con las de nitrato amónico", señala.

La portavoz de la industria también añade que España –y otros países europeos– han llegado a esta crisis con un gran excedente de fertilizantes en sus almacenes, lo que disminuye el riesgo de escasez. Esto se debe a que la guerra ha coincidido con la entrada en vigor de una nueva normativa europea, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, en inglés), un impuesto fronterizo sobre la entrada de fertilizantes extranjeros altamente contaminantes que ha comenzado a operar en 2026. De hecho, en diciembre de 2025, la UE importó un 140% más de abonos nitrogenados que un año antes para aprovechar los precios más bajos.

Al problema de suministro global de fertilizantes se suma la escasez global de gas natural, un componente indispensable en la producción de abonos. Esta crisis también deriva del cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasaba cada día el 20% del gas natural licuado (el que viaja por barco) que consume el mundo, hasta que fue cerrado.

Este combustible es necesario en dos partes de la cadena de producción. Primero, porque para producir amoniaco (la base de la urea) es necesario mezclar el gas natural con nitrógeno mediante el proceso químico Haber-Bosch. Y segundo, porque ese proceso necesita grandes cantidades de calor, que también se obtiene quemando gas natural.

El precio del gas natural se ha encarecido desde que comenzó la guerra un 80% en Europa, hasta los 55 euros/MWh. La urea de Egipto, la que compra España, se ha encarecido un 50%, hasta 720 dólares/tonelada. Mientras que el amoniaco cotiza a unos 600 dólares/tonelada, un 24% más que antes de la crisis. Todo esto, según Javier Fatás, ha llevado a que la tonelada de fertilizante nitrogenado que compra el agricultor medio español haya pasado de 400 euros a 500 euros, o incluso a 580 euros.

No obstante, el Ministerio de Agricultura ha activado ya una serie de ayudas para el campo que deberían aminorar el golpe e impedir una subida de los alimentos. Concretamente, una rebaja de 20 céntimos para el gasóleo agrícola –que se suma a la rebaja del IVA del combustible del 21% al 10%, para todos los consumidores–, así como una subvención para profesionales de 22 euros por hectárea cultivada en secano y 53 euros para regadío.

"Aunque no van dirigidas concretamente a fertilizantes, son la forma correcta de hacerlo", opina Fatás. "Aunque no compensan toda la subida de costes, son ayudas indispensables con un impacto rápido", valora el portavoz de COAG.

Los análisis realizados por la Región de Murcia sobre la calidad de sus cultivos alejan las sospechas sobre el riesgo de contaminación por metales pesados de su agricultura. Los datos recopilados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, recogen que entre 2021 y 2024 no se detectaron niveles de plomo o cadmio por encima del límite legal en esta comunidad autónoma.

La información se basa en el análisis de 41 muestras tomadas en alimentos frescos a lo largo de estos cuatro años, el equivalente a diez exámenes por temporada. Estas frutas y verduras se recogen aleatoriamente en tiendas o naves industriales de la región. Sin embargo, no hay garantía de que los vegetales estudiados sean cultivados en Murcia, puesto que "no se dispone de información sobre el origen de producción" a la hora de analizar, explica a infoLibre una portavoz de la Aesan. Simplemente, son alimentos que en ese momento se distribuyen en establecimientos de esa comunidad autónoma. Los encargados de hacer esos estudios son los servicios de sanidad vegetal de cada región. Después, la Aesan se encarga de coordinar los muestreos de todas las autonomías.

infoLibre ha realizado esta consulta tras conocerse que en los últimos cinco años el Gobierno de Murcia ha efectuado al menos dos análisis –que mantiene ocultos– sobre los suelos agrícolas de la Región que han dado positivo en metales pesados. Concretamente en el Campo de Cartagena, una zona que se sabe que está profundamente contaminada por los residuos de las balsas de las minas que funcionaron el siglo pasado. Numerosos estudios han demostrado que esos metales pesados se transfieren a las plantas y cultivos, especialmente a las lechugas –el vegetal más exportado de Murcia–, y evaluaciones independientes han encontrado plomo y cadmio en lechugas cultivadas en esa zona.

Sin embargo, hasta ahora no se ha declarado ninguna alerta de consumo ni hay evidencias oficiales de esta transmisión a los cultivos. Según los datos recopilados por la Aesan, entre 2021 y 2024 se realizaron 485 análisis (41 en Murcia) en busca de plomo para frutas y verduras comercializadas en España y ninguno superó el máximo permitido. En este periodo también se analizaron 701 muestras para cadmio (41 en Murcia), que asimismo dieron un resultado negativo. Todavía no hay datos disponibles para 2025.

Tanto el cadmio como el plomo son dos metales considerados como contaminantes alimentarios. Ninguno tiene un umbral de consumo seguro porque siempre dañan la salud –el primero es cancerígeno y el segundo potencialmente cancerígeno–, pero la ley europea sí establece una concentración máxima legal en frutas y verduras. En cadmio es de entre 0,020 y 0,5 mg/kg (en función del cultivo) y en plomo de entre 0,1 y 0,3 mg/kg.

De las muestras estudiadas para plomo en España, el 91% resultó estar por debajo del límite mínimo de cuantificación, y el 9% dio entre 0,0065 mg/kg y 0,3 mg/kg. En plomo, el 80% de los test se encontró por debajo del límite de cuantificación, y 141 muestras (de 701) presentaron valores cuantificados que oscilaron entre 0,001 mg/kg y 0,21 mg/kg.

El sistema de avisos de riesgo alimentario se rige según el programa 11 de control de contaminantes del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), que establece el número de muestras que tiene que llevar a cabo cada región, y son los Gobiernos autonómicos quienes deciden dónde hacer estos controles: en fábricas, envasadoras, almacenes o minoristas. Aun así, bajo alerta, denuncia o sospecha, se pueden realizar análisis no programados.

Según el informe de la Aesan de 2024, el último publicado, ese año Murcia contó con dos trabajadores para realizar controles de calidad en alimentos y seis más para hacer inspecciones, en una Comunidad que produce cada año más de 3.500 toneladas de verduras y frutas. Las regiones que más especialistas en control tienen son Andalucía (71 personas en total) y Galicia (80), aunque la mayoría cuenta con muchos menos. Madrid tiene seis, Cataluña tiene diez, Aragón tiene dos y Baleares tiene 16, por ejemplo.

Ecologistas en Acción Murcia, que lleva años luchando contra la contaminación minera y agrícola en el Campo de Cartagena y el Mar Menor, reclama desde hace un mes –cuando se destapó el caso– que se proteja a los vecinos de la contaminación por plomo, así como a los consumidores.

"Han negado la existencia de un estudio que advierte de niveles preocupantes, algunos ilegales, de metales pesados en suelos agrícolas y, por si eso fuera poco, lo hacen cuatro años después de conocer una tesis doctoral que demuestra la incorporación de estos metales a partes comestibles de lechugas”, recogió Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción Murcia, en un comunicado.

La publicación en las últimas semanas de evidencias sobre los altísimos niveles de plomo y cadmio en el Campo de Cartagena ha creado una calma tensa en el sector agrícola de la Región de Murcia. El Gobierno autonómico todavía no ha explicado por qué continúa sin publicar el informe que encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre la composición del suelo en la región. El PP de Fernando López Miras se ha limitado a decir que los partidos de la oposición están provocando "un gran daño" a los profesionales cada vez que comentan el asunto en la Asamblea murciana y que algunos agricultores están siendo escrutados por sus clientes sobre esta polémica.

Desde el campo, por ahora, prefieren no comentar el asunto. infoLibre ha contactado con las organizaciones agrarias más importantes en la región, con grandes compañías y con las asociaciones de exportadores de verduras y fruta, pero no ha obtenido respuesta. El sector primario, que no es el causante de la contaminación –procede de las balsas mineras que llevan tres décadas abandonadas–, se mantiene al margen de este debate, aunque le afecta de lleno. Los mapas de contaminación del suelo por plomo y otros metaloides abarcan toda la huerta de Cartagena, la segunda región agrícola más importante de Murcia.

"Es un tema espinoso del que nadie quiere hablar, da muy mala imagen. Y te lo digo yo, que llevo más de veinte años en la agricultura murciana", es lo que se limita a señalar un alto cargo del sector. "Nadie gana con esto, solo se pierde", añade.

La consejera de Agricultura de la Región, Sara Rubira, es la cara visible del escándalo en la Comunidad, puesto que ella encargó el estudio de 2025 que ahora se ha destapado de manera parcial. Ese documento confirma –una vez más, porque se sabe desde hace años– la presencia de metales pesados en el suelo agrícola que rodea la sierra minera Cartagena-La Unión. Sin embargo, en su comparecencia de la semana pasada en el Parlamento regional, rehusó responder a qué es lo que contiene ese análisis completo que continúa en un cajón. 

A preguntas del PSOE en el Pleno de la Asamblea murciana, solo contestó que "no es conveniente alarmar, confundir y hacer tanto ruido" sobre la contaminación del suelo porque solo trae problemas, y acusó a la oposición de airear la crisis. "Esto produce un gran daño a los agricultores. Ya hay clientes que les están pidiendo certificados actualizados para poder seguir trabajando. Solo rezo para que sus declaraciones no sean las causantes de un daño que va a ser muy difícil de reparar", declaró la consejera del PP.

Aunque ninguna organización ni empresa agrícola ha querido participar en el artículo, alguna de ellas sí ha trasladado que no tienen constancia de que los profesionales estén siendo escrutados por sus clientes. Es habitual que los intermediarios que compran frutas y verduras para revenderlas realicen sus propios análisis al producto, pero no hay constancia de que se hayan encontrado por ahora resultados preocupantes. "Las propias comercializadoras son las principales interesadas en que no haya contaminación del producto. Estoy convencidísimo de que harán análisis de las partidas para ver si tienen algún rastro de metales pesados. Y cuando llegan a Alemania, lo mismo", opina Miguel Ángel Domene, especialista en fisiología de plantas y suelos en la Fundación Tierra-Cajamar.

Domene reconoce que es "evidente" que hay restos de metales pesados en la zona de Cartagena debido a la minería histórica, aunque no cree que lleguen a las frutas y verduras. "Los suelos del arco Mediterráneo son muy alcalinos, y eso dificulta que las plantas lo puedan absorber. Yo creo que aunque haya una concentración alta de elementos, no llegan a absorberse y acumularse", afirma. "No obstante, depende del tipo de planta", añade, y explica que mientras las verduras tienen una baja absorción de metales, la lechuga tiene mucha más facilidad, y ese es precisamente el producto más exportado de Murcia.

De hecho, hay diferentes estudios que confirman que lechugas y otras plantas de hoja que crecen en esta zona que rodea al Mar Menor contienen restos de plomo por encima de los niveles permitidos. Así lo afirmaba un análisis de la propia UPCT, publicado en 2022. Según el reglamento europeo de contaminantes en alimentos, tanto el cadmio como el plomo no tienen ningún umbral seguro de ingesta porque pueden ser dañinos en cualquier cantidad.

Aunque la consejera Rubira culpó del escándalo a la oposición, en realidad, el caso fue destapado por error gracias a un académico de la UPCT que citó el informe que sigue bajo llave –y que él mismo había elaborado– en un proceso judicial sobre la contaminación de una balsa minera en Cartagena. Lo que hizo la diputada socialista María del Carmen Fernández fue llevar el asunto a la Asamblea regional para pedir la dimisión de la consejera por esconder ese informe y después mentir, puesto que la primera reacción de la dirigente fue asegurar que el trabajo no existía.

"Usted tiene que dar la cara, publicar el informe, verificar los datos y, si hay algo preocupante, proteger a la población", le dijo Fernández a la consejera en el pleno del jueves de la semana pasada. "Consejera, dimita. No le queda otra que dimitir por decir mentiras", exigió también.

El caso está en la actualidad congelado. La Consejería contestó primero que el estudio no existía y reclamó a la universidad la devolución de los 293.000 euros de la subvención que recibió para realizar el trabajo. Cuando la UPCT contestó que se había entregado en tiempo y forma, el Gobierno regional cambió de versión hace tres semanas, declaró que el trabajo "no reunía los requisitos" del contrato, y dio 15 días a los autores para subsanar el problema, un periodo que ya ha finalizado. El caso está también en la Fiscalía, denunciado por Podemos Murcia y Ecologistas en Acción.

El Gobierno de Murcia, liderado por el barón del PP Fernando López Miras, oculta desde noviembre de 2020 un informe que recoge niveles extremadamente altos de metales pesados en el Campo de Cartagena. El estudio, al que ha accedido infoLibre, destaca que en los suelos agrícolas que rodean la Sierra Minera de Cartagena-La Unión hay concentraciones de plomo superiores a 1.000 mg/kg de tierra, diez veces por encima del máximo legal.

Este informe coincide con otro estudio que se destapó hace unos días de la Universidad Politécnica de Cartagena, que advierte de una contaminación de esa misma envergadura. Ambos trabajos ponen de manifiesto el riesgo constante de intoxicación al que están expuestos agricultores, vecinos y consumidores. Algunos de estos metales pesados, como el plomo o el cadmio, son altamente tóxicos e incluso carcinógenos, y hay numerosas evidencias de que acaban en las verduras cultivadas sobre estos terrenos.

Tanto el estudio publicado ahora por infoLibre como el que salió a la luz a mediados de febrero fueron encargados por la Consejería de Agricultura de la Región. En los dos casos el Gobierno autonómico ha optado por mantenerlos en un cajón, pese a que fueron financiados con fondos públicos y la ley obliga a su publicación, y pese a que políticos y activistas de la región han pedido formalmente una copia en numerosas ocasiones. El trabajo de 2020 fue además financiado en un 80% con dinero de fondos europeos FEDER, lo que abre la puerta a que la Justicia europea intervenga en el caso.

Aquel estudio, encargado a una consultora vasca, ha salido ahora a la luz e incluye un mapa de toda la Comunidad con los niveles de concentración de distintos metaloides en el suelo. Una mancha sobre el Campo de Cartagena muestra que allí hay niveles de riesgo, con el mensaje: "Valores habituales [detectados] entre 100 y 200 mg/kg con una anomalía en la zona de La Unión-Cartagena con valores que pueden exceder los 1.000 mg/kg". Para poner en contexto esos números, el real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas establece que en terrenos con un pH superior a 7, como es el caso de Murcia, el máximo legal de concentración de plomo es 100 mg/kg si se quiere cultivar sobre esas tierras.

La conclusión principal de los autores es que la zona de Cartagena supera en más de diez veces ese límite, pero es que además en ese estudio se dice que los niveles "habituales" de plomo en toda la Comunidad son de entre 100 y 200 mg/kg, también por encima de ese límite. Esta segunda conclusión es una novedad, puesto que el análisis que salió a la luz en febrero solo analizaba el Campo de Cartagena.

El estudio también encuentra niveles muy por encima del máximo legal en cadmio en Cartagena, "donde se alcanzan valores que pueden llegar a los 6 mg/kg". El límite legal en suelo agrícola es de 1,5 mg/kg. También se supera el tope en zinc en esa misma zona, "donde los valores pueden llegar a superar los 600 mg/kg". El límite de zinc es 200 mg/kg.

No obstante, es imposible saber con precisión cuál es la situación real del suelo, porque no hay información más allá de esos comentarios escuetos y de los mapas a gran escala. Debería haber tablas más precisas, pero el informe está recortado y no tiene los anexos II y III, donde están las Actas de Laboratorio y los Resultados Analíticos, y donde debería verse cada muestra tomada con su referencia geográfica y el nivel de contaminación de ese punto.

De hecho, a simple vista parece que el encargo está incompleto. El título completo de ese trabajo es: "Determinación de niveles de fondos y niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos de traza en suelos, elaboración del inventario de suelos contaminados y desarrollo de una aplicación web para la gestión de la información de la calidad de los suelos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

Pero en ningún sitio del documento figura ese "inventario de suelos contaminados", más allá de unos mapas en baja resolución, y se desconoce si la aplicación web fue entregada, pero desde luego no se hace referencia a ella. infoLibre ha trasladado una serie de preguntas a la Consejería de Agricultura, pero no ha obtenido respuesta.

El coste del estudio fue de 251.165,75 euros, se adjudicó a la empresa vasca IDOM Consulting y el 80% se financió con fondos FEDER europeos, destinados al desarrollo regional. La adjudicación se formalizó en junio de 2020 y el trabajo fue finalizado en noviembre de ese año. Como la consejería no publicó los resultados, la diputada del PSOE María del Carmen Fernández pidió en julio de 2024 a la Mesa de la Asamblea regional la desclasificación del trabajo. Lo recibió incompleto –sin los dos anexos– en febrero de 2025, aunque hasta ahora no había accedido a su contenido, según explica a infoLibre. 

"El oscurantismo y la falta de información están perjudicando a la región", valora Fernández. "El Gobierno regional sabe que la sierra está contaminada desde hace 30 años y la competencia de solucionarla es regional. Hay que establecer medidas para garantizar la seguridad de los agricultores, los vecinos y los consumidores de los productos", añade la socialista. 

Otro de los que lleva años detrás de leer este trabajo es José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la Universidad Politécnica de Cartagena y colaborador de Ecologistas en Acción de Murcia. Ha realizado numerosas peticiones oficiales que han sido ignoradas, y acaba de recibir una resolución de la Comisión de Transparencia que le da la razón y obliga a su publicación, aunque no confía en que vayan a facilitarle el documento íntegro. Matías también ha denunciado la situación ante la Fiscalía Europea por un posible caso de fraude.

Estos informes sobre contaminación se han desenterrado precisamente en un momento dorado de la agricultura murciana, que registró en 2025 un récord histórico de exportaciones hortofrutícolas en valor, con 3.800 millones de euros, según anunció esta semana López Miras, con destino principal a Alemania, Francia y Reino Unido. "Se vuelve a demostrar que cuando hablamos de agricultura, en la Región de Murcia se hacen las cosas mejor que nadie", dijo el barón del PP.

La Consejería de Agricultura del Gobierno de Murcia tiene en sus manos un informe que solo ha salido parcialmente a la luz, y en él se desvela un secreto a voces, que el Campo de Cartagena estaría contaminado por elevados niveles de metales pesados que superan con creces los límites permitidos para cultivar. Además de exponer peligrosamente a los agricultores y vecinos de la zona, está demostrado que estos elementos se transfieren a los vegetales, como las lechugas cultivadas en esa zona, según numerosos estudios elaborados en la última década en esa región.

Uno de ellos, firmado por investigadores del Garsa, el grupo Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), encontró en lechugas cantidades de plomo hasta varias veces por encima del límite legal en la Unión Europea, que es de 0,3 mg/kg de vegetal. De las nueve muestras analizadas, solo dos estaban en el rango permitido, mientras que la mayoría dieron cantidades entre dos y siete veces por encima, e incluso una, 18 veces más. Dos muestras también superaron ligeramente los límites de cadmio.

El cadmio es considerado carcinógeno y tóxico para el riñón, mientras que el plomo es un "probable carcinógeno", según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer. Según el reglamento europeo de contaminantes en alimentos, tanto el cadmio como el plomo no tienen ningún umbral seguro de ingesta porque pueden ser dañinos en cualquier cantidad.

Para medir el trasvase de metales a las lechugas, el autor cultivó en 2018 tres variedades en tierras que sacó de un campo agrícola ubicado junto al municipio de La Unión y de otros dos de la zona noreste de la Sierra Minera de Cartagena. "Se puede concluir que se están superando los límites recomendados en los tejidos foliares, por lo que podría existir un riesgo por ingesta continuada de las lechugas cultivadas con estos suelos", escribió el investigador Jacinto Martínez, autor de esta tesis doctoral, coordinada por Ángel Faz, director del Garsa.

Preguntado ahora por sus resultados de aquel estudio, publicado en 2022, Jacinto Martínez contesta que aquellos resultados "no son extrapolables" a lo que ocurre realmente en el campo, puesto que fue un análisis realizado en invernadero. Argumenta que en ese entorno las variables como la temperatura y la humedad "son más constantes y favorables, lo que facilita y magnifica la absorción" de los metales del suelo. "El objeto del estudio era, en condiciones extremas, ver la transferencia de estos elementos a las partes comestibles de las distintas variedades de lechugas, no hacer un diagnóstico de los suelos agrícolas de la zona, por lo que no son representativos", valora el investigador, a preguntas de este diario.

Por mucho que aquel estudio se desarrollase en un entorno controlado, otros análisis arrojan resultados similares. José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la UPCT y perito de Ecologistas en Acción en casos de contaminación de suelos, ha elaborado numerosos exámenes sobre transferencia de metales pesados a cultivos en el Campo de Cartagena, y ha encontrado lo mismo.

Entre 2019 y 2020 estudió un campo de lechugas ubicado junto a Los Belones (Cartagena), pegado a las antiguas minas de la sierra de Cartagena, y de las diez lechugas estudiadas, solo dos estaban en el límite legal de la Unión Europea para plomo. El resto lo superaba en varias veces, con una concentración máxima de 1,7 mg/kg, casi seis veces más de lo permitido.

Matías puntualiza que la culpa no es de los agricultores, sino de que el Gobierno de Murcia lleva medio siglo ignorando las consecuencias de tener centenares de depósitos mineros que no se han sellado correctamente. "Hoy quedan todavía en Murcia 1.994 concesiones mineras activas, pero la minería terminó a comienzos de 1990. La obligación de la Comunidad es dar caducidad a un yacimiento cuando lleva un año sin explotarse, y la propietaria tiene la obligación de devolver la zona a sus condiciones seguras para la salud y el medioambiente, pero ahí siguen, soltando lixiviados y polvo diariamente", valora el experto.

Tanto el estudio de Matías como el de Martínez se centran en las lechugas porque sus hojas son especialmente sensibles a la toxicidad de los metales pesados (plomo, zinc, cadmio y cobre), pero el resto de verduras, hierbajos y plantas que crecen en la región también sufren contaminación en mayor o menor medida, según el lugar y la especie vegetal.

La propia Guardia Civil tiene evidencias de que la vegetación de la zona está contaminada con metaloides. Un informe pericial del Seprona, al que ha accedido infoLibre, recoge unos análisis que realizó el instituto armado en abril de 2025 en una rambla de Llano del Beal (Cartagena). Por esa escorrentía pasan lixiviados –líquidos tóxicos que contienen metales pesados– que parten de una corta minera cercana (Los Blancos) y que se van esparciendo por fincas agrícolas hasta terminar cinco kilómetros después en el Mar Menor, un espacio protegido de la Red Natura 2000.

La Guardia Civil analizó hace un año la tierra y las plantas de esa rambla, expuestas al paso de esos lodos, y encontró valores estratosféricos de metales pesados. En este caso, no estudiaron verduras cultivadas allí, sino cuatro muestras de plantas silvestres (trébol, olivarda y alcaparra), con concentraciones de plomo entre 20 y 4.900 veces superiores a las permitidas para consumo humano. Esos análisis se realizaron en tierras pegadas a una finca agrícola, e incluso una de las muestras fue tomada dentro del terreno de cultivo. 

En ese informe, el instituto armado advierte de que los "metales pueden transferirse a los cultivos" y esto es especialmente preocupante porque "posteriormente son ingeridos por el ser humano, y lo que supone, por tanto, una exposición directa, con el consiguiente riesgo significativo para la salud humana".

La tesis doctoral que abordó en 2022 la transferencia de metaloides a lechugas fue coordinada por Ángel Faz, director del Garsa. Se trata precisamente del grupo especialista en suelos de la UPCT que ha elaborado los mapas de contaminación de suelos que la Consejería de Agricultura de Murcia, en manos del PP, mantiene en un cajón. infoLibre se hizo eco este fin de semana del contenido de esas cartografías, que forman parte de un estudio más profundo que el Gobierno autonómico primero dijo que no existía, y que después dijo que estaba incompleto. La Universidad insiste en que fue presentado ante la consejería en mayo de 2025, y el Gobierno autonómico tiene la obligación de publicarlo por haber sido financiado con dinero público.

Esta situación de incertidumbre ha provocado una ola de indignación entre las organizaciones ecologistas y vecinales. Como desconocen el riesgo que implica para la salud de los trabajadores del campo y de los consumidores, reclaman que "se establezca una moratoria al cultivo de tales tierras y sobre todo a la comercialización de sus productos" mientras no se sepa el alcance del problema. Al mismo tiempo, piden a la Consejería de Salud "un estudio analítico riguroso y con transparencia de los contenidos en metales de los productos agrícolas cultivados en la zona Arco Sur del Mar Menor".

Un investigador de la Universidad Politécnica de Cartagena ha destapado sin querer la existencia de un estudio que demuestra que la agricultura del Campo de Cartagena se asienta sobre terrenos altamente contaminados por metales pesados, entre ellos por plomo, un probable carcinógeno. El área abarca miles de campos de cultivo y además a decenas de miles de habitantes en Cartagena, La Unión y docenas de poblaciones de la zona.

El informe que certifica la presencia de estos contaminantes no ha salido todavía a la luz –el Gobierno de Murcia dijo primero que no existía, y ahora que está incompleto–, pero sí unos mapas que formarían parte de ese documento y que acreditan la presencia de cantidades peligrosas de plomo, zinc, cadmio y cobre en la tierra. infoLibre ha solicitado información a la Consejería de Agricultura de esta Comunidad, pero no ha recibido respuesta.

Esas cartografías que muestran el área contaminada, publicadas primero por RR Noticias y a las que ha tenido acceso infoLibre, son de escasa calidad, pero permiten ver el problema que sufre la región. Buena parte del suelo tiene, por cada kilo de tierra, concentraciones de más de 1.000 miligramos de plomo, más de 500 miligramos de zinc, más de 50 miligramos de cobre y más de 5 miligramos de cadmio. Estos metales han salido de los depósitos de antiguas minas de la sierra de Cartagena, y el aire y el agua los han dispersado por la cuenca durante décadas.

Todas estas cantidades superan por mucho los límites legales, fijados en el real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Para terrenos con un pH superior a 7, como es el caso de Murcia, el máximo legal de concentración de plomo es 100 mg/kg, diez veces menos que el mínimo registrado en la zona pintada de rojo. También se supera en varias veces el máximo permitido de zinc (200 mg/kg), de cobre (100 mg/kg) y de cadmio (1,5 mg/kg). El cadmio es considerado carcinógeno y es tóxico para el riñón, mientras que el plomo es un "probable carcinógeno", según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer.

Grupos de vecinos y ecologistas están muy preocupados por lo que esta revelación supone para la salud de toda la región, debido a que la tierra contaminada se respira, se toca y se ingiere. Un estudio sobre la incidencia de cáncer en la Región de Murcia con datos de 1996 a 2007 muestra una mayor prevalencia en el Campo de Cartagena en mesotelioma, en cáncer de próstata y en cáncer de tráquea, bronquios y pulmón.

Los mapas ahora descubiertos también destapan una posible crisis agrícola en la región –considerada una de las huertas de Europa– porque está demostrado que cuando se cultiva sobre una tierra con metales pesados, una parte del residuo acaba en las frutas y verduras. Estas organizaciones reclaman que el Gobierno regional, en manos del PP de Fernando López Miras, libere el estudio completo para valorar cuál es el nivel de riesgo real al que está expuesta la población. 

"Que se esconda el informe y no se aclare desde el minuto uno las analíticas que se hayan podido hacer antes y después de recibir el informe, no da tranquilidad. Más bien alimenta las sospechas de que el problema es más gordo de lo que se quiere admitir", afirma Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción de Murcia. Si una concentración de plomo de 1.000 miligramos por kilo ya es extremadamente grave, las organizaciones temen que en algunos puntos la contaminación pueda ser incluso varias veces superior a esa cifra, puesto que el mapa no ofrece una paleta de color superior a 1.000 mg/kg.

Activistas y vecinos denuncian también que la Región ha tapado el informe porque confabula con la industria agrícola murciana, que se juega cientos de millones de euros ante una eventual paralización del sector por metales pesados. La agricultura en esta Comunidad tiene un peso directo e indirecto sobre el 11% del PIB regional y sobre el 14% de todo el empleo, según la consultora PwC.

El experto en suelos José Matías, doctor en Medioambiente y Minería Sostenible por la Universidad Politécnica de Cartagena, colabora en el caso con Ecologistas, y reclama que se tomen medidas ya para evitar un daño aún mayor. "Desde el punto de vista científico, los niveles encontrados son alarmantes y exigen actuaciones inmediatas", opina Matías. "La ley 7/2022 obliga a que en esas tierras no se puede cultivar, pero es que además todos los trabajadores de esa zona, muchos inmigrantes indocumentados, están en permanente riesgo de toxicidad", añade el experto.

El escándalo salió a la luz hace una semana, cuando se publicó en la prensa la existencia de esos mapas de metales pesados, pero la historia viene de lejos. La consejera de Agricultura de la Región, Sara Rubira, dio en noviembre de 2023 una subvención de 293.035 euros a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para elaborar un Diagnóstico de la calidad de los suelos agrícolas del campo de Cartagena: uso y manejo sostenible para su conservación y pautas para su recuperación, un estudio que pretendía conocer el estado de la tierra de una zona que se sabe de sobra que está contaminada.

El Gobierno autonómico justificó el trabajo porque era importante para "ayudar a la posterior toma de decisiones en el avance de la protección del entorno y de la prevención de la contaminación debida a las actividades agrarias". Sin embargo, la consejería no volvió a dar cuenta de ese estudio.

El coordinador de aquel informe, Ángel Faz, responsable del Grupo de Investigación Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y Aguas (Garsa) de la UPCT, fue contratado junto a su equipo por Tragsa para elaborar en 2025 un análisis del depósito minero El Lirio (Cartagena), que se demostró que había sido sellado por esta compañía pública con tierras contaminadas. En ese segundo informe, el grupo de investigadores de la UPCT se citó a sí mismo incorporando los mapas de contaminación de la región que había elaborado previamente para la Consejería de Agricultura, argumentando que toda la cuenca minera sufría un grave problema de metales pesados, no solo la zona trabajada por Tragsa.

Como el caso de El Lirio estaba siendo investigado por el Juzgado nº1 de Cartagena, diferentes personas tuvieron acceso a esas cartografías, levantando la liebre sobre el informe tapado por el Gobierno de Murcia. Ecologistas en Acción, denunciante del caso de El Lirio, pidió el pasado octubre a la Consejería de Agricultura su desclasificación, pero esta contestó que el estudio no se había entregado y que iba a exigir la devolución de los 293.000 euros a la UPCT. Sin embargo, la semana pasada la universidad confirmó su existencia y que fue entregado en mayo de 2025 al Gobierno autonómico, y la Consejería ha cambiado ahora su versión y dice que "no se ajusta, por ahora, a algunos aspectos, características, metodología o plazos que reflejaba la memoria", dando 15 días a los investigadores de la UPCT para resolver el supuesto problema.

Las versiones contradictorias de la consejera Rubira han aumentado todavía más sospechas sobre lo que habría en ese informe, y Podemos y Ecologistas en Acción han presentado dos denuncias por la ocultación del documento. "Aquí hay un grave problema que puede afectar a nuestra seguridad alimentaria, a la seguridad de los trabajadores del campo y a la salud pública", dijo la semana pasada la diputada morada en la Asamblea Regional, María Marín.

Además de que este estudio es relevante para la ciudadanía y los agricultores que trabajan en la zona, su publicación es obligatoria según el artículo 37 de la Ley de Ciencia Abierta. Según esa norma, todas las investigaciones financiadas con dinero público que se traduzcan en una publicación científica tienen que ser accesibles para todo el mundo "de forma simultánea a la fecha de publicación".

No es la primera vez que la Consejería de Agricultura oculta la existencia de un informe de caracterización de suelos que puede comprometer a la agroindustria murciana. En 2020, la misma consejería contrató a IDOM Consulting un análisis de suelos contaminados por metales pesados y la elaboración de un mapa de riesgo, pero no solo para el Campo de Cartagena, sino de toda la Región de Murcia. El presupuesto de ese proyecto fue de 251.165,75 euros.

En teoría se dieron diez meses para su elaboración, pero nada más se ha vuelto a saber de él. Ecologistas en Acción también presentó múltiples solicitudes formales de acceso a esa documentación, que han sido ignoradas. En este caso, el informe fue además financiado con fondos europeos Feder en un 80%, lo que ha permitido al grupo ecologista denunciar el caso ante la Fiscalía Europea.

Por ahora no está claro qué podría suponer jurídicamente la publicación de este estudio para la agricultura murciana porque no se conoce el informe completo, pero lo que se deduce con los mapas conocidos es que se superan por mucho los límites máximos de metales pesados del real decreto de nutrición sostenible en suelos agrícolas. Cuando esto ocurre, la normativa recoge que se debe prohibir el empleo de fertilizantes con alto contenido en metales pesados y que el agricultor –en este caso cientos de ellos– debe implantar un protocolo de vigilancia, aunque no hay constancia de que haya ocurrido.

Un paso más allá es la declaración del suelo como contaminado, lo que prohibiría toda actividad agraria. La Ley de declaración de suelos contaminados de 2005 solo contempla la declaración inmediata de un suelo como contaminado cuando se supera en cien veces los niveles genéricos de referencia establecidos para una sustancia, pero en este caso no se llega a esas cantidades. La alternativa, según esa ley, es que la comunidad autónoma realice en la zona un análisis de valoración de riesgos para la salud y el medioambiente, pero solo si se superan los niveles genéricos de referencia para una sustancia de riesgo.

El problema es que la normativa estatal de 2005 no incluye valores de referencia para los cuatro metales analizados en este caso, sino que se emplaza a las comunidades autónomas a que establezcan sus propios niveles máximos a partir de las particularidades geológicas de cada región.

El Gobierno de Murcia inició hace un año la tramitación para aprobar los niveles genéricos de referencia para estos metales, pero todavía no están aprobados en sede parlamentaria. En todo caso, el borrador de ese proyecto demuestra que los valores se superarían en todos los casos: plomo (115 mg/kg), cobre (225 mg/kg), zinc (705 mg/kg) y cadmio (4 mg/kg).

Una vez que entren en vigor esos valores máximos, se deberían comparar con los resultados del informe de la UPCT e iniciar por tanto un estudio de valoración de riesgos en el Campo de Cartagena. A continuación, según la ley de 2005, si se demuestra que hay riesgo para la salud humana, el suelo se debe declarar "contaminado". Otro real decreto, el 9/2005, subraya que un suelo contaminado no es apto para producción agrícola.

La Cumbre de Impacto IA 2026 concluyó este sábado en Nueva Delhi con la firma de la "Declaración de Delhi", el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial, con el respaldo de 88 países, tras haber pospuesto su clausura una jornada por los desacuerdos en su redacción, según recoge EFE.

"La llegada de la IA marca un punto de inflexión en la trayectoria de la evolución tecnológica. Las decisiones que tomemos hoy moldearán el mundo impulsado por la IA que heredarán las generaciones futuras", subraya el texto oficial publicado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India.

El documento, que suma a potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, busca establecer un marco ético global ante una tecnología que, según los líderes de Silicon Valley presentes en la cita, podría alcanzar la "superinteligencia" en apenas 24 meses.

El desbloqueo del acuerdo, que recuperó a 12 países que se resistían a firmar el viernes, fue posible gracias a que el texto final especificó que las directrices son "voluntarias y no vinculantes".

Esta cláusula permitió salvar la postura de Estados Unidos, que se mantuvo a contracorriente de la voluntad general de líderes como Narendra Modi, Emmanuel Macron o Lula da Silva, quienes abogaron por democratizar la herramienta para evitar aristas autocráticas o riesgos existenciales para la sociedad.

El jefe de la delegación estadounidense, Michael Kratsios, había tachado inicialmente la regulación de "cosmética" y defendió que la autonomía estratégica nace de poseer la tecnología y no de limitarla.

Entre los puntos, destaca la creación de un "almacén global" de seguridad (Trusted AI Commons) donde los países compartirán sus manuales para frenar errores de la IA antes de que sean peligrosos, además de la firma de una "carta de democratización" para que los países pobres puedan comprar chips a precios justos y no se queden fuera de la carrera tecnológica.

El acuerdo también prioriza el uso de la IA en sectores críticos como la medicina y la agricultura mediante modelos de acceso abierto, y sella un plan de contingencia laboral ante el impacto de la automatización masiva previsto para el próximo lustro.

Durante la cumbre, Sam Altman (OpenAI) urgió a descentralizar el desarrollo tecnológico para evitar la emergencia de "regímenes totalitarios" ante la llegada de la superinteligencia, mientras Demis Hassabis (DeepMind) vaticinó la culminación de la inteligencia artificial general para 2031.

La cita, que ha movilizado inversiones por 300.000 millones de dólares y ha colapsado Nueva Delhi durante cinco días, concluye como el primer gran esfuerzo internacional por someter a la razón humana una ventana al futuro que el mundo espera poder controlar.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detectado otro nuevo caso de peste porcina africana (PPA) en un jabalí hallado en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), fuera de la zona cero de 6 kilómetros alrededor del primer caso.

En una rueda de prensa, el conseller catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha informado de que la detección del nuevo caso obliga a ampliar a 16 los municipios en la zona considerada de alto riesgo, con la inclusión de Sant Feliu de Llobregat y de una pequeña parte de Barcelona.

El brote de Peste Porcina Africana (PPA), que comenzó a finales de noviembre en el término municipal de Cerdanyola de Vallès (comarca del Vallès Occidental), solo se había detectado en jabalíes del radio de 6 km hasta el pasado 13 de febrero. Fue entonces cuando el Ministerio de Agricultura comunicó los dos primeros casos fuera de esta zona: dos cadáveres de jabalí hallados en una urbanización de Molins de Rei, en la comarca del Baix Llobregat.

En la nueva actualización del Ministerio de Agricultura de este martes figuran 7 nuevos casos, de los cuales uno fuera de la zona cero, en concreto en Sant Feliu de Llobregat.

Si bien Ordeig ha admitido que no querían encontrar jabalíes contagiados fuera de los 6 km del radio, ha señalado que la "buena noticia" es que sigue estando dentro del perímetro de bajo riesgo establecido en los 20 km del primer foco y que "no hay ninguna granja afectada" por al PPA. Ordeig ha dicho que seguirán con la misma estrategia de control del virus pero que entrarán en "una nueva fase" que consistirá en la reducción "drástica y urgente" de jabalíes en el perímetro de los 20 km.

Con este nuevo caso, ascienden a 31 los focos notificados hasta la fecha, que incluyen un total de 162 jabalíes positivos en siete municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat.

El virus se mantiene dentro de la zona vallada perimetralmente para evitar la diseminación de la enfermedad hacia el exterior, y en el caso particular del municipio de Sant Feliu de Llobregat consiste en un doble vallado instalado siguiendo el recorrido de la autopista A2 y de la línea del AVE. Además, se han analizado otros 1.112 casos que han resultado negativos, de los cuales 661 corresponden a animales capturados y 451 se han investigado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros o restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada y sus alrededores.

Por otro lado, se está trabajando con la Comisión Europea para establecer un nuevo sistema de zonificación que será sometido a votación en el próximo Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentación y Piensos el 19 y 20 de febrero en Bruselas.

Esto permitirá el comienzo de los movimientos de cerdos domésticos y jabalíes y de sus productos desde estas zonas, cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad y vigilancia que garanticen su completa seguridad de acuerdo con lo estipulado en la normativa comunitaria.

Por lo demás, siguen las labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y actividades para la reducción de su población en la zona infectada.

También se continúa trabajando en las medidas de aislamiento y priorizando el control de corredores de uso de jabalíes, que se van adaptando a la evolución de la situación epidemiológica.

Los vallados instalados se han establecido para cubrir más de 180 puntos de paso y en los que se han instalado otros tipos de barreras para evitar que los jabalíes entren o salgan de la zona, permitiendo el paso de vehículos y personas.

En cuanto a las actuaciones en granjas y otros establecimientos de porcino, los Servicios Veterinarios Oficiales mantienen sus controles en las 57 explotaciones localizadas en la zona infectada, sin haberse detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas.

Por tanto, se mantiene un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de España, ha detallado el ministerio.

El pasado 28 de noviembre de 2025 se confirmó la detección de un brote de peste porcina africana en Cataluña, lo que supuso la primera notificación del virus en España desde noviembre de 1994. Como consecuencia, España ha perdido temporalmente el estatus de país libre de la enfermedad que mantenía desde hace treinta años.

Acaba de publicarse el informe inicial sobre los pormenores del brote, realizado por el Comité Científico Asesor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En él se analizan las posibles causas de la entrada del virus, su evolución y las medidas a adoptar para su contención.

Dicho informe es preliminar y no permite conocer con certeza el origen del patógeno, pero sí documenta la caracterización molecular y sugiere algunas conclusiones que permiten responder a preguntas tan interesantes como si el virus de la peste porcina africana (VPPA) detectado en noviembre se originó por una liberación accidental desde un centro de investigación.

En el informe se describe la caracterización genética del virus detectado en jabalíes en Cataluña en noviembre 2025. Como su genoma es de gran tamaño (alrededor de 170 genes) y presenta una alta homogeneidad, se aplicó el esquema de caracterización de la Unión Europea. Este consiste en un análisis escalonado (distintos niveles) que permite aumentar progresivamente la resolución genética para responder a preguntas epidemiológicas complejas.

La primera pregunta es a qué genotipo corresponde el virus (nivel 1). La clasificación global se basa en el análisis parcial de un gen concreto: el B646L, que codifica para la proteína p72. Con esta técnica se han descrito hasta 24 genotipos distintos del VPPA.

Pues bien, el virus que ha llegado a España fue clasificado dentro del genotipo II, el mismo que lleva años circulando por Europa desde que salió de Georgia en 2007. Esto no sorprendió a los investigadores porque es el único presente en la actualidad en el continente. Pero ese dato no es suficiente para dilucidar si procede de Italia, Europa del Este o de otro lugar. Es como saber que alguien pertenece a una familia muy grande, pero ignorar exactamente de qué rama familiar es.

Para afinar más, se realizó un segundo análisis de seis pequeñas regiones genéticas distintas (nivel 2) buscando pequeñas diferencias (mutaciones). Esto permite distinguir hasta 28 subgrupos dentro del genotipo II. El virus español tenía casi el mismo perfil que la cepa de referencia Georgia 2007/1 salvo por una pequeña mutación nunca antes descrita en la región intergénica 9R/10R. Por eso, el aislamiento español corresponde a un nuevo subgrupo genético del genotipo II: el grupo 29.

Para alcanzar la máxima resolución genética, el siguiente paso (nivel 3) supone ya la secuenciación completa del genoma del virus, como si se leyera el libro completo y no solo algunos capítulos. Al compararlo con la cepa de referencia, el genoma del virus español era más corto, presentaba una gran deleción (de unos 10 000 nucleótidos, las “letras” del código genético) en la región izquierda del genoma, entre las posiciones 10 264–20 087.

En otras palabras, el genoma del virus español ha perdido un fragmento grande de su ADN que implica la supresión de al menos 21 genes. Esos genes no son imprescindibles para que el virus se multiplique, pero sí podrían influir en cómo interactúa con el sistema inmune y en su comportamiento biológico.

Además, se identificaron 18 mutaciones puntuales o SNP (siglas de Single Nucleotide Polymorphism) y 13 inserciones y deleciones cortas distribuidas a lo largo de todo el genoma. Esto sugiere que este virus presenta una firma genómica propia y es una variante genéticamente diferenciada del resto de VPPA conocidos hasta ahora.

Por último, se comparó la secuencia del genoma del virus español con 81 muestras (12 aislados virales históricos de las cepas Georgia 2007 y Armenia 2007 y 69 muestras clínicas procedentes de infecciones experimentales) del laboratorio de investigación IRTA-CREsA, cercano al lugar donde se detectó el brote de la enfermedad en jabalíes en noviembre de 2025.

Los análisis realizados por organismos independientes y mediante metodologías complementarias demostraron que ninguna de las muestras analizadas presentaba la gran deleción de unos 10.000 nucleótidos observada en el virus de campo. Además, tampoco compartían el conjunto de mutaciones distintivas del aislado español.

En todas las muestras, las secuencias obtenidas eran iguales a las cepas de referencia (Georgia 2007 o Armenia 2007) y no presentaban evidencia de haber adquirido ninguna de las deleciones o mutaciones encontradas en la firma genómica del virus detectado en Cataluña en noviembre de 2025.

Según el informe, estos resultados demuestran que el virus causante del brote de peste porcina africana en Cataluña es genéticamente diferente de los virus en el laboratorio del IRTA-CREsA y, por tanto, no se originó por una liberación accidental desde el centro de investigación.

Hasta 2025 se ha notificado la presencia del VPPA en 25 países europeos y solo Bélgica y Suecia han conseguido erradicar el virus de su territorio. Uno de los mayores problemas que existe para los estudios epidemiológicos es que en muchos países del continente no constan datos de la caracterización genética del VPPA, lo que limita mucho la interpretación de su distribución real.

Por ejemplo, en países como Hungría, Serbia, Ucrania, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Lituania o Polonia no hay datos relevantes o son muy limitados de la circulación, dispersión y caracterización el VPPA. Por tanto, el patógeno aislado en Cataluña en noviembre de 2025 podría ser realmente nuevo… o podría existir en algún país donde no se hayan secuenciado suficientes virus.

En pocas palabras: no se sabe. Aunque en el informe se discuten varias posibilidades (introducción deliberada del virus desde focos activos europeos o que fuera transportado por actividades humanas), la hipótesis más probable sigue siendo la llegada accidental mediante residuos o restos de alimentos contaminados, la llamada “hipótesis del bocadillo”. El virus es muy resistente en materia orgánica y a bajas temperaturas, y así ha entrado en Europa en otras ocasiones.

El informe es preliminar y demuestra que es necesario continuar con la vigilancia epidemiológica, la caracterización molecular y la gestión integrada de la fauna silvestre para proteger las explotaciones porcinas y minimizar el impacto sanitario y socioeconómico.

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Ignacio López-Goñi es catedrático de microbiología y miembro de la Sociedad Española de Microbiología (SEM) de la Universidad de Navarra. Esta artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

El cambio climático obliga a cada vez más agricultores y ganaderos en España a asegurar sus fincas frente a la sequía, las inundaciones o el pedrisco, de manera que las subvenciones autonómicas y estatales para contratar estas pólizas cobran cada vez más importancia. Sin embargo, algunas autonomías apenas dedican presupuesto a esta partida, de manera que los profesionales tienen que poner más de su bolsillo.

En los últimos cinco años, tanto el Ministerio de Agricultura como las comunidades autónomas han incrementado alrededor del 50% su ayuda al sector primario en esta partida, aunque con enormes diferencias. País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias son de lejos las que menos apoyo dan, según los datos de 2025 de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), a los que ha accedido infoLibre.

Como explica Javier Alejandre, responsable de Seguros de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), no depende tanto del color político como de la tradición de cada región. De ese top cuatro, una está gobernada por el PNV, una por el PP y dos por el PSOE, mientras que Vox estuvo al mando en Castilla y León de la Consejería de Agricultura entre 2022 y 2024. Alejandre también advierte de que este maltrato por territorios crea desequilibrios. "Un ejemplo muy visual son dos fincas contiguas, una en Alicante y otra en Murcia. La primera recibe una subvención enorme y la segunda, minúscula", afirma.

Murcia ha dado históricamente ayudas raquíticas para la contratación de pólizas agrarias, pese a que la región es conocida como la huerta de Europa y es además una de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales y el granizo. En todo caso, en 2025 hubo varias comunidades con un desempeño todavía peor, empezando por el País Vasco. La Consejería de Agricultura de esta región es, año tras año, la que menos subvenciona la protección del sector primario en términos absolutos y relativos. El año pasado destinó menos de 400.000 euros a subvencionar los seguros agrarios. Y del 100% de la ayuda que finalmente se dio, el Gobierno vasco solo puso el 12,8%, mientras que el Ministerio de Agricultura soportó el 87,2%.

De media, el Gobierno central, a través del ministerio de Luis Planas, cubre cada año el 36% de lo que cuesta contratar una línea de seguro agrario, y se espera que las comunidades aporten el porcentaje restante para alcanzar juntos el 50%, de manera que el profesional solo tenga que pagar la otra mitad. Sin embargo, las consejerías de muchas comunidades aprovechan que no hay pactada ninguna aportación fija para ahorrar en esta partida.

Entre las peores de 2025, a País Vasco la siguió Castilla-La Mancha, que dejó que el ministerio cubriese el 82% de la subvención y la Comunidad solo aportó 18%. A continuación se situaron Castilla y León (19,6%) y Asturias (21,8%). Estas cuatro autonomías, junto con Murcia, llevan desde la década pasada siendo las que menos aportan.

"No todas las comunidades contribuyen igual, y eso es una de las medidas que acordamos con el ministerio en 2024", se queja Javier Alejandre. "El Gobierno ha tenido un compromiso fuerte para incrementar su aportación, pero queremos que las comunidades se pongan de acuerdo para que no haya diferencias entre unas y otras", afirma este agricultor de cereal. Su objetivo final, añade, es que entre unos y otros subvencionen el 70% de las pólizas, el máximo legal en la Unión Europea.

Hay que destacar que esta clasificación es relativa. Castilla-La Mancha, por ejemplo, es una de las que más gastan de toda España en subvencionar el aseguramiento, pero como tiene tantas hectáreas protegidas, las ayudas se reparten entre muchas manos y tocan a menos por agricultor. Lo contrario ocurre con Madrid que, siendo una de las que menos ayudas da en términos absolutos, es relativamente la segunda mejor situada del país: costea casi la mitad de la subvención que reciben los profesionales por asegurar sus tierras y animales.

Andalucía y Aragón, dos comunidades agrarias importantes, se sitúan en el rango medio de apoyo, pero ponen dos impedimentos relevantes a su sector primario. Son las únicas que el año pasado entregaron las ayudas a posteriori y el agricultor tuvo que adelantar el dinero, desincentivando la contratación de las pólizas. En el resto de autonomías, la partida del ministerio y de las comunidades autónomas se entrega directamente a Agroseguro –la sociedad que comercializa todas las pólizas agrícolas–, de manera que al profesional se le descuenta la subvención en el momento de contratarla.

El apoyo a la contratación de seguros es cada vez más importante para las cuentas del sector primario, según los datos de Enesa, debido al impacto del cambio climático y al encarecimiento de las pólizas. Entre 2020 y 2024, la superficie agrícola protegida no varió (6,15 millones de hectáreas), pero el valor total asegurado anualmente subió con fuerza de 15.260 millones de euros a 18.174, y en consecuencia crecieron un 28% las primas pagadas por agricultores y ganaderos, hasta los 1.020 millones anuales. En la ganadería, la contratación es cada vez más relevante y ya hay más de 440 millones de cabezas aseguradas, frente a 328 millones en 2020.

El sistema de seguros agrarios español ha sido tradicionalmente un referente internacional, pero en los últimos años el cambio climático ha puesto patas arriba el sector. La sequía y el pedrisco de 2023 dejaron daños nunca vistos y las subvenciones ascendieron a 1.241 millones de euros, obligando al Ministerio de Agricultura, a las comunidades autónomas, a Agroseguro y al Consorcio de Compensación de Seguros a aportar cientos de millones extra para evitar la quiebra. "Dos o tres años más como 2023 y el sistema de seguros se habría venido abajo", confiesa Javier Alejandre. Los dos siguientes años fueron más tranquilos, pero 2025 registró las segundas indemnizaciones agrícolas más grandes del histórico.

Las organizaciones agrarias, ante esta situación, llevan tres años reclamando sacar los daños del cambio climático de sus contratos, y que los cubra directamente el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, para que las inclemencias no repercutan en el coste de sus pólizas.

Para el año 2026, no se conocen aún las partidas autonómicas para subvencionar los seguros, pero sí la del Ministerio de Agricultura, que será de 315 millones de euros, la misma que había originalmente en 2025. Sin embargo, como ocurre en cada temporada, el año pasado se terminó incrementando la aportación en los meses siguientes –en este caso, hasta los 331,13 millones de euros– a medida que los daños superaron el cálculo original.

2026 ha comenzado con episodios muy fuertes de lluvias que ya dejan, según Agroseguro, unos daños de unos 35 millones de euros, principalmente en Andalucía, donde se estima que habrá que compensar unos 20 millones en pérdidas. "Es una cifra muy elevada. En poco más de un mes, la región ya alcanza un tercio del total abonado en todo el pasado año", valoran desde la agrupación de aseguradoras. La buena noticia es que el estado de los embalses aleja la posibilidad de sufrir sequías en los próximos meses.

Unos 2.500 agricultores y 367 tractores protestan este miércoles desde la Plaza de Colón de Madrid en la convocatoria de Unión de Uniones y de Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) para mostrar su rechazo contra el acuerdo entre la UE y Mercosur y los recortes de la Política Agrícola Común (PAC), según informa EFE.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Madrid han detallado que, a las 11.00 horas, las cinco columnas de la tractorada habían pasado a la demarcación de la Policía Nacional con un total de 367 tractores.

Así, por la ruta sur han entrado 82 tractores, 73 desde Castilla-La Mancha, 100 desde Castilla y León, 56 por el norte y 37 por el Levante.

La protesta, que tendrá réplicas en diferentes puntos de España, ha conseguido reunir a 1.500 manifestantes en Madrid, de acuerdo a los datos oficiales de la Delegación del Gobierno.

Prevé recorrer el eje Recoletos-Prado hasta llegar a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Atocha, donde los convocantes leerán varios comunicados con sus reivindicaciones.

Entre ellas, rechazan los términos en los que se ha firmado el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur, denuncian el problema del relevo generacional y se oponen también al recorte de fondos previstos para la próxima PAC.

Unión de Uniones ya organizó hace dos años una tractorada similar en el centro de la capital española y la acción de este miércoles se suma a las que está protagonizando el sector desde principios de año en distintos puntos del país, organizadas por las distintas organizaciones agrarias.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha reiterado este miércoles que el acuerdo comercial con el Mercosur "no es un buen acuerdo" porque se compite sin igualdad y de forma desleal, además, ha criticado que los partidos políticos "lo están permitiendo".

"Nos jugamos mucho (...) y ¡ojito!, hago un llamamiento a los consumidores. Hoy sabemos que si compramos un filete, ese filete es sano, se puede comer. A partir del año que viene, si se firma este acuerdo, ese filete de ternera podrá estar hormonado", ha alertado.

Cortés expresado también su rechazo a las cláusulas de salvaguardas aprobadas este martes por el Parlamento Europeo y ha puesto el ejemplo de otras que ya están en vigor y que, a su juicio, no se cumplen, como el caso del arroz.

Ha aprovechado para recordar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el incumplimiento del acuerdo firmado con la organización.

Para el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, el acuerdo de Mercosur es la "puntilla" que va a acabar con el sector primario y que, a parte de afectar al campo, también tendrá un impacto en los ciudadanos: "Les va a afectar directamente", ha avisado.

Con esta concentración, el campo busca "concienciar" y dar "un grito alto" a todos los ciudadanos que pasarán "a consumir productos de peor calidad", ha advertido, debido a una "pérdida" de soberanía alimentaria y de "libertad" a la hora de elegir productos.

En la misma línea que Cortés, el presidente de Unaspi ha rechazado las cláusulas de salvaguarda porque "no se van a cumplir" y supondrán "una ruina total" para sectores como los cítricos y otros como el vitivinícola y el aceite.

"Hoy es un día importante, la gente está respondiendo adecuadamente", ha celebrado, a la vez que ha adelantado que su idea es "seguir presionando" para defender el medio rural, el sector primario y "que los ciudadanos puedan comer alimentos de calidad".

La Comisión Europea inició en 2025 un proceso desregulatorio masivo en todas las áreas sobre las que tiene competencia, desde la banca a la seguridad en internet, pasando por el medioambiente o la defensa. Uno de los objetivos de Bruselas fueron los pesticidas, un sector con importantes intereses tanto de la industria química como de la agricultura. Un grupo especializado en salud y fitosanitarios ha estudiado la propuesta de la Comisión y ha revelado que, si sale adelante, medio centenar de pesticidas van a quedar exentos de controles rutinarios, y muchos de ellos son tóxicos o incluso cancerígenos, según denuncian.

Générations Futures, un grupo activista francés especializado en químicos y agricultura, ha analizado el plan de desregulación para este sector, presentado a mediados de diciembre por los funcionarios europeos, y los expertos estiman que 49 sustancias quedarían fuera del estricto sistema actual que vigila los impactos de los pesticidas en la salud. Algunos de ellos son muy conocidos en el mundo agrícola por su mala reputación, como el glifosato o el acetamiprid.

Hasta ahora, todas las sustancias activas (421) aprobadas por la Unión Europea y que son la base para la fabricación de pesticidas, deben someterse a un examen nuevo cada 10 o 15 años para garantizar que siguen siendo seguras, con estudios que incorporan la literatura más moderna para que sean cada vez más estrictos. Pero con el argumento de ahorrar costes y eliminar burocracia, se pretende suavizar los controles para que decenas de ellas solo tengan que ser analizadas una vez, y puedan usarse durante décadas, denuncia Pauline Cervan, toxicóloga de Générations Futures.

"Lo que necesitamos son más recursos humanos y financieros para evaluar los expedientes y reducir los retrasos en las evaluaciones. De las 49 sustancias, casi todas son consideradas dañinas para la salud o el medioambiente", asegura Cervan a infoLibre. Según añade, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la encargada de regular los fertilizantes, también ha pedido incrementar los medios para mejorar y acelerar los controles, pero la Comisión ha optado por reducirlos.

Según la documentación revisada por este grupo, la Comisión Europea justifica la propuesta en que ahorrará costes, aunque las cifras son irrisorias según Générations Futures. La estimación de Bruselas es que la desregulación ahorrará 16,84 millones de euros de un presupuesto milmillonario. Liberar de controles al glifosato ahorraría 605.500 euros y hacerlo con el acetamiprid, 176.100 euros.

El texto de la Comisión forma parte de un paquete ómnibus agrícola más grande que modifica también los niveles máximos de residuos en los alimentos o los organismos genéticamente modificados. Ahora debe negociarse con el Parlamento Europeo y con el Consejo Europeo, un proceso que puede demorarse meses.

Los activistas denuncian que las sustancias que estarán libres de reanálisis suponen un peligro para la salud y la naturaleza. Algunas de ellas son un riesgo para los agricultores o jardineros que las manipulan, o incluso para los consumidores porque se conservan en el alimento hasta que llega a la mesa. Otras pueden matar a las abejas –polinizadoras imprescindibles– o a peces y otros animales que viven en el ecosistema, o afectar a su reproducción o comportamiento. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) considera el glifosato –el herbicida más utilizado en Europa– como probable carcinógeno, mientras que el acetamiprid es muy tóxico para las abejas y neurotóxico en humanos.

En la lista elaborada por la organización francesa también hay sustancias etiquetadas como CMR (carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción), como el captan, el folpet, el forclorfenurón, la abamectina y la flumioxacina. Algunos de estos fitosanitarios además contienen PFAS –aditivos químicos que incluyen enlaces de carbono y flúor– que los convierten en sustancias extremadamente persistentes en la naturaleza, multiplicando su daño.

"Este análisis revela las consecuencias reales de los planes de la Comisión", opina también Salomé Roynel, portavoz de Pesticides Action Network, otra organización que lucha contra el abuso de los pesticidas en Europa. "Los plaguicidas sospechosos de causar cáncer, relacionados con la neurotoxicidad o que contienen PFAS, obtendrían una autorización ilimitada. Esto es inaceptable y socava la protección de la salud humana y el medioambiente", subraya.

La regulación que ahora se pretende desmantelar ha servido durante más de una década para retirar del mercado químicos que en un comienzo se creían inofensivos, pero que se terminaron descubriendo tóxicos con los avances en investigación. Según Pauline Cervan, desde 2013 y gracias al proceso de renovación obligatorio, se han prohibido 31 sustancias tóxicas que servían de base para fitosanitarios, entre ellas el clorpirifos (neurotóxico) y el clorotalonil (carcinógeno).

La regulación actual, añaden los críticos, tampoco es perfecta, ya que muchas sustancias sospechosas de ser peligrosas siguen en el mercado porque no hay un sustituto para la sustancia o porque la industria química financia estudios de parte para presionar a la Comisión a prorrogar su uso, como se ha denunciado en el caso del glifosato.

El estudio de los activistas franceses estima que 49 sustancias se blindarán frente a las renovaciones, pero la cifra es una aproximación realizada por los toxicólogos. La Comisión no ha dado por ahora detalles sobre cómo funcionará el nuevo proceso ni sobre qué sustancias se librarán de él. Bruselas solo ha proporcionado una lista inicial de 17 que podrán eximirse, entre ellas el glifosato y el acetamiprid.

Esta falta de transparencia es precisamente otra de las quejas de los activistas. La propuesta de desregulación es ambigua y deja la puerta abierta a que los fabricantes de pesticidas presionen para que más sustancias activas queden blindadas frente a estos controles porque se puede hacer una interpretación laxa de la normativa. En concreto, una de las condiciones que obligará a reevaluar sustancias ahora permitidas será que durante su último estudio tengan "incertidumbres relevantes durante el proceso de análisis de riesgos".

"El concepto de incertidumbre es especialmente impreciso y susceptible de todo tipo de interpretaciones, sobre todo porque no utiliza la nomenclatura con la que la EFSA clasifica la información contenida en sus evaluaciones de riesgo", se quejan los expertos. "Esto abre la puerta a evaluaciones arbitrarias influenciadas por factores políticos, muy alejadas de cualquier lógica científica".

La crisis de vivienda es uno de los mayores problemas que atraviesa el país. Lo demuestra la subida imparable de los precios del alquiler, la cada vez más frecuente presencia de los apartamentos turísticos en las ciudades y los desahucios que no cesan –y que parece que van a ir a más–. La ciudadanía reclamó al Gobierno una respuesta y, con una presión que cada vez se volvía más asfixiante, el Ministerio de Vivienda tomó cartas en el asunto y presentó una de las medidas estrellas de la legislatura: el Plan Estatal de Vivienda. 

En esta hoja de ruta diseñada por el ministerio que dirige Isabel Rodríguez hay varias medidas destinadas a aliviar la presión que sufren las ciudades, protagonistas indiscutibles de la crisis. Aún así, el documento también recoge varios puntos enfocados en ayudar a poblaciones que, aunque pasan más desapercibidas, también se ven afectadas por la presión del problema de la vivienda.

Entre esas otras directrices destaca una orientada hacia los pueblos, casi siempre olvidados por la Administración. El Ministerio de Vivienda pondrá en marcha ayudas de hasta 15.000 euros para aquellos jóvenes que quieran comprar o rehabilitar una casa en zonas rurales. Esta medida no es nueva y ya en el anterior plan de vivienda estaban presentes, aunque su cuantía era menor, con una cifra de tan solo 10.800 euros. 

En esta nueva edición, el plan también aumenta la cantidad de poblaciones que pueden beneficiarse, elevando la cifra de habitantes máxima hasta 20.000. Matan dos pájaros de un tiro: consiguen viviendas para los jóvenes y evitan que se expanda aún más la despoblación en la España Vaciada. La idea está clara pero, realmente ¿puede funcionar?

Los 15.000 euros que promete el Plan de Vivienda del Ministerio de Vivienda se quedan en nada comparado con las necesidades que requiere una vivienda rural. Por ejemplo, según un informe de la OCDE sobre la vivienda en Castilla y León, un tercio de los edificios u hogares en la comunidad estaban construidos antes de 1961 y más de la mitad antes de 1981. Es decir, la gran mayoría de las casas son antiguas y necesitan una rehabilitación profunda, algo que el propio documento descarta. ¿El motivo? No merece la pena por la falta de servicios e infraestructuras. 

Los precios de compra en la Comunidad de Madrid y Cataluña suben hasta niveles desorbitados. En el resto de regiones el panorama es menos extremo, aunque los precios también crecen. Según datos recogidos por el portal inmobiliario Idealista, el precio de venta medio de comunidades autónomas como Aragón o Castilla y León, es de 1.609 €/m2  y 1.296 €/m2, respectivamente. En Castilla-La Mancha, una de las más baratas, el precio se sitúa en 1.041 €/m2. 

En Madrid y Cataluña la cosa cambia, con un precio medio de venta por metro cuadrado de 4.562 €/m2 y 2.773 €/m2, respectivamente. Siguiendo estos datos, la tentación por huir de ambas tendría que estar clara y, sin embargo, los datos de despoblación muestran una realidad diferente. En los municipios de menos de 30.000 habitantes hay una densidad media de tan solo 17,8 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra muy cercana (aunque superior) a la que la Unión Europea identifica como riesgo de despoblación, según datos recogidos por El País.

Hay muchos motivos que explican esta paradoja. La falta de un transporte público eficiente es uno de los ejes principales que atraviesan este problema, con un servicio escaso o directamente nulo. “Vivir en un pueblo significa tener mucha dependencia del coche, se da por supuesto. Lo que es importante ver es quienes no tienen acceso al coche”, afirma Óscar Prieto-Flores, profesor de Sociología de la Universitat de Girona. 

Aquí entran en juego las posibilidades de movilidad, ya que las personas que eligen la vida rural (o no les queda otra) se ven obligados a recorrer largas distancias por la concentración del trabajo o los estudios en las grandes urbes. Algo que se complica si se depende del transporte público. Contar con un vehículo privado tampoco soluciona el asunto porque la alternativa es conducir con el coche kilómetros y kilómetros, y (casi todas las veces) con atasco incluido. Esto, más allá del inconveniente que supone, puede tener consecuencias directas en la huida de la población de estas zonas. 

“Los jóvenes acaban yéndose de los pueblos a raíz sobre todo de tener que cursar ciertos estudios, como la universidad o la FP, que están a mayor distancia. Hay dos perfiles: uno más conectado con el hecho de irse fuera porque ve que no hay otra opción y otro que nunca ha salido del pueblo y que, cuando se va a estudiar, comienza un proceso de desconexión por el que toma distancia con sus raíces al estar a tanta distancia”, añade Prieto-Flores. 

Además del transporte, el resto de servicios también deja mucho que desear. En la mayoría de ocasiones, los municipios no tienen infraestructuras o servicios tan básicos como un centro de salud, una escuela, tiendas de alimentación o un simple bar. Por ello, los vecinos tienen que depender para todo, una vez más, del coche.

Los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último Censo Agrario muestran cómo el trabajo del campo, mayoritario en los pueblos, ha disminuido. En 2020 ya se evidenciaba una caída en la cantidad de explotaciones en todo el territorio nacional, con 70.000 menos que en el anterior censo, elaborado en 2009. 

Ante este descenso, el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha un proyecto para asegurar que el campo cuente con relevo generacional. La iniciativa, bajo el nombre Tierra Joven, tendrá como tarea la innovación y movilización de tierras agrarias. Además, se pondrán 17.000 fincas rústicas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales.

Aunque la medida busca resolver la crisis de despoblación que sufren los pueblos, ignora una evidencia: el cambio climático ha dejado la tierra agonizante. Según un estudio del Observatorio Social de La Caixa, un total de 2.858 municipios españoles son particularmente vulnerables ante el cambio climático. Por lo tanto, el trabajo de la tierra se complica, con una inestabilidad en el clima que no muchos pueden permitirse.

Aún así, más allá del campo, ahora mismo tampoco hay mucha más oferta. “La mejora de los servicios esenciales, tanto públicos como privados, debe ser una prioridad política para incentivar la creación de trabajo y con ello la atracción de nuevos pobladores rurales en determinados sectores de servicios públicos que han ido desapareciendo, como la educación y la salud”, argumenta Carlos López Escolano, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Zaragoza. 

Los problemas son muchos y las políticas para tratar de reducirlos al mínimo escasean. Margarita Barañano Cid, directora de los grupos de investigación GRESCO (Grupo de Estudios Socioculturales Contemporáneos) e IP VIARVU (Vivienda, Arraigos y Vulnerabilidad en las ciudades españolas) de la Universidad Complutense de Madrid, argumenta que la solución debe de ser transversal: “La batería de medidas no puede limitarse a una intervención parcial en las zonas rurales; tiene que ser multidimensional, incluyendo transporte y empleo. Deben ser políticas integradas que también afecten a las ciudades, evitando asimetrías en la concentración del trabajo. Tiene que haber un proceso integral que pase por la descentralización”.

Para la investigadora de la Complutense actuar desde las instituciones de forma más profunda es vital para que las ayudas del Plan Estatal de Vivienda cobren sentido. El comienzo, más que por dar un dinero que considera escaso, tiene que llevar a una transformación que deje atrás la concentración en la Comunidad de Madrid o Cataluña. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha la universidad no se encuentra tan solo en la capital, sino que tiene un campus en todas las provincias, algo que permite que los jóvenes puedan quedarse a vivir en el pueblo si así lo quieren. 

“El objetivo sería, primero, favorecer el acceso a la vivienda y, segundo, que la gente pueda quedarse donde desea vivir, en su localización previa. Que si se va, sea por elección y no por expulsión. Vivir en tu barrio o municipio implica redes sociales de ayuda y colaboración que se pierden cuando te vas lejos. No es solo una cuestión identitaria, sino de organización de la vida cotidiana: cuidar a familiares, apoyo mutuo, crianza… Todo eso se pierde con grandes distancias. Por eso deberían ser políticas que fomenten el derecho a la vivienda y también un cierto derecho al arraigo, al territorio, sin obligar a nadie a quedarse, pero sin empujar a la gente a irse ‘al quinto pino’”, zanja Barañano Cid. 

Los contaminantes eternos, conocidos como PFAS, siguen empleándose cada día en millones de productos de consumo, aumentando su concentración en la naturaleza y engordando la factura de su futura limpieza. La Comisión Europea ha calculado por primera vez el coste de retirar estos elementos de la naturaleza en la Unión Europea y la horquilla va de los 330.000 millones de euros a los 1,7 billones de euros de aquí a 2050, en función de si se legisla a corto plazo para prohibirlos o si se continúan utilizando masivamente. La cifra más alta equivaldría al 9,4% del PIB anual del bloque.

Los PFAS son sustancias químicas sintéticas que contienen enlaces de carbono y flúor que se añaden a todo tipo de materiales para darles características especiales como resistencia al calor, impermeabilidad o dureza. El problema es que cuando estos químicos acaban en ríos, cultivos y acuíferos –o en el polvo de casa–, pueden permanecer allí durante décadas o siglos, contaminando durante generaciones el entorno.

La preocupación por estas sustancias ha crecido drásticamente en la última década y Bruselas valora prohibir de golpe la producción y el consumo de las casi 10.000 variantes de PFAS existentes. En su afán por abordar el problema, la Comisión acaba de calcular el coste de limpiar la naturaleza de estos residuos. El documento estima que en 2024 había en Europa 11.500 lugares contaminados por PFAS y que en 2020 se emitieron 11.600 toneladas de estos químicos al medio ambiente.

El análisis tiene en cuenta cuatro escenarios de aquí a 2050. El más pesimista –la contaminación por PFAS sigue creciendo al ritmo actual– estima que entre 2020 y 2050 su concentración en la naturaleza europea crecerá entre un 150% y un 175%, pasando de afectar del 8% del territorio al 10,5%. Diversos análisis confirman que en la actualidad el 100% de la población europea tiene PFAS en la sangre, pero diez millones de personas pasarían de tener concentraciones medias a elevadas en 2050 si la legislación no se endurece.

El daño económico que supondría ese contexto ascendería a 440.000 millones de euros durante las próximas tres décadas, principalmente por los costes sanitarios de la mortalidad y los tratamientos médicos que acarrearía entre la población, pero no sería el escenario más caro porque se asume que nadie se molestaría en limpiar las aguas continentales de esos tóxicos.

De peor a mejor, el análisis contempla además otros tres escenarios. Uno en el que se cumple actual Directiva de calidad de aguas de consumo humano, otro más optimista en el que se cumple la normativa de Estándares de Calidad Ambiental, y mejor de todos, en el que se prohíbe la producción y consumo de PFAS en la Unión Europea, una medida que se negocia ahora en Bruselas.

El escenario que costaría 1,7 billones de euros de aquí a 2050 es el intermedio, en el que se cumplen los Estándares de Calidad Ambiental, debido a que además de los costes sanitarios derivados de la toxicidad de los químicos, habría que depurar las reservas de agua de boca y las aguas residuales del continente, una operación que dispararía la factura.

La simulación más económica, paradójicamente, sería prohibir en los próximos años el uso total de PFAS en la Unión Europea. El coste de limpiar la naturaleza y el recibo sanitario sería durante las próximas tres décadas sería de apenas 330.000 millones de euros porque habría menos que limpiar y la concentración de ese cóctel en la sangre caería poco a poco hasta cero porque se expulsan por la orina y las heces.

Todos los escenarios calculados por Bruselas solo incluyen el coste sanitario de los cuatro PFAS más comunes en la naturaleza (PFOA, PFOS, PFHxS y PFNA), pero la industria emplea cientos más todos los días en menores cantidades. El PFOA y el PFOS ya están prohibidos por la Convención de Estocolmo —a la que está suscrita la Unión Europea—pero continúan presentes en el medioambiente porque tardan siglos en descomponerse, de manera que los europeos siguen expuestos a ellos. En 2023, la Unión Europea también prohibió el uso de PFHxS y el PFNA.

Aunque el coste de limpiar la naturaleza de contaminantes eternos no está desagregado por países, está demostrado que los del sur, entre ellos España, tienen una concentración menor de químicos eternos que los del norte de Europa (Noruega y Suecia) y Europa occidental (Francia y Alemania) por la menor concentración de fábricas que los utilizan. Un estudio de 2023 en adolescentes mostró que en los países del sur tenían de media 0,7 microgramos por litro (µg/L) de sangre de PFOA, frente a 1,12 y 1,13 µg/L en el norte de Europa y Europa occidental, respectivamente. Diferencias similares se encontraron en otros PFAS estudiados.

El principal motivo de la difusión de estas sustancias al medioambiente son los vertidos de aguas residuales industriales, el humo que sale de sus chimeneas y el uso de pesticidas en la agricultura. No obstante, aunque en España no haya concentraciones tan altas de PFAS, están en todas partes. Forman parte de objetos cotidianos como ropa técnica a pesticidas, cosméticos, pinturas, juguetes, extintores o muebles. Pueden encontrarse también en todas las cocinas: en sartenes antiadherentes, en envases de comida rápida o en el papel de horno.

Koldo García, experto en pesticidas de Ecologistas en Acción, ha participado en numerosos análisis de PFAS en España, y afirma que se han detectado en diferentes análisis, tanto de agua como de cultivos y peces. Este mismo jueves,  la organización Pesticides Action Network (PAN Europe) ha publicado un análisis de manzanas cultivadas en Europa, entre ellas cinco muestras de España, y tres de ellas contenían PFAS. "No nos consta que haya depósitos de PFAS en España, pero haber tiene que haberlos porque los hemos encontrado en el agua de grifo", señala el experto.

Un factor común a todos los PFAS es que son persistentes o muy persistentes en la naturaleza y no se degradan en siglos, y muchos de ellos son también "tóxicos, bioacumulativos, carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción y, por lo tanto, presentan riesgos para la salud humana y el medio ambiente a través de la exposición", según se lee en el informe la Comisión Europea. Los humanos se exponen a ellos a través del agua de grifo y embotellada, los alimentos, el aire, el contacto con productos diarios que los tienen o en el trabajo, en profesiones como la construcción.

El estudio, que revisa toda la literatura científica reciente sobre los PFAS, recoge todas las evidencias de su impacto en la salud. Se relacionan con infecciones respiratorias, enfermedades autoinmunes de la tiroides, problemas hepáticos, bajo recuento de espermatozoides, riesgos maternos/neonatales (hipertensión, disminución del crecimiento fetal, bajo peso al nacer). De manera menos fiable, también se relaciona con la diabetes.

Además, los PFAS tienen un altísimo coste para la naturaleza. Se ha demostrado que afectan a la reproducción, el comportamiento y la salud de todos los seres vivos, incluidos mamíferos, peces y plantas. El problema es que su estudio es extremadamente complejo. Los PFAS están poco explorados y su estudio habitual se basa en análisis de seres vivos individuales en entornos controlados, de manera que es difícil conocer realmente su impacto en ecosistemas reales.

El coste económico de estas sustancias ya había sido aproximado en otros análisis, como un estudio de 2025 de The Forever Pollution Project, un proyecto europeo de monitorización de PFAS, que estimó una factura incluso superior: 95.000 millones de euros al año durante dos décadas, casi dos billones de euros. Otra investigación, publicada en 2024 en la prestigiosa revista Science of The Total Environment calculó que eliminar cada año la misma cantidad de PFAS que se emiten al medioambiente en todo el planeta superaría en coste al PIB global (más de 100 billones de dólares).

El informe de la Comisión, publicado este jueves, también contiene una buena noticia. Las prohibiciones de los últimos 20 años de los PFAS más comunes (PFOA y PFOS) provocaron que entre 2001 y 2007 disminuyera su concertación en sangre en Europa un 23% y un 22%, aunque aumentó la de otros contaminantes ternos que los sustituyeron.

El sector agrario ha movilizado a más de 25.000 agricultores y 15.000 tractores, según datos de los convocantes, en un "súper jueves" de protestas —como así lo han denominado— para rechazar el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur y el recorte previsto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Las organizaciones profesionales agrarias convocantes (Asaja, COAG y UPA) han valorado la "gran respuesta" del campo, especialmente en una jornada marcada por las inclemencias meteorológicas que han provocado la suspensión de actos en Sevilla y en Madrid, donde una representación de agricultores se ha reunido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abordar sus problemáticas.

Los manifestantes se han concentrado a lo largo de esta jornada en ciudades y pueblos, pero también ha mantenido acciones en una docena de carreteras en puntos de Asturias, Región de Murcia y La Rioja.

En Andalucía, los agricultores se han manifestado en todas las provincias, salvo en Sevilla, donde las inclemencias meteorológicas han obligado a posponer su protesta.

Cientos de agricultores asturianos han secundado esta jornada en Barres, Bustio y Campomanes, donde han llegado a cortar la carretera N-630, mientras en Galicia, en Santiago de Compostela, decenas de ganaderos se han concentrado gritando consignas como "Non ao Mercosur", mientras sostenían una pancarta que pedía "Alimentos saudabeis, comercio xusto xa", o en Xinzo de Limia (Ourense) donde un grupo de productores ha cortado la autovía A-52.

Unos 130 tractores mallorquines con numerosos "payeses" han acudido hasta la protesta organizada en la localidad de Ariany y en la propia capital de la isla y, en Menorca, un centenar de productores, acompañados de ocho tractores, se han manifestado en el recinto ferial de Es Mercada ante la amenaza de menos fondos PAC.

En Canarias los tractores han llegado hasta la avenida Marítima de Las Palmas y los representantes del sector del plátano se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno, según ha informado la asociación de productores Asprocan en redes sociales.

Los productores cántabros han llegado con sus reivindicaciones hasta las puertas del Parlamento y de la Delegación del Gobierno, donde se han vivido momentos de tensión, con enfrentamientos entre manifestantes —que han dejado en la puerta un ternero muerto en protesta por los ataques del lobo— y agentes policiales.

En Castilla y León se han movilizado más de 2.500 tractores que han congestionado la circulación de todas las capitales excepto en Ávila, donde se manifiestan este viernes, y en Segovia, que lo harán el lunes.

En Castilla—La Mancha, numerosos tractores han tomado las calles de Toledo para exigir que no haya "más mentiras" con la PAC y el Mercosur; y en Comunidad Valenciana hasta 200 tractores y más de 2.000 personas han recorrido las calles de la capital en una protesta que ha dejado imágenes como ganaderos disfrazados de vacas "hormonadas".

Los agricultores murcianos han sido especialmente activos, protagonizando cortes de carreteras y el reparto de hortalizas a la ciudadanía.

En País Vasco, decenas de tractores han llevado hasta Bilbao sus quejas y han hecho sonar sus bocinas mientras eran aplaudidos por un centenar de ciudadanos.

En La Rioja, unos 1.500 agricultores, con 400 tractores, han realizado cortes intermitentes de cinco zonas estratégicas para expresar su hartazgo a lo largo de todo el día, con una quema de fardos de paja en Briones que luego han sido retirados.

En total, los convocantes han celebrado protestas en 30 provincias.

Los agricultores extremeños, catalanes y aragoneses no han convocado ninguna acción de relevancia para este jueves, si bien, han protagonizado otras protestas en días anteriores.

El campo suma así una jornada más plantándose frente a la ratificación del acuerdo UE—Mercosur y ante el temor de que Bruselas aplique un recorte de hasta el 22% en los fondos asignados para el próximo período de la PAC.

La intensa sequía de 2023 causó estragos en la agricultura española como nunca antes y ese año Agroseguro pagó más de 1.200 millones de euros en indemnizaciones, un récord, aunque se estima que las pérdidas reales fueron tres veces superiores. En 2025 el escenario climático fue completamente distinto, con lluvias incluso un 9% por encima de la media histórica en la península. Sin embargo, las indemnizaciones volvieron a ser astronómicas, de 803,7 millones, la segunda cifra más alta desde que el consorcio de aseguradoras fue creado en 1978. La explicación está en que el cambio climático convierte en extremo cualquier episodio, y en 2025 fue el turno del pedrisco.

El informe anual de siniestralidad de Agroseguro, publicado este miércoles, revela una subida de la siniestralidad del 15% frente a 2024 debido a los daños por tormentas. Es habitual que las indemnizaciones agrícolas sufran fuertes subidas y bajadas de un año a otro porque funcionan por ciclos, pero el registro histórico de indemnizaciones evidencia que en los últimos años algo está cambiando, según Sergio de Andrés, el director general de este consorcio.

"Entre el 6 de febrero y el 6 de agosto de 2025 recibimos partes por daños climáticos todos los días, eso es muy llamativo. Tuvimos un récord histórico por daños de pedrisco en mayo y junio, y a finales de diciembre hubo granizadas en Almería y Murcia, cosa que no había ocurrido jamás, como me dicen los propios agricultores", asegura el jefe de Agroseguro.

Históricamente, el pedrisco ha sido el principal causante de los daños en el campo, pero se acotaba a finales de primavera y comienzos del verano. Sin embargo, el calentamiento global lo ha extendido a lo largo de todo el calendario y ha incrementado su intensidad. En consecuencia, solo las tormentas (principalmente el pedrisco) dañaron más de un millón de hectáreas entre enero y noviembre de 2025 –a falta del dato de diciembre–, la cifra más alta en 45 años. 

José Luis Sánchez, experto en Física de Nubes de la Universidad de León, lleva más de dos décadas estudiando el granizo en la península y explica que el cambio climático tiene un "efecto claro" en estos siniestros. "Cada vez graniza más y hay una tendencia a que el pedrisco más gordo sea cada vez más grande, aumentando el daño", subraya. 

Según explica, el calentamiento de la atmósfera aporta más energía a las tormentas, aumentando su tamaño y la energía que concentran. Esto provoca que las corrientes de aire verticales que se generan en su interior tengan más fuerza para elevar las motas de agua –convertidas en hielo, cuando alcanzan determinada altura– dentro de la nube, y cuanto más ascienden, más diámetro acumulan antes de precipitar.

"El proceso es similar a poner una pelota de tenis sobre una fuente de agua. Se impulsa verticalmente hasta que se queda estable porque su peso está en equilibrio con la fuerza de la corriente. Mientras tanto las motas más pequeñas que vienen detrás chocan contra ella y se quedan pegadas, aumentando su tamaño, hasta que cae por su propio peso", aclara Sánchez. "En Lleida hemos analizado más de 185.000 impactos de granizo durante 25 años, y ese aumento de tamaño por el cambio climático se observa claramente", añade.

Al mismo tiempo, también ha detectado que las granizadas con diámetros muy pequeños se han vuelto menos frecuentes que en el pasado porque el pedrisco con diámetro inferior a un centímetro se derrite con más facilidad al precipitar. Esto se explica porque la temperatura de las capas más bajas del aire es cada vez más cálida, acelerando la fusión del hielo.

Un hielo más grande y pesado causa evidentemente daños mayores en el campo, hasta el punto de que los pedazos más grandes llegan a romper los troncos de los cultivos leñosos, poniendo en peligro incluso las cosechas de los siguientes años. Un pedrisco de ocho centímetros de diámetro –un caso extremo– equivale a una piedra de 350 gramos que cae a 120 kilómetros por hora.

Pablo Resco, experto en cambio climático de Plataforma Tierra Cajamar, un centro de estudios agrícolas, advierte que el adelanto del granizo a los meses de abril y mayo es catastrófico para el sector porque ahora afecta a cultivos en etapas tempranas que no pueden sobrevivir a la tormenta. Por ejemplo, a árboles frutales que están en floración o que tienen frutos muy pequeños que no resisten los impactos.

Las zonas más afectadas por tormentas, según Agroseguro, son Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Castilla y León, Cataluña y Comunidad Valenciana, y los cultivos más dañados son los frutales, los de mayor valor añadido y los más importantes de la zona del Valle del Ebro, el lugar donde el granizo ataca con más virulencia, así como la uva manchega.

Un año más, también se produjo en 2025 un incremento de la superficie agrícola asegurada, que subió un 5% en superficie (6,24 millones de hectáreas en total) y un 3% en peso de producto (hasta 42 millones de toneladas). Coincide con la tendencia de los últimos años, en los que el crecimiento de los daños climáticos está llevando a cada vez más profesionales a asegurar sus tierras y su ganado. 

Una queja habitual del sector en los últimos años, con el aumento de la siniestralidad, es el incremento del coste de las pólizas por daños recurrentes o la rebaja de las coberturas, puesto que el sistema de seguros tiene problemas para cubrir costes. En 2023 los daños fueron tan grandes que el Gobierno, las comunidades autónomas y Agroseguro tuvieron que inyectar más de 500 millones al sistema para cubrir las pólizas reclamadas.

Sergio de Andrés, director de Agroseguro, afirma sin embargo que en 2025 solo incrementaron globalmente un 1% el coste de los seguros "con retoques puntuales en unas líneas que se compensaron con bajadas en otras". En todo caso, los seguros agrarios son deficitarios cada año,. El agricultor y el ganadero solo abonan alrededor del 50% de lo que cuesta la cobertura y el Ministerio de Agricultura suele cubrir alrededor del 35%. El resto lo abonan las comunidades, aunque con grandes diferencias entre regiones. Un análisis de infoLibre de 2023 reveló que en Murcia, por ejemplo, el Gobierno regional solo aportó el 3,1% del total, de manera que los profesionales pusieron el resto de su bolsillo.

El año pasado entraron cada día una media de 12.500 toneladas de frutas y verduras a España de grandes vendedores como Marruecos, Perú, Costa Rica o Brasil. Estos países, además de tener una mano de obra más barata y tierras a precio de saldo, pueden utilizar pesticidas prohibidos dentro de la Unión Europea y vender su cosecha a los Veintisiete siempre que el residuo que dejen en los alimentos no supere un límite.

Este agujero legal es una de las grandes quejas de los agricultores europeos porque según ellos rompe las reglas de juego. Un análisis reciente al que ha accedido infoLibre demuestra este problema en el sector del plátano. El estudio, de 2025, analiza 42 muestras de bananas procedentes de América Latina y África, en las que ha encontrado siete sustancias cuyo uso es ilegal en las plataneras españolas, pero que terminan en los supermercados con las bananas que cruzan la frontera.

En concreto, el análisis detecta restos de bifentrina, boscalida, fenpropidina, espirotetramat, fenpropimorfo, fludioxonil y miclobutanil, sustancias que sirven de base para pesticidas y que no están autorizadas en España. Las bananas estudiadas procedían de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Camerún y Ghana.

Que estas sustancias estén prohibidas en España no significa que todas ellas sean peligrosas para la salud o el medioambiente. Tres de ellas sí tienen su uso autorizado en la Unión Europea, pero cada país tiene que evaluarlas individualmente y dar un permiso específico para emplearlas en cada cultivo, y España no lo ha hecho. Las otras cuatro sustancias detectadas por los análisis sí están prohibidas en la UE (la bifentrina, el espirotetramat, el fenpropimorfo y el miclobutanil) por su riesgo en la manipulación.

En todo caso, las bananas analizadas son legales porque las más de 40 muestras que se han evaluado tienen concentraciones que entran dentro de los llamados Límites Máximos de Residuo (LMR), una horquilla establecida por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para casi 70 sustancias prohibidas que permite su comercialización dentro de Europa.

Por ejemplo, la bifentrina, un insecticida, tiene un LMR de 0,1 miligramos por kilo de producto, y en el análisis se han detectado en las bananas importadas cantidades de entre 0,01 y 0,069 mg/kg, es decir, está dentro de la legalidad.

Los pesticidas garantizan que los cultivos no sufran plagas de hongos, insectos o malas hierbas que destruyan la cosecha, pero tras décadas de investigación, la Organización Mundial de la Salud y la EFSA han detectado que muchas de ellas son tóxicas. Para decretar su peligrosidad se evalúa su efecto en los agricultores que las manipulan, en la salud de los consumidores y su impacto ambiental.

La Unión Europea ha prohibido hasta la fecha casi un millar de estas sustancias químicas, y las más agresivas para la salud son cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción, aunque el estudio de estos pesticidas es muy precario y sobre muchos de ellos solo hay sospechas de su impacto en el organismo. Algunas sustancias afectan exclusivamente al medioambiente y provocan la muerte de abejas y otros seres vivos a gran escala cuando se esparcen en el campo.

Salomé Roynel, portavoz de Pesticides Action Network (PAN), una ONG europea que lucha contra los pesticidas, explica que el sistema de Límites Máximos de Residuo es la solución que ha encontrado Bruselas para evitar el desabastecimiento de frutas y verduras que se importan en grandes cantidades de terceros países donde se sigue utilizando químicos prohibidos en la UE.

"Esta situación es inaceptable porque perpetúa un doble rasero entre los alimentos importados y los cultivados en la UE, permitiendo el uso de pesticidas que se sabe que son peligrosos en terceros países, dañando a sus comunidades locales y al medio ambiente", subraya Roynel.

Koldo García, experto en pesticidas de Ecologistas en Acción, también recuerda que estos límites de residuo no solo sirven para garantizar que estos alimentos se puedan traer de América o África, sino que también garantizan que se puedan seguir cultivando en tierras europeas donde históricamente se han utilizado químicos ahora prohibidos.

Un estudio que publicó su ONG en 2025, con datos oficiales de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), concluyó que el 9,63% de los alimentos importados de fuera de la Unión Europea tenían residuos de plaguicidas no autorizados, pero también los encontraron en el 4,7% de las frutas y verduras de origen español.  Por ejemplo, el famoso insecticida DDT, que es un sospechoso cancerígeno, sigue detectándose en España en muestras de carne de pato y de pescados de agua dulce.

"Nos guste o no, los alimentos de fuera son tan legales como los españoles porque cumplen con la normativa. También los que se producen en España contienen residuos de plaguicidas prohibidos", opina Koldo García.

El sector agrícola europeo lleva años exigiendo abordar este problema mediante el establecimiento de las llamadas cláusulas espejo en los acuerdos de importaciones, en las que se exige al país proveedor mantener las mismas condiciones laborales y de calidad de producto que dentro de la Unión. Francia anunció hace dos semanas que aplicará estas cláusulas por su cuenta y prohibirá la entrada de alimentos con residuos de sustancias fitosanitarias prohibidas en Europa, aunque está por ver que lo lleve a término. 

"Francia ha liderado siempre el debate sobre las cláusulas espejo y hace unos días lanzó el debate, aunque es cuestionable que vaya a conseguirlo", afirma Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, una organización agraria. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, también puso el asunto sobre la mesa hace dos años y dijo que lo llevaría a Bruselas, durante las fuertes manifestaciones del campo en todo el país, pero no ha trascendido el resultado de aquella propuesta.

Unos 200 tractores han colapsado este viernes el centro de Oviedo en una protesta agrícola y ganadera contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) al considerar que se pone en riesgo la viabilidad del sector primario ante la desigualdad de condiciones entre países, según ha informado EFE.

Las organizaciones agrarias URA, USAGA, COAG y ASAJA han convocado esta marcha que ha partido el mediodía del viernes desde La Pixarra, en las afueras de Oviedo, con una columna de tractores y maquinaria agrícola, a la que se han sumado cientos de personas a pie en la céntrica Plaza de América para confluir en la Plaza de España, frente a la Delegación de Gobierno en Asturias.

Los agricultores y ganaderos asturianos alzan de esta manera su voz contra el acuerdo que, entienden, "constituye competencia desleal", al tener los países de Mercosur -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay- costes de producción más bajos y normativas menos rigurosas que Europa.

La protesta de Oviedo contra este acuerdo comercial, que se firmará el sábado día 17 en Paraguay, se suma a otras convocadas este viernes en diferentes ciudades del país, como Mérida y Burgos.

Tras partir de La Pixarra, los tractores han sido recibidos en la plaza de América por cientos de personas, entre ellas una representación de todos los partidos políticos asturianos y con la presencia del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, y el consejero de Ordenación de Territorio, Ovidio Zapico. Posteriormente, los manifestantes, portando cencerros y pancartas con lemas como 'Por un futuro en el campo. Sin Mercosur. Sin recortes de la PAC', y los tractores, se han desplazado hasta la plaza de España, donde está ubicada la sede de la Delegación del Gobierno, con el objetivo de poder mantener una reunión con la delegada Adriana Lastra, que no se ha producido.

"Es una falta de respeto al campo asturiano. Ha cometido un error muy grande. ¿Está con el sector ganadero o está con este acuerdo?", ha señalado el coordinador de URA, Borja Fernández, dirigiéndose a la delegada del Gobierno en el Principado.

Los sindicatos agrarios han señalado que "no tienen miedo al mercado", sino a competir con prácticas desleales y han pedido a los eurodiputados asturianos que no respalden este acuerdo. "Competir sí, pero no así", ha apuntado el presidente de Asaja en Asturias, Ramón Artime, en la misma línea en la que se ha pronunciado el representante de Usaga, José Álvarez, quien ha sostenido que "aún hay posibilidades" de poner fin a este acuerdo.

Por parte de Coag, David Pérez ha lamentado que Lastra "no está ni se le espera" para abordar con los sindicatos el contenido de un acuerdo que "para nada va a beneficiar" al campo asturiano. Los manifestantes, que han protagonizado la quema de fardos de hierba en la plaza de España, han acordado permanecer en el lugar con sus tractores hasta que Lastra les reciba.

La protesta ha estado respaldada por todos los partidos políticos y ha contado con una representación del Gobierno del Principado, como la del consejero de Medio Rural, quien ha apoyado estas movilizaciones al considerar que es un acuerdo que "va en detrimento" y "pone en la picota" al sector primario asturiano, que tiene un "papel fundamental" en la comunidad, por lo que ha pedido que se reconsidere su contenido.

En la misma línea se ha pronunciado el consejero Zapico, quien ha manifestado su oposición a este acuerdo que "está pensado para el beneficio de las multinacionales" y "no protege al sector primario asturiano".

Por parte del PP, el diputado Luis Venta ha dicho que el acuerdo es "lesivo" para la comunidad dado que generará una competencia desleal. "Lo rechazamos frontalmente. Es un nuevo varapalo al sector primario", ha señalado la portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, quien ha considerado "vergonzoso" que Lastra se haya "negado a recibir" a los agricultores y ganaderos.

El diputado y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha advertido de que el acuerdo "ataca frontalmente" al campo y ha reclamado medidas para ayudar a los afectados. 

Tras más de veinticinco años de negociaciones, la UE dio el pasado viernes luz verde al Tratado entre los 27 y los países del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), que será rubricado en Paraguay en medio de las protestas del sector agrícola en Europa.