Cuando se habla sobre la inseguridad en América Latina, frecuentemente se destacan temas como el crimen organizado, los homicidios o el narcotráfico, entre otros. Sin embargo, los datos muestran una realidad oculta: la violencia de género supone un porcentaje aún más alto (35%) que aquel causado por el crimen organizado (20%) en esta región. Si bien la violencia se retroalimenta y afecta a varios ámbitos de la vida de los ciudadanos, las mujeres latinoamericanas sufren en silencio una buena parte de ella. 

La violencia de género en América Latina adopta muchas formas, pero existe la idea generalizada de que se trata de una causa del aumento de la criminalidad. No obstante, muchos estudios resaltan que, precisamente, es al revés: la presencia de violencia conyugal en el entorno familiar es uno de los factores determinantes en la predisposición de los jóvenes a involucrarse en el crimen organizado, mucho más que otros factores como las pandillas o algunos videojuegos.

Desde hace décadas las mujeres han sido usadas como arma de guerra, y el crimen organizado no se queda atrás en esta práctica. Por ejemplo, recientemente, en la región de Tibú (Colombia) se observó un incremento exponencial de asesinatos de mujeres que ocupaban puestos en la Administración pública, o que mantenían relaciones sentimentales con políticos. La violencia hacia las mujeres es una de las tácticas más recurrentes del crimen organizado para controlar sus territorios. 

Esta posición de vulnerabilidad también se observa en las mujeres dentro de las bandas. De hecho, una manera de extorsionar al enemigo cuando hay conflictos entre distintos grupos es atacar a las parejas sentimentales de sus miembros. Esto significa que, a menudo, ellas son blanco preferente de cualquier tipo de conflicto, ya sea contra el Estado o entre grupos criminales. 

Por lo tanto, ya no estamos hablando simplemente de violencia doméstica, sino que la violencia hacia la mujer está llegando con fuerza a la esfera pública. En México, la mitad de los asesinatos de mujeres son al aire libre y con arma de fuego. Por ello, los esfuerzos de prevención no se pueden centrar únicamente en el entorno familiar, sino que las medidas de militarización deben tener en cuenta la creciente instrumentalización de la mujer dentro del crimen organizado. 

La realidad de las maras en Centroamérica está mostrando datos realmente sorprendentes en los últimos años. Por un lado, como se ha mencionado previamente, las mujeres son objeto de violencia por parte del crimen organizado. Por otro, International Crisis Group alerta sobre el aumento de mujeres que participan activamente dentro de las maras, en las que desempeñan actividades que van desde el transporte de mercancías hasta extorsiones y asesinatos. Las mujeres son utilizadas de manera estratégica debido a su menor percepción como criminales por parte de las fuerzas de seguridad. Evidentemente, conforman un porcentaje bajo y no tienden a ser respetadas de la misma manera que los hombres dentro de la organización, pero los números de mujeres en centros penitenciarios por delitos relacionados al crimen organizado aumentó en torno a un 7,5% en 2021. 

Los expertos alertan sobre una necesidad de una mejor contabilización de los abusos, pues la escasez de información dificulta el estudio de estos fenómenos. Por otro lado, el uso del encarcelamiento masivo como método combativo es insostenible si las cárceles no son un instrumento de reintegración. Los programas preventivos ante el reclutamiento deben incluir herramientas para la reinserción laboral, de tal manera que estas mujeres no tengan que recurrir al crimen organizado como único ingreso para subsistir. Finalmente, un aumento de mujeres en puestos de liderazgo en el ámbito de la seguridad puede ayudar a redirigir la conversación de la violencia de género como una problemática central en América Latina.

Iberosfera. Iberosfera.Las redes sociales se han llenado de comentarios este martes acerca del significado de este término, utilizado por primera vez en el Congreso por los representantes de Vox en su discurso de moción de censura. Si el lector intenta acudir a Google para salir de dudas, no lo conseguirá, además de darse de bruces con la primera evidencia: es una palabra inventada por la formación ultraderechista. Además, ha calado poco: solo la usan ellos. Es también parte del nombre del medio resurgido e instrumentalizado por el partido como cauce de su propaganda: la anteriormente conocida como La Gaceta ahora es La Gaceta de la Iberosfera. No está muy claro por qué consideran que hay que inventarse una nueva palabra, existiendo ya tantos para denominar tanto al conjunto de Estados al sur del río Bravo, como a las distintas unidades –lingüística, política, económica, colonial– que los conforman e identifican. Lo que sí es evidente es el intento del partido de Abascal por ampliar su influencia a América Latina y Estados Unidos y reivindicar sus valores –libertad frente al totalitarismo, dicen– entre todo hispanohablante que les quiera escuchar. 

El diputado Ignacio Garriga, fiel al nuevo argumentario de su partido, ha sido el primero en llevar el término a la palestra. La "alianza" del Gobierno con la "tiranía" de Nicolás Maduro en Venezuela es, aseguró, "un ataque a la libertad, a los derechos humanos y a los lazos que nos mantienen unidos con los países de la iberosfera". Buena parte tanto de su intervención como de la de Abascal se centró en denunciar la supuesta complicidad del Ejecutivo español con los países latinos que representan, a su juicio, lo peor que ha podido alumbrar la Humanidad: el socialismo y el comunismo. Unidos, explicó, mediante el "Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla". El primero es una reunión de partidos, organizaciones y grupos de izquierda de Latinoamérica, donde no participa España: el segundo es un foro exclusivamente reservado para representantes o exrepresentantes electos, al que en su última edición acudieron la ministra de Igualdad española, Irene Montero, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre todo el primero ha sido utilizado por Vox y sus acólitos para dar forma a sus teorías de la conspiración: aquí, por poner uno de varios ejemplos, el eurodiputado ultra y experiodista Hermann Tertsch, condenado por mentir sobre el padre del vicepresidente Iglesias, asegura que São Paulo es la expresión visible de una red internacional de corrupción, drogas y muerte. 

El marco populista, así, ya está construido: una batalla internacional entre los buenos, la derecha americana y española, y los malos, los socialistas y comunistas que, se afana en explicar el partido ultra en España, están vinculados con el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, el hambre y la muerte en el subcontinente americano y en nuestro país. Así lo explicó, de hecho, en su primer artículo para La Gaceta de la Iberosfera el presidente de su Consejo Editorial, el propio Tertsch: "Queremos movilizar a las naciones de este inmenso espacio de lengua, historia, cultura y valores comunes para organizar una defensa común de la vida que merece vivirse", frente a la ideología "igualitarista, ecológico-climática, feminista, abortista, de lobbies LGTB y multiculturalismo" que representan no solo Sánchez e Iglesias, también "las fuerzas totalitarias" de América que "están en gran parte muy organizadas porque tienen una larga experiencia de sinergias siempre coordinadas", en determinados espacios, adivinen: el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. 

La refundación de La Gaceta de la Iberosfera coincidió, probablemente no de manera casual, con la Fiesta Nacional de España, el 12 de octubre: también conocida como el Día de la Hispanidad, por la efemérides del "descubrimiento" y posterior colonización de América por Cristóbal Colón. Es, de hecho, el motivo de uno de los primeros artículos de opinión de La Gaceta tras su refundación: reivindicar, en oposición a posturas tradicionalmente relacionadas con la izquierda, la evangelización de los salvajes indígenas por parte del ilustrado español medieval –mitos, por otro lado, ampliamente discutidos por los historiadores–. Introduciendo este elemento, la jugada ya está completa: se introducen nuevos elementos para atacar al Gobierno español, se intentan recabar apoyos en América y se reivindica el pasado imperial y colonizador del país a pesar del daño que causó. Esta alianza transnacional se opone, a su vez, a una Unión Europea corrompida, siempre bajo el imaginario reaccionario, ante los designios del magnate George Soros, que intenta imponer un "megaestado federal" que "se parece demasiado a la Europa soñada por Hitler", palabras de Abascal. Todo a la vez y bajo un término de nuevo cuño: iberosfera. 

Ni los propios ideólogos de Vox tienen claro a qué se refiere lo de la iberosfera, qué engloba exactamente. Por un lado, Tertsch habla de "700 millones de hispanoparlantes" como público objetivo del nuevo diario instrumentalizado por la ultraderecha, lo que deja fuera a los países, gobernantes y lectores de Portugal, Brasil o la Guayana Francesa, por ejemplo. El miembro de Disenso –el think tank de Vox detrás de la refundación de La Gaceta– Fernando Sánchez Dragó, en un tuit de septiembre, sin embargo, mete explícitamente a Brasil en su "iberosfera". Abascal usó la palabra en marzo, además, en una reunión con congresistas republicanos en Estados Unidos. Su partido, aseguró en marzo en suelo norteamericano, sirve para "defender la democracia en la iberosfera frente al comunismo", por lo que se sobreentiende la inclusión del país dirigido por Trump, con un amplio porcentaje de población hispana, en su nuevo término inventado. "Incluso en EEUU es ya abierto el desafío socialista al modelo norteamericano", justificó en su artículo el eurodiputado de la formación ultra. Junto a ellos, la única persona que ha utilizado iberosfera –al menos, en público– es el columnista de la antigua y la nueva Gaceta Mariano García Barace, argentino y enemigo del peronismo que ha vuelto al poder en su país. No parece una jugada casual.

De 'Hispanoamérica' a 'Latinoamérica'

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de València y especialista en Historia Contemporánea de América Latina Joan del Alcàzar afirma a infoLibre que no tiene ni idea de lo que quiere decir Vox con "iberosfera", pero entiende que no hay ninguna necesidad de inventar una nueva palabra para denominar la realidad de los pueblos "al sur del Río Grande". Siempre hay una "intencionalidad política" con cada expresión, eso sí. Hispanoamérica, explica, fue usado "hasta finales del siglo XIX" para hablar de los países bajo influencia "de la antigua Hispania romana", es decir, España y Portugal. Pero su uso "ha quedado reducido a aquellos países con el castellano como lengua oficial". Para englobar a los países colonizados por los Estados de la Península Ibérica surgió, también a mediados del XIX, el término Iberoamérica.

Si Vox quisiera, simplemente, incluir al Brasil de Bolsonaro en sus planes para defender la "libertad" frente al "totalitarismo comunista", podría utilizar este término, que deja fuera la influencia francesa e incluye a España: el país, por ejemplo, participa en las Cumbres Iberoamericanas. Precisamente por ello, consideran los historiadores y asegura Del Alcàzar, el imperio galo de Napoleón III impulsó el término "América Latina", para defender la barrera que, consideraban, representaba la monarquía absolutista francesa y su catolicismo oficial frente a los anglosajones evangelistas y los eslavos y su protestantismo, con influencia también en el continente. Todos los términos, defiende el catedrático, son adecuados: pero en la actualidad, América Latina es el preferido tanto por los gobernantes como por los habitantes tanto de América del Norte –México– como de América Central y del Sur.

Del Alcázar apunta a otra pista para entender la jugada de Vox: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suele aludir a las "dictaduras comunistas" latinoamericanas para pedir el voto hispano en su país. El experto ve una constante: el intento de la derecha de "convertir determinados problemas americanos en problemas de política interior de España" e "instrumentalizar una realidad política compleja".

El integrismo religioso de la Iglesia evangélica instalado desde los 70 en Centroamérica ha ido introduciéndose en los gobiernos y dificultando la lucha de la mujer por la igualdad. La criminalización del aborto o la connivencia con la homofobia en gran parte de la región son algunas de sus consecuencias y, al tiempo, causas por las que se ha consolidado la violencia de género contra las mujeres y las niñas, así como contra las personas LGTBI. 

Mercedes Hernández, presidenta de la Asociación Mujeres de Guatemala (AMG), subraya que las iglesias evangélicas "son inoculadas en Centroamérica por EEUU, en el marco de la guerra fría, para neutralizar la creciente adhesión a la teología de la liberación" y "conllevan una agenda fundamentalista conservadora" en la región. Su influencia se debe a que han aprovechado "los vacíos de poder" que ha dejado la Iglesia católica y los ha llenado de las formas de pensamiento "más extremas y reaccionarias" que "se ceban especialmente contra lo femenino", espeta la presidenta de AMG. La experta en violencia de género explica que la supervivencia de las instituciones patriarcales nace de una "amplia tolerancia" de las sociedades de la región "hacia la misoginia" y agrega que la sociedad es el "caldo de cultivo del sexismo" que luego el Estado "institucionaliza" y la iglesia "sacraliza", en una rueda de imaginario colectivo que se retroalimenta.

La gobernabilidad de estos países pasa, según Mercedes Hernández, por una insuficiente "separación de los poderes estatales" y "la necesaria revisión de la independencia de los medios de comunicación". A esto se suma el hecho de que las iglesias evangélicas carezcan de "figuras que impugnen el control religioso sobre los cuerpos de las mujeres", como es el "único" caso de Católicas por el Derecho a Decidir. 

Entre las imposiciones de la moral evangelista en la política se encuentra la prohibición del abortoy la reticencia a rendir de cuentas por parte de los gobiernos a la hora de reflejar el incumplimiento de los derechos fundamentales de las mujeres. "Se les niega el derecho a tener derechos", señala Hernández para referirse a continuación a "la involución en materia de derechos humanos y los retrocesos en la agenda feminista en particular". Como en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, son dos asuntos polémicos en los que Centroamérica flojea. Aunque, en teoría, los países latinoamericanos admiten en algunos casos la interrupción del embarazo siempre que este sea fruto de una violación, o que suponga un riesgo de muerte para la mujer o para el feto, la realidad es que es prácticamente imposible que una mujer aborte legalmente. Las legislaciones centroamericanas se distinguen además por ser las más inflexibles en la cuestión del aborto a pesar de las altas tasas de violencia y feminicidios.

Las víctimas de violencia de género y sexual de la región centroamericana apenas disponen de atención especializada. Los marcos legales del Triángulo Norte –El Salvador, Honduras, Guatemala–, Panamá, Costa Rica, Belice y Nicaragua mantienen, a través de sus legislaciones, deficiencias en los servicios de salud o de información para la protección de los derechos de las mujeres. Honduras y Nicaragua muestran los peores sistemas de denuncias mientras que El Salvador es el más combativo a la hora de impedir el aborto. Son estimaciones de la iniciativa regional Mira que te miro, formada por un conjunto de asociaciones, universidades y organizaciones de 23 países de América Latina y el Caribe que monitorizan los derechos humanos, sexuales y reproductivos para forzar a los gobiernos a rendir cuentas sobre los compromisos adquiridos en el Consenso de Montevideo de 2013.

El país que más avanza en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, en línea con estos compromisos, es Costa Rica, mientras que El Salvador, Panamá y Belice se sitúan en la media y Guatemala, Nicaragua y Honduras están entre los cinco últimos de esa lista de 23.

En los países de la región prima la protección del derecho a la vida desde la concepción. Abortar en El Salvador puede suponer una pena de cárcel de entre seis meses y doce años, ampliables bajo supuestos delitos de homicidio. En Honduras el aborto fue ilegalizado en 2017 y se castiga con multas –tanto al personal médico como a la mujer– y penas de entre tres y diez años de cárcel para ella. También en Guatemala como en Panamá y en Costa Rica el aborto está penado con cárcel de uno a tres años. En Belice está penado con 14 años de prisión para el médico y la mujer. En Nicaragua se castiga con penas de uno a dos años de cárcel para la mujer y de dos a ocho para el médico.

Inseguridad, violencia y desprotección

Los datos disponibles de feminicidios en la región centroamericana dependen de la eficacia de cada Estado para abordar los problemas que adolecen las mujeres. Según el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala, 7.320 mujeres sufrieron agresiones sexuales y 6.200 mujeres fueron asesinadas violentamente durante el 2018, en su mayoría, menores de 29 años, niñas incluidas. El Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) contabiliza anualmente los feminicidios por cada 100.000 mujeres a partir de los 15 años de edad acontecidos en Latinoamérica, el Caribe y España por razones de género. Detectó 345 asesinatos en El Salvador, 221 en Guatemala, 235 en Honduras, 26 en Costa Rica, 18 en Panamá y 9 en Belice en el año 2017; mientras que los resultados de Nicaragua se remontan al 2013, con 67 feminicidios.

"La penalización del aborto es la institucionalización de la maternidad forzada", espeta Hernández. Se impone así la maternidad a mujeres o a niñas que, ocasionalmente, terminan optando por someterse a la práctica de abortos clandestinos. Algunas mujeres optan por buscar pastillas abortivas a precios asequibles a través de las redes sociales. De esta manera ponen en riesgo su salud, acaban con ella, o afrontan penas de cárcel por decidir sobre sus cuerpos. Así pues, esta prohibición conlleva que los derechos fundamentales de las mujeres sean vulnerados: el derecho a la autonomía, a la libertad de conciencia y reproductiva; el derecho a la salud y a la atención sanitaria; a la integridad física, a la dignidad, a la intimidad, la privacidad... Supone un obstáculo para los derechos humanos de las mujeres que oprime a las más vulnerables desde el punto de vista económico.

Los impedimentos al aborto libre, legal, seguro y gratuito son para Mercedes Hernández "una grave violación de los derechos humanos que, junto a otras violencias, atraviesa los cuerpos de las mujeres" y "conforman un conjunto muy heterogéneo de mecanismos de producción de obediencia" para mantenerlas bajo control. Además, la penalización del aborto no asegura que este deje de practicarse, sino que más mujeres que no desean ser madres tendrán más probabilidades de optar por interrumpir sus embarazos de forma insegura.

Las mujeres trans son más vulnerables a las maras y el crimen organizado en Centroamérica, así como los defensores de sus derechos, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La CIDH creó de 2011 a 2014 una relatoría sobre los derechos humanos de las personas LGTBI. Su informe sobre la Violencia contra las personas LGTBI determina como problemas sistémicos del colectivo la criminalización por razón de la orientación sexual o su identidad de género, los altos índices de violencia de los que son objeto y la impunidad relacionada, o su exclusión en el acceso a sus derechos fundamentales: salud, justicia, educación, trabajo y participación política, que en muchas ocasiones les obligan a migrar.

Contexto de las centroamericanas

Mercedes Hernández puntualiza que la violencia estructural en Centroamérica "tiene que ver con la discriminación histórica que sufren las mujeres en la región", si bien la violencia a manos de las maras es "una manifestación de esas discriminaciones históricas"; sin embargo, la gran mayoría de las mujeres asesinadas lo son a manos de "hombres cercanos a ellas". Ve necesario fijarse en que en "la despersonalización del crimen de género" subyace la idea "celosamente custodiada" de que "las mujeres, su vida y sus cuerpos son propiedad de los hombres". Observa también que "existen formas de violencia que, por estar tan normalizadas y aceptadas socialmente, se hacen más invisibles". Señala que "una de ellas es la idea de que el sufrimiento" forma parte de "ser mujer, que el miedo es inherente a la vida de las mujeres". "Ese estado de terror cotidiano –apunta– llega a ser no solo tolerado sino incluso embellecido y encontrado virtuoso".

A pesar de la creación de institutos nacionales de la mujer o el Plan de Equidad de Género, la acción política contra la violencia de género o la brecha salarial en la región resulta insuficiente. "Solo hay dos contrapesos y uno es resultado del otro", piensa Hernández: "Ninguna de estas mujeres está dispuesta a renunciar a las libertades". Los contrapesos de las instituciones patriarcales son, para la experta en violencia de género, el "incansable" movimiento feminista y "un gran bloque de las mujeres que, sin estar organizadas, no están dispuestas" a limitar sus derechos a "la reproducción y a los cuidados solamente".

El 93% de los 18 millones de personas que se dedicaban al trabajo doméstico remunerado en América Latina son mujeres, en su mayoría afrodescendientes, según las estimaciones de la OIT del 2015. La distribución sexual y racial de los puestos de trabajo encasilla a las mujeres en roles de cuidados, en muchas ocasiones, sin contrato y bajo condiciones precarias.

Las mujeres afrodescendientes se enfrentan a la discriminación étnico-racial y de género, así como a la superposición de distintas formas de exclusión. Son consignas a las que se ha sumado la CEPAL, que en 2015 contabilizó 130 millones de personas afrodescendientes en 16 países latinoamericanos, entre los que se encuentran El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o Costa Rica. En su informe sobre las Deudas de la igualdad para con el colectivo de mujeres afrodescendientes, la CEPAL constata la desigualdad laboral y económica que sufren estas frente a las no afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe. En Costa Rica, Nicaragua y Honduras, más de un 10% de las afrodescendientes se desempeñaban en 2016 en empleos domésticos mal remunerados y en condiciones de precariedad.

El candidato presidencial de Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), Nayib Bukele, se ha proclamado este domingo presidente electo con el 53,79% de los votos, tal y como indican los resultados con un 44,3% de las actas procesadas, según ha informado el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, Julio Olivo. Informa Europa Press.

Nayib Bukele se convertirá el próximo 1 de junio en el mandatario más joven de El Salvador tras ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales, al haber superado el umbral del 51% que le permite evitar una segunda vuelta, que estaba prevista para el 10 de marzo. Bukele ha roto así la tencencia bipartidista que desde hace 30 años suponía la alternancia en el poder del partido de izquierda, FMLN, y del conservador, ARENA.

"Hoy ganamos en primera vuelta y hacemos historia", dijo Bukele la noche electoral, destacando que ha sumado más votos que ARENA y FMLN juntos y que GANA se ha impuesto en los catorce departamentos en los que se divide la nación centroamericana. "Hemos pasado la página de la posguerra", ha proclamado.

Con el 31,62% de los apoyos, Carlos Calleja, candidato de la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), se encuentra en segunda posición seguido por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), donde milita el actual presidente, Salvador Sánchez Cerén, que cuenta por el momento con el 13,77% de los votos.

"Hoy ganamos en primera vuelta y hacemos historia. Hemos sumado más votos que ARENA y que el FMLN juntos", ha señalado Bukele en una rueda de prensa.

Líderes internacionales felicitan a Bukele

Los líderes internacionales se han apresurado para felicitar al candidato de Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA) por su victoria en las elecciones de El Salvador, celebradas este domingo, entre los que se encuentra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la misma línea se ha expresado el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que ha felicitado al pueblo salvadoreño y al nuevo presidente electo "tras celebrarse una fiesta electoral democrática y en paz". Continuaremos trabajando de la mano con esta hermana nación", ha indicado.

Asimismo, el mandatario de Costa Rica, Carlos Alvarado, ha saludado tanto a Bukele como al pueblo de El Salvador y ha señalado que ambos países continuarán "profundizando en amistad y cooperación, así coimo una agenda común de valores y propósitos por nuestra región". 

Por su parte, Juan Guaidó, el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, ha felicitado a Bukele y al pueblo de El Salvador "por la ejemplar jornada electoral de hoy". "Nuestro país está listo para concretar pronto una nueva etapa de relaciones basadas en la colaboración y observación de los más altos valores democráticos", ha aseverado.

El Gobierno de España ha felicitado a Nayib Bukele por su victoria en las elecciones. "El Gobierno celebra, igualmente, el normal desarrollo del proceso electoral, que ha contado con misiones de observación de la Unión Europea (UE) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que España ha apoyado, y felicita al pueblo de El Salvador por su ejemplo y compromiso con los valores democráticos durante estos comicios", ha dicho el Ministerio de Exteriores, UE y Cooperación.

La Unión Europea y la ONU han acordado un plan de 50 millones de euros para combatir el feminicidio en América Latina, una región en la que 12 mujeres mueren asesinadas cada día.

La Iniciativa Spotlight nace con el objetivo de financiar programas políticos y sociales en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, de tal forma que se fortalezcan las instituciones, se promuevan actitudes en favor de la igualdad o se proporcionen servicios para las víctimas de la violencia.

La secretaria general adjunta de la ONU, Amina J. Mohammed, ha subrayado que "nadie debería morir solo por el hecho de ser mujer", por lo que ha considerado imprescindible afrontar la lacra del feminicidio desde "múltiples ángulos" para lograr "resultados duraderos", según un comunicado.

Por su parte, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka,ha subrayado que "la violencia por razones de género afecta a todos los países y a mujeres y niñas de todas las partes del mundo", por lo que ha defendido la necesidad de trabajar para contener este desafío "de una vez por todas".

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, también ha asegurado que "terminar con la violencia contra las mujeres y las niñas es una prioridad" para el bloque comunitario, por lo que ha llamado a aumentar la labor en "educación, sensibilización, prevención y rendición de cuentas".

"Queremos asegurarnos de que las mujeres y las niñas nunca más vivan con miedo, ni en América Latina ni en Europa u otras partes del mundo", ha añadido la jefa d ela diplomacia europea.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha asegurado este lunes que celebrar elecciones anticipadas crearía inestabilidad en el país, después de que casi 300 personas murieran durante las semanas de enfrentamientos derivados por la represión gubernamental contra las protestas.

El principal lobby empresarial de Nicaragua y otros grupos han instado al mandatario a adelantar las próximas elecciones en el país, que se celebrarán en 2021, para poder salir de la crisis.

En una entrevista a Fox News, Ortega ha señalado que él y su esposa, Rosario Murillo, quien también es la vicepresidenta del país, no están tratando de comenzar una dinastía y que el próximo gobierno no será elegido hasta 2021.

"Adelantar las elecciones crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas", ha afirmado el presidente de Nicaragua.

Ortega llegó al poder por primera vez en 1979, después de que los rebeldes sandinistas derrocaran a la dictadura de Somoza, y luego regresó al poder en 2007.

Decenas de miles de personas salieron a las calles en abril por una nueva ley que aumentó las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores y empleadores. Ortega eliminó los recortes, pero la represión violenta de la disidencia provocó más protestas.

Hasta ahora, las autoridades guatemaltecas habían informado de la muerte de 69 personas. Sin embargo, en las últimas horas el balance de víctimas mortales ha seguido aumentando. Entre ellas se encuentra un niño de ocho años que ha fallecido en el Hospital General San Juan de Dios a causa de las quemaduras sufridas.

Además, hay más de 40 heridos, más de 5.000 evacuados y cerca de dos millones de afectados que se reparten en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, en cuyos límites se asienta el Volcán de Fuego, de acuerdo con el diario local 'La Prensa', que ha señalado que cerca de 200 personas continúan desaparecidas.

Según ha indicado el INACIF en un comunicado, 23 cadáveres han sido correctamente identificados hasta el momento, mientras que aún quedan 52 cuerpos por identificar. De los 9 cadáveres ingresados en Sacatepéquez, todos han sido debidamente identificados.

La comunidad internacional, especialmente los países de la región, han comenzado a enviar ayuda humanitaria porque, tal y como ha reconocido el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, este desastre natural ha superado con creces la capacidad de respuesta de las arcas públicas.

Esta es una de las mayores tragedias sufridas por Guatemala en años. El Gobierno ha declarado el estado de emergencia y tres días de duelo nacional.

La fenómeno volcánico, el más fuerte de los últimos años, ha provocado la evacuación de 3.271 personas, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) del país, que estima que ya hay más de 1,7 millones de afectados y al menos 46 heridos.

Los albergues que se encuentran habilitados para brindar asistencia a las personas afectadas por la erupción del volcán han dado cobijo por el momento a unas 2.600 personas.

El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Guatemala, Fanuel García, ha confirmado este lunes a última hora que el número de víctimas mortales a causa de la erupción del volcán de Fuego en Guatemala ha ascendido a 69. El INACIF, que ha señalado que la cifra podría aumentar dado que el balance no tiene en cuenta a aquellas víctimas que fallecieron una vez trasladadas a los diferentes hospitales del país, ha advertido de que las labores de identificación continúan.

Las autoridades han indicado que se han recuperado otros 18 cuerpos en la comunidad de San Miguel los Lotes, en Escuintla, que ha quedado sepultada. El INACIF ha recogido en un comunicado que en total son y 60 las víctimas mortales registradas en Escuintla. Otros nueve cadáveres han llegado desde el departamento de Sacatepéquez, de los cuales todos han sido identificados.

"El trabajo científico del equipo de especialistas da cuenta del ingreso de 69 personas fallecidas a causa del hecho, de las cuales 17 han sido identificadas por medio de huellas dactilares y características físicas", indica el documento.

Muchas de las víctimas mortales quedaron atrapadas en sus propias viviendas cuando fueron alcanzadas por la lava y el lodo producto de la erupción del volcán.

La fenómeno volcánico, el más fuerte de los últimos años, ha provocado la evacuación de 3.271 personas, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) del país, que estima que ya hay más de 1,7 millones de afectados y al menos 46 heridos.

Las alertas declaradas por las autoridades continúan en su máximo nivel en Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez, Alotenango, en el casco urbano de Escuintla, Yepocapa y Santa Lucía Cotzumalguapa, mientras que a nivel nacional la alerta es naranja.

Albergues y labores de búsqueda Los albergues que se encuentran habilitados para brindar asistencia a las personas afectadas por la erupción del volcán han dado cobijo por el momento a 1.877 personas.

Por otra parte, las labores de búsqueda se han retomado a primera hora de esta mañana para tratar de localizar posibles supervivientes de entre la capa de cenizas que ha cubierto la zona.

Según De León, "se conformaron seis grupos interinstitucionales desde el sector de El Rodeo en Escuintla", la localidad más golpeada por el flujo piroclástico que descendió por una de las laderas del volcán el domingo.

El presidente del país, Jimmy Morales, que ha declarado tres días de luto y el estado de calamidad en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, ha asegurado que " el estado declarado permitirá a las autoridades responder las necesidades de la población". "El volcán de Fuego es extremadamente activo, las erupciones se caracterizaron por la liberación de gases a altas temperaturas", ha explicado el director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH), Eddy Sánchez.

No obstante, ha asegurado que "es evidente que la energía del volcán ha bajado y continuará bajando" y ha instado a la población a mantenerse alejada de las laderas del volcán, uno de los tres que siguen activos a día de hoy en Guatemala.

Según el CNE, la participación en los comicios ha alcanzado el 46,1 por ciento, mientras que el opositor Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) ha asegurado que la cifra se sitúa por debajo del 30 por ciento, tal y como ha recogido el diario local El Nacional.

Maduro se ha hecho con 5.823.728 votos, el 67,7 de los sufragios con el 92,6 por ciento escrutado, por delante del opositor y disidente del chavismo Henri Falcón, de Avanzada Progresista (AP), que ha obtenido 1.820.552 papeletas, según ha informado la cadena Telesur.

En tercer lugar se encuentra Javier Bertucci —que ha solicitado una repetición de los comicios ante las denuncias de irregularidades— con 925.042 votos. Reinaldo Quijada, del partido Unidad Política Popular, se ha hecho con 34.614 votos.

Un total 20.526.978 venezolanos en el país y otros 107.284 desde el extranjero estaban llamados a votar en la jornada electoral de este domingo, para la que se han dispuesto 14.638 centros de votación y 34.143 mesas. La votación comenzó a las 06.00 de la mañana (hora local) y finalizó a las 18.00.

Un total de 8,6 millones de personas aproximadamente han votado —de un total de 20,5 millones—, según las autoridades. "El pueblo de Venezuela decidió y decidió en paz", ha aseverado Lucena, que ha solicitado a las instancias a nivel nacional e internacional a respetar los resultados de las elecciones.

"Quedó grogui", ha indicado Maduro en una clara alusión a Falcón después de ser declarado vencedor. En este sentido, el dirigente venezolano ha proclamado la que ha considerado la "victoria del pueblo" y ha asegurado que se dedicará "por entero a la recuperación económica".

Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, Maduro ha convocado una nueva jornada de diálogo y reconciliación con todos los sectores políticos, sociales y económicos del país, según ha indicado la agencia AVN.

"Han triunfado la paz y la democracia en esta jornada histórica de la patria. Celebramos junto al pueblo este nuevo comienzo para conducir la patria hacia la prosperidad definitiva. ¡Sigamos juntos librando las nuevas batallas!", ha destacado Maduro.

"Cuánto me han subestimado a mí y aquí estamos", ha señalado Maduro ante miles de seguidores desde el palacio presidencial. "Tenemos dos años libres de elecciones para dedicarnos a trabajar por la economía", ha añadido tras insistir en que "el chavismo es la mayor fuerza política" del país.

Falcón rechaza los resultados

Falcón, por su parte, se ha sumado a Bertucci y ha asegurado que no reconoce los resultados de los comicios dado que son "ilegítimos" y no forman parte de un "proceso real", por lo que ha exigido la celebración de nuevas elecciones.

"Es obligatorio para nosotros denunciar el incumplimiento de los acuerdos. Por eso este proceso no fue real, no lo reconocemos y exigimos que se convoquen nuevas elecciones", ha indicado en su cuenta de Twitter tras asegurar que se ha incurrido en una violación de la Constitución venezolana.

En este sentido, ha acusado a Maduro de "comprar votos y conciencia". "Se configuraron dos delitos: violación de la normativa electoral y uso de los recursos del Estado. No solo se violentó el acuerdo de garantías sino la Constitución venezolana", ha explicado.

Aznar, González y otros 21 expresidentes iberoamericanos condenan la "farsa electoral" en Venezuela

Los expresidentes españoles José María Aznar y Felipe González y otros 21 exmandatarios de países iberoamericanos han denunciado que las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Venezuela han sido "una farsa electoral", por lo que han reclamado a la comunidad internacional que no reconozca los resultados de los comicios y retiren a sus embajadores en el país sudamericanos, además de denunciar la situación ante el Tribunal Penal Internacional.

En opinión de los 23 exmandatarios iberoamericanos, los comicios se han celebrado "bajo un sistema electoral integralmente corrompido y fraudulento, que es administrado por un Poder Electoral cabalmente controlado por la misma dictadura", con "el único fin de encubrir la prórroga de Nicolás Maduro Moros y su ejercicio de facto de la Presidencia de la República".

Los 23 expresidentes han asegurado que resulta "aún más grave" el contexto de las elecciones, precedidas de "actos de tortura e inusitada violencia por las autoridades del gobierno y militares ante la omisión cómplice del Ministerio Público en las instalaciones irregulares donde se deposita a los presos políticos" y por "la inmoral compra de petróleo en el extranjero para subsidiar a la República de Cuba, en medio del colapso total de la economía y del orden social en Venezuela".

A este contexto, según Aznar, González y los otros 21 exmandatarios de países iberoamericanos, se suman "las secuelas de muertos por la violencia criminal desbordada, la hambruna o la falta de atención sanitaria, masivas migraciones de la población que desintegran familias y comunidades, obras todas del despilfarro, de la corrupción generalizada del régimen dictatorial, que ha llevado al país a un endeudamiento ilimitado, al default, a la devaluación de la moneda, y una hiperinflación que no tienen precedentes o paralelos en la historia del mundo".

Reclaman que Venezuela sea suspendida por la OEA

Además, los expresidentes iberoamericanos han reclamado que Venezuela sea suspendida de la Organización de Estados Americanos (OEA)Organización de Estados Americanos, en aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.

En esta misma línea, los exmandatarios han pedido a los países firmantes del Estatuto de Roma que denuncien ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) el informe sobre "los crímenes de lesa humanidad de la dictadura" de Maduro que ha preparado la Secretaría General de la OEA.

"Exigimos se resuelva integralmente la asistencia humanitaria de residentes y migrantes, la urgente liberación de los presos políticos, y medidas de protección de la vida e integridad personal para los líderes de la oposición verdadera que aún permanecen en Venezuela", han concluido.

El comunicado conjunto ha sido firmado por los expresidentes José María Aznar y Felipe González; Óscar Arias (Costa Rica); Nicolás Ardito (Panamá); Belisario Betancur (Colombia); Fernando De la Rúa (Argentina); Felipe Calderón (México); Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla (Costa Rica); Alfredo Cristiani (El Salvador); Vicente Fox (México); Eduardo Frei (Chile); Osvaldo Hurtado (Ecuador); Ricardo Lagos (Chile); Andrés Pastrana (Colombia); Luis Alberto Lacalle (Uruguay); Jamil Mahuad (Ecuador); Mireya Moscoso (Panamá); Jorge Tuto Quiroga (Bolivia); Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica); Julio María Sanguinetti (Uruguay); Álvaro Uribe (Colombia); y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).

Abucheos a Zapatero

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha sido abucheado a la salida del Colegio Municipal Andrés Bello de Chacao, en Caracas, que ha visitado en calidad de observador durante las elecciones presidenciales de este domingo.

A la salida del colegio, Zapatero ha cruzado unas palabras con un reportero de la cadena NTN24, quien le reprochó que avalara las elecciones. "Yo he estado mucho tiempo aquí y vengo a observar", ha declarado Zapatero.

Entonces se subió a un coche negro con las lunas tintadas fuertemente escoltado y su comitiva ha salido de forma precipitada de la zona entre el lanzamiento de algunos objetos.

"Hasta cuándo vamos a tener a este delincuente de Zapatero aquí metido en las elecciones de nosotros. Hasta cuándo Zapatero nos va a estar jodiendo. Que se meta en su país, no en el de nosotros", ha reprochado una transeúnte tras la salida de Zapatero.

El Tribunal de Segunda Sentencia de San Salvador ha ratificado la condena a 30 años de cárcel contra Teodora Vásquez por un delito de homicidio agravado que, según organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, se debe a un aborto involuntario por una "emergencia obstétrica" no atendida.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del AbortoAgrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto sostiene que Vásquez sufrió una "emergencia obstétrica" mientras trabajaba como limpiadora en un colegio y se puso de parto dando a luz a un bebé muerto en los baños del centro educativo.

La mujer fue condenada en 2008 porque, de acuerdo con el fallo, el bebé nació muerto por un aborto intencionado. El Tribunal de Segunda Sentencia ha considerado que la condena "debe confirmarse" porque "los elementos probatorios no han sido desvirtuados de una forma categórica".

La defensa esgrimía que las pruebas forenses presentadas por la Fiscalía no evidenciaban un aborto intencionado. El abogado de Vásquez ha insistido, una vez conocido el fallo, en que "la prueba científica no ha sido analizada en toda su amplitud" y ha anunciado un recurso de casación. "Es lamentable", ha dicho Víctor Mata.

Amnistía Internacional, por su parte, ha calificado de "tragedia" la condena a Vásquez. El Salvador tiene desde 1997 una de las leyes más duras contra el aborto. En este, así como en otros países centroamericanos, interrumpir el embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha pedido a El Salvador que imponga una moratoria sobre la prohibición total del aborto. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, 27 mujeres purgan penas de entre seis y 35 años por homicidio agravado a causa de abortos.

El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén propuso el año pasado una reforma para permitir la interrupción del embarazo en dos supuestos -que la vida de la madre corra peligro o que el embarazo sea fruto de una violación-, pero el proyecto de ley no ha prosperado en el Congreso.

El pasado jueves, las ONG’s Alianza por la Solidaridad y Greenpeace presentaron a ACS, la empresa que preside Florentino Pérez, 25.000 firmas para que pare el enésimo proyecto energético en Latinoamérica que amenaza el modo de vida de las comunidades indígenas. El grupo Cobra, filial de ACS, ha sido subcontratado por Corporación Multi-Inversiones (CMI) para construir un complejo de presas que generarán "limpia" y "renovable" energía hidráulica en el río Cahabón, en la zona de Alta Verapaz de Guatemala: un territorio con un 93,5% de población indígena en situación de pobreza, aislada y vulnerable. El proyecto se llama Renace y está dividido en cinco fases que, en total, reducen, según estimaciones de Greenpeace, el 90% del caudal del río, del que depende la biodiversidad de la selva tropical, la salubridad de las tierras y el agua potable de unos 29.000 nativos, a los que se intenta comprar, pero a los que nadie, nunca, ha preguntado.

"Nos recibió el director de comunicación de ACS. Nos dijeron que tienen más de 1.200 empresas como filiales y que no tienen el control de todas, pero que iban a revisarlo y pedirle información a Cobra", explica Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad, organización que ha movido las firmas, está en contacto con activistas guatemaltecos y no ha cesado en su empeño de denunciar el proyecto Renace. Es un minúsculo pero primer avance en años. Renace cuenta con todos los permisos del Gobierno, no ha sufrido ningún contratiempo ni impedimento, mientras que los activistas del país han sido "acosados y derribados", asegura Moreno. Se entiende cuando se bucea en la historia de Guatemala que tras la bajada de precios que provocó el fin de su modelo agroexportador en los 90 abrazó el extractivismo: centrar el desarrollo en el aprovechamiento de recursos naturales.

La filial de ACS está, actualmente, construyendo la última de las cinco fases de la intervención en el río Cahabón. Cada fase, denuncian los ecologistas, ha sido examinada con un análisis de impacto ambiental distinto, que no tenía en cuenta el impacto ya generado por sus predecesoras. "En la actualidad, resulta visible que la hidroeléctrica genera impactos negativos en esta disponibilidad de agua, dado que el nivel del caudal mínimo ecológico que deja el proyecto no basta para abastecer de agua a las comunidades aledañas y para mantener la vida acuática en épocas de sequía", afirma un informe de Alianza por la Solidaridad. "El 5% de los indígenas de la zona tiene acceso en sus casas al agua potable. Cada vez están más lejos de las partes del río donde pueden conseguirla. La empresa les hace promesas de empleo y desarrollo, pero nunca llegan. Y los empleos, si llegan, son temporales", afirma Moreno, dado a que la división de Renace en fases hace que los pocos habitantes que son contratados se emplean por meses y en condiciones muy precarias.

La ONG también apunta a la contaminación del río debido a los movimientos de tierras, el acaparamiento del territorio por parte de la empresa y la ausencia de una consulta a las poblaciones, un derecho recogido por la Declaración de los Derechos de Pueblos Indígenas de 2007 y ratificada por el Estado de Guatemala. Recoge, además, denuncias de ataques e intimidaciones que sufren los líderes de la movilización contra la hidroeléctrica, que detalla en su documento la ONG, en un país donde las violaciones y los asesinatos a líderes ecologistas son el triste pan de cada día. Muchas de ellas no se denuncian o es imposible demostrar que, como creen las comunidades, la empresa está detrás de las agresiones.

Los compromisos de ACS

ACS ha declinado responder a las preguntas de infoLibre, asegurando que nunca realizan declaraciones sobre este tipo de asuntos. La empresa, presidida por el también presidente del Real Madrid Florentino Pérez, firmó en 2002 los principios de conducta del Pacto Mundial, que incluyen que “las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia” o que "las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos". "Aluden a que son subcontratas y que no tienen responsabilidad. El hecho de que participes y no promuevas no te exime del cumplimiento de los derechos humanos", opina Moreno. Por su parte, el Responsable de Bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, asegura que estamos hablando de un "caso de incumplimiento de los compromisos de una empresa española" y señala una rendija abierta a nivel internacional para frenar estos impactos medioambientales y humanos: la semana pasada se celebró en Ginebra la segunda reunión de la comisión de Naciones Unidas que estudia la implementación de un Instrumento Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos.

"Se trata de que los poderes económicos no se apropien de la toma de decisiones", afirma el activista. En principio, la herramienta frenará que empresas intervengan en proyectos extranjeros y se desentiendan por completo de las consecuencias medioambientales, sociales y humanas de sus acciones. La palabra "vinculante" implicará, a buen seguro, grandes dificultades para que salga adelante. Soto es optimista, aunque señala la contradicción: "Las grandes federaciones empresariales ya se han opuesto. En el mismo contexto de acuerdos comerciales como el CETA, sí hay acuerdos vinculantes. Pero cuando se habla de derechos humanos, no quieren", afirma Soto.

Alianza por la Solidaridad denuncia que, durante la última tromba de agua que sufrió Alta Verapaz, las presas de la hidroeléctrica Renace abrieron sus compuertas para aliviar la presión, inundando de golpe el terreno y casi destruyendo un puente que sirve de conexión a las distintas comunidades indígenas. La organización afirma que se han apropiado del río, que no solo sirve a los nativos para beber y sobrevivir. Moreno concluye: "Para ellos forma parte de su espiritualidad, es una conexión con su cultura. Imagínate que alguien negara el acceso al río Jordán".

Según datos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, la última cifra de víctimas mortales confirmadas es de 224: 117 en Ciudad de México, 39 en el estado de Puebla, 55 en Morelos, 12 en el Estado de México y uno en Guerrero. Sin embargo, hay discrepancias en las cifras oficiales y otros reportes hablan de tres muertos en Guerrero y uno más en el estado de Oaxaca. El Instituto Tecnológico de Monterrey confirmó, en un comunicado, que hay cuatro fallecidos y 40 heridos en el campus de Ciudad de México debido al temblor.

En la capital mexicana, el número de víctimas mortales por el derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen ha ascendido a 37, de los cuales 32 son niños y cinco adultos. Las tareas de rescate se extendieron a lo largo de la noche en esta escuela del sur de la capital, uno de los cerca de 40 edificios que se derrumbaron en ciudad. De acuerdo con la cadena Televisa, que cita fuentes oficiales, ya se ha conseguido rescatar con vida a 14 personas, y se estima que todavía queda una veintena bajo los escombros. Según informa Europa Press, en el colegio, socorristas con perros de rescate, marinos y decenas de voluntarios se apresuran a remover los escombros, en una carrera contra el tiempo para sacar a los niños que permanecían atrapados junto con doce adultos.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, visitó durante la noche del martes la escuela, que acogía alumnos de preescolar, primaria y secundaria. "Siguen sacando niños, pero no sabemos nada de mi hija", ha eplicado agotada y con los ojos rojos Adriana D'Fargo, de 32 años, sobre el paradero de su hija de siete años. D'Fargo forma parte de un gran grupo de padres y familiares que han aguardado impotentes muchas horas noticias de sus hijos, mientras excavadoras retiran los escombros a la vista de unos 200 vecinos, algunos de ellos repartiendo pan y café a los policías, soldados y rescatadores.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) decretó que hoy se suspendieran de clases de todos los planteles de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Michoacán. Asimismo, la institución informó de que en la Ciudad de México se tienen contabilizadas, de forma preliminar, 209 escuelas afectadas, 15 con daños mayores.

Exteriores confirma la muerte de un español

Un ciudadano español ha muerto en el terremoto que sacudió este martes el centro de México, según han podido confirmar la embajada y el consulado españoles que, además, están tratando de localizar a otra decena de personas. Según fuentes de la Oficina de Información Diplomática (OID) recogidas por Europa Press, el consulado ya ha contactado con la familia de la víctima, que ha identificado su cadáver. Se trata de un español residente en el país e inscrito como tal en el registro de matrícula consular.

Embajada y consulado activaron ya el martes la célula de crisis y están en contacto con las autoridades locales, tratando de contactar con la colonia española y atendiendo a familiares en México y en España. El teléfono de emergencia consular es el 5542468136. Exteriores ha facilitado además otros teléfonos del consulado general de España en México disponibles para información: 52804383, 52817113, 52804758 y 52804633.

A pesar de las informaciones sobre una amenaza de erupción del volcán Popocatépl propiciada por el seísmo, el Centro Nacional de Prevenciones de Desastres (Cenapred) declaró el Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 2 y solo exhortó a los mexicanos a no acercarse al volcán.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto también ha convocado el Comité Nacional de Emergencias "para evaluar la situación y coordinar acciones". "Importante evitar circular por calles y avenidas para permitir el paso a los vehículos de emergencia", ha añadido Peña Nieto, que ha recomendado desconectar la luz y cerrar el gas a quienes regresen a sus viviendas. Asimismo, les ha pedido que "revisen si presentan daños".

El presidente ha confirmado en una entrevista a Televisa el despliegue de unos 3.000 militares en la capital, donde se han venido abajo al menos 45 edificios. Un gran número de voluntarios se ha sumado a las tareas de desescombro en busca de posibles víctimas, ya que las autoridades locales teme que haya un gran número de personas atrapadas.

La Cruz Roja Mexicana está pidiendo materiales de emergencia, pero desde España la única vía de colaboración es, por el momento, económica. El organismo mexicano ha facilitado a través de sus redes un número de cuenta para colaborar. También puede hacerse a través de su página web.

Google México ha activado el localizador de personas. Por su parte, las compañías de telecomunicaciones AT&T y TelMex ofrecen sus servicios de mensajería, llamadas e Internet gratuitos. La empresa de vehículos de alquiler Uber ha extendido sus servicios también de manera gratuita.

El seísmo se ha registrado días después de otro que dejó 98 fallecidos en el sur del país y en el aniversario del histórico terremoto de 1985 que se cobró miles de vidas.

El exdictador de Panamá Manuel Noriega ha fallecido en la noche de este lunes a los 83 años de edad en el Hospital Santo Tomás, tras someterse en marzo a una operación quirúrgica para extirparle un tumor benigno y sufrir una hemorragia que le mantuvo desde entonces bajo sedación.

El presidente del país, Juan Carlos Varela, ha publicado un mensaje en la red social Twitter confirmando el fallecimiento de Noriega y afirmando que el mismo "cierra un capítulo de la historia" del país. "Sus hijas y sus familiares merecen un sepelio en paz", ha agregado.

Según el diario El Siglo, Noriega llevaba en coma inducido desde el pasado 7 de marzo, cuando fue intervenido para extirparle un tumor benigno y, posteriormente, fue operado otra vez por una hemorragia que sufrió tras las primera intervención.

Noriega regresó a Panamá en 2011 para cumplir una condena de más de 60 años de cárcel por los crímenes cometidos durante la dictadura que lideró, que comenzó en 1983 y concluyó en 1989.

El exdictador de Panamá, también conocido como El Hombre Fuerte de PanamáEl Hombre Fuerte de Panamá, falleció este lunes a las 23.30 horas en el hospital Santo Tomás por las complicaciones derivadas de una operación de cirugía cerebral. Tras la primera operación quirúrgica en marzo, Noriega fue sometido a una segunda intervención por una hemorragia que sufrió y, desde entonces, permaneció sometido a una profunda sedación.

El 28 de enero de 2017, según informa el diario Crítica, un juez autorizó el arresto domiciliario provisional de Noriega a petición de su abogado, quien argumentó que su cliente necesitaba de cuidados necesarios para prepararse para la cirugía cerebral.

Casi 10.000 días de prisión en EEUU, Francia y Panamá

Finalmente, tras haber pasado casi 10.000 días encarcelado en prisiones de Estados Unidos, Francia y Panamá, Noriega salió de la cárcel El Renacer el 29 de enero y fue trasladado al apartamento de su hija Sandra.

Noriega, que gobernó con puño de hierro el país entre 1983 y 1989 y fue derrocado por una invasión estadounidense, fue extraditado a Panamá el 11 de diciembre de 2011 tras cumplir más de 20 años en la cárcel en Estados Unidos y en Francia por narcotráfico y blanqueo de dinero.

El exdictador permaneció hasta enero en prisión en Panamá por las condenas por los homicidios de Hugo Spadafora, cuyo cadáver apareció decapitado en septiembre de 1985; Moisés Giroldi, quien encabezó un intento golpista en octubre de 1989 y por la masacre de Albrook de 1989.

Una juez de la provincia de Chiriquí aprobó en 2017 ampliar a un año su arresto domiciliario hospitalario por el delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de Spadafora. En el caso de la denominada Masacre de Albrook, ocurrida en octubre de 1989, el Juzgado de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial decidió mantener la medida de depósito hospitalario temporal sin fecha y sujeto a revisión médica.

Noriega cumplió condenas en Miami, Estados Unidos por cargos de narcotráfico y en Francia por el delito de blanqueo de dinero. Tras 22 años sin pisar suelo panameño, regresó al país extraditado de Francia en diciembre de 2011.

Cientos de indígenas quekchí se manifestaron este lunes frente a la Embajada de España en Ciudad de Guatemala como protesta ante la obra de la hidroeléctrica Renace, que construye la empresa española ACS, presidida por Florentino Pérez. Las quejas se centraron en la negación por parte de la compañía a facilitarles información y permitir una consulta comunitaria. Por ello, han solicitado realizar "una evaluación ambiental integral de proyectos" sobre los que no fueron informados. 

El proyecto de ACS, que ya se encuentra en desarrollo en varias de sus fases, consiste en la construcción de una obra hidroeléctrica que abarca casi 30 kilómetros del río Cahabón.

La organización europea Alianza por la Solidaridad ha recordado mediante un comunicado que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 16 de febrero una resolución de urgencia en la que mostraba su preocupación por la vulneración de derechos humanos en dicho país. Este dictamen, que trataba sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y la justicia en el país centroamericano, instaba a los países miembros de la UE a promover acuerdos comerciales internacionales vinculantes que reforzasen estos ámbitos, especialmente en el caso de las empresas con sede en la Unión Europea que operan en este país.

Alianza por la Solidaridad incide en que, desde que en 2015 lanzaran la campaña TieRRRa, destinada a promover inversiones responsables de las empresas en países en vías de desarrollo, este es el segundo caso registrado dos de campañas de protesta en Guatemala por vulneraciones de los derechos humanos. El primer proyecto –la construcción de una hidroeléctrica en el río Cambalam por parte de la empresa gallega Ecoener-Hidralia– fue finalmente suspendido después de que llevase a graves conflictos: persecución, criminalización y encarcelamiento de líderes indígenas que defendían los derechos de sus comunidades. La iniciativa, a la que ya se han sumado más de 14.000 personas, explica en este vídeo las consecuencias del proyecto de ACS.

La organización ha recogido sus peticiones en cinco puntos fundamentales, encabezando esta lista la exigencia de que se suspendan las obras llevadas a cabo por empresas europeas en las que no se cumpla lo establecido en la resolución del Parlamento Europeo. Además, de ello, advierten de la necesidad de promover una ley pública destinada a proteger a defensores y defensoras de los derechos humanos, investigando campañas de criminalización y amenazas contra ellos.

Las tres peticiones restantes, que se refieren a las acciones que debería llevar a cabo el propio Gobierno español, insisten en que este debería apoyar "de manera decidida la aprobación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos". De este modo, el Gobierno debería instar a las empresas españolas a cumplir los derechos humanos y de los pueblos indígenas.

El Tribunal Supremo de Justicia de El Salvador firmó este viernes una resolución en virtud de la cual quedan en libertad tres de los cuatro militares implicados en el asesinato en 1989 de cinco sacerdotes españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría.

Los 15 magistrados de la Corte rubricaron esta resolución de forma unánime, beneficiando así a Antonio Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zarpate Castillo, según indicó el diario nacional La Página.

No obstante, los mismos magistrados denegaron la liberación del coronel Alfredo Benavides, cuyo caso será entregado al Juzgado cuarto de Instrucción de la capital, para que cumpla la condena que se emitió contra él, de 30 años.

Esta misma corte rechazó el pasado miércoles 17 de agosto la petición de extradición cursada por España de cuatro militares salvadoreños implicados en el conocido como caso Ellacuría. El Consejo de Ministros de España, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, había aprobado en marzo solicitar nuevamente a El Salvador la extradición de los cuatro.

La defensa de los militares alegó durante toda esta semana que sus clientes ya tendrían que haber sido liberados entonces, cuando el tribunal decidió no extraditarlos a España.

Por su parte, Benavides, que fue condenado en 1992, fue liberado un año después en base a una amnistía que levantó las críticas de las asociaciones en defensa de los Derechos Humanos de todo el mundo. No obstante, la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inconstitucional el pasado mes de julio esta amnistía.

El Consejo Cívico de organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que lideraba Berta Cáceres, asesinada este mes en el departamento de Intíbuca, ha denunciado este martes el asesinato de Nelson García, otro activista de la organización, aunque las autoridades no han confirmado este hecho.

García, padre de cinco hijos, ha sido asesinado este martes en la comunidad Río Chiquito, del departamento de Cortés  durante un desalojo ejecutado por parte de la Policía Militar en unos terrenos ubicados en la zona norte de Honduras –muy cerca de la frontera con Guatemala–, que fueron ocupados hace dos años por el Copinh.

De acuerdo con varios testigos, el activista –de 39 años de edad–, que era líder de la comunidad asentada en Río Chiquito, recibió cuatro impactos de bala en el rostro durante el desalojo de las 150 familias de la organización indígena que se encontraban en estos terrenos.

La organización denuncia que el exalcalde Gaspar Ríos está involucrado en el proceso de recuperación de la tierra, tal y como informan los medios de comunicación locales.

La vida del testigo clave del asesinato de la reconocida activista Berta Cáceres corre peligro mientras permanezca en Honduras, según han alertado este jueves organizaciones locales e internacionales, exigiendo a las autoridades que permitan su salida del país centroamericano.

El activista mexicano Gustavo Castro estuvo presente y resultó herido durante el ataque a tiros contra la premiada líder indígena, quien había denunciado amenazas por su oposición a grandes proyectos hidroeléctricos y mineros en Honduras.

"Está en serio peligro", ha dicho a Reuters Marcia Aguiluz, del Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para América Central y México. "Los intereses de los que mataron y mandaron a matar a Berta Cáceres son extremos y podrían atentar en su contra", ha agregado. Sin embargo, un juez ordenó la permanencia de Castro en el país durante 30 días, mientras continúan las investigaciones. 

El asesinato de Cáceres la semana pasada desató una oleada de indignación en el país y la comunidad internacional. La líder ecologista se hizo acreedora del premio Goldman en 2015 después de que paralizara la construcción de una presa que amenazaba con desplazar cientos de indígenas de etnia Lenka. La Policía no ha ofrecido todavía ninguna versión oficial sobre el ataque, que habría sido perpetrado por dos desconocidos que irrumpieron en el domicilio de Cáceres.

El activista mexicano podría reconocer al menos a uno de los asesinos, ha afirmado Óscar Castro, hermano de Gustavo, quien actualmente está resguardado en la residencia de la Embajada de México en Tegucigalpa bajo protección de la Policía. "Gustavo vio solamente a una persona", ha indicado Castro a la agencia Reuters, agregando que su hermano cree que podría reconocerla.

Sin hipótesis oficial

Las autoridades todavía no tienen ninguna hipótesis oficial, lo que ha levantado fuertes críticas de familiares y organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, que piden una investigación internacional independiente.

Una fuente del Ministerio Público ha indicado a Reuters que la investigación contempla tanto el trabajo de Cáceres en defensa del medio ambiente como la criminalidad común en uno de los países con la tasa de homicidios más alta del mundo. "Se investiga a varias personas cuyas identidades no se pueden revelar", ha agregado la fuente, que pidió el anonimato por no estar autorizada a dar declaraciones.

Hasta el momento, además de Castro tan solo han declarado un excompañero sentimental de Cáceres, que también trabaja en el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copihn), y el vigilante del condominio donde se ejecutó el homicidio.

Sin embargo, familiares y compañeros critican que todavía no se haya llamado a los interesados en construir la represa que logró detener temporalmente Cáceres, quien no tenía protección en el momento del ataque pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha solicitado al Gobierno que reclame a El Salvador la extradición de cuatro militares procesados por el asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, otros cinco sacerdotes y dos personas más que vivían con ellos, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Los exmilitares fueron detenidos el pasado viernes, semanas después de que el magistrado emitiera una nueva orden de detención contra ellos a través de Interpol.

La policía nacional salvadoreña arrestó a Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vasquez y Tomás Zarpate Castillo. Velasco ordenó el arresto de un total de 17 exmilitares, a los que procesó en mayo de 2011 por los asesinatos.

El juez Central de Instrucción 6, que les atribuye ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente, adoptó esta decisión ante el "giro jurisdiccional" observado por las autoridades de El Salvador, que denegaron la entrega a España de los reclamados en agosto de 2011 y la autorizaron cuatro años más tarde. Ha solicitado al Ejecutivo que tramite su entrega tras tener conocimiento del arresto a través de la Interpol, han informado fuentes jurídicas.

En concreto, reiteró la petición de detención del general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; y el teniente Héctor Ulises Cuenca.

Además, pedía la entrega del director de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos; y siete miembros del batallón Atlacatl, que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.

En mayo de 2011 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también procesó jefe del Estado Mayor en el momento en que se produjeron los hechos, René Emilio Ponce; el comandante Carlos Camilo Hernández y el teniente René Yusshy Mendoza.

Cambio de posición de El Salvador

El 24 de agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance de las órdenes de detención y extradición con código rojo solicitadas por el juez Velasco a la "búsqueda y localización de los procesados pero no a la captura de los mismos", por lo que ésta se denegó a las autoridades españolas.

Sin embargo, el 24 de agosto 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano reconoció "el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley".

El pasado 30 de diciembre la Audiencia Nacional recibió un correo de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en los que manifestaba su disconformidad con la resolución inicial denegatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia.

"Desarmados y en pijama"

El juez detallaba en su auto de procesamiento que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de "intensa polarización" entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un "proceso de diálogo" y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".

La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y el resto de jesuitas, cinco de los cuales eran españoles, fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denomina La Tandona y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón Atlacatl.

El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de "terroristas" en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, "algunos bastante mayores", estaban "desarmados" y se encontraban en "pijama", según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias Satán, que para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaban actuando contra "delincuentes" y eran sus "cerebros los que importaban".

Éste relató cómo el comandante Espinoza preguntó al soldado Óscar Mariano Amaya Grimaldi por qué no disparaba a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes, que yacían en el suelo. Además, Satán mató a Amando López y Juan Ramón MorenoSatán y dio la orden de acabar con la vida del salvadoreño Joaquín López , del ama de llaves, Julia Elba, y de su hija Celina Mariceth, que murieron "parcialmente abrazadas".

Tras los crímenes, otro de los soldados, Guevara Cerritos, escribió una pintada en la pared para atribuir la matanza a la guerrilla: El FMLN ejecutó a los enemigos espías. Victoria o Muerte".

El juez Velasco no llegó a imputar al expresidente Alfredo Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra él. En su auto especifica que los jesuitas asesinados sólo fueron "unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos de Chile y Argentina".

Un juez del distrito este de Carolina del Norte, en Estados Unidos, ha avalado la extradición a España del coronel salvadoreño Inocente Orlando Montano por los cargos de asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría, otros cinco sacerdotes y dos personas más que vivían con ellos, que se produjo el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

"La corte concluye que el acusado es sujeto de extradición ... por las ofensas imputadas y por las cuales fue solicitada la extradición, y certifica esta decisión al Secretario de Estado", explica la juez Kimberly Swank en la certificación de extradición con fecha de 4 de febrero publicada por la revista salvadoreña FACTum y recogida por Europa Press.

La magistrada señala que el coronel Inocente Orlando Montano, que era viceministro de Seguridad Pública de El Salvador cuando ocurrieron los hechos, fue uno de los militares que "tomaban decisiones en un grupo de oficiales que, como colectivo, ordenó los asesinatos de los jesuitas".

El coronel salvadoreño deberá someterse a la jurisdicción de los comisarios federales de Estados Unidos hasta que se haga efectiva su extradición a España, reclamada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

El juez español atribuye a este coronel y otros 19 exmilitares salvadoreños ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente por estos asesinatos. En mayo de 2011, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 procesó al jefe del Estado Mayor en el momento en que se produjeron los hechos, René Emilio Ponce; el comandante Carlos Camilo Hernández y el teniente René Yusshy Mendoza.

Asimismo, ha reclamado en distintas ocasiones la extradición del resto de implicados, entre los que figuran el exministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios y el viceministro de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda.

En el marco de una ofensiva guerrillera en la capital, la madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando militar de ultraderecha irrumpió el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y acribilló al grupo de religiosos, entre ellos el rector de la institución, Ignacio Ellacuría.

El crimen es uno de los más simbólicos del conflicto armado que enfrentó entre 1980 y 1992 a la exguerrilla izquierdista y ahora partido en el gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército salvadoreño, con un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha elaborado una guía con información relacionada con el virus del Zika para los viajeros con destino a países del Caribe, Centroamérica, Sudamérica y Pacífico Sur y para aquellos que regresen desde estas zonas a España.

El departamento dirigido en funciones por Alfonso Alonso explica que "el zika se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados" y advierte de que "la enfermedad produce una sintomatología leve que puede pasar desapercibida". Y concluye:"No hay vacuna para prevenir las infecciones ni tratamiento específico disponible".

Febrícula, erupción cutánea, dolores articulares y musculares, dolor de cabeza o cansancio son algunos de los síntomas que, según Sanidad, provoca el zika. Estos se iniciarían entre tres y doce días después de la picadura, suelen durar entre dos días y una semana y, por lo general, se resuelven sin secuelas.

Estas son las principales recomendaciones para la prevención del contagio del virus :

1. Para los viajeros que se dirijan a zonas con presencia del virus del Zika:

–Adoptar medidas de protección individual para evitar las picaduras de mosquitos durante todo el día, especialmente a media mañana y por la tarde hasta el anochecer, el periodo de mayor actividad del mosquito. Para ello, señala, se deben usar repelentes de mosquitos con principios activos como el DEET (no para menores de tres años), picardin o IR3535. También usar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y utilizar mosquiteros recomendados por la OMS identificados como Whopes. Junto a esto, utilizar permetrina para tratar la ropa.

–Los viajeros con trastornos inmunitarios o con enfermedades crónicas graves deben consultar con su médico o centro de vacunación de forma previa al inicio del viaje.

–Las mujeres embarazas han de "posponer el viaje si no es esencial". En caso contrario, deben extermar las medidas de precaución necesarias para evitar la picadura de los mosquitos.

2. Para viajeros que regresan de las áreas afectadas por el virus zika:

–Todos aquellos que presenten "síntomas compatibles" han de recibir atención médica durante los quince días siguientes y advertir al profesional sanitario de su estancia previa en el país. A parte de esto, Sanidad aconseja no tomar aspirinas, prevenir picaduras de otros mosquitos, descansar y beber mucho líquido.

–Las mujeres embarazadas deben dar cuenta de su viaje durante las visitas prenatales "con el fin de ser evaluadas y monitorizadas adecuadamente".