Repsol registró un beneficio neto de 1.899 millones de euros en 2025, un 8,1% más que el año anterior, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y económica, la volatilidad en los mercados energéticos y el impacto del apagón del 28 de abril que afectó a la Península Ibérica, según informa EFE. 

Según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado neto ajustado, que mide específicamente la marcha de los negocios, retrocedió un 15,1% en 2025 respecto al año anterior, hasta los 2.568 millones. 

Repsol ha comunicado también a la CNMV que el consejo de administración propondrá a la próxima junta general de accionistas el pago de un dividendo con cargo a los resultados de 2025 de 0,551 euros brutos por acción, que está previsto tenga lugar el 8 de julio de 2026, por lo que la retribución en efectivo para este año ascenderá a 1,051 euros brutos por acción. 

Repsol abonó en 2025 un dividendo de 0,975 euros brutos por acción, un 8,3% superior al de 2024. La retribución total al accionista se situó en torno a los 1.800 millones de euros, en el rango alto del compromiso de la empresa para el periodo 2024-2027. Para 2026, Repsol prevé destinar cerca de 1.900 millones a esta remuneración. 

Asimismo, propondrá a la junta una reducción de capital social mediante la amortización de las acciones propias que adquieran en un programa de recompra que se pondrá en marcha con una inversión máxima neta de 350 millones de euros. 

La energética ha cambiado la forma de reporte algunas de las métricas que ofrecían al mercado desde el cuarto trimestre de 2025, con el objetivo de reflejar de forma más adecuada la manera en que la compañía gestiona y evalúa actualmente sus negocios, lo que no tiene impacto en los estados consolidados del grupo.

Los resultados obtenidos, según apunta Repsol en un comunicado, se producen en un contexto complejo, marcado por la elevada volatilidad de los mercados energéticos, que ha lastrado el precio del Barril de Brent hasta los 69,1 dólares de media en 2025, un 14,5% menos que el año anterior. 

En el caso del área de Exploración y Producción (Upstream), el beneficio neto ajustado del negocio se situó en los 957 millones de euros en 2025, un 6,9% menos que en 2024, en un contexto de volatilidad de precios energéticos y depreciación del dólar frente al euro. La producción media diaria ascendió a 548.000 barriles equivalentes de petróleo al día, en línea con lo previsto en el plan estratégico. 

Para 2026, la compañía tiene previsto alcanzar entre 560.000 y 570.000 barriles al día, sin tener en cuenta el posible incremento de la producción en Venezuela. En este sentido, Repsol recuerda que el pasado viernes la administración estadounidense emitió nuevas licencias que permiten retomar operaciones de petróleo y gas en el país caribeño.

En el negocio industrial, el resultado neto ajustado se situó en los 963 millones de euros, un 33,4% menos, lo que refleja la volatilidad de las materias primas, los menores resultados de la química y los efectos del apagón del pasado 28 de abril. 

En la segunda parte del año, el momento positivo del refino permitió capturar mayores márgenes y obtener un resultado en el cuarto trimestre de 423 millones de euros, 168 millones más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supuso un repunte del 66%. El negocio de cliente registró un beneficio neto ajustado de 754 millones de euros en 2025, un 17,1% más que en 2024, impulsado por el dinamismo del negocio de estaciones de servicio y la contribución creciente de una amplia oferta energética. 

Por su parte, el negocio de generación baja en carbono marcó un resultado neto ajustado de 53 millones de euros, frente a las pérdidas de 24 millones de euros registradas un año antes. 

La empresa presentará sus métricas operativas y financieras actualizadas hasta 2028 el próximo 10 de marzo, lo que permitirá a la compañía adaptarse a la evolución del entorno macroeconómico, regulatorio y empresarial del sector energético. La estrategia, según explica Repsol, para los próximos tres años se basará en los mismos pilares: una retribución atractiva para los accionistas, solidez financiera e inversión disciplinada.

La politización de asuntos de interés general todo lo enturbia. Ahora estamos en plena campaña de la derecha en apoyo de la energía nuclear y, en consecuencia, de la izquierda en contra. El despliegue del lobby atómico estos días es tan arrollador que impide un debate argumentado sobre si es conveniente, o no, alargar la vida útil de las centrales nucleares hasta que se logre el almacenamiento de la energía.

"¡Que viene el apagón!", amenazan, como si atemorizas a un niño con el lobo. Mientras, está en marcha una estrategia dirigida a crear confusión con un tema muy técnico que tiene al Gobierno atrapado entre Sumar y PP-Vox. Resulta que el 1 de noviembre comenzaría el predesmantelamiento de las centrales nucleares con Almaraz al frente previsto para el 2035, según el plan que ellas mismas firmaron con Enresa. Lo que ha provocado el renacer de una polémica que, como el aborto, parece de otra época. 

Si la energía nuclear es tan genial y no está prohibido construir una central, Feijóo y Abascal deberían animar a las eléctricas a levantar una al lado de su casa. Lo que se llama educar con el ejemplo. Ya lo hizo Celia Villalobos con los huesos durante la crisis de las vacas locas o Arias Cañete con los yogures caducados. El problema es que los inversores no quieren meterse en un negocio que no es rentable si hay que partir de cero y que conlleva un alto coste de almacenamiento y gestión de residuos radiactivos.

No veas qué marrón. Porque un molino eólico se desmonta en un día pero en donde ha habido una central nuclear hay que custodiar durante siglos algunos residuos. En 2009, el Congreso planteó montar un cementerio nuclear (ATC) en un municipio de Guadalajara pero la oposición social y política fue tal que se abandonó el asunto. Así que cada una de las siete centrales que hay en España tiene que asumir sus residuos.

Las eléctricas carecen de interés en construir nuevas centrales, pero les conviene mucho que las actuales sigan funcionando ahora que ya están amortizadas. Y a cambio de pedir permiso para seguir funcionando chantajean al Gobierno para que les quite los impuestos que el nuevo gurú económico del PP, Alberto Nadal, aprobó en 2013 cuando era secretario de Estado de Energía y que enfureció al sector. Tranquilos, que para eso ha vuelto ahora, para prometer eliminarlos en cuanto regresen al poder. Lo de siempre. Cuando gobiernan suben impuestos y crean otros nuevos, pero en la oposición se quejan de los que ellos mismos se inventaron. 

Ahí está la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que acaba de renunciar a 40 de los 80 millones que la central de Almaraz ingresaba a su comunidad gracias a su tasa ambiental autonómica. Le ha obligado Vox como condición para apoyar los presupuestos. El pasado mayo ya lo había hecho Mazón, perdonó la ecotasa a la central de Cofrentes a pesar de los más de 5.000 millones que había ganado en 2024. Los presidentes del PP exigirán luego al Gobierno más ingresos porque les faltan para garantizar los servicios públicos a valencianos y extremeños.

En estas, reaparece Red Eléctrica, que cuenta con más redes y más energía que nunca, a pedir auxilio a la CNMC, dando un golpe de gracia a las renovables, que tendrán menos protagonismo en el sistema frente al aumento en el mix de las centrales de ciclo combinado de gas porque no es capaz de gestionar el tráfico y busca cubrirse las espaldas. Un contexto perfecto para polarizar y entonar ‘Nucleares, sí. Por supuesto’, la irónica canción de Aviador Dro en los años 80, en respuesta al lema de la izquierda 'Nucleares, no. Gracias', cuando el debate sobre la energía nuclear estaba en su apogeo.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este lunes una lista con 21 entidades de inversión que operan sin autorización del regulador. Son lo que se suele denominar como chiringuitos financieros y el principal riesgo para los usuarios que se tropiezan con ellos suele estar en que, bajo la promesa de altas rentabilidades, pueden terminar perdiendo todo el dinero entregado.

La imagen de sus páginas web es casi siempre la misma: imágenes de fondo de grandes centros financieros, promesas de altísimos rendimientos y tres sencillos pasos para darse de alta. Y de hecho, uno de los consejos que da el regulador para tratar de evitar el fraude es “desconfiar de la imagen de sofisticación que dan algunas de estas webs”, señalan.

La lista la encabeza AI Chain Traider, una firma que dice operar con inteligencia artificial y ofrece “negociar criptodivisas sin problemas”. Con referencias a España en su dominio, aparece la web de la firma Ibérica Plus y Capital Group Spain y también se advierte de dos aplicaciones móviles que se promocionan en grupos a través de WhatsApp: BRNSA y Cip Invest. Además de sistemas de gestión fáciles, muchas de ellas hacen referencia a los activos digitales y a la inteligencia artificial como reclamo.

En la lista que elabora el regulador aparecen, en muchos casos, diferentes direcciones de internet para una misma entidad. Por ejemplo, Super AI INC, cuenta con cuatro dominios y Market Makers con dos.

Distinguir un chiringuito a primera vista no es fácil, pero la CNMV da algunos consejos en sus manuales. Primero, verificar con un regulador autorizado la entidad y desconfiar si recibe llamadas o correos inesperados, apremios para enviar más dinero, intentos de crear afinidad personal o si se requieren bonificaciones de entrada. Aunque parezca evidente, el cebo de una rentabilidad sin riesgo también suele ser un gran reclamo y muchas veces lleva a productos financieros que ni siquiera existen.

Otra de las advertencias de la CNMV tiene que ver con las redes sociales y las recomendaciones que hacen los influencers. En febrero el regulador anunció que estos podrían ser sancionados con hasta 500.000 euros de multa si sus recomendaciones, sus informaciones o sus fuentes son falsas. Además, señalaba que, aunque no sean entidades autorizadas, estos comentaristas debían revelar sus conflictos de interés y el beneficio propio que les reportan los consejos que lanzan. Una medida que no afecta, por el momento, a las criptomonedas, por estar fuera del mercado regulado.

La lista completa de la CNMV cuenta con más de tres centenares de páginas, aunque uno de los nombres de este repositorio que más repercusión ha tenido en España es Madeira Invest Club (MIC). El chiringuito financiero que publicitó el eurodiputado ultra Luis Alvise Pérez y que desvió alrededor de 1,7 millones de euros de sus billeteras antes de cerrar y abandonar a sus inversores, de acuerdo con un informe de la UCO.

Los 21 chiringuitos de los que advierte el regulador son los siguientes: Ai Chain Trader, Infurablock, Serenity Synergy, Infinity Bitwave, Deravest, Algosone, White Mint Financial Company S.R.O, Superai Superai, Trading Investment Co. Ltd, Super Ai Inc, Market Makers, Market Makers Management Ltd, Financial Open Advisors, Platinum Stock Trade, Ibericaplus, Igeniusfx, Trive-247, Gnexus4, Brnsa, Cip Invest y Monovex.

Blindar el periodismo frente a las amenazas crecientes. Ese, nada menos, es el ambicioso objetivo del Reglamento de Libertad de Medios aprobado por el Parlamento Europeo el 13 de marzo de 2024. Sus previsiones, entre las que están medidas para impulsar la transparencia como la publicación de la propiedad de los medios o la regulación de la publicidad institucional, desataron un intenso debate hace un año en España al hilo del creciente ecosistema de seudomedios que se ha consolidado en España impulsado con dinero público repartido desde instituciones gobernadas por la derecha. Y que el presidente Pedro Sánchez bautizó como “la máquina del fango”.

Sin embargo, más de un año después, la aplicación del reglamento en España sigue sin ser una realidad. Por una parte, los artículos que necesitan un desarrollo normativo no han pasado de la fase de anteproyecto. Por otra, porque la mayoría de los medios afectados por los artículos de aplicación directa se limitan a ignorarlos y la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), el órgano al que el Gobierno quiere atribuir las funciones de autoridad independiente prevista en el reglamento, todavía no tiene autoridad para hacer cumplir la nueva norma.

En síntesis, el reglamento de Libertad de Medios tiene como objetivo principal proteger la libertad, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea. Estableciendo reglas comunes para evitar injerencias políticas o económicas en las redacciones, asegurar la transparencia en la propiedad de los medios y reforzar la cooperación entre reguladores nacionales a través del nuevo Comité Europeo de Servicios de Medios. La idea es blindar el periodismo frente a amenazas crecientes —como la concentración mediática, la presión gubernamental o la desinformación— y garantizar que los ciudadanos europeos reciban información libre, plural y fiable.

El conjunto del reglamento no entrará en vigor hasta el 8 de agosto, pero muchos de sus artículos ya son de obligado cumplimiento desde el pasado 8 de febrero. Aunque nadie, o casi nadie, los cumpla. Porque, entre otras cosas, no existe aún autoridad alguna capaz de hacer que se cumplan.

Es el caso, por ejemplo, del artículo 6, que desde hace cuatro meses obliga a los medios a divulgar “cualquier conflicto de intereses, existente o potencial, que pueda afectar a la oferta de noticias y contenidos sobre cuestiones de actualidad”. En virtud de esta disposición, por ejemplo, un periódico en cuyo accionariado estén empresas eléctricas con negocio nuclear, debería informar de ello a sus lectores cada vez que diese cuenta de debate energético o publicase un artículo de opinión defendiendo las centrales.

Para cumplir con este artículo, los medios deberían reseñar los conflictos de intereses tanto externos (participación de accionistas, anunciantes, partidos políticos, gobiernos o entidades financiadoras que puedan influir en los contenidos) como internos (intereses personales o profesionales de periodistas, directivos o editores que puedan sesgar la cobertura) y divulgar públicamente esa información, de forma visible y comprensible para el público (por ejemplo, en una sección específica del sitio web o al pie de artículos relevantes), fácil de localizar y consultar (sin tecnicismos ni lenguaje ambiguo) y de manera permanentemente accesible y actualizada (no basta con una mención puntual).

¿Y qué pasa si no lo hacen? En estos momentos, nada. La CNMC, cuando asuma su función de autoridad competente, podrá abrir procedimientos de supervisión e imponer sanciones si detecta que un medio oculta conflictos de intereses que pueden afectar a la credibilidad o neutralidad de su oferta informativa, pero nadie sabe cuándo ocurrirá. Ni qué sanciones estará en disposición de dictar.

Es más, fuentes de la CNMC consultadas por infoLibre sostienen que “el Reglamento no impone a los Estados miembros la obligación de designar una autoridad independiente para supervisar el cumplimiento de esta disposición en particular”. Pero, aunque no están obligadas a auditar proactivamente cada medio para comprobar si ha adoptado medidas internas de independencia, sí deben actuar ante quejas, conflictos o indicios documentados, y pueden requerir a los medios que acrediten cómo cumplen con el artículo 6.3. Y, en caso de incumplimiento, podrán ordenar medidas correctoras o sancionar con base aen el régimen nacional que transponga el reglamento.

No es este el único artículo que ya es de obligado cumplimiento y que casi nadie acata. Otra de las disposiciones ya en vigor obliga a los medios a “establecer procedimientos y controles internos que protejan la autonomía de sus equipos editoriales frente a presiones externas o internas”.

¿Y eso qué significa? Que no basta con declarar la independencia editorial; los medios deben demostrar que la garantizan activamente mediante procedimientos y controles internos para proteger el derecho de los profesionales de la información a ejercer su labor sin coacciones y preservar el valor democrático del periodismo libre frente a intereses políticos, económicos o empresariales. Y eso implica establecer procedimientos formales concretos, no retóricos, sobre cómo se toman las decisiones editoriales, qué estructura jerárquica y profesional las respalda y, sobre todo, qué mecanismos existen para rechazar presiones indebidas.

Para cumplir esta disposición, los medios que no los tengan deben crear sistemas de supervisión que permitan detectar y documentar intentos de injerencia. Siguiendo modelos existentes y muy variados. Como por ejemplo, comités de redacción independientes, protocolos de denuncia anónima para periodistas y auditorías periódicas de la línea editorial. O la inclusión obligatoria en los consejos de administración de la figura de consejeros independientes, tal y como ya se hace con las agencias de rating. Siguiendo la máxima de que la supervisión no es censura, sino una manera de proteger la independencia.

¿Cómo se puede materializar esta obligación? Aprobando en los medios estatutos de redacción vinculantes que definan la autonomía de los periodistas, los cauces de decisión editorial y los límites a la injerencia empresarial. Dando a las redacciones opinión sobre el nombramiento o cese del director, para evitar imposiciones ajenas al proyecto periodístico. O creando consejos de redacción: órganos que vigilan el cumplimiento de la independencia editorial y canalizan posibles conflictos entre redacción y dirección empresarial.

Esta obligación supone un cambio estructural en el funcionamiento de los medios dentro de la UE. Ya no basta con proclamar principios éticos: los medios deben demostrar que disponen de salvaguardas institucionales reales que protejan la autonomía de sus equipos editoriales frente a interferencias de cualquier tipo. Pero aunque está en vigor, no ha supuesto cambios visibles en los medios que no cuentan con estos mecanismos. Y, de nuevo, no hay nadie que pueda exigirles su cumplimiento.

Lo mismo sucede con la obligación de los medios, ya en vigor desde el 8 de febrero, de hacer pública información clara, actualizada y fácilmente accesible sobre quiénes son sus propietarios directos e indirectos, así como sobre las personas físicas o jurídicas que ejercen control efectivo sobre ellos. Siguen siendo una minoría los medios que lo hacen.

Esta información debería estar disponible en la web del propio medio al margen del registro nacional accesible al público, que sigue sin existir porque el Gobierno se ha demorado en la tramitación del anteproyecto de ley que lo va a regular. ¿Y por qué los medios están incumpliendo impunemente este artículo? Porque, de momento, España no ha implementado “sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para los medios que no cumplan con esta obligación de transparencia”, como manda el reglamento europeo.

También está en vigor, desde hace cuatro meses, una disposición que prohíbe instalar software de vigilancia intrusiva en dispositivos, herramientas o materiales utilizados por los medios, su personal editorial o cualquier persona relacionada profesionalmente con ellos, con el objetivo de obtener información sobre fuentes periodísticas o comunicaciones confidenciales.

También se prohíben otras medidas de vigilancia, como la interceptación, inspección, detención o sanción de periodistas y personal de medios, así como la vigilancia de sus instalaciones, cuando el fin sea obtener información relacionada con fuentes periodísticas o susceptible de identificarlas. Igualmente, queda prohibido obligar a revelar fuentes o someter a vigilancia a cualquier persona vinculada profesionalmente con los medios para obtener información confidencial.

Una norma que, en gran parte, regula ya lo dispuesto en el proyecto de ley de Secreto Profesional impulsado por el Gobierno y que todavía no ha iniciado su tramitación.

Alberto Núñez Feijóo es el líder de la oposición que mejor ha sistematizado el cuestionamiento permanente de todas las instituciones que no tiene bajo su control. Es una estrategia que comenzó negando legitimidad a entidades intermedias que dependen del Ejecutivo, como el Centro Nacional de Inteligencia, por el hecho de que sus máximos responsables sean de la confianza del Gobierno —como ha ocurrido también con el PP en el poder, pero que la derecha sólo cuestiona cuando está en la oposición—. Y que a lo largo de esta legislatura ha escalado en intensidad hasta incluir, sucesivamente, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado al propio Congreso y a organismos reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas.

Feijóo deja fuera de esa denuncia al Senado, una cámara de control exclusivo del PP con la que trata de suplantar la labor del Congreso, gracias a que es la única que se elige mediante un sistema electoral muy distinto del que rige en el Congreso y que es capaz de dar mayoría absoluta a un partido aunque sólo tenga el 33% de los votos, como sucedió el 23J. También deja fuera al Tribunal Supremo o al propio Consejo General del Poder Judicial. En el primer caso, sus salas han vehiculizado durante años diferentes iniciativas contra actuaciones del independentismo o contra iniciativas del Gobierno, mientras que la presidencia del CGPJ, con Isabel Perelló al frente, se ha alineado varias veces con los vocales conservadores a pesar de pertenecer al sector progresista, el mismo sector que ahora lidera una rebelión contra el TC en Bruselas.

El PP lleva cuestionando al Constitucional desde que, en enero de 2023, tuvo lugar la renovación de cuatro magistrados —antes de esa fecha, los conservadores consideraban cualquier crítica como una intromisión en la justicia—. Todos ellos cumplían las condiciones de idoneidad establecidas en la ley que regula la institución, pero para Feijóo el Alto Tribunal perdió en ese momento toda legitimidad y quedó sometido al Gobierno porque la mayoría conservadora que había dictado sentencias en los últimos nueve años pasó a ser progresista. Y porque el perfil de dos de los nuevos magistrados no le gustaba, aunque su trayectoria, de acuerdo a la ley, no afectase a su idoneidad para el cargo. Desde entonces, el cuestionamiento del TC ha ido en aumento. Hasta el punto de considerarlo “un tribunal de parte” e intentar desacreditar cualquier decisión que suponga dar la razón al Gobierno y quitársela a sus adversarios.

El líder del PP resume todas estas descalificaciones en la acusación genérica de que el Gobierno "ha ocupado las instituciones". La elección del término "ocupación" ya implica una intención deliberada de deslegitimación. A pesar de que los miembros y responsables de todas ellas han sido elegidos y llevan a cabo su labor de acuerdo con la Constitución y las leyes, como demuestra el hecho de que Feijóo no haya encontrado el modo de llevar a los tribunales a ninguna y de que tampoco haya conseguido convencer a la Comisión Europea de que se pronuncie contra los "asaltos" a las instituciones del Gobierno de Pedro Sánchez, como intentó en el caso del Fiscal General, que también ha convertido en otra pieza de caza clave.

El último ejemplo data de esta misma semana a raíz de la renovación casi total de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear. El Gobierno quiere tratar de mantener la actual mayoría absoluta de consejeros designados por el PSOE, preservando también el puesto del consejero propuesto por Sumar y dejando al Partido Popular con un consejero, en pleno debate sobre el inicio del cierre de todas las centrales nucleares en los próximos años, un asunto en el que el PP está dando ya la batalla. La vicesecretaria de desarrollo sostenible del PP, Paloma Martín, calificó la propuesta de renovación de "anomalía democrática" y aseguró que se estaba repitiendo el mismo modus operandi de "colonización" que en organismos como el Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio Televisión Española o el Banco de España: "Es fiel reflejo del autoritarismo de este Gobierno", afirmó.

La norma no escrita establece que, para la elección de la cúpula del Banco de España, debía haber un acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Sin embargo, con las relaciones institucionales prácticamente rotas, el Gobierno propuso en verano del pasado año al entonces ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que tomó posesión del cargo en septiembre. Desde el PP lo calificaron como otro "manoseo" de Sánchez en su estrategia de "ocupación" de las instituciones y se negaron a negociar el nombre del subgobernador pese a que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar a la persona de su elección. Desde el PP habían previsto que fuera Eva Valle, jefa de la oficina económica de Moncloa con Mariano Rajoy, la que ocupara ese cargo, pero renunciaron a la negociación tras la elección de Escrivá.

La Ley de Autonomía del Banco de España establece que el cargo de gobernador lo designa el rey a propuesta del presidente del Gobierno, entre quienes tengan reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios, que el Gobierno consideró probada en el caso de Escrivá por su amplia experiencia en el ámbito financiero y su paso por instituciones como el propio Banco de España, el Banco Central Europeo, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En los últimos meses los conservadores han seguido criticando a Escrivá por no ser "un gobernador independiente" pero le han solicitado información sobre "el impacto del cupo catalán" en las arcas del Estado y han demandado su colaboración para "poder esclarecer los hechos destapados" por el empresario Víctor de Aldama, investigado actualmente por el Supremo.

La elección de Marc Murtra como presidente de Telefónica se saldó con graves acusaciones por parte de Feijóo y su dirección contra el Gobierno que culminaron, la semana pasada, con la petición de su comparecencia en el Congreso. "Si actúa como un miembro del Gobierno, que dé explicaciones como si fuese un miembro del Gobierno", señaló el portavoz del PP, Miguel Tellado. La propuesta de su nombramiento partió de la SEPI, el brazo industrial del Estado y primer accionista de Telefónica, pero contó con el visto bueno del resto del consejo de administración de la empresa de telecomunicaciones, entre los que están La Caixa y el BBVA. Para los conservadores, sin embargo, se trató de una operación dirigida a "controlar" las instituciones pese a que tanto el Ejecutivo de José María Aznar como el de Mariano Rajoy promovieron ceses y nombramientos en empresas participadas por el Estado en las que, incluso, situaron a amigos, familiares y miembros del partido en puestos clave.

La SEPI también cuenta con una participación en Indra, la multinacional española de tecnología y defensa, de casi un 30%. El Estado mantuvo una participación mayoritaria tras su nacimiento hasta que el Gobierno de Aznar la incluyó en su plan de privatizaciones. Tiempo después el Gobierno de Rajoy decidió volver a tener participaciones, que se mantienen en la actualidad. El vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, llegó a sugerir que Sánchez quería controlar empresas para influir en las elecciones del 23J. Sus críticas iban destinadas hacia Indra, la empresa que gestiona desde hace más de dos décadas los datos del escrutinio. Más tarde, tuvo que pedir perdón por sus palabras.

El Congreso de los Diputados aprobó en enero de este año los nombramientos de cuatro consejeros y el vicepresidente propuestos por el Gobierno para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo que vela por la libre competencia y regula los mercados. El Ejecutivo culminó así la renovación de los organismos reguladores tras la falta de candidatos propuestos por Génova para su renovación, al igual que sucedió con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles. Ambos organismos, según el PP, también forman parte de esa "colonización" que, sin embargo, no aplica cuando se trata de ellos.

La formación de Feijóo también ha llegado a cuestionar la legitimidad del Tribunal de Cuentas, el órgano supremo de fiscalización de la gestión económica de las administraciones públicas en España. Su renovación, en abril de 2021, también se convirtió en objeto de polémica por parte del PP. Su presidenta, Enriqueta Chicano, fue duramente cuestionada por los conservadores y también por Vox por no ser capaz de detectar ni prevenir la corrupción con respecto a la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir a trámite la demanda de 72 víctimas de un entramado internacional que ha estafado a decenas de miles de ciudadanos de todo el mundo prometiéndoles cuantiosos beneficios a unas supuestas inversiones en acciones, materias primas y criptomonedas que jamás se llevaron a cabo. Mauro Jordán de la Peña, que se ha especializado en este tipo de ciberfraudes –todos los estafados fueron atraídos gracias a anuncios publicados en internet– ha agrupado a los perjudicados, con el objetivo no sólo de llevar a juicio a quienes les han robado casi 10 millones de euros en apenas unos meses, sino también de intentar recuperar su dinero. Un total de 31 de los 72 demandantes aparecen en los registros de la investigación Scam Empire.

El abogado es consciente de la dificultad de estas investigaciones, que deben traspasar los cortafuegos de los testaferros y empresas ficticias para llegar hasta oscuros personajes situados en países tan lejanos como Georgia o Israel. Pero critica con igual dureza a la policía y los bancos como a los organismos públicos que deberían velar por el cumplimiento de la ley. “El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste”, se explaya. También se lanza contra la propia ley antiblanqueo que, a su juicio, ha creado un “limbo” para las criptomonedas donde se mueven con demasiada alegría los ciberestafadores internacionales.

¿Cómo llegaste a interesarte en este tipo de estafas?

Empecé hace siete u ocho años, prácticamente cuando empecé en la abogacía. Uno de mis primeros clientes fue un señor con una enfermedad muy avanzada, que había perdido ciento y pico mil euros con el que era en aquel momento el broker más famoso del mundo, IronFX, patrocinador del FC Barcelona. Era una estafa muy clara y el dueño estaba en Chipre. Fueron los pioneros.

Y, en el caso de la demanda que acaba de admitir a trámite la Audiencia Nacional, ¿cómo agrupó a estas 72 personas, cada una de ellas en una provincia de España y que probablemente ni siquiera sabían que otras personas como ellos habían sido estafadas por los mismos delincuentes?

Al llevar tantos años y tener el know-how, digamos, sabemos lo que hay que buscar y lo que es relevante para establecer relaciones. Muchas veces la policía investiga hilos que no tienen ningún sentido, como los números de teléfono, por ejemplo, o las criptomonedas. Nosotros tenemos una base de datos muy grande que nos permite establecer marcadores y podemos ver que una persona y otra y una tercera hacen una transferencia a la misma empresa fantasma de la República Checa, por ejemplo. O vemos que el nombre falso de un estafador es el mismo que en otra denuncia. El modus operandi [de los estafadores] es siempre el mismo. Las páginas web que utilizan tienen exactamente la misma maquetación, sólo cambia el nombre. Titularizan a la vez 40 plataformas diferentes. Y manejarse con 40 nombres falsos diferentes, para ellos también es una locura. Por eso muchas veces los nombres falsos también son los mismos. El primer pago siempre es con tarjeta, y las empresas que les hacen la publicidad o el SEO son también muchas veces las mismas.

Además, parece que las plataformas o los grupos criminales no desaparecen, sino que se regeneran y siguen operando.

Sí, las organizaciones criminales, al igual que las empresas tradicionales, tienden al monopolio, tienden a la concentración de capital y de actividades. El ejemplo más claro de otro submundo delictivo con el que se puede comparar es el tráfico de drogas. Es decir, da igual dónde compres la droga, en España, Francia, Bélgica, esa droga viene de Colombia, Ecuador o México, y de cuatro organizaciones fuertes. Dan igual los subgrupos, al final la raíz es el cártel de Cali, los Zetas… Pues con las ciberestafas pasa lo mismo. Fueron poco a poco y cada vez se juntan más: hay tres, cuatro, cinco organizaciones grandes que se dedican a esto y se van extendiendo, se van dividiendo, se vuelven a juntar… y ya las tenemos identificadas.

¿Puede poner nombres y localización a esas tres o cuatro grandes organizaciones?

No es tan sencillo como con el mundo del tráfico de drogas, que está más localizado geográficamente. Pero, policialmente y a nivel europeo, hay identificadas varias organizaciones, pero no tienen un nombre como el cártel de Medellín, claro. Esas organizaciones tiene presencia en varios países, Bulgaria, Albania, y vínculos con Israel, con Rusia.

Por su experiencia, ¿son rivales estos grupos? ¿O trabajan juntos, cooperan y comparten información, por ejemplo?

No, no son rivales. Tras años de actuación, la infraestructura detrás del crimen tienen muchos vínculos en común, como pasa con otros submundos. Al igual que los narcotraficantes gallegos trabajan y descargan cocaína para diferentes cárteles, aquí hay determinadas empresas que proporcionan a los estafadores la tecnología de la información que hay detrás, el CRM [Gestión de Relación con los Clientes, por sus siglas en inglés] o los círculos para el blanqueo de capitales, que son los mismos. Y al final, fruto de años de detenciones de la policía o de explotar la operación contra una parte, surgen envidias, rencores. Sí, los hay que han tenido problemas, pero no hay una guerra entre ellos, que yo sepa.

¿Y las diferentes subcontratas o divisiones de las grandes corporaciones criminales, las que suministran la tecnología o los afiliados de marketing, están identificadas?

Esta gente mueve muchísimo dinero, tanto dinero como los cárteles de la droga. Esas empresas que les proporcionan servicios, son de dos tipos. Unas son fugaces. Proporcionan marketing online, SEO, o son procesadores de servicios de pago, pero las utilizan poco porque tienen una vida útil corta: al final los pillan, se queman. Otras son empresas grandes, potentes, que están controladas por los que realmente cortan el bacalao y que llevan operando años. Éstas les proporcionan la infraestructura, el CRM, los programas informáticos, las herramientas para estafar.

Nos ha sorprendido descubrir que la trama utiliza en España, sin ningún problema, cuentas en el BBVA, el Santander o el Sabadell. Han constituido empresas que han abierto cuentas desde las que han hecho miles de transferencias.

El sistema bancario tiene mucha responsabilidad. Los controles que deben hacer contra el blanqueo de capitales, los procedimientos KYC [Conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés] funcionan para los ricos, para los millonarios y para que una empresa de construcción no reciba tres millones de euros de Arabia Saudí. Para eso sí salta la alarma.

Pero el sistema no funciona para estas estafas, porque la mayoría de las transacciones son transferencias desde España hacia países dentro de la Unión Europea y los bancos ganan mucho dinero con las comisiones que cobran. El BBVA es el banco que menos controles hace. Con todo, lo grave no es que permitan todas esas transferencias, lo grave es que los bancos, como pasaba antes de 2009 con la crisis de las hipotecas, aprueban ahora préstamos preconcedidos para todo el mundo. Y no hacen ningún test de solvencia.

No se trata sólo de que los bancos no apliquen controles al blanqueo de capitales, sino que, una vez que a la víctima le vacían toda la cuenta, el banco le concede un crédito de 50.000 euros que, automáticamente, los estafadores transfieren al extranjero. Los bancos tienen responsabilidad de muchos tipos, pero ir contra ellos es complicado, mientras que los organismos que controlan su actividad son completamente inoperantes. El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste en España.

¿Hay algún agujero o algún fallo en los procedimientos KYC y en los seguimientos posteriores de las cuentas a los que están obligados los bancos españoles que los diferencia del resto de los bancos de Europa? ¿Son menos diligentes de lo que deberían ser o de lo que son en otros países, les dan alguna ventaja que aprovechan los estafadores?

No lo creo. El banco que más utilizan es el Deutsche Bank. [Los estafadores] conocen muy bien el sistema financiero europeo, tanto la banca tradicional como los neobancos. De hecho, participan en neobancos y han creado procesadores de servicios de pago propios, también tienen exchanges de criptomonedas propios. Mueven tanto dinero que ponen tres testaferros, una garantía de tres millones y se abren un banco en Estonia o Lituania. Alguno de ellos ya los han cerrado las autoridades allí.

Pero no creo que haya nada especial en relación a eso. Esta gente fue parte de la caída de Wirecard, que era el tercer neobanco de Alemania. Y el Deutsche Bank… es una locura.

Antes ha mencionado los escasos controles que hace el BBVA…

El BBVA no aplica ningún control. Pero lo importante no son las cuentas de las víctimas, sino que permiten la apertura de cuentas de testaferros, de empresas fantasma, sin plantilla, creadas por ciudadanos extranjeros, sin actividad, sin página web, ni sede social, ni nada… Que facturan miles de euros de un día para otro y esas cantidades se van automáticamente a otras cuentas bancarias en el extranjero

¿Y eso no debería saltar la alarma en los bancos?

Sí.

¿Y salta?

No.

¿Por qué no? ¿Porque los testaferros que abren las cuentas son ciudadanos de la UE?

Porque los bancos no ponen de su parte. Porque ganan mucho dinero permitiéndolo. Los bancos saben contra quién juegan y conocen sus riesgos. Una cosa es la responsabilidad administrativa de los bancos por blanqueo de capitales, que el Sepblac [la unidad de inteligencia financiera y de lucha contra el blanqueo de capitales] les ponga una multa de 15 millones. Pero, por la falta de control en la cuenta de Pepa María en Murcia, la multa de 15 millones a Pepa María de Murcia no le da nada. Pepa María sigue perdiendo los 100.000 euros que se transfirieron desde su cuenta. Entonces, ¿quién se toma ese trabajo?

Y eso suponiendo que Pepa María sepa que el banco tiene alguna responsabilidad. ¿Va una ciudadana de Murcia, destrozada por ser una víctima, a poner, no ya digamos una denuncia en la policía, sino una reclamación al Sepblac, al Banco de España?

Por ejemplo, un control facilito: que, cuando una persona de más de 65 o 70 años haga una transacción de más de 10.000 euros al extranjero, esa transacción se paralice. Los bancos no lo hacen porque ganan mucho dinero con las comisiones. Y no sólo ganan mucho dinero con las comisiones. Los neobancos procesan para ellos

Como Revolut.

Bueno, Revolut, ahora ya no, los cortó, porque ya tiene suficiente cuota de mercado, ya no se arriesga más. Pero tengo decenas, cientos de transacciones a través de Revolut [en la demanda ante la Audiencia Nacional].

El objetivo es la lucha contra el blanqueo de dinero, no la lucha contra el fraude ni contra las estafas.

La lucha contra el blanqueo de capitales la marcan las directivas europeas y es obligada a esta exposición. Y son muy genéricas. Si usted es una institución financiera o un procesador de servicios de pago, tiene que saber hacia dónde va el dinero. Pero un exchange de criptomonedas [un servicio que conecta compradores y vendedores], que también es un sujeto obligados en materia de blanqueo de capitales, ¿cómo garantiza eso? Tengo decenas, cientos de comunicaciones de Binance, de Kraken, entre las principales casas de cambio de criptomonedas, diciendo: “No, no. Esto salió de mi exchange, se fue el dinero a otra criptocartera y no tengo ningún dato, no tengo ni idea”. ¿Cómo se compagina eso con las directivas contra el blanqueo de capitales? Me da igual que sean criptomonedas, tú tienes la obligación de saber adónde mandas el dinero.

Además, a mí la gente no me contrata para luchar contra los bancos, sino para que intente recuperar su dinero. Alguien tiene que hacer esa labor, que es muy complicada. Si quieres que sea efectiva, no se trata de decir a los bancos que tienes a María Pepa, a la que han estafado 100.000 euros. No, se trata de decirles que tienes a 300 clientes que han hecho decenas de transacciones que han sacado miles de euros al extranjero. Tengo 200 cuentas bancarias de testaferros y empresas a través de tu banco. Y ése es un trabajo que también deberían hacer los organismos públicos, la policía, pero son completamente inoperantes.

Parece que, por su nivel de complejidad, estas estafas son muy difíciles para la policía. Empiezan una investigación, pero cuando ven que el dinero sale del país, paran.

Lo que le preocupa a un comisario provincial es que la gente pueda salir a cenar sin que le roben, pueda ir tranquilo por la calle sin que tenga miedo. La seguridad ciudadana. Y, en términos de política criminal, los casos que preocupan a la policía, que son los mismos que preocupan al Gobierno, son los que causan alarma social y tienen mucha repercusión mediática, las agresiones sexuales, los delitos contra la integridad, la libertad… Y después, los casos de corrupción, prevaricación, malversación, la Gürtel, Aldama…

Pero este tipo de delincuencia no causa ninguna alarma social, porque la sociedad española para determinados aspectos tiene la empatía muy poco desarrollada: “Si les han estafado es porque querían ganar mucho dinero”. Tú sabrás dónde metes tu dinero. O porque eres tonto: ¿quién te va a dar duros a cuatro pesetas? Lo ves incluso entre los propios policías y los juzgados.

Hay ciertas cosas de la policía que tendrían que cambiar mucho. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que estos delitos se investiguen de forma tradicional o en un ámbito geográfico, que es lo que hacen. Las unidades de ciberdelincuencia son bastante nuevas. Las unidades arroba de la Guardia Civil o los equipos Edite de derechos telemáticos. Pues, resulta que están por demarcaciones geográficas. Y eso no tiene ningún sentido.

Policías y jueces suelen decir que no saben contra quién actuar. ¿Pueden actuar contra las empresas fantasmas que la trama ha creado en España para empezar a tirar del hilo?

Claro que pueden: son empresas con sede social en España, constituidas ante notario, el nombre de los testaferros es conocido, también el número de las cuentas de los bancos, se sabe que el dinero pasó a otras cuentas... Tirar del hilo es muy fácil. Parte de la investigación tiene que ser en otros países, y resulta que el 75% de los juzgados de España no saben mandar una comisión rogatoria, o consultar con un órgano europeo.

Entonces, ¿qué tiene que pasar para que cambie esta situación?

Muchas cosas: una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma de Ley de Planta Judicial. En Italia, por ejemplo, los jueces cierran las plataformas, y lo hacen bastante.

Los cuerpos policiales dicen que funciona muy bien la coordinación entre ellos, también la colaboración con Eurojust y Europol.

No es cierto. A nivel europeo el país que funciona relativamente bien es Alemania, porque allí mandan los fiscales de los Länder. Y tienen la suerte de que hay tres o cuatro fiscalías donde los jefes son personas muy aptas, que conocen mucho este campo desde hace años y que son los que llevan a cabo las investigaciones.

Volviendo a la tarea de recuperar el dinero de las víctimas. En la demanda, se exige la responsabilidad civil a los exchanges de criptomonedas, no a los bancos. ¿Por qué?

La normativa contra el blanqueo de capitales, aunque los bancos la incumplan, es bastante clara. Los exchanges tienen que saber también a quién envían los fondos, pero la propia tecnología blockchain hace que eso sea imposible. Es una contradicción. Hay una especie de limbo.

Si yo imputo al BBVA, me dirá que verifica completamente la identidad de la empresa a la que se ha enviado el dinero: una empresa de la República Checa con este IBAN determinado. Ahí tienes la identificación formal. Pero debería ir un paso más allá y, como esa empresa está en el ciclo de blanqueo, debería bloquear esa transacción, pero ya es más película.

A mí me da igual que la tecnología haga imposible ese control. La ley lo marca. O cambia la ley o no le dejes operar. Pero no que se mantenga en este limbo: hay una ley de blanqueo de capitales que se aplica a todos, pero a los exchanges no se le aplica y nadie hace nada. Y te dicen, pero ¿cómo voy a prohibir operar a las casas de cambio de criptomonedas? Pues cambia la ley. U oblígales a operar de otra manera.

¿Ha conseguido recuperar el dinero de alguna víctima en otros casos que has llevado? ¿Qué tipo de pruebas hacen falta para tener éxito?

Sí, hemos recuperado dinero, de forma extrajudicial, es decir, apuntando directamente a los responsables, porque son empresas más o menos legítimas, como en el caso de las chipriotas, y todavía están empezando y no quieren que salte la liebre porque saben que tienen pendientes una base de 1.000 personas a las que están estafando. O a través de bloqueos de cuentas bancarias. De hecho, nosotros tenemos una de las primeras resoluciones que bloquea una criptocartera con un millón y medio de euros.

Pero también depende del grupo de la policía que te toque. El grupo de delitos telemáticos de la Policía Nacional de Zaragoza es muy bueno. Aquí en Madrid hay un par de grupos de la UDEF que son muy buenos también. Pero te puede tocar alguien en una comandancia que no sabe lo que es un bitcoin. O los Mossos d’Esquadra, me consta que están sobresaturados y contestan a los juzgados diciéndoles que no pueden investigar.

¿Y cómo es la colaboración con otros países de la UE como Bulgaria?

Estas organizaciones son tan grandes que obviamente están relacionados con los aparatos de poder de países como Bulgaria, Albania.. No me extrañaría que, en muchas ocasiones, policías de Francia o España desconfíen de meter en uno de sus grupos de trabajo internacionales a determinados organismos públicos de terceros países.

La estafa comienza cuando alguien pincha en un anuncio en Facebook o en Google. ¿Estas plataformas tienen también su grado de responsabilidad?

Son cooperadores necesarios. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, las directivas europeas, son relativamente nuevas. Un página web que sirve para una estafa necesita, para estar operativa, que alguien le venda un dominio y se lo mantenga. Si estás vendiendo un dominio y manteniendo en la nube un dominio que sabes que se está utilizando para una estafa, eres responsable. Sin embargo, la ley, las directivas europeas, excluyen la responsabilidad de los registradores de dominios, a no ser que alguien les avise de un incumplimiento y, aun habiendo sido avisados, lo sigan manteniendo. Una víctima no sabe lo que es un registrador de dominio y buscar quién es el registrador de dominio de una página web es inviable para una víctima.

La CNMV acaba de abrir expediente a Twitter, y le amenaza con una multa de 340 millones de euros por permitir anuncios de entidades no autorizadas. Eran deepfakes de famosos que prometían grandes beneficios. Pero no creo que la CNMV tenga quejas de Twitter y no de Facebook o de Instagram. O de los periódicos online. O de Google.

¿Es posible identificar a los teleoperadores? Hemos visto que todos usan nombres falsos. Algunos se comportan como auténticos psicópatas.

Sí es posible. Los descubres porque son chavales, aparecen en las redes sociales, se van de fiesta, alquilan un reservado VIP en discotecas, posan con coches de lujo… Muchos son latinoamericanos, también hay rumanos y extranjeros que hablan español. Todos trabajan desde call centers en el extranjero. Los hay que están allí mes y medio, y se van. Y los hay que levantan 400.000 euros a una víctima. Los que les mandan son los que me interesan. Y esos sí que son psicópatas. He tenido vídeos de algunos de  ellos celebrando que han estafado 300.000 euros a alguien tocando la campana.

1. ¿Qué es la investigación Scam Empire y qué revela?

Scam Empire, el Imperio del Fraude, es una investigación realizada por el consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, la televisión pública sueca SVT y otros 30 medios de comunicación de varios países. Basándose en 1,9 terabytes de datos filtrados, los periodistas han destapado dos grupos de call-centers, con sede en Israel y Europa del Este, el primero, y Georgia, el segundo, cuyos empleados han convencido al menos a 32.000 personas de todo el mundo para hacer “inversiones” por un total de 275 millones de dólares –265 millones de euros–.

Estas operaciones tienen todas las características de una estafa masiva: los teleoperadores utilizan identidades falsas, documentación falsificada y publicidad engañosa; impiden sistemáticamente a los inversores retirar su dinero y casi todos los productos de inversión que ofrecen carecen de licencia y han sido objeto de advertencias oficiales por parte de las autoridades financieras.

Los datos de la filtración ofrecen una visión inédita del funcionamiento interno de una perversa industria del ciberfraude que, según la Policía, cuesta a los ciudadanos cientos de miles de millones de dólares al año.

Los documentos obtenidos, que incluyen más de 20.000 horas de llamadas telefónicas y decenas de miles de capturas de pantalla, muestran cómo los empleados de los centros de llamadas emplean sofisticadas tecnologías comerciales para convencer a sus víctimas de que están a punto de hacer realidad sus sueños financieros. Pero cuando los inversores intentan retirar sus beneficios, los estafadores suelen inventar pretextos para explicar por qué no pueden enviar el dinero, y luego intentan engañarlos para que envíen más.

Aunque los métodos de los estafadores son rudimentarios, su trabajo está muy organizado y funciona a escala comercial desde sus propias oficinas. Utilizan programas informáticos de gestión de clientes, colaboran con profesionales de marketing externos e imparten cursos de formación de varios días de duración al personal de atención al cliente, que además cuenta con el apoyo de departamentos de recursos humanos, control de calidad e informática.

Estas estafas son muy lucrativas. Los estafadores –cuyos esfuerzos se registran en rankings y celebran sus éxitos con gifs animados- son recompensados con lujosas fiestas, salarios generosos y primas por rendimiento.

Mientras, al otro lado del teléfono, hay vidas arruinadas. Algunas víctimas llegan a pensar en el suicidio; muchas acaban con una deuda asfixiante, traumatizadas e incapaces de confiar en extraños. Y la inmensa mayoría no obtiene justicia, ya que es muy difícil encontrar, desenmascarar y procesar a los estafadores.

2. ¿Cuántas estafas ha destapado Scam Empire? ¿Están conectadas entre sí?

Scam Empire pone al descubierto dos call-centers distintos:

● AK Group tenía al menos tres oficinas en Tiflis, la capital de Georgia, y empleaba a unas 85 personas, incluido el personal administrativo, en abril de 2024.

● La segunda organización es mucho mayor y más difusa. Se divide en tres amplias unidades de negocio con sus propias estructuras de gestión, y ha tenido al menos siete oficinas en Israel, Bulgaria, Ucrania, España y Chipre, que empleaban al menos a 480 personas en agosto de 2023. Estas divisiones mantenían una base de datos financiera conjunta y registraban los pagos de los inversores de manera centralizada. Estos call-centers parecen trabajar bajo la dirección de un equipo de gestión ubicado en el área metropolitana de Tel Aviv. Los documentos de la filtración no revelan si detrás de esta organización hay una o varias personas.

Aunque completamente independientes, estas dos organizaciones parecen estar llevando a cabo esencialmente la misma estafa, utilizando materiales de formación, guiones y contratos con proveedores similares. Incluso emplean los mismos proveedores de servicios, incluidos servicios de voz sobre IP (VoIP), soluciones de alojamiento en la nube, empresas de marketing de afiliación y procesadores de pagos.

3. ¿Qué hay en la filtración y cómo surgió la investigación?

Scam Empire se basa en dos series de documentos internos obtenidos de los centros de llamadas: unos 1,14 terabytes del centro de llamadas de Georgia y 765 gigabytes de la organización israelí-europea.

Los documentos consisten principalmente en archivos informáticos internos –y en el caso de la organización georgiana, unas 20.000 capturas de pantalla y más de 20.000 horas de llamadas de audio– y fueron compartidos con periodistas de la televisión pública sueca (SVT) por una fuente anónima.

El tamaño y la extensión geográfica de la filtración pusieron en evidencia que, para llevar a cabo una investigación periodística adecuada sería necesario que unieran sus fuerzas medios de comunicación de múltiples países. Por eso SVT se asoció con OCCRP para organizar Scam Empire, un esfuerzo de colaboración que incluye a otros 30 medios de comunicación de todo el mundo.

Los periodistas han pasado más de seis meses estudiando minuciosamente los documentos filtrados para reconstruir cómo funcionan estas organizaciones, contactando y entrevistando a las víctimas, identificando a los estafadores, investigando casos judiciales, hablando con expertos y funcionarios policiales y rastreando, en la medida de lo posible, los enormes flujos de dinero empleados.

4. ¿Quién filtró la información y por qué?

Los documentos fueron filtrados por una fuente anónima cuya motivación, explicó a los periodistas, fue el deseo de acabar con la impunidad de los estafadores.

“Los estafadores pueden operar casi abiertamente, sin que nadie les detenga”, escribe la fuente. “Casi ninguno de estos delitos llega a resolverse debido a las dificultades que entraña la investigación de delitos transfronterizos... Sin un verdadero cambio internacional, esto nunca desaparecerá”, explica.

“Al entregar el material a los medios de comunicación”, añade, “espero/esperamos que este asunto reciba suficiente atención para que las autoridades tomen medidas contra estos delincuentes. Este problema no es imposible de resolver. Sólo hace falta que a todos nos importe lo suficiente como para hacer algo al respecto”.

5. ¿Cuál es la magnitud de estas operaciones? ¿Cuánto dinero ganan los estafadores?

El alcance de la filtración es limitado, por lo que resulta imposible calcular la magnitud total de estas operaciones. Aun así, las sumas son impresionantes.

Entre mayo de 2022 y febrero de 2025, la organización georgiana recibió 35,3 millones de dólares –33,7 millones de euros– de más de 6.000 personas a través de cuatro secciones lingüísticas: alemán, inglés, español y ruso.

En la organización israelí-europea, los periodistas contabilizaron más de 240 millones de dólares –231,2 millones de euros– enviados por casi 27.000 personas de más de 30 países entre enero de 2021 y diciembre de 2024.

Los expertos advierten de que es difícil calcular el tamaño global de la industria de la estafa online debido a la infranotificación y a la disparidad a la hora de definir el delito. Pero se dice que rivaliza en magnitud con el tráfico ilegal de drogas. Según Jürgen Stock, ex secretario general de Interpol, las estafas online generan unos 500.000 millones de dólares al año.

6. ¿Qué venden exactamente estos centros de llamadas? ¿Podrían ser verdaderas plataformas de inversión? ¿Qué pruebas hay de que son estafas?

Los call-centers ofrecían a sus víctimas la oportunidad de operar en decenas de plataformas de inversión. Estas plataformas –cada una con su propio logotipo, sitio web y material publicitario– pretendían ser brókers expertos que permitían incluso a principiantes invertir en criptomonedas, acciones de empresas como Tesla u otros productos financieros de moda. Los periodistas identificaron 79 plataformas utilizadas por la red israelí-europea y siete por el grupo georgiano.

Es imposible afirmar con rotundidad qué ocurrió con cada uno de las decenas de miles de clientes que aparecen en los documentos de los centros de llamadas como adheridos a estas plataformas. Pero todo indica que ambas organizaciones fueron diseñadas para estafar a un gran número de personas.

Las estadísticas hablan por sí solas: los periodistas contactaron con más de 200 personas que figuran en los documentos como inversores. Casi todos –166 clientes de la red israelí-europea y 40 de la georgiana– afirmaron que han sido estafados. Sus pérdidas totales confirmadas superaron los 18 millones de dólares –17,3 millones de euros–, y 65 víctimas informaron a los periodistas de que habían acudido a la policía.

Pero quizá la prueba más contundente del fraude proceda de un conjunto de más de 20.000 horas de llamadas telefónicas grabadas por agentes del AK Group georgiano. En ellas queda al descubierto el engaño y la crueldad que ejercían sobre sus víctimas, en algunos casos burlándose abiertamente de ellas por haber sido estafadas.

Las capturas de pantalla y los archivos informáticos completan el cuadro, mostrando a los teleoperadores del centro de llamadas georgiano mientras usan direcciones de correo electrónico falsas para hacerse pasar por instituciones financieras legítimas y crear documentos fraudulentos. También muestran los chats de los agentes telefónicos, en los que se refieren abiertamente a sí mismos como estafadores y se burlan de sus víctimas.

Una colección más pequeña de cientos de llamadas telefónicas grabadas de la red israelí-europea ofrece una imagen más limitada, pero aún vívida, de las manifestaciones, a menudo fantásticas, de los teleoperadores. En una conversación, uno de ellos le dice a un inversor potencial reticente que su plataforma le haría ganar dinero automáticamente mediante un “sistema basado en Inteligencia Artificial”.  “Opera por ti de forma automática. En realidad, no necesitas entender cómo funciona todo, porque ése es el trabajo del sistema”, explica el agente. “Una vez que el tren esté en la estación”, continúa, “simplemente súbete a él y luego, básicamente, disfruta del viaje. Créeme, vas a ganar mucho dinero”.

Los periodistas también detectaron otras señales de alarma. La gran mayoría de las plataformas no exhibían ninguna licencia que les permitiera ofrecer productos financieros, y muchas decían tener su sede en Suiza, país en el que, según los datos internos disponibles, los call-centers no tienen empleados.

De las 79 plataformas utilizadas por la red israelí-europea, 62 recibieron al menos una advertencia oficial de un regulador, y muchas han sido señaladas más de una vez.

Por último, ambas redes parecen haber echado el cierre cuando los periodistas se han puesto en contacto con ellas. Sus empleados no querían hablar y estaban protegidos por guardias de seguridad. En Georgia y Bulgaria, oficinas enteras parecieron vaciarse después de que los reporteros establecieran contacto con ellas.

7. ¿Alguna de las plataformas puede ser legal?

Hay una categoría de marcas que merece una mención especial. Cuatro de ellas –VPTrade, Finxocap, Finbok y SkyMT– eran explotadas por empresas que sí tenían licencias oficiales en Sudáfrica. Los documentos internos a los que ha tenido acceso Scam Empire muestran que, de los 240 millones de dólares ingresados por la red israelí-europea, 18,5 millones, es decir, algo más del 7%, procedían de estas marcas con licencia.

Los documentos también muestran que, en el caso de estas marcas, los clientes pudieron retirar un mayor porcentaje del dinero recibido: alrededor del 10%, frente al 2% de las marcas no reguladas.

Los periodistas hablaron con varios clientes de Finbok que no se consideraban estafados, aunque pensaban que habían sido mal asesorados e inducidos a invertir cantidades que no podían permitirse. Algunos recibieron reembolsos sustanciales, aunque inferiores al valor de su inversión total. A menudo el reembolso fue fruto de un acuerdo alcanzado tras quejarse directamente a la marca o denunciar a la policía. Y estas transacciones iban acompañadas internamente de una factura a los clientes por “trabajos de marketing” que se correspondía con la suma exacta que habían retirado, aunque ninguno de los clientes había visto semejante trabajo.

Otros clientes de las plataformas sudafricanas autorizadas aseguraron a los periodistas que creían haber sido estafados, y cuatro afirmaron que recordaban haber visto avales falsos de famosos antes de que se pusieran en contacto con ellos. Tres denunciaron sus pérdidas a la policía.

Un documento hallado en la filtración muestra que Finbok está siendo investigada por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica por prometer “elevados rendimientos poco realistas”, anunciar prestaciones inexistentes y “acosar” y “manipular” a los inversores.

FINBOK/VECTOR FINANCIAL SERVICES ROR.

Otra de las marcas sudafricanas, SkyMT, ha sido despojada de su licencia La investigación sobre su empresa matriz, Lehumo Securities, había comenzado antes de que fuera adquirida por la red israelí-europea. Fue rebautizada como SkyMT, que también fue objeto de una advertencia reglamentaria oficial].

LEHUMO ROR

Las tres empresas que están detrás de las cuatro marcas sudafricanas con licencia son propiedad de quienes parecen testaferros: una modelo rumana y un ciudadano búlgaro que dijo a los periodistas que no tenía constancia de que su nombre figurara en ningún documento sudafricano.

8. ¿Quién está detrás de estos centros de llamadas?

Los empleados de los call-centers toman amplias medidas para ocultar sus identidades, utilizando seudónimos incluso en sus comunicaciones internas.

En el caso de la red georgiana, los reporteros pudieron identificar a muchos de los estafadores a partir de las pistas que facilitaban en sus conversaciones de chat, cotejándolas con publicaciones en redes sociales y otra información disponible públicamente.

Sobre el papel, la empresa propietaria de esta red, AK Group, pertenece una mujer de 36 años llamada Meri Shotadze. En la práctica, según las comunicaciones internas, parece ser la segunda al mando. El hombre al que se refiere como su jefe tiene 33 años y se llama Akaki Kevkhishvili. Aunque parece disfrutar de un estilo de vida relativamente lujoso, con la reciente adquisición de un Range Rover de 100.000 dólares, no está claro si hay alguien más detrás de la organización. Ni Shotadze ni Kevkhishvili respondieron a las peticiones de comentarios que les ha enviado OCCRP.

AK Group alquila sus oficinas a través de otras dos empresas propiedad de personas que parecen ser testaferros: una es un desplazado interno de la República de Abjasia, la otra es la suegra de Kevkhishvili.

También se desconoce quién está detrás de la organización israelí-europea, que abarca tres unidades de negocio, docenas de entidades corporativas y un número cambiante de oficinas. Hasta abril de 2024, alquiló espacio en la Torre Sapir, un reluciente rascacielos de oficinas en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, que parece ser la sede israelí de la red. Aunque la filtración revela los nombres de muchos de los directivos de la organización, los fundadores o sus principales beneficiarios siguen siendo desconocidos.

9. ¿Cómo efectúan las víctimas los pagos a estos estafadores? ¿Por qué sus bancos no se lo impiden?

Los bancos comerciales no se lo ponen fácil a sus clientes cuando quieren transferir grandes sumas de dinero a países extranjeros porque les han prometido obtener unos rendimientos demasiado buenos para ser ciertos. Pero los estafadores han desarrollado métodos muy creativos para sortear estos obstáculos.

Muchas víctimas hacen sus pagos utilizando criptomonedas. A otras las convencen para que abran nuevas cuentas en instituciones financieras sujetas a regulaciones menos estrictas, como los neobancos digitales. Para asegurarse de que las transferencias de las víctimas no se bloquean, los estafadores les enseñan cómo justificarlas ante el personal bancario. Por ejemplo, pueden indicarles que lo que pagan son entradas para el teatro.

Los estafadores inducen a las víctimas a enviar su dinero a una empresa que forma parte de una red de compañías que se extiende por varios países, lo que hace casi imposible su rastreo. A veces contratan a proveedores de servicios especializados que les proporcionan sociedades pantalla y facilitan las transacciones para eludir los controles bancarios. También utilizan facturas falsas para justificar las transacciones.

Las rutas que sigue el dinero son tan complicadas que suele ser imposible determinar cuál ha sido su destino final. En una de las tramas rastreadas por los periodistas, los fondos de las víctimas se enviaban a un grupo de empresas registradas en España y el Reino Unido, que se los repartían antes de dirigirlos a un segundo nivel de empresas, la mayoría en el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos y Hungría.

El dinero fluyó después a otras empresas, disfrazadas de consultorías, en Chipre y Macedonia del Norte, antes de que se perdiera su rastro.

10. ¿Cuál es la historia de este tipo de estafa?

La industria moderna de las estafas de inversión en internet tiene sus raíces a mediados y finales de la década de 2000, cuando figuras del crimen organizado –principalmente israelíes, rusas y georgianas– se dieron cuenta de que podían aprovecharse del mercado Forex, una forma de intercambio de divisas legal, pero de alto riesgo, normalmente reservado a inversores expertos. Con el auge de la internet de alta velocidad, algunos operadores empezaron a ofrecer al público el mercado minorista de Forex, vendiéndolo como una oportunidad para que la gente corriente obtuviera beneficios.

Los medios de comunicación israelíes, especialmente Times of Israel, han informado ampliamente sobre esta industria, ya que Israel se convirtió en el epicentro de estas estafas, sobre todo en la década de 2010, gracias al auge en el país del marketing de afiliación y de las apuestas online.

Algunas empresas operaban legalmente, pero se aprovechaban de inversores inexpertos, mientras que otras manipulaban descaradamente sus plataformas para asegurarse de que las víctimas siempre salieran perdiendo. Con el tiempo, estos operadores empezaron a ofrecer opciones binarias [aquellas cuya rentabilidad es, o bien una cierta cantidad fija de algunos activos, o bien nada en absoluto], CFD –contratos por diferencia, un derivado financiero– y, finalmente, estafas basadas en criptomonedas, todas ellas con el mismo esquema: ofrecer un producto financiero supuestamente complejo que, en realidad, no era más que una simulación diseñada para robar el dinero de las víctimas.

Israel prohibió finalmente el comercio de opciones binarias en 2017. Pero la prohibición no desmanteló el sector, sino que simplemente lo obligó a deslocalizarse. Muchos estafadores trasladaron sus operaciones a Europa del Este, estableciendo nuevos centros de llamadas en países como Ucrania, Bulgaria, Georgia y Albania.

A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, estas estafas siguen evolucionando. El sector prospera gracias a su capacidad para cruzar fronteras con poco esfuerzo: los estafadores pueden abrir empresas en cuestión de minutos, mover dinero utilizando una maraña de transacciones internacionales y captar víctimas en países lejanos. Plataformas como Google y Facebook también han desempeñado un papel involuntario en el éxito del sector, beneficiándose de los anuncios que canalizan a las víctimas hacia estas estafas. Con las investigaciones policiales fragmentadas por países, la lucha contra el fraude en las inversiones online sigue siendo ardua: por cada red que se desmantela, parece surgir otra.

11. ¿Qué puede hacer para evitar ser estafado?

Los estafadores utilizan técnicas sofisticadas, perfeccionadas a lo largo de años de trabajo. Reconocerlas es clave para mantenerse a salvo.

La mayoría de las víctimas son atraídas por anuncios en internet que aparecen en los lugares habituales, como Google, Facebook o YouTube. Estos anuncios promocionan productos de inversión complejos y utilizan muchos términos high-tech de moda. Cualquier referencia a la “computación cuántica”, la “inteligencia artificial”, el bitcoin o las criptomonedas –o cualquier insinuación de que estas tecnologías le harán rico– debe ponerle en guardia. Sospeche de inmediato.

Algunas víctimas también son captadas por bulos que promocionan estos mismos productos, a menudo citando el respaldo de un famoso. Compruebe siempre si el famoso ha hablado realmente del producto en sus redes sociales reales. Y si la noticia enlaza con una página para suscribirse al producto anunciado, es una señal de alarma. Compruebe siempre la fuente antes de involucrarse.

Una vez que se haya inscrito, recibirá una llamada de un agente instándole a realizar una “inversión” inicial de unos pocos cientos de euros. Los teleoperadores suelen hacer hincapié en la facilidad de uso de la plataforma de inversión, explicando que su producto –que, de nuevo, probablemente utiliza alguna tecnología avanzada de trading– está pensado para principiantes. Prometen enormes beneficios y pueden intentar aprovecharse de sus preocupaciones o sueños financieros. Tenga cuidado con las ofertas “exclusivas” con límite de tiempo, ya que las empresas de inversión legales no le meten prisa a la hora de tomar decisiones. Si alguien le pregunta por su situación financiera o le presiona para que actúe con rapidez, es una señal de alarma. ¿La mejor respuesta? Ponga fin a todo contacto y denuncie la estafa.

Otra señal de alarma es si su “agente” empieza a ser demasiado creativo sobre cómo enviarle dinero. En concreto, puede desviarle de su banco habitual, enseñarle cómo convencer a su entidad para que aprueben las transacciones, empujarle a abrir nuevas cuentas bancarias online o transferir sus fondos a criptomonedas. Una vez que haya invertido, los estafadores no se detendrán ahí. Inventarán razones para justificar que usted no puede retirar sus fondos, le presionarán para que invierta más o le dirán que se necesitan depósitos adicionales para recuperar lo que ya ha ingresado.

Una vez que se haya dado cuenta del fraude, algunos estafadores se pondrán en contacto con usted haciéndose pasar por funcionarios del gobierno, ofreciéndole ayuda para localizar su dinero, pero utilizando tácticas de intimidación para mantenerle en el engaño. Los verdaderos representantes de los organismos públicos no exigen dinero por teléfono.

Tenga en cuenta que éste es sólo un patrón. Aunque las técnicas aquí descritas han atrapado a decenas de miles de personas, hay muchas otras estafas en el mundo.

“Me dijeron que, o invertía más, o perdía todo lo que tenía. No lo hice y vi que mi cuenta desaparecía [en la pantalla del ordenador]. Entonces invertí de nuevo. Siempre digo que en ese momento debería haber parado”. Pero el doctor M., cirujano vascular de Barcelona, propietario de una clínica, no paró y perdió casi un millón de euros tras ser estafado durante un año por los agentes telefónicos de una difusa, pero muy profesional, red internacional de ciberestafas dirigida desde Israel y Chipre. El médico catalán es sólo uno más de los 4.564 españoles que quedaron atrapados en los engaños de esta auténtica corporación criminal, que les robó 26,4 millones de euros en dos años.

Para hacerse una idea de la magnitud del ciberfraude, basta con recordar que el caso Gescartera, en 2001, afectó a unas 2.000 personas, la mitad de las perjudicadas ahora por el conglomerado israelí-chipriota. Si se añaden las 115 víctimas del AK Group, otro call-center georgiano con el que comparte modus operandi, proveedores de servicios e incluso víctimas, la cifra de españoles expoliados asciende a 4.679. El dinero robado por este centro de llamadas de Tiflis es mucho menor: entre octubre de 2023 y abril de 2024, despojaron de 425.000 euros a sus víctimas españolas.

Otra comparación: el Fondo de Víctimas de Madoff, creado para restituir a los estafados por el famoso financiero estadounidense con un esquema Ponzi que se extendió por 127 países, ha devuelto su dinero a 40.800 inversores a fecha de 31 de diciembre de 2024, 15 años después de que estallara el escándalo. Los embaucados por estas dos corporaciones criminales, la israelí-chipriota y la georgiana, suman no muchas menos: casi 33.000 personas, repartidas en 34 países.

Ambas redes quedan al descubierto en Scam Empire, la investigación en la que han colaborado 31 medios de todo el mundo, que se basa en documentos filtrados a la televisión pública sueca (SVT) y ha sido coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Como ocurría con esas dos famosas estafas españolas, las víctimas de la red israelí-chipriota se alejan del estereotipo de la viuda o el jubilado solitarios, tampoco son necesariamente personas sin cultura financiera. Aunque las haya con ese perfil. Arquitectos, médicos, empresarios, una famosa deportista, abogados y hasta asesores fiscales se cuentan entre los españoles que creyeron operar como exitosos inversores en Bolsa, materias primas, divisas y criptomonedas, pero acabaron perdiéndolo todo sin saber que también estaban engordando las cuentas de dos corporaciones criminales, una con oficinas centrales en Israel y Chipre, y enormes call-centers repartidos entre Bulgaria, Ucrania, Macedonia del Norte e incluso la misma España, y otra con call-centers en Georgia.

De hecho, España es el segundo país donde más víctimas ha conseguido la red dirigida desde Israel y Chipre, también donde más dinero ha robado, sólo después de Canadá. Pero, si se elimina el número de quienes sólo hicieron el primer pago de 250 euros –el anzuelo con el que los estafadores pretenden hacer creer a sus objetivos que los beneficios se han multiplicado milagrosamente–, España resulta ser el país que más dinero ha hecho ganar a esta corporación criminal, más de 18 millones de euros, el doble que el Reino Unido. Es más, 135 españoles han sido víctimas de los dos entramados, lo que sitúa a España, de nuevo, como el segundo país con más estafados compartidos tras Canadá, y muy por encima del Reino Unido.

Aunque para apreciar con exactitud la gravedad del expolio conviene acercarse a las cifras individuales. Según los análisis llevados a cabo por los periodistas que han participado en Scam Empire, la corporación dirigida desde Israel y Chipre, a la que los periodistas han bautizado como Red Sapir por el edificio de Tel Aviv donde situó sus oficinas centrales, estafó entre 100.000 y 400.000 euros a 48 ciudadanos españoles. Otros 80 perdieron entre 50.000 y 100.000 euros. Pero a quienes sacaron entre 10.000 y 50.000 suman más de 300.

Aunque el mayor golpe se lo llevaron las cuatro víctimas que entregaron más de 400.000 euros a los criminales. Uno de ellos, el cirujano catalán, es además el cuarto que más dinero perdió de todos los estafados en los 34 países donde actúa la red, sólo superado por ciudadanos británicos. “Tenía unos ahorros que no estaban haciendo nada, así que quise ponerlos a trabajar para ver si podía sacarles algún beneficio. Perdí los ahorros de toda mi vida”, resume el doctor M., a quien los criminales hicieron creer que había ganado 2,6 millones de euros. “Me han dejado en blanco”, se lamenta, “estoy tocado, muy tocado”. Aun así, sólo eleva el tono de voz cuando cuenta que denunció la estafa a los Mossos d’Esquadra y en el juzgado. “No sirve de nada: ni el juez te escucha ni la policía se mueve”, protesta: “Sólo me llamaron un día, a las 11 de la noche, y me dijeron que investigarían, pero con una desgana total y absoluta”.

Además de haber resultado una auténtica mina de oro para las dos corporaciones criminales, España es el primer país donde los tribunales han admitido a trámite una demanda colectiva contra estos entramados dedicados a la ciberestafa internacional. El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir la que ha presentado el abogado Mauro Jordán de la Peña, experto en este tipo de fraudes, en nombre de 72 víctimas. El dinero que les estafaron alcanza los nueve millones de euros. Treinta y una de ellas aparecen en los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire.

Pero hay otra circunstancia que singulariza a España en la red criminal. También es el único país de la Europa occidental donde la corporación ha instalado un call-center. Situado en la calle Venezuela de Barcelona, permaneció abierto sólo unos meses el año pasado, tal y como confirmó el conserje del edificio a OCCRP. En ese tiempo, el centro de llamadas dio empleo a una veintena de personas. En marzo de 2024, una de las empresas de la red Sapir, Telecom Wide SL, pidió a un despacho de abogados de Barcelona, Gutierrez Pujadas & Partners, una opinión legal –asesoramiento– antes de abrirlo. Según los documentos de Scam Empire, la empresa pretendía prestar servicios a una compañía extranjera “para captar clientes de Latinoamérica”. Y preguntó a los abogados si las leyes laborales españolas permiten someter a la prueba del polígrafo a los candidatos a teleoperadores, entre otras cuestiones sobre tipos de contrato, periodos de prueba, causas e indemnizaciones de despido.

Gutiérrez Pujadas le contestó que las leyes españolas no prohíben usar el polígrafo en los procesos de selección de personal, pero se trata de una “práctica controvertida” que no está regulada de forma específica. Por tanto, aconseja que la prueba se haga “respetando los derechos fundamentales” y la privacidad de los candidatos. También debe ser “voluntaria” y sujeta siempre al consentimiento previo y expreso del trabajador. En todo caso, el abogado recomienda a su cliente que consulte con empresas especializadas antes de llevar a cabo ese tipo de exámenes. En el Registro Mercantil aparece como administrador y propietario de Telecom Wide SL un ciudadano húngaro, Imre Szalka, que constituyó la sociedad en marzo de 2024, el mismo mes en que solicitó la opinión legal a Gutiérrez Pujadas & Partners.

OCCRP ha preguntado al despacho barcelonés por esta empresa y el centro de llamadas, pero no ha obtenido respuesta alguna.

“Si una empresa se establece en España, seguro que no estafa aquí, sino a ciudadanos de otros países”, expone a OCCRP un investigador de los Mossos d’Esquadra especializado en ciberfraude. Lo que no impide que en Cataluña las estafas por internet sean el segundo delito más denunciado, añade. Es más, en toda España, los delitos cibernéticos crecen un 20% al año, destaca por su parte Alberto Redondo, jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil. Una de cada cinco denuncias son por crímenes cometidos gracias a internet y de éstos, el 90% son estafas, detalla. Sobre todo en los últimos cinco años, el aumento ha sido “exponencial”, tanto en número de víctimas como en las cuantías estafadas. Y no hay un perfil de víctima, resalta Alberto Redondo: “Ricos y pobres, vulnerables o no… Se ha puesto de moda entre los jóvenes invertir en criptomonedas, por ejemplo, y también ha coincidido con una época en que los bancos retribuyen poco los depósitos”. Mientras la remuneración media de estos productos financieros era del 2,31% en 2023, según datos del BCE, los estafadores prometen beneficios del 200% al mes, recuerda el investigador de los Mossos.

La historia de persuasión, ingenuidad y desengaño final que relata el cirujano catalán la repiten, con escasas variaciones, todas las víctimas contactadas por infoLibre. El doctor M., que como el resto de los estafados no ha querido revelar su verdadera identidad, pinchó en un anuncio falso de internet donde el presidente de Mercadona, Juan Roig –en otros casos eran Pablo Motos, Gerard Piqué o Fernando Alonso– aparecía prometiendo grandes beneficios a partir de inversiones modestas. Dejó su nombre y número de teléfono móvil para recibir información. No mucho tiempo después –a veces sólo unos minutos o unas horas más tarde, apuntan otros afectados–, un supuesto asesor financiero le llamó por teléfono para explicarle cómo funcionaba, usando la inteligencia artificial, una supuesta plataforma online de inversiones. El agente telefónico que contactó con el doctor M. decía llamarse Alejandro Sarmiento y hablaba con acento latinoamericano. No es su nombre verdadero, por supuesto. Ninguno de los más de 60 teleoperadores del departamento español de la red Sapir contabilizados por Scam Empire facilita su verdadera identidad. Y no sólo a las víctimas de la estafa. Ni siquiera figuran sus auténticos nombres en las nóminas que cobran o en cualquiera de los documentos internos de la red criminal a los que ha tenido acceso OCCRP.

Pero todos los miembros del departamento español son latinoamericanos o rumanos con un excelente castellano, de acuerdo con los testimonios recogidos de los estafados. Y aunque llamaban desde números de teléfono supuestamente españoles, su lugar de trabajo es Sofía, la capital de Bulgaria, según la investigación que ha llevado a cabo Scam Empire. Los call-center dedicados a engañar en español son denominados Zebra-IB y Sales-IB por la propia red criminal. En el primero trabajan 39 personas; en el segundo, 23.

Alejandro Sarmiento fue el analista de cabecera del doctor M., pero no el único agente que se ocupó de asegurarle como fuente de ingresos para la red. “Luego apareció otro, que parecía su superior”, recuerda el cirujano. Alguien que decía llamarse Emiliano Mendieta. “Eran muy persuasivos”, reflexiona ahora el doctor M. Muy hábiles en la manipulación psicológica. “Uno iba de poli bueno y otro de poli malo”. La amenaza del poli malo era directa: “Si no haces una transferencia hoy, lo pierdes todo”. El poli bueno le dejaba respirar sólo un poco: “Bueno, vamos a darte unos días”.

Desde febrero de 2023, cuando hizo su primer ingreso de 250 euros, hasta noviembre de ese año, el doctor M. firmó más de 60 transferencias bancarias, de acuerdo con los registros de los propios estafadores. A veces hasta cuatro en una misma fecha. La de mayor cuantía, una de 37.500 euros. Hubo un día en que les ingresó 86.000 euros en varias transacciones. Algunas fueron para comprar criptomonedas. A cambio, en 10 meses sólo pudo retirar 1.000 euros, uno de los trucos empleados por los estafadores para hacer creer a las víctimas que podían recoger el beneficio de sus “inversiones” en cualquier momento. De esa forma, el cirujano fue despojado de unos 990.000 euros, como se puede ver en los propios registros de los criminales y él mismo confirma.

El doctor M. hizo transferencias a las cuentas que Sarmiento y Mendieta le iban indicando. Así, pagó supuestas facturas a la cuenta en un banco lituano de una empresa estonia llamada Linerum OU, una gestoría. También a una empresa polaca de la construcción, Hilone SP ZOO, y a otra italiana de restauración, All Inclusive20 SRLS. Además de a una sociedad española, Selterico SL, que tenía abierta una cuenta en el Banco Santander. Creada en junio de 2023 por una ciudadana extranjera de nombre Sofija Ivanova, que figura también como su adiministradora y socia única, es una supuesta agencia de publicidad. En el Registro Mercantil figura como domicilio social un coworking en el barrio de Salamanca de Madrid. Su gerente aseguró a infoLibre que esa empresa jamás ha sido su cliente. Pese a esos extraños pagos, el cirujano creía estar invirtiendo en Rivobanc, una firma de inversión sobre la que han emitido advertencias la CNMV y sus equivalentes en Reino Unido, Irlanda, Suiza y Canadá porque carece de autorización para operar.

El doctor M. no sospechó hasta que pidió retirar sus supuestas ganancias y le hicieron una transferencia que debía ascender a 500.000 euros. “A través del BBVA, pero era completamente falsa. Fui al banco y me dijeron que esa cuenta no existía”, recuerda. Los estafadores le aseguraron entonces que tardaría tres semanas en cobrar. Después le llamó alguien que aseguraba ser el director del SabadellUrquijo: “[Los estafadores] Decían que era su banco”. “Me dijo que yo tenía unos beneficios y que me los enviarían en 24 horas. Pero nunca llegaron”, concluye.

La historia de I.G.P., una arquitecta de Sevilla en la cuarentena, revela además la absoluta falta de empatía de los ciberestafadores telefónicos. “En ese momento me encontraba en unas circunstancias que me hacían especialmente vulnerable ”, comienza, “porque yo ahora en algo así no entro…”. Tras haberle diagnosticado un cáncer de mama a finales de 2021, se estaba sometiendo a quimioterapia y sufrió un derrame cerebral que la llevó al quirófano. Al mismo tiempo, se estaba divorciando. “Había heredado unas tierras de mi madre, así que pensé en venderlas e invertir de otra manera”, explica. Pinchó en un anuncio donde Pablo Motos prometía ganancias. Al rato le llamó un tal Álvaro Enrique Álvarez. “Parecía español, pero me dijo que vivía en Ginebra”.

Se supone que I.G.P. estaba comprando acciones de Repsol, también materias primas, oro, plata. En su caso, invertía a través de Tigcap.com, otra entidad con advertencias de la CNMV y las autoridades financieras de Canadá y Australia. Nada más comenzar, Álvaro le hizo instalarse una aplicación llamada Anydesk, que permitía al estafador controlar en remoto el ordenador de la arquitecta sevillana. Al principio, todo iba bien, el asesor financiero le decía que sus valores no hacían más que subir. Hasta que las tornas cambiaron. “Presionada por ellos, pedí un préstamo de 50.000 euros, porque si no, me dijeron que perdería todo el dinero”. ING, el banco de I.G.P., se lo concedió. “Fue todo muy rápido, bastó con un click”, lamenta ahora. También abrió una cuenta en Binance, el más famoso exchange de criptomonedas, donde llegó a hacer compras por más de 300.000 euros.

Cuando se dio cuenta de que la habían estafado, había perdido un total de 436.000 euros, según consta en los registros de sus estafadores: no sólo la herencia de su madre, sino también el préstamo, que no podía devolver porque ING le había bloqueado la cuenta: “Tuve que poner una reclamación”. Pero no fue el último susto. “La Policía me dijo que me estaban usando como mula con mi cuenta de Binance. Estaba recibiendo en ella dinero de otras personas que también estaban siendo estafadas”, recuerda horrorizada. Esa es una más de las estratagemas de los ciberestafadores: utilizar cuentas de unas víctimas para recibir pagos de otras.

I.G.P. es un buen ejemplo de los efectos devastadores del abuso infligido por estos nuevos criminales de guante blanco. “Fui muy ingenua”, confiesa. “Tonto” es el adjetivo que más se repite entre las víctimas con las que ha hablado infoLibre. La vergüenza les impide dar su nombre o mostrar su rostro. “Intento no hablar mucho sobre esto, no recordarlo mucho, porque no me sienta bien”, zanja la arquitecta sevillana, a la que se ha concedido la incapacidad absoluta y da el dinero por perdido, pese a que, además de a la policía, también ha presentado un escrito en la CNMV.

Carlos no quiere dar sus apellidos. Es asesor fiscal y también picó. Un anuncio de Gerard Piqué tuvo la culpa. Pero no llegó más que a hacer el primer ingreso, 250 euros. “Me pidieron que los enviara a una empresa de formación de Kenia, Edupac, eso fue lo que me hizo sospechar”, resalta. En su caso, varios supuestos empleados de Virgobanc, otra entidad con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera suiza, se pusieron en contacto con él por correo electrónico para convencerlo de las ventajas de invertir con ellos. Carlos rechazó su oferta y pidió que le devolvieran el dinero. Lo consiguió. Una de las empresas españolas de la trama, llamada Martello Circle SL, creada y administrada por un ciudadano búlgaro, Boris Borisov Kodjov, le reembolsó 42 euros más de los que había pagado, ríe ahora el asesor fiscal.

Tampoco revela su nombre una profesora de Tecnología de una universidad catalana a la que la red dirigida desde Israel robó 63.600 euros, según los registros a los que ha tenido acceso Scam Empire. Su estafador dijo llamarse Martin Coppola. La profesora no ha puesto una denuncia porque, dice, apenas tiene datos sobre “ellos”. Le hicieron creer que invertía en criptomonedas. Cuando empezó a sospechar y pidió que le reembolsaran sus supuestos beneficios, le advirtieron de que tendría que pagar impuestos a la Hacienda española si retiraba su dinero.

Teresa Rodríguez de la Borbolla, además de hermana del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, es arquitecta-decoradora. A ella sólo le birlaron los 250 euros de iniciación, que consiguió recuperar “inmediatamente”: “Reaccioné muy rápido”. Aunque eso no le evitó ni el acoso ni los insultos cuando se negó a seguir “invirtiendo”. “Me llamó ordinaria, histérica, me preguntó si tenía nervios por la regla… ‘¿Qué quieres, vieja?”, llegó a increparla quien se hacía llamar Sergio Berg.

A Blanca de Borbón le atrajo un anuncio donde aparecía Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Cuenta que está intentando renegociar con el banco la hipoteca que pidió con su marido para comprar la casa donde vive, por lo que necesitaba aumentar “un poco” sus ingresos. Blanca es la hija de Leandro de Borbón, el hijo ilegítimo de Alfonso XIII que hace unos años acaparó titulares tras publicar sus memorias y reclamar, en vano, el título de infante de España. Blanca impulsa una ONG, Proyectos de Vida, e intenta sacar adelante otra, Isla Mujer, un refugio para mujeres maltratadas. Suele aparecer en la televisión para hablar de los Borbón. “Recuerda que por primera vez tendrás la oportunidad de probar la bolsa real, las ganancias y el éxito. Te prometo que te ayudaremos a pagar mucho más rápido la hipoteca para que no sea una carga para tu hijo”, le escribió uno de los ciberestafadores por Whatsapp.

Blanca explica que han intentado estafarla varias veces. Es más, asegura que alguien que dice llamarse Emma, vivir en Londres y trabajar para un despacho de abogados, ha prometido llamarla el próximo lunes –la entrevista para este reportaje se celebró a finales del pasado enero– para ofrecerle nuevas oportunidades de inversión.

“Quería invertir para ayudar a mi hijo a emanciparse”, se justifica por su parte un abogado madrileño jubilado al que los ciberestafadores prometieron 200.000 euros de beneficios invirtiendo en café y otras materias primas, pero que perdió 11.000. “Me han dejado en blanco”, se queja. Ha presentado dos denuncias ante la policía, que instruye el Juzgado número 43 de Madrid.

Los operadores son mucho más que charlatanes telefónicos. Hacen un completo seguimiento de sus objetivos, como puede verse en los documentos que ha analizado Scam Empire. Sus anotaciones, en inglés, son otra prueba más del carácter despiadado de estos estafadores en remoto. “Jubilada, no tiene ni inversiones ni ahorros, pero sí una casa a su nombre que en su momento puede usarse para obtener algo de liquidez”, apunta uno de ellos sobre una mujer a la que asignan un “potencial” de 4.000 euros. “Cobra el subsidio, 480 euros, cuida a un anciano que le paga algo de vez en cuando, pero no tiene ahorros”, escribe otro sobre una mujer de 64 años de Palma de Mallorca a la que no ven ningún “potencial”. Aun así, no dejaron de llamarla una y otra vez, cuenta ella a infoLibre, tras haber abonado los 250 euros iniciales y 1.500 más en criptomonedas.

Lo mismo le ocurrió a otra mujer del Bierzo que no quiere dar su nombre. Sólo dejaron de llamarla hace un mes, asegura, casi un año después de que empezaran a engañarla. Hasta entonces, la molestaban “tres o cuatro veces al día”, rezonga. Tiene 60 años y cobra la pensión de viudedad. Según las anotaciones de los estafadores, el plan era despojarla incluso de los 5.000 euros que guardaba en su cuenta bancaria. Ella dice que le robaron más de 3.000.

Pero pueden ir mucho más lejos. Llamarlos vampiros no es en absoluto una exageración. Bien lo sabe Alberto, nombre figurado de un albañil de Huelva de 48 años que fue abordado por un agente telefónico del call-center de Georgia llamado Bruno Carvajal. Scam Empire ha podido escuchar muchas de las conversaciones que los estafadores mantienen con sus víctimas. Todas son grabadas, como en cualquier centro de llamadas legal, para evaluar el rendimiento de los teleoperadores.

En la grabación [que se puede escuchar en los clips que aparecen en esta información], Bruno Carvajal le dice a Alberto que necesita aportar 1.163 euros más de los que ya ha ingresado, a fin de completar los 3.000 “necesarios” para continuar invirtiendo y sumando beneficios. El albañil le contesta que no tiene ese dinero. Se acaba de quedar sin trabajo y su madre está enferma. “Ese dinero”, le asegura, “me hace falta para comer”. No importa. El estafador le pregunta si no puede pedirlo prestado. “A tu mamá”, le dirige. Alberto le contesta que no. “No me digas que eres la persona más pobre de España”, ataca Carvajal. “Pues al ritmo que llevo, lo seré”, replica el albañil, “me veo en la calle pidiendo”.

El teleoperador sube aún más la presión y le pregunta si no puede “empeñar o vender algo”. “Llevo cinco meses intentando vender un terreno [de su familia], pero ha sido imposible”, se defiende Alberto. Bruno sigue presionando inmune a la desesperación de su víctima: “¿No puedes vender otra cosa que te dé ese dinero?”. El coche, le sugiere. “El coche me hace falta. ¿Qué hago? ¿Vendo sangre?”, responde, cada vez más enojado, el albañil. Sorprendentemente, el estafador se echa a reír. “Pues mira, si te dan una buena pasta por eso…”. Y no afloja: “¿No tienes algo de oro, una cadena o un anillo? Cualquier joya sirve”, vuelve a insistir. El siguiente paso es una manipulación de libro: “Te digo todo esto para que puedas salir de esta situación, porque me preocupo”, remata. Bruno no suelta el hueso y quiere quedar con Alberto otro día: “A ver qué vendiste, la sangre o qué”.

infoLibre ha hablado con Alberto, que perdió más de 10.000 euros en dos años y medio. “Mis ahorros”, confiesa. Ha denunciado la estafa a la policía. Pero a él también lo denunciaron por una transferencia de 100 euros que otra víctima hizo a su cuenta. “Me usaron de mula”, protesta. “Pensaba que ganaría dinero para ayudar a mi madre enferma, porque no podía pagar a una mujer que la atendiera”. En cambio, lo desplumaron.

Puede que el éxito profesional de Bruno Carvajal se deba a un evidente talento natural, pero también al entrenamiento. Entre los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire, se encuentran los materiales didácticos con los que estos teleoperadores aprenden los trucos de su oficio. Por ejemplo, un powerpoint en castellano con los emblemas de Financika y Clicktrades, otros dos chiringuitos financieros señalados por la CNMV. El folleto llama “clientes” a las víctimas, cuya atención deben captar en sólo 10 segundos. Anima a crear “un vínculo” con ellas. A hablarles de “beneficios, beneficios”, “convertir sus deseos en necesidad”. Incluso apela a los “sueños”: “Que el cliente se vea ganando dinero para pagar el coche, la hipoteca, los estudios de su hijo”. También ofrece respuestas a las objeciones más habituales de las potenciales víctimas. A la de “no tengo dinero”, la réplica es el colmo del cinismo para un profesional del engaño: “Tenemos que saber cuándo el cliente miente, partiendo de la premisa de que todos los clientes mienten”. “Si dice eso, es porque no hemos trabajado bien el sueño y no le dimos emoción a la venta”, analiza el coach estafador. Y si dice que tiene que consultarlo con su mujer… “Cuando ella se va a comprar un traje, ¿te llama antes para preguntártelo?”, es el contraargumento que ofrece el entrenador. Finalmente, recurre a una técnica básica de la atención al cliente: “La sonrisa telefónica es imprescindible”.

El adiestramento no parece muy sofisticado y, a tenor de las conversaciones grabadas que infoLibre ha escuchado, tampoco se exigen demasiados conocimientos financieros para el puesto. Con sus víctimas, los estafadores emplean una verborrea en la que se confunden conceptos económicos con términos en inglés y alguna referencia a la actualidad –la subida de las materias primas por la guerra de Ucrania, la apuesta de Elon Musk por las criptomonedas, la inflación…–. Pasar la prueba del polígrafo no debe de ser un problema para quien se va a dedicar básicamente a mentir en jornadas de nueve a cinco. Por lo que Scam Empire ha podido constatar en los documentos del departamento de Recursos Humanos de la red, merece la pena el esfuerzo. Alejandro Sarmiento, el estafador que sacó al cirujano barcelonés casi un millón de euros, cobró en un mes, el de noviembre de 2023, un total de 11.064 dólares –10.064 euros–: 2.206 dólares de sueldo base y 8.858 dólares de bonus por su excelente desempeño. Además, él y el resto de sus compañeros reciben una ayuda de 500 euros para vivienda.

“En el mundo físico, cuando aumentan los robos en una zona, se mandan patrullas y los delitos disminuyen, pero en el mundo cibernético, no: el problema es el usuario”, advierte el guardia civil Alberto Redondo, “mientras no haya alarma social, no bajarán y no se legislará para atajar estos crímenes. La clave es denunciar”.

Un consorcio vasco encabezado por Sidenor comprará el 29,77 % de Talgo, a cinco euros por acción, desde los 4,80 anteriores, tras el acuerdo alcanzado con la sociedad Pegaso, en la que el socio mayoritario es el fondo Trilantic, con un 29,8 % del capital, según recoge EFE. 

Talgo ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del principio de acuerdo, por el que el Sidenor pagará 4,15 euros por acción fijos y otros 0,85 euros adicionales ligados al cumplimiento por parte del fabricante de trenes de determinadas magnitudes financieras durante los ejercicios 2027 y 2028.

Para cerrar el acuerdo, Sidenor, presidida por José Antonio Jainaga, el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones de BBK y Vital, han elevado su puja en 0,20 céntimos en la parte variable y por encima de los cuatro euros de su primera propuesta, de octubre de 2024. 

Esto supone un desembolso inicial de 153 millones de euros por la parte fija más 31,4 millones por el pago futuro sujeto al cumplimiento de objetivos, lo que suma un total de 184,4 millones, frente a los 177 de la propuesta anterior y arroja una valoración total de la compañía de 620 millones de euros. 

Sidenor ha destacado que la operación permite mantener "en manos locales la propiedad de una compañía estratégica, que dispone de una tecnología puntera en el sector ferroviario y que tiene un gran futuro por delante".

El cambio accionarial supondría el compromiso de "vuelta a casa" de la sede social de Talgo, una empresa que salió de Euskadi "por la lacra del terrorismo", según el consejero vasco de Industria, Mikel Jauregi, que entiende que habrá que rendir "un homenaje como una casa" a José Antonio Jainaga, por impulsar la operación. 

Actualmente Talgo tiene su sede social en el municipio madrileño de Las Rozas, donde cuenta también con una factoría con 500 empleados, aunque su planta principal está en Rivabellosa (Álava), con 700 trabajadores. 

Los 5 euros por acción permiten alcanzar el objetivo de Trilantic, cuya referencia era la opa presentada en marzo del año pasado por la húngara Magyar Wagon, a ese mismo precio (en este caso a desembolsar de forma inmediata), pero esta operación fue vetada por el Gobierno por razones de seguridad nacional. 

El acuerdo cierra, por el momento, un largo episodio en la toma de control de Talgo, ya que, además de la opa húngara, el Gobierno ha frenado también la intención del fondo público polaco PFR de presentar una opa por la totalidad del capital de Talgo, y la india Jupiter Wagon, que también había anunciado su intención de comprar, ha desistido de presentar su oferta. 

El Gobierno español ha apoyado a Sidenor desde el inicio de las negociaciones como la primera opción para entrar en el capital de Talgo y en esa línea lleva trabajando desde hace meses, especialmente el ministro de Transportes, Óscar Puente, que defiende la españolidad de la compañía. 

Este mismo miércoles el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, se reunió en Varsovia (Polonia) con miembros del Gobierno del país y después Pesa comunicó a la CNMV que no había presentado oferta. 

La entrada de otros socios -como la polaca, la india u otros- podría producirse en una segunda fase tras la toma de control de Sidenor, en el escenario que maneja el Gobierno, confirman a EFE fuentes del propio Ejecutivo. 

La toma de control de Sidenor dejaría todavía en manos de los accionistas de Pegaso -Trilantic (29,8 %) y la familia Oriol (7,6 %)- cerca de un 8 % del capital, parte que podrían comprar otros socios industriales, con los que podría negociar también Torreal, el fondo de Juan Abelló (con el 3,53 %), que ayer mismo salió de Pegaso. 

Fuentes del sector han señalado a EFE que la oferta de Sidenor no garantiza el aumento de la capacidad industrial de Talgo, que tiene una cartera de pedidos superior a los 4.000 millones de euros y acumula retrasos importantes en las entregas a sus principales clientes, sobre todo Renfe y la ferroviaria alemana Deutsche Bahn.

Tras conocerse el acuerdo, las acciones de Talgo han cerrado este viernes con una caída del 2,81%, el tercer descenso más abultado en la Bolsa española, después de que ayer cayeran otro 9,28 % cuando se conoció el freno del Gobierno a la opa polaca. 

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Peio Otxandiano, ha valorado el "uso adecuado" del sistema financiero vasco para lograr el arraigo de "una empresa estratégica" como es Talgo en Euskadi.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a Endesa y Naturgy con 1,2 millones de euros en total (600.000 euros cada una) por omitir en sus facturas información relevante para los consumidores, aunque el importe se ha reducido después al pagar ambas en periodo voluntario.

Así lo ha informado este miércoles el organismo en una nota de prensa que ha recogido EFE, en la que recuerda que las compañías eléctricas están obligadas a incluir un código QR/vínculo al comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC para que el cliente pueda conocer su consumo y comparar los precios que ofrecen otras empresas.

Sin embargo, Endesa Energía y Naturgy Iberia "omitieron cierta información", por lo que Competencia ha decidido multar con 600.000 euros a cada comercializadora, la máxima multa para las infracciones leves. Las actuaciones partieron de dos particulares que denunciaron haber recibido facturas sin el contenido mínimo exigido.

De acuerdo con la CNMC, la instrucción de los expedientes acredita que Endesa Energía incluyó códigos QR/vínculos incorrectamente parametrizados y que Naturgy Iberia omitió el código QR/vínculo al comparador en algunos de sus recibos.

No obstante, en el caso de Endesa se minora la sanción en un 20%, a la cuantía de 480.000 euros; en tanto que a Naturgy se le reduce en un 40%, a 360.000 euros, por haber realizado el pago en periodo voluntario.

Contra estas resoluciones puede interponerse recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación.

Sábado, 6 de abril. Centenares de personas acuden al Hipódromo de la Zarzuela, al norte de Madrid, para asistir al evento anual de Madeira Invest, una suerte de club financiero privado que captaba fondos prometiendo altas rentabilidades invirtiendo en arte digital o artículos de lujo –desde vehículos de colección hasta relojes o metales preciosos–. En un momento dado, quien toma la palabra es Alvise Pérez, entonces aspirante al Parlamento Europeo. "Todos vosotros estáis haciendo cierto tipo de política, que es la contrapolítica a un Estado mafioso y criminal que os roba más del 70-75% de todo lo que producís cada año", lanza el agitador ultra ante un público entregado a un club sobre el que unos meses antes había advertido la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ahora, cinco meses después, todo el tinglado se ha venido abajo.

El estallido de lo que algunos abogados ven como una nueva estafa piramidal empezó a ser una realidad a comienzos de semana, cuando la página del club pasó de estar "en mantenimiento" a colgar el mensaje de "cerrado temporalmente". La bajada de persiana vino acompañada de un vídeo del supuesto líder de la comunidad, que se hace llamar Luis, en el que se vinculaba todo a una supuesta investigación en curso que habría bloqueado todas las cuentas. "Ahora nuestro único objetivo tiene que ser cumplir los contratos", señalaba. El anuncio se produjo días después de que El Confidencial informase de que parte del dinero recaudado para la campaña de Alvise se había desviado a una cuenta de criptomonedas a la que Madeira Invest también inyectaba activos.

Una parte de los negocios que colgaban de dicho club han echado el cierre. Es la crónica de una muerte que parecía anunciar la Comisión Nacional del Mercado de Valores hace ahora dieciséis meses. Entonces, en mayo de 2023, el regulador de los mercados lanzó una advertencia indicando que ni Madeira Invest Club ni la sociedad que aparentemente lo controlaba –una supuesta "consultora legal cripto" ubicada en Nuevo México– estaban autorizadas "para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva". Un aviso a navegantes que el organismo cada vez lanza con mayor frecuencia. Desde el año de la pandemia, la CNMV ha soltado casi 1.700 avisos sobre chiringuitos financieros. Más de uno al día.

La proliferación de este tipo de estructuras ha sido exponencial a lo largo de la última década. Si en 2014 emitió 23 advertencias propias –también se hace eco de los que lanzan los supervisores de otros países–, en 2023 esa cifra se situó en 394, según el buscador que sobre esta materia tiene la CNMV. El dato es similar al de 2022 y 2020 –335 y 388, respectivamente–, pero ligeramente inferior al de 2021, cuando se lanzaron 556 avisos. "Es un problema cada vez mayor", apunta en conversación con infoLibre Antonio Gallardo, responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). Y prueba de ello es que un tercio de las consultas escritas que recibió el regulador el pasado año versaban, precisamente, sobre prácticas irregulares de estos chiringuitos.

Porque en la "mayoría de los casos", advierten desde la CNMV, la prestación de supuestos servicios de inversión no es más que "una tapadera para apropiarse del capital de sus víctimas": "Cuando no pueden justificar las pérdidas, simplemente desaparecen o cambian de nombre". Suele ser habitual, apunta Gallardo al otro lado del teléfono, el modelo de estafa piramidal: pagan a los primeros que entran, ya sea con su dinero o con el de otros inversores, importantes beneficios que sirven como cebo para captar luego a más personas. "Muchas veces, pones una pequeña cantidad y el retorno es excelente, lo que te lleva a hacer una segunda inversión mucho más importante que termina desapareciendo", explica el experto de Asufin.

Las rentabilidades elevadas en un corto espacio de tiempo es el principal gancho. Arbistar, un chiringuito sobre el que también advirtió en su día la CNMV, prometía rentabilidades de entre el 8% y el 15% gracias a un supuesto bot con un algoritmo que garantizaba grandes beneficios pero que nunca existió. "Vendía humo", se recoge en el auto de procesamiento, que hace una descripción precisa de cómo funcionaba la supuesta estafa: "El negocio era financieramente inviable desde su origen. Se sostenía por la imagen de seriedad y solvencia que simulaban, para lo que era imprescindible pagar diligentemente a los inversores los intereses y devolverles el dinero invertido. Lograban mantener la apariencia de prosperidad obteniendo liquidez por los ingresos procedentes de nuevos inversores".

Esta macroestafa, por la que se habrían defraudado una cantidad superior a 92 millones a 32.000 personas, no es la única que se ha puesto sobre la mesa de la Audiencia Nacional. En dicho tribunal también se abrieron otras tres grandes causas por presuntas criptoestafas de Kuailian, Algorithms o Nimbus, que habría hecho perder más de 125 millones de euros a 4.000 inversores. Esta última firma, sobre la que alertó el regulador bursátil en 2020, prometía una rentabilidad mensual de hasta el 15%. Antes de su caída, el Madeira Invest Club, que se definía en su página web como un "club privado" creado con el claro objetivo de "ganar dinero", se fijaba como meta "obtener rentabilidades mínimas a partir del 30% anual".

Los inversores que se meten en estos chiringuitos financieros no están protegidos en caso de insolvencia de la entidad no autorizada. Al fin y al cabo, la misma no está adherida al Fondo de Garantía de Inversiones o de Depósitos, al que las firmas de inversión autorizadas contribuyen con sus aportaciones. Por tanto, una vez que estalla la burbuja es complicado recuperar el dinero. "Primero, hay que saber dónde se encuentran los fondos. Además, estas estructuras operan muchas veces desde lugares muy opacos. Y a veces resulta complicado incluso localizar a la empresa que se encuentra detrás de las mismas, dado que sus propias páginas webs no facilitan dicha información", sostiene Gallardo. De ahí que los procedimientos judiciales sean tan complejos y se alarguen en el tiempo.

El responsable de Estudios de Asufin ha visto en los últimos años una evolución en relación con los chiringuitos financieros. Si antes se requerían importantes inversiones de entrada, ahora con pequeñas cantidades es suficiente. Y si antes se orientaban hacia un público adulto, ahora el auge de las criptomonedas está permitiendo llegar cada vez más a un público joven. "La promoción se hace a través de redes sociales como Telegram o Instagram, recurriendo a los típicos vídeos de un tipo con dos ferraris y ese discurso que juega con la ganancia rápida y la inmediatez", expone Gallardo, que pide a los inversores desconfiar de las "promesas milagrosas de rentabilidades altas" y comprobar siempre si la entidad está regulada –la CNMV cuenta con registros para verlo rápidamente–.

Chiringuitos que crecen, en algún caso, en medio de ese discurso antiimpuestos y de "libertad financiera" que inunda algunas redes sociales y al que Alvise recurrió en aquel acto de abril en el Hipódromo de la Zarzuela. "Básicamente, me dedico a elusión fiscal, pagar los menos impuestos posibles dentro de lo que la ley permite, y hay mucho margen para hacer: sociedades, personas físicas, herencias, criptomonedas... Da igual, hay que terminar con el robo que existe en este país", decía Luis Cryptospain –Álvaro Romillo, según El Confidencial–, la cara visible alrededor de Madeira Invest Club, en una entrevista concedida hace un año a uno de esos múltiples canales de YouTube que cargan contra los tributos y que cuenta con más de un millón de suscriptores. "En Madeira vivo bien porque Hacienda no me toca los cojones y no se les ve el pelo", añadía.

La tierra es ahora fértil. El pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial, tras más de cinco años y medio de bloqueo por parte de la derecha, ha hecho que el Gobierno y el PP se encaminen a cerrar más acuerdos para renovar las cúpulas de ciertos órganos. Incluso esos pasos se podrían producir antes de que los políticos se tomen las vacaciones de agosto. Hay agua en la piscina.

El pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial no supone en sí un cambio de alianzas preferentes de legislatura, como reconocen en La Moncloa y en Génova 13, pero sí pone en pista de aterrizaje otros posibles acuerdos para vacantes en órganos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). En lo que sí hay mayores dificultades, según explican fuentes gubernamentales y populares, es en alcanzar un pacto sobre RTVE. Y lo que parece imposible es que haya un abrazo sobre la financiación autonómica.

En el Gobierno y la dirección del Partido Popular ponen ahora como gran objetivo la renovación de la cúpula del Banco de España. No se fijan ningún calendario ni tampoco se han puesto en marcha ya nuevas reuniones tras el pacto del Consejo General del Poder Judicial, pero las dos partes ven muy viable alcanzar fumata blanca. El Banco se encuentra en una situación inédita: no se ha sustituido oficialmente a Pablo Hernández de Cos tras el fin de su mandato el pasado 11 de junio y ocupa de manera interina esa plaza la subgobernadora, Margarita Delgado.

El nombramiento corresponde al Ejecutivo central pero hay una tradición no escrita por la que, en virtud de un pacto, el Gobierno orienta el nombre del gobernador mientras que la oposición influye en el siguiente escalón jerárquico. Por el momento, La Moncloa no ha movido ningún paso y ahora cree que se puede llegar a ese acuerdo. “Al PP le interesa”, señalan fuentes del núcleo duro de Pedro Sánchez. No se marcan plazos, pero creen que sería posible materializarlo en julio (en el horizonte está la próxima reunión del Banco Central Europeo del día 18). Además, existe la posibilidad de un acuerdo por fases, ya que el mandato de la subgobernadora caduca en septiembre. En el Partido Popular tampoco quieren marcar fechas.

En este clima para lograr acuerdos puntuales para renovar órganos también se engloba la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene cinco puestos vacantes en su Consejo de Administración desde el pasado verano. Un pacto entre el Gobierno y los populares también podría incluir la renovación de la jerarquía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la salida en diciembre del presidente, Rodrigo Buenaventura, y su vicepresidenta, Montserrat Martínez. No obstante, su mandato todavía podría ser prorrogable dos años más en virtud de la reforma hecha en 2022. Asimismo, en esas conversaciones saldrán las futuras siete plazas de la Comisión Nacional de la Energía, una escisión de la CNMC que podría ponerse en marcha a principios del año que viene.

Sobre la mesa también estará la situación de RTVE, ya que por ley se debe renovar ya a la mitad de los diez consejeros. Además, hay otro puesto vacante desde la dimisión de José Manuel Pérez Tornero en septiembre de 2022 como presidente de la corporación pública. La normativa exige que esa renovación se haga con el beneplácito de dos tercios del Congreso y del Senado (por lo que implica el voto a favor del PSOE y del PP). Y se tiene que hacer respetando las cuotas en razón de origen de la propuesta: toca renovar a tres consejeros nombrados por el PP (Consuelo Aparicio, Jenaro Castro y Carmen Sastre), uno por el PSOE (Ramón Colom) y otro por el PNV (Juan José Baños). Fuentes del Gobierno indican que quieren un acuerdo también en esta cuestión y sostienen que es fácil porque ya está marcada la "proporcionalidad", pero ven más reacios a los populares. Desde Génova 13 también admiten que es más complicado un pacto sobre esta cuestión. Alberto Núñez Feijóo y su equipo han sido muy duros en los últimos meses con RTVE y especialmente con su presidenta, Concepción Cascajosa.

Este campo de posibles acuerdos parece vedado en estos momentos a uno sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. El Gobierno quiere abordarlo de manera multilateral pero con la vista puesta también en una posible financiación singular para Cataluña. Pero en La Moncloa, como subrayan fuentes del palacio presidencial, son conscientes de que el PP no está por la labor y creen que Feijóo no se va a sentar porque tiene muy difícil conjugar los intereses de Andalucía, Madrid y Galicia, por ejemplo. Además, en el Gobierno lamentan que el líder del PP no quisiera negociar de forma discreta esta reforma.

Lo que sí existe en el ambiente es la sensación tanto en el Gobierno como en el PP de que la legislatura puede aguantar. En La Moncloa señalan que una muestra de ello es que los populares hayan accedido a pactar ahora. “Si creyeran que va a haber pronto elecciones, no habrían acordado”, sostienen los socialistas. También cargos del PP confiesan en privado que la legislatura no está tan acabada como esperaban antes de las elecciones europeas.

Este campo abierto para pactos en la renovación de órganos públicos no significa, no obstante, que el PSOE y el PP vayan hacia una gran coalición de facto, algo que rechazan totalmente ambas partes. De hecho, en La Moncloa creen que Feijóo seguirá en la línea dura de estrategia de oposición como se pudo comprobar en el cara a cara con el presidente durante la sesión de control de este miércoles. Por lo tanto, no esperan que esos pactos alcancen a las normas que se están tramitando en las Cortes Generales.

El pacto ha supuesto las críticas por parte de algunos socios del Gobierno. Fuentes de La Moncloa comentan que ha sido principalmente Podemos el que “más se ha pasado de revoluciones” y se muestran menos preocupados por las críticas de Esquerra Republicana. Pero tanto los socialistas como en Sumar descartan que pueda quebrarse de alianzas progresistas a raíz de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. 

El acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial supone la resolución de uno de los principales embrollos de la política antes de que llegue el verano. El Gobierno quiere imprimir ahora un tono mucho más social a través de la convalidación del decreto anticrisis y la reciente aprobación de la mayor oferta pública de empleo. Además, se sigue trabajando para la presentación, antes de que acabe el mes de julio, del plan de regeneración democrática prometido por el presidente tras su cinco días de reflexión. Se mira especialmente a Cataluña, aunque en el núcleo duro del socialismo se descarta que el acuerdo alcanzado en Bruselas entre Félix Bolaños y Esteban González Pons tenga repercusiones en las negociaciones en el Parlament. Se sigue buscando una fórmula para atraer a Esquerra para unir fuerzas junto al PSC y los comunes, pero en el Ejecutivo se rechaza aceptar la petición de la creación de un concierto económico como los de Navarra y Euskadi.

Las acciones de Naturgy se desplomaban casi un 12% en Bolsa tras dar CriteriaCaixa y la emiratí Taqa por terminadas sus conversaciones para un posible pacto de cooperación en la energética "sin que se haya alcanzado ningún acuerdo", según ha recogido Europa Press.

Naturgy mantuvo hasta las 9.35 horas el precio de cierre del lunes, cuando había subido un 0,65%, hasta los 24,86 euros por acción, por subasta de volatilidad al no casar las órdenes de compra y venta. Así, tras la subasta, las acciones de la energética caían un 11,67% cercanas las 9.45 horas, hasta intercambiarse a un precio unitario de 21,96 euros. De esta manera, casi dos meses después anunciarse por Taqa que mantenía negociaciones con CriteriaCaixa, primer accionista de Naturgy, para articular el que iba a ser un pacto para el control de la primera gasista y tercera eléctrica de España, para dar salida del accionariado a los fondos CVC y GIP, se da por finiquitada la operación.

No obstante, CriteriaCaixa indicó que continuará "explorando alternativas" que permitan asegurar el proyecto industrial de Naturgy y acelerar su crecimiento, mediante opciones que den estabilidad al accionariado de la compañía, y que le permitan "mantener su posición como socio español de referencia en la compañía". Además, el vehículo inversor de La Caixa reiteró su compromiso como "inversor de largo plazo" con el proyecto industrial de Naturgy, de la que es primer accionista desde hace décadas, y reafirmó su "voluntad de defender los intereses de la compañía energética con la finalidad de contribuir a mantener la empresa cotizada en España, asegurar un plan industrial coherente con la transición energética, así como mantener la seguridad de suministro energético a España".

Según adelantó este lunes El Mundo, el consejo de administración de Taqa decidió abandonar la OPA sobre Naturgy, quedando así totalmente enterrada la operación sobre la compañía española. Fuentes conocedoras de la decisión indicaron a Europa Press que las negociaciones se terminaron rompiendo debido a la "imposibilidad" de llegar a un acuerdo entre ambas partes respecto al reparto de la gobernanza en Naturgy, más que a posibles discrepancias respecto al precio final de la OPA, que se había negociado en torno a unos 27 euros por título.

De hecho, a pesar de que se había planteado la disconformidad de algunos de los fondos respecto al precio planteado, fuentes del mercado indicaron que estos "nunca habían planteado dudas" sobre este precio.

El pasado 17 de abril, la compañía emiratí confirmó que mantenía conversaciones con CriteriaCaixa respecto a "un posible pacto de cooperación relativo a Naturgy", así como con los fondos CVC y GIP sobre "la posible adquisición de sus acciones" en la energética, aunque subrayó que aún no se había alcanzado ningún acuerdo" y que no había "garantía alguna" de que se fuera a implementar ninguna operación ni certeza en cuanto a los términos en que, en su caso, podría realizarse".

En concreto, en la posible adquisición se estudió su articulación a través de una oferta pública de adquisición por la totalidad del capital de Naturgy. El desembarco del grupo controlado por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos en Naturgy se presentaba como una solución para la salida del accioniariado de CVC y GIP, que poseen más de un 20%.

En el caso de estos dos últimos accionistas, una vez cumplido el periodo de maduración de sus inversiones que entraron en 2019 y 2016, respectivamente, se mostraban dispuestos a vender si surgía una buena oferta. El otro gran accionista de la energética es el fondo australiano IFM, que cuenta con una participación del 15% de Naturgy, y que siempre había venido mostrado su deseo de permanecer a largo plazo en el capital.

Una vez ha descarrilado la opción de la emiratí Taqa, el fondo australiano IFM estaría dispuesto a un pacto a largo plazo con Criteria para reforzar la estabilidad de la compañía.

IFM "pinchó" en su OPA sobre Naturgy lanzada en 2021 y se tuvo que conformar con un 10,8% de la energética frente a la horquilla de entre el 17% y el 22,69% a la que aspiraba. Pese a ello, este fondo de pensiones, que desde el primer momento se autodefinió como un inversor a largo plazo de la energética, no cejó en su empeño y siguió comprando acciones al margen de la OPA hasta alcanzar un 15%. El fondo, representado en el consejo de Naturgy por Jaime Siles, ha calificado siempre su participación en la compañía de estratégica y a largo plazo.

Fuentes del mercado indicaron que Naturgy podría haber visto reforzado su proyecto desde 2021 si desde el Gobierno y desde Criteria hubieran sido capaces de ver a IFM como un socio estratégico cuya intención es fortalecer la estabilidad de la compañía. "IFM siempre ha estado abierto a un pacto de largo plazo con Criteria porque comparten visión sobre la compañía", señalaron estas fuentes.

BBVA no considera que la denuncia de Sabadell ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vaya a tener efecto sobre la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de carácter hostil que lanzó la semana pasada sobre la entidad catalana, según han informado fuentes del mercado a Europa Press.

Desde el viernes, la entidad presidida por Carlos Torres se encuentra analizando la comunicación que Banco Sabadell remitió el jueves por la noche a la CNMV y en la que afirmaba que la documentación que BBVA había enviado a los analistas, que no estaba incorporada en el anuncio de la OPA, y la información que se había dado en la reunión vulneraba el artículo 32 de la normativa que regula estas operaciones y que "en general, introducen datos incompletos que pueden afectar al mercado".

Fuentes jurídicas precisaron que esta "denuncia" de Sabadell se habría formulado ante el hecho de que BBVA afirmase ante analistas y medios de comunicación que cuenta ya con interés por parte de accionistas, algunos "relevantes", en que se materializase la operación que había presentado sobre Sabadell.

Las mismas fuentes afirmaban que esto constituye una información que debería estar en el anuncio que realizó de la oferta a la CNMV y que puede condicionar al mercado en lo relativo a la OPA hostil que, en todo caso, no se realizará hasta dentro un plazo de entre seis u ocho meses, una vez el banco obtenga las autorizaciones necesarias.

Lo que el Sabadell estaría buscando con esta medida no es tanto paralizar la OPA como que BBVA dé la información de cuáles son los accionistas relevantes con el objetivo de que el mercado tenga con información "completa y transparente".

De este modo, fuentes del mercado han asegurado que BBVA está analizando la denuncia que Sabadell hizo ante la CNMV, aunque considera que no va a tener ningún efecto sobre el proceso y que la OPA hostil seguirá adelante.

El siguiente paso será la presentación de la solicitud de autorización de la OPA a la CNMV en las próximas dos semanas, junto a un proyecto explicativo y otros documentos complementarios.

IAG registró unas pérdidas después de impuestos de 4 millones de euros en el primer trimestre de 2024, lo que supone un descenso del 95,4% con respecto a los "números rojos" del mismo periodo del año anterior, que ascendieron a 87 millones, tal y como recoge Europa Press.

El grupo obtuvo un beneficio de explotación de 68 millones de euros en el trimestre, siete veces más de lo que reportó un año antes, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes, mientras que la pérdida antes de impuestos alcanzó los 87 millones de euros, con una mejoría del 28,1% con respecto al primer trimestre de 2023.

Durante estos meses, la compañía ingresó 6.429 millones de euros (+9,2%). De estos, 5.632 millones provienen de ingresos por pasaje (+11,7%) y 283 millones del negocio de carga (-12,4%).

Los ingresos por pasaje por asiento-kilómetro ofertado (AKO, por sus siglas en inglés), aumentaron un 4,4% en el primer trimestre del año con respecto al primer trimestre de 2023, beneficiándose del calendario de Semana Santa y de "una fuerte recuperación del tráfico de ocio", mientras que el tráfico de negocios se recupera más lentamente.

Por su parte, los gastos se incrementaron un 8,2%, hasta los 6.361 millones de euros. Destaca por volumen la partida de gastos por combustible y derechos de emisión, que asciende a 1.789, un 1,8% más que el año anterior, y la de personal, que creció un 14,3% hasta los 1.437 millones de euros. El mayor incremento se da en los gastos de handling, catering y otros gastos de explotación, que se incrementaron un 15,2%.

Los costes unitarios excluido el combustible aumentaron un 3,7% con respecto al primer trimestre de 2023, debido a las inversiones en el negocio y al impacto de los acuerdos salariales alcanzados en 2023.

Por otro lado, los costes unitarios de combustible disminuyeron un 4,9% con respecto al primer trimestre de 2023 debido a la reducción de los precios medios efectivos del combustible netos de coberturas y a las entregas de aviones más eficientes.

A 31 de marzo, la deuda neta de IAG era de 7.438 millones de euros, un 24% menos que a cierre de 2023, mientras que la deuda financiera era de 16.164 millones (+0,5%) y la liquidez se elevó un 12,7%, hasta los 13.330 millones.

El consejero delegado del grupo, Luis Gallego, ha señalado que las iniciativas de transformación y el aumento de la demanda, incluyendo el periodo de Semana Santa, "han dado lugar a otro muy buen conjunto de resultados, con mejoras tanto de los ingresos como del beneficio de explotación". Además, ha detallado que el grupo está "bien posicionado para el verano" y que "la fuerte demanda de viajes continúa siendo una tendencia sostenida".

Los pasajeros transportados en este periodo fueron 26,36 millones (+8,6%), con un factor de ocupación del 83,1%, 1,6 puntos porcentuales más que en el primer trimestre de 2023. Las aerolíneas del grupo efectuaron 167.285 despegues durante este trimestre, lo que supone un incremento del 6,2% con respecto al año anterior con una flota de 585 aviones (+4,3%). La capacidad total del grupo se elevó un 7% durante este periodo.

Durante el trimestre, el grupo recibió cuatro aviones, todos ellos financiados, incluidos dos aviones Airbus A320ceo para Vueling con el fin de cubrir las necesidades adicionales de mantenimiento de aviones relacionadas con los motores Pratt and Whitney GTF y también financió dos aviones entregados en 2023.

De cara al resto del ejercicio, IAG espera que la demanda de viajes sea sostenible y positiva en el largo plazo y se encuentra "bien posicionada" para el verano. La capacidad para el resto del año está prevista con un crecimiento del 7%, con inversiones en los mercados principales.

Además, prevé generar un flujo de caja libre "significativo" durante el año y mantener un balance "sólido", mientras se centra en alcanzar unos márgenes y beneficios "de primera clase" con el compromiso de crear valor sostenible" y retornos de efectivo para el accionista.

Iberia registro un beneficio de explotación antes de partidas excepcionales de 70 millones de euros en el primer trimestre de 2024, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía consiguió transportar a más de 6 millones de pasajeros entre enero y marzo, un 9,5% más que el año anterior. La capacidad ofrecida se incrementó un 15,4%, debido principalmente al aumento del número de aviones Airbus A350-900 en servicio, con 22 aviones A350-900 al final del primer trimestre frente a 16 aviones a 31 de marzo de 2023. Además, consiguió un factor de ocupación del 85,5%, 0,1 puntos porcentuales más, con un incremento del 15,4% de la demanda.

Según ha informado este viernes su matriz IAG a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Iberia sería la compañía del grupo con unos mejores resultados durante el trimestre.

Así, British Airways tuvo un beneficio de explotación de 25,57 millones de euros, un 57,14% más, con una ocupación del 81,1%, 2,3 puntos porcentuales más, y un 5% más de capacidad. BA transportó a 10,34 millones de pasajeros (+9,6%).

La otra española, Vueling, que transportó a 7,77 millones de pasajeros (+7,4%) perdió 25 millones de euros, reduciendo las pérdidas en un 60,9%. La aerolínea registró un factor de ocupación del 91%, 1,7 puntos porcentuales más, mientras que la capacidad se elevó un 2%.

Por último, Aer Lingus perdió 82 millones de euros, uno más que el año anterior, con un 4% más de asientos, una ocupación del 74,9%, casi sin cambios, y una cifra de pasajeros de 2,1 millones (+5,5%).

Durante el pasado trimestre, IAG aumentó su capacidad en la región del Atlántico Norte un 0,6%, con incrementos en Aer Lingus, British Airways e Iberia. Los ingresos unitarios aumentaron un 6,5%. El factor de ocupación en esta región fue del 77,8%, 3 puntos porcentuales por encima del año anterior.

Asimismo, el Grupo ha seguido invirtiendo en la región de Latinoamérica y Caribe, principalmente a través de Iberia pero también añadiendo capacidad en British Airways y Level. El crecimiento de la capacidad en la región para el conjunto del grupo fue del 14,4% en el primer trimestre, con un descenso del 1,4% en los costes unitarios, con un coeficiente de ocupación del 86,8%, 0,1 puntos porcentuales menos.

En Europa, la capacidad se ha aumentado un 9%, principalmente motivado por Aer Lingus, British Airways e Iberia, con un incremento del 5,7% en los ingresos unitarios. En Europa, el factor de ocupación se elevó 1,7 puntos porcentuales, hasta el 84,3%.

La capacidad en la región doméstica (España y Reino Unido) creció un 6,5% en el primer trimestre, principalmente en España, a través de Iberia y Vueling. El factor de ocupación doméstico fue del 87,2%, 2 puntos porcentuales más. Al igual que en el resto de Europa, la fuerte demanda de viajes y el fin de semana de Semana Santa han propiciado un aumento de los ingresos unitarios del 6,9%.

En cuanto al resto del mundo, IAG encuentra "mayores desafíos". La capacidad hacia la región de África, Oriente Medio y Sur de Asia aumentó un 0,4% y los ingresos unitarios disminuyeron un 3,4%, con un factor de ocupación del 82,8%,0,1 puntos porcentuales menos. En particular, el conflicto en Oriente Medio ha afectado a los vuelos de la mayoría de las aerolíneas del grupo a la región.

En Asia-Pacífico, que representa solo el 3,7% de la capacidad total de IAG, la capacidad aumentó un 43,4%, debido al restablecimiento de las rutas de British Airways en 2023. Este gran aumento de la capacidad ha propiciado que los ingresos unitarios hayan disminuido un 12,6% en el trimestre. Esta región ha sido la que ha registrado un factor de ocupación más alto, llegando al 87,3%, 1,5 puntos porcentuales por encima del año anterior.

La compañía emiratí Taqa ha confirmado que mantiene conversaciones con Criteria Caixa respecto a "un posible pacto de cooperación relativo a Naturgy", así como con los fondos CVC y GIP sobre "la posible adquisición de sus acciones" en la energética, aunque subrayó que "no se ha alcanzado ningún acuerdo" con ellos, informó el grupo emiratí a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press. Asimismo, señaló que si dicha adquisición se produjera, "debería formularse una oferta pública de adquisición por la totalidad del capital de Naturgy", es decir, una opa por el 100% de la compañía española.

Además, la compañía emiratí añadió que "no hay garantía alguna de que se vaya a implementar ninguna operación ni certeza en cuanto a los términos en que, en su caso, podría realizarse" y que "no ha habido ningún acercamiento a Naturgy por parte de Taqa", que subrayó que en caso, de alcanzarse cualquier acuerdo, "lo publicará a su debido tiempo".

A primera hora de este miércoles, a los pocos instantes de la apertura del mercado, la CNMV suspendió cautelarmente y con efectos inmediatos la cotización de Naturgy "mientras era difundida una información relevante sobre la citada entidad". En el momento de la suspensión, las acciones de la energética subían un 1,3%, hasta los 21,80 euros por título.

Las acciones de Naturgy ya habían reputando el martes casi un 3,4% en Bolsa tras confirmar CriteriaCaixa que mantenía conversaciones "preliminares" con un potencial grupo inversor que está en contacto con algunos de los accionistas de referencia de la energética e interesado "en alcanzar un potencial acuerdo de socios" con el vehículo inversor de La Caixa.

Los títulos de la primera gasista y tercera eléctrica de España fueron el mejor valor del Ibex 35 en la sesión bursátil del martes, apuntándose una subida del 3,36% al final de la jornada, hasta los 21,52 euros, su precio más alto al cierre desde finales de febrero. Las acciones de Naturgy, que llegaron a dispararse hasta más de un 8% en algunos momentos del día de ayer, perdieron fuerza a lo largo de la sesión, aunque terminaron registrando su mejor jornada bursátil desde el 14 de octubre de 2022.

Más del 87% del capital de la energética está en manos de sus accionistas significativos, donde destacan Criteria, que cuenta con un 26,7%, tres fondos de inversión extranjeros -CVC, con el 20,7%; GIP -en vías de ser absorbido por el gigante BlackRock-, con el 20,6%; e IFM, con el 15%- y la estatal argelina Sonatrach (4,1%).

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Criteria explicó el martes que las conversaciones con un grupo inversor "se encuentran en un estadio preliminar", por lo que no se puede aventurar el resultado final. El brazo inversor de La Caixa aseguró que no forma parte de las negociaciones con el resto de accionistas de Naturgy y que si se alcanza un acuerdo, será comunicado públicamente.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la adquisición de acciones en Telefónica equivalentes al 3% de participación en el capital social de la compañía.

"En cumplimiento del acuerdo de Consejo de Ministros del pasado mes de diciembre, que ordena a SEPI la compra de acciones hasta alcanzar un máximo del 10% de capital social de la compañía, la Sociedad Estatal ha alcanzado el 3%, comunicando la adquisición de participaciones significativas al alcanzar el umbral que prevé la normativa sobre la materia", detalla el comunicado.

"La entrada de SEPI, accionista con vocación de permanencia, permitirá proporcionar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial para la consecución de sus objetivos, contribuyendo a la salvaguarda de las capacidades estratégicas de una compañía estratégica para los intereses nacionales por su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones y sus capacidades industriales, determinantes en áreas como la seguridad y la defensa", añade el holding público.

La junta general de accionistas aprobó este jueves por mayoría absoluta el traslado de Ferrovial a los Países Bajos. Ninguno de los únicos cuatro accionistas que tomaron la palabra expresó el menor reparo a la fusión transfronteriza que el grupo constructor quiere cerrar antes de que acabe este año. Aun así, hubo un 6,7% de los inversores que votaron en contra de la operación. Asistieron, en persona o a través de representantes un total de 2.696 accionistas, el 77,7% del capital social, que aprobaron igualmente todos y cada uno de 13 puntos del orden del día, entre ellos las cuentas de 2022, la reelección de cinco miembros del consejo de administración y las retribuciones de ese órgano de gobierno.

Antes de la votación, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, había desglosado los principales logros de su empresa en 2022, subrayando la importancia y valor de su negocio internacional, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. De hecho, presentó la polémica operación como “parte del desarrollo natural” de Ferrovial. Pero con mucho cuidado también de seguir enarbolando la bandera. “Ferrovial no se va de España”, subrayó, “mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”.

A continuación, Del Pino destacó los 282 millones de euros en que cifró la contribución fiscal de su empresa en España el pasado ejercicio. También el efecto “arrastre” que los proyectos internacionales de Ferrovial tienen sobre empresas pequeñas y medianas españolas. Según dijo, 1.000 proveedores trabajan fuera de España gracias a contratos con Ferrovial y 50 ingenierías han conseguido 500 millones de euros en encargos, la mitad de ellos en Estados Unidos. La operación, por tanto, es “la mejor contribución a la sociedad donde estamos presentes, creando empleo y riqueza a nuestro alrededor”, aseguró.

Las apelaciones directas al patriotismo vinieron de la mano de uno de los accionistas que intervino en la junta, Valentín de Torres-Solanot del Pino, exconsejero de una filial de Pharmamar y primo de Rafael del Pino. “De patriotas es sentar las bases para mantener y mejorar el dividendo, de patriotas es permitir a los trabajadores que ensanchen su experiencia laboral interactuando con otras culturas, llevando el nombre de España por todo el mundo”, proclamó el accionista, para quien no hay “nada más patriótico que encabezar un proyecto en un entorno ferozmente competitivo” como hace Ferrovial.

En contestación a las críticas del Gobierno a la mudanza, Rafael del Pino reiteró que la “reorganización societaria” anunciada el pasado 28 de febrero “persigue objetivos económicos sólidos” y carece de motivos fiscales. “Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes”, adelantó el presidente, por lo que, según reclamó, debería permitírsele a la constructora acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones. La Ley del Impuesto de Sociedades exime de tributar a las empresas por las plusvalías que genera una reorganización como la planteada por Ferrovial: la fusión por absorción de la matriz Ferrovial SA, con sede en España, por la filial Ferrovial Internacional SE (FISE), que tiene su domicilio en Países Bajos.

Perder esa ventaja fiscal es el principal riesgo al que se enfrenta la empresa. Menos por las declaraciones de los ministros en los últimos días y horas que por el hecho de que la Agencia Tributaria ya ha advertido de que comprobará “cuando corresponda” si existen motivos económicos “válidos” que justifiquen el traslado. Su directora general, Soledad Fernández, explicó que se trata de investigaciones “que duran un año o dos, muy largas y costosas”. También negó que haya recibido indicaciones al respecto del ministerio [de Hacienda] o del Gobierno. En el caso de que la Agencia Tributaria considerara que los motivos esgrimidos por Ferrovial no son económicos sino sólo fiscales, la compañía perdería el derecho a las exenciones antes citadas y la factura de la mudanza se dispararía.

Al responder a los accionistas, Del Pino expresó su confianza en que el Gobierno “respetará la soberanía de la junta general, porque también confía en la “seguridad jurídica española y europea”. Precisamente fue la falta de seguridad jurídica uno de los motivos alegados por la constructora para trasladarse a Países Bajos, preferidos por su “solidez financiera y estabilidad”, explicaba Ferrovial en el documento donde presentaba el proyecto de fusión.

Y fue en esa alusión donde primero contraatacó el Gobierno cuando la empresa anunció su marcha. “Se trata de una empresa que le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles”, reaccionó la vicepresidenta Nadia Calviño, quien puso en duda “la sustancia de los argumentos” de la empresa para trasladar su sede fuera de España. Uno de ellos es la imposibilidad de cotizar con sus acciones en las bolsas de EEUU sin intermediarios. La CNMV y BME, el operador de las bolsas españolas, han elaborado un informe en el que descartan la existencia de “obstáculos legales, normativos o de operativa” para hacerlo. Por su parte, Ferrovial aduce que no existen precedentes de empresas españolas que hayan utilizado los mecanismos existentes para cotizar directamente en Estados Unidos.

Después llegó el cruce epistolar público entre el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, y el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos. Mientras el primero le recordaba al segundo que no hay ninguna diferencia entre el procedimiento español para cotizar en EEUU y el que tiene el resto de los países europeos, el segundo destacaba los “interrogantes técnicos y operativos” del mecanismo español, frente a la “alternativa expedita y bien conocida” que, a su juicio, representa la doble cotización desde los Países Bajos. Del Pino abundó en estos reparos cuando aseguró ante los accionistas que la vía holandesa permitirá a Ferrovial cotizar en EEUU “en un plazo breve”, porque hacerlo directamente desde España “no es fácil ni inmediato”. “A día de hoy es un camino de plazo y ejecución inciertos”, concluyó.

Nada más conocerse el resultado de votación en la junta, el Gobierno se ha limitado a transmitir su “respeto” por la decisión de los accionistas y a resaltar los 34.178 millones de euros de inversión extranjera que España atrajo en 2022, “el segundo mejor año de la historia”.

El resto de los argumentos de Ferrovial para cambiar Madrid por Ámsterdam fueron resumidos por Rafael del Pino en la junta: dotarse de una estructura societaria adaptada a la realidad de sus negocios, mejorar sus condiciones de financiación y acercarse a los inversores internacionales, sobre todo a los estadounidenses.

Por ese motivo, tanto Del Pino como Ignacio Madridejos destacaron una y otra vez ante los accionistas los logros internacionales de Ferrovial, con especial mención de EEUU y Canadá. El 90% del valor del capital del grupo procede de su actividad internacional, el 90% de sus inversores institucionales son entidades internacionales y el 75% del valor de la empresa procede de activos situados en América del Norte, presumió el presidente. El 40% de la facturación de Ferrovial viene de Estados Unidos y Canadá, aseguró luego el consejero delegado, y sólo el 15% de España. De los 728 millones del resultado bruto de explotación conseguido en 2022, 400 millones proceden de EEUU y Canadá, por sólo 113 de España. Del Pino también citó los 13.068 millones de su cartera de construcción, el “máximo histórico”. De ellos, el 83% es internacional, y el 51% de los nuevos contratos se consiguió en América del Norte. Además, el aumento del tráfico, tanto aéreo como de carretera, tras el fin de los confinamientos por el covid ha disparado los resultados de los aeropuertos y autopistas que el grupo gestiona en EEUU –Texas, Virginia, Carolina del Norte–, Canadá –Toronto–, Reino Unido –Heathrow– y Turquía –Dalaman–. Es en esos mercados donde Ferrovial tiene ahora también la intención de concentrar sus inversiones. Por ejemplo, acaba de convertirse en el socio de referencia de la empresa que remodelará la terminal 1 del aeropuerto JFK de Nueva York.

En la junta intervinieron los responsables de la Federación Mundial de Inversores, Jean Pierre Paelinck, y de Better Finance, una asociación de accionistas minoritarios europeos, Christian Gülich. Paelinck mostró su “preocupación” por los “ataques” a Ferrovial por el “mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de establecimiento”, consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la UE. No dudó en tildar esos ataques de “excesivos, improcedentes y al borde de la legalidad”. Gülich también acudió en defensa de la libertad de establecimiento y de que este tipo de decisiones las tomen “los accionistas y no las instancias políticas”.

Otro accionista más se preocupó exclusivamente del uso del castellano tanto en la Oficina del Accionista como en las futuras juntas generales cuando Ferrovial se mude a Países Bajos. Y obtuvo el “compromiso” explícito de Rafael del Pino de que habrá traducción simultánea al castellano en las juntas, que se celebrarán en inglés. Además, habrá un teléfono gratuito para los accionistas también en castellano.

Cuando se publique el acuerdo de la junta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), empezará a contar el plazo de un mes con el que cuentan los accionistas contrarios al traslado para vender sus títulos. Que la empresa pagará a razón de 26,075 euros la acción. Basta con que el 2,56% de ellos ejerzan lo que se conoce como derecho de separación y se supere el límite de 500 millones de euros en compensación que ha fijado el grupo, para que la operación se anule. En teoría. Porque Ferrovial también se ha reservado el derecho de cambiar esta condición suspensiva. Será difícil, por tanto, que la mudanza se frustre. De hecho, como adelantó Cinco Días, Del Pino ya ha situado en Ferrovial International SE Sucursal en España a uno de sus hijos, Ignacio, como representante legal permanente. Ignacio del Pino Fernández-Fontecha era hasta ahora director financiero de Ferrovial SA. Por el contrario, el hermano del presidente, Leopoldo, que posee el 4,15% del capital del grupo y suele oponerse en el consejo a las propuestas de Rafael, anunció en su día su voto contrario al traslado. El mayor accionista de Ferrovial es el propio Rafael del Pino, con un 20,4%, seguido de su hermana María con un 8,2%. Los fondos Blackrock –un 3,18%–, TCI –un 6,4%– y Lazard –un 3%– son otros grandes inversores. De ellos, sólo TCI había anunciado su voto favorable. El Fondo Soberano de Noruega, que tiene un 1,5% del capital, primero avanzó su rechazo a la mudanza y después dio su sí. El 67% restante es capital flotante, propiedad de minoritarios. 

Las acciones de Ferrovial han ganado este jueves un 0,92% en la Bolsa española. Durante la junta de accionistas, Del Pino presumió de que, desde el anuncio de la fusión, los títulos de su empresa se han revalorizado un 3,35%, muy por encima del 1,23% que ha mejorado el resto del Íbex 35.

Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova y miembro de una de las mayores familias empresariales gallegas –y españolas–, entrará en prisión en los próximos días para cumplir los seis años de prisión a los que fue condenado por el Tribunal Supremo como responsable de la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia de España. A los mandos de la primera empresa pesquera del país desde 1980, diseñó todo una operativa de fraude contable para conseguir financiación bancaria y captar inversores que, una vez descubierta, llevó a la compañía a desnudar pérdidas de 1.400 millones de euros y una deuda gigantesca de 3.280 millones más.

El de Fernández de Sousa es sólo el penúltimo ejemplo del fraude corporativo con mayúsculas. Pero también una buena muestra de lo que ocurre cuando la empresa es el delincuente. Tras el desplome de Pescanova en 2013, los inversores perdieron millones, se hundió la reputación de una compañía que llegó a poseer la segunda mayor flota pesquera del mundo, los bancos acreedores se convirtieron en sus nuevos dueños, fue excluida de la Bolsa, tuvo que refundarse como Nueva Pescanova y tardó años en volver a los beneficios. Mientras tanto, su cúpula directiva permaneció sentada en el banquillo durante un proceso judicial que no terminó hasta el pasado mes de marzo. Una década completa de purgatorio.

Tres profesores de las Universidades de Berkeley, Chicago y Toronto han estudiado la prevalencia del fraude cometido por las empresas cotizadas en Estados Unidos. Según sus cálculos, el 10% de las mayores compañías perpetra fraudes cada año en Estados Unidos. Alexander Dyck, Adam Morse y Luigi Zingales incluyen en esas malas prácticas el falseamiento de estados financieros, ya sean desvelados por los auditores o por la SEC –la CNMV estadounidense–, la omisión u ocultación de información y las manipulaciones contables. Es más, advierten de que hasta el 41% de los estados financieros de las mayores compañías contiene información incorrecta que va mucho más allá de los errores puramente administrativos.

En un estudio elaborado por Deloitte y Esade en 2012 a partir de una encuesta a 200 empresas españolas, el 40% de ellas situaba la caja B –transacciones no registradas en la contabilidad– como el principal tipo de fraude corporativo. El 24% mencionaba las alteraciones de registros contables para que los directivos cobraran bonus o incentivos. Otro de la Universidad de Navarra junto con la escuela de negocios IESE citaba en 2017 como “detonantes” de estas malas prácticas el ansia de los responsables de las empresas por “cumplir con las expectativas del mercado a corto plazo en términos de rendimiento de las acciones y de rentabilidad de la compañía”. La presión del mercado, de los analistas y de las agencias de rating, un sistema de incentivos inadecuado, la concentración del poder en manos de una o pocas personas… son el acelerante del incendio de la mala praxis y el fraude.

El problema gana en gravedad si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las proyecciones de Dyck, Morse y Zingales, sólo un tercio del fraude cometido por las empresas se detecta. Por eso lo describen como un auténtico iceberg cuyo mayor volumen permanece oculto bajo la superficie. Los tres académicos se atreven incluso a adelantar una cifra de las pérdidas que provoca el fraude corporativo en la primera economía del planeta: 830.000 millones de euros en 2021. El equivalente al PIB de Arabia Saudí ese año.

Estas estimaciones valen para los años anteriores a la entrada en vigor de la Ley Sarbanes-Oxley o SOX, que introdujo una regulación muy estricta de los informes financieros y de auditoría a los que están obligadas las empresas cotizadas en Estados Unidos. La norma se aprobó como reacción a los grandes escándalos corporativos con los que se estrenó el nuevo siglo: Enron, Worldcom, Tyco. “Desde el caso Enron, la manipulación contable es mucho más complicada”, asegura Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom), quien también cree que el fraude corporativo está mucho menos extendido en Europa y en España que en Estados Unidos. La Ley SOX garantiza la “integridad” de la contabilidad, un blindaje que en la Unión Europea se convirtió en directiva en 2016 y en España quedó establecido en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal de 2021. Desde entonces, tanto los fabricantes de software como sus usuarios están obligados a garantizar la trazabilidad e inalterabilidad de la información contable, “sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos”.

En teoría, tales medidas de seguridad deberían evitar la manipulación de las cuentas. Pero no es así. De hecho, el fraude en Pescanova resultó ser una reedición de la operativa de Enron una década atrás: ambas compañías utilizaron sus filiales para ocultar pérdidas y firmar contratos ficticios con los que conseguir financiación. Y ambas arrastraron a sus respectivas auditoras. En el caso de la energética de Houston, la histórica Arthur Andersen desapareció tras ser condenada por obstrucción a la justicia y por destruir y alterar documentos de su cliente. En el de la empresa de Chapela (Pontevedra), BDO fue condenada por la Audiencia Nacional en 2020, por falsear información financiera, pero absuelta el pasado febrero por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal confirmó que la auditora fue “descuidada” y no cumplió “una praxis profesional adecuada”, pero estableció que no había cometido un delito doloso.

Alonso Hurtado coincide en la metáfora del iceberg. Y apunta una causa para explicar por qué dos de cada tres fraudes nunca se descubren: “Los malos siempre van por delante y son más eficaces que los buenos que los persiguen”. Enumera cinco líneas de defensa: el control de diligencia debida de la propia empresa; el departamento de Compliance –cumplimiento–, que debe ser autónomo dentro de la organización y tiene que informar al consejo de administración o incluso a las autoridades, llegado el caso; la auditoría, interna o externa; los organismos supervisores y, finalmente, los tribunales.

Sin embargo, no siempre funcionan esos mecanismos de control. Ocurrió con el Barçagate. El FC Barcelona despidió a su responsable del departamento de Compliance, Noelia Romero, después de que ésta investigara la contratación irregular de una empresa que, a cambio de un millón de euros, creó cuentas falsas para difamar a algunos jugadores y opositores a la directiva de Josep María Bartomeu. Un juez declaró improcedente el despido. En todo caso, precisa Alonso Hurtado, la misión del responsable de compliance “no es prohibir, sino identificar los riesgos y proponer alternativas”. Luego la empresa puede decidir hacerles caso, o no.

Tampoco es labor de los auditores detectar el fraude. Su tarea se limita a certificar que los estados financieros de una empresa coinciden con su situación real. “Si la empresa decide engañar al auditor, éste lo tiene muy difícil para evitarlo”, apunta por su parte Fernando Lacasa, socio responsable del departamento de Análisis Forense de Grant Thornton. Los auditores y censores jurados de cuentas con los que ha contactado infoLibre han rehusado participar en este reportaje.

Pero la línea roja no suele ser tan clara. Alemania acaba de prohibir a EY auditar empresas cotizadas durante dos años, además de multarla con medio millón de euros. Durante años, la auditora había aprobado las cuentas de la empresa de pagos digitales Wirecard, que quebró en 2020 tras descubrirse un agujero contable de 1.900 millones de euros. Aunque EY, una de las cuatro grandes firmas de auditoría mundiales, no fue la única que falló en el escándalo. Tampoco la Autoridad Federal de Supervisión Financiera –BaFin– advirtió el fraude. El caso fue desvelado por el periódico Financial Times.

El siguiente nivel, los organismos supervisores, aprieta pero no ahoga. “La CNMV controla mucho la parte burocrática, digamos, pero lo relevante, donde se comete el fraude, no tanto”, critica Alonso Hurtado, quien además recuerda cómo en el caso Madoff, el esquema Ponzi que estafó 68.000 millones de dólares a casi 30.000 clientes repartidos por todo el mundo, desde actores de Hollywood y ONG hasta bancos y la exmujer de Amancio Ortega, la SEC obvió las señales de alarma y permitió seguir operando al financiero neoyorquino. Las primeras alarmas saltaron en 1992, pero la estafa no estalló hasta 2008. Bernie Madoff fue condenado a 150 años de prisión.

“La CNMV entra cuando el escándalo ya ha explotado, en labor de prevención se queda corta”, protesta Alonso Hurtado. A su juicio, debería ejecutar controles adicionales y tardar menos tiempo en verificar si, por ejemplo, una sociedad de inversión “es solvente o sólo un chiringuito”. “Eso nos lastra como mercado”, lamenta. Además, cree que la CNMV debería controlar la contabilidad “en tiempo real” del mismo modo que la Agencia Tributaria lo hace con las facturas a través de la plataforma SII (Suministro Inmediato de Información). “Pero eso sería como hacer un desnudo integral en tiempo real y las empresas no quieren”, advierte.

Porque, en el fraude corporativo de primer nivel, ese que suele terminar en las primeras páginas de los periódicos y en los tribunales, suele “estar involucrada la máxima instancia de la empresa, ya que es la responsable última del corazón de la compañía, las cuentas”, destaca el vicepresidente de Ascom. Hurtado sostiene que son precisamente los organismos supervisores los que deben actuar para prevenir este tipo de comportamientos.

La CNMV vigila que empresas y sociedades de inversión cumplan con sus obligaciones de información. Si no lo hacen, les envía requerimientos. En 2021, el último año del que ha publicado datos en su memoria, remitió 1.302, de los que sólo 142 fueron para pedir “medidas correctoras” o para hacer recomendaciones. La mayoría, 476, tenían por objeto solicitarles más información. Además, ese año abrió 16 expedientes sancionadores, que proponían multas por importe de 7,07 millones de euros. En 2020 fueron sólo siete expedientes, con sanciones por valor de 2,84 millones. Las resoluciones sancionadoras aprobadas en 2021 ascendieron a 15, que sumaron 4,71 millones de euros en multas.

En el ejercicio de 2022, cuya memoria no se publicará hasta mayo, la CNMV multó, por ejemplo, a Caixabank con 3,25 millones por vulnerar la normativa en una emisión de bonos, y a Deutsche Bank con otros tres millones más porque en la recompra a sus clientes de unos bonos emitidos por el propio banco no adoptó las medidas legales para gestionar el conflicto de interés existente y aplicó diferenciales con respecto a su valor razonable sin informar a esos clientes. También sancionó a la empresa de juego Codere por dar “información falsa y engañosa” de los resultados de sus filiales en México, Colombia y Panamá. La multa ascendió a 100.000 euros, por una infracción considerada muy grave. La impuesta a Renta4 Banco por no comunicar “operaciones sospechosas de constituir manipulación de mercado” se quedó en 40.000 euros.

Otra arma de lucha contra el fraude corporativo es el análisis forense. Lo llevan a cabo equipos multidisciplinares compuestos por expertos en gestión empresarial, auditores, informáticos y abogados, a los que recurren las compañías cuando tienen sospechas de malas prácticas. Es decir, llegan cuando el fraude ya se ha cometido. El que investigan es siempre de cierta entidad y cometido por altos directivos. Escudriñan las cuentas de la empresa, los movimientos bancarios, las comunicaciones internas, los dispositivos informáticos…

“Pero no somos la policía”, precisa Fernando Lacasa, que comenzó investigando delitos económicos y blanqueo de capitales en la Guardia Civil. Como los auditores, trabajan con la información que les proporciona la empresa. “Si la propia compañía es la delincuente, no nos va a llamar”, admite. A no ser que haya un cambio en el gobierno de la compañía, o se haga cargo de ella un administrador concursal que necesite saber qué pasó hasta llegar a la insolvencia. Según la encuesta de Esade y Deloitte, sólo el 15% de las empresas consultadas había recurrido a expertos forenses para investigar sus sospechas de fraude.

Para seguir el rastro del fraude las mejores herramientas son el análisis contable y las pruebas digitales, pero también gracias a los movimientos bancarios se sabe “qué es real y qué no”, explica Lacasa, mientras que los datos de los registros mercantil y de la propiedad descubren las posibles vinculaciones ocultas. No son tan útiles las entrevistas personales, matiza. “Al final es difícil que no averigüemos los que ha sucedido”, presume el responsable de Grant Thornton, al mando de un equipo formado por una treintena de personas.

A su juicio, el nivel de los controles corporativos es muy similar en Estados Unidos y en Europa. “Aunque quizá allí hay más tendencia a denunciar que aquí”, concede. Lo que cambia, no obstante, es la justicia. En España, ni las fiscalías ni los jueces tienen medios suficientes para investigar delitos tan complejos como los económicos. Así que los procedimientos se dilatan durante años. “A veces te encuentras con que un directivo al que investigaste, pero aún no ha sido juzgado, te aparece años después en otra empresa haciendo lo mismo”, relata Lacasa.

De esa misma carencia de recursos se hace eco la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022, que se queja no sólo de la escasez de medios materiales y personales, sino también de “la falta de conocimientos de la especialidad de los órganos de instrucción”. La consecuencia, añade el informe, es que “se dilatan de forma extraordinaria” las investigaciones.

“La complejidad del asunto de base, el inadecuado tratamiento de las causas en los juzgados al no perfilarse bien los hechos objeto de la instrucción, la forma incorrecta de pedir las diligencias, el órgano al que hay que dirigirse para solicitar información y la necesidad de elaborados informes periciales confluyen a que los tiempos medios de las causas sean en exceso elevados”, resume la Fiscalía.

De forma que las sentencias sobre delitos económicos no son numerosas. Según las cifras incluidas en la memoria, en 2021 los tribunales españoles dictaron sólo 33 sentencias por delitos societarios y dos por delito contable. Otras dos fueron por corrupción en el sector privado. Y 64 más se refieren a administración desleal. Por insolvencia punible sí que hubo muchas más, 269, y por blanqueo de capitales, 112. El uso de un documento falso, público o mercantil fue sentenciado 174 veces. La falsificación por un particular de documentos públicos, oficiales o mercantiles fue el motivo de 2.094 sentencias.

Fernando Lacasa apunta un cambio reciente en la resolución judicial de los fraudes corporativos, y no necesariamente positivo. Desde 2010, las personas jurídicas también pueden ser responsables penalmente. Así que ahora llegan menos casos a los juzgados, asegura el experto forense, porque, a diferencia de lo que ocurría antes, las empresas temen ser halladas responsables de la mala praxis de sus ejecutivos. 

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha reiterado que el análisis efectuado junto a Bolsas y Mercados Españoles (BME) concluyó que no hay ningún impedimento para que una empresa cotizada española solicite su cotización en Estados Unidos, informa Europa Press.

Así lo ha aclarado en una comisión en el Congreso, después de que Ferrovial haya contradicho el resultado de ese análisis y haya defendido que sí existen ciertas dificultades para poder cotizar en ese país y en España a la vez.

Buenaventura ha detallado que su organismo se puso en contacto con el depositario central estadounidense y no se encontró ningún impedimento legal o regulatorio que hiciese inviable esa operación.

De hecho, ha rectificado uno de los argumentos que puso encima de la mesa Ferrovial, como que el registro de ambas bolsas (Iberclear en España e ITCC en EE.UU.) no está coordinado, asegurando que la bolsa estadounidense solo tiene enlace con la canadiense, ni siquiera con la de Países Bajos, país donde Ferrovial va a trasladar su sede social.

"No estoy afirmando que sea fácil o inmediato establecer el camino de cotización de Estados Unidos por primera vez desde España por parte de una compañía cotizada. Ni tampoco estoy diciendo que en ese camino, una vez presentada la solicitud, no pueda parecer una dificultad que ignoramos", ha matizado el presidente del supervisor.

Por eso, ha tendido la mano a Ferrovial: "Si hay interés, hay que hacer esa solicitud, hay que transcurrir ese camino, y si apareciera alguna dificultad, que es posible que ocurra, desde la CNMV daremos todo nuestro apoyo a cualquier emisor español, sea Ferrovial o sea cualquier otro, que quiera explorar esa posibilidad", ha concluido Buenaventura.