El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido no prorrogar la investigación sobre los famosos papeles del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que debido a los nuevos plazos legales llegará a su fin el próximo 29 de julio.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 ha optado por "no acordar la prórroga de la instrucción, sin perjuicio de la práctica y recepción de las diligencias ya acordadas", según un auto del jueves al que ha tenido acceso Europa Press.

Sin embargo, al mismo tiempo el magistrado ha recibido una serie de informes que podrían propiciar la petición de nuevas diligencias por las partes, de acuerdo con las fuentes consultadas. De ser así, Pedraz podría acordarlas antes de la fecha límite.

Las pesquisas se centran en las llamadas comisiones finalistas, es decir, en determinar si los donantes de la presunta caja b del Partido Popular daban dinero a cambio de adjudicaciones concretas.

En una de las últimas diligencias de esta causa, hace justo una semana Bárcenas implicó a todos los ministros de Medio Ambiente y de Fomento del PP en la trama al asegurar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.

En concreto, relató un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.

El posible conocimiento de la dirección del PP de la existencia de la caja b, los sobresueldos que habría cobrado parte de la cúpula del partido y la acusación de destrucción de los documentos que acreditarían esa financiación irregular serían los tres elementos sobre los que giraría el careo con el expresidente Mariano Rajoy que la defensa del extesorero Luis Bárcenas ha adelantado que solicitará a la Audiencia Nacional, a la vista de las más que previsibles contradicciones que plantearán las versiones de su cliente y del exjefe del Ejecutivo.

Todo forma parte de la nueva estrategia de defensa de Bárcenas, que ha optado por dinamitar el pacto de no agresión que ha mantenido en los últimos años con el PP y con sus exdirigentes a raíz de la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias, después de que el Tribunal Supremo la condenara en firme a casi 13 años de prisión. Es lo que explica el propio extesorero en el escrito que presentó la semana pasada en la Fiscalía Anticorrupción y que ha sido aportado este lunes al juicio por el pago con dinero negro de parte de la reforma de la sede central del partido en la calle Génova de Madrid.

Según Bárcenas, creyó "inocentemente en la promesa por parte del Partido Popular que se me hizo llegar sobre que Rosa [su esposa] no entraría en prisión gracias a las gestiones que ya se habían iniciado". De ahí que "firmara la paz con dicho partido político" y que retirara la acusación particular en el juicio por la destrucción de los discos duros tras su despido de la formación. En declaraciones al diario El Mundo el pasado fin de semana, afirmó que negoció "enterrar el hacha de guerra con el PP" con dos personas muy vinculadas actualmente al partido que le contactaron en diciembre de 2018, aunque no ha citado nombres concretos.

Ahora, sitúa la entrada en la cárcel de su mujer y las revelaciones de la operación Kitchen, el operativo policial sin control judicial que se puso en marcha tras su salida del PP para robarle documentación, como la chispa que ha llevado al extesorero a anunciar nuevas revelaciones sobre la financiación opaca del partido que él mismo gestionó durante casi veinte años, pero que estuvo en funcionamiento, según su versión, desde 1982. Y en esta nueva información que dice Bárcenas que va a contar, hay un nombre en el centro de la diana de las acusaciones del extesorero: Mariano RajoyMariano Rajoy.

Está previsto que Rajoy comparezca como testigo en el juicio que ha empezado esta semana por la reforma en b de la sede central del partido, a petición de las acusaciones populares y de la defensa del extesorero, y Bárcenas está dispuesto a protagonizar un careo con él ante el tribunal ante el convencimiento de que el expresidente va a negar todas estas acusaciones. Y eso que su abogado asegura que no quiere convertir la vista oral en un "circo mediático".

1. Caja b o financiación ilegal

Esta es la principal contradicción entre lo que asegura Bárcenas y lo que siempre ha venido defendiendo Mariano Rajoy, quien ha negado conocer la existencia de una caja b en el partido que presidió durante quince años, tanto en declaraciones públicas como en sede judicial. Ante la Audiencia Nacional lo hizo en julio de 2017, cuando todavía era presidente del Gobierno, en el juicio sobre los primeros años de actividades de la trama Gürtel, donde compareció como testigo. En aquella ocasión, afirmó que "jamás" supo nada de la presunta financiación opaca porque, según alegó, sus responsabilidades eran "políticas", no contables. Sin embargo, el tribunal cuestionó la credibilidad de su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que propició la moción de censura contra su Gobierno. Hace sólo cuatro meses, el Tribunal Supremo validó las pruebas de la caja B.

El extesorero tiene otra versión. Del expresidente asegura en su escrito a Anticorrupción que era "perfecto conocedor" de la financiación ilegal del PP, una acusación que ya hizo cuando confesó la autoría de los llamados papeles de Bárcenas ante el juez Pablo Ruz en julio de 2013. Sólo un par de semanas después de la confesión del extesorero en la Audiencia Nacional, Rajoy compareció en el Congreso, presionado por los acontecimientos. En aquella ocasión, proclamó sobre las acusaciones del extesorero: "Son falsas sus acusaciones, son falsas sus medias verdades y son falsas las interpretaciones de la media docena de verdades que emplea como cobertura de sus falsedades".

Ante las peticiones de dimisión de los grupos de la oposición, afirmó que no iba a declararse culpable y, sobre Bárcenas, resaltó: "Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué en mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía".

2. Sobresueldos en negro

Los supuestos sobres con dinero que, según Bárcenas, entregó a exdirigentes del PP por orden de su superior de entonces, Álvaro Lapuerta, es otra de las contradicciones que más que probablemente saldrán a relucir durante el juicio y que justificarían la petición de un careo para la defensa del extesorero. En el escrito de la semana pasada, él llama "complementos salariales" a los sobresueldos y subraya que los recibieron Rajoy, María Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García-Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo. Por esto mismo, todos ellos serán citados como testigos a petición de las acusaciones populares.

Lapuerta falleció en 2018 sin reconocer nada ante los jueces, pero Bárcenas asegura que el que fue su jefe durante casi dos décadas sí habló con alguien de la caja B y de los sobresueldos que recibían altos cargos del partido. En su escrito a la Fiscalía, explica que existe una grabación que él ha escuchado y que está en poder de "una persona".

Ha sido en la primera sesión del juicio por el pago en negro de las obras de la sede cuando el abogado de Bárcenas ha revelado que la grabación estaría en posesión del periodista Francisco Mercado, por lo que ha solicitado su comparecencia como testigo. En el audio se escucharía a Lapuerta explicar cómo pagó sobresueldos en metálico a dirigentes como Mariano Rajoy. La defensa de Bárcenas, que reconoce que no tiene la cinta, también ha pedido otras testificales de otros periodistas que aseguran haberla escuchado, como Eduardo Inda, Ernesto Ekaizer y Marisa Gallero.

Después de que se publicaran las primeras informaciones periodísticas sobre los presuntos sobresueldos y los papeles de Bárcenas, fueron numerosas las ocasiones en las que se preguntó a Rajoy, por entonces presidente del Gobierno, por este asunto. Una de las más recordadas fue en la que un fallo de cálculo le llevó a manifestar: "Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a algunos compañeros míos de partido que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es lo que han publicado los medios de comunicación". A continuación, añadió: "Dicho de otra manera, es total y absolutamente falso".

3. Destrucción de papeles

Bárcenas no sólo afirma que Rajoy era "perfecto conocedor" de la caja B, sino que destruyó personalmente los documentos que así lo acreditaban, "sin saber" que el extesorero se guardaba una copia. Es lo que ha dicho ahora en su escrito a Anticorrupción, pero ya lo había manifestado en julio de 2013 durante la instrucción de la causa de la caja b ante el juez Ruz. De hecho, en ambos casos habló de que Rajoy utilizó una trituradora de papel, pero difiere en las fechas: en 2013 dijo que los hechos ocurrieron en 2010, mientras que la semana pasada los encuadra en 2009.

"En 2009 tuvimos una reunión en su despacho en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esta documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esta documentación, gran parte de la cual me ha sido sustraída del estudio de mi mujer cuando entraron a robar en el mismo”, explica Bárcenas.

Y 'Kitchen', ¿qué?

La operación Kitchen, que está todavía en investigación en la Audiencia Nacional, no estará exenta de aparecer en el juicio del pago en negro de la reforma de la sede de Génova. De hecho, la defensa de Bárcenas ya la ha sacado a colación en la primera sesión, remarcando que “ingente documentación, papeles, grabaciones y pendrives” que el extesorero tenía en su poder sobre la caja b del PP fue “sustraída” en el marco de esa operación, en la que están implicados miembros del Ejecutivo del PP y mandos policiales. Después ha admitido que esa “sustracción” supone un “déficit” a la hora de valorar la credibilidad de su cliente, que en su escrito a Anticorrupción.

No es descabellado pensar que a Rajoy también le preguntarán por este asunto cuando declare como testigo. Sería la primera vez que el expresidente tuviera que responder a preguntas al respecto, ya que la pieza 7 del caso Villarejo se abrió cuando ya había dejado La Moncloa y en algún acto público posterior en el que se le ha consultado sobre el tema ha declinado hacer declaraciones. Imputados en la Kitchen como los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño han dado a entender en sus declaraciones o en audios intervenidos por los investigadores que Rajoy estaba al tanto del operativo.

Primero deberá declarar Mariano Rajoy, tras lo cual la defensa de Bárcenas deberá decidir si cumple su amenaza de solicitar el careo, tras lo cual será el tribunal –formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García– el que deberá decidir si lo acuerda o no. Es poco frecuente que los tribunales acuerden careos durante los juicios. La última vista oral mediática en la que se solicitó un careo fue el del proceso independentista catalán en el Tribunal Supremo, cuando la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn pidió uno entre el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y el que era número dos de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, Ferran López. Los magistrados no lo aceptaron.

El que sí se llevó a cabo hace 22 años fue el que tuvo lugar entre José Barrionuevo, exministro del Interior, y Julián Sancristóbal, quien declaró en calidad de exgobernador civil de Vizcaya, pero que también fue director general de Seguridad, durante el juicio por el secuestro del empresario Segundo Marey a manos del GAL. No en juicio, sino en fase de instrucción, la Audiencia Nacional fue testigo de otro careo, el que enfrentó al exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado Francisco Martínez por la operación Kitchen.

Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, años de los liderazgos de José María Aznar, primero, y Mariano Rajoy, después. Estos son los años que él fue gerente del partido –sólo fue tesorero en el último año– y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero en su reciente escrito habla de un "sistema institucionalizado de financiación con percepciones en B" cuyos orígenes se remontan a 1982, fondos que "se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

Entre estos empresarios, la inmensa mayoría constructores, que señala Bárcenas figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi;Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia.

Investigando desde 2013

La causa que se denominó los papeles de Bárcenas se abrió a principios de 2013 a raíz de una querella presentada por IU tras la publicación en el diario El Paísde las anotaciones de la caja B que Bárcenas reconoció como propias y un informe pericial caligráfico confirmó después. Aparte de sobresueldos a dirigentes del PP, en esos papeles aparecían reflejadas entradas de dinero en la contabilidad opaca que manejaron el extesorero y su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta y que serían las supuestas donaciones que empresarios, la inmensa mayoría del sector de la construcción, hicieron durante años al partido. Con estos pagos en efectivo, se habrían pagado los sobresueldos –"complementos salariales", como los llama Bárcenas–, campañas electorales y otros gastos como reformas de sedes de la formación.

La Audiencia Nacional determinó que fuera el juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5, el que se hiciera cargo de la investigación –ya tenía en sus manos el caso Gürtel–. En este marco se produjo, después de meses eludiendo reconocer nada de lo reflejado en sus anotaciones, la explosiva declaración de Bárcenas de julio de 2013 en la que reconoció un buen número de irregularidades en la financiación del PP y el pago de sobresueldos, a veces de miles de euros, en sobres ajenos al control de Hacienda. 

En dos años de instrucción, el magistrado imputó a Bárcenas y Lapuerta, así como a la veintena de empresarios que aparecían en la documentación publicada. Aunque consiguió acreditar la existencia de la caja B y las donaciones, finalmente tuvo que cerrar provisionalmente la pieza con respecto de los constructores al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas, lo que implicaría un delito de cohecho. En el mismo auto, envió a juicio a los extesoreros –Lapuerta falleció tres años después– por el pago con dinero negro de la sede central del PP en la calle Génova, una vista oral que por fin comienza el próximo lunes y en la que el partido se sienta en el banquillo como presunto responsable civil subsidiario.

Caja B acreditada desde 2015

"De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B", explicaba Ruz en el auto de sobreseimiento provisional.

En esta provisionalidad está la clave, pues dos años después llegó la reapertura. A petición de las acusaciones populares –IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)–, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular del Juzgado Central 5, José de la Mata, acordó dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento de 2015 y retomar la investigación después de las revelaciones del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y del empresario Alfonso García Pozuelo en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta. En concreto, Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración pública para lograr adjudicaciones, todo ello a cambio de comisiones que repartió con el intermediario Plácido Vázquez, con el propio extesorero y con el PP.

Este auto supuso que los empresarios señalados en la fase anterior de la instrucción volviesen a estar investigados en esta pieza, como así figura en la documentación de la causa consultada por infoLibre. La inmensa mayoría de los supuestos donantes negaron tales pagos durante la instrucción, a pesar de que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero ahora la nueva maniobra del extesorero del PP les vuelve a colocar en primera línea, sobre todo por esta frase del escrito que ha enviado a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación". Si Bárcenas concreta cuáles son esos pagos finalistas, los empresarios concernidos podrían empezar a tener problemas.

Los veinte donantes y sus pagos

El auto de archivo del juez Ruz que después quedó sin efecto hacía una relación pormenorizada de los empresarios y las donaciones que habrían hecho al PP, siempre según las anotaciones de Bárcenas, en las que aparecen tanto en pesetas como en euros, ya que muchos se remontan a antes de 2002:

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, cuyos pagos aparecen registrados en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.

José Luis Sánchez Domínguez, de Sando, quien aparece registrado como donante entre los años 2002 y 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de 1.250.000 euros.

Manuel Contreras Caro, consejero delegado del Grupo Azvi, supuesto donante entre 2002 y 2008, por un importe total de 858.000 euros.

Luis del Rivero, presidente de Sacyr, habría donado al PP 480.000 euros entre los años 2003 y 2007.

Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. Él sí reconoció en el juicio de Gürtel pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Aparece registrado como donante entre los años 1998 y 2006 por un total de 258.161,94 euros.

Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, figura registrado como aportante entre 2000 y 2004, con un importe de 348.111,33 euros.

José Mayor Oreja, de FCC. Sus presuntos pagos datan del año 2008 por un total de 165.000 euros.

Vicente Cotino, vinculado a SEDESA, aparecería relacionado con la aportación registrada a nombre de Juan Gabriel Cotino fechada el 11 de marzo de 2004 por un importe de 200.000 euros.

Antonio Vilela Jerez, vinculado a Construcciones Rubau, figura registrado como donante en 2004 por un importe total 100.000 euros.

Rafael Palencia, vinculado a Degremont Iberia, del que aparecen pagos en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 164.167 euros. 

Cecilio Sánchez Martín, vinculado a FCC, figura registrado en el año 2001 con una única aportación por 30.050,61 euros.

Camilo José Alcalá Sánchez, vinculado a CYOPSA SISOCIA, del que aparecen dos aportaciones por un importe total de 150.000 euros en 2003.

José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, quien figura como aportante en 2003 y 2004 con una cuantía total de 54.000 euros.

José Luis Suárez Gutiérrez figura en relación a una entrega vinculada a COPASA, fechada en marzo de 2004, por un importe total 75.000 euros.

Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas, figura por una aportación en 2004 por 60.000 euros.

Antonio Pinal Gil, vinculado al grupo Bruesa, habría donado 24.000 euros en el año 2006.

Emilio Álvarez López, también de Bruesa, figura registrado como aportante en el año 2006 y también por un total de 24.000 euros.

Ignacio Ugarteche González de Langarica, del grupo Urazca, cuya donación habría sido de 90.000 euros en 2007.

Ramón Aige Sánchez, vinculado a SORIGUE-ACSA), del que figuran aportaciones en los años 2003 y 2008 por un importe total de 254.000 euros.

En los papeles de Bárcenas también figura Pablo Crespo, quien ocupara el cargo de secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel. Sus aportaciones habrían sido en 1999 y 2000 por 156.263,15 euros.

Una veintena de contratos, bajo la lupa

Antes de que Bárcenas remitiera su escrito a Anticorrupción y se comprometiera a colaborar con la investigación, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio el pasado diciembre un impulso a las pesquisas sobre la caja B del PP. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenó indagar en la más de una veintena de contratos firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los donantes mencionados, Alfonso García Pozuelo. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.

Se trata de los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Según el sumario de la causa consultado por infoLibre, Pedraz ya tiene sobre la mesa la documentación relativa a Educación.

2009 fue un año clave para la política española como consecuencia de las revelaciones del caso Gürtel, un entramado de corrupción que apuntaba a varios altos cargos del PP como ejecutores y beneficiarios del amaño de contratos públicos y el saqueo de los fondos públicos gracias a la red de empresas de Francisco Correa. En la actualidad, solo una de las piezas de esta macrocausa ha finalizado, a expensas eso sí de los recursos ante el Tribunal Supremo.

¿Qué pasó?

El 8 de febrero de 2021 comenzará el juicio por la supuesta contabilidad B del PP, ocho años después de que El País publicara los llamados papeles de Bárcenas y el caso Gürtel, destapado por el juez Baltasar Garzón en 2009, se complicara aún más. La trama de corrupción que ha marcado la imagen pública del Partido Popular en la última década es un entramado de nombres, condenas, testigos y reemplazos de jueces y magistrados que aún está lejos de terminar.

A la cabeza, el empresario Francisco Correa, apodado don Vito, que fue declarado cabecilla y autor intelectual de una trama que, según la sentencia de mayo de 2018,creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido [PP], aquí enjuiciados, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente a través de terceras personas". El pasado mes de marzo, el juez de la Mata acabó de instruir una segunda causa concluyendo que Correa se había llevado unos 30 millones de euros en comisiones gracias a sus tratos con el PP. Desde que se abriera el caso, se ha imputado a 37 personas, de las que 29 ya han sido condenadas y están en prisión, algunas de ellas, como el propio Correa o Luis Bárcenas, a la espera de varios juicios más.

La sentencia por la llamada Época I de la Gürtel fue además la tumba política de Mariano Rajoy, que tuvo que dejar La Moncloa en 2018 tras perder una moción de censura impulsada por el PSOE.

¿Cómo se desarrolló el caso?

En 2009, el juez Baltasar Garzón destapó una trama de corrupción en el seno del Partido Popular y se puso al frente de la investigación de la Audiencia Nacional. En ese primer momento, cinco personas fueron detenidas. Entre ellos, dos nombres se repetirían hasta la saciedad durante los diez años siguientes: Francisco Correa Sánchez, empresario y organizador habitual de eventos del Partido Popular hasta el año 2003; y Pablo Crespo Sabaris, exsecretario de Organización del PP en Galicia. Además, 30 personas fueron imputadas.

El origen de las investigaciones se encontraba en más de 80 horas de grabaciones que el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas había entregado a la Policía en 2007. Gracias a ellas, se fueron abriendo diferentes ramificaciones de corrupción política: a nivel nacional del partido, en Madrid y en Valencia, lo que obligó a que el entramado judicial fuera aún más complejo, dando bandazos entre la Audiencia Nacional y los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Ricardo Costa y el entonces president de la Generalitat Valenciana, Francsico Camps, fueron acusados por ejemplo de recibir trajes a medida como regalo a cambio de diferentes favores. Estas acusaciones llevaron a la dimisión de Camps en julio de 2010, aunque el jurado terminó por absolverlo de esta causa en 2011 por una relación de cinco votos frente a cuatro. No obstante, más tarde su nombre volverá a salir a la luz en otro caso de supuesta corrupción política.

En 2011, Garzón fue apartado de la investigación del caso Gürtel y de la carrera judicial. El Tribunal Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación profesional por haber realizado escuchas a los encarcelados durante reuniones con sus abogados, una práctica que consideró propia de "sistemas totalitarios". Tras un breve periodo en el que Antonio Pedreira tomó las riendas del caso, fue el juez Pablo Ruz quien finalmente se puso al frente de la Gürtel.

'Época I' del 'caso Gürtel'

La investigación de este caso se extendió durante casi diez años. Cuando por fin se dictó sentencia firme era mayo de 2018 y en la vista había testificado incluso Mariano Rajoy, Correa fue condenado a 51 años y 11 meses de prisión como cabecilla de la trama. Su número dos, Pablo Crespo, fue condenado 37 años y medio, mientras que el tercero en discordia, Álvaro Pérez, el Bigotes, quedó absuelto de la acusación de cohecho.

Entre 14 y 38 años de cárcel oscilaron las penas al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, el contable José Luis Izquierdo y el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda. La exministra de Sanidad, Ana Mato, se libró pero fue condenada a pagar una multa de 27.857 euros, la cantidad de la que se habría beneficiado por los regalos a su exmarido, Jesús Sepúlveda. Durante su intervención en el juicio, Mato siempre negó conocer el salario de su expareja o participar activamente de esos regalos, aunque algunos fueran fiestas y vacaciones familiares: "Cada uno se hace cargo de sus gastos personales".

Por su parte, el Partido Popular, como persona jurídica, resultó culpable de ser beneficiario de un "sistema de corrupción institucional", según el fallo de la Audiencia Nacional, que cerró así la llamada Época I de la macrocausa Gürtel. Además, consideró que se cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

Los 'papeles de Bárcenas'

Luis Bárcenas, por entonces tesorero del PP, fue llamado a declarar como imputado en 2009 y disfrutó de un abogado costeado por su partido. En abril de 2009 se dio de baja como militante del PP y en agosto de ese mismo año recibió una exculpación provisional, pero su caso volvió a abrirse.

El 18 de enero de 2013, El Mundo publicó en portada el titular que más complicó la ya de por sí compleja trama Gürtel: "Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la cúpula del PP". Menos de 15 días después, El País publicó los conocidos como papeles de Bárcenas, en los que se detallaba la actividad ilegal de la caja B del Partido Popular. Los documentos revelados señalaban a Rajoy, María Dolores de Cospedal, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes como algunos de los beneficiarios de estos sobresueldos. Este descubrimiento obligó a abrir una línea de investigación independiente de la Gürtel para destapar la verdad sobre la contabilidad secreta del partido y sus beneficiarios.

Durante los días siguientes, el PP negó públicamente que nada de ello fuera cierto a través de las declaraciones de María Dolores de Cospedal. El 2 de febrero, Mariano Rajoy compareció sin preguntas de los periodistas e insistió una y otra vez en que "todo es falso". Dos días después, sin embargo, rectificó ligeramente: "Todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros del partido mío que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación".

En abril de ese mismo año, y después de haber sido llamados a declarar tanto Bárcenas como Álvaro Lapuerta —tesorero del PP que precedió a Bárcenas en el puesto—, un informe caligráfico determinó que el extesorero del PP era el autor de los polémicos papeles. Dos meses después, Bárcenas ingresó en prisión. Se sucedieron entonces los sonados SMS en los que Mariano Rajoy le mostraba su apoyo: "Luis, sé fuerte". Una comunicación de la que se arrepentiría luego públicamente: "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía". Las palabras del expresidente del Gobierno llegaron semanas después de que Bárcenas arremetiera contra el partido y declarara que había pagado a Rajoy y Cospedal unos 50.000 euros en B durante el año 2010.

El 1 de agosto de 2013, el PP entregó los ordenadores desde los que trabajaba el extesorero en la sede de Génova, pero los discos duros estaban vacíos. La investigación reveló que habían sido formateados 6 días después de que Bárcenas entrara en prisión.

El 22 de noviembre, el juez Ruz confirmó indiciariamente la contabilidad B del PP y señaló a Bárcenas y Lapuerta como encargados de esta caja como gerente y tesorero, respectivamente. Estos indicios, a los que Ruz calificó como una práctica “continuada en el tiempo”, fueron ratificados definitivamente por la Fiscalía Anticorrupción en 2017. No obstante, en 2016 se archivó la denuncia contra Lapuerta, que tenía entonces 88 años, considerando demencia sobrevenida.

En diciembre, y tras una reiterada negativa del partido a colaborar, el juez Ruz envió a la Policía Nacional a registrar la sede del PP de la calle Génova en busca de información relevante para la trama. Durante 14 horas, los agentes recabaron la documentación requerida por la Audiencia Nacional y la escanearon para su investigación judicial.

El 23 de enero de 2015, Bárcenas salió de la cárcel y en una de sus primeras declaraciones públicas afirmó: "Cómo no va a conocer la contabilidad del PP el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova, y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro. Cómo no iba a conocer la contabilidad del partido".

Ya en 2016, el PP tuvo que pagar una fianza de 1,2 millones de euros como parte de su obligación como responsable civil subsidiario de la trama Gürtel, aunque seguía negando todo lo referente a los papeles de Bárcenas —es entonces cuando Rajoy insiste en que son "casos aislados"—. El interesado, por su parte, seguía confirmando en 2017 la existencia de la caja B y el conocimiento del partido, pero negaba haberse llevado "ni un céntimo". El 14 de octubre de ese año, el PP pide la nulidad de la Gürtel al completo, sin éxito.

La visita del papa a Valencia

En julio de 2006, el papa Benedicto XVI visitó Valencia. Como parte de los gastos en preparativos y decoración, el Canal 9 contrató una serie de pantallas gigantes para transmitir las palabras del pontífice. Lo hizo a través de Teconsa, una de las empresas pantalla que operaban en la red Gürtel por la que se calcula que pudieron llegar a repartirse 3,3 millones de euros entre los cinco responsables principales: Correa, Crespo, el Bigotes, Pedro García Gimeno —director de Radiotelevisión Valenciana (RTVV)— y Ramón Blanco Balín.

La vista oral para juzgar estos hechos comenzó el pasado 9 de marzo, apenas unos días antes de que la pandemia de coronavirus paralizara el país, y que tiene, por el momento, 22 procesados en el punto de mira. La Fiscalía pide 40 años de prisión para Gimeno, 38 para Correa, 37 para Crespo y El Bigotes y 18 para Balín. Gimeno admitió el pasado 27 de julio haber recibido "instrucciones políticas" para la adjudicación del contrato de las pantallas gigantes y el sistema de megafonía a una empresa de la Gürtel.

La Fiscalía también ha señalado a un posible responsable político, Juan Cotino, para quien piden 11 años de cárcel. Aunque en 2006 ostentaba el cargo de consejero de Agricultura y no tenía, por tanto, competencia sobre la visita del Papa, afirman que "impulsaba activamente y gestionaba de facto la contratación de los actos de la visita". Cotino no podrá ser juzgado porque falleció el pasado mes de abril a causa del covid-19.

Francisco Camps volvió al foco de atención por este caso. Prestó declaración en calidad de investigado y se desmarcó de cualquier vínculo con las contrataciones irregulares. No obstante, la Fiscalía ha considerado que faltó "palmariamente a la verdad" y ha instado a la Audiencia Nacional a investigarlo.

¿Cómo se informó de ello?

Los medios de comunicación tuvieron un papel central en las revelaciones de los papeles de Bárcenas. Primero El Mundo y después El País, se convirtieron en altavoces de las investigaciones judiciales. Después, y durante los últimos 11 años, la prensa ha tenido diferentes actitudes frente a la corrupción política. Un estudio publicado en la revista de comunicación Eu-topías en 2014 señala que los medios bebieron en exceso del discurso parlamentario, dejando que la estrategia política —basada en "desviar la atención del núcleo central del tema a través de la utilización de las emociones y simplificando argumentos"— marcara la agenda informativa.

Según la autora, los medios se plegaron a la "victimización" de Camps y trasladaron "su campaña heroica en defensa de su verdad y por la consecución de la candidatura". No obstante, esta investigación solo tiene en cuenta aquellos matices que "unen" el discurso mediático y señala que existen "obvias diferencias" entre la prensa de diferente ideología.

¿Qué consecuencias tuvo?

37 personas fueron imputadas por la llamada Época I del caso Gürtel, la única que tiene resolución judicial en la actualidad. De ellas, 29 han entrado en prisión y cumplen penas que suman en total 351 años; muchas de ellas con previsión de alargarse según vayan concluyendo los siguientes procesos judiciales. Sin ir más lejos, Luis Bárcenas está cumpliendo en prisión una pena de 30 años, pero la Fiscalía pide cinco más por su implicación en el manejo de la caja B del Partido Popular.

Las revelaciones de la Gürtel, entremezclada en ocasiones con la trama Púnica, dejaron también tocada a Esperanza Aguirre, en el momento de los hechos presidenta de la Comunidad de Madrid. Dos exalcaldes y una empleada de Gürtel aportaron en julio de este año al juez García-Castellón más pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Aguirre. Anticorrupción estableció conexiones entre la red que dirigía Francisco Correa y la trama Púnica. El escrito entregado a Anticorrupción por Guillermo Ortega, preso por su condena en Gürtel, definió por ejemplo como "un pitorreo" los arrendamientos de locales que hacía una empresa pública dependiente de un organismo de la Comunidad. Mariano Rajoy, señalado por los papeles de Bárcenas como uno de los beneficiarios de la contabilidad B del PP, tampoco se escapa. José Luis Peñas, el exconcejal que dio el soplo inicial sobre las irregularidades del partido, le calificó como "el mayor responsable político de la trama".

La macrocausa Gürtel ha propiciado la dimisión o destitución de varios cargos públicos, aunque la salida más importante fue precisamente la de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno se enfrentó em junio de 2018 a una moción de censura presentada por el PSOE de Pedro Sánchez poco después de la primera sentencia por el caso Gürtel. Era la primera vez en la historia de la democracia en que una moción de censura salía adelante.

¿Qué aprendimos?

Las diferentes tramas de corrupción que se enmarcan en la macrocausa Gürtel están lejos de cerrarse. Este mismo mes de julio seguía en curso el juicio por la visita del papa a la Comunitat Valenciana en el año 2006 y aún queda pendiente el juicio por el caso de los papeles de Bárcenas, que se ha fechado para el 8 de febrero de 2021. Por tanto, las consecuencias finales están aún por determinar.

La corrupción, que hace poco más de un año se posicionaba como la segunda causa de preocupación de la ciudadanía, como apunta el CIS de abril de 2019, ha pasado a un plano secundario. El barómetro del CIS del pasado 25 de marzo demuestra que los tres principales problemas de los españoles son el paro, problemas de índole económica y la sanidad. Después, con un 16,9%, se sitúa la corrupción. Puede que la crisis del coronavirus haya acrecentado la preocupación general por el empleo y el estado de la sanidad, pero la corrupción como problema social lleva una tendencia a la baja desde finales de 2014.

En este gráfico de EPdata, que recoge la posición de la corrupción en el ránking de problemas ciudadanos del CIS desde 1995, se pude observar cómo la corrupción alcanza un primer pico de atención en 2009, con el inicio de la investigación sobre Gürtel, y cobra fuerza en la conciencia española especialmente entre 2012 y 2014, cuando se llega a un máximo del 63,8%.

A pesar de que el desarrollo de esta y otras causas de corrupción política no han dejado de aparecer en los medios durante los últimos 11 años, la población ha cambiado de intereses y se va perdiendo paulatinamente la sensación de que sea una cuestión verdaderamente relevante. De nada sirven llamadas de atención como la que sucedió en abril de 2019, cuando se proyectó la imagen de los papeles de Bárcenas sobre la fachada de la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor de Madrid bajo la frase "Que no vuelvan".

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este domingo que su partido "no está preocupado" por las nuevas revelaciones de la operación Kitchen que el diario El Mundo publica en la edición del lunes. "Tenemos que mirar a futuro", ha añadido.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, el número dos de los "populares" ha explicado que "todas las informaciones" relacionadas con esta operación --que gira en torno al extesorero del PP Luis Bárcenas-- serán "tratadas bajo la transparencia, la rendición de cuentas y la honradez que caracterizan" a la formación liderada por Pablo Casado.

En concreto, García Egea ha sido preguntado por la información que el diario lleva en la portada de este lunes, y que habla sobre el robo de la agenda digital de Bárcenas --con datos personales entre 2009 y 2013-- por parte de la Policía.

Siempre según la información de El Mundo, el extesorero habría reflejado en ella todos sus encuentros desde meses antes de su primera imputación en el caso Gürtel. En esas reuniones, se habría visto con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y con otros cargos del partido como Jesús Sepúlveda, Álvaro Lapuerta, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos o Ana Mato.

"De todos los que ha nombrado ahí solo he conocido y estrechado la mano a Álvarez Cascos y a Arenas. El resto estaban en el PP cuando yo nací", ha señalado el secretario general de los "populares" tras ser cuestionado.

En aquellos años, el director general de la Policía Nacional era Ignacio Cosidó, el actual portavoz del PP en el Senado. "Tenemos que mirar a futuro. El PP desde luego no está preocupado", ha señalado, para después decir que tampoco cree que Cosidó esté preocupado.

IU, que ejerce la acusación popular en la causa que investiga la presunta financiación ilegal del PP, ha solicitado al juez instructor, José de la Mata, que cite en calidad de testigo al candidato del PP a la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, después de que el exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido como "el Albondiguilla", declarase ante el mismo magistrado que en 2005 informó de que el entonces tesorero del partido, Luis Bárcenas, lo estaba presionando para adjudicar contratos a empresas concretas, supuestas donantes del PP.

Según explica IU en el escrito entregado a De la Mata, González Panero puso de manifiesto las citadas presiones, "de indudable gravedad y repercusión penal", a diferentes personas, entre los que se encuentran el que fuera secretario del Ayuntamiento de Boadilla, Manuel Horrillo; el responsable de Política Local del PP en 2005, Juan Manuel Moreno Bonilla; su chofer del vehículo municipal, Ricardo Aguilar; el exteniente de alcalde Miguel Ignacio González Sánchez Zorita, asi como en 2009 al hoy diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro.

En concreto, el exalcalde explicó el pasado miércoles al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 "cómo Bárcenas le presionó en 2005 con ocasión de la adjudicación de un contrato para Constructora Hispánica por parte del Ayuntamiento de Boadilla", realizando dos llamadas con las que, a juicio de IU, le querían "inducir al cohecho". Tal y como explicó el propio González Panero en declaraciones a los medios de comunicación tras su comparecencia judicial, en esas llamadas el extesorero le "solía decir que las empresas en cuestión ayudaban al partido, colaboraban con el partido en campañas electorales", que al PP le "interesaba que les fuese bien" y que "a ver qué se podía hacer".

'Concierto entre Bárcenas y Correa'

Entre esas llamadas del extesorero, añade la acusación popular, "Francisco Correa ofreció a González Panero cien millones de pesetas (600.000 euros) por adjudicar ilícitamente el contrato por el que Bárcenas también estaba presionado, deduciendo de forma racional el exalcalde que existía un concierto entre Bárcenas y Correa". "Además, el testigo relató como también en ese mismo año Bárcenas volvió a llamarle para que adjudicase una licitación a la empresa Begar", añade IU.

Igualmente, el exalcalde relató al juez cómo a finales de 2006 o principios de 2007 fue llamado para que acudiese a la sede del PP en la calle Génova para reunirse con Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas y que en dicho encuentro los tesoreros del partido "le presionaron para que realizase en su ayuntamiento adjudicaciones en favor de las empresas Teconsa y Bruesa". "Además de todo ello, también manifestó presiones para realizar adjudicaciones, entre otras empresas a OHL, por parte de los ex presidentes de la Comunidad de Madrid Ignacio González o Esperanza Aguirre o por parte de personas de su entorno", añade IU en su escrito. Por eso, la acusación popular reclama al juez que cite como testigos a todas las personas anteriormente referidas a las que González Panero habría relatado las "presiones" que dice haber recibido del extesorero del PP.

El extesorero del PP Álvaro Lapuerta ha fallecido a los 90 años este sábado en Madrid, según adelantó esta mañana eldiario.es y recogió Europa Press. Ya había sufrido una caída en 2013 que le dejó en coma durante varios días.

Lapuerta, tesorero de los conservadores entre 1993 y 2008, fue el sucesor de Rosendo Naseiro y antecesor de Luis Bárcenas. El exresponsable económico del PP fue señalado en varias ocasiones por imputados en el juicio del caso Gürtel como presunto responsable de "irregularidades en la financiación" del partido, pero la Audiencia Nacional archivó la causa contra él en 2016 debido a su mal estado de salud y su "demencia sobrevenida".

Así lo señaló durante su intervención en la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, en respuesta al portavoz de ERC Gabriel Rufián, quien le preguntó sobre las revelaciones que, durante este asunto, realizó la pasada semana en la Audiencia Nacional la ex directora general de Medios de Comunicación de la comunidad Isabel Gallego, quien estuvo en ese puesto durante la etapa de Aguirre y también de González.

"Ustedes, muy cutres, pagaron campañas para blanquear su imagen en redes sociales mediante empresas pantalla", espetó Rufián a González, quien respondió tildando ese argumento de "absolutamente falso". "Jamás he conocido a De pedro, sus trabajos, ni he ordenado a nadie que le contratara", agregó el expresidente, antes de recalcar que tendrá que ser Gallego quien aclare si su confesión es verdad o mentira. "Yo lo que conozco es lo que le estoy contestando", zanjó.

Antes, durante el interrogatorio del diputado de Bildu Oskar Matute, González ya había recalcado que mientras él fue presidente del Canal de Isabel II esta empresa nunca abonó nada por trabajos ajenos a la misma.

El pasado jueves Gallego, imputada en el caso Púnica, reconoció ante el juez Manuel García Castellón pagos a través de contratos de publicidad del Canal Isabel II a la empresa EICO del informático Alejandro de Pedro (vinculado a la trama Púnica) a cambio de trabajos de reputación online de Aguirre y del propio González.

En concreto, señaló que fue en marzo o abril de 2012 cuando Borja Sarasola, entonces viceconsejero de la Vicepresidencia de la región y número tres del PP de Madrid, le habló de la empresa de De Pedro para atender las redes sociales.

Sarasola pactó con De Pedro

Según su declaración, los contactos con De Pedro comenzaron entonces, cuando ella trabajaba para Aguirre, la cual dimitió pocos meses después, en septiembre de 2012. Por eso, cree que la empresa de De Pedro "no hizo ni un solo trabajo para Aguirre", ya que "la actividad comienza precisamente tras su dimisión".

Esperanza Aguirre fue sucedida en el cargo por González, quien situó a Sarasola al frente de la Consejería de Medio Ambiente. Según la exdirectora de Comunicación, Sarasola pactó desde el principio con De Pedro "la oferta económica de los trabajos reputacionales de Aguirre y González, así como los métodos de pago, que pasaban por adjudicatarias del Canal de Isabel II".

Antes de asegurar que fuera falso que se usaran "empresas pantallas" para pagar esas campañas de reputación online y a preguntas del diputado de Bildu Oskar Matute, González había dicho desconocer las revelaciones de Gallego ante el juez porque "no se han hecho públicas" y además la imputada no ha terminado de declarar.

Fue con posterioridad a su salida del Canal

Cuando Matute le replicó que él las habrá podido leer en la prensa, González añadió que "hasta donde" él sabe por esas "informaciones periodísticas" los pagos a los que se refirió Gallego se hicieron cuando él ya había dejado la Presidencia del Canal, lo que ocurrió en septiembre de 2012 cuando fue elegido como sucesor de Aguirre.

"Eso (la confesión de Gallego) es con posterioridad a mi salida del Canal, por lo tanto, desconozco. No soy consciente y, bajo mi Presidencia, hasta donde yo conozco nadie ha pagado nada que no fueran los servicios que había contratado el Canal", aseveró González.

Matute le preguntó también si conocía a Sarasola. "Le veo venir, señoría, usted me quiere llevar a las declaraciones de Granados sobre el núcleo de hierro", le interrumpió el compareciente aludiendo a las palabras del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, quien le situó en el núcleo duro de la dirección de las campañas de 2007 y 2011, junto con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la actual, Cristina Cifuentes.

"Cada uno tenía sus responsabilidades y el núcleo éramos todos los miembros del partido y de la dirección", sentenció, antes de añadir que "a parte de los chascarrillos", en la Comunidad de Madrid, cada uno ejercía las funciones que tenía asignadas en función de su cargo. "Las mías eran la Vicepresidencia del Gobierno", zanjó.

Lapuerta tenía un "especial interés" en los contratos de la Comunidad

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González declaró este martes en el Congreso de los Diputados que le llamó la atención que quien fue tesorero nacional del PP entre 1993-2008, Álvaro Lapuerta, tuviese "especial interés en conocer los asuntos que eran propios de la gestión ordinaria de la Comunidad en cuanto a contratación y desarrollos urbanísticos", informó Europa Press.

En su comparecencia en la comisión de investigación sobre la presunta financiación del PP en el Parlamento, González incidió en que mientras era consejero regional no le parecía "razonable" que Lapuerta estuviese "permanentemente, con alguna asiduidad, interesándose en algunos proyectos". "Yo no he dicho que controle, a mí me sorprendía el interés", puntualizó en respuesta a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez.

En cualquier caso, defendió que hasta donde él sabe, "nunca se hizo ninguna resolución ni adjudicación basada en ninguna intervención o presión por parte de la dirección del partido" y que, hasta donde él sabe sobre Lapuerta, no hubo "nada más que ese interés".

Estos pensamientos se los trasladó a su entonces presidenta Esperanza Aguirre. "Le dije que en algunas actuaciones este señor por determinadas cosas me parecía que no era razonable y no las entendía. Prefería no mantener ninguna relación con la señor Lapuerta", explicó.

En este sentido, le dijo a Aguirre que no tenía "nada que comentar con él", cosa que a ella "le pareció bien". Desde el Gobierno regional, según el exdirigente madrileño, establecieron que la gestión "le correspondía a los órganos competentes de la Comunidad".

"El señor Lapuerta lo primero que hizo fue saludarme, sacarme una placa de comisario honorario y enseñarme unas anotaciones de una investigación que había hecho sobre la compra de mi casa". Vertida por Ignacio González ante el juez que investiga la caja B del PP y ante el que compareció como testigo en diciembre, la sorprendente declaración del expresidente madrileño y ahora investigado por corrupción en los casos Lezo y Púnica sacó a la luz un dato inédito: el ya nonagenario Álvaro Lapuerta, antecesor directo de Luis Bárcenas como tesorero del PP y a quien una "demencia senil sobrevenida" le libró en el último momento de sentarse en el banquillo del caso Gürtel, pertenece a título honorífico al Cuerpo Nacional de Policía.

Esta semana, infoLibre preguntó a Interior si lo dicho por González era cierto. Lo es. Pero la versión del ministerio añade interrogantes al asunto. Miembro fundacional del PP, diputado hasta 2004 y tesorero del partido entre 1993 y 2008, Lapuerta adquirió la condición de comisario honorario en 1974, un año antes de la muerte de Franco. Las fuentes oficiales consultadas en el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido aseguran que a raíz de la declaración de Ignacio González eso es todo lo que ha podido averiguarse: el año. "Ni siquiera –explica el Ministerio– hay un archivo informático, solo un papel de calco que dice que es comisario honorario desde 1974 y que el nombramiento se produjo a propuesta del director general de Seguridad".

Los portavoces de Interior sostienen que ni siquiera resulta factible conocer de qué figura legal se valió el régimen para otorgarle ese rango ni si, por tanto, esa distinción habría sido susceptible de retirada tras el procesamiento de Lapuerta en el caso más grave de corrupción conocido en España. Y mucho menos, prosiguen las fuentes, cabe desgranar cuáles fueron los "merecimientos" acumulados por Lapuerta para alzarse con esa placa de comisario a modo de medalla. 

Lo único que mantiene con rotundidad la Policía es que un comisario honorario "ni cobra por ello, ni ha podido nunca usar la placa para interrogar a nadie ni para eludir controles". Cuando Interior asegura que "no ha podido usar la placa" quiere decir que no tenía "autoridad para ello". Pero, convienen las fuentes, nadie está en condiciones de afirmar o desmentir que eso haya ocurrido. 

El uso de la placa policial

Según Ignacio González, Lapuerta pretendía interrogarle placa en mano. La semana pasada, y citando fuentes cuya identidad se desconoce, el diario El Mundo relató un segundo episodio según el cual durante su etapa como tesorero esgrimió esa misma placa en un aeropuerto para evitar que su maletín de mano fuese sometido a inspección. Dentro del maletín, publicó el rotativo, había dinero negro entregado por un donante. 

El 3 septiembre de 1975, ya en los estertores de la dictadura, el BOE publicó el decreto por el que quedó aprobado el "Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa". La norma derogaba otras previas de rango inferior sobre la materia que afecta a Lapuerta. Pero todas ellas hacían referencia a "funcionarios honorarios". Es decir, a policías que habiendo alcanzado la edad de jubilación mantenían el rango o lo mejoraban incluso con carácter honorífico. El reglamento de 1975, buena parte de cuyo articulado permaneció vigente hasta años después de la restauración democrática, preveía algo más: "También -dice la sección relativa a "Recompensas"- podrán ser nombrados por el Ministro de la Gobernación miembros honorarios del citado Cuerpo, quienes, no habiendo pertenecido el. mismo, se hubieran distinguido por los merecimientos contraídos a la labor realizada en favor de la Policia española o de sus servicios". ¿Cuáles eran los "merecimientos contraídos" con la Policía de Francisco Franco por Álvaro Lapuerta, abogado del Estado, "procurador en Cortes por el tercio familiar", vicepresidente del Banco de Crédito Local y director  de relaciones externas de la ya extinta Empresa Nacional de Petróleo SA pero nunca "funcionario" del Cuerpo? Interior dice que no lo sabe.  

El nombramiento de miembros honorarios de la Policía quedó de nuevo regulado en agosto de 2015 por la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional. 

Este diario intentó recabar la versión de Lapuerta o su entorno. Pero la única persona de su círculo más próximo con quien logró contactar infoLibre remachó que no mantiene contacto con el extesorero desde hace años. Su familia lo mantiene por completo apartado de la prensa desde antes incluso de que, en septiembre de 2016, la Audiencia Nacional archivase definitivamente la causa Gürtel respecto de él por "demencia sobrevenida".

Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y hombre de máxima confianza de Ignacio González, guardaba un manuscrito al que ha tenido acceso infoLibre y que describe las relaciones y el tráfico de llamadas y mensajes telefónicos que entre sí y con terceros mantenían los principales dirigentes del PP madrileño que a finales de la pasada década fueron objeto de espionaje en el PP de Madrid: Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores, en aquel momento persona muy próxima a Álvaro Lapuerta, hoy extesorero del PP y exonerado en el caso Gürtel por "demencia sobrevenida". Elaborado a modo de esquema, el manuscrito incluye otros nombres de relevancia. Entre ellos, el de Cristina Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad de Madrid. De Miguel niega haber sido el redactor del manuscrito: "Esa no es mi letra", se limitó a decir a preguntas de este periódico, aunque admitió que el documento estaba en sus oficinas y que fue incautado en el registro de la Guardia Civil.

En una de las esquinas del texto figuran dentro un rectángulo las iniciales "MR" junto a una flecha lateral que acaba junto al siguiente texto: "Mensajes móviles". De ahí parte na nueva línea que, previa parada en "mujer de Juan José Lucas" –expresidente de Castilla y León– eso último escrito junto al apellido del leonés "Prada", desemboca en su paisano "Cobo". Este diario no ha logrado saber si la anotación "MR" se refiere a Mariano Rajoy. 

En marzo de 2017, y tras varios intentos de dar cerrojazo a la causa a lo largo de ocho años, la juez encargada de investigar la denuncia de los espiados del PP se vio forzada a ordenar la apertura de juicio contra seis procesados, aunque todavía no hay fecha para la vista. Los seis, presuntos responsables del espionaje, habían sido subordinados de Francisco Granados, número dos de Aguirre en el PP madrileño hasta 2011 a la par que consejero de Presidencia e Interior, principal investigado por corrupción a gran escala en la Operación Púnica y enemigo acérrimo de Ignacio González. Dos de los inculpados habían sostenido tanto en sus declaraciones judiciales como en sus respectivas comparecencias ante la Asamblea de Madrid que quien realmente ordenó los seguimientos fue Ignacio González.

En el esquema, un gran círculo envuelve una elipse que encierra el apellido "Gallardón". En posición subordinada, otro círculo menor contiene el apellido "Cobo", su mano derecha en el Ayuntamiento de Madrid. Es de ahí de donde parten las flechas principales. "Llamada??", se lee junto a una de ellas, que conduce a un grupo de iniciales y palabras cuyo significado son una incógnita y que a su vez derivan en un rectángulo: el de "M.R.". Otra de las flechas termina en el círculo correspondiente a "Prada", por el exconsejero de Justicia Alfredo Prada, otro de los espiados y a quien Aguirre defenestró en 2009 para asignar su departamento a Francisco Granados. Una tercera flecha, acotada por la palabra "mensajean" lleva de Cobo a Cifuentes. En 2009, la ahora presidenta dirigía el Comité de Garantías del PP de Madrid, que en el otoño de ese año propugnó la suspensión de Manuel Cobo después de que este acusara a Aguirre y los suyos de haber montado "una gestapillo".

Las referencias a Cifuentes

El nombre de Cristina Cifuentes es el único que en el gráfico aparece rodeado por una línea de trazo remarcado. El texto cita a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid tres veces. La primera emerge en el espacio central del árbol bajo una flecha de trayectoria ascendente que conduce a "Cobo" y junto a la que se lee una sola palabra –"mensajean"–; otra flecha, esta lateral, lleva hasta "Paloma Adrados", hoy presidenta de la Asamblea de Madrid, y en medio se interpone "Sañudo", apellido del diseñador Rafael Sañudo, amigo de la presidenta desde hace años y director del vídeo de campaña de Esperanza Aguirre en 2007; y una tercera flecha descendente que, interrumpida por el vocablo "llamadas", conduce a una leyenda dividida en dos por una línea horizontal: "Anónimos/I. Gallego". Es decir, Isabel Gallego, durante años directora de comunicación del Gobierno de Madrid y figura clave en el equipo de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

La segunda referencia a Cifuentes es una críptica anotación donde bajo el texto "F. Anticorrupción. 8.000 folios" aparecen tres palabras en la misma línea: "Moñoplasta", "tesorero" y "Montealina". Moñoplasta era el apodo despectivo con que algunos aguirristas aludían a Carmen Rodríguez Flores, amiga íntima del histórico tesorero del PP Álvaro Lapuerta. Y "Montealina" –en realidad es Monte Alina– es el nombre de una urbanización de lujo del municipio de Pozuelo de Alarcón donde José María Aznar y Ana Mato fueron vecinos a la vez que el de un señero restaurante de esa zona. Este "tesorero" conduce con una flecha a "Antonio Vileda", presumiblemente el empresario Antonio Vilela, que estuvo imputado en los papeles de Bárcenas, y a quien el gráfico conecta, flecha mediante, con Cifuentes.  Debajo, Ricardo Romero de Tejada, que fue secretario general del PP y adquirió máxima relevancia tras el tamayazo que en 2003 aupó al PP al Gobierno de Madrid. Y en medio, dos empresas: "Sando y Azvi". Ambas aparecen también en los papeles de Bárcenas.

El contexto de la tercera mención a Cifuentes es otra lista de nombres: "Prada, Cifuentes, Nieves" son los tres primeros, este último seguido de un número de móvil y la palabra "ordenadores". Le siguen "Cobo/Berzal", este segundo un estrecho colaborador durante su etapa municipal del vicealcalde. Después, "Pablo Sebastián, tesorero, Román Cendoya". El primero y el tercero son periodistas. Pablo Sebastián aparece –"Pablo Sebast"– también en el espacio central del gráfico en un rectángulo vinculado a Cifuentes por dos flechas: en una, la etapa intermedia es lo que parece ser "Blas Herrero", empresario radiofónico, la otra es directa. Sobre el nombre de Pablo Sebastián se lee esto: "Mujer Pablo EMV/ Partido Isabel Pinilla". Esposa del periodista, Pinilla fue directiva de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid en los gobiernos de Gallardón y su sucesora, Ana Botella. Actualmente, es la directora gerente de la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, el antiguo Ivima. En ocasiones usuario del seudónimo Marcelo, Pablo Sebastián dedicó algunos artículos a atacar a Ignacio González y su entorno.

"Un esquema de inteligencia de relaciones"

Contactado este martes, De Miguel reconoció que la Unidad Central Operativa (UCO) encontró el documento en sus oficinas pero negó su autoría y rehusó hacer ningún otro comentario. Personas de su entorno definieron en cambio el manuscrito como un simple "esquema de inteligencia de relaciones" confeccionado por alguien en un momento de máxima tensión interna: el bienio final de la pasada década, cuando Aguirre se propuso desbancar a Mariano Rajoy como líder del partido, librarse definitivamente de Gallardón y su grupo y hacerse con el control de Caja Madrid, en cuya cúpula estuvo a punto de colocar a Ignacio González.

¿Cómo podía nadie saber quién había llamado a quién o quiénes cruzaban mensajes telefónicos entre sí, que es lo que sugiere el manuscrito? Las fuentes del entorno de De Miguel aventuraron la siguiente hipótesis: que en un ámbito político tan cerrado como el de un partido –en este caso el PP de Madrid– todo el mundo termina sabiendo esas cosas. Cuando este diario insistió en que el supuesto control telefónico constituye por definición una pieza básica en cualquier modelo de espionaje, las mismas fuentes subrayaron su incapacidad para ofrecer una explicación certera dado q ue desconocen quién hizo el gráfico. Muy posiblemente –es su versión– algún participante de alguna reunión celebrada en casa de Ildefonso de Miguel y que dejó allí el papel.

Paz González, edil de Medio Ambiente de Madrid entre 2003 y 2007, le mintió en diciembre al juez de la Audiencia Nacional que investiga la caja B del PP y ante el que compareció en calidad de testigo. 

Durante su declaración del 13 de diciembre, González reconoció que el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, la había llamado cuando apenas llevaba un par de meses en el consistorio para recomendarle una empresa: Licuas. Según la exconcejala, ni Lapuerta le dijo que Licuas –propiedad de Joaquín Molpeceres, que aparece en los papeles de Bárcenas y está imputado en el caso Lezo–, era donante del partido ni le pidió que la favoreciese de ningún modo. Fue en ese momento del interrogatorio cuando González afirmó rotunda que Licuas "no ganó ninguno de los contratos" que la potente concejalía de Medio Ambiente adjudicó durante su mandato, y que lo recordaba "precisamente por la llamada de recomendación" de Lapuerta.

Pero no es verdad. Porque el 27 de octubre de 2003, como mucho dos meses después de aquella llamada de Lapuerta cuya fecha exacta no se conoce, la empresa de Molpeceres fue una de las seis beneficiarias de un macroconcurso de cuatro años de duración convocado para el mantenimiento de vías públicas y espacios municipales. El lote que se adjudicó Licuas estaba valorado en la licitación en 20,4 millones. En el anuncio de adjudicación no se detalla qué parte de la rebaja total –los 146,4 millones del precio de salida se quedaron en 113,5– afectó al importe correspondiente a esa sociedad.

Ese concurso fue de inmediato puesto en cuestión por los grupos opositores. PSOE e IU pidieron una investigación bajo la sospecha de amaño. Y Paz González defendió la limpieza del procedimiento. "Intentan emborronar un expediente que no tiene ni trampa ni cartón", espetó a los ediles que le reclamaban explicaciones. Las dudas de socialistas e IU se centraban en otra de las firmas ganadoras, Ascan.  

Menos de año y medio después, en abril de 2005, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid dejó constancia de que, en una fecha que no precisa el acta de la reunión, González había adjudicado a Licuas un segundo contrato de 1,5 millones para obras de emergencia en un colector.

A los cinco meses, el 30 de septiembre de 2005, le otorgó, ahora por 1,28 millones, también por decreto y con carácter de emergencia el "riego con cubas de zonas singulares", aunque la decisión no llegó a la mesa de la junta de gobierno hasta el 15 de diciembre . Y el 16 de noviembre dio a Licuas un tercer contrato por decreto, este por 303.988 euros, para obras de captación de aguas subterráneas "con carácter de emergencia". 

Un recuerdo marcado "precisamente" por la llamada del extesorero

Los términos con que Paz González negó ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la caja B del PP o los llamados papeles de Bárcenas, haber adjudicado contratos a Licuas no admiten dudas. Después de que el fiscal le preguntara si en aquella llamada Lapuerta le dijo algo de que su empresa recomendada "había dado dinero" al partido, la exconcejal minimizó lo sucedido y añadió lo siguiente: "Habrían pasado dos meses [desde su desembarco en la concejalía] y… insisto, no habíamos ni empezado a tramitar ningún tipo de contrato ni nada de nada. Además, lo que sí recuerdo es, precisamente por la llamada de recomendación de la empresa como una empresa seria y solvente y tal, que, pues por el motivo que sea, eh, no ganó ninguno de los contratos que sacamos a lo largo de la legislatura". Álvaro Lapuerta quedó exonerado del caso Gürtel en 2016 por "demencia senil sobrevenida". No puede, por tanto, confirmar ni desmentir nada de lo que se le atribuya.

Tras su comparecencia del 13 de diciembre, infoLibre contactó con Paz González y le hizo notar que, según distintas fuentes conocedoras de la declaración, había negado de manera taxativa las adjudicaciones a Licuas. Y que eso era falso porque la empresa de Joaquín Molpeceres sí había obtenido contratos del área municipal de Medio Ambiente entre 2003 y 2007. La exconcejala, hoy en la empresa privada, argumentó entonces que la suya no había sido una negativa tajante y que se había limitado a exponer lo que "creía recordar". Este diario optó por no publicar nada en espera de confirmar qué había dicho González realmente.

Ahora, el audio de su declaración corrobora que fue la antigua edil de Gallardón quien, por iniciativa propia y recalcando que lo recordaba "precisamente" por aquella llamada de Lapuerta, le contó al juez que Licuas no había obtenido ningún contrato bajo su mandato. Este lunes, infoLibre trató de mantener una segunda conversación con González, a quien envió un mensaje escrito sobre el contenido exacto de su declaración. La antigua edil no respondió la llamada ni devolvió el mensaje. 

Desde 2003, la trayectoria de Paz González en la Corporación madrileña estuvo vinculada a la adjudicación de obra pública y al desarrollo urbanístico hasta el desalojo del PP tras las elecciones municipales de 2015. En el segundo y último mandato municipal de Gallardón (2007-2011), asumió la concejalía de Obras y Espacios Públicos. A partir de 2011, dirigió el área de Urbanismo, con competencias en materia de Vivienda. De hecho, como edil de Urbanismo era la máxima responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) cuando el gobierno de Ana Botella cerró en 2013 la oscura operación de venta de 1.800 viviendas públicas a dos filiales del fondo buitre Blackstone.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha reconocido este lunes en calidad de testigo ante el magistrado José de la Mata que los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas controlaban las adjudicaciones de contratos públicos en la Comunidad de Madrid y que dio instrucciones a sus subordinados para evitar presiones, según han informado fuentes jurídicas.

El exmandatario regional ha reconocido al juez que instruye los papeles de Bárcenas que se quiso chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con un vídeo en el que aparece un empresario reconociendo pagos irregulares al PP. Había sido citado por el juez por la grabación telefónica mantenida con el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana en la que ambos se referían a este chantaje.

El principal acusado de la trama Lezo ha dicho además que las tiranteces con el extesorero conservador Álvaro Lapuerta empezaron cuando descubrió que estaba detrás de las adjudicaciones públicas en la Comunidad de Madrid aunque al ser preguntado si se quejó ante la dirección del PP acerca de esta praxis, el testigo no ha sido preciso.

González ha prestado declaración ante De la Mata desde las 12.20 horas hasta las 14.25 horas por la existencia de esta conversación con Zaplana, también citado para este lunes. Previamente ha comparecido el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel quien ha dicho que el contenido del vídeo grabado al empresario Rafael Palencia (Degremont) es real.

La exconsejera y exconcejal madrileña Paz González ha reconocido este miércoles al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa sobre la presunta contabilidad B del PP, que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le llamó en 2003 para aconsejarle que contratara con la empresa Licuas, que aparece en los conocidos como papeles de Bárcenas.

González fue viceconsejera de Medio Ambiente y consejera de Justicia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, quien después la nombró concejal de esta misma área en el Ayuntamiento de la capital.

Según han informado a Europa Press fuentes presentes en la declaración, González ha indicado en su comparecencia como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que en 2003 recibió una llamada de Lapuerta, quien entonces ocupaba el cargo de tesorero del PP.

Lapuerta le comentó que podría tener en cuenta a la empresa propiedad de Joaquín Molpeceres, la cual figura en los papeles de Bárcenas como donante de 60.000 euros al PP. Eso sí, González ha añadidio que el extesorero no hizo ninguna petición concreta, según las fuentes consultadas.

González ha sido citada a declarar como testigo en la Audiencia Nacional por la referencia que se hace de ella en una conversación intervenida en el marco del 'caso Lezo' entre el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel y Rafael Palencia, expresidente de la empresa Degremont Iberia, que también aparece en los papeles. En esa grabación, Palencia reconoce haber entregado dinero repetidas veces a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas cuando eran los responsables de la contabilidad del PP.

La exconsejera madrileña ha sido la cuarta en declarar este miércoles ante el juez De la Mata por la causa de los papeles de Bárcenas. Antes que ella han pasado por la Audiencia Nacional, a petición de IU --que ejerce la acusación popular--, directivos de Degremont Iberia, actual Suez Treatment Solutions, por posibles pagos al PP a cambio de adjudicaciones.

José Manuel del Castillo, presidente de la compañía desde 2005, ha comparecido en calidad de investigado, pero ha declarado que no le constan pagos en B y ha asegurado que en la empresa se realizaban muchos controles y auditorías para tratar de evitarlos, según han indicado las citadas fuentes.

Eso sí, ha afirmado que Plácido Vázquez, identificado por Francisco Correa como uno de los intermediarios entre el PP y las empresas, tenía muchos contactos en partidos políticos –sin señalar a ninguno en concreto– y era el que tanteaba con las administraciones públicas para posibles contratos.

La grabación en la que Rafael Palencia reconoce haber pagado comisiones al PP fue intervenida en el caso Lezo y en ella se escucha también al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, contando al exministro Eduardo Zaplana que Ildefonso De Miguel "le sacó una grabación" a Palencia en la que decía que "le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy".

Por este motivo, González y Zaplana están citados a declarar con el magistrado que instruye la investigación de los papeles de Bárcenas el próximo lunes, día 18 de diciembre.

El testimonio desplegado este miércoles por el presidente del Gobierno ante el tribunal de Gürtel durante dos horas menos nueve minutos dejó tras sí un mensaje de apariencia granítica –"jamás me he ocupado de asuntos económicos"– pero resquebrajado en puntos cruciales del relato. Las fisuras se hicieron especialmente evidentes en sus explicaciones sobre el porqué de su drástica orden de ruptura con el grupo de empresas de Francisco Correa en 2004, la ausencia de denuncia y el mantenimiento de la relación comercial pese a las instrucciones que, según el presidente, transmitió el PP a todas las organizaciones regionales y de las que, confirmó por la noche el partido, no queda rastro escrito. Rajoy también resbaló en su versión sobre el significado exacto de los célebres SMS de apoyo que envió a Luis Bárcenas en 2012 cuando el extesorero ya estaba imputado en el caso: de hecho, aduce que su célebre mensaje de texto al hoy extesorero cuando ya estaba imputado – "Luis, hacemos lo que podemos"– no tiene "ningún significado" y que podría haber empleado "otra frase cualquiera"

Fue el abogado de Luis Bárcenas, cuya estrategia de defensa es hoy radicalmente opuesta a la que en 2013 le llevó a confirmar y dar detalles sobre la contabilidad B por él mismo manuscrita, el que torpedeó el interrogatorio de las acusaciones con continuas protestas por las preguntas sobre la supuesta financiación ilegal y el pago de sobresueldos. El presidente de la sala permitió la mayor parte de las preguntas planteadas sobre ese apartado pero frenó, en seco o sobre la marcha, algunas de las más afiladas. Y no solo en ese campo. Por ejemplo, las relativas a por qué la trama siguió trabajando para el PP después de 2004 –"lo desconozco absolutamente", respondió Rajoy cuando el abogado de los socialistas valencianos le expuso que las empresas Gürtel habían seguido proveyendo al PP de servicios– otra sobre si cuando Bárcenas dijo que en su cuenta suiza había dinero de "inversores" se refería al PP –no tenía "ni la más remota idea" de la cuenta suiza– o una tercera sobre si el líder conservador prestó ayuda al extesorero con los jueces, los fiscales o la Policía. "Esa es una pregunta impertinente –zanjó el magistrado Ángel Hurtado– porque lleva una carga incriminatoria importante".

El presidente hizo un auténtico leit motiv de la derivación de responsabilidades hacia los "servicios económicos" del partido –a cuyo frente estaban el octogenario Álvaro Lapuerta, exonerado de culpa por demencia sobrevenida– y Luis Bárcenas, ausente en esta sesión como el resto de los 37 acusados salvo uno. Ni Rajoy se ocupaba ni sabía nada relativo a las finanzas del partido ni "jamás" conoció la existencia de una caja B ni cobró un solo euro en sobresueldos en negro ni podía vigilar lo que sucedía "en los 8.000 ayuntamientos" del país. 

La línea argumental de Rajoy, aquella que le llevó a remarcar una y otra vez que su ocupación es la política estatal y no la contabilidad ni los percances que puedan registrarse a pequeña escala –esgrimió tres veces que no puede saber lo que ocurre en los 8.000 ayuntamientos del país– le llevó a remarcar, por ejemplo, que cuando a finales de 2004 Lapuerta le informó en presencia de Esperanza Aguirre de que se preparaba el que los investigadores del caso consideran el mayor pelotazo urbanístico de la trama, en el municipio madrileño de Arganda del Rey, así como otro conflicto con el precio de venta de otro suelo en Majadahonda lo que hizo fue "encargar" a la entonces presidenta de Madrid que averiguase qué sucedía y tomase cartas en el asunto. "La reunión fue clara: Hay un problema con estos Ayuntamientos y le dije a Esperanza Aguirre: ocúpate de esto". Rajoy negó que se le hubiera informado de que en alguna de las empresas involucradas en la operación de Arganda participase uno de los nombres propios del momento: Ignacio González, entonces vicepresidente de Madrid y ahora encarcelado por la Operación Lezo.

  1. Rajoy no aclara en qué consistía la "utilización" del nombre del PP que hacía Correa

En sus dos horas menos nueve minutos de declaración nadie consiguió que Rajoy aclarase qué significa exactamente que el grupo de Correa hubiera estado "utilizando" el nombre del PP ni que precisara por qué ordenó prescindir de sus servicios si no había "ninguna prueba" de ilegalidad ni sabía siquiera en qué municipios se había producido esa actuación. Es más, el presidente aseguró que dieron instrucciones a todos los territorios para que el partido no volviera a trabajar con esas empresas. Pero ni recibió respuesta de las direcciones regionales ni supo que en realidad Correa había seguido trabajando en Madrid y Valencia. "No tuve conocimiento porque no me preocupo de esos temas", respondió en un momento del interrogatorio.

Ángel Galindo, abogado defensor de José Luis Peñas, el acusado cuyas grabaciones secretas dieron munición a la Fiscalía para desarticular la red corrupta, le preguntó al testigo si había llegado a encargar algún dictamen jurídico al partido para confirmar o descartar que la actuación de esas empresas. Rajoy no respondió a ello. Galindo intentó que Rajoy confirmase aun de manera implícita que supo que "la trama iba por los ayuntamientos usando nombre partido "para conseguir contratos públicos". Pero el presidente reaccionó con rapidez: "Como he explicado antes el tesorero no me habló de ninguna trama sino de que había unos proveedores que estaban usando el nombre del PP, ¿pero es algo legal, ilegal, tienes algún tipo de prueba? [le pregunté] y él me dijo que no pero que no le gustaba".

Una vez que Benítez de Lugo le preguntó si era cierto que fue él quien dio la orden de cortar con Correa, Rajoy asintió, dató ese momento a mediados de 2004 y amplió así su respuesta: "El tesorero [Álvaro Lapuerta] me dijo que algunos proveedores del partido estaban utilizando el nombre del PP en Ayuntamientos de Madrid, le pregunté si había algo que él considerara que no se ajustaba a derecho, me dijo que pruebas no tenía pero que no le gustaban". Preguntó a Lapuerta qué proponía en consecuencia, el tesorero sostuvo que debían "dejar de trabajar con esos proveedores" y así mandó Rajoy que se hiciera.

En el segundo turno de preguntas, las formuladas por el letrado de los socialistas valencianos, Virgilio Latorre, las cosas se le complicaron a Rajoy. El letrado preguntó si Rajoy sabe cómo supo el tesorero que esas empresas estaban utilizando el nombre del PP. "Supongo que alguna gente se lo habría dicho", respondió con vaguedad. Luego negó conocer a Joaquín Molpeceres, el empresario que, según Bárcenas, dio la voz de alerta contra Correa. El abogado Latorre intentó apretar pero el presidente de la sala intervino. "Si no lo sabe es bastante", dijo.

Latorre prosiguió en su intento y le pidió al testigo si podía concretar qué era la "utilización indebida del nombre" del partido. Rajoy no aportó detalles. No había "ninguna prueba" de que su actuación fuese contraria a la ley pero por lo que le habían dicho "no me gustaba". "No se le vuelve a concretar y punto". ¿Y en qué municipios ocurrió aquello", insistió el letrado. "No me acuerdo". Y aquí llegó uno de los momentos clave, cuando el abogado expuso que, sin embargo, Correa había seguido trabajando para el partido: "Lo desconozco absolutamente porque cuando yo doy esa instrucción son los servicios económicos que creo que remitieron a todas las organizaciones regionales un documento diciendo que no se contratara con este grupo, yo lógicamente no voy a hacer el seguimiento, tiene usted que entender que es muy difícil porque hay 8.000 municipios en toda España".

  2. Y qué significa "Luis, hacemos lo que podemos"?

Fue Wilfredo Jurado, el abogado que representa a un grupo de concejales socialistas madrileños en el proceso, quien puso en dificultades a Rajoy al abordar los célebres SMS que envió a Luis Bárcenas en 2012, cuando la situación procesal del extesorero comenzaba de nuevo a complicarse tras un primer sobreseimiento que luego revocó la Audiencia Nacional.

"Meses antes de que se conocieran las cuentas suizas de Bárcenas –espetó Jurado a Rajoy– usted envió el SMS que decía "Luis, no es fácil pero hacemos lo que podemos". ¿Qué estaban ustedes haciendo?" Rajoy contestó alegando que "estábamos en otro contexto temporal", que tiene "la costumbre de responder a los mensajes de la gente" y, sobre todo, esto: "Podía haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. No tiene ningún significado". "¿Significa que no estaban haciendo nadaq?", repreguntó el abogado. "Significa lo que significa hacemos lo que podemos. Significa que no hicimos nada que pudiera perjudicar ningún proceso".

Jurado leyó un segundo SMS, el más célebre d etodos: "Luis, lo entiendo, sé fuerte". Y disparó un nuevo interrogante: "¿Qué es lo que entendió?" Rajoy respondió ahora del siguiente modo:  "Lo he dicho en numerosas ocasiones, uno manda muchos mensajes pero como he señado antes no dice absolutamente nada, hasta el punto de que no lo llamé [a Bárcenas]". ¿Ni directa ni indirectamente a través de otra persona?" "No", respondió el presidente. 

También el abogado defensor de Peñas hurgó en la herida de los SMS y de una información vinculada del mismo diario, El Mundo, sobre el supuesto encargo que Rajoy habría hecho al exdirigente del PP Alfredo Prada para que hiciera "gestiones" destinadas a "apartar a las fiscales del caso". "Absolutamente falso", proclamó tajante Rajoy segundos antes de que el presidente de la sala impidiera al letrado Ángel Galindo seguir por ese camino La pregunta, dijo el juez Ángel Hurtado, es impertinente "porque lleva una carga incriminatoria importante". Galindo intentó que Rajoy explicar si había pedido una rectificación a El Mundo.  Hurtado no lo consintió: "Las noticias de prensa se ventilan en la prensa". Capítulo cerrado.

  3. ¿Y por qué aparecería su nombre en esos papeles si Bárcenas no albergaba enemistad hacia Rajoy?

Crecido a medida que avanzaba el interrogatorio de José Mariano Benítez de Lugo, de la asociación Adade, la que logró su citación como testigo y que fue el encargado de abrir el interrogatorio, Rajoy trastabilló en esa ronda inicial una vez que el letrado le preguntó si en el año 2000, fecha en que su nombre aparece por primera vez en la contabilidad paralela como perceptor de supuestos sobresueldos opacos, Luis Bárcenas albergaba algún tipo de enemistad hacia él que explicase el porqué de esas anotaciones. "Yo no tenía ningún tipo de enemistad que yo sepa", respondió. ¿Por qué aparecería entonces su nombre dentro de esos papeles?", repreguntó Benítez de Lugo. Rajoy no tuvo que contestar. "Pregunta no pertinente", zanjó el presidente del tribunal, Ángel Hurtado. El jefe del Ejecutivo negó con énfasis, dureza y reiteración haber cobrado un solo euro en negro. Y si Bárcenas declaró que durante 20 años había llevado una contabilidad paralela, lo que ahora él mismo denomina anotaciones extracontables,  Rajoy tampoco tiene ni idea de ello: "Jamás me he ocupado de nada de contabilidad"

Para entonces, el presidente había repetido ya en "numerosas ocasiones", como él mismo dijo luego, que "jamás" se ocupó de asuntos económicos. Que jamás supo, por tanto, nada de a quiénes contrataba el partido. Lo suyo siempre ha sido y es hacer política, no manejar el dinero de la organización. Cuando esa idea ya se había afianzado en una sala con muchos más periodistas, abogados y público que acusados –solo se sentó en el banquillo en exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, por "respeto" al segundo testigo del día, Pío García Escudero, citado a instancias suyas–, Benítez de Lugo asestó el golpe. "En marzo de 2009, usted dijo en una entrevista a Juan Ramón Lucas en Radio Nacional esto sobre Correa: "Ni un solo euro [han dado] al PP y lo digo con absoluto conocimiento de causa". ¿Por qué tenía absoluto conocimiento de causa?", inquirió el letrado. Y Rajoy buscó esquivar la contradicción así: "No controlaba pero [Correa] era proveedor. Era una respuesta de puro sentido común". "¿No por conocimento de causa?", repreguntó. "Por puro sentido común como era perfectamente entendible".

Antes de eso, Rajoy había ido sintiéndose progresivamente cómodo a medida que veía cómo la primera parte del interrogatorio se movía dentro del temario que, a tenor de sus respuestas, había preparado con tesón. Cuando su tocayo de Adade recordó que Bárcenas había declarado ante el juez Pablo Ruz, uno de los instructores del caso Gürtel, que quienes recibían los sobresueldos eran el presidente del partido, los secretarios generales y los vicesecretarios y el presidente de la sala hubiera declarado imprertinente la pregunta porque no roza sino que se sumerge de cabeza en la pieza de los papeles de Bárcenas, el letrado de la acusación hizo un segundo intento: ¿recibían sobres esas mismas personas? "No parece un razonamiento muy brillante", contestó Rajoy. Los 16 integrantes del público rieron. Y Rajoy se esponjó en el insólito chaflán –entre los abogados defensores y el tribunal– donde se había sentado a las 10.06 de la mañana. 

Benítez de Lugo no tiró la toalla. Rememoró cómo Francisco Correa declaró al inicio de la vista oral, en octubre, que cobraba de empresarios y se lanzó de nuevo en tromba: "¿Nunca le comentó ningún empresario que había entregado dinero para el partido?" "Jamás", proclamó rotundo Rajoy antes de calzar su respuesta con un estrambote: "No sé si ha equivocado de testigo". Benítez de Lugo protestó por eso último y el presidente de la sala reconvino al presidente: "No quiero observaciones tampoco. Pero no se le puede advertir antes de que la haga". El público rio de nuevo. Rajoy se relajó.

  4. ¿Y cómo sabe que el PP pagó su viaje familiar a Canarias en 2004?

Rajoy se cuidó de no utilizar términos que pudieran traducirse luego en paralelismos entre su declaración y la de la infanta Cristina en el caso Nóos. Pero en algunas preguntas se curó en salud. La primera y más ilustrativa, la que transcurridos 37 minutos desde el inicio de su comparecencia le formuló el abogado Benítez de Lugo sobre el viaje a Canarias que tras las elecciones de marzo de 2004, que desalojaron al PP de Moncloa en beneficio del socialista Zapatero, hizo en compañía de su familia.

¿Quién pagó ese viaje?, preguntó el letrado de Adade. “Lo pagó mi partido hasta donde yo sepa”, respondió Rajoy. El letrado le reprochó que hubiera dado una réplica a la gallega. Y Rajoy, que a esas alturas esperaba ya salir por completo airoso de una visita a la Audiencia que había comenzado esquivando, vía garaje, el batallón exterior de cámaras, se permitió un primer gesto de socarronería: “La contestación tiene que ser gallega porque no podría ser riojana”.

Más tarde, ya en el turno del letrado de los socialistas madrileños, el presidente topó de nuevo con el viaje a Canarias.  Y esta vez no hubo ironía. Porque Wilfredo Jurado utilizó aquel paréntesis de descanso como palanca para subrayar las contradicciones del presidente sobre su proclamada ignorancia total en materia de contabilidad y finanzas. “¿Cómo sabe que pagó el PP aquel viaje a Canarias, ha visto las facturas?” No, respondió el testigo antes de subrayar que nunca comprueba ninguna factura de los viajes del partido. Pero ese, contraatacó el abogado, era “un viaje particular, no del partido ni de ningún acto”. ¿Cómo sabe que lo pagó el PP?, insistió. El presidente de la sala intervino entonces: “Ya está respondida la pregunta”.

La Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado este viernes favorable a la reapertura por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de la causa conocida como los papeles de Bárcenas –que investiga una presunta contabilidad B en el Partido Popular–. Esta ampliación de la investigación fue solicitada por dos de las acusaciones populares personadas en distintas piezas de la trama Gürtel después de que el empresario Francisco Correa revelara nuevos datos sobre comisiones pagadas por constructoras como OHL o ACS durante el juicio por la primera época de actividades de la red (1999-2005).

Así lo han confirmado fuentes fiscales, que han señalado que la reapertura ha sido solicitada ante el Juzgado Central de Instrucción 5 por el fiscal Antonio Romeral, a la vista de las declaraciones de Correa y para la práctica de nuevas diligencias de investigación.

El líder de la trama detalló durante su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga junto a otras 36 personas que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambió, aseguró que tras intervenir en la concesión de "muchas obras, ni en 10, ni en 20, ni en 30", abonó comisiones de entre el dos y tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes...", explicó, al tiempo que indicó que con esta práctica "ahorró mucho dinero al PP". "No sé si 1.000 millones o más o menos", dijo y precisó que entregaba el dinero a Bárcenas en la sede del PP, en la calle Génova, o en su casa y que el exgerente se encargaba de gestionar la cuestión con el Ministerio "correspondiente".

Ante estas afirmaciones, el pasado mes de octubre, IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) remitieron sendos escritos al juez instructor en los que se reclaman que se investiguen estas declaraciones. Además, pidieron la citación del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, del propio Correa, Bárcenas y de los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns –se acogió a su derecho de no declarar durante la instrucción–, Plácido Vázquez –quien también intermedió, según dijo el cabecilla de Gürtel– y Rafael Palencia.

También interesaron que se remita oficio a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para que envíe testimonio de las declaraciones prestadas durante la vista oral relativas al presunto pago de estas comisiones.

Por su parte, Anticorrupción se adhiere a la petición de que declare todas estas personas como imputados en los papeles de Bárcenas, salvo el caso de Villar Mir, Bárcenas y Palencia.

Las constructoras anunciaron que interpondrán querellas contra Correa por estas declaraciones que aseguras que son falsas. En sendos comunicados, OHL aseguró que "no ha pagado comisiones ilegales ni ha tenido relación alguna" con este empresario y que iba a defender el "buen nombre y reputación de la empresa, labrados tras décadas de trabajo y siempre con escrupulosa observancia de la legalidad".

ACS y Dragados (que se integró en el grupo en diciembre de 2003) tacharon las afirmaciones del líder de la Gürtel de "notoriamente falsas" y negaron haber pagado a "él o a cualquiera otra persona para que se hicieran adjudicaciones a su favor, ya sea en el Ministerio de Fomento o en el de Medio Ambiente o en cualquier otro".

'Caja B' durante 18 años

La instrucción de los papeles de Bárcenas concluyó el pasado 23 de marzo de 2015 cuando el entonces juez instructor Pablo Ruz, al considerar que está acreditado que el PP "se sirvió durante 18 años" –desde 1990 hasta al menos 2008– de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas.

En un auto de 190 folios, el juez concluyó que existen "indicios sólidos y fundados" para llevar a juicio a los extesoreros 'populares' Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta –exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel por demencia sobrevenida–, y al exgerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.

Ruz consideró al PP responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica y propuso juzgar a otras tres personas, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, a los que le atribuyó, además del delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental.

El juez apuntó que en el "plano indiciario" el PP sería "responsable" de un delito contra la Hacienda Pública por "no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008", pues esas donaciones, que superaban el millón de euros, "no cumplían con los presupuestos, requisitos y limitaciones, tanto formales como materiales, establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los Partidos Políticos".

Y, consideró a los extesoreros del PP "incorporaron al patrimonio del primero determinados fondos de la formación política que fueron empleados para la suscripción de acciones en la ampliación de capital de Libertad Digital".

Nos ha sucedido a algunos con la cantata de Bárcenas ante el juez, aguardábamos con tal expectación ese momento, que nos dejó fríos, salvo por su puesta en escena, en eso Luis nunca decepciona. Muy fan.

Me subyugó su insistencia en desmarcarse del mote que le habían adjudicado. Bárcenas se empleó a fondo en negar una y otra vez que él fuera o fuese Luis, el cabrón. Al señor del abrigo Chesterfield le incomoda profundamente ese apodo y cantó en modo Mari Trini: ♪ “Yo no soy esa que tú te imaginas”♪.

Algunos sobrenombres son positivos, subrayan virtudes del apodado: El cuerpo de Raquel Welch, La voz de Frank Sinatra o La mano de Dios, ese golazo de Maradona a Inglaterra en el Mundial 86. Pero, la mayoría de las veces, los motes contienen grandes dosis de mala leche. Si, además, no te reconoces en el que te adjudican, te sabe peor.

En un intento por consolar a Luis del mal trago y basándome en diferentes momentos de su declaración ante el tribunal del caso Gürtel, he encontrado otros apodos quizás más adecuados para él:

LUIS EL TERTULIANO

“Yo nunca he recibido nada, absolutamente nada. Y no he recibido absolutamente nada del señor Correa ni para mí, ni para el Partido Popular”, respondió Bárcenas a la fiscal Concepción Sabadell.

Pero no se limitó a negar la mayor –cual tertuliano que se precie–, él fue mucho más lejos: “Niego la mayor, la menor y la intermedia”.

LUIS EL EXTRACONTABLE

Después de haberle oído hablar en numerosas ocasiones de la caja B, con una claridad pasmosa: “La caja B... es que es la caja del Partido Popular”; con una contundencia que rozaba la indignación: “¡Pero cómo no va a conocer la contabilidad del Partido Popular el señor Rajoy, si recibía un sobre que le entregaba don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho, mientras estuvo en Génova. Y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro!”; va Luis y se descuelga con un concepto que ha pasado a formar parte del diccionario de términos cachondos del español de España: “contabilidad extracontable”.

Hay que decir que no lo ha inventado él, el concepto “extracontable” existe, en español y en inglés, noaccounting: “posición con consecuencias financieras potenciales que no aparecen ni en el activo ni en el pasivo de un balance” ¿ni en el activo ni en el pasivo? ¿Y en Hacienda? ¿Y la europea?

LUIS EL INOCUO

Dijo Luis que esa supercaligrafilisticoespialidosa contabilidad extracontable era inocua. Los que donaban dinero, lo hacían a cambio de nada, por abrirse una puerta, eso que hace todo hijo de vecino, según él...

Claro. ¿Quién de ustedes no ha hecho una donación con el fin de abrir una puerta? Bah, confiesen. ¿El perejil que le ponen a San Pancracio, no es una manera de decirle “SanPa, tío, enróllate y búscame un curro guapo, que estoy achuchao.”? Pues lo mismito.

LUIS EL PENSIONISTA

Afirmó Bárcenas que guardaba la pasta en Suiza como fondo de pensiones.

Pero, pero, pero ¿acaso desconfía Luis, el pensionista, de llegar a cobrar su pensión cuando alcance la edad dorada? ¡Como le oiga Fátima Báñez, le manda a rezar a la virgen del Rocío!

LUIS EL AMNISTIADO

Dijo Luis que había regularizado con Montoro. El montañero se apuntó a la amnistía fiscal de Cristóbal en 2012 .

¡A ver, Luis, o sea, de amnistía fiscal nada, porque aquí no ha habido amnistía fiscal, que lo ha explicado Montoro quinientas veces: “Lo que ha habido en España es una declaración tributaria extraordinaria en unas condiciones diferentes, eso sí, de lo que hubiera sido una regularización ordinaria”. A ver si nos entendemos.

LUIS, EL CHURRERO

Luis se refirió así a su declaración de Hacienda: “Cuando recogía los impresos, ya revisados por el asesor fiscal, pues firmaba la declaración y hacía un churro con la firma de mi mujer y la presentaba yo en el banco”.

Y aquí churro y después gloria.

LUIS, LA VIEJA EL VISILLO

Preguntado por las sociedades interpuestas, dijo él, en estado puro de barcenismo: “No hubo ocultamiento, no es como afirma la fiscalía y creo que la Abogacía del Estado, una sociedad pantalla ni nada por el estilo, en todo caso una sociedad visillo, porque se me veía a mí perfectamente, el beneficial owner soy yo”.

¡La vieja el visillo, tol día asomá!

Hay muchísimas posibilidades, como ven, de apodar a Luis con clase y estilo, sin caer en aquello tan feo de El cabrón.

No valdría Luis, el quinto levanta porque lo de tirar de la manta... Pero, a cambio podríamos añadir dos más, Luis, the Onubenseman, el hombre que subió una montaña y bajó rodando hasta el fango y Luis, el fuerte porque lo ha sido.

Y otro muy interesante sería Luis, el allá tú por si algún día decide abrir esas 30 cajas de documentos que mencionó en el juicio. Aquello sonó como si tararease una versión de la cabecera de aquel concurso de la tele:

♪“Docus, docus, dubidú, si no me ayudas allá tú...”♪

El extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales, de 78 años, ha reconocido este jueves al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que Iván Yáñez, el presunto testaferro que según la Fiscalía Anticorrupción le acompañó a un banco suizo para ayudar a Luis Bárcenas a mover de sus cuentas tres millones de euros tras destaparse el caso Gürtel con la detención del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, también gestionó una parte de su sicav familiar, según su declaración en el juicio que se desarrolla desde octubre en San Fernando de Henares (Madrid).

En su declaración, Bárcenas negó que con el envío de tres millones de euros a la firma uruguaya Brixco, de la familia de Sanchís, tratara en realidad, como asegura Anticorrupción, de sacar el dinero de Suiza, ante la posibilidad de que ya estuviera siendo rastreado por el juez Baltasar Garzón, que fue el primer instructor de la causa en la Audiencia Nacional.

Los dos extesoreros han asegurado que ese dinero era en realidad un préstamo realizado por Bárcenas a una de las sociedades de Sanchís, en concreto la uruguaya Brixco, que estaba pasando en ese momento "un problema de liquidez".

Preguntado por qué se desplazó a Suiza, Sanchís aludió a su condición de jubilado para justificar el viaje: "Yo ya estoy jubilado y a mí me apetece viajar e ir a Suiza era una excusa como otra cualquiera para ir a comer a un buen restaurante y volverme para casa".

La fiscal también se interesó por el motivo por el que Sanchís acudió a uno de los bancos suizos el 10 de marzo de 2009 en compañía de Yáñez. Y el extesorero de AP aseguró que su encuentro en el banco fue casual, ya que él acudió a Suiza desde Francia y no desde España: "Me lo diría el día antes el propio Bárcenas o me lo dijo él, no me acuerdo", contestó Sanchís a la responsable del Ministerio Público.

"¿Dónde conoció a Iván Yáñez?", le interpeló después la fiscal Sabadell a Sanchís, que recordó que era hijo de Francisco Yáñez: "Que fue una de las cinco personas que llevé al Partido Popular [en 1982]. Fue empleado mío en Costa Rica, en dónde yo tengo una explotación maderera y durante unos años estuvo al frente de la explotación maderera y alguna vez que yo iba a Costa Rica estaba él con su padre. Y allí lo conocí, y era un chaval, claro".

"Le dimos una parte"

Pero después Sanchís reconoció su vinculación societaria con Iván Yáñez, otro de los procesados en el caso Gürtel: "Pasó mucho tiempo, pero luego, en algún momento, quizá por indicación del señor Fraga [...] yo tengo una cartera en lo que se llaman las tan denostadas sicav, pues tengo una Sicav familiar, la tienen mis hijos, vamos, y entonces, de esa sicav le dimos una parte para que la administrase, y lo hizo con bastante éxito", completó el extesorero de AP.

La fiscal de Anticorrupción Concepción Sabadell trataba de conocer la fecha en la que Yáñez trabajó para la familia Sanchís, aunque el extesorero de Alianza Popular, la formación política creada por Manuel Fraga y que está en el origen del actual Partido Popular, no fue nada preciso: "Hará siete u ocho años, o diez o doce, no sé".

"¿Fue antes del préstamo del que estamos hablando?", preguntó la fiscal, en referencia a los tres millones de euros que según Bárcenas prestó a la familia Sanchís, en concreto a su empresa Brixco, que se llevó a cabo en 2009. "Antes", contestó de forma escueta Sanchís.

Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado por grandes fortunas principalmente de Luxemburgo, Suiza, Italia, España y Francia. Este tipo de sociedad, muy criticada por ser vista como una herramienta legal para evadir impuestos, permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.

Estas sicavs son bastante comunes en Europa no solo entre las familias más acaudaladas, sino también como instrumento para gestionar fondos de inversión, gracias a sus ventajas fiscales: en España se paga un 1% de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen, pero en Luxemburgo se tributa un 0,01%.

Una sicav de Madrid

Pero el abogado del hijo del extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís Herrero quiso que el procesado especificara dónde estaba situada la sicav: "¿Puede especificar si esa actividad normal, estaba en un banco en España, en Suiza o en Estados Unidos?", preguntó el letrado, a lo que Sanchís respondió: "En el Barclays Bank en Madrid. "¿La actividad de Yáñez asesorándole en esta actividad de bolsa que ustedes tienen en el Barclays Bank Madrid dónde se realizaba?", volvió a preguntar el abogado, ante lo que de forma escueta contestó Sanchís: "En Madrid".

Asimismo, negó saber que Francisco Yáñez, padre del presunto testaferro Iván Yáñez, fuera propietario de la cuenta de Suiza denominada Obispado. Tampoco sabía, según declaró, que Bárcenas hubiera abierto su primera cuenta con el nombre de Iglesia, al mismo tiempo que se desvinculó por completo de la creación de la sociedad uruguaya Tesedul, creada por Iván Yáñez para Bárcenas y con la que éste último regularizó 10 de los 21,3 millones que tiene bloqueados en Suiza. Según el sumario, Bárcenas utilizó la cuenta suiza Obispado, del padre de su testaferro, para sacar el dinero de la cuenta de su mujer, Rosalía Iglesias Villar.

En su declaración Sanchís recordó que al igual que a Iván Yáñez, también conoció a Bárcenas "con seis o siete años". "Fui íntimo amigo de su padre hace 50 años. Su padre era director de banco en Badajoz cuando empezaba, ya que tenía una fábrica de insecticidas, que es con la que me hice los primeros millones, y él me ayudó. Y ahí hicimos la amistad. Y la amistad con Bárcenas es la correspondiente a una segunda generación".

Y por eso, cuando Sanchís entró en Alianza Popular en 1982, se llevó a Luis Bárcenas: "Tenía una sociedad que se llamaba Corporación Industrial 25, que era un holding de las empresas que nosotros teníamos entonces, y ahí tenía a varias personas, y entonces me llevé a cinco personas [Luis Bárcenas y Francisco Yáñez padre, entre ellas] porque cuando llegué allí, la tesorería del partido, estamos hablando de los años 80, y no había contabilidad ni había nada. Y entonces yo me llevé a estas cinco personas, que por cierto nunca a mi Alianza Popular me pagó un sueldo y ni estuve en nómina".

Pagó nóminas de Alianza Popular

Preguntado por el abogado de la defensa de Luis Bárcenas Francisco Maroto, Sanchís reconoció que "durante un tiempo, y aunque sea una ilegalidad, estuvieron cobrando de mis empresas y no de Alianza Popular, porque no tenían dinero para pagar. Pagué los fondos de todas estas personas", explicó Sanchís en referencia a Bárcenas, Francisco Yáñez y las otras tres que llevó a Alianza Popular.

El extesorero de AP entre 1982 y 1987 Ángel Sanchís Perales fue procesado en 1991 por decisión del magistrado del Tribunal Supremo Luis Román Puerta, el juez que instruyó el denominado caso Naseiro. En el caso, que resultó finalmente archivado, también estuvieron presuntamente implicados el extesorero de esa formación Rosendo Naseiro, el concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop y el constructor José Balaguer.

Sin embargo, este mismo jueves Sanchís aseguró al tribunal del caso Gürtel que no tiene ningún tipo de relación con el PP ni con nadie que pertenezca al partido, ya que la recuerda como una "época mala" y le ha "costado muchos disgustos". "Afortunadamente no tengo ninguna relación", le contestó a la Fiscalía.

El extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró en su tercera y última jornada de declaración en la Audiencia Nacional por la primera época del caso Gürtel (1999-2005) que el dinero de la caja B que se utilizó para la ampliación de capital de Libertad Digital acabó en la "contabilidad oficial" del partido. 

De esta forma, Bárcenas trataba de eludir las acusaciones de las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás contra él y su mujer, Rosalía Iglesias Villar, de haber cometido un delito de apropiación indebida al haberse quedado, en connivencia con su predecesor en la tesorería del partido, Álvaro Lapuerta, con 149.000 euros de la caja opaca de la formación política presidida por Mariano Rajoy.

Según la Policía, en los denominados papeles de Bárcenas aparecen nueve apuntes manuscritos entre 2004 y 2005 por más de 400.000 euros y que, según el juez Pablo Ruz, podrían constituir un delito de apropiación indebida. Bárcenas explicó al magistrado que esas operaciones habían sido solicitadas por Alberto Recarte, entonces presidente de Libertad Digital al secretario general del PP, Ángel Acebes.

Acebes fue imputado por el juez Ruz, que acabó apartando del procedimiento al ex secretario general del PP. La decisión fue impugnada por las acusaciones, al igual que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que no procesó al excargo.

Su mujer no recibió dinero

En su declaración de este miércoles a preguntas de su abogado Joaquín Ruiz de Infante, Bárcenas aprovechó que uno de esos apuntes sobre Libertad Digital incluye el nombre de su mujer, Rosalía, para asegurar que ella no recibió los 149.600 euros que aparecen en los papeles de Bárcenas.

El extesorero explicó que el Partido Popular quiso "apoyar políticamente" una ampliación de capital de Libertad Digital: "Y Álvaro [Lapuerta] se mueve con distintos empresarios y se consiguen distintas aportaciones. Y como no se ha cubierto completamente, habla con el secretario general [Ángel Acebes] y le autoriza, a petición de Álvaro [Lapuerta] que se utilicen fondos de la contabilidad extraoficial para comprar esas acciones".

El extesorero relató que pese a que su mujer y el también empleado de la tesorería del PP Francisco Yáñez, padre fallecido del presunto testaferro que ayudó a Bárcenas a sacar su dinero de Suiza Iván Yáñez invirtieron su dinero en las acciones de Libertad Digital, en realidad se trataba de un adelanto hasta que se encontrara un comprador.

Por eso, y porque nadie quería echar una mano a un proyecto "deficitario", el PP recurrió al dinero de la caja B, completó el extesorero, que continuó: "Ni Francisco Yáñez ni yo con mi dinero invertimos una cantidad tan importante en una sociedad que no vale nada, y sigue sin valerlo actualmente. Las únicas cantidades importantes son las que salen del PP. Los 150.000 euros de Rosalía Iglesias Villar porque tenemos 150.000 euros de los cuadros y los 139.000 de Álvaro Lapuerta".

"Se encuentra un donante"

"Y Francisco Yáñez compra unas inicialmente, que las mantiene durante un mes, y se encuentra un donante, al que se le traspasan las acciones, por las que Yáñez no pagó nada, porque se habían pagado con dinero del partido", de la caja B.

El caso de su mujer, según Bárcenas, sería parecido aunque no idéntico: "Para explicar la operativa de las acciones que yo pongo a nombre de Rosalía Iglesias me tengo que remontar al contrato de compraventa de un cuadro con Rosendo Naseiro por el que yo ingreso 270.00 euros. 150.000 euros me los quedo en efectivo y los otros 120.000 euros están ingresados en la cuenta de Bankia de mi mujer. Y eso me permite decirle a Lapuerta que yo puedo poner los 150.000 euros hasta que me recompren las acciones y me devuelvan el dinero".

Lapuerta, siempre según la declaración de este miércoles de Bárcenas, que ha superado en total las 16 horas y media de duración en los tres días, le recompró los títulos: "Y por eso yo ingreso 150.000 euros en la cuenta de Bankia. Fue Álvaro [Lapuerta] el que dice que lo vamos hacer con dinero del partido, hago la operación con dinero del partido, y son los 149.600 euros que se traspasan nominalmente a nombre de Yáñez".

Por este motivo, Bárcenas reseñó que su mujer "no ingresó nada" en esta operación, en la que 150.000 euros de la caja B acaban en la contabilidad oficial del PP, ingresados en la cuenta de donativos. "Y Yáñez las vende por el mismo precio que se habían puesto a su nombre. ¿Qué hace Yáñez cuando se venden esas acciones y se adjudican a dos personas? Ingresar el dinero del partido, se lo entrega a Álvaro Lapuerta, entiendo y se ingresa en el partido", resaltó el exsenador del PP por Cantabria.

El partido los ingresa en la cuenta oficial

Bárcenas completó que el pago de ese dinero se realizó en dos ingresos: "El partido los ingresa en la cuenta oficial, esos 60.00 euros que salieron de las anotaciones extracontables del partido, que estaban anotados, entran ahora sí en la cuenta de donativos anónimos del partido, las dos cantidades que conforman los 149.600 euros que supuestamente habría recibido Rosalía Iglesias, y que la UDEF reconoce que no hay percepción de cantidad alguna y sólo hay un cambio de titular, acaban siendo e ingresados en las cuentas del partido, en la cuenta de donativos del partido. Es nítido y transparente".

A preguntas de su abogado Joaquín Ruiz de Infante, Bárcenas alegó en su defensa que ni el PP ni nadie le ha reclamado el dinero de la caja B, que según la Fiscalía Anticorrupción habría sustraído. El letrado, recordó además "que el PP envió una carta al señor Lapuerta en la que asegura que no causó ningún perjuicio al partido y que no cometió ninguna falta de diligencia".

Para Bárcenas, con esa carta, aportada al procedimiento, "el PP está diciendo la verdad, que el señor Lapuerta es una persona honorable. Y si no es aplicable a Lapuerta tampoco es aplicable a mi".

El procesado también defendió de nuevo este miércoles por la noche la honorabilidad de su exjefe: "Lapuerta no se apropió, ya que aparecen las entradas correspondientes, que demuestran que lo que salió de la caja se devolvió. Ingresó en la cuenta bancaria 60.000 y 100.000 euros y unos días después hubo un ingreso en la cuenta de donativos del partido. A mí me sale que devolvió los 130.000 euros".

Reconocer la caja B

Sin embargo, el pasado martes la fiscal Concepción Sabadell interpeló a Bárcenas sobre la carta remitida por el PP al procedimiento en la que no reclama ninguna cantidad: "¿Sabe que si el PP hubiera reclamado el dinero hubiera reconocido su caja B?", dijo, en concreto, la representante del Ministerio Público, a lo que Bárcenas contestó: "El PP ha certificado que Lapuerta ha sido honorable y que no se ha apropiado de nada y que no tiene nada que reclamarle". 

Sin embargo, la fiscal volvió a preguntar a Bárcenas sobre si era consciente de que si el PP reconoce que los fondos "salen de la contabilidad extraoficial, si reclamara este importe, reconocería la caja B". Y en ese momento Bárcenas aseguró que las cantidades de la caja B utilizadas en la ampliación "están devueltas, están ingresadas en la contabilidad oficial del partido".

Y como prueba de esta aseveración, Bárcenas dio supuestos detalles de uno de esos ingresos: "El 31 de noviembre de 2005 el señor Álvaro de la Cruz va a su banco, saca de su cuenta 60.000 euros en efectivo y se va al PP y los entrega. Y quien sea del PP va al banco y los ingresa", especificó el extesorero del PP, que aludía de esta forma a la supuesta compraventa de acciones del empleado fallecido de la tesorería del PP, Francisco Yáñez, también propietario de la cuenta suiza denominada Obispado, que la mujer de Bárcenas, según Anticorrupción, utilizó como puente para sacar su dinero del país centroeuropeo tras la detención de Francisco Correa.

infoLibre se ha puesto en contacto con una portavoz del PP, que ha rechazado hacer cualquier valoración del testimonio de Bárcenas, que enmarca en su estrategia de defensa.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha apuntado, en su tercera jornada de declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la trama Gürtel, que su predecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, era el auténtico responsable de la caja B caja Bde la formación conservadora.

Lapuerta no está sentado en el banquillo de los acusados de la primera parte de Gürtel, que incluye las actividades de la trama de Francisco Correa entre 1999 y 2005, al confirmar el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el extesorero del PP sufre una “demencia sobrevenida”.

A preguntas de su abogado, Joaquín Ruiz de Infante, sobre la apropiación de fondos de la contabilidad paralela del PP, el que también fuera senador del PP por Cantabria ha asegurado: “Nunca he tenido ninguna capacidad de disposición; la oficial la firma la tenía el tesorero nacional [Álvaro Lapuerta] y la capacidad de disposición de la extraoficial también era de él”.

Pero el letrado volvió a preguntar a Bárcenas sobre si Lapuerta era el que autorizaba los movimientos económicos del PP: “Si era la persona que decidía sobre la oficial, sobre la extraoficial con más motivo”, ha completo el procesado.

Además, el extesorero del PP ha recordado que él fue gerente hasta el congreso de Valencia de 2008 y que los poderes plenos económicos los tenía el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta.

Según ha detallado, como gerente no tenía firma en el banco ni podía solicitar préstamos o avales en nombre del partido. Sus funciones eran “muy restringidas” y se limitaban a la gestión del personal y a asuntos relacionados con la sede.

“No tenía capacidad de influencia sobre nada”, ha destacado y ha agregado que tampoco desde sus funciones como senador, que asumió en 2004, no “pintaba nada” en asuntos de índole financiera.

También ha negado relación alguna con una decena de empresas relacionadas con la trama Gürtel y con el personal de éstas, desde el contable José Luis Izquierdo hasta la gestora Isabel Jordán. “A todas estas personas las he conocido al inicio de este procedimiento”, ha dicho, al mismo tiempo que ha rechazado el que haya tenido cualquier capacidad para decidir sobre la adjudicación de campañas electorales y ha concretado que de ello se ocupaba un comité compuesto por 18 personas.

En cuanto a los trámites para las adjudicaciones, ha concretado que las empresas aspirantes debían cumplir las bases reflejadas en un pliego y presentar un proyecto y su presupuesto.

Sobre las supuestas cantidades entregadas por el cabecilla de la red, Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones, Bárcenas ha destacado que nunca influyó ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente para la concesión de adjudicaciones a empresas como OHL y ACS. Siguiendo el mismo planteamiento que ya expuso a preguntas de la fiscal anticorrupción, ha recordado que durante el periodo investigado, y en concreto a partir del 2004 estas carteras ni siquiera eran del PP.

“Gobernaba el PSOE, por lo que mi supuesta capacidad de influencia era nula”, ha dicho. También ha vuelto a hacer mención al alto nivel de relación con el que cuentan los máximos responsables de estas dos empresas. Ha dicho que tanto Florentino Pérez como Juan Miguel Villar Mir trataban con ministros e incluso con los presidentes y ninguno se hubiera prestado a hablar con el gerente y “el de la agencia de viajes”, informa Europa Press.

El extesorero del PP Luis Bárcenas confesó al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se celebra el juicio por el caso Gürtel que en 2011 intermedió entre la empresa Mercadona y la finca argentina del también extesorero de la formación conservadora [Alianza Popular], Ángel Sanchís, para que su amigo fuera proveedor de la firma de supermercados valenciana.

En concreto, logró que la firma de La Moraleja, que es una finca situada en el norte de Argentina en la que se producen sobre todo limones, multiplicara sus ventas por cinco, según declaró Bárcenas este martes por la tarde en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) de la Audiencia Nacional.

"Yo no me dedicaba a lo que es gestionar los envíos ni nada por el estilo. Lo que hacía en función de alguna relación que podía tener es poner en contacto, en este caso concreto puse en contacto a Ángel Sanchís padre con una importante cadena de distribución que quería comprar directamente en finca el producto, que no quería intermediarios en la operación, hice un contacto y se consiguió cerrar un acuerdo comercial de venta directa entre la finca de argentina y esta empresa que significó, creo recordar, multiplicar por cinco" las ventas, según especificó Bárcenas en relación a la supuesta existencia de un contrato suyo con el propio Sanchís.

Y Bárcenas, que en un principio no quiso identificar el nombre de la sociedad con la que Sanchís habría hecho negocio gracias a sus contactos, acabó confesando tras la insistencia de la fiscal Concepción Sabadell: "Mercadona".

Una empresa de Mercadona

Bárcenas aseguró que en concreto fue una filial de Mercadona, cuyo nombre no identificó, "pero que es la que compra para ellos. No recuerdo, pero es una empresa específica que tiene Mercadona. Es la única gestión que hice. Pero cubrí de sobra mis honorarios", completó el que también fuera exsenador del PP por Cantabria.

Según consta en la contabilidad B del PP, Mercadona realizó dos aportaciones en 2004 y 2008 en la caja B controlada por el propio Luis Bárcenas de 90.000 y 150.000 euros, respectivamente. Por ello, el principal dueño de Mercadona, Juan Roig, declaró como testigo en la Audiencia Nacional en la pieza separada denominada papeles de Bárcenas, en los que se refleja la contabilidad en negro del partido, que el pasado lunes Bárcenas denominó "extracontable". Roig negó los pagos a Bárcenas, pero reconoció aportaciones a la Fundación FAES de José María Aznar.

Con esta confesión, el extesorero del PP trata de desmontar la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que Sanchís, amigo de la familia de Bárcenas, le ayudó a sacar de Suiza hasta tres millones de euros tras la detención de Francisco Correa, y que después se los devolvió de diferentes formas.

Actividades de su mujer

Según Anticorrupción, entre esas transferencias devueltas estarían varios pagos de hasta 143.689 euros a la firma de Bárcenas, Conosur Land, que disponía de una cuenta en España, y en concreto en Bankia. Los honorarios de La Moraleja se abonaban, según Bárcenas, en esta empresa, creada para canalizar "las actividades de [su mujer] Rosalía [Iglesias] en el mundo del arte". El extesorero también dijo que pese a que negoció con Sanchís, no consiguió cobrar a porcentaje y sus emolumentos fueron fijos.

Por aquella operación, el que fuera también gerente del PP hasta el Congreso nacional del partido de Valencia celebrado en 2008, tenía fijados beneficios trimestrales de 100.000 dólares que después pasaron a ser mensuales y que recibía de la compañía de Sanchís.

Para la Fiscalía, sin embargo, y así se lo dijo la fiscal Concepción Sabadell al extesorero en un momento del interrogatorio, el contrato de asesoramiento pretendía dar apariencia a la reintegración por los Sanchís [padre e hijo] a Bárcenas del dinero que salía de sus cuentas suizasBárcenas. "Eso es lo que dice usted", le indicó el extesorero popular a la representante de la acusación pública.

Bárcenas resaltó, también, que la relación con Mercadona se rompió en 2013 tras ser imputado por "riesgo reputacional", por lo que no le habría dado tiempo a realizar más contactos para la empresa de Ángel Sanchís.

Mientras cobraba del PP

Bárcenas emprendió esta nueva faceta profesional antes del verano de 2011, cuando -según explicó- ya no desempeñaba funciones de tesorero en el PP aunque sí continuaba cobrando del partido. "Tenía todo el tiempo del mundo y me ofrecí", dijo.

Para la firma del contrato con la empresa de Ángel Sanchís, Bárcenas se desplazó a Argentina en junio de 2011 y firmó la documentación ante notario, razón por la que únicamente estuvo 24 horas en el país sudamericano. Según Bárcenas, la brevedad del viaje obedeció sin embargo a que la erupción del volcán chileno Puyehue le obligó a modificar sus planes, ya que tenía previsto estar allí varios días para conocer Buenos Aires.

El supuesto interés de Bárcenas por la fruta fresca no se detuvo con este acuerdo, ya que aseguró que llegó a estudiar un subproducto del limón, la cáscara, con la intención de darle valor añadido a través de la obtención de pectinas. Este uso ya había sido empleado en Dinamarca con excelentes resultados, destacó Bárcenas ante el tribunal.

Elude las cajas B regionales

Por otra parte, el extesorero del PP se negó este martes a contestar a cualquier pregunta relacionada con la existencia de la caja B en las sedes regionales del PP , ya que, según recordó, se trata de una investigación que no es objeto del procedimiento que está juzgando en este momento la Audiencia Nacional, relativo a la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), informa Europa Press.

La fiscal Concepción Sabadell le preguntó sobre si las sedes locales de la formación política como Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid), cuyos exalcaldes Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, respectivamente, también están acusados en esta causa, tenían cajas B.

"Es una pieza separada", subrayó el extesorero del PP. Ante esto, la fiscal le destacó que en abril de 2014 ya declaró ante el entonces juez instructor Pablo Ruz que la formación política tenía "una caja B en todas las provincias y regiones de España" para financiar las campañas electorales.

"No recuerdo la declaración. En cualquier caso no estamos hablando de una declaración que no estamos viendo en estos momentos y no le voy a contestar", dijo.

No habla de la reunión con Rajoy

Bárcenas tampoco quiso responder a las preguntas relacionadas con la presencia de su mujer en una reunión que celebró en marzo 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, y en la que presuntamente se pactó que seguiría cobrando del partido pese a abandonar su cargo como tesorero.

"De eso tampoco voy a contestar", respondió ante la cuestión planteada por la fiscal Sabadell por tratarse de una cuestión "de ámbito privado". Rosalía Iglesias ratificó en una declaración prestada en 2014 que estuvo en ese encuentro en el que se fijó la "indemnización en diferido" por sus servicios.

Respecto a aquel encuentro, la esposa de Bárcenas aseguró al juez Pablo Ruz, entonces instructor de la causa, que ambos dirigentes del PP les dijeron que "todo seguiría igual"dirigentes del PP.