A finales de mayo, en plena noche, fue aprobado por la Cámara Baja del Parlamento brasileño, sin contratiempos ni peleas, el Proyecto de Ley 490 (PL490). La mayoría de los parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) votaron en contra, resignados y sin ilusión alguna, conscientes de la fuerza de los diputados vinculados a la agroindustria, los ruralistas, que son 241 de los 513 parlamentarios.

Los treinta y tres artículos de la ley contienen, sin embargo, un mosaico de medidas que restringen derechos de los pueblos indígenas, una amenaza sin precedentes desde el retorno de la democracia. Entre otras disposiciones, el PL490 limita las reclamaciones de nuevas tierras, amenaza a los pueblos aislados y abre la puerta a la explotación agrícola o minera en territorios indígenas.

Un desastre que podría provocar una deforestación masiva en las tierras mejor conservadas del país. El proyecto, que aún debe pasar por el Senado, puede ser vetado por el presidente o declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo. Sin embargo, simbólicamente es desastroso para el presidente Lula, en visita por Europa esta semana. Ni con Jair Bolsonaro, los ruralistas habían llegado tan lejos. Porque además, los diputados impondrán en breve una reorganización de los ministerios, quitando varias prerrogativas a los de Medio Ambiente y Pueblos Indígenas.

En Brasilia se sospecha que Lula está haciendo concesiones en medio ambiente para sacar adelante otros proyectos considerados prioritarios. Sin mayoría, las negociaciones políticas son en cualquier caso complejas, especialmente con Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados.

Arthur Lira, vinculado a la agroindustria y controlando un gran número de parlamentarios, condiciona su apoyo al gobierno a la asignación de cargos y subsvenciones para garantizar la influencia que logró durante el mandato de su ex aliado Jair Bolsonaro, al tiempo que se opone a la agenda ambiental del actual gobierno. "La situación es muy mala en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados. En los años 2000, el Ejecutivo controlaba mejor el juego institucional, pero ahora tiene que reaccionar para evitar ser rehén del Legislativo", dice Suely Araújo, especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima.

Ya era conservador, pero el Congreso se desplazó aún más a la derecha en las últimas elecciones. Jair Bolsonaro ha hecho de gran parte de su mandato una cruzada contra la legislación medioambiental y "algunos parlamentarios parecen dispuestos a resistirse a la reestructuración propuesta por Lula", dice Lorena Fleury, profesora de la Universidad Federal de Río Grande do Sul.

Sometidos a presión, Lula y Marina Silva intentaron reaccionar a estos duros reveses. El 5 de junio, el presidente anunció su veto a una ley que amenazaba la mata atlántica, un ecosistema especialmente frágil. Junto a él, su ministra de Medio Ambiente relanzó el Plan de Acción y Prevención contra la Deforestación en la Amazonia (PPCDam), instrumento esencial para reducir la destrucción de la selva durante su primer mandato (2003-2008).

Para Suely Araújo, el gobierno debe ser más activo en la defensa de sus compromisos. "Son muy pocos los parlamentarios que defienden el medio ambiente. Por sí solos, no tienen ninguna posibilidad". A pesar de su escasa influencia en el Congreso, el presidente puede apoyarse en la legislación existente y en instituciones como el ICMbio, responsable de la gestión de las áreas protegidas, y el Ibama, para la protección del medio ambiente.

Pero estos dos organismos han recorrido un largo camino. Sus funcionarios lo han pasado mal durante cuatro años: vilipendiados por las más altas instancias del Estado, agredidos sobre el terreno, perseguidos por superiores elegidos entre las fuerzas armadas o la policía, mal financiados. “Por fin podemos trabajar sin trabas y el ambiente ha cambiado radicalmente", exclama André (nombre falso a petición propia). “Ahora presionamos al gobierno para que reorganice una institución que estaba desmantelada".

André se alegra del aumento de los presupuestos (aunque limitado), que le ha permitido, junto a otros, participar en la gran operación contra la extracción de oro en tierras yanomami. Durante el último mandato, sus superiores le impidieron acercarse a la zona. A pesar de las restricciones, sobre todo de personal, el regreso del Estado a la Amazonia ha permitido el primer descenso de la deforestación: un 31% menos en cinco meses en comparación con el mismo periodo de 2022.

Pero tras unos meses de euforia, está preocupado. Como consecuencia de esta primera batalla perdida por el ejecutivo, Marina Silva, debilitada, va a perder el control sobre ciertos nombramientos. Tras seis meses de presiones, sus aliados políticos le reclaman ciertos puestos que hasta ahora se ha negado a cederles, en concreto las 27 direcciones locales del Ibama.

"Marina Silva sólo parece capaz de imponer sus opciones en dos estados (Pará y Mato Grosso), que son estratégicos porque allí la deforestación es mayor. En el resto, las conexiones políticas primarán sobre las competencias", señala André. Hay algunos nombres que llaman la atención de los funcionarios, como los de un hombre implicado en un caso de pederastia o un dentista que ha acumulado multas por delitos medioambientales.

Marina Silva no sólo ha sufrido la supresión de ciertas competencias de su ministerio. No todos en el Gobierno ven con buenos ojos una Ministra de Medio Ambiente demasiado influyente. En particular, la perspectiva de perforaciones petrolíferas frente a la desembocadura del Amazonas ha exacerbado las tensiones. La negativa de Ibama a conceder los permisos de perforación desató una avalancha de críticas, uniendo a aliados del gobierno y fieros opositores.

"Siempre hay disensiones en el gobierno, pero esta discusión está muy por encima de lo aceptable. Sobre todo por una decisión basada en criterios técnicos", lamenta Suely Araújo. Cuando estuvo al frente del Ibama, entre 2016 y 2018, rechazó concesiones en esta zona frágil, poco estudiada y con fuertes corrientes, sin enfrentarse a esas críticas. Sin embargo, Lula se mantiene ambiguo al respecto, declarando que "ese petróleo no será explotado si puede crear problemas a la Amazonia", antes de añadir que lo considera improbable.

Ministros influyentes apoyan este proyecto petrolero, mientras que el PL490 y la reforma ministerial también tienen sus partidarios en el gobierno. Hay un ala "nacional-desarrollista", dispuesta a sacrificar el medio ambiente en aras del crecimiento, que sigue siendo influyente dentro del PT y continúa siendo escuchada por un Lula hace tiempo seducido por sus ideas. Otros grandes proyectos en la Amazonia siguen atrayendo la mirada del gobierno y provocando sudores fríos a los ecologistas.

A pesar de estas contradicciones, acentuadas por un gobierno elegido gracias a una coalición muy dispar, es imposible imaginar, por el momento, otra dimisión de Marina Silva, acorralada otra vez, como en 2008. Suely Araújo señala que "se ha fijado un enfoque interministerial del medio ambiente. 20 de los 37 ministerios incluyen ahora del tema en sus estatutos. Marina Silva ya no está aislada como en los años 2000. Los discursos de Lula también han ido en la misma dirección". Para ella, esto es una prueba más de que el presidente es ahora consciente de las cuestiones climáticas.

“El mundo ha cambiado", explica Lorena Fleury. “El calentamiento global ocupa ahora un lugar prioritario en la agenda mundial, y Lula está basando su política exterior en esas cuestiones y recorriendo el planeta para ganar influencia y obtener ayuda.” Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo, han prometido 460 y 94 millones de euros respectivamente. Pero lo cierto es que, aunque Lula habla del tema en sus viajes internacionales, parece más implicado en sus intentos de erigirse en actor central de las futuras negociaciones de paz en Ucrania.

 Aunque la deforestación dista mucho de ser el único problema medioambiental, Lula sabe que se le juzgará ante todo por esta materia, sobre todo porque el 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil proceden de la destrucción forestal. Una reducción drástica permitiría al país erigirse rápidamente en líder de la lucha contra el calentamiento global.

Pero las cifras para 2023 no parecen muy alentadoras. El informe anual que se publicará en noviembre tiene en cuenta los últimos seis meses del mandato de Jair Bolsonaro, por lo que parte de un pasivo de 7.000 km² de bosque arrasado. En su frágil posición, Lula no puede permitirse un error. "Si se debilita políticamente, podría haber verdaderos reveses", teme Lorena Fleury. Eso abriría las compuertas a un nuevo periodo de depredación medioambiental.

Traducción de Miguel López

No más bosques arrasados para que tengamos pechugas de pollo alimentado con soja amazónica. El Parlamento Europeo aprobó el miércoles 17 de abril prohibir la importación de cacao, aceite de palma, soja, café, madera, caucho, carbón vegetal, productos ganaderos y papel si estos productos proceden de la deforestación. Se trata de una gran toma de conciencia de la responsabilidad de los europeos en la deforestación mundial. Pero las celebraciones pronto chocarán con la realidad del mercado de materias primas agrícolas. 

En los últimos 30 años han desaparecido de la superficie terrestre 420 millones de hectáreas de bosque, una superficie mayor que toda la Unión Europea (UE). Esta catástrofe medioambiental y climática está bien documentada. Su principal causa es bien conocida: la conversión de bosques en tierras de cultivo. En un estudio de impacto medioambiental de 2013, la Comisión Europea llegó a cifrar la responsabilidad de la UE en este ámbito: los países europeos son responsables de más de un tercio de la deforestación vinculada al comercio internacional de productos agrícolas. Principal culpable, la soja. Esta oleaginosa representa el 60% de las importaciones europeas con riesgo de deforestación, seguida del aceite de palma (12%) y el cacao (8%). 

No hablamos aquí de la soja transformada en tofu u otros alimentos de moda, sino de la que acaba en los comederos de los animales de granja, principalmente pollos. Su consumo se ha disparado para satisfacer las necesidades de una agricultura cada vez más intensiva: +751% en cincuenta años.

Los animales de granja europeos no suelen comer soja, originaria de Asia oriental, pero esta proteína se ha convertido en esencial para la rentabilidad de la ganadería. Es el ingrediente secreto para que la cabaña de ganado de consumo masivo crezca más rápidamente y a menor coste.

Como resultado, la soja está ocupando una cantidad innecesaria de espacio en el planeta. El equivalente a la superficie de Francia, Alemania y los Países Bajos juntos está cubierto de soja. Es decir, más de un millón de kilómetros cuadrados que antes tenían otros usos o eran bosques, sumideros de carbono y refugio del mundo vivo. 

Esta soja no se cultiva o muy poco en Francia. Llega en cargueros por decenas de miles de toneladas a los grandes puertos del oeste del país. Según los trabajos del CST Forêt –comité científico y técnico de la AFD (Agencia Francesa de Desarrollo), encargado de asesorar a Francia en la aplicación de su Estrategia Nacional de Lucha contra la Deforestación Importada–, entre el 70 y el 80% de la mercancía procede de Brasil. Estos envíos suponen un riesgo muy alto de deforestación.

Con la adopción de la nueva normativa europea, a partir de ahora se prohibirá la entrada de soja deforestadora en Francia, y en general en Europa. "Así que estamos muy contentos", afirman en Canopée, una ONG de protección forestal. "Queda la cuestión de la operatividad del reglamento. De momento, es muy vago", dice Boris Patentreger, director francés de Mighty Earth, otra ONG implicada en la lucha contra la deforestación importada. 

Entre la parcela de cultivo en Brasil y el comedero de un pollo industrial, la soja realiza un largo viaje, pasando por las manos de varios –a veces más de una docena– intermediarios. La cosecha se mezcla en cada etapa: en los silos, en los camiones, en los barcos, en las plantas de trituración, en las fábricas de piensos, etc. Ante esta realidad del comercio internacional de materias primas, ¿cómo garantizar el origen no deforestado de la soja importada?

Según el texto europeo, los países o partes de países se clasificarán en función de su nivel de riesgo. Hasta aquí, todo bien. La identificación de las zonas de riesgo es factible, e incluso se realiza en gran medida en varios territorios, con niveles de precisión por kilómetro cuadrado. 

En función de los "niveles de riesgo", se efectuarán controles más o menos regulares de las mercancías. Por ejemplo, un barco lleno de soja que llega al puerto de Saint-Nazaire procedente de Salvador de Bahía, una región de alto riesgo, será sometido a controles más a menudo que un camión de soja cultivada en Italia. 

Durante estos controles, el proveedor "que comercialice por primera vez un producto en el mercado de la UE" deberá facilitar los datos de geolocalización de todas las parcelas de las que proceda la soja transportada. La gran incertidumbre es si serán capaces de proporcionar estos datos con exactitud. Pero si mienten, ¿será posible verificarlo? Las ONG entrevistadas echan balones fuera. También lo hace la eurodiputada verde Marie Toussaint, a pesar de su firme apoyo al texto, para ella "una primicia mundial", "un texto ambicioso", "un gran paso adelante para regular un mercado incontrolado". Respondiendo con evasivas dice: "pero el delito medioambiental existe y está explotando". Y añade: "Con este texto, todos los datos serán mucho más transparentes y se facilitarán las investigaciones de ONG o periodistas.”

A partir de esta información facilitada por los importadores, las autoridades competentes de la UE, aún no determinadas, realizarán controles mediante herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN. Si descubren que una parcela ha sido deforestada después del 31 de diciembre de 2020, los proveedores serán sancionados. La multa máxima contra un operador incumplidor será de al menos el 4% del volumen de negocios total anual de la empresa en la UE.  

El texto no es "perfecto", reconoció su ponente, el eurodiputado luxemburgués de derechas Christophe Hansen (PPE). "Los camiones recogen materias primas de diferentes regiones ('deforestación cero' o no), y estas materias primas se mezclan después en almacenes o fábricas antes de ser transportadas a barcos en cisternas mixtas que pueden abastecer a varios continentes (...). Con las normas actuales, no sería posible rastrear cada producto hasta la parcela de un pequeño agricultor", describió en su "exposición de motivos", indicando que estaban previstas revisiones reglamentarias en uno, dos y cinco años para encontrar soluciones.

Algunas ya están sobre la mesa. "Habrá que establecer cadenas de suministro separadas", anunció el ponente. Un sistema complejo y costoso, pero no irrealista que ya se ha puesto en marcha para luchar contra la importación de productos modificados genéticamente. 

En los círculos activistas se defiende a veces otra idea: "boicot" a determinados territorios. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, cerca del 65% de las importaciones francesas de soja con alto riesgo de deforestación proceden del Estado de Bahía (Brasil). Retirándose de esta región, Francia dividiría por tres sus importaciones de soja de deforestación. Podría conseguir un riesgo muy bajo rompiendo relaciones con sólo cuatro municipios brasileños (Formosa do Rio Preto, Barreiras, Diamantino y Riachão das Neves). 

"Pero el gran problema no es ese", afirma Boris Patentreger, director en Francia de la ONG Mighty Earth, que documenta la expansión del cultivo de soja en el Cerrado brasileño. Este territorio, calificado de "sabana" por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, escaparía así a la nueva normativa europea. Sin embargo, Patentreger, que se encuentra actualmente sobre el terreno, lo que ve es allí es un paisaje exuberante que alberga el 5% de la biodiversidad mundial. “Hay nuevos silos de soja en el frente de la deforestación", afirma. “Lo que se está produciendo es un efecto de fuga de la Amazonia al Cerrado".

Otros investigadores, sobre todo de CST Forêt, advierten de los riesgos de la "deforestación indirecta": la ubicación de cultivos de soja en parcelas no deforestadas puede dar lugar a que otras actividades, como la cría de ganado, se desplacen a zonas de vegetación natural. Menos deforestación por un lado, pero más por otro. 

La ONG Canopée teme que "los proveedores de soja separen sus mercados y envíen soja no deforestada a Europa sin cambiar en nada su actividad en conjunto y, en última instancia, su impacto en la deforestación. Además, no están muy preocupados por esta normativa". 

Estos efectos perversos conducen de nuevo al problema de fondo: el sobreconsumo exponencial de soja en Europa y en todas partes. Sin cambiar esta situación, toda la tecnocracia europea puede ponerse en marcha para prohibir la deforestación importada, pero la soja seguirá expandiéndose tragándose los bosques. Para actores como la Confederación Campesina y Greenpeace, el núcleo del problema se encuentra por tanto en una fase anterior, en la transición de la agricultura hacia modelos menos productivistas y la reducción de nuestro consumo, especialmente de carne. 

Hoy en día, el mercado de la soja está en manos de un puñado de operadores conocidos como los "ABCD" por ALZ Graos, Bunge, Cargill COFCO y Louis Dreyfus, todos ellos implicados en la deforestación. Según una investigación de la ONG Mighty Earth, realizada entre enero y noviembre de 2021, esos operadores han deforestado 27.000 hectáreas en Brasil para plantar soja. La industria francesa de alimentación animal se abastece principalmente de tres de ellos: Bunge, Cargill y Louis Dreyfus. Prohibir a los europeos consumir soja de ese origen no impedirá que trabajen con estos deforestadores que ostentan el monopolio.

Además, no están en línea con las ambiciones de la UE. Según su promesa, dejarán de deforestar a partir de 2025. Se trata de un compromiso que adquirieron en la última COP, celebrada en Egipto en noviembre de 2022. Sobre el nuevo reglamento europeo, que se debate desde hace varios meses, ni una palabra. Hemos contactado con Bunge pero no ha respondido a nuestras preguntas. A la espera de 2025, y de que las promesas de los operadores se conviertan en hechos, nada indica que vayan a detener sus bulldozers. 

“Nos enfrentamos a multinacionales casi intocables, en posición de fuerza", afirma un responsable de una fábrica francesa de piensos, que prefiere permanecer en el anonimato. “Puede haber normativas europeas, podemos incluir soja no desforestante en nuestras especificaciones, pero al final harán lo que quieran". Se contactó con otras fuentes de la industria alimentaria, pero sólo Carrefour accedió a responder. En concreto, el grupo se ha comprometido en 2020 a evaluar a los "operadores clave" de sus cadenas de suministro para "favorecer progresivamente a aquellos que reduzcan los riesgos de deforestación". En este contexto, la normativa europea, bien acogida por la dirección del grupo, "les ayudará a ser totalmente transparentes sobre el origen de las materias primas". El objetivo es lograr "cero deforestación importada" de soja de aquí a 2025 en "sus principales Líneas de Calidad Carrefour y productos de marca Carrefour". Los plazos son ajustados para un camino todavía muy largo: sólo el 20% de estos productos están actualmente "libres de deforestación". 

Traducción de Miguel López

El calor extremo vivido en 2022 no fue una anomalía, según ha señalado este jueves la Organización Meteorológica Mundial (WMO). El organismo dependiente de las Naciones Unidas afirma que cada uno de los últimos ocho años ha sido más cálido que cualquiera del resto del registro, que data de mediados del siglo XIX. Esta situación evidencia, una vez más, la tendencia hacia un clima más extremo y caluroso debido al cambio climático, según los expertos. 

"Los últimos ocho años han sido los más calurosos registrados en todo el mundo, impulsados por el aumento constante de las concentraciones de gases de efecto invernadero y el calor acumulado", reconoce el informe. 

La media de temperaturas de los últimos diez años (2013-2022) muestra que la Tierra se ha calentado ya 1,14 grados frente al periodo preindustrial (1850-1900), cinco décimas más que en la década 2011-2020, que cerró con un aumento de 1,09 grados. De esta manera, el planeta se acerca poco a poco a los 1,5 grados de aumento de temperatura que se fijó como el objetivo idóneo para 2050 en el Acuerdo de París.  

"La probabilidad de superar —temporalmente— el límite de 1,5 °C aumenta con el tiempo", afirman los expertos de la ONU. 

El año que acaba de cerrar fue el segundo más cálido registrado en Europa —y el récord de España—, aunque globalmente es el quinto o el sexto del histórico, a falta de los datos definitivos que se publicarán en abril. La causa de que no sea el primero es un azote más fuerte de lo normal de La Niña, un temporal que enfría la zona del Pacífico y que indirectamente suaviza las temperaturas globales durante unas semanas. Por orden, los años más calurosos del histórico fueron 2016, 2019 y 2020. 

Desde la ONU recuerdan que en 2022 también ocurrieron numerosos eventos extremos. "Amplias zonas de Pakistán se inundaron, dejando importantes pérdidas económicas y víctimas humanas. En China, Europa y América del Norte y del Sur se registraron olas de calor sin precedentes. La prolongada sequía en el Cuerno de África amenaza con convertirse en una catástrofe humanitaria", señala el secretario general de la WMO, Petteri Taalas. 

Durante el año pasado también se produjo un deshielo récord en los Alpes europeos, según los análisis preliminares. En Suiza se perdió el 6% del hielo, debido principalmente a las escasas nevadas, a la llegada de corrientes de polvo del Sáhara y a sucesivas olas de calor en verano. En Groenlandia también se perdió masa helada por 26º año consecutivo y en septiembre llovió por primera vez desde que se observa este territorio. 

La Organización Meteorológica Mundial aúna datos de los seis principales centros de investigación del cambio climático y la información publicada este jueves es una sucesión de malos augurios. Respecto a los mares, afirma que la tasa de aumento del nivel del agua se ha duplicado desde 1993 y ha subido casi 10 milímetros desde enero de 2020, hasta alcanzar un nuevo récord. 

Las Naciones Unidas advierten de la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana, mecanismos que permiten advertir a la población que se aproxima una catástrofe. Solo la mitad del planeta tiene estos servicios de alerta, según Taalas, y en buena parte de África y en islas remotas carecen de buenos sistemas para predecir temporales. 

Según un estudio de la organización británica Christian Aid publicado en diciembre, los países más afectados en 2022 por los eventos extremos estaban en desarrollo. Las inundaciones son los eventos más mortíferos y acabaron con la vida de más de 1.700 personas en Pakistán, más de 600 en África occidental y 460 en Sudáfrica.

La promoción de las energías renovables se ha convertido en la última década en uno de los pilares de las políticas energético-climáticas de la Unión Europea: junto con las medidas de eficiencia y la creación del mercado de derechos de emisiones, las renovables se han convertido en el verdadero motor de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alcanzadas por la Unión. Todo ello, sin lastrar el crecimiento económico, al contrario, generando actividad económica y empleo.

Nadie puede dudar hoy de la necesidad, de la urgencia de acelerar el despliegue de las energías renovables: olas de calor asfixiante cada vez más frecuentes –el verano de 2022 ha sido el más caluroso que ha padecido Europa desde que hay registros–, incendios cada vez más virulentos, sequías históricas... La descarbonización de nuestra economía es una obligación para salvaguardar un planeta habitable y su biodiversidad, un compromiso con el futuro de la humanidad.

Si su rol ya era crucial en la lucha contra el cambio climático, más lo es todavía en medio de una crisis energética de enormes dimensiones y que afecta de manera particular a Europa tras la invasión rusa de Ucrania: Europa necesita desarrollar con urgencia todo su potencial renovable para liberarse de chantajes, para construir su autonomía estratégica, y para reducir los precios de la energía de ciudadanos y empresas.

En estas circunstancias, en el Parlamento Europeo hemos trabajado para que el paquete legislativo climático que nos permita reducir las emisiones de GEI en un 55% para 2030 sirva también como un elemento que empuje a la UE para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Concretamente, hemos adoptado nuestra propuesta de revisión de la Directiva de Renovables para impulsar el despliegue masivo de energías limpias.

La propuesta que ha aprobado el Parlamento reclama que las energías renovables cubran al menos un 45% del total de la energía consumida en Europa en 2030. Partiendo de poco más del 20% en 2020, para dar ese salto de gigante es necesario que la penetración de estas fuentes de energía se produzca en todos los sectores: desde la generación eléctrica, al transporte, las edificaciones o la industria, que cuentan también con unos subobjetivos ambiciosos. Por otro lado, también es necesario avanzar en un marco regulatorio para nuevos vectores energéticos como el hidrógeno verde, aquel fabricado con electricidad renovable, que está llamado a jugar un papel determinante en la descarbonización de sectores donde la electrificación sea más compleja, como algunas industrias (acero, cerámicas, fertilizantes...) o ciertos modos de transporte (pesado terrestre, marítimo o aviación). Para ello, precisamos de un marco legislativo claro que debe dar seguridad a los inversores que quieran avanzar en este campo. Igualmente, la propuesta del Parlamento sigue el camino iniciado por la Directiva de Renovables anterior haciendo hincapié en la necesidad de facilitar el camino a los ciudadanos como productores de su propia energía.

Las discusiones sobre algunas renovables como la biomasa han sido de calado y no exentas de un enriquecedor debate entre instituciones, industrias y organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en la energía procedente de biomasa forestal primaria ha prevalecido el principio de conservación y gestión sostenible de los bosques, primordial para España ante el evidente riesgo de incendios y, por primera vez, se da una señal de que el uso de este tipo de energía tiene un límite y no debe seguir aumentando. Existe un objetivo claro para que en el desarrollo de estas energías prevalezcan las iniciativas de carácter local más respetuosas con el medio ambiente y las poblaciones rurales. Por otro lado, en el campo de la sostenibilidad relacionada con la bioenergía procedente de cultivos agrícolas, el Parlamento ha avanzado la prohibición del uso del aceite de palma para el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones del transporte y apuesta por 2023 para que la soja siga el mismo camino. De este modo, se trata de evitar la deforestación y la disminución de la capacidad de los bosques para absorber carbono no sólo en Europa, también en terceros países.

Quedan para una nueva tanda de negociaciones cuestiones de gran importancia y que percibimos cada día en nuestra sociedad. Hay necesidad de acelerar los proyectos renovables que hoy se demoran en el proceso burocrático de obtención de permisos, pero esto no debe hacerse con perjuicios para nuestras zonas de valor ambiental ni contra las poblaciones que viven en esas áreas. Hace unos días pude ver la magnífica película Alcarràs, ejemplo de cómo la especulación, también en el ámbito de las energías renovables, distorsiona las sociedades rurales. Producir energía limpia es necesario, crea empleo, pero también debe generar mejores condiciones de vida y mejores perspectivas de futuro para las comunidades locales y las personas que viven en ellas.

Más allá de dialécticas improductivas que no buscan sino perpetuar una economía fósil, debemos alentar una movilización colectiva en la sociedad europea y española en defensa de un modelo de desarrollo respetuoso con el planeta, un modelo que además de defender valores propiamente ecológicos se erija en escudo frente a agresiones externas a los principios y valores en que se fundamenta la Unión Europea. La transición energética mediante el desarrollo de energías limpias es también una defensa de nuestra democracia ante amenazas autoritarias externas e internas.

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Nicolás González Casares, Eurodiputado del Grupo Europeo de Socialistas y Demócratas y ponente socialista de la nueva Directiva de Energías Renovables

La comunidad científica española ha presentado un manifiesto donde se pone de relieve el grave impacto ambiental que supone la deforestación importada. Debido a sus actividades comerciales, la Unión Europea fue culpable del 36% de la destrucción de ecosistemas en todo el planeta entre 1990 y 2008. La deforestación está asociada a la importación de determinadas materias primas y productos, principalmente por actividades agrícolas y ganaderas.

Las asociaciones Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y WWF han alertado sobre la urgencia de desarrollar un marco legal a nivel europeo que regule estas importaciones y su impacto ambiental fuera de Europa. España destaca en esta problemática, ya que fue el tercer mayor importador de deforestación entre 2005 y 2017.

El manifiesto, firmado por 350 científicos y científicas, ha sido presentado a una semana de que se celebre el Consejo de Ministros europeos de Medioambiente, el próximo 28 de junio. En dicha reunión se votará la propuesta legislativa presentada el pasado mes de noviembre por la Comisión Europea para frenar la deforestación.

Sin embargo la comunidad científica reclama una ley más ambiciosa. En primer lugar, piden que se tengan en cuenta otros ecosistemas con "gran valor ecológico" además de los bosques, como pastizales, sabanas, turberas o humedales que pueden actuar como "sumideros de carbono".

Las asociaciones también piden que se amplíe la lista de "productos asociados a riesgo de deforestación y degradación forestal", entre los que incluyen todos los tipos de ganado (no sólo el vacuno), el caucho y el maíz. Igualmente entienden que es necesario mejorar la trazabilidad hasta el lugar de producción de las materias primas, así como garantizar los derechos humanos en las comunidades locales donde se importen los productos.

La deforestación en la Amazonía brasileña ha aumentado casi un 22 por ciento con un área más de 13.000 kilómetros cuadrados arrasada en el lapso de un año, lo que supone la cifra máxima registrada en los últimos 15 años, según un balance del el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil.

Los datos satelitales del Inpe han reflejado que entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021 se perdieron 13.235 kilómetros cuadrados, lo que marca un crecimiento, el tercero consecutivo desde la entrada del Gobierno de Jair Bolsonaro, informa Europa Press. 

Los datos provisionales anteriores del INPE ya indicaban que la deforestación estaba creciendo. El papel de Brasil en la mitigación del cambio climático se considera clave, mientras gran parte del país ha sufrido escasez de agua y sequía en los últimos meses.

La parte de la Amazonía, un importante depósito de dióxido de carbono, es equivalente a la de Europa Occidental en tamaño, pero el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ve en la región sobre todo un potencial económico sin explotar.

El Gobierno brasileño ha recibido presiones internacionales y anunció en la COP26 en Glasgow que pondría fin a la deforestación ilegal de la selva amazónica para 2028.

En este contexto, Greenpeace ha advertido de que los datos de deforestación publicado este jueves estaban fechados el 27 de octubre, días antes de que comenzara la COP26, por lo que ha acusado al Gobierno brasileño de tratar de mejorar su imagen cuando ya era consciente de que se había batido otro récord de deforestación.

La UE presentó el miércoles una propuesta para restringir las importaciones de bienes con producción vinculada a la deforestación, que podría afectar a Brasil. Por su parte, la Asociación de Productores Agrícolas de Brasil ha emitido un comunicado en el que expresaba su indignación por la propuesta.

Cuando los nicaragüenses vayan a las urnas el próximo domingo se van a encontrar sin aspirantes serios que compitan con el presidente Daniel Ortega, tras meses de represión contra los opositores a su régimen. Desde junio pasado, su gobierno ha detenido a decenas de contrincantes políticos, periodistas y activistas en una campaña que provocó una oleada de nuevas sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos.

Pero mientras que las tácticas represivas de Ortega ocupan los titulares de los medios internacionales, el papel de su gobierno al permitir un desastre ambiental con consecuencias graves para el clima global ha recibido mucha menos atención.

Nicaragua, que alberga la segunda selva tropical más grande de América después de la Amazonia, es el país en el mundo que pierde sus bosques al ritmo más acelerado. La deforestación se disparó a partir de 2014, cuando Ortega tomó el control directo del Instituto Nacional Forestal (Inafor). Las cifras de Naciones Unidas analizadas por Our World in Data, una iniciativa dirigida por académicos de la Universidad de Oxford, muestran que la pérdida media anual de bosques en Nicaragua pasó del 1,34 por ciento entre 2010-2015 al 2,56 por ciento entre 2015-2020.

Este desastre ambiental se ha alimentado de presuntas prácticas corruptas en Inafor y ha sido posibilitado por la familia presidencial, según muestra una filtración de miles de documentos internos analizados por la organización periodística internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Los datos del Inafor muestran que la vicepresidenta del país, Rosario Murillo –que también es la mujer de Ortega–, y otros funcionarios intervinieron directamente en la institución, usándola para repartir favores a empresas políticamente conectadas. En otro caso, los documentos revelan los vínculos de un juez de la Corte Suprema con un programa de reforestación del Inafor.

Los reporteros del OCCRP también realizaron docenas de entrevistas, que exponen cómo las comunidades indígenas han sido marginadas mientras que foráneos talan sus bosques. El exministro de Medio Ambiente de Nicaragua Jaime Incer Barquero sostiene que el acaparamiento ilegal de tierras indígenas, un factor clave de la deforestación, se produce con el "consentimiento de las autoridades a todos los niveles". "La corrupción es la principal causa de todas estas desgracias", añadió.

Un exfuncionario del Inafor, que habló de manera anónima por motivos de seguridad, señaló que la agencia entregaba permisos forestales siguiendo la dirección de la presidencia por motivos políticos o a empresas cuyos verdaderos dueños se desconocen. "Su función es hacer que parezca legal, aunque no lo es", explicó el funcionario. "No sólo la droga tiene una mafia, también la madera".

Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua no respondió al cuestionario que OCCRP le envió. Murillo reconoció haber recibido preguntas de los periodistas, pero no las contestó.

El año pasado, según la ONG Global Witness, Nicaragua fue el más letal del mundo per cápita para quienes defienden su tierra y el medio ambiente. "La corrupción es un importante motor de la deforestación", afirma Paulo Moutinho, científico y cofundador de IPAM Amazônia, una oenegé brasileña que estudia la tala en la Amazonia. "Hay una sensación de impunidad relacionada con los delitos medioambientales", añade.

Árboles y poder

En agosto de 2017, Ortega nombró a Shanda Vanegas, originaria de la región autónoma del sur de Nicaragua, como co-directora del Inafor. Vanegas, la primera mujer afrodescendiente en ocupar el cargo, quería erradicar la corrupción en esa entidad.

Su mandato duró apenas cuatro meses.

En diciembre de ese año, Vanegas escribió una angustiosa carta a la vicepresidenta Murillo anunciando su renuncia y denunciando la corrupción en Inafor. En su mensaje culpó a “grupos mafiosos que desde el interior” bloquean los intentos de sanear la agencia.

Correos filtrados muestran que Murillo mantuvo un control férreo sobre Inafor, al tomar decisiones en todo tipo de actividades, desde informes oficiales hasta agendas de reuniones con donantes internacionales.

En una ocasión, Murillo intervino para ayudar a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), una compañía estatal de distribución eléctrica que ha sido denunciada por entregar contratos a la familia presidencial. El análisis de OCCRP de la filtración revela que Enatrel fue el principal receptor de permisos forestales entre 2014, cuando recibió 28, y 2018, cuando obtuvo 317.

En marzo de 2020, Murillo aprobó una directiva que le permitió a la compañía eléctrica recibir autorizaciones para cortar y podar árboles. Al mes siguiente Inafor concedió a Enatrel un tipo especial de permiso forestal reservado para proyectos de "interés nacional”. Enatrel también fue la única entidad en toda la filtración de Inafor que fue eximida de pagar por las inspecciones de la agencia.

No está claro por qué Enatrel necesitaba tal cantidad de permisos forestales. Muchas solicitudes en la filtración indican que los pidió para ampliar la red eléctrica del país. Un plan del gobierno también proyectó que Enatrel requería un número creciente de permisos del Inafor para "electrificación rural". Pero el tipo de permiso más común que recibió Enatrel fue para leña y carbón vegetal, ambas fuentes de combustible muy usadas en Nicaragua. Expertos cuestionaron por qué la empresa estatal necesitaría estos permisos, ya que no genera electricidad, sólo la transmite.

El exfuncionario del Inafor indicó que a Enatrel le concedían regularmente permisos a pesar de no cumplir con "los requisitos mínimos" para obtenerlos y estimó que la empresa no restauró el 80% de las áreas que taló. Hojas de cálculo y correos filtrados enumeran docenas de casos en los que Inafor descubrió que la compañía estatal no había restaurado áreas deforestadas, a pesar de su obligación legal.

"Enatrel no ha mostrado pruebas de tener un plan de restauración, y mucho menos de haberlo aplicado", dijo el exfuncionario del Inafor.

En 2018 y 2019, Enatrel pagó casi 500.000 dólares en contratos de publicidad a empresas dirigidas por los hijos de Ortega y Murillo, según reveló la plataforma de investigación latinoamericana Connectas. Los contratos, que fueron vistos por OCCRP, incluyeron una empresa de publicidad controlada por Juan Carlos Ortega, hijo de la pareja presidencial.

Pero los tratos especiales en Inafor no solo favorecieron a Enatrel. Correos filtrados muestran que Murillo también intervino para ayudar a una empresa de resina de pino que cuenta entre sus socios a Osorno Coleman. Este es un antiguo comandante indígena que luchó contra las fuerzas de Ortega en la guerra civil de Nicaragua, pero que luego cambió de bando para trabajar con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Amaru Ruiz, director de la organización ambiental nicaragüense Fundación del Río, afirmó que Inafor funciona como un grupo de crimen organizado, con decisiones que se transmiten de arriba hacia abajo en un sistema clientelista.

Bosque de pinos en la localidad nicaragüense de Koom.

el destino de fondos internacionales

A pesar de las preocupaciones por la deforestación que impulsa el gobierno de Nicaragua, la cooperación internacional ha invertido millones de dólares en proyectos ambientales en el país.

Según un recuento realizado por OCCRP, de 2006 –cuando Ortega inició su segundo mandato– a noviembre de 2020, donantes como las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo aprobaron donaciones, cofinanciaciones y préstamos por 513 millones de dólares. El país también se benefició de fondos regionales e internacionales de cerca de 3.680 millones de dólares entregados por el Global Environmental Facility, que distribuye ayudas financieras de grandes donantes internacionales.

Este apoyo internacional ha generado críticas de ambientalistas y grupos defensores de los derechos indígenas.

"El gobierno nicaragüense ha demostrado que no puede proteger nuestras tierras comunales, nuestros bosques, ni a nuestra población indígena y afrodescendiente", escribió la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua en una carta abierta al Fondo Verde para el Clima de la ONU, después de que éste aprobara el proyecto Bio-CLIMA de 115 millones de dólares en noviembre del año pasado.

El Banco Mundial, que retiró su apoyo al proyecto a principios de este año, citando preocupaciones sobre la implementación, dijo que “estaba listo para apoyar proyectos de conservación en el futuro”. El Green Climate Fund no respondió al cuestionario que le enviaron.

Parte importante de los miles de correos y documentos filtrados están vinculados con la llamada Cruzada Nacional de Reforestación del Inafor, una iniciativa en la que policías, soldados, estudiantes y voluntarios siembran árboles en todo el país. Según se informa, se han plantado cerca de 250.000 hectáreas desde que empezaron en 2007.

Las cruzadas forman parte del Programa Nacional Forestal, que recibe financiación del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (Fonadefo), gestionado por el Inafor. El fondo se creó en 2006 para apoyar proyectos de gestión forestal sostenible con una mezcla de inversión estatal, donaciones privadas y fondos internacionales, que incluyen las del Banco Mundial.

El ambientalista nicaragüense Fabio Buitrago indicó que estas “cruzadas” se han usado para beneficiar a aliados de Ortega, al financiar plantaciones privadas en lugar de proyectos públicos. Según la ley nicaragüense, quien opera una plantación forestal puede deducir hasta el 100% de sus impuestos sobre la propiedad y el 50% de los impuestos municipales sobre la venta de tierras. "Fue un pretexto para canalizar dinero a individuos y empresas que son afines con el gobierno", afirmó Buitrago, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible. "Buena parte del dinero que logró recaudar no llegó a ejecutarse en reforestar las áreas públicas del país".

Uno de los beneficiarios, según los datos filtrados del Inafor, fue Marvin Ramiro Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y miembro senior del Frente Sandinista. Aguilar, un aliado cercano de Ortega y Murillo, fue sancionado por Estados Unidos el año pasado por apoyar “la identificación, intimidación y castigo sistemático del régimen contra la oposición política”:

Una hoja de cálculo que detalla las plantaciones registradas para la cruzada de 2018 muestra que Aguilar operaba una plantación del Inafor en San Pedro de Lovago, un municipio de la región central de Chontales, donde él y Ortega nacieron. Otras tablas enumeran decenas de parcelas de su propiedad en Santo Tomás y Juigalpa, también en Chontales, donde recibió árboles ese año y el siguiente.

Buitrago indicó que sería ilegal que Aguilar recibiera beneficios del Fonadefo bajo las reglas del fondo y la Constitución de Nicaragua. Ni Aguilar ni Inafor respondieron a repetidos mensajes y cuestionarios que les fueron enviados por los periodistas de OCCRP.

Todos los árboles que Aguilar recibió en San Pedro de Lovago en 2018 provenían de Desminic S.A., una de las mayores empresas mineras de Nicaragua y que en ese momento era propiedad de la canadiense B2 Gold.

Al igual que el magistrado Aguilar, Desminic opera plantaciones forestales en Chontales, donde posee la importante mina La Libertad. El proyecto ha sido criticado por desplazar a comunidades indígenas y a otros pequeños propietarios de la zona. La población afirma que la operación también causa daños ambientales, como la contaminación de fuentes de agua y la muerte de la fauna y peces nativos.

Los datos de la filtración muestran que Aguilar recibió árboles de Desminic S.A. en 2018, un año después de que la empresa y el magistrado firmaran un acuerdo para que la minera financie un plan gubernamental para mejorar el acceso a la justicia de los habitantes de Chontales.

Desminic sostiene que está comprometida con preservar el medio ambiente en las áreas donde opera, que respeta los derechos humanos y no promueve el desplazamiento de comunidades indígenas ni de ningún sector de la población.

La compañía añadió que sus “relaciones con el gobierno de Nicaragua y sus funcionarios está enmarcada en el cumplimiento de las leyes nacionales”, y que le pide a sus trabajadores y proveedores que sigan un código de conducta. Desminic no contestó preguntas específicas sobre su relación con Aguilar.

"Ecológicamente, es un crimen"

En marzo de 2019, miembros de una empresa forestal indígena de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua le escribieron a Inafor para pedir ayuda.

Su cooperativa, Bloque Sipbaa, se enfrentaba a dificultades para obtener permisos de tala y transporte de madera en sus tierras colectivas. Los retrasos habían ahuyentado a un financiero y terminaron “endeudados con el inversionista y sin credibilidad como cooperativa”, decía la carta.

Unos años antes, escribieron los representantes del Bloque Sipbaa, otra empresa taló los bosques de la región sin la aprobación del Inafor. Esa compañía, sin embargo, tenía conexiones políticas de alto nivel. Alba Forestal, como se llamaba, era parte de un extenso grupo de empresas creado por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez para proporcionar ayuda a Ortega, uno de sus aliados más cercanos. La empresa se creó con la intención de que comunidades rurales –la mayoría indígenas– se beneficiaran de los árboles arrasados por el huracán Félix, que devastó Nicaragua en 2007. Pero en 2020 un reportaje de El Confidencial y Armando.info reveló que el proyecto se usó en realidad para cortar árboles sanos. Entre 2009 y 2016, Alba Forestal taló más de 12,4 millones de metros cúbicos de madera en toda Nicaragua, según Rodrigo Obregón, antiguo subgerente del grupo.

Otro informe de Connectas y del medio nicaragüense Divergentes mostró que entre 2012 y 2016, Alba Forestal ganó casi seis millones de dólares con la explotación de tierras pertenecientes a comunidades indígenas del norte de Nicaragua.

Una hoja de cálculo de la filtración del Inafor muestra que entre 2011 y 2013 Alba Forestal recibió seis permisos que cubren dos áreas en Puerto Cabezas, una ciudad cercana al Bloque Sipbaa.

El negocio de Alba Forestal tuvo un impacto devastador en el Bloque Sipbaa. Su exgerente Juan Carlos Ocampo indicó que la empresa debilitó el modelo de negocio de la cooperativa indígena, obligándolos a vender madera en bruto por una fracción del precio que recibían por la madera procesada.

Cuando Alba Forestal abrió una carretera hacia el bosque en 2007, acaparadores de tierras se adentraron en el territorio de la comunidad, apoderándose de parcelas y talando árboles. "Ahora prácticamente toda el área de la cooperativa está desbaratada", afirma Mateo Ocampo, que entonces era presidente del Bloque Sipbaa.

Nidia Matamoros, antigua colaboradora de la organización ambientalista internacional WWF que trabajó varios años con el Bloque Sipbaa, explicó que las tierras de la cooperativa son ahora en su mayoría pastizales para el ganado, explotados por colonos.

"Ecológicamente, es un crimen", afirmó Matamoros.

“Una red completa”

Sin embargo, la mayor parte de la deforestación en Nicaragua no la causan las entidades estatales, sino las empresas privadas y los acaparadores ilegales de tierras que a menudo les allanan el camino.

El gobierno señaló a la agroindustria y la ganadería como los principales responsables de la pérdida de bosques. Los ambientalistas afirman que el auge de la industria del oro en Nicaragua es también un problema que crece, ya que los proyectos mineros provocan deforestación y contaminación, e impulsan la violencia contra los pueblos indígenas.

A pesar de presentarse como antideforestación –Ortega incluso se negó a firmar el acuerdo de París durante dos años alegando que no iba lo suficientemente lejos–, el gobierno de Nicaragua ha promovido estos sectores. Entre 2006 y 2017, las concesiones mineras se triplicaron mientras que se reducían las regulaciones ambientales. El gobierno incluso creó una empresa minera estatal para generar nuevos ingresos, según el grupo ambientalista nicaragüense Centro Humboldt.

La agencia estatal de inversiones ProNicaragua también ha sido criticada por ofrecer grandes cantidades de tierra para plantaciones y por tratar de atraer a la agroindustria extranjera con los "incentivos fiscales más agresivos de la región”. ProNicaragua es dirigida por Laureano Ortega Murillo, otro hijo de la pareja presidencial.

La minería y la agroindustria también fomentan el acaparamiento de tierras, donde los colonos despejan ilegalmente terrenos que luego venden a estas empresas. Fabio Buitrago estimó que el 80% de la deforestación en Nicaragua es ilegal, gran parte de la cual, según los expertos, es habilitada por funcionarios locales corruptos.

El exfuncionario del Inafor que habló con OCCRP bajo condición de anonimato, indicó que el gobierno central ha buscado doblegar a las autoridades que no acatan su voluntad en los territorios indígenas. "Es una red completa, por eso se garantizan el control sobre las autoridades territoriales electas", dijo.

Incer, exministro de Medio Ambiente, añadió que los funcionarios de los gobiernos locales también juegan un papel fundamental en esta red de corrupción ambiental. "Las autoridades locales de esos municipios y esos departamentos son las encargadas de dar los permisos, o de hacer la vista gorda, o de someterse a un pago para dejar pasar los camiones", afirmó. Su conclusión  es que se trata de "toda una madeja de corrupción que está destruyendo la capacidad de supervivencia de los nicaragüenses y haciendo de Nicaragua un país más pobre".

Greenpeace ha desplegado este viernes una gran pancarta en la sede de la Comisión Europea en Bruselas para denunciar "la complicidad" de la UE con los incendios que azotan a la Amazonía y pedir la acción europea ante esta crisis.

A través de un llamativo cartel, con árboles ardiendo rodeados de fuego y humo, Greenpeace ha llamado la atención sobre esta problemática con un eslogan directo: 'La Amazonía arde, Europa culpable'. Los activistas que han descolgado la enorme pancarta han completado la acción destapando botes de humo, por lo que daba la impresión de que el edificio comunitario estaba en llamas.

"Los incendios de la Amazonía parece que suceden muy lejos, pero Europa lo que ha hecho ha sido echar gasolina a las llamas. Con la compra de carne, soja para alimento animal y otros productos de zonas deforestadas, Europa es cómplice de lo que pasa en la Amazonía", ha asegurado Sini Eräjää, responsable del área de agricultura comunitaria en Greenpeace, en un comunicado de prensa.

Por ello, la organización ambientalista señala que es necesaria una legislación comunitaria fuerte que garantice que los europeos hacen una compra segura y sabiendo que ningún producto del supermercado está relacionado con abusos de derechos humanos y la destrucción de la Amazonia

Greenpeace se ha unido a otras 100 organizaciones para reclamar que los productos que destruyen la Amazonia se saquen del mercado de la UE, en un intento de influir en la nueva ley que estudia Bruselas para recortar la contribución europea a la deforestación.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado un acuerdo de los países del G7 para dar a los países de la Amazonia una ayuda de 20 millones de euros para contribuir a la lucha contra el fuego, toda vez que "la pérdida del principal pulmón del planeta es un problema mundial".

"Nadie puede decir que no le concierne", ha afirmado Macron, quien ha adoptado una posición de liderazgo en este asunto a costa de librar un pulso político con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, que incluso ha caído en el terreno personal en sus críticas.

El presidente galo, que ha comparecido ante los medios en el marco de la cumbre del G7 en Biarritz, ha confirmado también que sigue con "mucha atención" los fuegos que afectan a varios países del África subsahariana, "principalmente" República Democrática del Congo, y ha planteado la posibilidad de lanzar una "iniciativa similar" a la anunciada para la Amazonia.

La cuestión medioambiental, sin embargo, no ha estado exenta de polémica en la cumbre, que ha acogido este lunes por la mañana una reunión sobre el clima a la que no ha asistido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Macron ha justificado esta ausencia alegando que le coincidía con encuentros bilaterales.

Leonardo Di Caprio dona 4,5 millones

El actor Leonardo DiCaprio ha donado a través de su organización Earth Alliance un total de 5 millones de dólares (4,5 millones de euros) para la preservación de la selva amazónica, tras el reciente aumento de incendios forestales en esa zona.

La organización pretende de esta manera apoyar a los socios locales y las comunidades indígenas en sus esfuerzos por proteger los hábitats sensibles dentro de la Amazonia, tal y como recoge Europa Press de Variety.

Los fondos serán donados a cinco organizaciones locales: Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo), Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), Instituto Kabu (Kayapo), Instituto Raoni (Kayapo) e Instituto Socioambiental (ISA).

Según el sitio web de la fundación, el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil ha informado de más de 72.000 incendios, un fuerte aumento en comparación con los 40.000 incendios del año pasado. Desde Earth Alliance se atribuye en gran medida este crecimiento a la deforestación por las operaciones de ganado y los cultivos alimentarios. "La selva tropical más grande del mundo es una pieza fundamental de la solución climática global. Sin el Amazonas, no podemos controlar el calentamiento de la Tierra", señaló DiCaprio en una publicación de Instagram.

Earth Alliance fue fundada en julio por DiCaprio junto a los filántropos Laurene Powell Jobs y Brian Sheth. Está dirigida por un equipo de gestión independiente de científicos y conservacionistas que trabaja para proteger los ecosistemas y la vida silvestre, garantizar la justicia climática, apoyar las energías renovables y garantizar los derechos indígenas.

Mientras, diversos artistas de la música y el cine han reaccionado en redes sociales al incendio del Amazonas con el hashtag #PrayForAmazonas (Reza por el Amazonas) reclamando además una mayor concienciación medioambiental para evitar este tipo de desastres naturales.

Por ejemplo, el cantante Alejandro Sanz ha lamentado que "la realidad esté superando a la ficción" y ha alertado de que "a este paso la humanidad será culpable de su extinción". La banda catalana Love of Lesbian ha aludido a la letra de una de sus canciones de 2012 –'Se zamparon todo el Amazonas, les dejaron solo una rotonda. Te da igual, no es occidental'– para hablar de la "tristeza de que se haga real".

Por su parte, Carlos Vives ha lamentado cómo la cultura occidental "siempre ha despreciado y subestimado" a sus "hermanos mayores". "He aquí los frutos, ¿quienes somos los atrasados?", ha criticado. El grupo colombiano Aterciopelados ha instado a "pensar" en la Amazonia y en "todos sus habitantes, animales, vegetales y humanos".

Maná se ha mostrado beligerante con el Gobierno de Bolsonaro instado a "todos los ciudadanos del mundo a unirse para exigir cuidado y respeto" a la selva amazónica. "La guerra no está perdida, solo algunas batallas: la guerra podemos ganarla", ha añadido.

Dani Rovira: "El planeta nos va a pegar una hostia"

Mientras, Bunbury ha recordado que la selva amazónica "proporciona el 20% del oxígeno del mundo y es el hogar de hasta el 30% de todas las especies", y aún con eso ha criticado que haya estado en llamas durante tres semanas "sin cobertura mediática".

Asimismo, los cantantes latinos Ricky Martin, Camila Cabello y J.Balvin han pedido a las autoridades brasileñas que incrementen su acción para combatir los incendios y, a los medios de comunicación, que difundan mas los devastadores incendios que desde hace tres semanas están arrasando el conocido como "el pulmón de la Tierra".

El actor Dani Rovira ha ironizado para asegurar que el planeta Tierra "va a pegar una hostia" a la humanidad "que no se va a acordar de ella ni las cucarachas". En Estados Unidos, uno de los principales defensores del medioambiente, Leonardo DiCaprio, ha subido a su Instagram una imagen del incendio con un texto que apunta al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, como principal responsable de la "aceleración de la deforestación".

La ciudad francesa de Biarritz se dispone a acoger desde este sábado la cumbre del G7 en medio de tres frentes abiertos: la guerra comercial entre EEUU, que esta semana ha conocido una nueva escalada, y el enorme incendio declarado desde hace casi un mes en el Amazonas, intrincado en la agenda de la lucha contra el cambio climático que defienden todos los líderes del grupo exceptuando al hombre que volverá a ser protagonista del evento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa Europa Press.

El mandatario estadounidense se ha dejado sentir incluso en pleno vuelo a Francia. Hace unas horas, en su cuenta de Twitter, Trump ha amenazado con imponer nuevos aranceles a los vinos franceses en represalia contra las intenciones de París de aplicar un impuesto dirigido a las grandes empresas de tecnología estadounidenses.

Trump en su comida con Macron durante la cumbre del G7. EFE

Trump ha admitido que no es un "gran fan" de las compañías tecnológicas, pero que, sin embargo, estas compañías "son estadounidenses y francamente no quiero que Francia se dedique a imponer impuestos a nuestras compañías". "Y si lo hacen aplicaremos aranceles a su vino como nunca antes lo hemos hecho", ha añadido. Se espera también que Trump comente en profundidad otra reciente amenaza: la de ordenar a las compañías estadounidenses que abandonen de manera generalizada sus acuerdos comerciales con China, después de una nueva subida mutua de aranceles.

Otro gran protagonista será Boris Johnson. El flamante primer ministro británico aprovechará su visita para seguir comunicando a sus homólogos internacionales sus planes de futuro para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que el mandatario tiene intención de declarar en la fecha límite del 31 de octubre con o sin acuerdo con las autoridades de Bruselas, con el peligro para la economía que ello podría suponer.

Sobre la cuestión del medio ambiente, se espera que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, vuelva a exhibir su faceta de líder europeo contra el cambio climático tras el enfrentamiento que ha protagonizado esta semana con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, a quien ha acusado de inacción ante el monumental incendio que está arrasando la selva amazónica.

Bolsonaro, por su parte, ha criticado que Macron le haya tachado de "mentiroso" por las supuestas divergencias en materia medioambiental y le ha acusado de difundir "fotos del siglo pasado" para crear alarma. "Lamento que un jefe de Estado como el de Francia se dirige al presidente brasileño como mentiroso", ha señalado Bolsonaro en su cuenta de Twitter, en aparente alusión a las críticas vertidas desde París en las últimas horas por los incendios en la Amazonia.

"Teniendo en cuenta la actitud de Brasil estas últimas semanas, el presidente de la República no puede sino constatar que el presidente Bolsonaro le mintió durante la cumbre del G-20 en Osaka" el pasado mes de junio, ha señalado la Presidencia gala este viernes. París considera que Bolsonaro "ha decidido no respetar sus compromisos climáticos ni comprometerse en materia de biodiversidad". Trump, sin embargo, es un escéptico declarado del cambio climático y es considerado como un aliado del ultraderechista presidente brasileño.

Tusk amenaza con represalias si EEUU impone aranceles a Francia 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha dado comienzo a la cumbre del G7 con una doble reprimenda a Estados Unidos, al que ha advertido de que se encontrará con una represalia de la UE si decide imponer aranceles al vino francés, y a Rusia, a la que ha asegurado que no se reincorporará al grupo del que fue expulsada por hacerse con el control de la península de Crimea, que el bloque europeo considera territorio ucraniano. 

"Bajo ningún concepto vamos a invitar de nuevo a Rusia al G7", ha zanjado Tusk en su rueda de prensa inicial, que ha coincidido justo con el aterrizaje del avión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta semana defendió al presidente ruso, Vladimir Putin, antes de lamentar su ausencia en esta cumbre como antiguo integrante en el entonces G8. El mandatario europeo ha descrito esta cumbre como "una difícil prueba de solidaridad y de unidad tras un año difícil", en el que los líderes de los países más industrializados del mundo han tenido dificultades para encontrar un lenguaje común.

En lo que se refiere a Francia, Tusk ha denunciado que Trump no puede usar los aranceles por motivos políticos tras conocer que el presidente norteamericano podría imponer aranceles al vino francés si Francia hace efectiva su propuesta de gravar con un impuesto adicional (la tasa GAFA o tasa Google) a las compañías estadounidenses en su territorio.

Rifirrafe entre Tusk y Johnson

De igual modo, Tusk ha avisado de que "no facilitará" a Reino Unido que pueda abandonar la Unión Europea sin acuerdo previo, en un mensaje dirigido al primer ministro británico, Boris Johnson, también presente en la cumbre. "Espero que no quiera pasar a la historia como Don Sin Acuerdo", ha declarado.

Johnson ha respondido a Tusk y ha advertido que la etiqueta de Don Sin Acuerdo no quedará solo para el mandatario británicoDon Sin Acuerdo, sino que también se aplicará al propio Tusk si finalmente Reino Unido abandona la UE sin acuerdo alguno. "Diría a nuestros amigos de la UE que si no quieren un Brexit sin acuerdo, entonces debemos deshacernos del 'backstop' y sacarlo del tratado. Si Donald Tusk no quiere quedar como Don Sin Acuerdo tendrá que tenerlo en mente también él", ha afirmado Johnson en declaraciones a la prensa a su llegada a Biarritz.

La UE y la antecesora de Johnson, Theresa May, pactaron un Acuerdo de Retirada que no ha sido ratificado por el Parlamento británico principalmente por el backstop o plan de emergencia que obliga a Londres a cumplir con parte de la normativa comunitaria hasta que se logre un acuerdo estable sobre la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Para Johnson, el plan de emergencia es "sencillamente inviable" porque es "antidemocrático e incompatible con la soberanía de Reino Unido como Estado", pero Bruselas rechaza volver a negociar el Acuerdo de Retirada ya pactado, por lo que la fecha límite del 31 de octubre para la consumación del Brexit podría provocar importantes perjuicios a ambas partes, incluida la restauración de una frontera "dura" en Irlanda.

Sánchez participa este domingo en la cena de clausura 

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, participará este domingo en la cena de clausura del G7 en Biarritz invitado por Francia. El Gobierno considera esta invitación "un reconocimiento a la participación activa y creciente influencia de España y del presidente en los grandes debates globales", según señalan fuentes del Ejecutivo.

Sánchez aprovechará además su estancia en Biarritz para mantener un encuentro bilateral con Boris Johnso, para hablar del Brexit. También tiene programado otro encuentro con el presidente del Banco Mundial, David Malpass.

El presidente tomará la palabra durante la cena, fijada a partir de las 18:45 horas, para intercambiar impresiones con el resto de líderes sobre los temas de la cumbre, que van desde el combate a las desigualdades, a la igualdad de género, el cambio climático y la biodiversidad, pasando por la transformación digital, la cooperación con África y otros asuntos de la política exterior y de seguridad.

El Gobierno también entiende la presencia de España en esta cena como una oportunidad para continuar reforzando la participación de España en grandes iniciativas globales para atajar los principales desafíos que afronta el mundo, como la Carbon Neutrality Coalition, alianza sellada por un grupo de países, la mayoría de ellos europeos, pero en la que están otras grandes naciones como Canadá o México, para poner en marcha estrategias ambiciosas de lucha contra el cambio climático.

Sánchez viajará a Biarritz acompañado de su esposa, Begoña Gómez, dado que la invitación cursada por Francia a los líderes incluye a los cónyuges.

Greenpeace y WWF lamentan que las políticas, actuaciones y declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, alimentan la impunidad en los incendios que están devastando la selva del Amazonas y que en su mayoría están provocados con la intención de ganar terreno para la ganadería y, sobre todo, para el cultivo de productos para la alimentación animal, según informa Europa Press.

El responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, ha señalado que en estas fechas la selva arde todos los años y esto contribuye a la deforestación que se está acelerando en las regiones tropicales y subtropicales.

"Quieren despejar la selva. Este es un proceso continuo cada año en la época de las queimadas para plantar soja, aceite de palma o caucho y que está llevando la tasa de deforestación a una situación problemática", ha manifestado en declaraciones a Europa Press.

Soto ha lamentado también las prioridades y los mensajes del Ejecutivo de Bolsonaro que "da la idea" de que el desarrollo de Brasil pasa por deforestar el Amazonas, favorecer la agroindustria, criminalizar a las ONG y no proteger los derechos y el espacio de los pueblos indígenas.

Entre las actuaciones, que tanto Soto como el director de conservación de WWF, Enrique Segovia, afean al gobierno brasileño en sus primeros ocho meses, destacan el hecho de que ante los datos del Instituto de Investigación Espacial de Brasil (INPE) —que ha contabilizado más de 72.000 fuegos en lo que va de año, un 80% más que en 2018— la decisión de Bolsonaro ha sido destituir al director de esta agencia oficial.

Además, lamentan las declaraciones del presidente brasileño que este miércoles acusó a las ONG ambientales de quemar el Amazonas como venganza por no recibir fondos gubernamentales y su decisión de retirar el Fondo Mundial para el Amazonas, dedicado, precisamente a preservar la selva y evitar los incendios en ella y que recibe importantes aportaciones de países europeos.

"Además de un incendio forestal con miles de focos ardiendo, este es un incendio político ante el que Bolsonaro ha reaccionado de la peor manera", opina Soto, que agradece que durante la negociación del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se pusiera como condición a Brasil que no puede abandonar el Acuerdo del Clima de París, siguiendo la estela de su homólogo estadounidense Donald Trump.

En todo caso, Soto precisa que el hecho de que arda la Amazonía y desaparezcan extensiones inmensas de superficie forestal afecta a todo el planeta. Así, comenta que esto lleva a un "círculo vicioso": a más deforestación, más gases de efecto invernadero y más calentamiento global y, a su vez, más cambios en el suelo y en el régimen de precipitaciones".

En ese contexto, recuerda que bosques y océanos son los grandes reguladores del clima planetario y que este año hay "muy malas señales" como el deshielo en Groenlandia, los incendios en la Taiga Siberiana, la temperaturas del Atlántico —2 grados más alta de lo normal— o los 32 grados centígrados de este verano en Alaska.

De ese modo, vaticina que aunque la emergencia climática no explica los incendios, sí explica por qué son tan virulentos y por qué en España se prolonga el verano, la temporada de incendios y aumentan las olas de calor.

El consumo de la carne de cerdos y pollos españoles contribuyen al fuego en el Amazonas

Con todo, añade que la cuestión excede la soberanía nacional brasileña, ya que estos pastos y cultivos que se ganan a la selva tienen como destino la fabricación de piensos para ganado y que precisamente España es el mayor importador de soja brasileña, normalmente transgénica, para alimentar pollos, cerdos y vacas españolas. "El Amazonas está afectado por nuestra demanda de carne", alerta Soto.

En la misma línea Segovia, de WWF, ha precisado que además de factores climáticos por la sequía que está afectando al Amazonas hay factores políticos.

En concreto, ha destacado a Europa Press que Bolsonaro genera "sensación de impunidad pretendida" hacia el origen de los incendios en zonas indígenas "potencialmente agrícolas", a la que contribuye el cese del director del INPE, sus acusaciones a las ONG ambientales de estar detrás de los fuegos para el "desmatamento" (deforestación) de la selva o bien, mediante la reciente cancelación del Fondo para la Amazonía, que recibía grandes recursos europeos para su conservación y para evitar su deforestación.

Segovia alerta de que todo esto está cambiando progresivamente las condiciones climáticas del Amazonas que se traducen, por ejemplo en que en los últimos 30 años la Amazonía ha absorbido la mitad de dióxido de carbono que anteriormente. "Esto va a agravar el cambio climático", advierte.

Acción mundial: frenar a Bolsonaro y consumo de carne cero

Por ello, el responsable de conservación de la ONG hace un llamamiento a nacional e internacional para "poner freno" a la situación, para que los Gobiernos "hagan entrar en razón a Bolsonaro" porque considera que todo el planeta se juega su futuro. No obstante, admite que Brasil habrá de tener medidas compensatorias para proteger la selva. "No tiene por qué correr con toda la factura de su conservación", añade.

Asimismo, llama a los ciudadanos a reducir "a cero" la ingesta de carne procedente de la ganadería industrial, que precisamente se alimenta de la soja y otros piensos. La medida, según añade, es favorable para el planeta y para la propia salud.

Incendios: misma causa y consecuencias en toda la tierra

Por otro lado, Segovia ha observado coincidencias entre los fuegos de Brasil, de Canarias o de Siberia, ya que en todos los casos, en un elevado porcentaje está detrás la mano del hombre; el 96% en el caso de España.

"Canarias, la selva Atlántica o la Taiga siberiana: las condiciones son parecidas, sequía extrema, temperaturas más altas de lo normal y vientos que ayudan a su propagación. Es el mismo escenario de cambio climático", concluye.

Por último, respecto a la situación en Gran Canaria, asegura que la isla se recuperará, ya que el pino canario está especialmente adaptado al fuego, pero en todo caso WWF pide que se hagan intervenciones mínimas para salvar el suelo y favorecer la regeneración natural del ecosistema y exige una "mejor y más clara gestión" del territorio para evitar que dentro de 10 o 15 años se vuelva a repetir.

La deforestación en la Amazonia de Brasil ha aumentado un 15 por ciento entre agosto de 2018 y julio de 2019, según el Sistema de Alerta de Deforestación que ha registrado 5.042 kilómetros cuadrados de deforestación en este área, informa Europa Press. La organización no gubernamental Imazon ha detallado que solo en el mes de julio, la destrucción de los bosques ha ascendido a 1.287 metros cuadrados, eso corresponde a un aumento del 66 por ciento con respecto a julio del año anterior cuando la deforestación alcanzó los 777 kilómetros cuadrados.

Acre, que tradicionalmente era un estado que no aparecía en la lista de regiones que más deforestan, ha ocupado la tercera posición en este ranking. Así los municipios con mayor área deforestada en julio de 2019 han sido Altamira (128 kilómetros cuadrados) y São Félix do Xingu (96 kilómetros cuadrados), en Pará (norte), y Porto Velho (78 kilómetros cuadrados), en Rondônia.

Respecto a las áreas de conservación, la unidad Triunfo do Xingu perdió 82 kilómetros cuadrados en el mes de julio. Las otras dos unidades de conservación con mayor área deforestada en este mes están ubicadas en Rondônia: Florex Río Preto-Jacundá y Resex Jaci-Paraná, y han perdido 40 y 25 kilómetros cuadrados, respectivamente.

Por otra parte, este estudio demuestra que las áreas indígenas también sufren las consecuencias de la deforestación. Así, las tres áreas indígenas más perjudicadas en el mes julio se encuentran en Pará y son las reservas de Apyterewa y Trincheira Bacajá, ambas en el suroeste del estado, y la reserva Ituna/Itatá, en el sudeste de Pará.

El Sistema de Alerta de Deforestación es una herramienta de monitoreo, basada en imágenes captadas por satélites, y ha sido desarrollada por Imazon para informar mensualmente sobre el ritmo de la deforestación y degradación de las bosques en la Amazonia.

A principios del mes de agosto Greenpeace alertaba del aumento de la deforestación en Brasil en un 40 por ciento en los últimos doce meses y criticaba que las políticas implementadas por el Gobierno de Bolsonaro están destruyendo el Amazonas. El gigante sudamericano alberga el 60 por ciento de la Amazonia, que es la mayor selva tropical del mundo y, como tal, clave en la lucha contra el cambio climático.

Chocolates Trapa ha reafirmado su decisión de dejar de utilizar aceite de palma al eliminar este ingrediente de todos sus productos, después de haber recibido una reclamación por Autocontrol a petición de la Fundación Española de Aceite de Palma Sostenible, según ha informado la firma palentina en un comunicado. Informa Europa Press.

La organización que agrupa en el European Palm Oil Alliance a las compañías comprometidas con la utilización del aceite de palma 100% sostenible ha solicitado a Autocontrol la revisión de la última campaña publicitaria de Trapa por considerarla "engañosa y desleal". 

Sin embargo, Trapa mantiene su decisión "irrebatible" de no ceder ante cualquier juicio emitido por parte del lobby del aceite de palma sobre su campaña -'Una foto irrepetible'-, y ha asegurado que ejercerá las acciones de defensa necesarias "sin dejarse intimidar" por los grupos de presión del aceite de palma.

La PYME palentina anunció el pasado mes de noviembre su compromiso en sustituir el aceite de palma por materias primas de la mejor calidad en respaldo de una producción sostenible, más responsable con el medio ambiente y la salud de las personas.

Desde Trapa reiteran que su campaña es una acción para luchar contra la deforestación consecuencia de la producción de aceite de palma. La empresa española sigue impulsando su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y por adaptarse a las demandas de los consumidores, que cada vez apuestan más por productos saludables.

La compañía Mondelez, que fabrica numerosos dulces como las conocidas galletas Oreo, utiliza enormes cantidades de aceite de palma para elaborar sus productos. Es lo que sostiene la ONG Greenpeace, que denuncia en un estudio que, entre 2015 y 2017, los proveedores de aceite de palma con los que trabaja Mondelez destruyeron más de 70.000 hectáreas de selva tropical indonesia, de las que 25.000 están habitadas por especies tan amenazadas como los orangutanes.

Según el informe de Greenpeace, las empresas que proveen aceite de palma a Mondalez —principalemente Wilmar Internacional, la más importante y menos sostenible del planeta— han sido acusadas de explotación infantil, abusos laborales, deforestación ilegal, incendios forestales o acaparamiento de tierras.

Mapa de la superficie de bosque tropical, hábitat de los orangutanes y bosque talado en Indonesia.

Desde la sede de Mondalez en España remiten a un comunicado oficial en el que explican que dan "prioridad a los proveedores que cumplan con nuestros principios" y se compromete a excluir "a aquellos que no lo hacen". La multinacional defiende su voluntad de "erradicar la deforestación en las regiones en las que se produce el aceite de palma", asegurándose de que lo hace "en tierras legalmente adaptadas para ello, sin provocar la deforestación o  pérdida de turberas, y donde se respeten los derechos humanos y no se utilice mano de obra forzada o infantil".

Greenpeace, sin embargo, afirma que las en torno a 300.000 toneladas de aceite de palma que compra Mondelez para elaborar sus productos no poseen un origen sostenible. A pesar de que Mondelez firmó en 2014 un compromiso contra la deforestación, la ONG asegura que la empresa continúa llevando a cabo las mismas prácticas.

Mondelez añade que " a finales de 2017, el origen del 96% de nuestro aceite de palma se podía trazar hasta su producción y el 99% provenía de distribuidores que contaban con políticas alineadas con las de la compañía".

También tienen en común que todos están relacionados con empresas multinacionales que operan en países en vías de desarrollo con escasa legislación protectora y con aún menor capacidad de supervisión. Asistimos en la actual fase de la economía internacional a un proceso llamativo: las empresas cada vez son más grandes e imponentes en relación a los estados en los que operan. Algunos datos: los ingresos de Wal-Mart equivalen al PIB de Kazajstán, los de Royal Dutch Shell o Exxon Mobil igualan o superan al de muchos países, incluso desarrollados (como Hungría, Dinamarca o Finlandia), pero mientras que en estos la legislación está desarrollada, es estricta y está implementada, no ocurre lo mismo en muchos estados pobres donde la armazón legislativa e institucional es debilísima. Los funcionarios son pocos, están mal pagados y son susceptibles de corrupción no sólo a pequeña escala sino también al nivel de los altos cargos. Las posibilidades de infringir los derechos humanos o atentar contra el medioambiente por parte de estas grandes empresas, normalmente a través de su cadena de suministro, se convierte en una realidad demasiado accesible.

Hace poco escuchaba a un amigo en redes preguntándose qué se podía hacer para combatir este problema. "¿Alguien estaría dispuesto a prescindir del móvil por no colaborar con el comercio "de sangre?", se quejaba. Evidentemente, el consumo responsable de cada uno de nosotros representa una de las vías para impedir que los abusos sigan adelante, pero el consumidor no lo tiene fácil, unas veces por la falta de oferta (aunque si se busca mucho en casi todos los campos comienza a haber industrias y productos "responsables" que respetan los derechos humanos y el medioambiente y cuidan de que lo hagan sus proveedores, Fairphone, por ejemplo, en el terreno de la telefonía); otras veces por la falta de etiquetado adecuado u orientativo o, incluso, por la profusión confusa de él; otras veces porque la información es ambigua, compleja y difícilmente accesible; en ocasiones porque es muy difícil acceder a los productos que sabemos "responsables", etc. A nivel individual no debemos sustraernos de nuestra responsabilidad, pero tampoco ser inconscientes de nuestras limitaciones.

Probablemente la opinión pública no tenga en mente que los organismos internacionales y nuestros propios gobiernos pueden hacer mucho, muchísimo más, para minimizar los abusos y violaciones a los derechos humanos que causan algunas empresas multinacionales directamente o a través de sus relaciones comerciales. Podemos considerar el año 2011 como el punto de inflexión y el comienzo de la intervención pública en este sentido. En este año la OCDE añadió un capítulo acerca de los derechos humanos a sus Líneas Directrices sobre empresas multinacionales, las Naciones Unidas elaboraron unos Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos y la Unión Europea publicaba su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. Estos primeros documentos constituyen hoy un hito fundamental de referencia en este ámbito, un gran avance porque supone reconocer el problema y comenzar a diseñar medidas para combatirlo, pero en todos los casos sólo son planes de actuación, directrices y recomendaciones, que no son de obligado cumplimiento ni disponen de mecanismos de penalización o castigo en caso de no ser respetados por las empresas.

Para su avance se precisaba que los estados nacionales elaboraran planes específicos, que concretasen, adaptasen y reglamentasen las directrices y principios anteriores. Desde entonces, han seguido las peticiones de la OCDE y de la UE 13 países, que han elaborado y aprobado sus respectivos planes: Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Lituania, Suecia, Noruega, Colombia, Suiza, Italia, Estados Unidos, y Alemania. Todos ellos tienen bastante en común: consisten en incentivar por diversos medios las conductas positivas, pero renuncian a penalizar las negativas ni favorecen el acceso a la justicia y remedio por parte de las víctimas de los abusos.

El paso adelante pasa necesariamente porque los gobiernos se atrevan por fin a saltar de una fase voluntarista, que se basa en la autorregulación de las empresas, a otra en la que se elaboren leyes de obligado cumplimiento que contengan penalizaciones en caso de violaciones serias de los derechos humanos y que faciliten el acceso a remedio por parte de los afectados.

El primer paso en este sentido se ha dado oficialmente este mismo año 2017 con la ley francesa de debida diligencia. En general se obliga a las más grandes empresas del país a analizar los impactos directos e indirectos en los derechos humanos y a elaborar un plan de vigilancia. En el caso de que la empresa no elabore este plan cualquier persona puede acudir a un tribunal para exigirlo. En el caso de que se produzcan violaciones a los derechos humanos en cualquier estadio de la cadena de producción o suministro de la empresa, esta puede ser acusada de responsabilidad en el daño. Indudablemente se trata de un gran paso adelante.

Ya tenemos nuestra primera ley europea y mundial, lo cual hay que celebrar, para que las ONG nos pongamos a mostrar sus carencias: en primer lugar, la ley solo afectará a unas 100 corporaciones francesas y dejará las manos libres, por tanto, a las medianas empresas, que también son en muchos casos multinacionales con un alto impacto potencial; es más, el hecho de que estas frecuentemente estén más sometidas a presión por su escasa liquidez, el hecho de que sus departamentos de prevención sean mínimos, si existen, y de que suelen estar menos expuestas a consecuencias reputacionales por su escaso conocimiento público, las está convirtiendo en protagonistas crecientes de violaciones de los derechos humanos o de daños medioambientales.

En segundo lugar, todos sabemos que se pueden elaborar planes perfectos, pero no llevarse a la práctica, porque se necesita voluntad política para implementarlos. No obstante, bastará un plan de prevención bien diseñado, aunque vacío, por parte de las grandes empresas para exonerar a estas de las consecuencias jurídicas de daños a terceros. Y por último la carga de la prueba de que la empresa ha fallado en su obligación de prevención seguirá recayendo en las víctimas, que normalmente no tienen los recursos para enfrentarse a grandes multinacionales con todos los medios a su alcance.

¿Y España? Ay, España... La internacionalización de la gran empresa española es un hecho incuestionable y extenso que ha llegado a todos los rincones del planeta. Y esto comporta riesgo: 32 de las 35 empresas operan o tienen presencia en países con peligro extremo de vulneración de derechos humanos y, sin embargo, los peligros de esta internacionalización todavía no han sido acometidos con el suficiente vigor. En realidad, apenas se ha comenzado.

El año 2013 el gobierno del Partido Popular presentó un borrador de Plan Nacional a empresas y organizaciones sociales, que contestaron con propuestas y enmiendas. Desde entonces, silencio. El plan debería haber sido aprobado en Consejo de Ministros, pero se le ha perdido la pista. Desde hace años el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (consultivo) no ha sido convocado y nos tememos lo peor. ¿Existen conversaciones secretas con las empresas para edulcorar aún más un proyecto original ya de por sí poco ambicioso? Si esto es así en el caso del plan, que son sólo recomendaciones y promoción de actuaciones, qué vamos a decir de una ley de obligado cumplimiento como la francesa. Ni está ni se la espera.

No se trata sólo de la presunta labor de lobby que se pueda estar llevando entre bambalinas, sino que en la administración española sigue dominando la tradicional y unívoca visión de la empresa española como maximizadora de beneficios. No se trata sólo de que la ética empresarial, el respeto a los derechos humanos o la protección medioambiental se considere un estorbo para los resultados de las compañías españolas, máxime cuando afecta a territorios muy distantes, sino que el orgullo de la marca España parece concebirse sólo en función del tamaño de la empresa, y no de su comportamiento ético y de su calidad de marca. Semejante visión cortoplacista del beneficio va en contra de la reputación a largo plazo de las empresas españolas, a las que se deja regirse por una autorregulación que no siempre funciona.

Este artículo es un boceto de respuesta a aquel amigo que se preguntaba qué hacer ante el problema. El consumo responsable es una de las soluciones, necesaria e imprescindible, porque marca el camino a las empresas, pero la clave última de la bóveda la tienen nuestros gobiernos, que todavía no se han decidido a tomar cartas en el asunto de aquellas corporaciones que se benefician de las violaciones a los derechos humanos en los países más frágiles. Mientras tanto, las consecuencias de la producción de aceite de palma seguirán impactándonos, el coltán seguirá siendo un mineral de sangre y cada vez que nos compremos una camiseta barata seguiremos preguntándonos si de verdad debemos hacerlo.

  * Ramiro Feijoo es colaborador y analista del Observatorio de Responsabilidad Social CorporativaRamiro Feijoo

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama) anunció este viernes la cancelación del proceso de emisión de la licencia para construir la presa de São Luz do Tapajós, un proyecto faraónico que pretendía obtener energía de uno de los últimos ríos vírgenes de Brasil. Sin el permiso del organismo, según Greenpeace, la infraestructura no se puede llevar a cabo. Iberdrola y Mapfre, que participaron en un proyecto similar, rechazaron en varias ocasiones desvincularse de la megapresa pese a que, como denunciaron los ecologistas, podría haber afectado irreversiblemente al modo de vida del pueblo indígena mundurukú.

La construcción pretendía anegar, según datos de Greenpeace, 400 kilómetros de bosque, y deforestar otros 2.200 kilómetros. Parte del territorio de los mundurukú, que desde el primer momento han ejercido una resistencia activa contra los planes del Gobierno brasileño. Los indígenas se habrían visto afectados no solo por la pérdida de tierras en las que vivir, también por el descenso en la calidad de sus aguas y la fertilidad de sus cultivos. "Los mundurukú estamos muy felices con esta noticia. Es algo muy importante para nosotros. Ahora seguiremos luchando contra otras presas en nuestro río", declaró el jefe de la comunidad, Arnaldo Kabá Mundurukú.

El Ibama ya suspendió en abril la licencia ambiental de la megapresa aludiendo al impacto que produciría en la vida de personas, animales y plantas. Ahora da un carpetazo que parece definitivo. "Es la mejor noticia que podía llegar", asegura la directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero. El proyecto "era una auténtica barbaridad", opina. La asociación ecologista ha presionado en los últimos meses a Siemens para que se retire de los planes, ya que es una de las pocas empresas del mundo con capacidad de fabricar las turbinas necesarias para construcciones como la de Tapajós. A juicio de Caballero, la desvinculación de la compañía –pese a que los contratos nunca se llegaron a licitar– sería la constatación definitiva de la muerte del proyecto.

Pese a la decisión del organismo medioambiental brasileño, aún quedan varias reivindicaciones a la orilla del Tapajós. La más urgente es la demarcación del territorio de los mundurukú, algo vital para reconocer sus derechos y negociar en futuras tensiones entre las grandes empresas y la comunidad. La Fundación Nacional del Indio (Funai) realizó esta demarcación, aunque fue suspendida por el Gobierno brasileño, que ha apoyado el proyecto de la presa sin medias tintas, por razones "de interés estratégico". La Constitución brasileña reconoce, en su artículo 231, el derecho de los indígenas a ser consultados cuando cualquier actividad incide en su territorio o en su modus vivendi. "Seguiremos trabajando para conseguir que estas tierras sean suyas para siempre", promete Caballero. Algo que ayudaría a luchar contra los 42 proyectos de hidropresas que, según los ecologistas, se están planificando en las inmediaciones del río.

Balones fuera de las empresas españolas

Greenpeace asegura que Iberdrola y Mapfre eran serios candidatos a participar en la construcción de la megapresa, ya que se involucraron a través de empresas participadas en la de Belo Monte. Los ecologistas consideraron que, aunque el proyecto estaba muy verde y aún sin licitar, las compañías debían desvincularse por la incompatibilidad de los planes con sus declaraciones de Responsabilidad Social Corporativa.

Iberdrola participa del 39% de la empresa brasileña Neoenergía, la primera distribuidora de energía del país por número de clientes e implicada en varios proyectos similares. El presidente de la energética española, Ignacio Galán, afirmó que su responsabilidad respecto a una sociedad de la que Iberdrola es propietaria al 39% no incluye la construcción de presas devastadoras. "Ni gestionamos ni pintamos nada en ese tema", aseguró, "son temas de los brasileños, que seguro que lo están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas".

Mapfre, por su parte, aseguró en declaraciones a infoLibre: "No nos podemos desvincular de lo que no ha pasado. No hemos cambiado nuestra postura porque nunca la hemos tenido. No hay un planteamiento”. Para los activistas, las evidencias del daño medioambiental que la megapresa de São Luz do Tapajós pretendía ejercer debían ser suficientes, aunque solo estuvieran sobre el papel.

El desarrollismo económico promulgado por el Gobierno de Brasil se sustenta en perjuicio, en ocasiones, de los tesoros naturales únicos en el mundo que alberga la selva amazónica. Los planes del Estado brasileño pasan por 40 presas en la zona de mayor o menor tamaño, entre la que se encuentra la de São Luz do Tapajós. La construcción, según datos de Greenpeace, anegaría una superficie de 400 kilómetros cuadrados de bosque y generaría la deforestación de otros 2.220 kilómetros cuadrados. Afectaría, bajo criterio de Greenpeace, a las poblaciones de peces, reptiles acuáticos, tortugas, caimanes, delfines de río y otras especies –más de 2.600–, "como ya se ha comprobado con proyectos de energía hidroeléctrica en el pasado y en el presente", reza el informe de la organización ecologista.

Flora, fauna y pueblos indígenas son los amenazados. Los mundurukú, habitantes milenarios de la cuenca del río Tapajós, cortaban las cabezas de los colonizadores y las clavaban en las estacas que delimitaban su territorio. Cuatro siglos después dibujan cabezas en palos en los postes de madera que indican la nueva delimitación. La supervivencia de la comunidad depende de la marcha de los planes del Estado brasileño con respecto a São Luz do Tapajós. La presa no solo anegaría parte de su territorio, sino que también, según los ecologistas, incidiría directamente en la fertilidad del terreno, la pesca y la pérdida de la calidad del agua, recursos indispensables para ellos. Necesitan un río activo y una tierra seca para vivir.

La Constitución brasileña reconoce, en su artículo 231, el derecho de los indígenas a ser consultados cuando cualquier actividad incide en su territorio o en su modus vivendi. Sin embargo, el Estado tiene mecanismos para obviar las normas establecidas cuando lo estima oportuno. En 2014, el proyecto de la megapresa se consideró "de interés estratégico", lo que permitió suspender la demarcación del territorio mundurukú que había realizado la Fundación Nacional del Indio (Funai). "Es como en España las declaraciones de utilidad pública: te saltas procedimientos y se asume el impacto" de los planes, explica el responsable de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto. Establecer legalmente la zona de la que disfrutan los indígenas es un requisito indispensable para la negociación.

El proyecto está estancado. En parte porque ha dejado de ser una prioridad, debido a que, como explica Soto, "en Brasil está creciendo la pobreza y la desigualdad. Es un drama económico que hace que la necesidad de energía baje". También porque el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama) suspendió el pasado abril la licencia ambiental de la central hidroeléctrica, algo que, a juicio del activista, frenará pero no impedirá su construcción. El informe del organismo aporta decenas de argumentos. El impacto sobre la vida de personas, animales y plantas es defendido por la institución y considerado como una evidencia por Greenpeace, que pide a las grandes empresas españolas como Iberdrola y Mapfre que rechace cualquier participación futura, a sabiendas de que aún está todo en el aire.

Iberdrola participa del 39% de la empresa brasileña Neoenergía, la primera distribuidora de energía del país por número de clientes. La compañía ha estado implicada en la construcción de numerosas centrales hidroeléctricas. Incluyendo la represa de Belo Monte, ya terminada pese a las protestas de agentes nacionales e internacionales. Por su parte, Mapfre conforma una empresa llamada BB-Mapfre junto a su socio, el Banco do Brasil, participado mayoritariamente por el Gobierno. La corporación española participó también en Belo Monte asegurando el 30% del riesgo de la megapresa para reasegurarlo posteriormente: una operación conocida como fronting mediante la cual "ellos cobran la pasta y no asumen el peligro", opina Soto.

Iberdrola no ha querido contestar a las preguntas de infoLibre. Sin embargo, el activista de Greenpeace preguntó en la junta de accionistas de la entidad si pensaban desvincularse del proyecto de São Luz do Tapajós. El presidente, Ignacio Galán, contestó que su responsabilidad respecto a una sociedad de la que es propietaria al 39% no incluye la construcción de presas devastadoras. "Ni gestionamos ni pintamos nada en ese tema", aseguró, "son temas de los brasileños, que seguro que lo están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas". Se desvinculan de sus negocios en Brasil pero "en su memoria de actividades sí incluyen la actividad" en el país latinoamericano, lamenta Soto.

Mapfre declaró a los ecologistas en marzo que aún estaban analizando los riesgos asociados con el proyecto para decidir si participan o no. En declaraciones a infoLibre, fuentes de la compañía son mucho más tajantes. Aluden a que São Luiz do Tapajós existe solo en el papel. “No nos podemos desvincular de lo que no ha pasado. No hemos cambiado nuestra postura porque nunca la hemos tenido. No hay un planteamiento”. En el caso de que la central hidroeléctrica saliera adelante, en Mapfre prometen realizar un análisis “completo” del “riesgo y de las consecuencias medioambientales”.

La postura de las grandes firmas españolas es insuficiente para el ecologista y convierte en “papel mojado” sus declaraciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En primer lugar, porque Greenpeace considera que las evidencias de impacto en los mundurukú y en la selva son ya suficientes. En segundo lugar, por los antecedentes. Iberdrola y Mapfre participaron en la construcción de la represa de Belo Monte, en funcionamiento desde hace meses en el río Xingú y con una licencia ambiental aprobada pese a las críticas de asociaciones y figuras mediáticas como James Cameron. Los problemas que acarreará, a juicio de su oposición, son similares: inundación de la selva, desecación del caudal y condena a las tribus indígenas.

Compromisos ambientales en cuestión

“El Grupo manifiesta su total rechazo al trabajo infantil y al trabajo forzoso u obligatorio y se compromete a respetar la libertad de asociación y negociación colectiva, así como los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas en los lugares donde desarrolle su actividad”. Son palabras del código ético de Iberdrola, insuficientes para la empresa para rechazar el proyecto pese a su inmadurez. Mapfre se adhirió en 2004 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre responsabilidad social y sostiene que apoya los Principios para la Inversión Responsable (PSI), pero afirma que deben esperar a su propio análisis sobre Tapajós y no tuvo reparos en involucrarse en Belo Monte. Aún no se ha puesto ni un solo ladrillo en la cuenca del río, pero se prevé un combate intenso entre la ética de las corporaciones españolas y la golosa tarta hidroeléctrica en Brasil.

De acuerdo con la denuncia de Greenpeace, "el aceite de palma es un ingrediente común en los detergentes, champús, cosméticos y otros artículos de uso doméstico". Esto no implica que todo el aceite de palma provenga de plantaciones que deforestan tierras, pero eso ocurre, asegura, con el aceite de plama que utiliza P&G.

Greenpeace subraya que los proveedores de aceite de palma de esta multinacional son propietarios de plantaciones que destruyen el hábitat del orangután y que han incurrido en talas continuadas de árboles en Indonesia. otro de los efectos de la deforestación es el aumento de los incendios. A este respecto, afirma que en 2013 hasta 10.000 personas fueron víctimas de infecciones respiratorias agudas a consecuencia de los fuegos en la provincia indonesia de Riau.

La ONG contrapone el proceder de P&G al de otras empresas que se han comprometido a eliminar el aceite de palma proveniente de empresas que provocan la deforestación de las selvas de su cadena de suministro. Es el caso, asegura Greenpeace, de Kelloggs, L'Oréal, Unilever, Nestlé y Ferrero. Sin embargo, concluye, P&G se ha dedicado únicamente a "lavar su imagen".

Tras hacer pública la denuncia, la organización ecologista ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas en Internet para pedir a P&G "que se comprometa con la protección de las selvas de Indonesia" y que no sea "cómplice" de la destrucción de los bosques. Durante la tarde de este miércoles más de 20.000 personas se han sumado a la protesta de Greenpeace.