Miércoles, 8 de abril. El despertador de José Manuel Parceiro rompe el silencio nocturno cuando aún ni siquiera se han colocado las calles. Son las 5.00 horas. Y al abogado aún le espera un largo viaje. Tiene por delante casi 500 kilómetros. La distancia que separa Alicante de la localidad madrileña de Collado Villalba. Se ha cogido el día libre en el trabajo para hacer este viaje exprés de ida y vuelta. Pero el motivo merece el esfuerzo. En un juzgado de este municipio anclado a los pies de la Sierra de Guadarrama están llamados a declarar como investigados varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por la muerte de su padre en lo peor de la pandemia. Y él, José Manuel, quiere estar presente.

Manuel Parceiro tenía 82 años. Y llevaba casi medio año viviendo en el Hospital de La Fuenfría. Fue en este centro de media y larga estancia perteneciente al Servicio Madrileño de Salud, más parecido ya a una residencia que a un hospital, donde le pilló el estallido de la pandemia. Y allí murió el 20 de marzo. Cuenta su hijo que intentaron que se le trasladara al Ramón y Cajal o al Puerta de Hierro, pero la derivación no fue autorizada en aplicación, continúa, de unos Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre, que ya estaban en manos de hospitales y residencias. "Solo necesitaba un respirador para salir adelante", lamenta Parceiro hijo al otro lado del teléfono.

Tras cinco largas horas de viaje, el abogado llega en tiempo y forma al juzgado. Por delante, le espera una mañana intensa. Está previsto que comparezcan como investigados ante el juez instructor el firmante y el considerado autor intelectual de los protocolos –Carlos Mur y Javier Martínez Peromingo, respectivamente–, así como el doctor Antonio Burgueño, quien asesoró al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre cómo afrontar la emergencia sanitaria con un Plan de Choque que incluía, entre otras cosas, la medicalización de las residencias. Pero en menos de una hora Parceiro vuelve a estar fuera, en la calle. Las declaraciones llevaban suspendidas desde finales de marzo. Nadie les había avisado. Y al abogado no le queda más remedio que emprender, resignado, el viaje de vuelta.

Fueron mil kilómetros, 110 euros de gasolina y un día libre gastado solo para escuchar a Burgueño –que tampoco se había enterado de la suspensión– decir que si quería buscar un culpable, mirase a Fernando Simón, el epidemiólogo que había dirigido desde el Ministerio de Sanidad la respuesta a la pandemia. No es la primera vez que viene para nada. Le ocurrió lo mismo en febrero, cuando de todos los citados solo compareció una médica de La Fuenfría. "Esto no puede suceder", se queja amargamente Parceiro, quien asegura que el día antes de subir a Madrid trató de ponerse en contacto sin éxito con el juzgado: "Nadie respondió al teléfono".

Su caso ejemplifica a la perfección la dura batalla judicial por los Protocolos de la Vergüenza, una serie de órdenes nacidas en el seno del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que restringían al máximo la posibilidad de trasladar a enfermos desde los geriátricos a los hospitales en plena pandemia. Seis años de lucha marcados por el abandono y el desprecio institucional y los continuos retrasos judiciales. "No es lógico que llevemos año y medio con nuestro caso y no se haya avanzado nada", explica Parceiro. Además de en Collado Villalba, esta semana también se han suspendido declaraciones clave en Arganda del Rey. En concreto, la de María Teresa Vidán, la doctora a la que Mur también situó en la elaboración de los protocolos. En este caso, por un error en su apellido que impidió la notificación.

"En la primera denuncia nos pasó lo mismo: gente que no se presentaba, notificaciones que no llegaban. No queremos pensar mal, pero...", desliza en conversación con este diario Clemente, hijo de Marcela Eras, fallecida el 2 de abril de 2020 en la residencia Isla Taray de Morata de Tajuña. Esta familia, como tantas otras, inició su batalla con una primera denuncia por homicidio imprudente u omisión del socorro, unas acusaciones que exigen demostrar fuera de toda duda que los residentes se habrían salvado de haber sido hospitalizados –un reto probatorio–. Modificaron la estrategia en octubre de 2024, cuando tras varios archivos aparcaron esos tipos penales y centraron su ofensiva en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria y en los niveles intermedios del organigrama –es decir, en lugar de ir contra Ayuso, comenzar por el director general de Coordinación Sociosanitaria–.

"Fíjate si hay retrasos que la primera querella que yo puse en 2020 aún está parada en un juzgado de Leganés, sin que nadie nos haya comunicado ningún archivo, mientras que la que puse a finales de 2024 está en otro. Es decir, mi caso está en dos juzgados distintos", explica Carmen López. Su madre, Carmen, falleció en un hospital tras estar cuatro días agonizando en la residencia Parque Los Frailes, en Leganés. Ella, en principio, estaba dentro del grupo de residentes a los que se impedía la derivación –iba en silla de ruedas–, pero un error de la médica del centro, que pensaba que la mujer caminaba, permitió el traslado.

El futuro del caso residencias también depende de lo que pueda determinar la Audiencia de Madrid sobre la conformación de una posible macrocausa. Tanto la Fiscalía como las víctimas solicitaron hace algunos meses unir en una sola carpeta varias denuncias instruidas en Madrid, Leganés, Navalcarnero o Collado Villalba, pero el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, el primero que imputó a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias, rechazó absorberlas todas. Una decisión de la jueza María Isabel Durántez que fue recurrida ante el órgano superior, cuya Sección Primera estudiará el asunto la próxima semana.

No será la primera vez que la Audiencia de Madrid se pronuncie sobre esta cuestión. A finales de diciembre, la Sección Decimosexta ya lo hizo sobre el intento del Juzgado de Instrucción nº5 de enviar al Juzgado de Instrucción nº3 el caso de una mujer fallecida en un geriátrico. La jueza Carmen Valcarce alegaba que "de no acumularse los procedimientos, tales personas (los imputados) deberán declarar sobre los mismos hechos en incontables ocasiones y que podrían producirse resoluciones dispares". Sin embargo, los magistrados consideraron que la diseminación en varios procedimientos tiene sentido porque hay que analizar de forma independiente las circunstancias concurrentes en cada caso. Habrá que ver ahora si sus compañeros de la Sección Primera mantienen dicho criterio.

Otro punto de interés del caso se encuentra en el Tribunal Constitucional. Allí, en el órgano de garantías, se han ido acumulando decenas de recursos de amparo cuya resolución, según eldiario.es, se encuentra congelada para no interferir en las causas penales que están vivas. En medio de esta espera continua, además, un juzgado de Getafe ha decidido ampliar también el listado de delitos por los que están siendo investigados Mur y Peromingo, incluyendo en el mismo la prevaricación, si bien solo circunscrita a las órdenes que pudieron dar en relación con el hospital y la residencia sobre la que gira la causa.

Las familias no esconden que seis años de pelea pasan factura. "Es una lucha ardua en la que parece que no hay interés institucional", remarca López, que lamenta que las muertes en las residencias durante la pandemia se hayan convertido en la "patata caliente que nadie quiere coger". Sin embargo, aseguran que no se rendirán. "El cansancio se acumula, pero respiramos y volvemos a la carga. Somos resistentes ante los palos y seguiremos peleando", expone la mujer. Y ni la lentitud ni los continuos problemas en los juzgados les harán apartarse de su objetivo final: conseguir la justicia para sus seres queridos. "Si piensan que por venir desde Alicante voy a cejar en el empeño, están equivocados. Era mi padre", sentencia Parceiro.

El doctor Antonio Burgueño, exasesor de la Comunidad de Madrid, ha dicho este miércoles ante el Tribunal de Instancia de Collado Villalba (Madrid) donde estaba citado para declarar como imputado, que en el inicio de la pandemia del coronavirus no se medicalizaron las residencias porque no había médicos, según informa EFE.

En la Sección Civil y de Instrucción de este tribunal, plaza número 2, estaban previstas las comparecencias como investigados de Burgueño, del ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y de su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, por el caso de las residencias.

La abogada de la acusación particular, Alejandra Jacinto, ha explicado que las declaraciones han sido suspendidas porque hay un informe del Ministerio Fiscal que todavía no ha sido notificado a las partes para que se pronuncien. 

En declaraciones a los periodistas, Burgueño ha asegurado que las residencias no se medicalizaron porque no había médicos para hacerlo y ha responsabilizado de la gestión de la crisis sanitaria en 2020 al Gobierno central, culpando de todo al doctor Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

También ha reconocido que él elaboró un plan de choque por iniciativa propia, aunque luego ha asegurado que se lo encargó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. 

En los primeros días de la crisis sanitaria, en marzo de 2020, Ayuso nombró a Burgueño como su principal asesor para hacer frente a la pandemia de la covid-19 y le encargó elaborar el plan de choque aprobado por el Ejecutivo regional, una de cuyas medidas principales era medicalizar las residencias, algo que finalmente no se hizo. 

Las asociaciones Marea de Residencias y 7.291: Verdad y Justicia consideran que su testimonio puede ser clave para saber por qué se discriminó a las personas mayores que vivían en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Carlos Mur firmó los llamados protocolos de la vergüenza, revelados por infoLibre, que impidieron el traslado de personas mayores de residencias a hospitales públicos, mientras que Peromingo está considerado el autor intelectual del documento. Ambos ya han declarado en otras causas como imputados. 

Este procedimiento de Collado Villalba no forma parte de las querellas impulsadas por Marea de Residencias entre 2020 y 2021, ni de las causas abiertas a raíz de la denuncia colectiva coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, sino que fue promovido por un particular, hijo de una persona fallecida en el Hospital La Fuenfría, ubicado en el municipio de Cercedilla.

Un juzgado de Getafe admite por primera vez incluir el delito de prevaricación en una investigación por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid en los peores momentos de la pandemia. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe nº3 ha admitido parcialmente una ampliación de denuncia en la que el PSOE ponía sobre la mesa dicho tipo penal en relación con la emisión por parte de las autoridades regionales de los llamados Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre. Una causa en la que están siendo investigados el ex director general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur y su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo.

Los socialistas pusieron sobre la mesa en su escrito el artículo 404 del Código Penal: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años". Un tipo penal que sumaban, de esta manera, al delito de discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria sobre el que están girando, en estos momentos, todas las causas abiertas por muertes en los geríatricos.

En su auto, fechado el pasado jueves y al que ha tenido acceso este diario, el magistrado expone que "la investigación general del delito de prevaricación" que se pretende en relación con las órdenes que se dieron respecto a la no derivación de personas con discapacidad o enfermos a los hospitales o con la medicalización que nunca llegó de los geriátricos "excede claramente de la competencia" del tribunal. No obstante, completa, sí tiene cabida respecto del municipio del sur de Madrid en el que se ubicaba la residencia en la que vivía la persona fallecida: "[La ampliación de la denuncia] puede solo admitirse respecto del posible delito de prevaricación con orden directa en Getafe".

"Se admite parcialmente la ampliación de la denuncia formulada en cuanto se refiere a la prevaricación del investigado Carlos Mur de Viu en relación a la orden que hubiera transmitido al Hospital de Getafe y Residencia Geriátrica Los Ángeles y a la participación que en ello hubiera tenido el otro investigado Francisco Javier Martínez Peromingo", completa el magistrado.

El caso gira en torno al fallecimiento de Petra Gadea, de 88 años. Murió tan sólo seis días después de presentar los primeros síntomas de covid. Lo hizo en la residencia Los Ángeles de Getafe (Madrid) y sin posibilidad de ser trasladada al hospital. "Me reconocieron por teléfono que no lo hacían porque lo tenían prohibido. Me llegaron a decir que no iba a ir ninguna ambulancia, pero yo no entendía nada. No sabía qué hacer. Cuando me llamaron y me dijeron que había fallecido, empezó un duelo que todavía no ha acabado", recordaba hace algunos meses a este periódico su hija Maite.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una primera resolución contraria a la creación de una macrocausa judicial que agrupe todas las denuncias del conocido como caso residencias, según recoge EFE.

La Sección número 16 de este tribunal ha avalado por completo la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, que rechazó con anterioridad asumir y acumular las diligencias de otros órganos judiciales.

En el conflicto se enfrentaban el Juzgado de Instrucción número 5 con el número 3. El primero pretendía inhibirse a favor del segundo bajo la premisa de que ambas causas investigan los mismos delitos contra los mismos altos cargos políticos y sanitarios. Sin embargo, el tribunal ha desestimado esta pretensión y ha declarado la competencia del Juzgado número 5 para el conocimiento en exclusiva de sus propias diligencias previas.

La resolución judicial subraya que fue la propia Fiscalía de Madrid la que optó por efectuar un desglose de las actuaciones penales para cada uno de los ancianos fallecidos, tras recibir una denuncia colectiva impulsada por familiares de personas afectadas.

La Audiencia defiende la necesidad de analizar cada supuesto de forma separada en atención a las circunstancias personales de cada víctima y a las características de cada residencia de mayores donde ocurrieron los decesos a causa del covid.

En su argumentación, el tribunal madrileño cita las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo sobre esta materia e insiste en la necesidad de analizar las circunstancias concurrentes en cada caso y "evitar imputaciones objetivas, globales o conjuntas que resultan contrarias al principio de culpabilidad que reside en el ámbito penal".

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3, María Isabel Durántez Gil, firmó el 27 de agosto de 2025 el auto originario que frenó esta acumulación masiva. Tres magistrados se han opuesto a que una sola jueza asuma toda la investigación, pero aún falta que otra sección ofrezca una respuesta a la solicitud de las familias, la Fiscalía y uno de los imputados, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo de los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre, para concentrar el caso en un solo juzgado.

Deporte, convivencia y protesta. Las familias del CEIP Amadeo Vives, en el barrio madrileño de Aluche, han convocado para los días 14 y 15 de febrero unas jornadas deportivas y reivindicativas bajo el lema “El patio no se toca”. El objetivo: frenar los planes del Ayuntamiento de Madrid para construir un Centro de Mayores en una de las pistas deportivas que el alumnado utiliza a diario. Un plan sobre el que ya informó infoLibre el pasado mes de noviembre y que el Ayuntamiento está decidido a llevar adelante.

La convocatoria coincide con el Carnaval y se plantea como un fin de semana de puertas abiertas, con actividades deportivas intergeneracionales, actos festivos y una manifestación. Profesorado, alumnado, personal laboral y familias participarán en una iniciativa que busca visibilizar el conflicto y sumar apoyos vecinales.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Amadeo Vives insisten en que no se oponen al Centro de Mayores y de Día, una reivindicación histórica del barrio. De hecho, recuerdan que su ubicación fue aprobada por unanimidad en el Pleno del distrito de Latina —con gobiernos de distinto signo— en la parcela de la calle Camarena, 277.

En ese sentido, el AFA se alinea con la Plataforma de Pensionistas, la Asociación Vecinal de Puerto Chico y la Asociación Vecinal de Aluche (AVA), que también defienden que el equipamiento se construya en el emplazamiento acordado. “Que nadie se lleve a engaños”, subrayan desde la comunidad educativa: el apoyo al centro para mayores es “sin ningún género de duda”, pero rechazan que se levante en el patio del colegio.

El actual proyecto municipal, impulsado por el Gobierno encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, se apoya —según denuncian las familias— en informes técnicos de edificabilidad que no han sido facilitados ni a la dirección del centro ni al resto de la comunidad educativa o vecinal.

Las familias cuestionan además el argumento de que el patio estuviera en desuso y recuerdan que en una parcela colindante se han construido recientemente viviendas sin que la edificabilidad haya sido obstáculo.

La titularidad de los terrenos corresponde al Ayuntamiento, algo que la comunidad educativa no discute. Sin embargo, sostienen que la pista polideportiva fue anexada al colegio a finales de los años 80.

Según la documentación que manejan, en octubre de 1988 el representante municipal informó en Consejo Escolar de que el plan de inversiones de 1989 contemplaba el cerramiento total del centro y el patio “con anexión de terrenos”. Esa inversión se materializó el 24 de agosto de 1989 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, con una partida de más de 17 millones de pesetas para el acondicionamiento de patios en los colegios Amadeo Vives y Ermita del Santo.

Las familias reclaman ahora que el Consistorio facilite los acuerdos adoptados en su día por el Consejo de Educación y el Pleno municipal, convencidas de que avalan una anexión permanente y no una cesión temporal.

Más allá del debate jurídico, la comunidad educativa alerta de las consecuencias prácticas. Si se pierde la pista deportiva, el centro no alcanzaría los 900 m² mínimos exigidos por la normativa para los espacios destinados a Educación Física en Primaria, según el Decreto 132/2010 y las Normas NIDE del Consejo Superior de Deportes.

Actualmente, el colegio dispone de 849 metros cuadrados distribuidos en dos espacios separados —612 m² de patios de juegos y pista de patinaje y 237 m² de pista de minibasket— que no pueden sumarse al estar físicamente divididos.

De ejecutarse el proyecto, advierten, la actividad deportiva, los recreos diferenciados por edades, las extraescolares y las ligas municipales quedarían seriamente afectadas. También lo harían actividades comunitarias como las fiestas organizadas por el AFA o iniciativas de asociaciones del barrio.

Las familias subrayan que el conflicto no es solo una cuestión de metros cuadrados. Hablan de conciliación, de convivencia y de salud emocional. “Sin espacios para correr, jugar y desahogarse, los conflictos proliferarán fruto del hacinamiento”, alertan.

En un contexto en el que la educación pública madrileña arrastra carencias estructurales y una creciente presión sobre sus infraestructuras, el caso del Amadeo Vives vuelve a situar el foco sobre las prioridades municipales. La comunidad educativa reclama diálogo y una solución que no enfrente derechos —los de la infancia y los de las personas mayores— sino que garantice ambos.

Este fin de semana, el patio del Amadeo Vives será algo más que un espacio deportivo: será el escenario de una reivindicación colectiva en defensa de la escuela pública. Porque, insisten, “el patio no se toca”.

La Asociación 7291 Verdad y Justicia ha anunciado en un comunicado que considera que la declaración de Carlos Mur de este martes es un avance en la investigación de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales durante la pandemia. El exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid ha añadido algunos elementos nuevos desconocidos hasta la fecha, asegura la asociación, que actúa en representación de los familiares.

Estos protocolos, desvelados por infoLibre, y por los que murieron 7.291 personas, estaban incluidos en el plan de acción frente al coronavirus de la Comunidad de Madrid, según ha asegurado Mur, que también ha señalado que Enrique Ruiz Escudero, en esos momentos el consejero de Sanidad, los conocía.

La abogada de la asociación, Alejandra Jacinto, comenta en ese comunicado que otro de los aspectos novedosos en cuanto a la declaración del exdirector está en un correo que remitió al exconsejero de Ayuso, el 20 de marzo 2020, en el que le alertaba “sobre que la medicalización en las residencias era irrealizable”. Entre las próximas diligencias, la acusación particular solicitará que se cite a declarar al consejero Ruiz, así como a dos médicas que Mur ha señalado como redactoras de los protocolos.

La asociación de familiares ha elogiado la actuación de la jueza del Tribunal de Instancia número 37. “Aunque vamos poco a poco y queda todavía mucho por aclarar, tanto los familiares como la abogada estamos muy satisfechos con la actuación de la jueza”, ha indicado María Jesus Valero, presidenta de 7291 Verdad y Justicia.

Los representantes de los familiares y los abogados abogan por la unificación de todas las causas que permanecen abiertas en relación al caso de las residencias, pero, aseguran, es algo que "tendrán que decidir los tribunales".

El exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur ha declarado este martes ante una jueza que los protocolos que impidieron la derivación de ancianos, de residencias a hospitales durante la pandemia, desvelados por infoLibre, estaban incluidos en el plan de acción frente al coronavirus, informa EFE.

Mur se refería así al plan que presentó el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero el 12 de marzo de 2020, que "no es público", en su comparecencia como investigado, por videconferencia, ante la titular del Juzgado de Primera Instancia número 37 de la capital.

También habían sido citados a declarar a Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, otros dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y una geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal.

Al no poder notificar adecuadamente a estos tres últimos, se han suspendido sus declaraciones y serán citados nuevamente, una vez que se averigüen sus domicilios.

La abogada de la acusación particular Alejandra Jacinto ha anunciado tras la declaración que solicitará nuevas diligencias para incorporar a la causa ese plan de acción del 12 de marzo, hasta ahora desconocido, "un plan que no es público, que ni los medios de comunicación tienen y, sin embargo, cuyos protocolos estaban ya incluidos" en él.

Según la letrada, la inclusión de los protocolos en el plan de acción confirmaría que tanto Antonio Burgueño, exasesor sanitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como el propio consejero Ruiz Escudero "estaban al tanto" de los criterios de selección de pacientes.

Durante su comparecencia por videoconferencia desde Andorra, Mur ha asegurado que remitió un correo electrónico personal al consejero Ruiz Escudero el día 20 de marzo para advertirle de que la medicalización de las residencias era "irrealizable".

En su declaración, ha insistido en que firmó los protocolos por "toda la situación tan dramática que había", aunque mostró su disconformidad con unos criterios que podían dar lugar a errores de interpretación o discriminación.

El investigado ha señalado con nombres y apellidos a una doctora del Hospital Gregorio Marañón como la redactora de los protocolos y a una segunda facultativa encargada de su revisión final y su validación, aunque luego esos documentos se modificaron porque podían resultar, según él, "discriminatorios".

Mur ha atribuido a otro de los exaltos cargos del gobierno de Ayuso investigados, Javier Martínez Peromingo, la autoría del protocolo clínico y la coordinación de los geriatras de enlace, una labor que ha calificado como "encomiable".

Sobre la falta de derivaciones a la sanidad privada que estaba bajo el mando único sanitario, Mur ha dicho que no tiene esta información.

También habían sido citados a declarar Martínez Peromingo y Pablo Busca, otros dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y una geriatra de enlace del Hospital Ramón y Cajal.

Al no poder notificar adecuadamente a estos tres últimos, se han suspendido sus declaraciones y serán citados nuevamente, una vez que se averigüen sus domicilios.

El Juzgado investiga una querella por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a una residente del centro público del barrio madrileño de Manoteras en la primavera de 2020.

Entre las próximas diligencias, la acusación particular solicitará que se cite a declarar al consejero Ruiz Escudero, así como a las dos médicas que ha señalado Carlos Mur como las redactoras de los protocolos.

El próximo martes 10 de febrero, Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca, declararán en el Juzgado de Instrucción 37 de Madrid como imputados por los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre.

Mur, que ya declaró como investigado el pasado 23 de enero, fue uno de los firmantes de los Protocolos de la Vergüenza y en marzo de 2020 era director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño. Peromingo está considerado el ideólogo de los protocolos y fue implicado por el propio Mur en una de sus declaraciones ante la Justicia.

Por su parte, Pablo Busca era el máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid.

Todos ellos están investigados por la Justicia a raíz de la querella de una mujer. Esta denuncia acusa a los tres de cometer un "delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que vivían en residencias", según un comunicado conjunto de las plataformas Verdad y Justicia 7291 y Marea de Residencias.

A pesar de ser el quinto procedimiento judicial en el que los ex altos cargos de Ayuso están llamados a declarar, Mur solamente lo hizo en dos ocasiones y Peromingo en una. Busca aún no se ha estrenado.

Las dos plataformas exigen a los imputados que digan la verdad y, en concreto, le piden a Carlos Mur "que aclare de una vez quién le ordenó firmar los Protocolos de la Vergüenza".

Ramona Carvajal fue una de las primeras en sufrir un desprecio institucional convertido en norma. Era 26 de junio de 2020. No habían pasado ni tres meses desde el fallecimiento de su madre Alejina en la Fundación Jiménez Díaz, a la que llegó tras casi un mes enferma en la residencia Vitalia de Griñón, un municipio del sur de Madrid. Y asistía ojiplática al enésimo intento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de negar la evidencia. El Ejecutivo regional rechazaba, a pesar de su publicación en infoLibre, la existencia de los Protocolos de la Vergüenza. Pero Carvajal tenía una grabación con la doctora que trató a su madre que evidenciaba la existencia y aplicación de los mismos. Un audio que se publicó en los medios. Y que Ayuso despachó a su manera aquel viernes: "[No se pueden sacar conclusiones] de conversaciones, opiniones, 'porque yo quise', 'porque yo creo', 'porque yo dije'...".

Han pasado casi seis años de aquella primera ola de la pandemia, en la que 7.291 usuarios de residencias murieron –solo en los meses de marzo y abril– sin recibir atención hospitalaria. Y la baronesa conservadora y el Ejecutivo regional mantienen la confrontación directa. Es una guerra tremendamente desigual con un objetivo claro: deslegitimar a las víctimas para intentar que su lucha por la verdad y la justicia se vea como una simple maniobra política. Una estrategia del odio que no es nueva. Ya se desplegó con Pilar Manjón y su asociación tras los atentados del 11M. O con Curra Ripollés y la suya tras el accidente del Yak-42.

Algo de esto sabe Maite Rodríguez. Al fin y al cabo, contra ella disparó públicamente Miguel Ángel Rodríguez, el todopoderoso jefe de Gabinete de Díaz Ayuso. Sucedió hace casi un año, cuando apareció en el programa Lo de Évole contando cómo su madre, Petra, había fallecido en la residencia Los Ángeles de Getafe. Era la primera vez que aparecía en los medios. Y se encontró con una mano derecha de la presidenta desatada en redes un domingo noche. "Si estos testimonios nos dan su nombre, comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares", escribió. Y media hora después, añadió: "La primera señora que sale –era Maite– no tenía a su madre en ninguna residencia de la Comunidad de Madrid".

Era mentira. Y tuvo que rectificar a la mañana siguiente. Pero el daño ya estaba hecho. Su bulo, que fue compartido más de siete centenares de veces, tuvo más de un millón de visualizaciones. "A día de hoy, sigue sin borrar esos mensajes", recuerda la mujer. Desde la oposición pidieron su cese. Pero Ayuso le arropó. De nuevo, despreciando a las víctimas. "Siempre están criticándonos con lo mismo. Siempre nos están llevando con las mismas mierdas", lanzó desde su escaño en la Asamblea de Madrid, al tiempo que, siguiendo el guion clásico, acusaba a la izquierda de "retorcer el dolor de las víctimas".

Desde la cúspide política e institucional de la región, con la potencia mediática que eso tiene, ha hablado de "mareas de rebotados" –en referencia al movimiento Marea de Residencias– que han quedado fuera de las listas electorales de la izquierda. O ha sostenido que tras la lucha por la justicia de las víctimas hay un negocio: "Cuatro frustrados que quieren vender libros". Misma estrategia desplegada esta semana. El lunes, dijo que se estaba "implementando un relato para retorcerlo y vivir de él" por parte de "activistas y ex políticos". Y el miércoles, calificó a las víctimas como "plataforma de frustrados de la izquierda".

"Me indigna pensar que en algún momento podamos llegar a normalizar que personas con poder en las instituciones se puedan permitir el lujo de destrozar la vida dos veces a las familias", lanza Rodríguez. "Es inhumano. Sientes impotencia, rabia, dolor", coincide Carvajal. Una carga que llevan arrastrando casi seis años. María Amor Gutiérrez habla de "crueldad", "maldad" y "falta de empatía" con unas personas que, en algunos casos, han necesitado apoyo psicológico para seguir mirando hacia delante. Ella perdió a su madre, Eleuteria, en la residencia Sanitas de Carabanchel, donde apenas llevaba mes y medio. Con 94 años, no la derivaron a ningún hospital. "Era muy buena y tuvo que sentir mucha tristeza", dice al otro lado del hilo telefónico.

Más suerte tuvo la madre de Carmen Martín. Ella no murió. Pasó el coronavirus de forma asintomática en la residencia Valdeluz de Leganés. Pero eso no suaviza ni un ápice la indignación que siente su hija cada vez que escucha los exabruptos, insultos o humillaciones de la presidenta madrileña: "No tiene alma, no tiene empatía, no tiene corazón". Una estrategia de odio que, coinciden varias de las víctimas, busca poner a parte de la sociedad en su contra. Y eso, tiene consecuencias. "Es raro el acto en el que no pase una persona que nos insulte", expone Carvajal. "Con un desprecio, con un odio", completa Martín.

Un clima de odio que también conoce Mercedes Huertas, cuyo padre, Juan, falleció en la residencia Adolfo Suárez. "Todos los días recibo insultos o amenazas", señala. Y al que también hace mención Carmen López: "En las redes recibimos insultos constantemente, pero somos conscientes de a lo que nos exponemos". Su madre, Carmen, falleció en un hospital tras estar cuatro días agonizando en la residencia Parque Los Frailes, en Leganés. Ella, en principio, estaba dentro del grupo de residentes a los que se impedía la derivación –estaba en silla de ruedas–, pero un error de la médica de la centro, que pensaba que la mujer caminaba, permitió el traslado.

En la misma rueda de prensa en la que tildaba a los familiares de las residencias de "plataforma de frustrados de la izquierda", Ayuso defendió su misa funeral en la catedral de La Almudena como un acto de "apoyo y respeto" a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El doble rasero ante la tragedia. "En nuestro caso, no se ha hecho ningún homenaje", recuerda Gutiérrez. "¿Por qué somos víctimas de segunda? Fallecieron en condiciones inhumanas", asevera Carvajal. "Ha sido el mayor homicidio de la democracia", remata Huertas.

Las víctimas con las que ha charlado infoLibre también enmarcan los últimos improperios de la presidenta regional en el actual contexto judicial, con algunos de sus ex altos cargos investigados en diferentes causas por un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria. "Ve que se le empieza a acercar el problema", desliza López. El pasado lunes, Carlos Mur, ex director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los famosos protocolos que impedieron la derivación de residentes a hospitales, confirmó al juez que por encima de él en el organigrama tenían conocimiento de los mismos.

Era la primera vez que Mur declaraba como investigado en un juzgado. En su comparecencia, trató de reducir su participación en los protocolos a una labor de coordinación, revisión, firma y envío. Y dijo que los mismos habían sido redactados por Francisco Javier Martínez Peromingo, quien luego le sucedería en el cargo, y otros 22 geriatras más. El pasado diciembre, este último trató de sacudirse su responsabilidad diciendo que los protocolos eran discriminatorios y que traslado por escrito su oposición a los mismos a Mur.

Uno y otro, eso sí, coincidieron en señalar que las residencias no se medicalizaron. Algo que sabía perfectamente el Gobierno regional. El 20 de marzo de 2020, Mur envió un correo electrónico, desvelado por El País, con copia a dos consejeros –entre ellos el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero– y a tres altos cargos alertando de que el plan de medicalizar las residencias no estaba funcionando y de que habría que trasladar a los hospitales a más personas de las previstas. Tres días antes, Ayuso había dicho en Telecinco que "en su práctica totalidad" las residencias "están todas medicalizadas". Mintió, una vez más.

La batalla judicial por las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia avanza. Lo hace con lentitud, sí. Y sorteando obstáculos de forma permanente. Pero con el empuje incansable de las víctimas. Seis años después de que el coronavirus segara la vida de 7.291 ancianos en estos centros, este lunes se ha sentado por vez primera ante un juez como investigado Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los llamados Protocolos de la Vergüenza, que impidieron el traslado a los hospitales de las personas más vulnerables que vivían en las residencias. Un nuevo hito dentro de una maraña judicial marcada por el cruce de acusaciones que se mantiene a la espera de un pronunciamiento clave de la Audiencia de Madrid.

En octubre de 2024, tras varios portazos judiciales, las víctimas cambiaron de estrategia. Por un lado, aparcaron el homicidio o la omisión de socorro, que exigía demostrar fuera de toda duda que los residentes se habrían salvado de haber sido hospitalizados –todo un reto probatorio–, para centrar la ofensiva en el delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, previsto en el artículo 511 del Código Penal. Y, por otro, decidieron apuntar, en lugar de contra los jefes, contra niveles más bajos del organigrama. Así, la macrodenuncia que interpusieron en Fiscalía, que luego derivó en diferentes procedimientos, señalaba, entre otros, a Mur, Javier Martínez Peromingo –su sucesor en el cargo– o Pablo Busca, entonces director del Summa 112.

Este trío ha sido citado a declarar como investigado en más de media decena de juzgados de la región. Pero, por el momento, solo Peromingo y Mur han dado explicaciones en sede judicial. Y la declaración de este último, que ha hecho por videoconferencia desde Andorra, ha costado que se produjera. En diciembre, por ejemplo, dejó vacía la silla del Juzgado de Instrucción nº23 de Madrid y del Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villalba porque no le había sido notificada la citación. Una declaración a la que tampoco asistió Busca. Solo Peromingo acudió a la llamada. Y lo hizo para intentar suavizar su responsabilidad alrededor de los protocolos.

En sus dos comparecencias, el entonces geriatra de referencia en el Hospital Rey Juan Carlos aseveró que muchas residencias no se medicalizaron y apuntó hacia Mur en relación a los protocolos. Según fuentes jurídicas presentes en las mismas, vino a decir que los protocolos que establecieron ese triaje en la primera ola de la pandemia, desvelados por infoLibre, eran discriminatorios. Y que trasladó por escrito al entonces director general de Coordinación Sociosanitaria su oposición a los mismos. Unos correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que el Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villalba reclamó a comienzos de diciembre y que las acusaciones siguen esperando.

Esto último podría haberse contrastado este lunes durante la declaración de Mur como investigado en el Juzgado de Instrucción nº23 de Madrid, procedimiento que se centra en el fallecimiento de un residente en el centro Amavir Valdebernardo. Pero ni jueza ni Fiscalía, únicas que han podido interrogarle –además del abogado defensor–, han preguntado al respecto, según aseguraban desde la acusación. La comparecencia duró algo menos de una hora. Y en ella, el ex director general de Coordinación Sociosanitaria volvió a meter a Peromingo en esa ecuación de la que había intentado salirse. Así, aseguró que los protocolos fueron redactados por él y otros 22 geriatras. Y redujo su participación en los mismos a una labor de coordinación, revisión, firma y envío.

Un cruce de acusaciones en el que también han aflorado otros nombres. Así, siempre según fuentes de la acusación, Mur ha asegurado que hizo llegar los protocolos a Ana Dávila, entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria y hoy consejera de Familia en el Gobierno de Díaz Ayuso. O que la figura de los geriatras de enlace fue creada por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Por otro lado, ha situado a Busca en el proceso de elaboración de los protocolos. Así, ha detallado que se tuvo en cuenta su opinión en relación a cómo debía realizarse el traslado en las ambulancias. Y ha afirmado que se le advirtió de que la derivación por parte del Summa se tenía que producir cuando hubiera consenso entre el médico de una residencia y el geriatra de enlace.

Los letrados de este procedimiento, el que se sigue en relación al fallecimiento de Ángel Armengol sin ser derivado al Hospital Gregorio Marañón, ponen la vista ahora en la futura declaración de tres doctoras de la Amavir Valdebernardo –debían haber comparecido este lunes, pero su testifical se aplazó al 23 de abril al alegar el abogado de Mur que no tenían constancia de las mismas–. Y, sobre todo, en una futura comparecencia como investigado del exdirector del Summa 112, donde se podrán corroborar los extremos expuestos por el ex director general de Coordinación Sociosanitaria en su comparecencia como investigado.

Las familias, del mismo modo, tampoco quitan el ojo de encima a la Audiencia de Madrid. Al fin y al cabo, de lo que diga este órgano depende que el caso residencias siga diseminado por media comunidad autónoma o se aglutine en una misma macrocausa. Tanto la Fiscalía como las víctimas solicitaron hace algunos meses unir en una sola carpeta varias denuncias instruidas en Madrid, Leganés, Navalcarnero o Collado Villalba, pero el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, el primero que imputó a ex altos cargos de Ayuso por las muertes en residencias, rechazó absorber todas las denuncias.

Peromingo, al igual que las víctimas, es partidario de acabar con la dispersión. No así Mur, que aboga por una investigación judicial caso a caso. De hecho, en la declaración de este lunes su abogado ha insistido una y otra vez en que las preguntas se ciñan al caso concreto. Un embrollo competencial que deberá despejar próximamente la Audiencia de Madrid. "Seguimos esperando la resolución", explicaban a la salida del juzgado Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz, abogados de la acusación. "Pero cada vez cobra más sentido que se haga esa macrocausa. Porque para hablar del caso concreto hay que hablar del caso general: quién ordenó esos protocolos, por qué se aplicaron y quién los ejecutó", sentenció Jacinto.

Después de cuatro intentos, Carlos Mur, firmante de los Protocolos de la Vergüenza aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia, va a declarar en calidad de imputado. Será durante la mañana del próximo lunes 26 de enero en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

Mur, junto con Francisco Javier Martínez Peromingo, es uno de los ex altos cargos de la Comunidad de Madrid señalados por la causa judicial como responsables directos de los protocolos, ya que ambos eran los directores de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia.

Al contrario que Mur, Peromingo sí que ha llegado a declarar e incluso, culpó en sede judicial a Mur de ser quien incluyó los elementos discriminatorios dentro de los protocolos. Por ellos, no se permitió que los mayores que no tuvieran un seguro médico privado, fueran derivados a los hospitales públicos. Fallecieron 7.291 mayores por estos protocolos, como reveló infoLibre.

El lunes será la primera vez que dará a conocer su versión de los hechos, después de no declarar en cuatro ocasiones anteriores, en las que fue citado. Sin embargo, no lo hará presencialmente sino por videoconferencia, ya que ha alegado que trabaja y reside en Andorra. Desde Marea de Residencias piden que Mur “tire de la manta” y cuente lo que sabe sobre lo que sucedió para que 7.291 personas fallecieran sin ser derivadas a un hospital.

En mayo, tanto Mur como Peromingo debían comparecer en el Juzgado número 3 de Madrid como imputados. Algo que no sucedió por la suspensión de ambas ya que alegaron que no habían recibido las actuaciones.

Más tarde, el 17 de junio, tenían que haber declarado ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés. Esta vez no sucedió debido a que el juez decidió suspender las declaraciones al inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”.

Ya más recientemente, Mur debería haber declarado en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, el 9 de diciembre, y al día siguiente en el Juzgado número 2 de Collado Villalba. En ambas ocasiones no se presentó asegurando que no había recibido la notificación del Juzgado citándolo a declarar. Días después, Mur solicitó declarar por videoconferencia.

Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que existe un gran déficit de plazas residenciales en España y que, año a año, este es mayor. El estudio destaca que "atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales" entre las personas con dependencia severa, grado II, o gran dependencia, grado III.

El análisis también remarca que entre 2021 y 2025, los años posteriores a la pandemia de covid, apenas han aumentado en 23.000 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años en España se ha incrementado en 800.000 personas.

Desde esta asociación se exige al Estado y a las comunidades que cumplan con la ratio del 5%, la recomendación de tener cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores de 65 años. Esta ratio, lejos de cumplirse, cada vez se aleja más. Según el informe, en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzarla y ahora, en el último año, esta cifra casi se duplica hasta llegar a las 96.916.

La ocupación total de las plazas en centros residenciales para mayores es del 82,4%. El análisis señala que esto "pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país". Casi 340.000 personas viven actualmente en residencias en España, 62.000 más que en el año 2024.

El informe también trata las diferencias entre comunidades autónomas. Andalucía, Comunitat Valenciana y Cataluña son las tres donde más déficit existe respecto a la ratio del 5%. Entre la comunidad andaluza y la valenciana suman tres cuartas partes del déficit total español. En el otro lado se sitúan Castilla y León y Castilla-La Mancha. Son las dos comunidades con mayor superávit en plazas.

También exponen datos respecto al porcentaje de ocupación de las plazas residenciales en las comunidades. En Extremadura (100%), Canarias (99,9%), Castilla-La Mancha (98,9%) y Baleares (98,8%) no hay plazas libres. Esto choca con las cifras en el norte cantábrico, especialmente en Asturias (58,9%) y Euskadi (60,9%).

En España, el 71,1% del total de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública. Esto supone 292.986 plazas frente a las 119.123 de carácter privado.

Desde 2015 el porcentaje de plazas públicas ha aumentado hasta llegar al más elevado hasta la fecha. Actualmente 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años son financiadas de manera pública.

El informe señala la necesidad de una estrategia de desinstitucionalización, como la que planteó el Ministerio de Derechos Sociales en 2023. Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales lamentan que "no se han dado pasos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio".

"Estos datos tan pobres y la escasa evolución que registran en los últimos años impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización", señalan.

Más de cinco años después de la primera ola de la pandemia, la investigación penal por las 7.291 muertes en las residencias de Madrid ha dado por fin sus primeros pasos reales en dos juzgados. Por primera vez, un ex alto cargo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Francisco Javier Martínez Peromingo, ha declarado como imputado. Se trata de uno de los autores de los Protocolos de la Vergüenza —desvelados por infoLibre— y ha admitido en sus declaraciones judiciales de esta semana en Plaza de Castilla y Collado Villalba que sus criterios fueron "discriminatorios". Ahora deberá entregar los correos y mensajes con los que afirma haber trasladado su rechazo interno en marzo de 2020.

Ese requerimiento no es un trámite menor, ya que es la primera vez que un juez obliga a un investigado clave a respaldar con pruebas la versión con la que intenta reducir su responsabilidad. No obstante, la sensación de avance también se ha visto acompañada de un elemento de bloqueo. Carlos Mur, el director general que firmó los protocolos, y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112, no han comparecido en ninguna de las dos citaciones pese a estar imputados. Los juzgados alegan que no han podido localizarlos, aun cuando ambos han sido notificados en causas anteriores, ya que han declarado como testigos en procedimientos previos y han ejercido funciones públicas perfectamente identificables. 

La abogada de las víctimas, Alejandra Jacinto, señala a infoLibre que los procesos por fin "van tomando cuerpo", pero requieren que la Justicia actúe con celeridad. Considera imprescindible que los juzgados localicen a los dos investigados ausentes, coordinen las distintas causas abiertas y despejen el escenario para que las próximas diligencias avancen sin nuevos bloqueos. Jacinto subraya que "estamos un paso más adelante que la semana pasada", pero recuerda que, tras casi seis años, la lentitud judicial amenaza con vaciar de sentido cualquier investigación. 

Las dos declaraciones de Francisco Javier Martínez Peromingo han mantenido un mismo relato. Reconoció ante los jueces de ambos procedimientos que las primeras versiones de los criterios de exclusión aplicados en marzo de 2020 fueron discriminatorias y que las residencias nunca llegaron a estar medicalizadas. También afirmó haber trasladado a Mur su oposición por escrito —mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp— y trató de situarse como un técnico que ejecutaba órdenes con las que no coincidía.

Pero esa estrategia, según las acusaciones, intenta desdibujar su papel real. La documentación aportada por las asociaciones lo sitúa como coeditor y partícipe directo en la elaboración de los documentos que luego justificaron la no derivación hospitalaria de miles de mayores. "No puede presentarse como un mero receptor", explica Jacinto. Además, la abogada añade que el propio Peromingo redactó un protocolo técnico diferente a los firmados por Mur que también tenía "un carácter absolutamente discriminatorio”.

Ante las dudas que genera el propio relato de Peromingo —que intenta presentarse como un opositor a unos protocolos que él mismo ayudó a redactar—, el magistrado de Collado Villalba le ha exigido que aporte las comunicaciones que respalden su versión. Sin embargo, Jacinto, alerta de que esas pruebas podrían no ser tan concluyentes como sugiere el imputado. "Habrá que ver qué aporta, ya que puede ser un correo aislado, un matiz técnico o algo que exprese cierta duda pero que no modifique en absoluto su papel como coeditor. Quizá no estemos ante una oposición firme, sino ante comunicaciones que, cuando las veamos, no sean para tanto", detalla. 

Mientras Peromingo redefine su papel, la ausencia reiterada de los otros dos imputados amenaza la consistencia de la investigación. Carlos Mur y Pablo Busca han mantenido su estrategia de no comparecer tanto en Plaza de Castilla como en Collado Villalba. Es la tercera incomparecencia de Mur y la segunda consecutiva de ambos como imputados. Los juzgados insisten en que no han logrado notificarles, pero el argumento resulta difícil de sostener, ya que Mur ha declarado como testigo en varias ocasiones y continúa ejerciendo como médico, y Busca trabaja para el Gobierno vasco.

La acusación ha reclamado que, además de subsanar la falta de esfuerzos efectivos, los juzgados se coordinen entre sí, empleen domicilios profesionales o recurran a otro tipo herramientas para evitar unas ausencias que parecen responder también a un cálculo procesal. "No descarto que estén esperando a conocer la versión de Peromingo antes de declarar", señala Jacinto. Para la abogada, retrasar su comparecencia les permite calibrar qué ha dicho el coeditor del documento y ajustar después su relato, incluso tratando de desplazar hacia él la responsabilidad técnica. 

Jacinto teme que estemos ante un escenario en el que "cada uno vaya pasando la responsabilidad al otro", y recalca que solo las declaraciones de los tres permitirán determinar si hubo autoría directa, coautoría o incluso autoría mediata, es decir, decisiones tomadas desde niveles superiores de mando.

Tras dos días de declaraciones, las asociaciones de familiares coinciden en que se ha producido el avance más significativo en años, pero que persisten los mismos obstáculos que han frenado la investigación desde 2020. María Jesús Valero, presidenta de Verdad y Justicia, destaca la importancia de que Peromingo haya reconocido como imputado el carácter discriminatorio de los protocolos, pero recuerda que el avance llega “seis años tarde” y sigue incompleto mientras dos de los tres investigados continúan sin comparecer. 

Carmen Ruiz, portavoz de Marea de Residencias, pone el foco en que está quedando demostrado en sede judicial que la discriminación no solo se produjo en las derivaciones hospitalarias, sino también en la ausencia sistemática de atención dentro de los centros. “Ni entraban médicos ni se permitía salir a los hospitales. Esa omisión es parte esencial del delito”, subraya. 

La portavoz advierte además de que la comparecencia de Mur y Busca es crucial para evitar un nuevo bloqueo. "Si vuelven a no comparecer, el mensaje para las familias es devastador", detalla. Valero denuncia que las familias "siguen atrapadas en un sistema que funciona demasiado despacio para quien ya ha perdido demasiado". "La justicia, si llega tan tarde, deja de ser justicia", concluye.

El juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba ha dado este miércoles un paso relevante en la investigación penal por las 7291 muertes en residencias. El magistrado ha solicitado a Francisco Javier Martínez Peromingo que entregue los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp en los que, según él mismo ha declarado, expresó a Carlos Mur su rechazo a los criterios de exclusión aplicados a los mayores durante la pandemia. Aquellas discrepancias se habrían producido en marzo de 2020, cuando Mur dirigía la Coordinación Sociosanitaria y Peromingo coordinaba el grupo técnico encargado de redactar los Protocolos de la Vergüenza, desvelados por infoLibre.

Peromingo ha vuelto a afirmar que comunicó su desacuerdo "por escrito" a través de mensajes de Whatsapp y correo electrónico y ha calificado como "discriminatorias" las primeras versiones de dichos documentos. Por ello, el magistrado quiere comprobarlo y ha pedido formalmente esa documentación.

Según la acusación, la declaración de Peromingo ha sido más detallada que la del martes en Plaza Castilla. Aunque ha vuelto a negarse a responder a las acusaciones particulares, sí ha contestado a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su defensa. En su relato ha insistido en que Mur fue quien asumió la responsabilidad final de los protocolos y que él trató de matizar criterios que consideraba excluyentes. También ha señalado que la prometida "medicalización" no llegó a la mayoría de las residencias.

No obstante, lo que distingue la jornada judicial es la exigencia de acreditar documentalmente ese desencuentro interno. "Si existen esos correos o WhatsApps, deben constar en la causa. Y si no existen, será igualmente relevante", explica Javier Castillo, abogado de la familia querellante.

Sin embargo, Carlos Mur y Pablo Busca, responsable del SUMMA 112, han vuelto a no comparecer. El juzgado asegura que no ha podido notificarles en los domicilios facilitados, pese a varios intentos. La acusación considera que ya no puede hablarse de simples problemas de localización. "Es incomprensible que dos personas con relevancia pública sigan evadiéndose de la Justicia", denuncia Castillo. "Si esto continúa, solicitaremos que se activen todas las medidas necesarias, incluida la búsqueda y captura".

Castillo explica que propondrán nuevas direcciones para intentar localizar a ambos investigados y que el juzgado deberá valorar "as medidas proporcionadas" para asegurar su comparecencia. "La ley actúa de la misma manera para cualquier persona que evita una citación judicial", recuerda.

La instrucción continúa el próximo lunes 15, cuando declararán personal médico y el geriatra de enlace del Hospital Puerta de Hierro, responsable de aplicar los criterios en la zona. "Estamos por fin en una fase de investigación real, después de años de parálisis", concluye el abogado. "Ahora necesitamos que todos los investigados comparezcan y que se aporte la documentación. La verdad depende de eso".

"Decían que estaba bien mientras se estaba muriendo y le negaron el traslado al hospital porque vivía en una residencia. Eso es discriminación y por eso estamos aquí, tantos años después". Con esta mezcla de agotamiento y determinación Bárbara explica a infoLibre por qué decidió llevar ante la justicia la muerte de su padre —una de las 7291 personas fallecidas en las residencias madrileñas durante la primera ola del covid—. Su querella es la que ha obligado a que este miércoles los tres ex altos cargos vinculados a los 'Protocolos de la Vergüenza' —desvelados por este periódico— estén citados a declarar como investigados en el Juzgado de Collado Villalba. Su causa es una de las ocho que han logrado romper años de bloqueos, archivos y dilaciones.

Sin embargo, lo ocurrido este martes en Plaza de Castilla —un anticipo de lo que podría repetirse este miércoles— la ha dejado con sentimientos encontrados. El Juzgado de Instrucción 23 había citado a los tres ex altos cargos implicados en los 'Protocolos de la Vergüenza' como investigados por otra querella distinta, pero solo compareció Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los principales responsables del diseño de esos protocolos. El juzgado afirmó no haber podido localizar ni al ex director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, ni al ex gerente del SUMMA 112, Pablo Busca, pese a varios intentos de citación. Una situación que la acusación considera "injustificable".

En la sala, Peromingo reconoció ante la jueza que los protocolos existieron y eran discriminatorios, un hecho que las familias llevan años intentando que se admita en sede judicial. "Te enfada y te desanima, porque es siempre lo mismo", admite Bárbara. "Pero que Peromingo haya dicho que los protocolos existieron y que eran discriminatorios es un paso. Pequeño, pero un paso".

Esta no es la primera vez que Bárbara acude a la Justicia. En 2020 presentó una denuncia centrada en la responsabilidad política durante la pandemia con la que logró que Carlos Mur declarara como testigo en 2023. Aquella vía terminó de nuevo cerrada, pero la familia no perdió la esperanza. Ahora, ya integrada en la macrodenuncia coordinada por las asociaciones, que investiga un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, ha conseguido que los tres exdirectivos estén citados este miércoles como investigados. "Ojalá acudan los tres, si no será otro golpe", reconoce. "Pero por lo menos ya no pueden fingir que nunca hubo protocolos. Hoy se ha dicho ante una jueza, por fin".

El padre de Bárbara llevaba dos años viviendo en la residencia Sanitas de Torrelodones, en Madrid. Pese a su deterioro cognitivo avanzado, estaba estable y bien atendido, pero todo cambió con la pandemia. Las visitas se cancelaron de un día para otro y la comunicación quedó reducida a una aplicación interna que apenas ofrecía información. "De repente ya no podíamos verlo, ni hablar con él ni saber nada. Dependíamos de mensajes sueltos en una aplicación y preguntábamos, pero era desesperante porque nunca sabíamos nada", relata.

A partir de ese momento, comenzaron a observar cambios de habitación sin explicación, comunicaciones confusas, medicación administrada sin previo aviso y, sobre todo, la sensación de que nadie supervisaba realmente el estado del residente. "Supimos por casualidad que le habían puesto un antibiótico. Preguntamos por qué y nos dijeron que tenía infección de orina, pero sin detalles y sin una sola llamada médica", recuerda Bárbara. "Era como si la información estuviera restringida. Como si no quisiéramos saber más de la cuenta".

La falta de atención médica era evidente incluso a distancia. El hombre estuvo días sin ser visto por un facultativo pese a tener fiebre, heridas y signos claros de empeoramiento. "Había jornadas enteras en las que no entraba un médico en su habitación y, cuando llamábamos, no cogían el teléfono o nos decían que ya nos informarían. Vivíamos en la incertidumbre absoluta", denuncia.

Mientras a otros residentes sí se les realizaban pruebas diagnósticas de covid mediante la sanidad privada —según pudo saber la familia—, a él nunca le practicaron un test, pese a las insistentes peticiones. La residencia respondía que estaba "estable", aunque sufría fiebre persistente, una infección sin resolver en el sacro, heridas sin tratar y una saturación de oxígeno cada vez más baja. "Decían que estaba como siempre, pero estaba enfermo y nadie lo valoraba", recuerda.

El momento más doloroso llegó cuando, tras diez días de empeoramiento, un médico llamó por fin a la familia. Les comunicó que habían consultado con los geriatras del Hospital Puerta de Hierro, pero que el traslado estaba descartado. "Nos dijeron claramente que no podían llevarlo al hospital, que esa opción no existía para él, y ahí se te cae el alma", relata Bárbara.

A partir de entonces solo quedaba esperar. Su estado era crítico, pero aun así no recibió valoración hospitalaria al no contemplarse el traslado. La familia vivió esas horas finales como un desamparo absoluto. "El día que nos llamaron para despedirnos fue devastador. Me dijeron que estaba saturando muy poco oxigeno, con fiebre muy alta, y que le iban a poner morfina. Cuando llegamos, ya no se enteraba de nada y fue horrible", recuerda.

Como tantas otras familias, Bárbara interpuso en 2020 una primera denuncia dirigida contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero Enrique Ruiz Escudero y diez directores de residencias madrileñas. Formaba parte de una oleada de denuncias que señalaban la gestión política de la pandemia. "La cerraron, la abrieron, la volvieron a cerrar, por lo que fue un ir y venir constante", recuerda. "Siempre parecía que faltaba algo, que había que esperar, que no tocaba investigar".

Ese procedimiento solo logró un avance parcial ya que en 2023, y gracias a la insistencia de la familia, Carlos Mur declaró como testigo. No obstante, la causa terminó archivada de nuevo. "Fue muy frustrante. Sentías que cada paso se daba para ganar tiempo, que querían que nos cansáramos y abandonáramos", relata.

La diferencia llegó con las nuevas querellas basadas en el delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, un enfoque jurídico impulsado por las asociaciones de familiares y que ahora guía la investigación. Esta vía ha permitido sortear los archivos masivos y abrir diligencias que señalan directamente a quienes firmaron y aplicaron los Protocolos de la Vergüenza. "Sin esta vía, nada de esto existiría", reconoce Bárbara. "Es la primera vez que vemos una investigación penal centrada en lo esencial debido a que a nuestro padre no se le trasladó porque vivía en una residencia. Eso no es un fallo médico, es una orden".

Bárbara afronta la jornada de este miércoles con serenidad, pero también con una advertencia: "Hemos visto demasiados retrasos y no queremos otro intento fallido. Que vayan, que declaren y que expliquen por qué se tomaron esas decisiones. Sin eso, no habrá justicia, pero no vamos a rendirnos".

Javier Martínez Peromingo, ideólogo de los Protocolos de la Vergüenza y sucesor de Carlos Mur al frente de la dirección Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha afirmado en su declaración como investigado que dichos protocolos “fueron discriminatorios”. En su comparecencia, Peromingo, al igual que hizo cuando compareció como testigo, ha incriminado a Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, como principal responsable. Además, ha afirmado que las residencias de la Comunidad de Madrid no estaban medicalizadas en esa primera ola de la pandemia en la que murieron 7291 personas. No obstante, la defensa cree que estuvo implicado y que formó parte de “esta acción colectiva”.

Solo uno de los tres ex altos cargos del Gobierno de Ayuso vinculados a las muertes en las residencias, junto al geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, ha acudido a su declaración como investigados en el Juzgado de Instrucción 23 de Plaza de Castilla. Los otros dos investigados, Carlos Mur y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, no han comparecido debido a que el juzgado alega que no han podido ser citados al no haber sido posible contactar con ellos. 

Ante la incomparecencia de los dos exdirectivos, la abogada de las víctimas, Alejandra Jacinto, asegura que elevará a la jueza dos órdenes de busca y captura para que tanto Busca como Mur "no puedan seguir eludiendo la acción de la Justicia y burlándose del dolor de las víctimas". No obstante, Jacinto ha querido incidir en que no se ha podido localizar a estas dos personas, pero que Busca está trabajando en el Gobierno Vasco y Mur sigue ejerciendo la medicina.

La sesión ha avanzado con nuevos detalles sobre cómo se aplicaron aquellos criterios durante la primera ola. Según la acusación, Peromingo ha explicado también ante la jueza que las objeciones que trasladó a Mur —por escrito, por correo y por mensajes telefónicos— nunca derivaron en una modificación sustancial del funcionamiento real del sistema, que siguió impidiendo derivaciones hospitalarias en miles de casos. Sin embargo, la abogada sostiene que esos reparos formales no pueden ocultar su responsabilidad: "Reconoce que participó en la redacción de las distintas versiones y que se mantuvo en el cargo mientras el protocolo se ejecutaba. Sin su intervención, esos documentos no habrían tenido forma ni aplicación".

También ha declarado el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, encargado del triaje telefónico con varias residencias. Su testimonio ha resultado "especialmente preocupante", según la acusación, ya que ha afirmado no haber recibido instrucciones directas más allá de criterios clínicos generales y no pudo detallar ni el estado en el que se encontraba la víctima cuya muerte dio origen a esta causa. Para Jacinto, ese vacío es significativo debido a que "cuando ni siquiera se conoce el diagnóstico exacto, es imposible justificar que no se derivase a un paciente que lo necesitaba".

A las puertas del juzgado, las familias de las víctimas también han seguido cada paso de la jornada judicial. Entre ellas, Ángela Armingol, hija del residente cuya muerte se investiga, exige que la investigación debe llegar a los puestos más altos del Gobierno madrileño. "Se tienen que depurar responsabilidades políticas porque yo no me creo que ningún médico motu proprio ideara aquellos protocolos", denuncia. La portavoz de Marea de Residencias, Carmen Ruiz, también ha subrayado lo que está en juego esta semana. "Hoy hemos conseguido avanzar, pero llevamos cinco años luchando contra retrasos, archivos y maniobras procesales", añade. "Lo importante es que por fin se le ha preguntado al menos a uno de ellos de una vez quién tomó las decisiones y por qué se dejó morir a miles de personas sin acceso a un hospital".

La ausencia de Carlos Mur —y también la de Pablo Busca— no ha sorprendido a las familias, pero sí ha aumentado la indignación acumulada. Se trata ya de la tercera ocasión en la que el ex director general evita declarar como investigado, después de dos intentos fallidos en primavera que dejaron a las víctimas sin respuestas. En mayo, la vista prevista se suspendió en el mismo día porque las defensas alegaron no haber recibido toda la documentación del procedimiento, una incidencia que las familias consideran "planificada" para retrasar la causa. Apenas un mes después, en junio, otro juzgado —el número 6 de Leganés— anunció su inhibición en favor del Juzgado 3 de Madrid justo antes de los interrogatorios. En este último caso, el juzgado asegura que no ha logrado localizar ni a Mur ni a Busca. Para Jacinto, esta situación “resulta insostenible” y afirma que “no estamos ante personas ilocalizables” y que “las instituciones no hacen lo suficiente para obligarles a dar la cara”.

La situación se enmaraña aún más por el enfrentamiento entre las propias defensas. La de Martínez Peromingo reclama desde hace más de un año que todas las causas —más de noventa— se acumulen en el Juzgado de Instrucción número 3, lo que abriría la puerta a una macrocausa. La defensa de Mur defiende lo contrario, es decir, que cada procedimiento permanezca en el juzgado del territorio donde residía la víctima, lo que consolidaría la absoluta dispersión actual.

La Audiencia Provincial deberá resolver en los próximos meses si unifica las causas o mantiene el laberinto judicial. En paralelo, este miércoles vuelven a estar citados los tres ex altos cargos en Collado Villalba por la querella de un familiar de una residente del centro de Sanitas Torrelodones. Las familias no saben si, esta vez, la Justicia logrará que comparezcan los tres citados que ya están imputados en ocho procedimientos. 

"Esperanza sí, pero con toda la prudencia del mundo", dice Carmen Ruiz, portavoz de Marea de Residencias. Para ella y para cientos de familias, esta semana supone por fin adentrarse en un momento largamente esperado en la lucha por la justicia de las 7.291 personas fallecidas en las residencias madrileñas durante la pandemia. Una cita que, cinco años después, puede marcar —como afirma María Jesús Valero, presidenta de Verdad y Justicia— "un antes y un después" en la investigación judicial.

Este martes 9 de diciembre, a las 10.00 horas, tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deberán comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Los investigados son Carlos Mur —entonces director general de Coordinación Sociosanitaria y firmante del denominado Protocolo de la Vergüenza desvelado por infoLibre—, Francisco Javier Martínez Peromingo —su ideólogo y posterior sustituto— y Pablo Busca Ostalaza, responsable del SUMMA 112, el dispositivo que regulaba el envío de ambulancias públicas durante la pandemia. La investigación analiza un posible delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria y parte de la querella presentada por una familiar de la residencia Amavir Valdebernardo.

Las familias reciben este avance con ilusión contenida. "Después de tantos años de archivos y paralizaciones, lo importante es que declaren por fin y empiece de verdad la investigación", resume Valero. Para las asociaciones, el hecho de que quienes diseñaron y aplicaron los protocolos tengan que responder ante una jueza supone un hito. "Es la primera vez que estos responsables inmediatos van a declarar como imputados", subraya Ruiz, que recuerda que hasta ahora la atención se había centrado en altos cargos políticos, sin llegar a quienes tomaron decisiones operativas.

La agenda judicial será doble. Veinticuatro horas después, el miércoles 10 de diciembre, Mur, Peromingo y Busca volverán a comparecer, esta vez en el Juzgado número 2 de Collado Villalba (Madrid), a raíz de otra querella presentada por la familia de una residente de Sanitas Torrelodones. En ambos procesos también están imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, encargados de aplicar las instrucciones que impidieron el traslado hospitalario de miles de mayores.

Pese al avance, el recuerdo de las dificultades que han pasado persiste entre los familiares. "Hemos visto archivos, retrasos y paralizaciones constantes", señala Ruiz. Para Valero, que perdió a su padre en una residencia adherida a los protocolos, que los investigados se sienten ante una jueza "después de cinco años sin una sola explicación" es un acto mínimo de reparación: "Ahora ya no pueden negar que firmaron esos protocolos. Los documentos están ahí, no hay escapatoria posible".

Pese al volumen de causas abiertas contra ellos, los ex altos cargos de Ayuso todavía no han llegado a ser interrogados como imputados. Mur, Peromingo y Busca están investigados en múltiples procedimientos —ocho en el caso de Mur, siete en el de Peromingo y seis en el de Busca—, pero nunca han llegado a declarar ante un juez. Los dos intentos previos durante este año se han frustrado en el último momento.

El 26 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid suspendió las comparecencias después de que las defensas alegaran que no se les había trasladado toda la documentación del caso. La cita se canceló en el mismo día, pese a que las familias llevaban meses esperando ese primer interrogatorio. Unas semanas después, el 17 de junio, el Juzgado número 6 de Leganés volvió a paralizar las declaraciones al decidir inhibirse en favor del número 3, al entender que ya investigaba hechos idénticos. Más de una decena de juzgados también han optado por remitir sus causas al número 3 —siguiendo la tesis procesal de la defensa de Martínez Peromingo—, lo que ha generado una cadena de suspensiones y ha impedido que ningún interrogatorio llegue a celebrarse.

"Llevamos años viendo cómo la cuestión procesal sustituye a la investigación penal", denuncia la abogada de las familias, Alejandra Jacinto. "Nunca sabemos qué maniobra pueden intentar para evitar declarar. Han logrado frenar cualquier intento de interrogatorio durante cinco años, y eso impide avanzar en lo esencial, que es saber quién tomó las decisiones y con qué criterios", detalla.

La fragmentación judicial es otro de los grandes obstáculos. Tras la macrodenuncia presentada por 109 familias, la Fiscalía decidió trocear el caso en una causa por denunciante. El resultado es que hay 92 procedimientos repartidos por la Comunidad de Madrid. De ellos, 73 siguen en instrucción, una decena están pendientes de recursos en la Audiencia Provincial, cuatro han escalado al Tribunal Constitucional y cinco han sido desistidos.

Además, distintos juzgados han ido inhibiéndose en favor del Juzgado número 3 de Madrid, siguiendo la estrategia procesal impulsada por la defensa de Martínez Peromingo, que sostiene que todas las diligencias deben concentrarse en ese órgano. Sin embargo, el propio Juzgado número 3 ha rechazado en varias ocasiones hacerse cargo de esa acumulación, argumentando que no le corresponde absorber procedimientos tan heterogéneos.

Una posición que también defiende la defensa de Carlos Mur, diametralmente opuesta a la de Peromingo, ya que considera que cada caso debe investigarse en el juzgado del lugar donde residía la víctima, lo que consolidaría la dispersión actual y evitaría una macrocausa unificada. Esta divergencia entre los propios acusados —uno reclamando la acumulación y otro rechazándola— ha generado un conflicto procesal continuo que mantiene a los juzgados en una suerte de parálisis. 

"Que haya 92 procedimientos dispersos rompe la continencia de la causa y convierte la cuestión procesal en una barrera para investigar", valora Jacinto. "Necesitamos una macrocausa que permita abordar los hechos de manera coherente. Ahora mismo, la fragmentación solo provoca retrasos, recursos y más dilaciones", añade. La Audiencia Provincial deberá decidir si se unifican las causas o si continúa el actual laberinto judicial, que amenaza incluso con la prescripción de algunos de los procedimientos.

En 2000, con Manuel Fraga como presidente y Corina Porro como directora de Servicios Sociales, la Xunta adjudicaba a Geriatros —empresa impulsada por Caixanova que sería el origen de DomusVi— la gestión privatizada de la residencia de mayores de Ribeira, que comenzaría a funcionar en 2002.

El contrato era por diez años, pero tras 10 prórrogas la residencia sigue siendo gestionada por DomusVi y ahora la Consellería de Política Social acaba de convocar un concurso público para renovar su gestión, que podría continuar en manos de la misma empresa si presenta la mejor oferta.

El concurso público, por hasta 3,25 millones de euros al año, llega cinco años después de que la residencia registrase a finales de 2020 un gran brote de COVID-19 que la convirtió en el centro de gestión privatizada con más muertes de la pandemia, con 15 fallecimientos. Mientras, la Xunta acaba de desbloquear la construcción de una nueva residencia en la misma villa, anuncio que hizo solo cinco días después de que el PP quitase la alcaldía al BNG con una moción de censura.

La actual residencia pública de mayores de Ribeira, de la Xunta, cuenta con 106 plazas y viene siendo gestionada desde 2002 por DomusVi —entonces Geriatros—. El concurso público ahora convocado para renovar su gestión señala expresamente que en junio de este año “se formalizó la 10.ª prórroga del contrato” sin que el Gobierno gallego decidiese hasta ahora hacer una nueva licitación. En la ahora convocada, Política Social está dispuesta a pagar hasta 3,25 millones de euros al año inicialmente durante dos años, pero con posibilidad de prórrogas hasta un máximo de 5 años, lo que puede suponer un negocio total de unos 16,2 millones de euros.

El Gobierno gallego justifica, como viene haciendo en otros casos, que tiene dinero pero no personal propio suficiente para atender todas sus residencias de mayores, por lo que mientras algunas sí son cubiertas con personal público, otras, como esta, se entregan en concesión. No obstante, el concurso establece que “el contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación”.

La residencia de Ribeira, según datos oficiales revelados por Praza.gal, fue el centro de la Xunta de gestión privatizada que registró más muertes durante el primer año y medio de la pandemia de la COVID-19, con un total de 15 fallecimientos. Por delante solo hubo una residencia de la Xunta gestionada con personal propio, en Barbadás, y fue seguida de otras dos residencias públicas también en manos de DomusVi, las de Laraxe en Cabanas y Concepción Arenal en A Coruña, con 10 y 7 muertes respectivamente.

En Ribeira la Xunta viene estudiando desde hace años la construcción de una nueva residencia de mayores. El pasado junio, cuando parecía que estaba encarrilada, el Gobierno gallego frenó el proyecto alegando la existencia de supuestos riesgos de inundación en el lugar elegido que, en cualquier caso, la Xunta ya conocía desde que en 2021 aceptó la cesión de los terrenos realizada por el Ayuntamiento. El proyecto quedó paralizado hasta que en octubre, cinco días después de que el PP arrebatase la alcaldía de Ribeira al BNG con una moción de censura, la conselleira de Política Social se desplazó a su localidad natal para anunciar el desbloqueo de la residencia.

De momento el Gobierno gallego aún no ha detallado si su gestión será pública o privatizada, como viene haciendo con las residencias que está donando en las siete ciudades a la Fundación Amancio Ortega.

El Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid y el número 2 de Collado Villalba han citado a declarar la próxima semana en calidad de imputados a tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en dos causas donde se analiza si existió un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a los mayores enfermos que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia. El origen de estos procedimientos está en las actuaciones judiciales puestas en marcha por familiares de residentes que fallecieron durante aquella primera ola.

Los altos cargos imputados son Carlos Mur, firmante del conocido como 'Protocolo de la Vergüenza' que impidió el traslado a hospitales públicos de miles de residentes enfermos y que era, en marzo de 2020, director general de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo del 'Protocolo de la Vergüenza' y sucesor de Mur como responsable de Coordinación Sociosanitaria, y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable en el momento de la pandemia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), que se encargaba de gestionar las ambulancias públicas.

El martes 9 de diciembre, los tres están citados a declarar como imputados en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, a partir de las 10:00 horas. En dicho Juzgado se analiza la querella interpuesta por una familiar de una persona que vivía en la residencia Amavir Valdebernardo.

El miércoles 10 de diciembre, Mur, Peromingo y Ostalaza, deberán prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, también a partir de las 10:00 horas. En este caso, la querella fue presentada por una familiar de una persona que vivía en la residencia Sanitas Torrelodones.

En los procedimientos judiciales también se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.

En dos ocasiones anteriores, los tres ex altos cargos de Ayuso estaban citados como imputados, pero no prestaron declaración. Desde Marea de Residencias, confían ahora en que esos ex altos cargos "declaren finalmente ante la Justicia por la discriminación infligida" a quienes vivía en las residencias madileñas durante la pandemia.

El pasado 26 de mayo, debían comparecer como imputados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron después de que los imputados alegaran que no se les había dado traslado de las actuaciones.

Unas semanas más tarde, el 17 de junio, fue el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés quien suspendió las declaraciones de los tres ex altos cargos al decidir inhibirse precisamente en favor del Juzgado 3 de Madrid, al entender que éste “estaba investigando con anterioridad los mismos hechos”. El abogado de Martínez Peromingo es quien había solicitado la inhibición.

La decisión sobre cuál es el Juzgado competente para decidir sobre decenas de causas judiciales está pendiente de lo que decida la Audiencia Provincial de Madrid. El Juzgado 3 de Madrid no aceptó acumular las causas. Además, mientras Peromingo solicita que todos los procedimientos se acumulen en el Juzgado 3 de Madrid, Mur pide lo contrario y defiende que cada causa debe verse en el juzgado del lugar donde residía la víctima. En diversos procedimientos se han presentado recursos sobre las decisiones judiciales adoptadas, que son los que deberá resolver la Audiencia Provincial de Madrid. 

Los vecinos de Aluche llevan años reclamando un centro de día y un centro de mayores en el barrio. Después de multitud de quejas, escritos a la Junta de Distrito Municipal y manifestaciones, parece que han sido escuchados por parte del ayuntamiento pero con un gran pero, una gran jugada de trilerismo por parte del Ejecutivo de José Luis Martínez Almeida, porque el terreno escogido es el patio de un colegio.

El centro de mayores se construirá, o eso parece, según el presupuesto de 2026 que en su área de Obras destina un millón de euros, en lo que es una primera partida para su ejecución. ¿Dónde reside el problema? En que la parcela que ha elegido el Consistorio para construir este equipamiento es la misma que utiliza como patio el CEIP Amadeo Vives.

En ese patio, conocido por muchos alumnos como 'los campos rojos' por el color de las vallas que cierran el perímetro de la instalación, se imparten las clases de Educación Física, las extraescolares, se juegan las ligas municipales de fútbol y baloncesto y se organizan campamentos de verano y se utiliza como una parte más del patio.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid, reclama esos terrenos, que no pertenecen al colegio pero que el consistorio se los cedió hace casi 40 años cuando se inició la construcción del Centro Cultural Fernando de los Ríos y el CAD de Latina, colindantes al colegio.

Desde la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del Colegio Amadeo Vives no se explican cómo el Ayuntamiento ha elegido precisamente esta parcela, con el perjuicio que supone para el centro cuando unos cientos de metros más arriba, en la calle Camarena 277, hay otro terreno disponible y que desde 1979, esos terrenos siempre han estado reservados para equipamientos sociales y es el que las asociaciones han pedido que sea el elegido para albergar el centro de día y de mayores.

Las familias del colegio han iniciado una recogida de firmas bajo el lema "El Patio no se toca" para tratar de buscar una solución que satisfaga a todas las partes implicadas. Rubén González, portavoz de la AFA, asegura que las familias están muy preocupadas ante la posible desaparición de este espacio, ya que el resto de instalaciones del colegio no tienen capacidad suficiente para albergar todas las actividades que se están desarrollando en ese patio.

La Plataforma Vecinal por el Centro de Día y de Mayores en Camarena 277 también se suma a la AFA y denuncia que "el Ayuntamiento pretende eliminar un espacio deportivo del Colegio Público Amadeo Vives para construir un Centro de Mayores y seguimos exigiendo que se realicen ambos Centros en el espacio público de Camarena 277".

También los grupos de la oposición se han hecho eco de la obra que quiere realizar el Ayuntamiento de Madrid. Pedro Barrero, portavoz del PSOE en el distrito ha pedido "defender que el futuro Centro de Día y de Mayores de Aluche se construya en Camarena 277, tal y como se aprobó durante años, y no a costa de eliminar las pistas del patio", al igual que desde Más Madrid y Podemos animan a firmar la petición 'El Patio no se toca' y a "luchar por un centro adecuado para mayores sin sacrificar espacios infantiles".

Fuentes del Área de Obras y Equipamientos aseguran que se está trabajando para que la obra afecte lo menos posible a esa pista, insistiendo en que no pertenece al colegio. Señalan también que el colegio cuenta con dos patios que acaban de ser reformados por el distrito.