“Prudencia y rigurosidad”. Esa es la máxima que sigue durante estos días el Gobierno de Asturias desde que el pasado domingo aparecieran en sus costas los primeros indicios de pellets. Y los depósitos se han extendido con una enorme velocidad en el litoral, lo que ha llevado al Ejecutivo de Adrián Barbón a ser la primera comunidad que elevó a 2 el nivel de emergencia.

Esto provocó que horas después Galicia, que se había negado hasta el momento, también subiera de fase. Ese nivel 2 conlleva que el Ministerio de Transición Ecológica pueda trabajar conjuntamente con las autonomías, una ayuda ofrecida durante días por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. En el caso de Asturias pilota la acción el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, que atiende a infoLibre en estas horas intensas mientras supervisa los trabajos a pie de litoral. Con una obsesión: que no se vea afectada la costa mejor conservada de España. 

¿Por qué han elevado al nivel 2 de alerta? 

Desde el primer momento que se detectó el indicio de pellets lo que hicimos fue activar el plan. Nuestra situación es muy singular: tenemos la costa mejor conservada de España con más de treinta elementos de espacios naturales protegidos. Nuestro nivel de atención es máximo y tenemos unificados los servicios de emergencias y de gestión de red de espacios naturales. La coordinación es máxima. 

En el análisis de la mañana del martes ya teníamos indicios de presencia en toda la franja litoral asturiana. Y luego está el efecto directo de gravedad que es el factor tóxico, que está por determinar que lo tenga el pellet. Pero hay un factor directo: nuestros espacios naturales y la fauna son especialmente sensibles. Por lo que la prudencia y el criterio de ser absolutamente rigurosos invitaban a dotarnos de todos los medios, lo que significa ir a fase dos. Esto te permite contar con la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica.

¿Qué significa concretamente ir a fase dos? ¿Qué ayuda puede aportar el Ministerio? 

Tanto la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, nos han ofrecido todos sus medios. Tenemos ya experiencia de colaboración y normalmente incluso utilizamos medios comunes como la empresa pública Tragsa. El lunes ya teníamos brigadas contratadas a través de nuestros servicios y lo que nos ofrecen ellos es poder llegar a todos los focos. El objetivo es que en cada foco tengamos una brigada recogiendo los pellets, que es un trabajo muy arduo, y un contenedor. Supone contar con todos los recursos disponibles. El sentido común invita a dotarnos de todos los medios. En el nivel 2 la coordinación del trabajo sigue siendo nuestra, no implica ninguna pérdida de soberanía respecto a las decisiones. Lo lógico es aprovechar al máximo la colaboración que se nos ofrecía.

¿Qué nivel de gravedad supone el vertido de pellets? ¿Qué alcance puede tener de manera contaminante para la naturaleza y tóxica para la fauna o incluso para los humanos? ¿A qué se están enfrentado?

Somos prudentes. A falta de los análisis que están desarrollando las autoridades competentes, hay un elemento fundamental que se ha descartado: que los productos tuvieran una toxicidad para la gente que tiene que manipularlos. Lo que sabíamos es que son pellets dedicados a la industria agroalimentaria, por lo que no tienen una toxicidad directa al contacto. Se pueden manipular, pero evidentemente no están preparados para ser consumidos, es decir para que entren en la cadena trófica. Por lo tanto, no es un vertido que estimemos que tenga una toxicidad directa, pero tenemos que valorar cómo puede afectar al sistema natural protegido y la fauna. No vemos una peligrosidad directa para las personas, sino para los hábitats y ecosistemas. Pero es algo que se está estudiando, por lo que el criterio de prudencia siempre predomina.

¿Cómo es de importante la celeridad a la hora de actuar en estos momentos?

Es muy importante. En el caso de Asturias, son pequeñas cantidades pero llegan con cada una de las mareas. Lo que hacemos es recogerlas de manera manual. Es un trabajo muy arduo. Lo lógico y lo adecuado es que retiremos lo que llegan con cada marea.

¿Se está extendiendo la frecuencia de llegada de manera rápida desde que detectaron los primeros casos?

Sí. Estamos muy lejos de donde se produjo el vertido, y los expertos nos plantean que hay balsas de pellets en superficie que van de oeste a este arrastradas por los vientos dominantes. Desde el domingo que tuvimos los primeros en Asturias, ya hay ahora depósitos en toda la franja costera y en Cantabria. Están avanzando con mucha velocidad. De lo que se trata es de ver durante cuánto tiempo vamos a seguir recibiendo esos pellets en cada una de las mareas.

¿No se puede calcular el tiempo y la magnitud del vertido?

No. Está el factor de la estimación inicial del vertido, en lo que está trabajando sobre todo la Administración central. Y luego cuál es la cantidad que se está trasladando ahora por el Cantábrico. Saber eso nos permitirá estimar durante cuánto tiempo puede haber recurrencia en depósitos. Ahora llevamos cuatro o cinco mareas con depósitos. 

¿Ese desconocimiento puede llevar a no descartar que se produzca una catástrofe natural?

Somos prudentes. No es el vertido de un producto tóxico como el que vimos hace años. Hay una toxicidad indirecta que hay que evaluar, pero en nuestro caso la gravedad se la damos por la afección a un espacio que para nosotros tiene el máximo nivel de protección y que nos ha costado mucho preservar. 

En Asturias elevaron este martes el nivel 2 cuando los primeros casos fueron el domingo, algo que contrasta con Galicia, donde aparecieron en diciembre y no han dado ese paso hasta horas después del Principado. ¿Qué le parece que hayan tardado tanto sus vecinos?

No lo entro a valorar, pero sí explico muy claramente por qué nosotros actuamos con esta rapidez. Entendemos que es nuestra responsabilidad. Desde el principio pusimos todos nuestros medios y en cuanto nos han ofrecido medios adicionales lo hemos aceptado. Hay que trabajar conjuntamente. 

El 40% de los municipios costeros españoles ha visto cómo en los últimos años se ha transformado su litoral debido a las grandes construcciones, preferentemente para usos turísticos, lo que supone un "elevado" riesgo de inundación tanto por la existencia de gotas frías, DANAs o por la propia subida del mar, según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad que recoge Europa Press. De hecho, esta es una de las principales conclusiones que detalla el informe titulado Los 50 municipios más construidos del litoral español: áreas urbanas más expuestas a los temporales en la costa, publicado por el observatorio.

El estudio alerta de la existencia de dos grandes procesos que se encuentran en colisión en la costa española. Por una parte, el Observatorio de la Sostenibilidad señala el desarrollo del complejo industrial turístico-residencial que ha determinado el desarrollo de auténticas ciudades costeras en territorios que antes de los años 50 del siglo pasado eran rurales y han llegado a la primera franja de costa en los primeros 500 metros.

Por otra parte, el informe apunta también como causas de este riesgo al cambio climático y a la subida del mar, sin olvidar a las gotas frías que en los últimos años se han repetido con una mayor frecuencia e intensidad en España. Así, cita expresamente al temporal Gloria, que según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha sido "el más duro" sufrido desde 1982 y que causó inundaciones por la costa este de España.

Rankink liderado por Andalucía y la Comunitat Valenciana

De los 50 municipios publicados, tan solo dos, Puerto Real (Cádiz) y Sagunto (Valencia) pueden justificar haber construido en zona costero a causa de construcciones de uso industrial. A pesar de esto, las 48 localidades restantes estarían marcadas por construcciones de uso turístico, principalmente viviendas, hoteles y campos de golf, siendo estas dos primeras el rasgo principal de turistificación y superando el 80% en 22 casos.

Esta lista de términos municipales más artificializados en la franja costera de naturaleza histórica no urbana está liderada por doce enclaves de Andalucía, once de la Comunitat Valenciana, seguidos de diez tanto de Canarias como de Baleares, así como dos en Cataluña y cinco de la costa de Galicia.

De todos, Marbella (Málaga) es el lugar que más destaca y al que el informe define como "claramente el municipio anteriormente rural más impactado por la turistificación intensiva de España". Junto con Calvià (Mallorca), son los municipios que más área de costa han pavimentado con 988 hectáreas y 983 hectáreas, respectivamente. Por detrás, les sigue Dénia (Alicante) con 613 hectáreas, Estepona (Málaga) con 566 hectáreas y el quinto en la lista es Puerto del Rosario (Las Palmas) con 531 hectáreas.

Sin embargo, la localidad que más ha modificado sus primeros 500 metros de costa, si se mide en porcentajes, es Benicasim (Castellón) con algo más del 82% de su superficie modificada con fines turísticos mientras que le siguen con más del 30%, Orihuela (Alicante) Mijas (Málaga), Marbella (Málaga), Torrevieja (Alicante) y Benalmádena (Málaga). Este último municipio junto con Calpe (Alicante) son los que más han artificializado el conjunto de su término municipal (cerca del 45%).

En resumen, las áreas geográficas más impactadas por esta transformación son la costa malacitana, Alicante y sur de Valencia aunque también tienen numerosos cambios la costa gaditana de poniente, Baleares e islas mayores de Canarias.

Por su parte, la costa norte ha experimentado un menor desarrollo urbanismo turístico salvo en algunos municipios de las Rías Baixas, como Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), con el 59% de su superficie modificada y Sanxenxo (Pontevedra), con el 41% así como Oleiros (32%), Ferrol y Ribeira (21%) en A Coruña.

Además, el Observatorio de Sostenibilidad destaca en repetidas ocasiones a lo largo del informe que la construcción de campos de golf ha superado de manera creciente la superficie de suelo destinado a espacios público como pueden ser los parques infantiles. También es reseñable que el conjunto de superficie artificial construida en los primeros 500 metros de costa suma 625 kilómetros por hora, una cifra superior al área total que abarca el municipio de Madrid (605 km2).

El documento alerta de que la mayoría de los municipios analizados están inmersos en un modelo económico "arriesgado" debido a que han priorizado el turismo en pro de la agricultura. Lo que además ha evidenciado de una manera creciente desequilibrios sociales y económicos. "La extensión del territorio urbano se ha hecho completamente a espaldas de los núcleos urbanos originales, desconectados incluso territorialmente y siguiendo un modelo disperso de baja densidad", ha detallado el informe.

"Dar al mar lo que es del mar"

Por último, las recomendaciones que apuntan desde el Observatorio de la Sostenibilidad es, por ejemplo, retroceder en la ocupación de toda la costa en al menos los primeros 500 metros para así "dar al mar lo que es del mar" aunque matizan que "en muchos casos no se trata solo de 500 metros" y se debe tener en cuenta que la línea de costa es cambiante en el tiempo.

Otra de las posibles medidas a tomar es el denominado 'modelo Asturias', reconocido por su estricta protección de la franja costera y piden que se reconozca como el modelo a seguir en todo el conjunto español además de implantar un sistema de compensación para municipios que no han deteriorado su litoral.

En este sentido, también reclaman una nueva ley del litoral que reconozca los problemas que pueden derivar del cambio climático y recuerdan que en el año en el que se aprobó la Ley de Costas (1988) las comunidades autónomas no contaban con sus actuales competencias. Además, se plantea el aumento de áreas protegidas porque "se ha demostrado que es una de las claves para detener el proceso de construcción".

El pasado martes, la revista Nature publicó un estudio realizado por Climate Central que actualizaba la predicción de las zonas inundables en un escenario de subida del nivel del mar por el cambio climático. Realizado bajo la premisa de que las emisiones de gases de efecto de invernadero serán altas, el informe asegura que más de 200.000 españoles verán sus casas y su tierra anegadas por la inundación cuando llegue 2050. Utilizando una nueva metodología, el trabajo parte de la predicción del Panel de Expertos de Naciones Unidas (IPCC): casi 1 metro de elevación para finales de siglo. Gran parte de la desembocadura del Guadalquivir, el delta del Ebro, o ciudades como Bilbao, Cádiz o Santander se verían gravemente afectadas. [Consulta el mapa al completo a través de este enlace].

Ante este escenario, la primera medida que viene a la cabeza es la reducción de emisiones. Solo con un descenso muy acentuado en el nivel de gases de efecto invernadero el cambio climático será menos destructivo de lo que apuntan estas proyecciones. Es lo que se conoce como mitigación. Pero los científicos suelen señalar que la gran olvidada es la adaptación. Sabiendo que hay ciertas consecuencias del calentamiento global que son inevitables, es necesario dedicar tiempo, espacio y recursos a efectuar los cambios necesarios para que la subida de las temperaturas, el aumento de la frecuencia de los fenómenos extremos o, también, la subida del nivel del mar no nos afecten tanto. Y ante las inundaciones que la ciencia predice, en el peor de los escenarios, ¿cómo se está adaptando España?

Sobre el papel, España tiene un plan. Como suele pasar, otra cosa es que se cumpla. La Ley de Costas, modificada en 2013, establece la necesidad de contar con una Estrategia de Adaptación de la Costa a los Efectos del Cambio Climático. Dicha estrategia, publicada por el Ejecutivo de Rajoy en 2016, enumera cuáles son las principales medidas a tomar: construcción de elementos de protección y de estructuras para mantener la línea de costa (muros, paseos, diques, espigones…), regeneración de playas y sistemas dunares, abordaje de las construcciones en primera línea de playa… sin descuidar la inversión en I+D, en monitorización, en sistemas de alerta y evacuación o en concienciación, entre otras materias. El reto no es sencillo, por lo que necesita una acción integral.

La Estrategia, a su vez, prevé el llamado Plan PIMA Adapta (Plan de Impulso al Medio Ambiente) que concreta, a través de los Presupuestos, las medidas a adoptar. No solo en las costas: también con respecto a la biodiversidad en los Parques Nacionales, la adaptación de los ecosistemas o los recursos hídricos. Además, señala el Ministerio, aporta recursos para financiar proyectos de adaptación al cambio climático a través de convocatorias públicas. Hasta la fecha se han realizado dos convocatorias de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a través de la Fundación Biodiversidad: en 2016 y en 2017. Hasta ahí.

En los Presupuestos de 2018 elaborados por el Ejecutivo del PP, actualmente en vigor, no se contempla ni un solo euro para el plan PIMA Adapta. Una situación que el Gobierno de Sánchez no ha podido revertir, al ser tumbados sus Presupuestos en el Congreso. Por lo tanto, en la práctica, la adaptación al cambio climático está paralizada. El Ministerio para la Transición Ecológica, consultado por infoLibre, no ha contestado a la pregunta de si se plantean, en la actualidad, otros métodos para seguir avanzando en la adaptación al cambio climático para evitar los efectos más dañinos.

Los ecologistas apuestan, con prioridad, por la recuperación de los ecosistemas costeros. Playas con buena regeneración, a salvo del ladrillo y del cemento, actúan como dique frente a los temporales. Porque no solo se trata de un aumento del nivel del mar lento y silencioso, que va ganando terreno poco a poco: se trata, también, de que cuanto más elevado esté dicho nivel, más avanzará el agua en caso de un fenómeno extremo. Que, además, serán más frecuentes y voraces por el calentamiento global. Es la tormenta perfecta. La responsable de Cambio Climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, reconoce que la prioridad de su organización es la “mitigación” pero, aun así, entiende que las costas españolas necesitan “muchísima más planificación, fondos y financiación, para evitar los impactos que ya estamos viendo”.

Las playas con praderas de posidonia, humedales o marismas “frenan la energía del oleaje”, explica Clara Mejías, de Ecologistas en Acción. Además, el aporte natural de arena procedente de los sedimentos que arrastran los ríos genera una barrera natural entre el agua y la civilización. Sin embargo, la realidad de buena parte de la costa española es diferente: playas erosionadas, sin aporte de sedimentos natural, donde la vegetación submarina ha disminuido drásticamente y con edificaciones en primera línea de playa. “La regeneración natural es el primer eslabón, lo más importante. Muchas obras, como los espigones, generan mayor erosión”, explica.

En su último informe de Costas, Greenpeace pone de ejemplo la Comunitat Valenciana: “Casi tres cuartas partes de su línea de playa está urbanizada (74,3%), la primera comunidad autónoma de litoral más urbanizado. La degradación de la cobertura vegetal conlleva la disminución de la capacidad de generación de lluvias y de amortiguación de inundaciones, a la vez que aumenta el riesgo de erosión. Esta situación es especialmente preocupante en esta zona del Mediterráneo caracterizada por lluvias torrenciales e irregulares, y más en un contexto de cambio climático”.

La primera línea de playa

La Ley de Costas, y su modificación en 2013, no fue lo bastante efectiva para prevenir el efecto del cambio climático, consideran muchos activistas y científicos. En determinados supuestos, permite la construcción hasta a 20 metros de la ribera, aunque solo en caso de terrenos clasificados como urbanos con anterioridad a la entrada en vigor de la norma. Además, el PP facilitó que las construcciones que tras la implantación de la Ley se quedaran fuera pudieran pedir prórrogas de hasta 75 años. El pasado 29 de julio de 2018 se cumplieron 30 años desde la aprobación del texto, que es el margen que se daba para esas edificaciones: por lo que poco después de conformarse, el Ministerio para la Transición Ecológica tuvo que abordar miles de solicitudes. Por lógica, cuanta más actividad y presencia humana, más degradadas estarán las playas: y cuanto más cerca del agua se asiente la población, más vulnerable será a las crecidas. En un país que vive del turismo, no es un asunto cómodo.

El Gobierno aseguró entonces que se basarían en criterios técnicos y objetivos para decidir qué casas y edificios podrían continuar cerca de la playa y cuáles no. Las construcciones más sensibles a la subida del nivel del mar, en teoría, no podrían continuar. Ecologistas en Acción lo duda: “Las concesiones para gente que tiene pocos recursos no se suelen ampliar. Sí las de grandes hoteles”, acusa Mejías.

La organización Ecologistas en Acción ha publicado este viernes su informe de 2019 de Banderas negras, en contraposición a las banderas azules que otorga anualmente la Fundación para la Educación Ambiental (BEE) a las mejores playas del planeta. El trabajo de los activistas viene a señalar las playas y espacios costeros de España más degradados, afectados por la contaminación y por un modelo turístico que consideran extractivo e insostenible. Los ecologistas han seleccionado dos casos especialmente flagrantes en cada provincia litoral, más Ceuta y Melilla, con el afán de denunciar que el valor ecológico, social y cultural intrínseco de las costas españolas "se ha visto distorsionado y gravemente amenazado, modificando sus cualidades por un sinónimo de riqueza económica, riqueza que ha campado a lo largo y ancho de todo nuestro deteriorado litoral".

España ha sido el país que más banderas azules ha recibido en 2019, aunque el número de concesiones ha disminuido con respecto a las otorgadas en 2018. Ecologistas en Acción viene a denunciar lo que consideran un optimismo infundado, teniendo en cuenta que el principal factor que altera el estado ecológico de la costa, el turismo, no será para siempre la gallina de los huevos de oro. Los activistas han centrado su informe en los procesos de turistificación, un concepto usado habitualmente en lógicas urbanísticas y de ordenación del territorio, y que la organización reinterpreta para explicar cómo esta actividad económica destruye ecosistemas enteros y hace la vida más difícil para la población residente en los territorios atractivos para los viajeros a cambio de una promesa de empleo y desarrollo que no tiene por qué cumplirse para siempre.

La actividad turística, argumenta Ecologistas en Acción, funciona como una suerte de "monocultivo", que pese a que representa solo el 11% del PIB español, en algunas zonas costeras es casi el 90% de la actividad económica del territorio. Y esa apuesta a solo un caballo ganador tiene ya consecuencias y puede tenerlas, en el futuro, mucho peores. Para la organización, este monocultivo es una industria extractiva que agota la materia prima que vende –en este caso la tierra–, así como depende de un mercado exterior "que sitúa a las poblaciones locales en una posición subalterna". "Pero la tierra no se puede producir, por lo que cuando acabe, la industria solo tendrá que mover su dinero a otro destino, quedando nuestros territorios destruidos con pocas posibilidades de recuperación y nuestra economía desierta", puntualiza el informe.

La industria del turismo, vinculada estrechamente con la inmobiliaria, "ha gozado de un cierto consenso social, apuntalado casi en exclusiva en la noción 'vivimos del turismo' o 'el turismo genera riqueza'", afirma el documento, que contradice esta percepción con datos: muchos de los municipios y poblaciones que reciben a una buena cantidad de turistas cada verano son los que más pobreza y desigualdad registran.

Y además, recuerda Ecologistas en Acción, el idilio de España con el turismo no será para siempre: en los últimos años el país se ha beneficiado de una percepción como el país más seguro del Mediterráneo que se está empezando a revertir. El cambio climático eleva las temperaturas más allá del confort térmico que disfrutan los visitantes y sube el nivel del mar, lo que podría, literalmente, engullir a muchos enclaves costeros. Y el precio del petróleo sigue subiendo, lo que subirá los precios de muchos de los vuelos low cost que traen a España a millones de personas cada verano.

Casi 50 puntos negros en nuestras costas

Así, Ecologistas en Acción ha seleccionado 48 espacios litorales españoles dignos de una bandera negra. No todos los procesos de degradación ambiental son fruto del turismo, eso sí: otros muchos son, por ejemplo, fruto de una deficiente gestión de los residuos que van a parar al mar, como el caso de Nerja (Málaga): el único de los municipios de la Costa del Sol que no cuenta con depuradora y en cuyas costas la Guardia Civil afirma que se ubica un "vertedero submarino incontrolado". El delta del Ebro, donde el agua del mar cada vez come más terreno y altera el delicado equilibrio ecosistémico de la zona, también cuenta con una bandera negra: más que por el turismo, fruto de una gestión de los recursos hídricos muy mejorable.

Hay banderas negras que se repiten y que son tristemente conocidas, como el caso del hotel ilegal del Algarrobico (Almería), que tras años de idas y venidas judiciales se declaró que estaba construido sobre zona protegida; y otras que se otorgan a una zona de tanta extensión y simbolismo, por su potencial, como la Costa Brava. Esta parte del litoral catalán, formado por 22 municipios "de insólita riqueza paisajística y larga historia ligada al Mediterráneo", es un ejemplo paradigmático de los males del turismo en el país: los ríos de la provincia gerundense están secos por la sobreexplotación, los ecosistemas pierden biodiversidad, los oficios y empleos tradicionales son sustituidos por la estacionalidad y precariedad del trabajo turístico y la zona, en definitiva, se ha convertido en una de las más pobres de Cataluña.

Las banderas negras también se dirigen a una forma de contaminación del litoral tan desconocida como frecuente: la de los cruceros. Un reciente informe de Transport & Environment apunta a que los cruceros que surcan el Mediterráneo contaminan más en cuanto a óxidos de azufre que toda la flota de vehículos terrestres del continente. Ecologistas en Acción señala casos llamativos como el de Bilbao y Getxo, donde las autoridades "permiten y fomentan el turismo de supercruceros, que suponen un grave daño para el medio ambiente y una pésima inversión a medio y largo plazo para la economía de la zona".

Aunque sin llegar al nivel de Barcelona, contaminada en buena parte por el alto tráfico de estas embarcaciones. La organización critica especialmente el recibimiento mediático y político de un crucero a gas calificado de "ecológico" y que espanta, a juicio de la organización, el abordaje real del problema: si bien los buques a gas son mucho menos contaminantes, la gran mayoría de las flotas no puede permitirse cambiar de combustible y sí tomar medidas a favor de reducir emisiones. Algo que, según Ecologistas, no se hace con demasiada frecuencia.

El resultado total es de 15 banderas negras otorgadas por vertidos de aguas sin depurar, nueve por especulación urbanística, nueve por afecciones industriales, seis por puertos y cruceros, seis por regresión costera, dos por acumulación de basuras y una por otras actividades como los fondeos. Ecologistas en Acción insiste en la importancia de la crisis climática: "El actual negocio de turismo también se verá seriamente amenazado, desplazando sus preferencias geográficas a otros lugares". La apuesta de los activistas es la de cambiar el modelo productivo, haciéndolo sostenible, antes de que la marcha del dinero derrumbe el castillo de naipes.

Greenpeace ha iniciado los trámites para reclamar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acelere la demolición del hotel ilegal de El Algarrobico en Carboneras (Almería), tras la decisión del Tribunal Supremo el pasado 4 de diciembre de que la Junta de Andalucía acuda a un pleito civil para que la promotora Azata les entregue los terrenos. Además, ha acusado a la Junta de retrasar dicha "demolición hasta 2023".

Según Greenpeace, "no es la primera vez que la justicia exige al Gobierno andaluz que inicie los trámites por la vía civil" ya que, en 2015, el propio TSJA ya le pidió lo mismo. "Esto supone un retraso de al menos seis años hasta que se pueda proceder a la demolición del hotel", ha aseverado la organización que va a pedir al TSJA que "obligue" al Ayuntamiento de Carboneras a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para que lo adapte al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, norma de rango superior.

El Algarrobico figura en esta norma como espacio protegido (no urbanizable) por decisión del Tribunal Supremo en 2016, por lo que una vez modificado el PGOU, Greenpeace demandará al Ayuntamiento de Carboneras que "revise la licencia de obras y, una vez declarada ilegal, que inicie un expediente de demolición". Todas estas peticiones irán incluidas en el mismo recurso contencioso administrativo, según ha detallado la organización ecologista.

"La estrategia jurídica seguida por la Junta de Andalucía para demoler el hotel puede demorarse muchos lustros. Para evitar más dilaciones, Greenpeace ha decidido abrir esta vía en los tribunales", ha declarado Pilar Marcos, responsable de Biodiversidad de Greenpeace, quien ha afirmado que "esta es la forma más rápida para demoler el hotel" porque si se espera a que lo haga la Junta, "lo verán las siguientes generaciones".

Además, Greenpeace ha asegurado que el Gobierno andaluz "podía ya haber comenzado los trámites" para obligar a Azata a entregarle la finca, pero "no lo hizo hasta el año 2015" y si la Junta hubiese iniciado el pleito civil en 2013, "ya tendría al menos sentencia en primera instancia". "A los cuatro años de retraso que ya lleva el Gobierno andaluz en su pretensión de apropiarse de los terrenos, habrá que sumar ahora el tiempo que tarde en tramitar el pleito civil, que puede prolongarse durante seis años más", ha aseverado.

Marcos ha concluido que Greenpeace pretende es evitar que el proceso "sea eterno", ya que, según ha explicado, una vez que el Gobierno andaluz tome posesión de los terrenos dentro de unos seis años, podría ocurrir que Azata no reconozca que el retracto incluya el hotel, lo que "implicaría nuevos pleitos". Y, si finalmente la Junta consigue ser el dueño legal de los terrenos y del hotel, el siguiente problema será demolerlo, ya que el Ayuntamiento de Carboneras probablemente no conceda licencia de demolición, porque según su PGOU, el hotel tiene licencia de obras y está construido en terreno urbanizable.

Sólo un 27% del litoral español está protegido. El 31,8% de la costa pública (el dominio público marítimo terrestre) ha sido urbanizada, con las provincias de Málaga (74,9%), Cádiz (69,1%), Barcelona (68,9%) Valencia (66,7%) y Alicante (64,3%) como principales exponentes. La media de crecimiento de ocupación artificial de la costa pública es del 40% entre 1987 y 2011. El suelo construido en los primeros diez kilómetros de litoral, los más apetecibles para el turismo y el ladrillo, se ha incrementado en un 57%. Y el proceso sigue. Greenpeace y el Observatorio de Sostenibilidad presentaron este lunes su informe Protección a toda costa, elaborado a partir del análisis de 7.880 kilómetros lineales de la costa española. La conclusión es que la voracidad invasiva de la construcción junto a las playas españolas no se ha detenido con la crisis económica. Greenpeace alerta de una posible "nueva burbuja inmobiliaria en la costa"

El estudio se ha servido de fotografías de satélite de espacios protegidos. El análisis abarca 21 millones de hectáreas. Sus conclusiones son pesimistas. "De seguir las tendencias actuales, en muy pocos años habremos dilapidado lo poco que queda. Es urgente un uso prudente del suelo en un escenario de cambio climático", afirma Fernando Prieto, coordinador del Observatorio de la Sostenibilidad. "El ansia por seguir ocupando los primeros kilómetros de costa y los alrededores de los parques naturales no ha desaparecido. La flexibilización de normativas como la nueva ley de costas, la ley de impacto ambiental, la futura ley del suelo de Canarias y la indiferencia ante sentencias judiciales como en el hotel de El Algarrobico parecen ser los catalizadores de una segunda edad de oro para el ladrillo", explica Pilar Marcos, responsable en Greenpeace de la campaña de biodiversidad.

Además de su exhaustividad cuantitativa, el informe incorpora un apartado de más de 50 puntos negros, lo que sus autores llaman "elefantes blancos", que aportan elementos para una valoración cualitativa. Infraestructuras en desuso, fallidas o de elevado impacto ambiental, casi siempre con enormes despilfarros de recursos aparejados, forman parte del retrato elaborado por Greenpeace y el Observatorio de Sostenibilidad. infoLibre hace un repaso, a partir del informe Protección a toda costa, de estos "elefantes blancos" por comunidades autónomas, examinando también áreas —hasta 52, señala el informe— que sufren una mayor presión urbanística en cada una de ellas.

Andalucía: de El Algarrobico a los indultos de Marbella

El "punto negro" más emblemático es el Hotel El Algarrobico, aberración urbanística por antonomasia. Sigue en pie en Carboneras (Almería), pese a su flagrante vulneración de la legalidad urbanística. Las autoridades, en cumplimiento de sentencia judicial, tienen la pretensión de derribarlo, pero no hay fecha. También en la provincia de Almería, la urbanización Mundo Aguilón, con campo de golf, se asienta sobre una superficie de 200 hectáreas en una zona ecológicamente valiosa. En el ámbito industrial destacan las balsas de fosfoyesos en la costa de Huelva, millones de toneladas de residuos radiactivos a escasos 500 metros de la ciudad, conformando en algunas zonas una montaña de más de 20 metros de altura.

El Parque de la Historia y el Mar de San Fernando (Cádiz), un acuario de 27.000 metros cuadrados sin uso desde que se construyó en 2007, urbanizaciones de lujo fuertemente erosivas y viviendas ilegales "indultadas" componen el catálogo andaluz de "elefantes blancos", que hace mención aparte al caso de Marbella (Málaga), donde el grueso de la era de la construcción desaforada se mantiene en pie.

El informe alerta de la presión urbanística sobre el terreno libre de invernaderos en Roquetas (Almería) y Aguadulce, un núcleo secundario del municipio. "Los últimos huecos libres junto a la playa entre ambos núcleos son de gran valor ecológico", señala el estudio. En Cádiz la transformación del litoral ha sido drástica desde la ley de costas de 1988. El informe subraya el crecimiento de Conil y Los Caños de Meca, así como la aparición de nuevos núcleos de baja densidad de vivienda turística en El Palmar y Zahora. La superficie de estos últimos es mayor que la de los núcleos urbanos a los que pertenecen, según el informe. En Huelva la presión urbanística es intensa en el triángulo formado por Isla Canela, Ayamonte e Isla del Moral, que crecen con el único límite de los espacios protegidos. Es observable cómo Isla Canela e Isla del Moral proyectan prolongaciones y buscan encontrarse a lo largo de la playa y formar un continuo. En Málaga, la provincia más depredada, aún quedan zonas bajo presión. El resultado final puede ser, señala el informe, "una provincia definitivamente aislada del mar por el hormigón y el ladrillo".

Comunidad Valenciana: El catálogo más amplio de "elefantes blancos"

Terra Mítica, otro emblema del monumentalismo y el exceso, afectado además por la corrupción, se encuentra en Benidorm (Alicante), una ciudad diseñada en su día con un modelo vertical que debía evitar limitar las construcciones en el Mediterráneo. Hoy esta idea parece un sarcasmo.Protección a toda costa la cita entre sus "puntos negros" junto a los rascacielos de Calpe o Alicante. La Comunidad Valenciana es la que acumula mayor cantidad de "elefantes blancos": el Parque de la Relajación en Torrevieja y los "indultos" urbanísticos en Santa Pola y la Serra Grosa en la provincia de Alicante; en la provincia de Castellón, Marina d'Or, el famoso aeropuerto de Carlos Fabra, "indultos" en el poblado marítimo de Xilxes y el almacén Castor, que llegó a provocar terremotos en poblaciones cercanas al delta del Ebro; en la provincia de Valencia, la ampliación del puerto "es de tal magnitud que tendrá un importante impacto sobre la dinámica de arenas del Mediterráneo, ya que las arenas tienen una dirección norte-sur que interrumpe el espigón", señala el informe, que también cita el circuito de Fórmula 1 de la capital y la exención de obligaciones urbanísticas en la primera línea de playa de Oliva.

La presión urbanística se centra en una franja costera desde Peñíscola (Castellón) hacia el norte, de las menos explotadas pero que "viene experimentando una preocupante transformación urbana", según el informe. Al llegar al límite con Tarragona, esta área de alta presión se prolonga hasta el delta del Ebro. También está bajo presión el área de Villajoyosa-El Campello, de los escasos tramos de la costa alicantina todavía no ocupado, señala el informe, que añade: "No cuenta con ninguna protección y ya hay una urbanización expandiéndose". En Valencia sólo han quedado libres del empuje urbanístico las áreas de Marjal de Rafalell y Vistabella, la del Marjal dels Moros y un zona inundada frente a Massamagrell.

Cataluña: Fragmentación irreversible de ecosistemas

La ampliación del puerto de Barcelona y la construcción en el delta del Llobregat de grandes infraestructuras logísticas están consumiendo territorio a marchas forzadas, de forma irreversible y con impactos ambientales y de fragmentación de ecosistemas prácticamente irresolubles, señala el informe de Greenpeace y el Observatorio. En Girona se han producido "indultos" en urbanizaciones como Empuriabrava (Alto Ampurdán), un lujoso complejo para el que se construyó un puerto interior que permitía amarrar yates en los patios traseros de los chalés, según el estudio. La primera línea de viviendas ocupa el dominio público marítimo terrestre. La salida al mar de los amarres se realiza a través de un paso que interrumpe el tránsito en costa pública. Tarragona se caracteriza, según el informe, por un modelo turístico "de bajo nivel adquisitivo y fuerte impacto sobre la calidad de vida de los habitantes". A juicio de Greenpeace, la estación del AVE de Tarragona "no se diseñó para dar servicio a la ciudad, sino a un grupo de urbanizaciones de lujo".

Con la primera línea de la costa de Barcelona prácticamente ocupada, la presión urbanística se ha dirigido hacia zonas algo más alejadas, alertan los autores del informe. Una de sus principales advertencias afecta al área de Cap de Creus, en Girona, y al área tarraconense adyacente al delta del Ebro. Se está potenciado el crecimiento de los núcleos de Peñíscola, Vinaròs y Benircarló, según el informe.

Región de Murcia: El "lamentable ejemplo" de la Manga

Protección a toda costa considera la Manga del Mar Menor como "uno de los más lamentables ejemplos de urbanismo descontrolado del Mediterráneo, ya que concentró una desmesurada capacidad hotelera y residencial en una barra de arena de 24 kilómetros con una dinámica muy frágil". A esto se añade que en el Mar Menor desaguan los efluentes de una importante cuenca de agricultura intensiva. El resultado es que, si bien la calidad química de las aguas es teóricamente buena, los vertidos humanos y agrícolas están conduciendo a una grave acumulación de residuos en este pequeño y valioso mar interior. El "colapso", según los autores del informe, se produjo en el verano de 2016, cuando "las aguas perdieron la trasparencia y la calidad". A esto se añade la colmatación de la bahía de Portmán, que Greenpeace y el Observatorio de Sostenibilidad consideran "entre los mayores puntos negros de todo el Mediterráneo". La explotación minera "tuvo como resultado la contaminación total de la bahía y del puerto de pescadores con los residuos de una mina", señala el informe. "Actualmente se trabaja en su recuperación con un presupuesto de al menos 32 millones de euros que salen del erario público y no de la empresa minera que causó el desastre", añade.

La presión urbanística afecta al municipio de Águilas. A ambos lados del núcleo central se observan nuevos desarrollos muy próximos a la línea costera. "Debiera evitarse que en el futuro se conforme una línea continua urbanizada en la línea costera", dice el informe, que se muestra contrario a que el Gobierno de Murcia asuma las competencias sobre política de costas con la reforma de su estatuto de autonomía. "Este hecho implicaría una mayor urbanización", anticipan Greenpeace y el Observatorio de Sostenibilidad.

País Vasco: De la central de Lemóniz a Petronor

Pocos puntos negros en Gipuzkoa y Bizkaia. El principal "elefante blanco" de la costa de Bizkaia es la central de Lemóniz, señala el informe. Son abundantes las denuncias por contaminación en la playa de Muskiz, asociadas con la actividad que desarrolla Petronor, según los autores del estudio. Los dragados de la ría de Mundaka también originan problemas al ser realizados sin ningún soporte científico, apunta el informe.

La presión urbanística afecta al área entre Zarautz y Zumaia, donde hay espacios protegidos. Hay también un área bien definida que podría ver en el futuro crecimientos urbanos alrededor de Getaria. Eso en cuanto a Gipuzkoa. En Bizkaia el llamado Gran Bilbao crece en busca del núcleo de Plentzia hacia el noreste, al mismo tiempo que se crean nuevos núcleos en primera línea de costa en Sopelana y Barrika, donde se da una "casi completa ausencia de figuras de protección", apuntan Greenpeace y el Observatorio.

Galicia: El turismo y la ladrillo siguen empujando

Protección a toda costa cita como "puntos negros" coruñeses el ascensor panorámico del monte de San Pedro, un fiasco hotelero en Sada y el nuevo puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira, un "obra sobredimensionada que ha sufrido continuos retrasos y sobrecostes", según los autores del informe. Esta última obra, colindante con el puerto de Ferrol, está cerca en términos de tráfico marítimo de otros puertos en Asturias, Cantabria o País Vasco con "mejores infraestructuras terrestres" para el transporte posterior de las mercancías, por lo que Greenpeace y el Observatorio de Sostenibilidad no tienen "nada clara su razón de ser". Los "elefantes blancos" de la provincia de Pontevedra son la planta de celulosa de Lourizán, cercana a su vez del puerto de Marín, donde se realizaron rellenos para ganar terreno al mar, y un área de construcciones "amnistiada" en Moaña.

¿Dónde se concentra la presión urbanística? La ría de Arousa viene experimentando importantes desarrollos urbanos, tanto en A Coruña como en Pontevedra. La relativa cercanía a las Rías Baixas y a Santiago, así como las infraestructuras de comunicación, hacen que sea un sector más codiciado que Costa da Morte, según el informe. Está además menos saturado que el entorno de las Rías Altas. El informe señala "áreas de urbanización reciente" entre la desembocadura del Ulla y A Pobra do Caramiñal. En la provincia de Lugo, la elevada calidad ambiental y paisajística que ofrecen la ría de Foz y la playa de As Catedrais ha incrementado el urbanismo turístico y residencial en el tramo de costa que separa ambos espacios protegidos, recoge el informe. "El crecimiento urbano en primera línea del litoral ha resultado desmedido y, en buena parte, ilegal", añade. En cuanto a Pontevedra, los núcleos urbanos de Vigo y del sur de la provincia del Morrazo no han parado de crecer desde 1987.

Islas Baleares: Fuerte presión en un archipiélago protegido

El informe es parco en "puntos negros", pero prolijo al recoger áreas amenazadas. Es de las comunidades menos afectadas por los "elefantes blancos", según el análisis de Protección a toda costa, que sí hace referencia a una apreciable "artificialización" de amplias zonas de costa. En Menorca los núcleos urbanos principales —Mahón y Ciutadella de Menorca— han crecido "de forma irregular" hacia el interior en el periodo 1987-2011, señala el informe, que apunta a un relativo equilibro en la isla de Mallorca.

La presión urbanística afecta a todo el archipiélago. En Ibiza los crecimientos urbanos desde 1987 se han producido alrededor de los núcleos de Ibiza y Santa Eulària des Riu (costa sur) y Sant Antoni de Pormany (extremo occidental). "Los crecimientos urbanos se han producido alrededor de estos núcleos preexistentes y no se identifican desarrollos urbanos significativos desconectados de ellos", admite el informe, que señala dos "zonas de especial riesgo": el tramo costero situado justo al oeste del aeropuerto —donde no hay figuras de protección ni en la fase terrestre ni en la marina— y la zona oeste de la isla, donde se están iniciando varias urbanizaciones.

Formentera se encuentra amenazada por entero, según el informe, porque la ley de costas exime a toda la isla del respeto estricto del dominio público marítimo terrestre, lo que constituye "una invitación a la urbanización en toda regla". En la isla de Mallorca el empuje del ladrillo se vuelca en la bahía de Palma y el extremo nororiental —bahías de Pollensa y Alcudia—. También en la costa sudoriental. Greenpeace y el Observatorio destacan que "la costa de Tramuntana se ha mantenido bastante libre de transformación" por su protección legal. Sin embargo, al lado contrario de la isla, la costa sudoriental tiene un menor grado de protección y cuenta con bastante espacio disponible en primera línea costera. "Este hecho obliga a considerarla zona caliente, al igual que el tramo en la bahía de Alcudia entre Can Picafort y Son Serra de Marina", recoge el informe.

Canarias: El impacto de una reforma portuaria

En Las Palmas, las esculturas "megalómanas" destinadas a "vaciar gran parte de la montaña de Tindaya, que acumula distintas figuras de protección y catalogación", constituyen un "punto negro". "Aunque el proyecto lleva varios años olvidado, el actual Gobierno canario ha decidido volver a promoverlo y ha creado una fundación privada", advierte el informe, que también critica el conocido como "plan parcial Costa Papagayo", que dedica un 69% de suelo a uso turístico y solo un 3% a equipamientos. La urbanización "ilegal" de Majanicho en el extremo norte de Fuerteventura, con sentencia de demolición del Tribunal Supremo, podría encontrar relevo en "la construcción de un resort por parte de un grupo de capital francés", advierte el informe. En Santa Cruz de Tenerife, Protección a toda costa considera "discutible la necesidad del puerto de Granadilla". "Se trata de una obra con un extraordinario e inasumible impacto económico, social y ambiental, tanto por el daño sobre las comunidades de sebadales [praderas submarinas] como por la fragmentación de la isla", señala el informe.

La presión urbanística provoca la aparición de "nuevas áreas artificiales en la costa este de Fuerteventura, al norte o al sur de Puerto del Rosario", señala el informe, que añade: "Todavía quedan huecos en esta zona, por lo que es importante evitar la completa saturación". En Tenerife, ante la saturación de la costa norte, la atención de la industria turística "se está volviendo hacia el sur y de momento ya ha colonizado con intensidad la costa sudoeste", señala. "Hay que evitar la formación de un cordón entre Santa Cruz y dicho extremo suroccidental, algo que se puede ver muy favorecido por la conexión de los dos aeropuertos por autovía", según Greenpeace y el Observatorio.

Asturias: La tentación del tramo entre Luanco y Gijón

Greenpeace y el Observatorio ponen el foco en puntos negros como la ampliación del puerto de El Musel, realizado "sin que el tráfico marítimo lo justificara" y con sobrecostes de "más de 200 millones". En cuanto a la planta regasificadora de Enagas, también censurada judicialmente, se encuentra sin uso, señala el informe, "al estar demasiado cerca de una zona habitada".

La única zona no protegida del tramo Avilés-Gijón se encuentra entre Luanco y Gijón. Y está bajo presión urbanística. "En todos los núcleos urbanos de esta zona se observa crecimiento, aunque de momento no sobre la línea costera", señala el informe.

Cantabria: Una demolición infrecuente

Greenpeace y el Observatorio consideran "puntos negros" de "alto impacto y ninguna sostenibilidad" el campo de golf de Oyambre —construido en un valioso sistema de dunas—, un puerto sin demanda en Laredo, la depuradora en costa pública de Vuelta Ostrera, que se enfrenta a una posible demolición... Mención aparte hace el informe de la urbanización del Alto del Cuco en Piélagos, que llevó a una sentencia que consideró ilegal la modificación del planeamiento urbanístico que la legalizó. "Es el primer caso en España en el que se ejecuta un derribo por orden judicial en un caso de corrupción urbanística de este tipo. El coste de la demolición asciende a 3,7 millones de euros y corre a cargo del Gobierno autonómico", señala el informe, que añade. "Desgraciadamente, se han construido chalés un poco más abajo". Según Greenpeace y el Observatorio, habría que derribar "unas 700 urbanizaciones por toda Cantabria". Sólo Argoños, un municipio en el entorno del Parque Natural de las Marismas de Santoña con 1.711 habitantes, acumula 255 sentencias de derribo, según el informe.

En cuanto a la presión urbanística expansiva, el informe señala que afecta al conjunto del litoral. "La proximidad de Bilbao y la alta calidad ambiental de este tramo de costa la han convertido en un objetivo para la urbanización de segunda residencia. Eso ha originado grandes problemas en el pasado, especialmente en la marisma de Santoña. Actualmente, en el extremo occidental de esta zona, la urbanización del entorno está afectando seriamente a la estabilidad de las arenas del Puntal de Laredo", señala el estudio.

En su día fue la entrada principal al chalet, pero ahora las escaleras se sumergen al mar, que ha cubierto el primer escalón. Y en las paredes colindantes, las olas han abierto boquetes a puñetazos. En la playa de Les Marines, en la turística Denia, el tramo conocido como Blay Beach es uno de los más erosionados de la costa valenciana. Decenas de bungalós trazan una línea irregular, sin ley, del litoral urbanizado. Y el agua, cada invierno, salta muros, llega a las casas y recorre los caminos comunales. De poco sirven las miles de toneladas que cada junio cargan desde la vecina playa de la Almadrava. A finales de agosto el mar ha regresado a su sitio.

En este emplazamiento, la firma EuroHolding, a través de la promotora Sun Valle, propone levantar una urbanización de cuatro plantas con 20 viviendas de lujo. El espacio lo ocupa un puñado de chalets junto a un grupo de largiruchos pinos mediterráneos y palmeras. “Residencial Las Olas. Inicio de obra octubre de 2016” se lee en una gran valla junto a la carretera de Les Marines. Un anuncio que a muchos vecinos les resulta amenazante. Es el caso de la estadounidense Lisa Luippold, presidenta de la comunidad Retiro III, IV y V, empecinada en dejar “un medio ambiente mejor para mis nietos” e “impedir el regreso del ladrillo a la costa”.

Ella y otros vecinos califican el proyecto de “aberración”. Así lo explicaron este sábado en una asamblea que reunió cerca de 70 residentes. La obra alcanzará 20 metros de altura en un espacio donde la mayoría de edificaciones son de planta baja. Y también 20 metros es la distancia con el mar, cuando la Ley de Costas impide construir a menos de 100. El anterior Ayuntamiento, del Partido Popular, solicitó una reducción de la zona de servidumbre por la erosión de la zona. “¡Pero esta singularidad no puede ser la excusa para nuevas construcciones!”, se queja Luippold.

Los vecinos han presentado varias alegaciones al Ayuntamiento y al Servicio Provincial de Costas con anexos de normativas e informes. Uno de ellos es de 2015, redactado por técnicos del ministerio de Medio Ambiente, donde se describe este tramo litoral como “en un estado de grave deterioro”, por lo que se precisan actuaciones de defensa “de alta prioridad para evitar su regresión”. También denuncian que no se atiende al Protocolo Relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo, firmado por España en 2011 y que exige actuar “por encima de intereses particulares”.

Imagen promocional de la urbanización con una imposible puesta de sol en el Mediterráneo

“No solo no se derriba lo que se tiene que derribar sino que se dan permisos para construir edificios de cuatro plantas”, critican Alfredo Solana y Rosa Valero, un matrimonio de Madrid, con propiedad en El Retiro, y que han viajado para asistir a la asamblea. “Me romperían el corazón”, se duele la irlandesa Maireat Huurman, e insiste: “No quiero que destruyan este rincón como ya he visto destrozar otros en España”. El principal reto de los vecinos es fortalecer el músculo asociativo en un lugar especialmente disperso. Según Luippold, en la zona desde hace 12 años, existen unas 400 viviendas, pero solo el 30% habitadas todo el año. “En muchos casos son matrimonios extranjeros, mayores, que han llegado aquí para retirarse y vivir tranquilos”.

“Un lugar ideal”

Al otro lado del teléfono, la voz comercial de la operadora intenta minimizar cualquier duda del periodista, que se hace pasar por un recién casado en busca de un nido de amor junto al mar. “El lugar es ideal, delante estará la piscina y unos jardines enormes. La parcela entra un poco en la playa, pero después retranquea mucho hacia atrás y deja lo que será como vuestra playita privada”, explica. De hecho, la promoción se vende como un espacio muy exclusivo con terrazas individuales de 42 metros y chill out, con precios que oscilan entre los 385.000 y los 420.000 euros. En la web destacan la proximidad de campos de golf y las recreaciones de las casas llegan al paroxismo publicitario con puestas de sol sobre el mar.

Sobre la proximidad del agua, la operadora señala: “Lo que la Ley de Costas prohíbe es construir antes de los 20 metros del mojón que hay en la playa”. Unos mojones arrancados y lanzados a un solar cercano. Y en referencia a las protestas, chasquea los labios: “Un vecino se quejó, pero por nuestra parte está todo claro”. Y acto seguido indica que ya se han vendido cuatro viviendas y aclara que cuentan con licencia del Ayuntamiento, algo que niega Maria Josep Ripoll, concejal de Territorio y Calidad Urbana: “¿Octubre o noviembre? Ya te digo que no”. Según Ripoll, el Ayuntamiento está pendiente de, por un lado, el informe del departamento autonómico de Costas sobre las viviendas y, por otro, el estatal sobre un paseo marítimo de 200 metros que complementará la nueva urbanización. “Ese uso puede ser interesante porque ganaríamos un espacio libre y expedito”, aprecia Ripoll, quien acto seguido subraya que actuará “de forma objetiva”. Y sobre las críticas a las cuatro alturas, se muestra categórica: “El planeamiento lo permite”. Ubicación de la promoción en en litoral alicantino.

Un argumento, indican los vecinos, que podría chocar con el espíritu del Acuerdo del Botánico, que cimenta al Gobierno valenciano, donde se pone énfasis en la protección de la costa frente al urbanismo desenfrenado de otras épocas. Una filosofía impresa en el programa electoral del alcalde de Denia, Vicent Grimalt, quien se comprometió “a crear una ciudad más sostenible y respetuosa con la costa y el medio ambiente”. De hecho, Grimalt era portavoz del PSPV cuando, en julio de 2008, una moción de censura con un tránsfuga socialista aupó a la alcaldía a Ana Kringe (PP). Detrás de aquella operación estuvieron algunos de los promotores de la zona (entre ellos Enrique Pla, de EuroHolding), hastiados por las medidas proteccionistas de la anterior primera edil, Paqui Viciano. En aquel tenso pleno que abrió el litoral al gremio del ladrillo, el entonces portavoz y actual alcalde señaló: “El nuevo equipo tiene el objetivo de llevar de hormigón la costa. Nuestra política urbanística viene avalada por múltiples sentencias favorables que nos han dado la razón a la hora de evitar edificar en primera línea de Les Marines”.

Los vecinos opuestos a la obras, tienen previsto solicitar en los próximos días una reunión con un alto cargo de la consejería de Vivienda y con el concejal de Medio Ambiente. Pero sobre todo con el alcalde para recordarle que, como en los poemas de Rafael Alberti, el mar siempre devuelve el recuerdo de lo hecho y lo dicho.

En la actualidad, es urbano el 70 por ciento de los dos primeros kilómetros de costa y las superficies dispersas y las infraestructuras suponen un porcentaje muy importante. Así lo recoge el informe Cambios de la ocupación del suelo en la costa presentado por el Observatorio de la Sostenibilidad, que también advierte tanto del volumen de transformación y ocupación de los casi 8.000 kilómetros de litoral español, así como de la "gran velocidad" a la que se está produciendo este proceso y propone alternativas como la creación de reservas en la costa que aun no ha sido modificada..

Además, en el estudio se asegura que el 47 por ciento de lo construido en la franja de dos kilómetros de la costa española a lo largo de la historia se elevó entre 1987 y 2011.

El informe fue realizado con información del Corine Land Cover (1987-2011) que incluye datos inéditos sobre el estado actual y tendencias de los cambios en la ocupación del suelo de este ecosistema estratégico, base de importantes actividades económicas como el turismo e imágenes del estado de los núcleos 'indultados' en la Ley de Costas de 2013.

Según el trabajo, en la actualidad en las costas vive el 44 por ciento de la población española, más o menos el 4,25 por ciento de la superficie del país en los primeros cinco kilómetros por los sectores y actividades económicas que sustenta este espacio. El estudio advierte de las "múltiples presiones" de varios sectores claves de la economía. La primera de estas es el turismo, que genera el 12 por ciento del PIB y que depende "de las buenas calidades ecológicas" del litoral, ya que el 80 por ciento de los 55 millones de turistas que visitan España va al litoral.

Además añade que también dependen del litoral sectores como la pesca, la acuicultura, el uso recreativo, determinada agricultura, las energías renovables, etc.. y poseen valiosos espacios protegidos (como Doñana, el delta del Ebro, o el Cabo de Gata). Ante esta situación, los autores principales del informe advierten de la "muy preocupante" transformación en superficie artificial del litoral español desde el punto de la sostenibilidad a medio y largo plazo.

Por ejemplo, advierte de que en Valencia ha duplicado su superficie transformada en los últimos 24 años hasta llegar al 67 por ciento y en Málaga se llega a "límites preocupantes", hasta el 81 por ciento, al tiempo que en general en los primeros 500 metros de costa se artificializan dos hectáreas diarias. El estudio denuncia también la desaparición de ecosistemas naturales de "gran interés ecológico" como humedales, dunas, arenales, zonas forestales, zonas agrícolas, zonas esteparias que han sido transformadas en zonas artificiales.

Igualmente, alerta de que esta situación provoca "riesgos" por mantener la presión en el tiempo sobre los ecosistemas, como la producción de residuos, los consumos de agua o los vertidos, a lo que se suma la "fuerte estacionalización". Asimismo, advierte de la "disminución" de la calidad ecológica o de la calidad del agua de baño por falta de depuración o simplemente por exceso de congestión o exceso de carga sobre los ecosistemas que puede provocar una disminución del valor natural o llegar en algún caso el colapso.

El informe plantea por su parte alternativas para futuro sostenible en la costa la creación de reservas de suelo para el futuro que implican una paralización en los procesos de artificialización en las primeras franjas de costa. De este modo, la propuesta contempla que los ayuntamientos titulares de estos territorios que permanezcan sin urbanizar o sin explotar mediante minería o infraestructuras serán recompensados por el resto de la sociedad.

Otras de las iniciativas que sugiere es la restauración, creación y expansión de ecosistemas naturales como las áreas forestales, de zonas húmedas, sistemas agrarios tradicionales y cordones dunares, es decir la restauración de los ecosistemas litorales tal como eran. En concreto, propone clasificar la costa en cuatro sectores: sectores específicamente protegidos por ser Parque Nacional, Red Natura o figuras regionales de protección; sectores de mayor probabilidad de transformación urbana; sectores fuertemente artificialidades y sectores de moderada probabilidad de artificialización.

Según los autores, la idea es preservar para el futuro la creación de las zonas que todavía no han sido urbanizadas como reserva para las generaciones futuras. Con estos mapas se advertiría de los sectores de mayor probabilidad de transformación urbana los que correrían un mayor riesgo inmediato.

En flagrante violación de ese precepto, los Art 68 y 69 regulan la ocupación de este dominio por “establecimientos expendedores de comidas y bebidas”, de temporada y desmontables o radicados en instalaciones fijas.

Esta contradicción palidece al no definirse siquiera el término “de temporada”, permitiendo que algunos ayuntamientos consideren que se extiende durante más de la mitad del año (de abril a octubre), lo que convierte lo excepcional en habitual. Tampoco define la distancia entre los chiringuitos y zonas residenciales, medidas de protección acústica, límite de decibelios, etc. Por el contrario, sí determina la distancia mínima entre chiringuitos, garantizando así su rentabilidad económica y facilitando su proliferación.

Este vacío legislativo deja en manos de los Ayuntamientos solicitar a Demarcación de Costas la creación de nuevos chiringuitos en cualquier zona de playa que no tenga una especial protección ambiental, sin tener en cuenta el impacto que tiene sobre los vecinos la contaminación atmosférica, odorífera, acústica y lumínica que generan instalaciones sobrevenidas a la adquisición de la vivienda.

La desprotección del vecino es aún mayor al dejar también al albur del ayuntamiento el tipo de actividad a desarrollar (elaboración o no de platos cocinados, hora de cierre 3-4 de la mañana), emisión de música, etc). De hecho, en el Ayuntamiento de San Javier (Murcia), deja que temas tan relevantes no se definan en la licitación, sino que quedan supeditados a “la licencia que se les otorgue”. Ello convierte en sarcasmo el argumento de que la modificación de la legislación de costas pretenda la protección del litoral y la seguridad jurídica.

La protección jurídica se proporciona a quienes construyeron o realizaron actividades contrarias a la ley, de buena o mala fe. Los ciudadanos respetuosos con la Ley, que arriesgaron su dinero en la adquisición de una vivienda, son arrollados por una miope idea de oferta de servicios desregulados que permiten la creación de híbridos bar-restaurante-pub-discoteca, que maximizan los beneficios empresariales a costa de la salud y patrimonio de los vecinos colindantes.

En el colmo del esperpento, esos arrollados vecinos debemos pagar con nuestros impuestos la gestión municipal responsable de nuestra ruina y deterioro de salud mental. Una visión que ha llevado a una tal la degradación del entorno natural que ha dejado playas del Mar Menor vacías de vecinos y veraneantes en pleno mes de agosto (Portada de La Verdad, 3 de agosto), mientras que los responsables de tal atrocidad se escudan en que el agua es apta para el baño y ahondan en la senda de desregulación, maximización de beneficios y capitalismo de amiguetes.

Valle Inclán puso en voz de un sepulturero este pensamiento: "En España el mérito no se premia, se premia el robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo". Produce sorpresa la actualidad de esa afirmación.

La organización ecologista Greenpeace ha reclamado al próximo Gobierno que revoque totalmente la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y que modifique de la Ley de Costas que el Tribunal Constitucional ha declarado parcialmente inconstitucional, de modo que parte de su contenido queda anulado.

La ONG ha celebrado que la sentencia "tumbe la desprotección" del litoral y evite que las salinas y los pocos lugares sin urbanizar del Mediterráneo, como la isla de Formentera, acaben privatizados. "Greenpeace celebra la noticia" de que el Constitucional haya estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE. A su juicio, la ley actual es "una sentencia de muerte para valiosos ecosistemas y paisajes costeros y reclama al próximo Gobierno su revocación total.

Para el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, este es "un día para celebrar que el rodillo demoledor del Partido Popular sobre el medio ambiente en esta legislatura ha sufrido un fuerte varapalo". Rodríguez destaca que la sentencia se refiere "expresamente" a la desproporcionada medida de dibujar un nuevo deslinde para la isla de Formentera. De este modo, el fallo señala que la ley "sacrifica así arbitrariamente los valores vinculados al artículo 45 de la Constitución, toda vez que el principio de protección y mejora del medio ambiente adecuado al que sirve el dominio público del litoral pierde todo su vigor en aquellas zonas excluidas por la exclusiva voluntad del legislador".

Rodríguez subraya que esta consideración del tribunal refuerza la denuncia de Greenpeace de que la arbitrariedad de la nueva Ley de Costas que respondía a intereses a la carta. De hecho, pa organización denunció que, entre otros, el grupo acuícola del exministro del PP Abel Matutes, era propietario de 25 salinas que serían favorecidas por la privatización que proporcionaba la nueva ley. El TC considera que la desprotección de estos ecosistemas únicos, excluyendo porciones del dominio público natural en atención a su transformación artificial y al tipo de explotación resulta "constitucionalmente inadmisible".

Asimismo, la responsable del programa de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha dicho a Europa Press que en todo caso, el Tribunal no resuelve respecto a la extensión de concesiones de ocupación del dominio público hasta los 75 años, para evitar, por ejemplo, casos como el de la papelera ENCE.

"El doble rasero que apunta el Constitucional debería ser suficiente motivo para iniciar un proceso real de defensa del litoral con una nueva Ley de Costas que proteja más y mejor el medio ambiente", ha concluido Marcos, que recuerda que la nueva ley favorecía la privatización y la especulación sobre terrenos naturales y públicos.

Al ser preguntado por la reunión que en el pleno de la Diputación del pasado mes de junio se acordó por unanimidad de todos los grupos políticos solicitar a Soria para pedirle la paralización de las prospecciones de gas metano que Repsol tiene autorizadas por parte del Gobierno frente a la costa de Mijas (Málaga), Bendodo indicó que mantiene encuentros con el ministro "muchas veces" para "hablar de todo".

De hecho, afirmó en una entrevista con Europa Press, que desde entonces se ha reunido "dos o tres veces" con el titular de Industria, Energía y Turismo y ha hablado otras tantas por teléfono, planteándole "la preocupación que hay en el sector turístico por lo que pueden suponer unas posibles prospecciones" para sus intereses. Precisamente, la preocupación del sector turístico responde, según Bendodo, a "la falta de información, qué es esto, que se va a hacer, qué supondría...", al tiempo que ha lamentado que este asunto "se esté tratando políticamente, llevándolo a la demagogia".

Haciéndose eco de las palabras del ministro de Industria, insistió: "Estemos tranquilos porque no se va a dar ningún paso en el que no haya absoluta información y que cuente con el visto bueno del sector y de las instituciones malagueñas".

Estrategia turística de la Costa del Sol

Bendodo reiteró que en los últimos meses se ha visto "varias veces" con Soria y "he hablado por teléfono muchas veces con él porque es el ministro de Turismo". Y subrayó que, entre otras cuestiones, han hablado de "lo que es realmente importante, que es la estrategia turística de la Costa del Sol como un referente en el turismo nacional".

Así, el presidente de la entidad supramunicipal y del Patronato de Turismo resaltó que ha trasladado al ministro que "por primera vez en su historia la Costa del Sol va a superar este año los 10 millones de visitantes", así como que "estamos trabajando para recualificar el destino".

Acuerdo plenario

La Corporación de la Diputación de Málaga acordó el pasado 17 de junio, con la aprobación por unanimidad de una moción presentada en el pleno por el PSOE, solicitar al ministro de Industria, Energía y Turismo una reunión para instar al Gobierno central a paralizar las prospecciones de gas en el litoral malagueño y trasladarle el "malestar" y el "rechazo" de la provincia a estos sondeos.

Según se dijo en aquella sesión plenaria, a ese encuentro acudirían, junto al presidente de la Diputación, los portavoces de los tres grupos políticosacudirían –Francisco Salado (PP), Francisco Conejo (PSOE) y Antonia Morillas (IU)–. En el pleno del pasado mes de julio del Ayuntamiento de Málaga, el alcalde, el conservador Francisco de la Torre, a instancias de los grupos de la oposición, se mostró dispuesto a participar en ese encuentro.

"Ridiculización" a los canarios

Mientras, el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, mantiene que la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago "es legal y se va a hacer", porque la iniciativa "se atiene escrupulosamente al marco constitucional". Así lo reafirmó este domingo en su blog. Rivero lamentó asimismo que se intente "ridiculizar" el rechazo de los ciudadanos de las islas a los sondeos. 

"Los canarios ni vamos a bajar los brazos ni vamos a dar un paso atrás porque desde Madrid algunas voces carguen contra nosotros. Cientos de miles de canarios no vamos a dar un paso atrás. Todo lo contrario, nos crecemos", aseveró. En este sentido, Rivero se preguntó el motivo por el que desde la península se arremeta contra los canarios por el rechazo al petróleo y, sin embargo, "aplaudan con entusiasmo" el de Baleares.

Además, el presidente canario recordó que en las últimas fechas el proceso de aprobación de las prospecciones ha tenido tres episodios: "La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental la víspera del Día de Canarias, la autorización del Ministerio de Industria en pleno puente de agosto y las declaraciones del presidente Mariano Rajoy defendiendo para Baleares lo que no defiende para Canarias", dijo. "Las reacciones a esa autorización –añadió– han sido múltiples y relevantes. Al margen del propio Gobierno de Canarias, voces como las de los presidentes de los cabildos afectados, patronales turísticas, colectivos ecologistas y ciudadanos, y la inmensa mayoría de la sociedad canaria han expresado su profundo rechazo y su denuncia de lo que a todas luces indica que es un proceso caprichoso y viciado".

"El Gobierno canario no va a quedarse de brazos cruzados"

Rivero matizó que el Gobierno de Canarias "no va a quedarse de brazos cruzados" y que en la actualidad hay tres vías en marcha para proseguir en la lucha por la paralización de los sondeos: jurídica, política y social. Aquí, desde el punto de vista jurídico, comentó que existen dos procedimientos. Por un lado, un incidente de nulidad contra el fallo del Supremo que avala los permisos y, en su caso –si hay respuesta negativa–, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por otro, un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Industria, y posterior solicitud a los tribunales de la adopción de medidas cautelares.

Mientras, en el plano político, el presidente señaló que sigue pendiente de las reuniones que ha solicitado con el rey y con el propio Rajoy. "Espero que ambas se puedan celebrar en el mes de septiembre, ya que los respectivos gabinetes se encuentran en estos momentos trabajando para cerrar las fechas", insistió. "Felipe VI –destacó– debe conocer de primera mano lo que está ocurriendo con Canarias. Rajoy debe manifestar claramente cuál es su posición ante el clamor de este territorio del Atlántico".

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno ha solicitado al Parlamento de Canarias la celebración de un pleno extraordinario la primera semana de septiembre para debatir una comunicación sobre las autorizaciones. Finalmente, en el marco social, Rivero anunció que seguirá adelante e incrementará los contactos y reuniones con todos los partidos y con la sociedad civil "para reforzar ese frente común contra este atentado".

El PSOE de Carboneras (Almería) ha urgido este jueves la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento para que se "reanuden" las obras del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, ejecutadas a un 94,5% con una inversión de 27,4 millones de euros, informa Europa Press. 

La solicitud de un plenario monográfico se acordó, según informó la Agrupación local en un comunicado, en una asamblea "donde los militantes socialistas que abarrotaron la sede local aprobaron por unanimidad la propuesta" con un orden del día de nueve puntos. Los socialistas persiguen que la corporación inste a la promotora Azata del Sol a "reanudar" las obras y al equipo de gobierno a "retomar la defensa judicial del hotel".

Esta petición contrasta con la posición de la Junta de Andalucía, que lidera la socialista Susana Díaz, y que ya iniciado las gestiones para inscribir los terrenos en los que se levanta el hotel a nombre del dominio público con la intención de demoler la instalación.

La sentencia que valida el derecho de retracto ejercido por la Junta andaluza en 2006 devino en firme en enero después de que el Ayuntamiento carbonero desistiese de la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), una impugnación que sí ha llevado a cabo la empresa contra las dos resoluciones sobre el mismo derecho de retracto en las que es parte.

La pasada semana, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la legalidad de la licencia del hotel del Algarrobico concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003. Y eso es lo que propició, por un lado, el movimiento de ficha de la Junta y de los socialistas de Carboneras, aunque con direcciones opuestas. Así, el PSOE del pueblo almeriense pretende –ante la "pasividad" del PP municipal– abanderar las acciones políticas y judiciales para conseguir la apertura del hotel.

En la asamblea, además de dar cuenta de las dos últimas resoluciones judiciales que "reafirman" como urbanizable el terreno y legal la licencia, se aprobó también solicitar la anulación del protocolo entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para el derribo del hotel. 

La Junta de Andalucía no parece estar dispuesta a que el fin último del hotel edificado sobre la playa de El Algarrobico de Carboneras, provincia de Almería, sea otro que el derribo. Y eso a pesar de que por segunda vez en cuatro meses el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma ha dictaminado que la edificación es conforme a la ley y ha dado la razón al Consistorio de la localidad costera y a la empresa promotora. Específicamente, el auto conocido ayer miércoles señala que la licencia de obras del hotel fue otorgada conforme al planeamiento jurídico aplicable en el momento de la construcción y que, por tanto, es legal. El pasado marzo el mismo tribunal dictaminó que el suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol era urbanizable. De no presentarse recurso alguno, lo que parece que no ocurrirá, esta sentencia sí podría acabar con el proceso de forma definitiva porque resuelve que el permiso de construcción no va en contra ni de la Ley de Costas ni de la normativa del Cabo de Gata. 

No obstante, la Junta de Andalucía, como ya hizo con la sentencia del pasado marzo, pretende recurrir el fallo que determina que la licencia municipal de obras concedida en 2003 a Azata del Sol para construir el hotel es conforme a derecho y no viola ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. "Antes que estas dos últimas, tres sentencias del Tribunal Supremo y una de la Audiencia Nacional ya determinaron que la construcción incumple la Ley de Costas porque no respeta la protección de 100 metros que tienen que tener el litoral. Respetamos la sentencia pero no compartimos el contenido, por eso, una vez que la estudiemos a fondo, nuestra intención es la de recurrir", señalan fuentes del Gobierno de Susana Díaz a infoLibre.

Horas después de trascender el fallo, la ONG Greenpeace ha instado a la Junta, además de a recurrir esta sentencia, a ejercer su derecho de retracto sobre el terreno del hotel, que es de su propiedad, para salvaguardar la totalidad del sector urbanístico donde se asienta el establecimiento y que se derribe la edificación. "La Junta está jugando un papel confuso en este asunto. Si no ejerce su derecho de retracto [derecho de adquisición preferente del bien], podría darse la cuestión paradójica de que un constructor privado podría edificar sobre terreno público. No hacerlo la haría responsable del mayor horror urbanístico de la costa española", señala María José Caballero, directora de Campañas de Greenpeace. Los ecologistas también piden a la Abogacía del Estado, que representa en este asunto al Ministerio de Medio Ambiente, que recurra la sentencia. 

A pesar de las acusaciones de los ecologistas, en la Junta se defienden alegando que sí han solicitado el derecho de retracto pero que esa petición está encallada en el Tribunal Supremo como consecuencia de varios recursos presentados al respecto. "Hay una sentencia a nuestro favor y estamos esperando por otras dos que todavía no se han resuelto, pero la petición está hecha", aseguran fuentes de la Junta. 

Asimismo, la organización ecologista subraya la "extrañeza" que le provoca que esta sentencia haya sido emitida por la Sala Tercera del TSJA, cuando todos los casos relacionados con el hotel ilegal –excepto el que dio lugar a la sentencia del pasado marzo– habían sido tratados por la Sala Primera de este tribunal. "Se trata de la misma Sección del TSJA donde se dio un giro de 360 grados a la historia del hotel ilegal, cuando el juez [Rafael] Toledano dictaminó que el suelo donde se asienta el hotel era urbanizable", señala Caballero. 

Un conflicto que dura diez años 

El caso del hotel de la playa de El Algarrobico se remonta a enero de 2003, cuando el Ayuntamiento de Carboneras autorizó la licencia municipal para la construcción del complejo hotelero. Dos años después, tras numerosas acciones de protesta de diferentes grupos ecologistas, un juzgado de Almería dictaminó que la licencia era ilegal de pleno derecho por tratarse de una zona protegida, no urbanizable, y por invadir la servidumbre de protección establecía en la Ley de Costas.

Las obras se paralizaron en 2006 y su suspensión fue ratificada dos años más tarde, aunque para entonces el hotel ya estaba prácticamente construido: más del 94% del hotel, de 21 plantas y 411 habitaciones, está terminado. Desde esa fecha, el Supremo en 2011 y el TSJA en 2012 han instado a la Junta a dotar de la mayor protección posible al paraje. De hecho, recuerda Caballero, antes que estas dos últimas sentencias hay una veintena de resoluciones judiciales que, en diferencias instancias, han declarado no urbanizable el suelo sobre el que se asienta el hotel. Sin embargo, el fallo conocido este miércoles podría resultar definitivo porque, según Greenpeace, no hay ningún otro recurso pendiente de resolución en los tribunales. Por eso, insisten, es imprescindible que la Junta de Andalucía sea clara al respecto y recurra la sentencia al Supremo cuanto antes. 

Más de un centenar de vecinos de Carboneras (Almería) se han reunido este jueves en el paraje de El Algarrobico para reivindicar que el hotel de 411 habitaciones y 22 plantas promovido por Azata sea "legal", para lo que han repintado la fachada del edificio en la que el pasado domingo miembros de Greenpeace escribieron 'Hotel ilegal' para cambiar el mensaje y pedir un "hotel legal".

En declaraciones a Europa Press, el promotor de la acción, Pascual Díaz, ha señalado la "activa participación" de los vecinos del pueblo y se ha mostrado "muy orgulloso de la gente" que ha participado en un acto con el que, según ha explicado visiblemente emocionado, "solo queremos lo mejor para Carboneras".

Según ha explicado, la convocatoria ha cumplido las expectativas. "Hemos hecho lo que teníamos pensado, todo ha ido muy bien. Hemos quitado la 'i' de "ilegal" y nos han sobrado dos latas de pintura, que devolveremos", ha explicado Díaz, quien ha agradecido la participación de los ciudadanos de Carboneras que se han dado cita frente al hotel a las 10.00 horas.

"Estoy muy contento. Nosotros ya hemos puesto nuestro granito de arena", ha apuntado este vecino de Carboneras que regenta un bar en el municipio donde diariamente "hablas con unos y con otros y te dicen lo mal que están las cosas". "El pueblo tiene ganas de que esto se abra porque la pesca va mal y la construcción también ha bajado", ha explicado al señalar los niveles de desempleo que soporta el municipio.

Más de cien activistas de Greenpeace, según los organizadores, han concluido este lunes su acción contra el hotel de la playa de El Algarrobico (Almería). En su fachada han pintado "un gigantesco punto negro de 8.000 metros cuadrados" para exigir su "desmantelamiento inmediato".

Greenpeace ha señalado en un comunicado que varios activistas portaban pancartas donde se podían leer Algarrobico punto negro de la costa y Demolición ¡YA!. Igualmente, ha asegurado que ésta ha sido la acción "en la que más activistas han participado en la historia de Greenpeace en España".

"Este hotel ilegal de 21 plantas y 411 habitaciones se ha convertido en el mayor punto negro del litoral español y es un ejemplo reconocido internacionalmente de la impunidad con la que se ha actuado en la costa del país en los últimos años, donde aún se pretende hacer prevalecer la normativa urbanística sobre la ambiental", apuntan desde la ONG.

Igualmente, ha exigido tanto a la Junta de Andalucía como al Ministerio de Medio Ambiente "que no se escuden más en la maraña judicial que se ha creado en torno al hotel y que acuerden la recuperación natural de la zona y la demolición del hotel inmediatamente, ya que actualmente tienen suficientes argumentos judiciales y políticos para ello".

Con esta acción, Greenpeace quiere "desmontar las excusas esgrimidas" por las administraciones, e insta a que la Junta, como primer movimiento, "ejecute sin excusas las sentencias del TSJA dictadas en diciembre de 2013 y que declare públicos los terrenos donde se ubica el hotel y los terrenos a su nombre".

Asimismo, ha exigido que el Ministerio de Medio Ambiente aplique la Ley de Costas y la del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad "que le capacitan para ordenar inmediatamente el desmantelamiento del hotel y la restauración de la playa". "Para reforzar esta potestad ministerial, cabe recordar que el Tribunal Supremo ratificó en julio de 2011 la Orden Ministerial que fijaba un deslinde de costas en los primeros 100 metros de playa", señala.

De igual modo, Greenpeace ha pedido que ambas administraciones ejecuten el protocolo general de colaboración para la recuperación de la playa de El Algarrobico publicado en el BOE en diciembre de 2011 "y hagan prevalecer la normativa ambiental sobre la urbanística", informa Europa Press.

La sentencia del pasado 21 de marzo del TSJA que, según la ONG, declara que "el terreno de El Algarrobico y el adyacente son urbanizables, no hacen más que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley, lo que solo beneficia la estrategia de la empresa promotora (Azata) para dilatar eternamente el caso en los tribunales".

En este sentido, el director de Greenpeace España ha señalado desde la playa de El Algarrobico que "si se siguen permitiendo las estratagemas del Ayuntamiento de Carboneras y la promotora, el Ministerio y la Junta estarían amparando los intereses de una constructora, frente a la defensa del medio ambiente que prima la ley". "Las dos administraciones no necesitan ninguna sentencia más, existe un hotel que invade una playa y un Parque Natural protegido internacionalmente, y lo único que deben hacer es cumplir la ley", ha añadido Rodríguez.

Además, Greenpeace ha recordado que "la principal excusa esgrimida por Junta y Ministerio, el pleito sobre la licencia de obras, solo determinará si la licencia urbanística concedida a la promotora Azata del Sol por el Ayuntamiento de Carboneras fue legal y si hay que compensar económicamente a la misma, lo cual no pone en duda la ilegalidad del hotel y la obligación de demolerlo".

Del mismo modo, la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha destacado que "es la sexta vez que activistas de Greenpeace acuden al hotel para denunciar su ilegalidad". "Desde 2003 han pasado cuatro ministros y tres presidentes de la Junta, y el hotel sigue en pie, por lo que hoy resulta más sorprendente que la Junta de Andalucía no actúe y no pida la ejecución del auto que le otorga la propiedad de los terrenos", señala.

"Para que no se olviden de su responsabilidad, queremos recordar a nuestros políticos que el Algarrobico es el mayor punto negro de la historia de la destrucción a toda costa y una vergüenza para el país", ha apuntado Marcos.

La organización ecologista ha destacado que los activistas están en un espacio público, ya que una orden ministerial de 2005 ratificada por el Tribunal Supremo "fijó la servidumbre de protección de la Ley de Costas en 100 metros por lo que el edificio se encuentra ubicado claramente en terrenos públicos".

Por último, ha recordado que "el desmantelamiento y la posterior restauración del Parque Natural, según un estudio publicado generaría 379 puestos de trabajo y el 98 por ciento del material del edificio recuperado".

Una veintena de colectivos sociales y grupos ecologistas han creado la plataforma Desmontando El Algarrobico con el fin de diseñar un calendario de movilizaciones para pedir la demolición "inmediata" del hotel de Azata del Sol en este paraje de Carboneras (Almería) e informar a la opinión pública "sobre la ilegalidad de su construcción".

La iniciativa, según informan los promotores en un comunicado, surge a raiz del "giro sin precedentes" que ha sufrido el periplo judicial en torno al establecimiento de 22 plantas y 411 habitaciones tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara urbanizable los sectores ST-1 y ST-2 de El Algarrobico.

Así, este miércoles se va celebrar una reunión para continuar con la preparación de un calendario de movilizaciones sociales y campañas informativas mientras que como primera actividad se llevará a cabo una conferencia-coloquio sobre la situación jurídica y política del hotel bajo el título ¿¡Algarrobico Urbanizable!? para el viernes a las 6 de la tarde. Sera impartida por el letrado José Ignacio Domínguez, abogado de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar en los diferentes pleitos en torno a la edificación.

La plataforma, que aboga por la actuación conjunta y por aunar esfuerzos, alerta en esta línea de que la resolución de la Sección Tercera hecha pública hace dos semanas no sólo declara urbanizable el suelo sobre el que se levanta el hotel sino que también hace lo propio con El Canillar, "ubicado en suelo de alta protección del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y sobre el que la promotora del hotel pretendía levantar 1.500 viviendas, un campo de golf y otros siete hoteles".

En esta línea, ha lamentado que la sentencia "altere el orden legal y anteponga el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras a la legislación ambiental" y ha trasladado su "suma preocupación" por el hecho de que sean "los mismos jueces que han dictado esta sentencia los que tienen que dictar sentencia sobre el recurso presentado por los ecologistas contra la normativa urbanística municipal".

La plataforma Desmontando El Algarrobico está inicialmente formada por Ecologistas en Acción Almería, Grupo Ecologista Mediterráneo, Greenpeace, Grupo Ecologista Cóndor, Salvemos Mojacar, Salvemos Macenas, Grupo Ecologista Rakis, Ecologistas en Acción Roquetas de Mar, EQUO, Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, IU y PCE. Se han sumado, asimismo, Asociación Amigos de la Alcazaba, Plataforma Salvemos la Molineta, FAVA Espejo del Mar, FAVA Argar, Asociación de Vecinos la Palmera, Asociación de Vecinos Batestania, Asociación de Vecinos la Paz, Gaia, Posidonia y Serbal aunque ha invitado a otras organizaciones políticas, sindicales, sociales y vecinales "para que se unan a esta lucha por la justicia y por la protección del medio ambiente".

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite varios recursos de inconstitucionalidad planteados contra varios artículos de la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 presentados por el PSOE y por las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias y Canarias.

Según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado, por providencia del 8 de octubre, el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados del artículo primero y la disposición transitoria primera presentado por el Gobierno de Andalucía.

Además, ha admitido el recurso presentado por el Gobierno de Canarias contra el mismo artículo 1 y las disposiciones adicionales 4, 7, 8 y 9; la disposición transitoria primera, la disposición final segunda y el anexo de la Ley.

Igualmente, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de 50 diputados del PSOE contra los artículos 1 y 2 y las disposiciones adicionales 2, 4.1, 5, 6, 7 y 9; la disposición transitoria primera y el anexo de la Ley.

Asimismo, el tribunal ha admitido también el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Principado de Asturias contra varios apartados del artículo 1.

El artículo 1, que se incluye en todos los recursos admitidos a trámite, recoge la modificación de la Ley de Costas de 1988; define el concepto de bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal; reduce a 20 metros la titularidad estatal en las riberas de los ríos; permite la celebración de eventos turísticos en tramos urbanos de la costa y da treinta años más de prórroga a quienes sean titulares de terrenos en la costa que no estuvieran recogidas en el Registro de la Propiedad con la anterior ley y que permite obras a los titulares de las concesiones mientras esté en vigor la concesión y permite las urbanizaciones navegables, naturales o creadas.

Por su parte, el artículo 2 precisa las condiciones de prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior. Mientras, el anexo de la Ley, que también se recoge en los recursos presentados al Tribunal Constitucional excluye 12 municipios del dominio público marítimo terrestre. Estos municipios son Serra Grosa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante); Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón); Ampuria Braba (Castelló de Ampurias, Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría de Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo (Isla Cristina, Huelva); casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga); El Palo (Málaga); Moaña (Pontevedra) y Oliva (Valencia).

La organización ecologista Greenpeace ha pedido este sábado a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos de la comunidad autónoma que se declaren "insumisos" y no apliquen la modificación de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno de la Nación por considerar que "sólo lleva a continuar con la especulación y la destrucción del litoral". 

El delegado de Greenpeace en Andalucía, Juan de Dios Fernández, ha valorado que el Ejecutivo autonómico tomase la decisión de recurrir la reforma de la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional, pero ha animado al gobierno de coalición que integran PSOE-A e IULV-CA a dar un paso más y declararse "insumiso" en la aplicación de una normativa que "atenta contra la protección medioambiental" del litoral andaluz.

En declaraciones a Europa Press, Fernández ha subrayado además que la modificación legal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo constituye "un absoluto fracaso desde el punto de vista medioambiental", sino también desde la perspectiva "social y económica".

Proteger al menos los 500 metros de litoral 

En la misma línea, Pilar Marcos, representante de Greenpeace a nivel estatal, también ha instado a la Junta a que su rechazo a la modificación de la Ley de Costas impulsada por el Ejecutivo central "no se limite solo palabras y se traduzca en una actuación contundente". En este sentido, ambos ecologistas han hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para llevar a cabo normativas "más benevolentes" con la protección del medioambiente, y en el caso de los ayuntamientos, que "se declaren insumisos y protejan los primeros 500 metros de litoral por el bien del hoy y de las generaciones futuras".

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Plan de Protección del Corredor del Litoral Andaluz que, según Greenpeace, "aún sin ser una medida óptima porque contempla la construcción de 55.000 viviendas nuevas, lo que es una barbaridad teniendo en cuenta la situación del litoral, sí es una mejora respecto a la actual Ley de Costas".

La modificación de la Ley de Costas llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy permite a los ayuntamientos, en caso de que estos lo consideren necesario y previa petición al Ejecutivo, reducir la protección del litoral de 100 a 20 metros. "Este ha sido el argumento que ha usado la Junta para interponer recurso de inconstitucionalidad a la nueva Ley", ha cerrado Marcos.

Cerca de un cuarto del litoral español está urbanizado, cifra que aumenta hasta el 43% por ciento en el mediterráneo según el estudio 'Destrucción a toda costa' elaborado por Greenpeace. Pilar Marcos, responsable de la campaña,  ha vaticinado que "si continuara el nivel de construcción, en 2030, el Mediterráneo estaría cubierto al 100 por cien".

La organización ecologista ha presentado este jueves el informe en el que analiza la destrucción de los primeros 500 metros de costa en cerca de medio millar de municipios, lo que supone el 0,55% de la superficie del país.

Impacto de la nueva Ley de Costas 

Desde la organización instan a los municipios a declararse insumisos en la aplicación de la nueva Ley de Costas.  El informe ya advirtió en ediciones anteriores de que el litoral español ha perdido el terreno equivalente a ocho campos de fútbol al día en las últimas dos décadas, pero en esta ocasión aumenta el nivel de alerta por la nueva ley que, a su juicio, aumentará la desprotección del litoral y facilitará su privatización.

Mantener el ritmo de construcción actual en la costa mediterránea junto con la desprotección promulgada por la nueva Ley de Costas provocará el colapso total del litoral en un plazo de 124 años.

Mala gestión 

La organización apunta a la burbuja inmobiliaria como responsable de malas prácticas como la construcción de urbanizaciones difusas responsables del 53% de las superficies artificiales. Igualmente, durante la presentación del informe Greenpeace ha cifrado en 140 millones de euros el coste público derivado la gestión incorrecta. 

Según el estudio la tasa de destrucción de suelo natural en estos 500 metros fue de dos hectáreas diarias entre 1987 y 2005 aunque la proporción varía sustancialmente entre comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía son las que tienen una mayor franja de la costa ocupada, con un 51, 44 y 36% respectivamente. En el lado contrario, Asturias (9%), Cantabria (14%) y Pasís Vasco (15%) mantienen la ocupación más baja.

En la misma línea, el record de velocidad en la destrucción de suelo costero lo ostentan Castellón, Valencia y Almería. Marcos ha querido llamar la atención precisamente sobre el ritmo de los permisos. "Con la excusa de la crisis económica y debido a los recortes, existe el riesgo de que cualquier proyecto de construcción pueda ser aprobado por unos controles más laxos o inexistentes”, ha lamentado.

Los municipios más destruidos

Calp (Alicante), Calvià (Mallorca) y Chiclana de la Frontera (Cádiz) encabezan la clasificación de las localidades en que la destrucción ha sido mayor de acuerdo con el aumento de la superficie artificial en los primeros 500 metros de costa entre otros indicadores.

El informe subraya además que un gran volumen de construcción aumenta exponencialmente el riesgo de exposición a inundaciones o torrentes debido a que es la franja más cercana a la costa la que sirve de barrera de protección.

Julio Somoano inició su mandato en los informativos de TVE con mal pie, cuando 335 miembros del departamento votaron en contra de su designación y solo 38 a favor; la votación no tenía poder vinculante, pero dejó una muestra de cómo era recibido en Torrespaña. Uno de los primeros conflictos surgió al hilo de la multitudinaria manifestación en Barcelona con motivo de la Diada. Aquel 11 de septiembre el TD2 relego la información, cuando en el resto de los medios era la noticia de apertura. De inmediato, llovieron las críticas, no solo de espectadores y fuerzas políticas, sino de los propios trabajadores de TVE que, a través del Consejo de Informativos, denunciaba que la noticia se había relegado "tanto en los titulares como en el informativo, retrasándola hasta el minuto veinte, por detrás de noticias más lejanas y menos significativas". La propia Dirección de Comunicación reconocía después que hubo "un error" en el orden de las informaciones de la segunda edición del Telediario.

Cuarenta días después, fue la cobertura de las elecciones vascas y gallegas quien recibía las críticas del Consejo de Informativoslas críticas del Consejo de Informativos al entender que se "proyectó una imagen" que daba prioridad al Partido Popular por encima de otras formaciones. Y citaba el caso de que se diera prioridad al discurso en directo del candidato del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, por encima de EH Bildu, a pesar de que "objetivamente había obtenido un número de representantes significativamente mayor". También censuraban que se hiciera lo mismo cortando el discurso del candidato socialista, Patxi López, para conectar con el de la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal. "Estas decisiones durante la emisión en directo las tomó personalmente la dirección de Informativos, en contra del criterio de buena parte de los profesionales que participaban en el especial electoral", ha señalado el Consejo de Informativos, que ha abogado por ser "escrupulosos con los principios y deberes" enmarcados en el Estatuto de la Información de RTVE.

Uno de los espacios que mayor preocupación interna ha provocado es Informe SemanalInforme Semanal, un programa que, desde hace cuarenta años, se emite en el prime time del sábado, y que siempre ha gozado de prestigio profesional; en esta etapa, y bajo la dirección de Jenaro Castro, ha sido objeto de “preocupación por la deriva contraria a los principios de pluralidad y equilibrio informativo”, según el órgano de representación profesional de los periodistas que, en un comunicado mostraban su rechazo al reportaje “Acoso a políticos”, ya que "de 17 testimonios, 14 están claramente posicionados contra los escraches fomentados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), y la mitad de los que la critican son miembros del Gobierno o del PP. El reportaje "prácticamente no da voz a la PAH", prosigue la nota, puesto que "la mayoría de opiniones que se vierten contra la plataforma carecen de respuesta”. Así, cuando se cita a Ada Colau asegurando que la PAH intensificará su campaña de presión al PP y en vez darle voz para que justifique esa decisión, se le da a Esteban González Pons para que compare el escrache con la "kale borroka". Por su parte, la dirección del programa rechazó las críticas afirmando que se trataba de "información rigurosa, neutral, imparcial, plural e independiente".

Otro escándalo, con implicaciones políticas se zanjó con la dimisión de la directora de programas y gestión de los Servicios Informativos de TVE, Cecilia Gómez, después de que el Consejo de Informativos recibiera por error un correo electrónico remitido por la directiva en el que desacreditaba a periodistas recién elegidos para formar parte de dicho órgano. De algunos de ellos dice que forman parte del “comando Rubalcaba”, de otros señala que obedecen a la “disciplina” de un partido o un sindicato. Y, en general, expone que la composición del consejo salida de las elecciones del pasado enero es “monocolor, militante de izquierdas y con vinculación sindical”.

Ana Blanco, rezo, y minifaldas

El siguiente conflicto surge cuando Ana Blanco y el equipo de Telediario 1 muestran su disconformidad con un reportaje sobre la Ley de Costas, que solo ofrecía opiniones a favor; la propia presentadora se vio obligada a citar en la entradilla que “el PSOE e Izquierda Plural consideran que desprotege y privatiza el litoral”; las quejas insistían en el hecho de que no se hubieran recogido las razones en contra de la organización Greenpeace, y que se limitaran a informar de cómo miembros de la organización ecologista se habían manifestado desde la terraza del Congreso de los Diputados. Resulta esclarecedor que la dirección excusara la emisión de opiniones en contra de la Ley de Costas “en la falta de tiempo”, cuando tampoco fueron incluidas en el Telediario 2, seis horas después.

Pero no son, en exclusiva, asuntos políticos los que provocan críticas. En ese mismo mes de mayo los telediarios nos sorprenden con sendos reportajes de adoctrinamiento moral. En el primero se habla, presuntamente, del auge de las cererías pero se convierte en una defensa del rezo como método contra el paro, y una frase –sacada de contexto- de un entrevistado, da pie a asegurar que “según los psicólogos acercarse a un altar puede calmar la ansiedad por la falta de trabajo o por el temor a perderlo”. Inmediatamente, entrevistado y colectivo profesional desmienten las afirmaciones del reportaje. El segundo, se sugiere que los padres deben actuar para evitar que sus hijos adolescentes, tanto chicas como chicos, vistan de forma "provocadora". “Estamos en la época de enseñar todo. Camisetas amplias, que se caen de los hombros. Muy extravagantes", dice una madre de dos hijas en el comienzo del reportaje, que luego da respuesta a la pregunta "¿irá mi hija provocando?". TVE escoge la siguiente declaración de una de las entrevistas para responder: "Ellas no se darán cuenta de que van provocando. Pero los que las ven, sí que ven que van provocando".

365 días después del nombramiento de Julio Somoano, aquel telediario, distinguido como el mejor del mundo en 2009, recibe el reproche del Consejo de Europa, que habla de “injerencias políticas” y ha perdido la credibilidad.