El Tribunal Supremo ha abierto la quinta causa penal al eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por la querella que ha presentado el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales, informa EFE.

La querella se formuló por los delitos de coacciones y amenazas condicionales con carácter subsidiario, si bien el tribunal solo aprecia "indicios cualificados y suficientes" del segundo delito.

En su auto, la sala de lo Penal explica que de los mensajes reproducidos en la querella se desprende, indiciariamente, que Alvise habría anunciado de forma expresa y reiterada la difusión pública de audios, documentos y capturas de conversaciones en los que se atribuirían a Landaluce comportamientos presuntamente delictivos o gravemente deshonrosos, vinculando de manera explícita la no ejecución de esa difusión a la dimisión como alcalde.

Dice el Supremo que "la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación" permiten apreciar esos indicios de delito "en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor".

Por el contrario, no aprecia indiciariamente el delito de coacciones, que exige una afectación directa e inmediata de la libertad de actuación mediante violencia o intimidación.

Se trata de la quinta causa abierta a Alvise por el Supremo, que ya ha dirigido en dos de ellas el suplicatorio al Parlamento Europeo para continuar con los procedimientos.

Respecto de las otras cuatro causas, en las cuales ya ha declarado, una es por presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del exministro y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa en 2021; y otra por difundir los mensajes que dirigió en la red Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

La tercera causa, la más importante, es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros para su campaña electoral.

Y la cuarta por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a los dos eurodiputados que concurrieron con él en el partido Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024 y que después rompieron con su formación.

Un juzgado ha requerido al líder de Se Acabó la Fiesta y eurodiputado, Alvise Pérez, a que elimine de sus redes sociales contenidos que publicó amenazando al alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, con difundir informaciones sobre supuestos acosos sexuales cometidos por él si no dimitía y a que cese de publicar nuevos contenidos de la misma índole.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Algeciras número 4 estima parcialmente la petición de medidas cautelares que Landaluce incluyó en la demanda que interpuso contra Pérez el pasado mes de diciembre, después de que éste amenazara en mensajes de Telegram con difundir informaciones contra el alcalde si éste no dimitía.

Alvise fue también quien, en ese mismo canal, difundió un año antes pantallazos de conversaciones de WhatsApp en los que dos concejalas de su equipo comentaban que les había "tocado el culo" o "metido mano" debajo de la mesa.

Esas mismas conversaciones fueron la base con la que el PSOE de Algeciras denunció el pasado mes de diciembre a Landaluce ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, que archivó el asunto al considerar que los pantallazos no pueden servir de base para investigar tales delitos.

En tanto se resuelve la demanda principal del alcalde contra Alvise Pérez, el juzgado ha aceptado una parte de las medidas cautelares solicitadas por Landaluce.

Así acuerda requerir al líder de SALF para que "cese de forma inmediata y provisional en la publicación, difusión o reproducción de nuevos contenidos, mensajes o manifestaciones" relacionados con el alcalde de Algeciras que guarden relación con el objeto de la demanda, hasta que recaiga resolución firme en el proceso principal o se acuerde el alzamiento de las medidas cautelares.

Además, le impone la eliminación de las publicaciones difundidas en su canal de Telegram los pasados 17 y 18 de diciembre ya que contienen "imputaciones directas y reiteradas" de "conductas de agresiones o acoso sexual y otros delitos", aludiendo a que tenía "material probatorio de agresiones sexuales cometidas por el actor, incluso contra familiares de personas del entorno político de éste, de irregularidades relacionadas con la gestión del dinero público del consistorio e incluso de un homicidio cometido durante la construcción de una vivienda".

"Tales imputaciones, que se difunden en un canal público en la red social Telegram que cuenta con más de 650.000 seguidores, suponen un evidente menoscabo en el derecho al honor del actor, y se realizan sin base en hechos objetivamente contrastados o en resolución judicial alguna, con el único fin de atentar contra la reputación de un rival político", apunta el auto.

El juez entiende que de no adoptarse la medida cautelar solicitada "el transcurso del tiempo hasta la finalización del procedimiento, en caso de dictarse sentencia estimatoria, podría hacer inútil el reconocimiento judicial del derecho al honor" del alcalde "ante la continua difusión de mensajes por el demandado como los que son objeto de autos".

La Fiscalía ha recurrido la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió al autor del asesinato con un machete del sacristán de una iglesia de Algeciras (Cádiz), en 2023, porque, si bien le consideró responsable de su muerte, le aplicó la eximente completa de enajenación mental y ordenó su internamiento en un establecimiento psiquiátrico penitenciario por un máximo de 30 años.

En su recurso ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, y al que ha tenido acceso EFE, el fiscal Emilio Miró pretende que el asesinato del sacristán, el intento de asesinato de un sacerdote, al que hirió gravemente, y las lesiones a un joven marroquí al que el acusado, Yassine Kanjaa, recriminó no seguir los preceptos del Islam, sean calificados de terroristas. Ello permitiría abonar a las víctimas las indemnizaciones que le han sido impuestas, en aplicación de la Ley de Victimas del Terrorismo.

El recurso por tanto no se dirige contra la absolución del acusado sino que invoca una infracción de precepto legal en la calificación de los hechos, que en la sentencia son considerados como delito de asesinato consumado, asesinato en grado de tentativa y lesiones, pero no de carácter terrorista.

"La concurrencia de la eximente completa de enajenación mental del artículo 20.1 del Código Penal no impide la calificación de los hechos como alevosos, como aprecia la Sala -al calificarlos de asesinato-, y por la misma razón su concurrencia es compatible" con los delitos de terrorismo, sostiene el fiscal, que en el juicio pidió 50 años de prisión para Kanjaa.

Los dos magistrados que suscribieron la sentencia, que contó con el voto particular discrepante de la magistrada Carolina Rius, que apoyó la tesis del fiscal, entendieron que debido a la enfermedad mental del acusado éste no podía darle a sus actos la intencionalidad que requieren los delitos de terrorismo (provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella, y alterar gravemente la paz pública).

La Fiscalía por contra sostiene que, dadas las circunstancias probadas -lugar de los hechos (dos iglesias de Algeciras), personas afectadas (del ámbito religioso) y el acceso a contenido radical por parte del acusado- los hechos deben ser calificados de terrorismo.

"En el sentido expuesto en el voto particular de la sentencia recurrida, consideramos que calificar como terrorismo (...) permite una respuesta adecuada" a lo ocurrido, "especialmente dirigida a proteger a las víctimas".

Todo ello, sin perjuicio de que, si se estima que tenía totalmente alteradas sus capacidades mentales, le sea apreciada, como dictaminó el tribunal, la eximente completa y quede absuelto con la aplicación de la medida de internamiento.

El fiscal apela a que la Audiencia Nacional ya ha admitido con anterioridad "la compatibilidad de la calificación" de terrorismo "y la presencia de anomalías o alteraciones psíquicas", e invoca seis sentencias dictadas en ese sentido.

Apunta también a que los hechos probados "describen un acelerado proceso de radicalización religiosa que actuó como móvil de los delitos cometidos".

De hecho, prosigue, al analizar su declaración en el juzgado de instrucción, que fue reproducida en el juicio, donde guardó silencio, la Sala expone que “confesó" su acción.

"El acusado reconoció que regresó a casa y cogió el machete que guardaba, que quería matar a la gente que le hacía daño con Satán, que en el islam esa gente son enemigos del islam y de los musulmanes, que se dirigió al cura porque es enemigo de Dios, para cortarle la cabeza, tenía intención de acabar con su vida, luego fue a la otra iglesia a buscar a otro cura también para matarle", recogió el tribunal.

De ello se deduce, destaca el recurso, "la intencionalidad del autor de alterar gravemente la paz pública (...) movido por una exacerbación de sus sentimientos religiosos".

La sentencia recurrida determinó que cuando Kanjaa entró en las iglesias de San Cristóbal y Nuestra Señora de La Palma y mató al sacristán Diego Valencia e hirió de gravedad al sacerdote Antonio Rodríguez actuaba bajo un "cuadro de filiación esquizofrénica" que anulaba sus facultades.

Al no tener conciencia de los delitos cometidos y no mostrar arrepentimiento, la Sala apreció no obstante un "elevado grado de peligrosidad" y por eso decretó su internamiento en un centro psiquiátrico.

Impuso además al acusado el pago de indemnizaciones: de 150.000 euros para la viuda del sacristán asesinado, de 50.000 euros a cada uno de sus dos hijos, y de 17.000 euros a los familiares del sacerdote, que falleció meses después del ataque por una enfermedad.

Kanjaa, de origen marroquí y que estaba en situación irregular en España, es insolvente por lo que no puede hacer frente a esos pagos, y tampoco pueden ser abonados directamente por el Estado al amparo de la Ley de Víctimas del Terrorismo al no haber sido calificados los hechos como tal.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha registrado este viernes su baja como miembro del grupo parlamentario del PP en el Senado, tras la denuncia que recibió por un presunto abuso sexual.

Fuentes del PP en el Senado han confirmado a EFE que Landaluce ha registrado su baja, por lo que tendrá que incorporarse al grupo Mixto, que compartirá con otros cuatro senadores, tres de Vox y una de UPN.

Además, ha presidido este viernes su primer pleno municipal de Algeciras tras haber renunciado de manera temporal a su militancia en el PP, después de que el PSOE presentara una denuncia en la Fiscalía del Tribunal Supremo contra él.

Sostuvo que es inocente y que se daba de baja del partido mientras se defiende, pero no de las actas, ni de concejal ni de senador.

Landaluce es alcalde desde hace catorce años y lleva catorce meses con acusaciones de acoso sexual.

En octubre de 2024 fueron publicados pantallazos de conversaciones de dos concejalas de su partido en los que se referían a que les había "tocado el culo" y "metido mano", pero ellas lo negaron luego.

En enero, el PSOE algecireño llevó ante un notario otros pantallazos que había recibido sobre el mismo asunto y nuevas pruebas de su "veracidad".

Landaluce instó al PSOE a denunciarle, lo que los socialistas hicieron finalmente en el Tribunal Supremo en una denuncia a la que tuvo acceso EFE este pasado miércoles.

Es médico, nacido en Logroño en 1959, y fue diputado en el Congreso de 2015 a 2019, siendo senador los últimos seis años.

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, se mantendrá en el cargo pero ha renunciado temporalmente a su militancia en el Partido Popular "para defender su honor", según ha anunciado el Ayuntamiento tras la denuncia que el PSOE ha interpuesto contra él ante la Fiscalía de Tribunal Supremo por, entre otros, delitos de acoso o abuso sexual.

(En ampliación)

En una sentencia que, por su rapidez, resulta digna de mención, la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a penas que suman 22 años de cárcel a Pedro Maza, el armador del 'pesquero fantasma' Rúa Mar, barco que se fue a pique en plena operación de narcotráfico en enero de 2020 y cuyo naufragio causó la muerte de seis de sus tripulantes.

El fallo, dictado por la sección desplazada en Algeciras y en virtud de una investigación coordinada por Macarena Arroyo, fiscal especial Antidroga del Campo de Gibraltar, contempla condenas para el resto de acusados que oscilan entre los tres años y cuatro meses impuestos a la pareja del armador por blanqueo de capitales hasta los seis años y dos meses de prisión.

Maza, que se exponía a una petición de cárcel que alcanzaba los 114 años, ha sido condenado a 12 años de prisión por seis homicidios imprudentes; cinco años y cuatro meses por tráfico de drogas; tres años y ocho meses por blanqueo de capitales (incluidos cuatro meses por tentativa); y un año y dos meses más por pertenencia a grupo criminal.

Macarena Arroyo señaló en su escrito de acusación que ha quedado, en esencia, acreditado, que el barco transportaba un gran alijo de hachís. La borrasca reinante en aquel momento se unió a un más que probable exceso de peso para hacer zozobrar la embarcación, que se fue a pique. Esa es la principal hipótesis sobre lo ocurrido, pero no la única. A pesar de los medios aportados por el Estado para buscar el pecio y rescatar los cuerpos de los tripulantes, no se halló ni rastro del mismo. El Rúa Mar se convirtió en un barco fantasma.

El mar, eso sí, devolvió los cadáveres de dos de las personas que se habían enrolado en la tripulación, uno de nacionalidad española y otro peruano. Entre las víctimas estaban, además, dos de los familiares directos del armador.

El Rúa Mar siempre estuvo en el foco de las autoridades policiales, en especial cuando en 2014 fue intervenido con un importante alijo de hachís. Es una práctica demasiado habitual que personas que se dedican al tráfico de drogas adquieran de nuevo, vía subasta, embarcaciones que en un momento dado fueron utilizadas para el narcotransporte, y este ha sido un nuevo ejemplo de ello.

El pesquero ‘faenaba’ sin los obligatorios sistemas de localización, un indicio que se corresponde con la realización de alguna actividad al margen de la ley que apuntaba al tráfico de drogas. El naufragio se produjo a unas 28 millas de Cabo Espartel, frente a las costas marroquíes. Eso es un indicio más, pues es un enclave muy utilizado históricamente para la carga de estupefacientes que parten desde el Norte de África en embarcaciones neumáticas para su posterior transporte a la península ibérica.

Si hace unos años se publicase una noticia sobre abordajes de barcos portacontenedores en tránsito hacia el puerto de Málaga con la intención de robar cargamentos de cocaína, cualquiera habría pensado que era la trama de una película o que se estaría hablando de algo ocurrido en el golfo de Somalia. Pero como la realidad siempre supera a la ficción, en menos de tres meses un grupo especializado de narcotraficantes ha asaltado dos buques en altamar cuando se dirigían a la Costa del Sol haciendo la ruta Vigo-Málaga.

El primer objetivo del comando tuvo como misión robar un cargamento de al menos 1.300 kilos cocaína que fueron transportados por el portacontenedor con bandera portuguesa AS Carelia, y que había iniciado su travesía desde el puerto de Cartagena de Indias (Colombia).

La tripulación alertó la madrugada del 17 de julio de que unos polizones se habían introducido a 40 millas de la costa de Cádiz. Sin embargo, cuando la Guardia Civil apareció no había ni rastro de los asaltantes. El Carelia es un navío construido en 2006 por los astilleros surcoreanos Hyundai Mipo, y cuenta con 220 metros de eslora y un ancho de 30 metros.

Abarloarse mar adentro a su vera con otra embarcación y subir por sus escalerillas de estribor completamente a oscuras de madrugada no es una tarea fácil. Quienes abordaron el Carelia en búsqueda de droga sin duda eran expertos en la mar, y por algún motivo desconocido no encontraron la cocaína o simplemente dejaron parte del cargamento en el buque por cuestiones logísticas. No fue su único asalto conocido este verano.

A esa primera acción conocida se le unió un segundo asalto ocurrido también en la ruta del puerto de Vigo hacia el de Málaga; la víctima fue el portacontenedores con bandera liberiana Odysseus en la madrugada del 4 de septiembre. Su último puerto europeo antes de llegar a Europa fue también el de Cartagena de Indias. Curiosamente, mientras se escriben estas líneas, se dirige en este momento hacía allí, al igual que el AS Carelia, para comenzar una nueva travesía.

El mando del buque mercante notificó por radio a las autoridades portuguesas a las 00:00 (hora española) del 4 de septiembre la presencia de hombres armados en el mercante. Los portugueses eran los competentes porque se encontraba a unas 30 millas de las costas del Algarve. Pero la respuesta portuguesa no llegó hasta las 11:28, de la mañana, según los datos obtenidos por fuentes OSINT por parte del portal portugués Espada y Escudo.

La Marina portuguesa utilizó una lancha semirrígida y activó un helicóptero Super Lynx Mk 95 con miembros del grupo de operaciones especiales del ejército portugués. Cuando asaltaron el Odysseus, el comando se había marchado ya con la cocaína y sólo quedaba una tripulación asustada que fue liberada, porque habían sido retenidos dentro del buque por los narcotraficantes.

Después de tantas horas entre el aviso de emergencia del Odysseus y la actuación de la policía marítima portuguesa y su armada, el comando armado de narcos tuvo tiempo suficiente para marcharse sin ningún tipo de impedimento. Cuando la Marina portuguesa tomó el control del buque, fue llevado al puerto de Sines y allí se le realizó una revisión exhaustiva de la carga que certificó que no quedaba ya rastro de sustancias estupefacientes.

Ninguna de estas acciones son casuales. Hay varios factores en el puerto de Málaga que provocan ese interés del crimen organizado en el recinto. El primero y principal de ellos es el siguiente. Hace unos días la Fiscalía Antidroga de Málaga volvió alertar de una situación anómala en la última memoria de la Fiscalía General del Estado. Hizo una denuncia pública y es propia de un Estado en decadencia: el puerto de Málaga no cuenta en sus instalaciones con un escáner de seguridad para contenedores marítimos.

Y es aún más llamativo que no lo tenga después de una operación judicial que unió a la Policía Nacional, la Guardia Civil y al Servicio de Vigilancia Aduanera: se investiga por narcotráfico a gran escala a varios trabajadores de la empresa ADTRANS, que fue la que facilitó durante algo más de un año un escáner dentro del puerto de Málaga. Por esa investigación de principios de 2024 fue arrestado también el jefe de la Unidad de Análisis de Riesgos de Vigilancia Aduanera en el mismo puerto, una de las personas con mayor poder en un recinto aduanero.

Con un solo click de él, las mercancías podían traspasar las puertas del recinto portuario y tener libertad de movimiento en todo el territorio europeo.

Si al hecho de tener supuestamente en nómina al jefe de la Unidad de Análisis de Riesgos se le añade que el propietario y varios trabajadores de la empresa que controla el escáner de contenedores están involucrados en el narcotráfico del máximo nivel, se puede alertar de que una infraestructura crítica como es el puerto de Málaga podría estar en manos de cualquier tipo de mafia internacional. Sobre el papel podían introducir cualquier tipo de mercancía ilegal porque contaban con todos los medios para ello: el propio escáner de seguridad lo manejaba un trabajador de ADSTRANS.

Los alijos de cocaína han ido en aumento en el puerto de Málaga en estos últimos años cuando antes era raro que se utilizase para esa labor, porque las organizaciones criminales lo suplían con Algeciras, que se encuentra a una hora y media. Pero hay tanta producción de droga que el crimen organizado sigue innovando. Hay mafias internacionales que se está moviendo hacia el puerto de Málaga porque hay tendencias positivas en él que lo hacen más permeable a introducir cualquier sustancia ilegal.

En 2024, el tráfico de mercancías creció en el puerto de Málaga un 76%, lo que hace que cualquier tipo de grupo criminal tenga más oportunidades de establecer rutas hacia él sin que se levanten sospechas. Se han constatado en estos últimos años rutas de cocaína hacia Málaga desde los puertos de Guayaquil (Ecuador), Manzanillo (Colombia), Santos (Brasil), o Limón (Costa Rica).

Fuera del radar de los otros grandes puertos españoles como son el de Algeciras, Valencia y Barcelona, el crimen organizado siempre aprovecha sus bazas. Que no exista un escáner de seguridad de contenedores en un lugar así ofrece mucha tranquilidad a las grandes mafias internacionales. Nadie quiere perder su dinero, y menos un traficante de drogas.

Mientras, la presencia de piratas de la cocaína en la costa atlántica de la península ibérica sigue causando un gran revuelo en el seno de las fuerzas de seguridad. Se sospecha que proceden de Europa del Este y que tienen sus bases en Portugal, pero su itinerancia es absoluta. Aprovechan la lentitud de las fuerzas de seguridad para acometer los asaltos y, como ocurrió a principios de septiembre, huir sin dejar rastro.

El juez Francisco de Jorge ha enviado a prisión a los dos detenidos el miércoles en Madrid por su presunta labor de "blanqueadores" en la trama de narcotráfico desarticulada tras la intervención de un alijo de 13 toneladas de cocaína en Algeciras (Cádiz) y la detención del exjefe de la UDEF en Madrid.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Antidroga tras tomar declaración a los dos detenidos, a los que se atribuye un delito de blanqueo de capitales, y a uno de ellos se le imputa también pertenencia a organización criminal, han informado a EFE fuentes jurídicas.

La detención de estas dos personas presuntamente relacionadas con la estrategia de blanqueo de esta trama se produjo en el marco de una nueva fase de esta operación y conllevó además una decena de nuevos registros.

Si bien el juez había decretado el levantamiento parcial del secreto de esta causa, estas dos últimas detenciones se enmarcan en la parte de las diligencias que aún mantiene secretas.

Desde la intervención en el puerto de Algeciras de trece toneladas de cocaína procedentes de Ecuador, el mayor alijo descubierto hasta la fecha en la historia del narcotráfico en España, han sido detenidas en el marco de esta causa más de veinte personas.

Entre ellas, el inspector de la UDEF de Madrid junto a su mujer, también policía, y en cuya casa en Alcalá de Henares (Madrid) se hallaron 20 millones de euros ocultos en una pared y otro millón escondido en su despacho de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Se sospecha que cobraba un millón de euros por facilitar la entrada de cargamentos de droga en España.

También fue detenida su cuñada, que era la titular de 70 licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) con las que presuntamente el entramado lavaba el dinero procedente del narcotráfico.

En diciembre fueron arrestadas otras seis personas, tres de las cuales ingresaron en prisión por un presunto delito de blanqueo.

El pasado 11 de marzo, la policía puso a disposición del juez a una pareja que reside en El Campello (Alicante) y que decidió entregarse tras estar siendo buscada desde hace cinco meses como propietarios del contenedor en el que fue intervenido el alijo de 13 toneladas.

El magistrado decretó prisión domiciliaria para el hombre, José Miguel B.C, en atención a la enfermedad que padece, y dejó en libertad con medidas cautelares a la mujer, Viulma Janet A.B., presunta administradora de la empresa que importó el contenedor, procedente de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Ambos están imputados por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.

El alijo intervenido en octubre en el puerto de Algeciras viajaba en un contenedor que transportaba una carga de bananas dirigida a un importador español que recibía desde hace años grandes cantidades de fruta desde Ecuador, lo que dificultó enormemente el análisis e inspección de sus envíos.

Gracias a la cooperación internacional, los agentes identificaron y localizaron uno de los envíos como el de mayor riesgo y un escáner de Vigilancia Aduanera detectó la droga a mediados de octubre.

La publicación de dos testimonios anónimos de acoso sexual ha puesto nuevamente el foco sobre el alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce.

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha aprovechado la noticia para solicitar nuevamente su dimisión y la apertura de una investigación “rigurosa” al PP de Juan Manuel Moreno, al que acusa de guardar silencio ante el “runrún” persistente desde hace meses. Por su parte, Rocío Arrabal, portavoz del PSOE local, ha pedido la activación del protocolo municipal de acoso, planteando la existencia de más casos.

El PSOE algecireño anunció ya hace un mes que había llevado al notario conversaciones de Whatsapp que darían veracidad a unos pantallazos publicados en octubre, donde se relataban supuestos casos de acoso de Landaluce a tres concejalas de su partido.

El PSOE de Algeciras ha anunciado que en la querella que interpondrá ante el Tribunal Supremo contra el alcalde y senador popular, José Ignacio Landaluce, por supuestos casos de acoso sexual, pedirá que se le investigue también por malversación de caudales públicos.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, un día después de que se publicaran testimonios anónimos de mujeres supuestamente víctimas de acoso sexual del alcalde de Algeciras, la secretaria del PSOE local, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria general de la agrupación, Isabel Beneroso, han indicado que tienen "indicios evidentes" de que se han podido utilizar recursos municipales para tratar de “silenciar” las acusaciones de acoso sexual.

Se han referido a la contratación como asesora municipal de Laura Ruiz, que fue concejala del equipo de gobierno municipal y que tuvo que dimitir tras ser condenada por publicar el teléfono del abogado de su expareja en una página de anuncios de contactos sexuales para hombres.

Las socialistas han recordado que tras su dimisión amenazó con "tirar de la manta" y "revelar hechos presuntamente delictivos" en mensajes en sus redes sociales en las que ya difundió algún pantallazo de Whatsapp. Aquellas amenazas, según las socialistas, desembocaron en el decreto de alcaldía de 2023, por el que Laura Ruiz fue contratada como personal de confianza.

"Ante eso nos preguntamos: ¿Estamos ante un supuesto delito de malversación de fondos públicos? ¿Estamos ante la utilización del Ayuntamiento para fines personales como la supuesta compra del silencio de presuntas víctimas o de personas conocedoras o con conocimiento de presuntos delitos?", ha añadido la vicesecretaria general del PSOE algecireño.

El alcalde negó entonces que la contratación fuera una respuesta a la amenaza y explicó que la exconcejala simplemente le había pedido ayuda.

Aquellos pantallazos de conversaciones entre concejalas del equipo de gobierno municipal que supuestamente habían sufrido el acoso del alcalde resultaron ser los que a finales de 2024 difundió el eurodiputado Alvise Pérez.

Pero también habían llegado al PSOE. Isabel Beneroso ha mostrado hoy en la rueda de prensa capturas de pantalla de mensajes en los que una persona que identifica como del entorno del PP de Algeciras le reenviaba pantallazos de esas conversaciones y le empujaba a que el PSOE denunciara.

"No entiendo nada, tenéis material y más que yo os daría para acabar con ese indeseable de Landaluce, pero es verdad que para eso hacen falta huevos", le dice a la socialista en un mensaje, al que ella responde: "Más que huevos hace falta pruebas". Cuando esta persona le envía los pantallazos, la socialista comenta que no da crédito a lo que lee y que le "hierve la sangre". "Pues si vieras el resto, una más porque le exige a las concejalas que dejen ver como mean", responde.

Las socialistas han explicado que las capturas de pantalla difundidas en octubre de 2024 "no eran un bulo, ni un montaje", y que el PSOE no se está "inventando" nada, como sostiene Landaluce. Las socialistas han insistido en hay nueva documentación que les está llegando y que será incorporada al escrito que se va a trasladar al Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Landaluce.

Las dirigentes del PSOE local han vuelto a pedir la dimisión de Landaluce, y han hecho un llamamiento a los dirigentes del PP regional y nacional para que actúen con responsabilidad y con la exigencia que ha tenido en casos que salpicaban a otros partidos, como el de Iñigo Errejón, que dimitió tras la publicación de un mensaje anónimo en redes sociales.

El alcalde de Algeciras ha insistido este miércoles en que las acusaciones que se están difundiendo contra él son "bulos y mentiras" y ha indicado que "todas las declaraciones y publicaciones" sobre las mismas están siendo estudiadas "para definir las medidas judiciales oportunas".

En un comunicado difundido por el gabinete de prensa del Ayuntamiento, el alcalde de Algeciras ha acusado de mentir a la secretaria del PSOE local, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria general de la agrupación, Isabel Beneroso. Landaluce ha defendido que se trata de una "maniobra política para destruirlo".

“El Partido Socialista miente, mienten cuando dijeron que lo habían llevado a Fiscalía, mienten cuando dijeron que el notario lo había llevado a Fiscalía y mienten cuando dijeron que lo habían llevado al Tribunal Supremo”, dice el alcalde en la nota de prensa.

El primer edil ha asegurado que no puede "perder tiempo contestando una y otra vez a mentiras y falsedades de este burdo montaje" en vez de dedicarse a lo importante, que es "seguir trabajando por Algeciras”. 

Los últimos meses están siendo frenéticos en la lucha entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes en España. La Península Ibérica ha recuperado el dudoso honor de ser la principal puerta de entrada de cocaína en Europa, el mayor mercado del mundo –probablemente nunca lo había perdido, pero los datos de incautaciones pueden llevar a engaño–, y las mafias internacionales dedicadas al negocio más lucrativo que existe echan raíces en el territorio. La Costa del Sol se mantiene como el punto neurálgico de sus actividades, sin olvidar Madrid y la periferia –Canarias y Galicia–. Detrás de los grandes negocios está el cártel de Los Balcanes.

“La organización más poderosa del mundo, rivalizando con los cárteles mexicanos”, según destaca Alberto Morales, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes. A cuyo servicio trabaja la mafia albanesa. “Los albaneses están sobre el terreno, en España y en Sudamérica, bajan a la arena y se meten de lleno en las operaciones. El cártel de los Balcanes intenta no aparecer en la primera línea”, explica una fuente confidencial a Narcodiario, la misma que sitúa a los capos en Dubái. De hecho, la policía española está investigando el nexo entre el mayor alijo de cocaína intervenido jamás en España, 13 toneladas, en el puerto de Algeciras el pasado octubre, el inspector jefe de la UDEF al que se encontraron 20 millones de euros ocultos en una pared de su casa de Madrid y el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, residente en Dubái.

Compuesto principalmente por ciudadanos serbios y croatas, pero también del resto de repúblicas de la antigua Yugoslavia, el cártel de los Balcanes está integrado por clanes que se agrupan según sus zonas de procedencia. Muy violentos en su lucha por el control territorial, protagonizaron en los últimos meses varios ajustes de cuentas, con resultado de muerte, en los Balcanes, en España y en otros países. En los últimos tiempos, además, cuentan con el apoyo clave de la mafia albanesa.

En este punto aparecen las principales conexiones con España. El pasado enero, la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron in fraganti a siete albaneses cuando pretendían descargar un gran alijo de cocaína en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Era la primera vez que personas ajenas al narcotráfico gallego se aventuraban a descargar cocaína en las Rías Baixas. Aunque los albaneses llevaban tiempo dejándose ver en Galicia: en 2023 en un pesquero intervenido antes de su llegada a las Islas Cíes, poco después como presuntos dueños de los 7.500 kilos de cocaína incautados en un contenedor en Cambre (A Coruña) y más tarde en el primer alijo del año, más de 1.200 kilos confiscados en el puerto de Vigo.

La Policía Nacional tiene constancia de que el cártel de los Balcanes está detrás de la financiación de alijos multimillonarios como los 9.500 kilos intervenidos en el puerto de Algeciras en el último trimestre de 2023, los 7.500 kilos de Galicia poco tiempo después o el descomunal cargamento de 13.000 kilos localizados en la dársena gaditana en octubre de 2024. Y de que el cártel ha operado con la intermediación de la mafia albanesa. Es más, la Policía sostiene que, al menos en el caso de las 13 toneladas, contó con el apoyo del inspector jefe detenido con 20 millones de euros emparedados en una pared de su vivienda en Madrid.

El policía, según pudo saber Narcodiario, entró en contacto con las grandes mafias internacionales del narcotráfico tiempo atrás. Se desconoce si lo hizo cuando era responsable de la lucha antidroga a través de Internet o ya en su destino como investigador contra el blanqueo de dinero. Antes de pasar a dirigir el área de blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fisca (UDEF) en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estuvo en el complejo policial de Canillas y decidió pasarse al otro lado a cambio de suculentas cantidades de efectivo. El asunto sigue bajo secreto de sumario, pero Narcodiario muestra en exclusiva nuevas imágenes del dinero y de otros objetos de lujo incautados en la histórica operación, que incluyó numerosas detenciones en todo el país.

Estos arrestos, el decomiso de los 20 millones en efectivo y el alijo de 13.000 kilos en Algeciras tuvieron un veloz reflejo en las mesas de Dubái, donde se organizan operaciones que, como ésta, mueven cocaína por valor de 500 millones de euros en los mercados clandestinos internacionales. A una de esas mesas, sostiene la Policía Nacional, se sienta El Tigre.

Las autoridades españolas siguen esperando que sea extraditado por su presunta implicación en grandes operaciones de tráfico de cocaína. En concreto, un juzgado de Algeciras lo reclama por un cargamento de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón que llegó al puerto gaditano desde Paraguay en 2020. Pero, como ocurre con otras decenas de extradiciones solicitadas desde Europa, Dubái no responde.

Mientras, el cártel de los Balcanes ha pedido explicaciones a El Tigre por las últimas pérdidas de droga en manos de la policía. Alejandro Salgado Vega se encuentra en libertad en el emirato después de haber pasado un año entre rejas: en agosto de 2022 fue detenido por consumir droga en su propia casa, un lujoso apartamento de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah.

Este presunto narcotraficante español es considerado por la Guardia Civil “el más importante de España”, si bien otras fuentes le señalan como “uno de los grandes, pero no el único”. En cualquier caso, las autoridades españolas le situaban como una pieza clave de la operación Faukas, llamada Desert Light por Europol, por su nexo directo con el cártel de los Balcanes para las grandes operaciones de tráfico de cocaína a través del puerto de Algeciras. Ahora lo investiga también por su posible nexo con el macroalijo de los 13.000 kilos, aunque aún no ha conseguido probarlo.

El poder de los narcos es casi infinito. Las caídas se arreglan con nuevas operaciones y, desde octubre de 2024 hasta febrero de 2025, han entrado miles de kilos de droga colombiana en Europa a través de la Península Ibérica. El negocio sigue, aun cuando el inspector jefe que hacía de topo está entre rejas y los grandes capos se esconden en su jaula de oro dubaití. Los precios de la droga están por los suelos ya no sólo en España, sino en el resto de Europa. 16.000 euros el kilo de cocaína en Galicia y 22.000 libras en Reino Unido eran cifras impensables hace apenas un lustro. Mientras, los Estados no se ponen de acuerdo a la hora de desarrollar políticas que frenen una espiral delictiva que se traduce en un daño social difícil de cuantificar, además de en violencia y muerte.

Se define a sí mismo como emprendedor, un hombre hecho a sí mismo que empezó de cero, tanto en la página web que lleva su nombre como en sus activas redes sociales. Eric Mandala Kinzenga, empresario y diplomático nacido en la República Democrática del Congo hace 48 años, actúa como influencer en Instagram, donde reúne a 317.000 seguidores, y hasta hace sólo unos días era una figura respetada en su país y en otros de su entorno. Sin embargo, ahora duerme en una prisión española, tras ser detenido en Madrid cuando recogía, acompañado de un ciudadano colombiano, casi 200 kilos de cocaína que fueron intervenidos por la Policía Nacional esta semana en un aparcamiento subterráneo de la capital.

La carrera profesional de Mandala comenzó a los 14 años, siguiendo un “espíritu emprendedor”, tal y como señala él mismo en sus canales públicos. Fundó una empresa dedicada al transporte de viajeros que operó en Nairobi, la capital de Kenia. Posteriormente se adentró en el mundo audiovisual invirtiendo y presidiendo Universe Groupe Télévision, una canal de televisión con sede en Kinshasa. “Quiero que mi país crezca”, declara. Incluso se le atribuye una participación en el mercado de los diamantes y la creación de otra firma, Obstiné Sprl, dedicada a la fabricación y venta de jabones en polvo.

Sin embargo, rastreando sus redes sociales se le puede ver en más de una ocasión en Dubái, donde compró en 2020 un apartamento de 221,85 metros cuadrados y dos habitaciones en la torre Burj Khalifa, según consta en los documentos inmobiliarios de la investigación Dubai Unlocked, que el consorcio de medios OCCRP ha llevado a cabo y en la que participó infoLibre. Por el inmueble pagó 1,85 millones de euros. Se encuentra en la planta 84 del mayor rascacielos del mundo, 160 pisos repartidos en una torre de 828 metros de altura. Como ha desvelado esa investigación, en Dubái residen algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, muchos de ellos con órdenes de extradición expedidos por los países europeos donde operan.

Tras la detención de Eric Mandala en Madrid, las fuerzas de seguridad internacionales no descartan que sus estancias en el emirato tuviera tanto que ver con sus negocios legítimos como con los acuerdos necesarios para cerrar envíos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, la actividad clandestina más lucrativa del mundo.

Mandala Kinzenga no sabía que sus pasos estaban siendo vigilados de cerca, al menos por la Administración para el Control de Drogas (la DEA, por sus siglas en inglés) y sus socios de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central en España. Los agentes antidroga españoles se enteraron de la llegada de una partida de casi 200 kilos de droga, procedente de Ecuador, a través del puerto de Algeciras (Cádiz), y se aseguraron de rastrear el envío para dar con sus receptores, una tarea que siempre resulta compleja.

Sin embargo, en esta ocasión descubrieron un viaje procedente del África subsahariana de personas que llegaban a la capital de España en busca de ese alijo. Uno de ellos era Eric Mandala. El otro, su socio colombiano. La Policía los detuvo y el juez les envió directamente a prisión.

La operación era lo que se conoce como un “pase” de droga: oculta en 171 paquetes, la cocaína iba a ser escondida en el compartimento simulado de una furgoneta, que habían metido en el aparcamiento de un centro comercial madrileño. En ese momento fue detenido el influencer congoleño y su socio colombiano. También fueron intervenidos cantidades en efectivo y 50.000 USDT, o Tether, una criptomoneda. El mayor pase de droga frustrado por la Policía española fueron los 600 kilos localizados en una autocaravana en Robliza de Cojos (Salamanca) el pasado mes de diciembre.

En realidad, la investigación había comenzado en agosto del año pasado, gracias a que la DEA había ayudado a identificar el contenedor donde se había transportado la cocaína desde Ecuador. 

Coordinó junto al Cuerpo Nacional de Policía la recientísima operación contra un gran clan albanés en el puerto de Vigo. Trabajó en la incautación del mayor alijo de la historia de Galicia, los 7.500 kilos de cocaína intervenidos en diciembre de 2023. Conoce a la perfección las dinámicas criminales en los puertos de Europa y analiza todas las posibilidades para detectar los movimientos de los narcos que dominan los flujos ilícitos de cocaína desde América Latina. La jefa del Servicio de Vigilancia Aduanera del puerto de Vigo, Laura Piñeiro, hace un repaso a una situación en la que la droga colombiana inunda los mercados occidentales. 

Descríbanos el escenario actual del tráfico de cocaína.

El tráfico de cocaína ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos dos años. Esto ha repercutido a nivel europeo en lugares como Amberes o Róterdam y,  en el caso de España, Barcelona, Algeciras y Valencia se han visto afectados, también el puerto de Vigo. Si tiramos de estadísticas podemos ver que Vigo experimenta un volumen de operaciones en torno a unos 20.000 TEU [medida que equivale a un contenedor estándar]. En Algeciras hay 400.000, en Valencia 450.000, en Barcelona algo más de 300.000, wn Bilbao, por ejemplo, 40.000. Y, si analizamos y comparamos las operaciones de entrada de mercancía legal con la ilícita, vemos que en Algeciras entraron 13 toneladas de cocaína, 14 en Valencia, 18 en Barcelona y en Vigo han sido ocho. Si hacemos una comparativa, vemos que el incremento de la entrada de cocaína en el puerto de Vigo es considerable.

¿Qué se esconde detrás de estos números?

Hay una evolución. El número nacional de aprehensiones ha aumentado considerablemente. Estuvimos en 90 toneladas de cocaína en todo el año. Si lo comparamos con 2022, han sido más del doble [40 toneladas] y en el año anterior fueron 30 toneladas. Esto se ha reflejado en el puerto de Vigo. Hemos pasado de una operación anecdótica en 2021 a tres operaciones en 2022, cuando el volumen de las aprehensiones se quedaba en decenas, como mucho en cientos de kilos. En 2023, sin embargo, se mide por toneladas. Tuvimos ocho toneladas y media de cocaína aprehendidas. Sí es cierto que en un único contenedor se encontraron casi siete toneladas de cocaína, y eso rompe todas las estadísticas.

Si vemos que Algeciras o Valencia tienen un mayor número de operaciones que Barcelona, por ejemplo, ¿por qué se incauta más cocaína en Barcelona? El motivo son las rutas comerciales. En el caso de Vigo esto afecta muchísimo. Es uno de los puertos con mayor travesía y conexiones con puertos calientes de Latinoamérica, y la mercancía legal que llega es la más utilizada por las organizaciones: tenemos la fruta, con el banano, el producto por excelencia; las piñas, el mango o la lima. También los productos pesqueros congelados, muy utilizados por los narcos. Si a esto añadimos las rutas calientes por las que llegan barcos semanalmente, varios, con conexiones directas desde Brasil u otros que hacen transbordo vía Algeciras, vemos que es el caldo de cultivo y el reflejo de este crecimiento.

¿Cómo pueden luchar contra este problema?

Se analizan las bases de datos de la Agencia Tributaria y todo el volumen de importaciones, el tráfico comercial, así como el sector económico en concreto. Esto nos permite no sólo conocer una empresa en concreto, sino también la evolución del entorno y de los administradores de esa empresa. Sobre la operación de los 7.500 kilos no puedo dar más datos, pues está en fase de instrucción y podría perjudicar su marcha.

Pero en relación con otras operaciones detectamos patrones comunes. Cuando estamos hablando de esta cantidad de cocaína y este método de ocultación, el hecho de que la droga estuviese oculta en el interior de los palés, en este caso o en cualquier otro, hace pensar que la empresa exportadora y la empresa importadora tendrían que estar vinculadas. Ello es así porque para llevar a cabo el rescate de la sustancia no se podría hacer de otra forma. Para investigar a estas organizaciones nos servimos de bases de datos de la Agencia Tributaria, del análisis de la información, así como de técnicas policiales.

Existen métodos de introducción de la droga de lo más variado...

Cuando hablamos de introducir droga en un puerto, convergen varias tipologías. Los métodos más comunes y tradicionales son los veleros, los pesqueros o incluso técnicas más novedosas que vemos hoy en día, como los narcosubmarinos, los semisumergibles. En los puertos, lo más utilizado son los buques portacontenedores y los contenedores en sí mismos. En estos casos hay que tener en cuenta que la droga no sólo puede ir escondida en el interior del contenedor o en la carga, sino que también el buque en sí mismo puede ser un lugar de ocultación de la droga. En ocasiones efectúan un rip-off, un gancho perdido, dentro del contenedor. Utilizan una oquedad en la estructura del barco, ocultan unas mochilas de hasta 100 kilos, cantidades pequeñas, y las adhieren en esos lugares con imanes para que no se mueva la mercancía.

También pueden adherir las pastillas de cocaína en pequeños grupos, de dos o tres, con imanes, en partes del barco ocultas a simple vista, pero conocidas por los miembros de la organización. Sólo al pasar las recogen y se las llevan entre sus pertenencias, debajo de la chaqueta o en una mochila. Detrás del rescate de estas cargas están las collas de los propios puertos, los trabajadores de las estibas, tanto en origen como en destino. Ellos pueden recoger estos bultos pasando desapercibidos, como si fueran enseres personales.

Sin embargo, lo más común es el interior del propio contenedor. ¿Cuáles son los esquemas?

Puede esconderse dentro de la propia carga, dentro de la mercancía. Para ello es precisa la colaboración de la empresa exportadora y de la empresa importadora. También puede ser una ocultación parasitaria, el rip-off  o gancho ciego. Son mochilas ubicadas entre la mercancía legal, pudiendo llegar incluso a 500 kilos. Las dejan sobre la mercancía y llevan a cabo el rescate en la propia terminal antes de que el contenedor salga hacia la empresa de destino.

También hay métodos más novedosos...

Una forma de ocultación más sofisticada es el gancho ciego en el circuito de refrigeración, lo que las organizaciones criminales llaman los “ojos del contenedor”. En este caso, se reduce la cantidad, 30 o 50 kilos como mucho. El rescate puede ser en la propia terminal con trabajadores del puerto o bien mediante cualquier otro intermediario en la cadena logística, porque la mercancía no está a simple vista. Los rescatadores pueden ser desde los encargados del mantenimiento de los sistemas de refrigeración hasta los transportistas que deben llevar el contenedor a la empresa de destino. Puede también rescatarse en la empresa de destino o incluso cuando el contenedor regresa a puerto aparentemente vacío, a través de trabajadores de la empresa de mantenimiento.

En Vigo conviven varios de estos métodos, en función de las organizaciones que están operando. Abunda más el gancho ciego, tanto en Galicia como en el resto de España, porque son pequeñas cantidades más sencillas de rescatar, pero es cierto que ha habido ganchos ciegos de 50 kilos y de 500 kilos.

También sabemos que en alguno de los casos el contenedor no iba a ser rescatado en Vigo, sino que después de no poder rescatar la droga en Amberes o en Róterdam, por ejemplo, la organización se traslada aquí para recuperarla. Podríamos hablar de otros métodos como el drop-off: lanzar las mochilas al agua desde el barco. Y, volviendo a los contenedores, pueden utilizar los espejos, que es como llaman los criminales a las puertas, y los dobles fondos, en las paredes o en el suelo.

¿Qué organizaciones criminales dominan el escenario de la cocaína ahora mismo?

El puerto es un proveedor de servicios, y al igual que no tenemos una empresa dominante que se hace con el puerto, existen por desgracia diversas redes que hacen uso de los servicios que se les presta allí. Decir qué organización está detrás de todos los envíos sería prepotente. A escala europea se habla de los cárteles colombianos y los mexicanos, que están muy aliados con los gallegos, y de la presencia creciente de organizaciones de países del Este, ya sea búlgaros o albaneses, e incluso de holandeses, que se han interesado por el puerto de Vigo por una cuestión básica: sus rutas comerciales.

En cuanto a las organizaciones albanesas, lo que estamos viendo es que, tanto en el puerto de Vigo como en el resto de España, están cambiando la tendencia. Ya no son organizaciones que están asentadas en un lugar, sino que son itinerantes. Al igual que cambian de puerto de origen para no ser detectadas, con envíos por Paita (Perú), Fortaleza (Brasil) o Balboa (Panamá), por poner tres ejemplos, hacen lo mismo en la llegada. Cuentan con ramificaciones, se mueven por todo el territorio nacional y europeo, y hoy hacen un rescate en Vigo y meses más tarde están implicadas en el rescate de un contenedor en Algeciras, o en Barcelona, o incluso en puertos europeos, italianos como Livorno. Se mueven por todo el territorio, lo que dificulta su persecución: no sólo investigamos a las organizaciones asentadas aquí, sino que también tenemos que luchar contra las organizaciones itinerantes que en un momento dado trabajan aquí durante un mes, o dos meses, un periodo corto, incluso menos, sólo para una operación concreta. Nosotros nos movemos en nuestros análisis internos y vemos que la organización se mueve.

¿Cómo pueden perseguirles?

No puedo desvelar nuestras formas de trabajar, porque me quedaría a pecho descubierto ante los malos, pero puedo comentar cuestiones que nos dan mucha ventaja. Analizar las rutas comerciales, las empresas exportadoras e importadoras, comprobar operadores de confianza –los más recientes–, la mercancía, por qué se importa una cosa u otra. Eso nos da juego, así como las técnicas policiales propiamente dichas.

Los análisis que realizamos se centran en varias etapas. Por un lado, antes de la llegada de la mercancía. Antes de que sea cargada en origen, 24 horas antes, ya tenemos toda la información sobre la carga, cuándo va a llegar y para quién es. En las inmediaciones del día de la llegada y cuando está en el puerto realizamos fondeos, el registro del buque con equipos de hasta 10 funcionarios, que se dividen con personal del buque para su registro. Además, inspeccionamos el contenedor a pie de buque. También hacemos inspecciones en destino, en almacenes de los operadores. Incluso cuando el barco va a salir seguimos haciendo análisis e intercambiando información con el puerto de destino. 

Hablemos de corrupción. ¿Es tan relevante como parece?

La presencia de personal dentro del puerto facilita a las organizaciones criminales que tenga lugar el rescate. A más personal, mayor índice de corrupción podrá haber. Pero tampoco el hecho de que no haya personal implica que el puerto no sea corrupto. Por ejemplo, en el de Barcelona, que está completamente automatizado, se detuvo a informáticos que cambiaban la numeración de los contenedores, de llenos a vacíos. Dependiendo del tipo de organización que utilice el puerto, será distinto. Un gancho ciego entre la mercancía precisa con seguridad a alguien dentro del propio puerto. Pero si está en los ojos del contenedor, el rescate se puede realizar en un momento posterior.

Vigilancia Aduanera ha detectado algunos narcosubmarinos.

Hay varios proyectos en esa dirección y técnicas para detectarlos. No puedo decir los que tenemos en Vigilancia Aduanera, pero contamos con dinámicas para ello. A nivel internacional, por informaciones que recibimos, sabemos que se están utilizando mucho en Latinoamérica. Pero no podemos corroborar la existencia de nuevas entradas en Galicia.

¿Qué medidas ha tomado Vigilancia Aduanera ante esta escalada de alijos?

Hay un crecimiento exponencial del tráfico de cocaína y, paralelamente, hay un crecimiento exponencial de los efectivos de Vigilancia Aduanera. Pasamos de ofertas de empleo público casi inexistentes en 2015 o 2016 –sumando las tres especialidades, unos 100 efectivos, y esto se mantuvo durante años–, a ampliarse en 2022 y en 2023 a 350 efectivos por año. Esto supone un incremento del 60%.

Somos un cuerpo muy pequeño y especializado. Desde que salimos de la oposición a la escuela estamos especializados en tráfico de drogas, blanqueo de capitales y contrabando. Esta especialización, la apuesta por más efectivos y la renovación de la plantilla con gente dotada de carreras universitarias están haciendo crecer a la agencia. También las nuevas técnicas de investigación con análisis automatizados e Inteligencia Artificial. Estamos analizando las bases de datos con estas técnicas que agilizan las investigaciones y repercuten en los operadores económicos, facilitando el comercio legal. Los medios técnicos se han reforzado, se han comprado escáneres de contenedores, tanto en puertos como móviles, y se están construyendo ocho nuevas embarcaciones tipo Águila, de 17 metros de eslora y alta velocidad, las más rápidas de todos los tiempos –estamos batiendo récords–, así como tres patrulleros de altura, un poco más grandes. Hay una inversión cuantiosa de capital humano y de medios.

La Justicia en España parece que en ocasiones beneficia al criminal. ¿Cómo lo valora?

Vemos un colapso judicial. Los juzgados no pueden absorber más causas. Estamos hablando de una Ley de Enjuiciamiento Criminal decimonónica y de partidos judiciales pequeños como pueden ser Cambados o Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) donde conviven una investigación sobre un buque que trajo un alijo de cocaína con blanqueos de capitales que no suelen estar radicados aquí. Son cargas de trabajo ingentes que conviven con deslindes de fincas o divorcios. Es necesario que existan juzgados especializados. Siempre que haya demanda [de droga] va a haber oferta, pero es preciso tener herramientas. Sólo con educación no llega, son necesarias la represión y las condenas. No puede ser que las causas se extiendan durante años, porque eso genera impunidad.

La policía de Dubái ha detenido a Othman El Ballouti, el capo belga de la Mocro Maffia que le vendió un apartamento de lujo en el emirato al considerado por la Guardia Civil como el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, El Tigre.

Según el comunicado hecho público por la policía dubaití, El Ballouti, de 37 años, ha sido arrestado a petición del Gobierno belga, que lleva años pidiendo su extradición a los Emiratos Árabes Unidos. El narcotraficante, además, estaba en orden de búsqueda y captura internacional, pues sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol, acusado de acusado de participar en el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.

El Ballouti ha sido entregado a la Fiscalía Pública de Dubái para someterlo a los procedimientos legales relacionados con la extradición, asegura el comunicado de la policía emiratí. La prensa belga informa también de que un magistrado de la Fiscalía federal ha viajado a los Emiratos para negociar no sólo la extradición de El Ballouti, sino también la de otros delincuentes igualmente detenidos y buscados por las autoridades del país europeo: Stefan Panic, presunta mano derecha de otro narcotraficante, Flor Bressers, y Salahdin K., que ya fue condenado en Amberes.

España ha solicitado a las autoridades dubaitíes la extradición de Alejandro Salgado Vega, hasta ahora sin éxito. Un juzgado de Algeciras lo reclama por un alijo de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón, que fue capturado en 2020 y que permitió situarle en la cabeza de una gran organización que movía grandes cantidades de droga en puertos de los cinco continentes.

A diferencia de El Ballouti, que hasta ahora se encontraba en libertad, El Tigre pasó un año en prisión, condenado por consumir droga –un delito que implica penas muy severas en los Emiratos– en su propia casa un día de agosto de 2022. Fue liberado a principios de este año. El inmueble donde fue detenido era una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, y que figura a nombre de su esposa, según pudo comprobar la investigación Dubai Unlocked en los registros inmobiliarios a los que ha tenido acceso. Le costó 5,65 millones de euros.

Pero el apartamento que le vendió El Ballouti es otro, que sí figura a nombre de Alejandro Salgado Vega: situado en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros de altura–, cuenta con tres habitaciones, distribuidas en 188 metros cuadrados. El Tigre se lo compró a su colega belga en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros. En total, en los registros inmobiliarios del emirato aparecen cuatro inmuebles a nombre de la pareja.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

El periódico belga HLN asegura que el magistrado desplazado a los Emiratos negociará también con las autoridades locales cómo se pueden confiscar los bienes propiedad de los detenidos. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que El Ballouti está considerado “el hombre más rico de Amberes”. En Dubái posee al menos nueve inmuebles, sin contar la que vendió a El Tigre, como reveló Dubai Unlocked, la investigación que llevó a cabo el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con el periódico financiero noruego E24 y basada en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Los medios belgas del consorcio pudieron contar hasta 53 propiedades a nombre de una decena de delincuentes de ese país huidos a Dubái, valoradas en unos 56 millones de euros.

El pasado septiembre, Othman El Ballouti fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Este mismo viernes será de nuevo juzgado en Bélgica por la imortación ilegal de 11 toneladas de cocaína. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. 

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, ha cifrado en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Las autoridades dubaitíes han sido siempre muy renuentes a conceder la extradición a los criminales buscados por otros países. No obstante, han concedido algunas, con cuenta gotas. Desde 2021 un emiratí, Ahmed Naser Al Raisi, alto funcionario del Ministerio del Interior de los Emiratos, preside la Interpol. En su comunicado, la Policía de Dubai reafirma su “compromiso con la colaboración global para combatir el crimen organizado transnacional, fortalecer las alianzas internacionales y compartir conocimientos para garantizar la seguridad de las comunidades de todo el mundo y, al mismo tiempo, construir una sólida red de seguridad global”.

A Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, el mayor narcotraficante español del mundo, según la Guardia Civil, lo detuvo la policía de Dubái en agosto de 2022, pero no por dirigir una potente organización que controlaba desde la compra de grandes volúmenes de cocaína en Sudamérica hasta su importación ilegal en puertos “de los cinco continentes”, sino por consumir droga en su propia casa. Una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, la isla artificial con forma de palmera donde se han levantado los hoteles y villas más fastuosos de un emirato ya de por sí forjado sobre el despilfarro.

El inmueble, de tres habitaciones, había sido adquirido sólo un mes antes por la esposa de El Tigre, Sara Gallego Soler, o al menos figura a su nombre en los registros inmobiliarios dubaitíes a los que ha tenido acceso infoLibre, como miembro del consorcio de investigación OCCRP, en el marco de Dubai Unlocked, un proyecto conjunto con el periódico financiero noruego E24 basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Al capo español le costó 5,65 millones de euros. Desde la fecha de su detención, la propiedad se encuentra bloqueada por las autoridades de Dubái.

Pero no es ésta la única propiedad de Alejandro Salgado en el emirato. Como ha podido comprobar infoLibre en los citados registros inmobiliarios, a su propio nombre tiene El Tigre otro inmueble, en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros del altura–. También cuenta con tres habitaciones, pero distribuidos en sólo 188 metros cuadrados.

No obstante, lo más llamativo de la operación es su contraparte: El Tigre compró la vivienda en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros, a otro narcotraficante de primera línea, Othman El Ballouti. De nacionalidad belga, el pasado septiembre fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti, de 36 años, es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. La vivienda también fue bloqueada por las autoridades de Dubái en agosto de 2022, tras la detención de El Tigre.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

Pero la cartera inmobiliaria de El Tigre no se detiene ahí. La esposa de Alejandro Salgado posee a su nombre otros dos inmuebles. La primera es una vivienda de 179 metros cuadrados y tres habitaciones en Sunrise Bay Tower, que adquirió por 1,13 millones en agosto de 2021. Un mes después, compró la segunda, esta vez de dos habitaciones y 111 metros cuadrados, en la planta 12 de la Palace Beach Residence Tower 1, que le costó 914.770 euros. Estas dos últimas propiedades se encuentran situadas en Marsa Dubai, o la Marina de Dubái, un distrito construido a ambos lados de un canal artificial muy próximo a Palm Jumeirah. En total, las cuatro propiedades del matrimonio suman 9,25 millones de euros.

infoLibre ha preguntado al abogado español de Salgado Vega, Javier Yagüe García, por estas propiedades, pero no ha obtenido respuesta.

La Guardia Civil convirtió a Alejandro Salgado Vega en el mayor narcotraficante español del planeta cuando anunció en diciembre de 2022 que había sido detenido en Dubái cuatro meses antes y que había desarticulado su organización en España. Hasta ese momento, este madrileño de 46 años apenas había atraído la atención de la policía española, que en principio lo consideraba una pieza menor, ni siquiera ligado al tráfico de drogas.

Pero la investigación que siguió a la captura en 2020 en el puerto de Algeciras de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón a bordo del Maersk Laberinto, permitió situar a Salgado Vega en la cabeza de una organización que sorprendió a la Guardia Civil por la cantidad de droga que movía cada mes y porque lo hacía “sin límites geográficos”. Las operaciones las dirigía El Tigre desde Dubái utilizando teléfonos encriptados. Policías de todo el mundo llevan años desmantelando organizaciones criminales después de que Francia y EEUU hackearan los sistemas de mensajes encriptados Encrochat, Sky ECC y Anom, de los que se servían los narcos para sus comunicaciones.

El verano de 2022, los policías emiratíes vigilaban el lujoso apartamento de Palm Jumeirah por “una investigación interna sobrevenida” –así de crípticamente lo explicaba la Guardia Civil en su comunicado oficial– y arrestaron a El Tigre y a su esposa, entre otras personas. Ella fue puesta en libertad, pero Alejandro Salgado dio positivo en drogas y pasó un año en la cárcel.

El consumo de estupefacientes es un delito duramente castigado por las leyes locales. El abogado de El Tigre, Javier Yagüe García, no ha respondido a las preguntas de infoLibre en esta ocasión, pero sí lo hizo tanto en noviembre de 2023 como el pasado mes de mayo cuando se le inquirió por el proceso de extradición de su cliente. Entonces explicó que Salgado Vega había salido de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Mientras, aseguran fuentes judiciales, avanza con muchas dificultades el procedimiento para extraditarle.

Los obstáculos son la tónica habitual en lo que respecta a la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, después pidieron que se les tradujeran los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, alegó su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.

Que los mayores narcos del mundo ocultos en Dubái funcionan como una joint-venture criminal es sabido por las policías y los gobiernos desde hace tiempo. Según el periódico colombiano El Tiempo, Alejandro Salgado Vega formaba parte de lo que el diario denomina “junta directiva de la mafia”, establecida en el emirato e integrada por grandes jefes de la cocaína colombianos, que “decidían quiénes podían traficar y quién vivía o moría en los diferentes microcárteles” del país sudamericano. El periódico revela que la información la obtuvo el FBI estudiando las listas de pasajeros de los vuelos que unen Caracas y Dubái dos veces a la semana y que hacen escala en Madrid.

También es sabido que los grandes capos aprovechan el pujante mercado inmobiliario dubaití para blanquear los millonarios beneficios que obtienen de la droga. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Es decir, quintuplicaron las alzas de precios en España ese año. Los de las viviendas de lujo están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, de acuerdo con los análisis de la consultora inmobiliaria Knight Frank. Otro incentivo, y no menor, es el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales.

Así, los medios belgas de OCCRP localizaron gracias a Dubai Unlocked los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados de su país huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. Sólo El Ballouti era propietario de nueve viviendas, sin contar la que vendió a El Tigre. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Además, por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Un buen ejemplo de todo lo anterior es precisamente Alejandro Salgado Vega, quien alquiló la vivienda que le compró a El Ballouti en Burj Khalifa a un ciudadano británico entre agosto de 2023 y agosto de 2024, de acuerdo con los documentos inmobiliarios de Dubai Unlocked. Se trata de un contrato anual por 102.931 euros, 8.577 euros al mes.

En ese mismo edificio, en el piso 22, compró también un apartamento otro narco con actividad en Bélgica, Franc Gergely: lo adquirió el 6 de agosto de 2020 y lo vendió el 23 de agosto de 2021. De origen albanés, tenía inmuebles en Dubái por importe de 18 millones de euros.

Gergely está detrás de un sangriento asesinato por encargo. El 27 de noviembre de 2020, un albanés de unos 30 años salió de un café en la ciudad belga de Molenbeek cuando un Golf negro se le acercó. De él salió un hombre con una ametralladora que disparó al albanés a plena luz del día. Recibió ocho balazos. El conductor del coche y el tirador fueron detenidos en Alemania y España. Pero faltaba saber quién los había contratado. En los meses siguientes, la policía belga llegó hasta Gergely tras destripar unos teléfonos encriptados Sky ECC: había ordenado la ejecución en Molenbeek desde Dubái, y otros ocho asesinatos más en Albania.

Fue un ajuste de cuentas entre clanes albaneses rivales tras la desaparición de un cargamento de cocaína. En octubre de 2021 un millar de policías llevaron a cabo en Bélgica 192 registros domiciliarios para desmantelar la red albanesa que importaba cocaína a través de los puertos de Amberes y Rotterdam, tenía laboratorios en Bruselas y participaba activamente en el comercio internacional de armas. A raíz de esa macrooperación, Gergely se convirtió en uno de los 20 objetivos de alto valor –la denominación que utiliza la policía para designar a quienes suponen una amenaza significativa para la seguridad pública– cuya extradición lleva años reclamando a los Emiratos Árabes Unidos.

Pero, a diferencia de El Tigre, Gergely ya ha sido extraditado. El 30 de diciembre de 2023 fue enviado a Bélgica en un jet privado, en cumplimiento del tratado de extradición que Bélgica firmó con el emirato en 2021. Dos años, por tanto, costó su entrega.

Los abogados de Gergely no han respondido a las preguntas que les formularon los medios asociados a OCCRP.

Otro criminal belga con cartera inmobiliaria en Dubái es Younes El Ballouti, de 29 años, el hermano menor de Othman. A principios de este año, un tribunal de Amberes le condenó a ocho años de cárcel por un alijo de cocaína incautado en 2021. El pasado mes de octubre, Younes alegó ante el tribunal de casación que no estaba implicado en esa operación porque “no residía en Dubai”. Los jueces desestimaron el argumento.

Ahora, además, los socios belgas de OCCRP Knack, De Tijd y Le Soir han encontrado en Dubái más inmuebles propiedad de personas próximas a los hermanos El Ballouti. Como Youssef B. A., que fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de 120.000 euros por importar 15,2 toneladas de cocaína a través del puerto de Amberes. Según la acusación, Youssef B. A. es uno de los mayores señores de la droga de Bélgica y también reside en Dubái. La intervención de sus comunicaciones encriptadas reveló que dirigía una organización criminal bien organizada desde el emirato, donde aparentemente lleva una vida de lujo. De hecho, el fiscal mostró las fotos de una reunión familiar en Dubái, encontradas en el teléfono móvil de su hermano, donde su madre posaba al volante de un Ferrari frente a una villa de lujo y la familia también pasaba tiempo en un yate.

Pero incluso antes de su condena, en julio de 2023, Youssef B.A. ya había sido incluido en la lista de sanciones del Tesoro estadounidense en julio de 2023. Según la OFAC, lleva  “más de una década” implicado en el tráfico de drogas y en ese tiempo ha ayudado a Othman El Ballouti a “crear empresas aparentemente legítimas, creadas para ocultar la implicación de la organización en actividades ilegales”. Exactamente un mes después de entrar en la lista de la OFAC, Youssef vendió a una mujer de nacionalidad marroquí la propiedad que había comprado en mayo de 2021, una vivienda situada en Al Merkadh. El narco belga no ha contestado a las preguntas que le formularon los medios de OCCRP.

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, cifra en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "nadie pone la mano en el fuego por nadie" y ha agregado que al PP "no se le puede acusar de dar lecciones de todo y después de no ser ejemplo de nada" preguntado por la posibilidad de que afloren casos de su partido tras lo sucedido con Íñigo Errejón, que ha tenido que dimitir por las denuncias de violencia machista en su contra. El presidente conservador se ha referido a una denuncia en redes contra el senador José Ignacio Landaluce, también alcalde de Algeciras, después de que el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, Luis Alvise Pérez publicara en su canal de Telegram mensajes sobre un supuesto caso de acoso sexual.

En una entrevista en EsRadio recogida por EFE, preguntado sobre estas acusaciones, Feijóo ha indicado que "automáticamente" hablaron con él "y automáticamente se aclara este asunto". "¿Por qué? Pues porque sabemos que esto puede ocurrir", ha agregado. "Me preocupa que en nuestro país sea más fácil denunciar por Instagram que en una comisaría", ha señalado.

Tras esta entrevista, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha instado al PP a actuar ante esta denuncia y ha considerado que si la denuncia es falsa, lo que debe hacer el parlamentario popular es querellarse. "Transparencia y tolerancia cero", ha subrayado en rueda de prensa en el Senado, donde ha recordado que el PSOE de Algeciras ya ha exigido explicaciones.

En una nota de prensa emitida tras una reunión que mantuvieron en la noche del lunes para analizar las publicaciones "en diversas fuentes de comunicación y medios de información", el PSOE de Algeciras ha exigido al PP "que ponga en marcha los protocolos de actuación ante supuestos casos de acoso sexual y adopte las medidas oportunas" y que el alcalde ofrezca "de inmediato las oportunas explicaciones públicas". "De confirmarse dichos hechos, y dada su gravedad, sólo cabría pedir la inmediata dimisión y la depuración de las responsabilidades a las que hubiere lugar", añade el PSOE de Algeciras.

Espadas ha defendido la presunción de inocencia, pero ha subrayado la necesidad de actuar "rápido y con contundencia" ante cualquier información de esa índole que aparezca en medios para proteger a las víctimas.

Alvise recogió en su canal de Telegram supuestos mensajes de dos concejalas del equipo de gobierno del PP de Algeciras en los que una de ellas acusa a Landaluce de haberle tocado el culo.

Con 72.000 y 48.000 kilos de droga incautados en sus buques y contenedores, respectivamente, las gigantes europeas Maersk y CMA-CGM son las navieras más usadas por el crimen organizado colombiano para transportar su cocaína a Europa. Juntas suman casi la mitad del alcaloide confiscado entre 2016 y abril de 2022 en Colombia –el mayor productor de cocaína del mundo– y vinculado al tráfico marítimo internacional. Así lo han confirmado el medio colombiano Cuestión Pública y el consorcio de investigación OCCRP, al que pertenece infoLibre, tras construir una base de datos única que consolidó y cruzó información de cuatro fuentes oficiales en Colombia y una en Bélgica.

Durante un año, Cuestión Pública y OCCRP rastrearon 431 decomisos de 265 toneladas de cocaína, casi el doble de lo que pesa la Estatua de la Libertad. Así descubrió que estas navieras también lideran el número de incautaciones: la danesa Maersk aparece en 134 casos, seguida por la francesa CMA-CGM con 67.

De hecho, la contaminación con estupefacientes en su línea de transporte fue tan recurrente que casi cada mes desde 2016 y hasta abril de 2022 cayó un cargamento en alguna de estas dos navieras, que se encuentran entre las cinco compañías marítimas más importantes del mundo.

Además, estas cifras de incautaciones contrastan, en buena medida, con la participación de las dos multinacionales en el mercado colombiano: entre 2016 y 2021 Maersk tenía una cuota del 33% y CMA-CGM del 11%, de acuerdo con los datos de Sicex, una plataforma de inteligencia de mercado.

A través de una amplia filtración de correos de la Fiscalía colombiana, Cuestión Pública y OCCRP encontraron documentos de interceptaciones telefónicas y testimonios de integrantes de organizaciones criminales, quienes piden, tanto de manera explícita como en clave, usar los servicios de ambas para exportar la droga.

En enero de 2022, un informante de la Fiscalía colombiana, que antes prestaba sus servicios como buzo para un cartel mafioso del Caribe colombiano, explicó que la organización de la que era miembro exigía que las cargas que salían desde Barranquilla y otras ciudades llegaran a los terminales de Maersk en Europa.

“Hay una gente que está buscando enviar de 30 a 40 kilos de cocaína al puerto de Amberes, Bélgica, exactamente a la terminal 188 y 234, donde llegan contenedores con banano de Maersk Line. Ellos [los socios europeos] quieren que la mercancía vaya en los ojitos del buque, es decir, en los motores de los aires acondicionados o en el espejo, que es la parte del fondo del contenedor, porque en esos lugares caben entre 40 y 100 kilos de cocaína”. Este testimonio quedó consignado en un informe técnico de la Fiscalía.  

En el muelle 188 se hicieron en 2019 tres incautaciones que sumaron 1.580 kilos de cocaína, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades belgas a Cuestión Pública y OCCRP. Dos de ellas llegaron en cargamentos de bananos y se realizaron en buques de Maersk.

Los terminales 188 y 234 del puerto de Amberes (Bélgica) también son los favoritos de otro grupo criminal asentado en la ciudad caribeña de Santa Marta, según documentos de la Fiscalía colombiana. En 2021, las autoridades obtuvieron la información mediante interceptaciones telefónicas legales a dicha estructura, cuya droga era producida en el departamento de Norte de Santander.

Algunos de sus integrantes, conocidos con los alias de Juancho, Joche y Alex, se refirieron en clave a las exportaciones de cocaína mediante el uso de dos de las abreviaturas que identifican los contenedores de Maersk a nivel global: MMAU y MNBU. Estos prefijos están registrados como propiedad de la compañía ante el Buró Internacional de Contenedores (BIC).

En una de esas llamadas, Alex dice que “[...] todo lo que sea por Antwerp [Amberes] tiene que ser por MMAU (SP) bodega 188” y que quienes pagan por los envíos de la droga “no quieren 1.700 [otra bodega del puerto, a la que llegan los buques de CMA-CGM], quieren la 234 [de Maersk]”. En otra charla, alguien interrumpe una conversación entre Joche y Juancho para afirmar que los cargamentos “siempre salen por MNBU”.

El 30 de agosto de 2018, un cargamento de banano de las compañías C. Coindex SA y Bensa Global Trading fue incautado en el muelle 188 del puerto de Amberes con 3,4 toneladas de cocaína. La droga iba en el contenedor MNBU 031563-4, en el barco Cap Beatrice, de Maersk.

De los 53.481 kilos de cocaína decomisados sólo en contenedores de la naviera danesa desde 2016, los identificados con esas dos abreviaturas corresponden a más de la mitad del total de la droga incautada (58%): 10.154 kilos en MMAU y cerca de 21.000 en MNBU, según la base de datos construida por Cuestión Pública.

En otros países, las sospechas sobre la preferencia de la naviera por parte de los narcotraficantes para exportar droga son de tal magnitud que, según reveló el diario danés Finans, “Maersk” y “cocaína” están entre las palabras elegidas por la Policía holandesa para acceder a conversaciones cifradas entre delincuentes en el servicio de mensajería encriptada Sky ECC.

En Costa Rica, el exministro de Seguridad, Álvaro Ramos, señaló a Cuestión Pública y OCCRP que tras la adjudicación en 2011 de la concesión del puerto marítimo de Moín a APM Terminals, compañía del grupo Maersk, notaron un aumento significativo del tráfico de drogas. “Con la llegada [de APM a Puerto Moín] se dio una posibilidad muy alta al gran narcotráfico internacional para que usara la facilidad portuaria y se notó una expansión muy grande hacia Europa Occidental y un poco hacia Estados Unidos. Empezamos a recibir informes de que de ese puerto llegaban [estupefacientes] a Róterdam, Sevilla y a otros puertos de Europa”.

Consultada sobre la declaración del exministro Ramos, Maersk respondió que “en ese puerto, APM Terminals ha seguido sistemáticamente las indicaciones de las autoridades locales, y ha instalado tres escáneres de contenedores para que operen las fuerzas de seguridad locales, y sigue apoyando los esfuerzos donde se nos requiera”.

Para llegar a estos hallazgos, se cruzaron datos de diferentes fuentes de información: Fiscalía, Armada, Ministerio de Defensa y Policía de Colombia, autoridades de Bélgica, bases de datos de exportaciones como Panjiva e ImportGenius y registros en medios de comunicación nacionales e internacionales. Los casos se establecieron a partir de la cantidad de droga, el lugar y la fecha de decomiso, lo que reveló inconsistencias en los registros llevados por las diferentes autoridades colombianas e incautaciones que no fueron comunicadas.

Tras esta búsqueda, se encontraron 22 hechos en documentos reservados de la Fiscalía que no fueron comunicados por ninguna otra autoridad nacional. Ni siquiera fueron enumerados por el ministerio público en una respuesta oficial que entregó a Cuestión Pública y OCCRP.

El 14 de junio de 2020, en pleno brote del Covid-19, fueron incautados 2.500 kilos de cocaína en Cartagena (Colombia), de acuerdo con un informe de la Fiscalía. La droga iba escondida en sacos de panela pulverizada en el contenedor CMAU 634975-6 de la naviera francesa CMA-CGM, que iba a ser cargado en el Cristina Star, de la misma compañía. Sin embargo, por problemas de capacidad, el contenedor terminó partiendo a bordo del Dublin Express, propiedad de la naviera alemana Hapag-Lloyd.

La mercancía había sido exportada por la empresa colombiana Serendipia Group y la importadora era Zurkum Business, registrada en la ciudad española de Valencia y administrada por el venezolano José Alejandro Sierra Troncoso, alias Chepe, líder de la organización criminal en Europa. Aunque José Alejandro Sierra aseguró que su compañía trabajaba para la cadena de supermercados Carrefour, documentos de la Fiscalía sobre este caso concluyeron que en realidad se trataba de una empresa pantalla creada para facilitar el tráfico de drogas.

La cocaína debía transportarse en la naviera francesa, según explicó Sierra Troncoso en un correo electrónico enviado a su socio colombiano, Juan Sebastián Quiceno Calderón, representante legal de Serendipia Group. Ambos coordinaban varios envíos; entre ellos, las dos toneladas de cocaína que cayeron en Cartagena, donde el buque hacía tránsito antes de partir hacia el puerto de Le Havre, en Francia, su lugar de desembarco.

“En principio mi cliente comprador sólo acepta CMA como naviera, por las condiciones de sus equipos y por razones internas de ellos, cosa que no puedo yo llevarles la contraria por el mismo hecho de que es el Cliente que tiene la zaon [razón], como dice el dicho. Por lo que, por favor, necesitamos estos envíos se hagan por medio de CMA (sic)”.

Un mes antes de ese correo y después de recibir exitosamente en marzo en Valencia dos cargas de panela pulverizada mezcladas con cocaína, según la Fiscalía colombiana, Chepe pidió a los dueños de Serendipia que “los próximos contenedores fueran enviados en tamaño más grande”; es decir, de 40 pies, con el pretexto de que la mercancía tuviera mejor ventilación”.

El contenedor de CMA en el que se confiscaron las dos toneladas de cocaína era de 40 pies. Una posible explicación de por qué el grupo criminal prefería estos tamaños para mandar la droga la entregó en el informe judicial el investigador de campo: “De acuerdo con mi conocimiento y con la modalidad de contaminación que utilizó la organización criminal, la solicitud de aumento del tamaño del contenedor obedecería a la facilidad que tendrían para el desembalaje de la mercancía en el momento de efectuar la contaminación con sustancia estupefaciente en tránsito”.

En 2023, la Fiscalía colombiana desarticuló esta organización criminal transnacional identificada como Perlas Negras, que operaba en Buenaventura (Colombia) y Valencia, y que trató de exportar sin éxito seis toneladas de cocaína a Europa entre 2019 y 2020.

La Policía española detuvo a siete miembros de la organización en la Operación Tayrona II, ejecutada en marzo de 2021, entre ellos a José Alejandro Sierra Troncoso. Pero, según indican fuentes judiciales a infoLibre, en febrero de 2022 el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia sobreseyó provisionalmente el caso por no haber quedado “suficientemente acreditados los indicios de delito”, y con informe favorable del Ministerio Fiscal. 

La droga incautada en CMA-CGM viene del Pacífico colombiano, de acuerdo con los datos compilados por esta investigación periodística. Uno de cada cinco decomisos que involucraron a buques y contenedores de la naviera francesa se produjo en Buenaventura, el puerto más importante de la región.

La otra costa del país, en cambio, es territorio Maersk. Allí, y sin que guardara relación con la anterior, otra organización identificada como Perla Negra, en singular, y al servicio del Clan del Golfo en el Caribe, envió cerca de 15 toneladas al Viejo Continente entre 2017 y 2018, usando la danesa como naviera. Dicho grupo movió 7,5 de cada 10 kilos del alcaloide, principalmente desde el puerto de Santa Marta. Casi la mitad –el 47%– de las incautaciones en barcos y contenedores de la compañía danesa se practicaron en sus muelles.

Allí tiene una gran presencia el Clan del Golfo desde hace varios años, según destaca un investigador del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo Internacional (CMCON), que habló con Cuestión Pública y OCCRP bajo condición de anonimato. Así lo confirma también el vicealmirante Orlando Grisales Franceschi, jefe de Estado Mayor Naval de Operaciones de la Armada Nacional de Colombia: “Los puertos marítimos de Santa Marta son un punto clave para la exportación de cocaína hacia puertos europeos, que en su mayoría viene oculta en carga contenerizada de fruta como el banano y la piña. Por otra parte, la infiltración de organizaciones criminales en puertos y autoridades locales permite que el tráfico de drogas opere con relativa impunidad”.

En agosto de 2017, los narcos de Perla Negra consiguieron transportar una tonelada de cocaína camuflada en láminas de pladur de la empresa Caribe Exporta hacia el puerto de Algeciras. La alijaron a bordo del Maersk Willemstadt, que zarpó desde Santa Marta hasta el puerto alemán de Bremerhaven el 22 de agosto. En concreto, en el contenedor MRKU 732399-2 habían introducido 935 paquetes de cocaína. Tras atracar en Bremerhaven, la policía alemana extrajo 42 de esos paquetes, que agentes aduaneros germanos enviaron por avión a España y entregaron en mano a policías españoles, en cumplimiento de una entrega controlada autorizada por la Fiscalía especial antidroga española. El resto de los paquetes se quedó en Alemania.

En su lugar se colocó una carga “embalada y preparada de la misma manera” que la cocaína colombiana. Cuando llegó a Algeciras, a bordo de otro barco de la naviera danesa, el Maersk Lima, la esperaba un camión para transportarla hasta la sede de una empresa, Displasur Soluciones SL, situada en un polígono industrial de Málaga. Pero como se vio que alguien había abierto el contenedor, el pladur no salió del puerto.

El relato de la fallida operación lo ha recogido infoLibre de la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que en 2019 condenó a seis años de prisión al socio y administrador único de esa sociedad, José González Roldán. También se le impusieron dos multas de 120 millones de euros. Además se dictó la disolución de Displasur Soluciones, con otra multa de 190 millones, y se prohibió a González Roldán realizar actividad comercial similar durante 12 años. La empresa, establecen los jueces, se dedicaba sólo “en teoría” al comercio mayorista y minorista, así como a la importación y exportación de materiales de construcción. En la práctica, había importado un cargamento de droga, con una pureza de entre el 72,9% y el 89% y valorado en 38 millones de euros.

La sentencia es firme porque González Roldán reconoció los hechos ante el juez y llegó a un acuerdo con la fiscalía.

De acuerdo con los datos recabados durante esta investigación, Bélgica se ha mantenido como el país favorito para la entrada de la droga a Europa, pues registra 26 casos de cocaína incautada proveniente de Colombia desde 2016, con un total de 27 toneladas en el puerto de Amberes.

De este puerto, las organizaciones criminales conocen en detalle los muelles exactos en los que atracan los barcos de cada naviera. Además del 188 y el 234, donde recala Maersk, esta investigación encontró en los documentos de la Fiscalía colombiana, referencias por parte de grupos criminales al muelle 1.700, asignado a CMA-CGM. En 2019, según datos de las autoridades belgas, en este último muelle desembarcaron tres buques contaminados con 2.701 kilos de cocaína, de los cuales dos eran de CMA-CGM.

Los narcos también muestran cierta preferencia sobre determinados productos o compañías para contaminar los cargamentos. Según la base de datos elaborada en esta investigación, el récord de decomisos de droga lo tiene Banasan, una de las mayores exportadoras de banano del país. La empresa está vinculada a 37 incautaciones, que suman 4,7 toneladas de cocaína en Colombia, Alemania y Bélgica entre 2016 y 2022. Todas se practicaron en buques o contenedores de Maersk.

Armando Lacouture, abogado y portavoz de la exportadora, responde que “Banasan es la principal víctima de esta actividad criminal” y que se trata “de una cifra insignificante frente a los 13.000 contenedores que exporta al año hacia Europa”, su único destino. Lacouture agrega que la empresa tiene una política de lavado de activos y hace seguimiento GPS de los camiones donde se transporta la fruta, entre otros controles.

Para Henrik Vigh, profesor de la Universidad de Copenhagen y experto en crimen organizado, “los narcos se centran en las terminales portuarias donde el ritmo es alto, para enviar sus mercancías rápidamente. Esto afecta especialmente a los muelles que manipulan alimentos. En éstos, a las autoridades les resulta complicado detener el flujo de contenedores si sospechan de contrabando, porque los alimentos se pudren y se corre el riesgo de interrumpir la cadena de transporte”.

Lacouture añade que hasta ahora no ha habido investigaciones contra directivos de Banasan por narcotráfico y aclara que la naviera la eligen los clientes internacionales que les compran la carga.

También de acuerdo con los documentos de la Fiscalía, son los narcos europeos, encargados de recoger la droga en los puertos de llegada, quienes escogen la naviera. Interceptaciones telefónicas legales encargadas por el ministerio público muestran que esta práctica la siguen organizaciones criminales que operan en Buenaventura y Barranquilla y que, una vez se conoce el lugar de llegada, se empieza a coordinar la logística del envío de la cocaína.

En los últimos años, navieras como Maersk y CMA-CGM han apostado por diversificar su portafolio empresarial hacia la totalidad de la cadena logística del comercio internacional: desde la recogida de la carga en la bodega de origen, el servicio de agencia aduanera, el transporte en sus contenedores y el envío en sus buques, hasta la entrega en el lugar de destino.

El profesor Henrik Vigh comenta que un modelo de negocio como el de Maersk “se adapta perfectamente a los narcos, que prefieren que haya el menor número posible de eslabones en la cadena. Cuantas menos veces tengan que cambiar de manos las mercancías, menor es el riesgo de ser controladas y descubiertas. Introducirlas en una empresa que cubra toda la cadena logística es una clara ventaja para ti como cártel”.

Pese a que las principales navieras ofrecen servicios similares, el caso de Maersk es excepcional. A través de su filial APM Terminals, participa mayoritariamente en la Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBuen) y en otras terminales en España, Costa Rica, Brasil y Panamá. Además, tiene operadores logísticos como Maersk Logistics y Servicios Colombia, servicios de aduanas en Europa como KGH –ahora Maersk Customs Services– y una de las mayores flotas de contenedores y barcos del mundo.

Consultada por los periodistas, la multinacional danesa respondió que el gran número de incautaciones en sus contenedores y buques suele ser el resultado de una buena y proactiva colaboración entre las autoridades y el sector. Además, usa escáneres de contenedores en sus terminales de mayor riesgo y explora el uso de dispositivos de seguimiento de contenedores. También utiliza inteligencia artificial para detectar envíos sospechosos.

“Si bien todas las navieras que conocemos no están implicadas criminalmente en el tráfico de drogas, [...] me atrevo a decir que cada una tiene gente corrupta trabajando para ellas”, advierte por su parte Jan Janse, jefe de distrito de la Policía Portuaria de Róterdam (Países Bajos).

En 2023, directivos de MSC, Maersk, CMA-CGM, Hapag-Lloyd y Seatrade firmaron una declaración sobre la lucha contra el narcotráfico transnacional con los gobiernos belga y holandés. Entre sus compromisos se mencionaba intercambiar información e implementar mejoras en la verificación de antecedentes de su personal. No obstante, ni la naviera, ni las tripulaciones, ni tampoco las empresas que les sirven de camuflaje a los narcotraficantes son objeto de pesquisas por parte de las autoridades en la mayoría de los casos, de acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por Cuestión Pública y OCCRP.

Juan Alberto Páez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Navieros y Agentes Marítimos de Colombia (Asonav), señala que “las empresas marítimas son víctimas del narcotráfico [...]. Las estadísticas [de toneladas de droga incautadas en navieras] podrían demostrar un compromiso activo de colaboración con las autoridades”.

Por su parte, la naviera francesa contesta que “la lucha contra todo tipo de tráfico ilícito es una prioridad absoluta para el Grupo CMA-CGM, igual que para toda la industria naviera”. Asegura que colabora estrechamente con las autoridades policiales, aduaneras y judiciales de todos los países para combatir ese tipo de tráfico y que por la seguridad de su equipo y su operación “no hace más comentarios al respecto”.

Hasta ahora, no se conoce ningún país que haya analizado abiertamente el papel de las navieras en el combate al narcotráfico. Estados Unidos lo hizo en una única ocasión con el buque Gayane, de la naviera MSC, en el que se encontraron 19 toneladas de droga el 17 de junio de 2019, la mayor incautación de la historia en un portacontenedores. Recientemente, voces aisladas como Jan Janse en Países Bajos y la fiscal antidrogas de España, Rosa Ana Morán, han llamado la atención sobre el papel de estas compañías.

“La corrupción en los puertos es impresionante. Si envían cargamentos tan grandes [como los que últimamente han llegado a Algeciras], es porque están muy seguros de que tienen vía libre. Piensan que el puerto es suyo”, resaltó la fiscal antidrogas a infoLibre.

Según explicó Rosa Ana Morán el pasado mes de diciembre en un acto en Valencia –el principal puerto de entrada de droga en España–, “es difícil introducir tanta droga sin colaboración desde dentro”. “La corrupción afecta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a Aduanas, pero también hay mucha implicación de trabajadores del puerto, estibadores o dockers”, que es donde se están centrando los esfuerzos policiales.

La Operación Jumita, de hecho, es un magnífico ejemplo de lo que está pasando en los puertos. Se ejecutó en junio de 2021 y supuso la detención 29 personas y el decomiso de 1.616 kilos de cocaína y 16,5 millones de euros, la mayor incautación de efectivo a una banda en España hasta ese momento. Los narcos tenían toda una logística organizada para rescatar el contenedor con la droga. Entre los detenidos había un veterinario en el Punto de Inspección Fronteriza (PIF), el jefe de Operaciones de APM Terminals –del grupo Maersk–, un transportista, un funcionario de Aduanas –de la Agencia Tributaria–, una persona que duplicaba los precintos de los contenedores… También se sospecha que tenían contactados a policías y guardias civiles.

Según indican fuentes judiciales a infoLibre, el juicio por esta operación, que se sigue instruyendo en un juzgado de Algeciras, no comenzará hasta febrero de 2025.

El profesor Henrik Vigh añade otro componente significativo. “Si se interviene y se restringe la libre circulación de mercancías, se corre el riesgo de crear rápidamente problemas en la cadena de suministro. Si, por ejemplo, se empieza a controlar más intensamente los buques y contenedores o a regular excesivamente los puertos, se corre el riesgo de ralentizar el comercio mundial”.

El experto colombiano del CMCON, que agrupa a 12 países y tiene a su cargo el estudio del tráfico interoceánico de drogas, admitió a Cuestión Pública y OCCRP que su equipo estudia 200 variables diferentes como la sustancia ilícita, el grupo criminal o la modalidad de contaminación, pero no incluye a las empresas dueñas de los buques y contenedores objeto de presuntas contaminaciones.

Y es que, según el mexicano Bernardo Gómez Del Campo, el problema más serio en la persecución del narcotráfico es la mirada “desactualizada” frente a los desafíos: “Ahora tenemos una generación de empresarios criminales que trabajan con mercancía legal, pero también ilícita. La diferencia es que lo hacen como empresarios formados y lo que está fallando es la investigación criminal corporativa a las navieras”.

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** Con información de Begoña P. Ramírez (infoLibre), Paul Vugts (Het Parool), Lars Bové (De Tijd), Angus Peacock (OCCRP) y Pavla Holcova (Investigace.cz). Vorágine también aportó datos de la Armada colombiana, mientras que el K-Lab de la Fundación Karisma prestó apoyo adicional y Brigadas Internacionales de Paz colaboró en cuestiones de seguridad

** Cuestión Pública, fundada en 2018, ganó el Premio Internacional Rey de España de Periodismo al Medio de Comunicación de Iberoamérica en 2023

** Este artículo forma parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación internacional sobre el crimen organizado actual y quienes lo combaten. La investigación comenzó con una filtración de datos compartidos por dos organizaciones, Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista.

Los NarcoFiles, los más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía de la Nación de Colombia analizados por 40 medios de comunicación, infoLibre y Narcodiario en España, describen con precisión el nuevo panorama del crimen organizado en todo el mundo. La filtración sitúa a España como lugar de encuentro de toda clase de mafias internacionales de la droga, pero también como puerta de entrada de los flujos de droga procedentes de Sudamérica y como incipiente zona de producción, con laboratorios de cocaína y grandes plantaciones de cannabis.

En cuanto a las entradas, además de las muy conocidas que emplean los narcotransportistas gallegos –veleros, lanchas rápidas, pesqueros o narcosubmarinos–, los NarcoFiles desvelan con todo lujo de detalles el camino que recorren los grandes alijos entre cargamentos lícitos de bananas, con origen en los puertos de la región de Urabá –el principal, el de Turbo–, dominada con puño de hierro por el denominado clan del Golfo, y destino en distintos países europeos. Así lo han revelado los medios IrpiMedia, de Italia, y Vorágine, de Colombia, asociados a OCCRP, el consorcio internacional de periodistas que, junto al Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (CLIP), ha coordinado la mayor investigación periodística conjunta sobre el crimen organizado realizada hasta la fecha.

“Los desembarcaderos fluviales de Zungo y Nueva Colonia forman parte del puerto de Turbo, y son administrados íntegramente por Banacol y otra empresa bananera. En los embarcaderos hay almacenes con cajas de plátanos listas para ser cargadas, y justo detrás de los embarcaderos, las plantaciones. Y son puertos fáciles de usar para quienes ya se han infiltrado en la cadena de suministro del cultivo del banano. Desde allí los contenedores son llevados en barcazas a altamar y allí son izados a los portacontenedores que esperan en el puerto”, explica a IrpiMedia una fuente policial que investiga desde hace años el tráfico de drogas en Urabá. Los NarcoFiles apuntan a Banacol como financiadora de actividades paramilitares, cuyos antiguos miembros dominan hoy la producción de cocaína.

La empresa, que dice ser “víctima del flagelo del narcotráfico como lo son todas las empresas exportadoras”, niega haber sido “investigada por ninguna autoridad judicial nacional ni internacional sobre delitos relacionados con narcotráfico” y asegura que “nunca ha sido cuestionada judicialmente por las autoridades nacionales por acusaciones relacionadas con supuestos pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), toda vez que se ha demostrado que nunca lo ha hecho” [ver aquí la explicación completa de Banacol].

En cuanto a los dueños de la mercancía, Los Urabeños, ahora conocidos como el clan del Golfo, tienen desde hace años oficinas en España. En su día fueron descubiertos en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y, desde luego, mantienen posiciones fijas en Madrid. La banana es el principal producto de exportación de Colombia, debe salir rápido de los puertos y, por tanto, es un escondite perfecto para la cocaína que, ya no sólo viaja hacia Galicia, Valencia, Barcelona o Algeciras, en España, sino también hacia Róterdam, Amberes y Gioia Tauro, el gran puerto italiano.

Una antigua alianza entre mafiosos calabreses y sicilianos y colombianos, en la que ahora también participan los balcánicos, sigue muy vigente, con tratos directos en Sudamérica para los grandes envíos. A la provincia de Pontevedra, la cocaína llega desde Turbo desde hace décadas, pero no hay que retroceder demasiado en el tiempo para hallar elementos de prueba.

En 2019, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrolló la fase de explotación de la operación Cetil, destacada por Europol como la más importante del año en todo el continente. Fueron decomisados unos 6.000 kilos del clan del Golfo que salieron del puerto de Urabá y llegaron a distintos puntos: gran parte al puerto de Marín (Pontevedra), pero también a Valencia y a Países Bajos. Todo ello entre bananas. Para el rescate de estos cargamentos, sin embargo, no había gallegos, ni siquiera balcánicos. Eran marroquíes-holandeses, probablemente integrantes de la Mocro Mafia, la organización liderada desde prisión por Ridouan Taghi, el hombre que, según las autoridades, encargó el asesinato en plena calle del periodista Peter R. de Vries y mantiene amenazados al ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, y a la familia real holandesa.

Turbo también era el origen de los 7.200 kilos de cocaína incautados entre bananas este mismo 2023 en operativos conjuntos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía de Colombia, en el puerto de Vigo, pero especialmente en el de Algeciras (Cádiz). Una organización histórica del Campo de Gibraltar tenía los contactos precisos en el Urabá antioqueño para recibir la mercancía. Su cabecilla, Damián R., sigue prófugo a pesar de los esfuerzos de las autoridades en España. Se le considera el enlace en la Península para hacer negocios con los colombianos en esta ruta.

Las seis terminales portuarias de Guayaquil (Ecuador), muy cerca de Colombia, son la segunda gran lanzadera mundial de cocaína. La sustancia llega a la ciudad del Pacífico por carretera desde los laboratorios del lado colombiano y parte en portacontenedores en dirección a Algeciras y Galicia, según explicó a Narcodiario el director antinarcóticos de Ecuador, Pablo Ramírez. El puerto de Valencia y los de Róterdam y Amberes, además de Gioia Tauro, en Italia, Le Havre, en Francia, y Hamburgo, en Alemania, también reciben alijos entre bananas.

“Estamos geográficamente ubicados entre dos países productores, por un lado está Colombia y por otro está Perú. De acuerdo con el último informe de la UNODC, el primer país es productor de 1.400 toneladas y el otro de 869, y, dentro de este ámbito, Ecuador no es productor, pero sí un país de acopio de forma previa al envío al exterior”. detalla Ramírez. “Tenemos debilidades, como son el ámbito marítimo y aéreo. El Estado está trabajando a través de varias estrategias, sobre todo tecnológicas, para detectar las embarcaciones y las aeronaves. Hemos establecido y fortalecido las inspecciones no intrusivas [en los contenedores]. Los seis puertos importantes de exportación están dotados de escáneres para ir avanzando en la inspección del 40%, 50%, 60% de los contenedores, con el objetivo de llegar al 100%”, avanza. Sin embargo, este año sólo han podido inspeccionar el 28,5% de los 329.000 contenedores que han salido de Ecuador, lamenta el jefe antidroga ecuatoriano. “El resto”, añade, “sale sin inspección, pero sí con un perfilamiento que nos permite tener una comunicación con países de todo el mundo, dar alertas al destino y de esta manera trabajar conjuntamente”.

Uno de esos contenedores llegó el pasado septiembre a Algeciras con 9.500 kilos de cocaína, el mayor alijo jamás incautado en España y también el mayor en todo el mundo desde 2021. Pablo Ramírez describe el camino que sigue la cocaína desde Colombia hasta su salida en los contenedores desde puertos ecuatorianos: “Tenemos tres pasos legales y 77 no autorizados. Toman los ramales de la sierra centro o de la costa, y van hacia Guayas, Manabí y también Los Ríos. Hemos identificado 23 puntos de acopio con nuestras intervenciones e incautado aproximadamente 30 toneladas de cocaína en estos centros. En esos puntos adecuan o modifican las estructuras de los contenedores introduciendo la droga en sus paneles de refrigeración, o en paredes, pisos y techos. Desde allí van hacia los puertos. En otras ocasiones contaminan el producto. El más perjudicado es el banano, en este caso mediante el sistema del gancho ciego o rip-off [introducir la droga sin que lo sepa la empresa y rescatarla en destino]. Los barcos salen hacia el Canal de Panamá y toman rumbo a Europa”.

La historia que llevó a Ecuador, en general, y a Guayaquil, en particular, a su situación actual, convertida en un auténtico Medellín de los 80 por el dominio de las redes narcos, nace hace 30 años, según detalla el alto cargo policial. “En los años 80 y 90 y ya en los 2000, hasta 2005, aproximadamente, teníamos presencia de los cárteles mexicanos y los cárteles colombianos. A partir de 2010 y de forma más relevante desde 2017, hemos detectado la presencia de los cárteles de los Balcanes, a través de varias investigaciones y aprehensiones. Ya hay sentencias contra albaneses y tenemos investigaciones en curso muy importantes”. El cártel de los Balcanes se ha hecho fuerte también a este lado del Atlántico, y buena muestra son los recientes arrestos de Dritan Rexhepi, de Nenad Petrak, y Kristijan Palic, los tres refugiados en Turquía.

“Tenemos una ley migratoria universal que en su momento no requería ningún tipo de visa. Somos un país dolarizado y en esa época nuestra legislación era débil en cuanto al lavado de activos. Estas personas extranjeras comenzaban con la fachada de inversionistas lícitos y creaban empresas de exportación y también ejecutaban sus acciones ilícitas. Ahora intercambiamos información con el servicio de aduanas, con el servicio de rentas internas y con otros ámbitos de control, como el Ministerio de Agricultura, que da las licencias de exportación de banano, y ahí observamos si coinciden los pedidos, cómo son los pagos, las cantidades y los países de destino. Así hemos podido crear un centro de análisis de puertos y aeropuertos desde hace tres años. Ese perfilamiento de empresas a través de nueve o 10 indicadores nos ha permitido lograr importantes resultados e incautaciones”, explica Pablo Ramírez. Sobre el motivo que lleva a los narcos a emplear la banana para los envíos, no hay dudas: “Supone el 70% de nuestras exportaciones legales”.

Tras Colombia y Ecuador, los siguientes puntos de origen de la cocaína que llega en contenedores a Europa son Brasil, Panamá, Paraguay y Costa Rica. Desde Brasil destacaron durante años las rutas dirigidas por el ahora encarcelado en Bélgica Sergio Roberto de Carvalho, alias Paul Wouter. Considerado uno de los grandes capos contemporáneos, es el responsable de envíos no sólo en portacontenedores, sino también en barcos pesqueros, con España como referencia.

Así ocurrió en el caso del Titán III, donde sus socios gallegos fueron condenados y él eludió el juicio tras fingir su muerte. Más tarde fue detenido en Budapest y de allí, extraditado a Bélgica. España y Brasil le siguen reclamando. Los puertos atlánticos de Brasil, con Santos como punta de lanza, son origen de numerosos cargamentos destinados a Europa a través de España. El Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos mafias brasileñas, están detrás de parte de estos negocios, con oficinas estables en puntos como las islas Canarias. Suelen apostar por el gancho ciego, ocultando la droga en toda clase de mercancías, muchas veces harinas o madera, que se envían de forma legal no sólo a España, sino también a Portugal.

En cuanto a Paraguay, los Narcofiles describen una hidrovía que permite mover los alijos de cocaína por el río Paraná desde los países productores hasta los puertos de salida. El destino final ya no es sólo España, sino también otros países de Europa. La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de ese país está haciendo grandes esfuerzos por descabezar a las grandes redes delictivas asentadas en la región.

Costa Rica y su puerto de Limón es otro de los lugares más calientes de Latinoamérica a la hora de enviar grandes partidas de cocaína en contenedores hacia España. Su cercanía con los países productores y su rápido acceso al Canal de Panamá suponen una ventaja para los narcos. La desventaja con la que tienen que lidiar aquí los narcos es la presencia de Estados Unidos en la zona, que ayuda a las autoridades locales.

Por último, el caso de Panamá es particular, pues sus terminales portuarias hacen de puente para la mayor parte de los envíos procedentes de Ecuador y, en algunos casos, también de Colombia, por lo que mucha de la cocaína está en tránsito. Además, es un punto de recepción de grandes cantidades de droga que llegan en narcolancha tanto por el Pacífico como por el Atlántico.

En el país centroamericano entra en juego la corrupción, un factor clave a la hora de hacer pasar los grandes alijos por las terminales, lo mismo para su carga como para su recepción y posterior salida a los canales de distribución. “Si no existiese corrupción, tanto en los puertos de salida como en los puertos de entrada, no habría opción de llevar a cabo el transporte de cocaína”. Así lo declaró el propio jefe del clan del Golfo en España en el documental Narcogallegos que puede verse en la plataforma Movistar Plus+ en España y en todo el mundo a través de streaming en Kanopy.

La filtración de los NarcoFiles también revela las nuevas estrategias que, de un tiempo a esta parte, emplean los narcotraficantes para mover la cocaína que entra por los puertos de Europa, entre bananas o cualquier otra mercancía legal. Por ejemplo, el ataque a los sistemas informáticos de los puertos, bien de forma directa a través de hackers, bien con sobornos a personal con acceso a los equipos de cada uno de los puertos. La investigación de OCCRP desvela las tretas empleadas por un pirata informático holandés que se introdujo en el sistema informático del puerto de Róterdam para obtener los números PIN de los contenedores. Así conseguía monitorizar los contenedores que iban a ser objeto de inspección.

Otro sistema utilizado es la modificación virtual del origen de ciertos envíos, evitando así que se incluyan en los canales de análisis e inspección.

La lucha contra la corrupción en los puertos se antoja, pues, esencial. Así lo describió a Narcodiario Macarena Arroyo, fiscal antidroga del Campo de Gibraltar. “Una organización que envía nueve toneladas de cocaína no se arriesga a perderlas durante un control, una vigilancia o un posicionamiento. Tienen unas rutas establecidas y capacidad para modificarlas y dirigirse a otros puertos, tienen capacidades logísticas. También disponen de medios para los desplazamientos posteriores por carretera. Pero el problema es la corrupción. Los narcotraficantes no envían nueve toneladas de cocaína a un puerto si no tienen garantizado y asegurado que van a llegar a su destino”.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Policías de Países Bajos, Francia, Bélgica, Dubái y España desarticularon en noviembre de 2022 un supercártel de narcotraficantes que controlaba buena parte del mercado de la cocaína en Europa. En la operación Desert Light fueron detenidas 49 personas, de las cuales siete eran consideradas por Europol Objetivos de Alto Valor, grandes capos. “Es un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico global”, anunció entonces la Guardia Civil, que fue la encargada de la parte española de la investigación. Ésta, bautizada como operación Faukas, se cerró con el arresto de 15 personas, de las que tres fueron distinguidas con la etiqueta de grandes capos: dos de ellos fueron capturados en Dubái y el tercero en Málaga.

La cooperación policial europea conseguía así desarticular la estructura logística de una macroorganización en la que señores de la droga de diferentes nacionalidades se habían asociado para inundar Europa de cocaína, pero además habían descabezado el entramado gracias a la colaboración de Dubái, un hecho sin precedentes. Seis de los siete grandes capos detenidos vivían en el emirato, convertido en un auténtico “santuario” para delincuentes del más alto nivel. Para dar una idea de la contundencia del golpe basta con reseñar que se incautaron 30 toneladas de cocaína, lo que equivalía a “un tercio del mercado”, según destacó la Guardia Civil.

Sin embargo, un año después de la meagoperación europea, los seis capos detenidos en Dubái se encuentran en libertad en el emirato y aún pendientes de extradición. Incluidos los dos que reclama España, tal y como han confirmado a infoLibre tanto la Guardia Civil como la Fiscalía Antidroga. El primero es Ryan James Hale, un ciudadano británico que residió en la Costa del Sol, pero que debió abandonarla tras sufrir un intento de secuestro. Entonces se mudó a Dubái. Desde allí, este miembro del clan irlandés de los Kinahan dirigía el negocio y se coordinaba con el resto de los capos con los que compartía residencia. El segundo, Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan, que tiene pasaporte de Panamá, era el responsable de proveer la droga y de enviarla desde el puerto panameño de Manzanillo. También vive en el emirato.

Otro tanto ocurre con los cuatro capos reclamados por Francia, Bélgica y Países Bajos, según ha podido confirmar OCCRP, red de medios de investigación a la que pertenece infoLibre. Se trata del bosnio Edin Gačanin y del marroquí Zouhair Belkhair, ambos con pasaporte holandés, y los belga-marroquíes Hoesny Ajaray y Rabhioui Bourfa, cuya extradición piden tanto Bélgica como Francia. Todos ellos quedaron en libertad ya a comienzos de este año, apenas dos meses después de su detención en Dubái. Y sus respectivas extradiciones permanecen en el limbo de la burocracia judicial del emirato.

Cuando se hizo público que Belkhair había quedado en libertad bajo fianza y Gačanin en libertad sin ningún cargo, las autoridades holandesas pusieron el grito en el cielo, según publicaron entonces los medios del país. Porque, además, parecía que el bosnio se encontraba en paradero desconocido.

En Francia también llegaron a las páginas de los periódicos las penalidades de la extradición de Ajaray y Bourfa. En los cuatro casos, Dubái respondió asegurando que ambos países europeos habían presentado sus respectivas solicitudes fuera de plazo, fijado en 40 días. Los fiscales holandeses lo negaron taxativamente, al igual que los franceses.

Unos meses después, en verano, el semanario Le Nouvel Observateur hizo pública una nota que los servicios de seguridad franceses habían enviado a la policía quejándose de la falta de colaboración de Dubái en el proceso de entrega de los delincuentes reclamados por Francia. “Hasta la fecha, ninguno de estos narcotraficantes ha sido extraditado a nuestro país, y varios procedimientos contra individuos especialmente activos y peligrosos han sido incluso archivados por las autoridades emiratíes, que han invocado pretextos más o menos falaces en apoyo de sus decisiones”, protestaban los servicios de inteligencia franceses. A su juicio, que los narcos fueran puestos en libertad constituye una “fuerte señal de impunidad enviada por los Emiratos Árabes Unidos a los narcotraficantes que se instalan en masa en Dubái y continúan desde el emirato organizando y gestionando el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y los asesinatos en las ciudades francesas”. Según explicaban en la nota los agentes, Francia tiene unos 26 procedimientos en curso, no sólo los de la Operación Desert Light. Bélgica, otros tantos.

infoLibre ha preguntado al Ministerio belga de Justicia por las extradiciones de Ajaray y Bourfa, que se ha limitado a confirmar que, en efecto, “persigue a cierto número de fugitivos que se cree que se encuentran en los Emiratos” y que tiene “solicitudes de extradición pendientes” ante los tribunales de Dubái. Pero se niega a hacer comentarios sobre casos individuales. Bélgica firmó con Emiratos un convenio de extradición en 2021 que entregó en vigor en noviembre de 2022. El Ministerio del Interior francés no ha respondido a la solicitud de información que le ha enviado este periódico. Francia y Emiratos también cuentan con un convenio de extradición desde 2018. Los abogados de los holandeses Gačanin y Belkhair sí han confirmado a OCCRP que ambos siguen en libertad y pendientes de los jueces dubaitíes.

En España, en cambio, no se ha levantado revuelo alguno. Pero los fiscales Antidroga de Valencia, Ismael Teruel, y Málaga, Fernando Bentabol, coinciden en quejarse de la “falta de interés” de los dubaitíes por cumplir con las extradiciones. “Empezaron a pedir informes e informes, cosas raras… y trámites absurdos”, recuerda Teruel. Es en Valencia donde se tramita la solicitud de entrega del panameño Martínez Meza, porque fue en su puerto donde se decomisó el alijo de 698 kilos de cocaína en marzo de 2020 que permitió tirar del hilo y llegar hasta los capos instalados en Dubái. Además, advierte el fiscal, las autoridades judiciales del emirato no han dejado de manifestar sus dudas sobre la legalidad de la desencriptación de las plataformas de chats Encrochat y Sky ECC, que permitió a la Guardia Civil ligar ese cargamento con quienes lo habían organizado. Anular la validez del descifrado de las comunicaciones se ha convertido en la principal estrategia utilizada por los abogados de los narcos para salvar a sus clientes. Sin embargo, en un paso hacia lo que puede ser su validación definitiva, la Abogada General de la UE Tamara Cápeta acaba de avalar el uso de los mensajes descifrados de Encrochat que fueron intervenidos gracias a la policía francesa.

“No se molestan en ser eficaces y ágiles, ponen inconvenientes, dan largas. Y más aún cuando se trata de personas que invierten allí, para blanquearlo, parte del dinero que han obtenido”, lamenta por su parte el fiscal malagueño, quien de todas maneras dice que en el caso de Ryan James Hale el juzgado ya ha presentado toda la documentación requerida y está pendiente de que respondan las autoridades judiciales del emirato. Su colega de Valencia asegura que el panameño Martínez Meza está libre en Dubái “pero sin posibilidad de salir del país”. El comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Fran Torres, que dirigió la operación Faukas, alaba ante infoLibre la cooperación de la policía dubaití, que tanto tiempo les costó conseguir, pero ahora teme que las reticencias de la justicia del emirato permitan la huida de los supercapos.

Otra prueba de la renuencia dubaití la esgrime el fiscal Antidroga de Valencia. Ya antes del verano, Europol convocó en París a las policías de los países implicados en la operación Desert Light y éstos, a su vez, invitaron a los fiscales encargados de las extradiciones. Pero la policía de Dubái, que también había sido citada, no acudió, explica Ismael Teruel: “Así que quedó claro que el emirato no tenía mucho interés”.

La fiscal jefa Antidroga, Rosa Ana Morán, se queja igualmente de la falta de fluidez, pero más que a la ausencia de voluntad atribuye el retraso al hecho de que “los Emiratos no han desarrollado el sistema de extradición como los países europeos”. También a que tienen unos procedimientos “muy burocratizados y muy antiguos”, asegura. Aunque Rosa Ana Morán tampoco descarta la “corrupción”, que “el retraso se deba a la voluntad de algún funcionario”.

La fiscal repite las quejas de Valencia y Málaga sobre las “formalidades nada habituales” que exige Dubái, como que el juez firme las traducciones de los documentos que les envían.

Sin embargo, al menos en el caso de los reclamados por la justicia española, no toda la culpa recae sobre el lado dubaití. Es, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la extradición de Alejandro Salgado Vega, un madrileño conocido como El Tigre a quien la Guardia Civil considera “el más importante narcotraficante español” de cocaína del mundo. Para sorpresa de los propios agentes, que no lo consideraban una pieza de caza mayor, descubrieron que controlaba “una red global de tráfico de cocaína con presencia en los cinco continentes” que movía un volumen enorme de droga desde Sudamérica. También se había asentado en Dubái, donde fue detenido el pasado mes de agosto, pero no por dirigir una narcobanda internacional, sino por un delito menor: le pillaron consumiendo droga en su propia casa, que estaba siendo vigilada por la policía del emirato. Así que el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras emitió una orden internacional de detención contra él en diciembre del año pasado, después de que la Guardia Civil arrestara en esa localidad gaditana a siete personas relacionadas con un cargamento de casi dos toneladas de cocaína aprehendido en un contenedor procedente de Paraguay. Al mando de la organización estaba el español.

Pero, a diferencia de los detenidos por Europol, El Tigre lleva un año en prisión en el emirato. El pasado septiembre declararon ante el juez los policías que lo detuvieron. Estos confirmaron que allí sólo se estaba consumiendo droga, pero no se estaba cometiendo ningún otro delito, asegura a infoLibre Javier Yagüe García, abogado de Alejandro Salgado. En ese momento sus letrados dubaitíes solicitaron la libertad bajo fianza de El Tigre, pero no se le concedió. En estos días, añade el defensor, se debe celebrarse la vista en la que se dictará sentencia. En España, la posesión de cocaína no está penalizada si es inferior a 7,5 gramos a la semana; se considera consumo propio. Pero en Dubái le puede caer hasta un año, dice Yagüe, “un tiempo que, en todo caso, ya habría cumplido”.

Una vez sentenciado, El Tigre tendrá que lidiar con el proceso de extradición, cuando el juzgado de Algeciras envíe a Dubái toda la documentación traducida al árabe y solicite formalmente la entrega. Otro tribunal deberá decidir entonces si la concede, o no, por los delitos que supuestamente ha cometido en España. Javier Yagüe esgrime las dudas sobre el descifrado del móvil. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, explica su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.

En cualquier caso, el juzgado de Algeciras se ha encontrado con los mismos obstáculos burocráticos –o la misma desgana institucional– que los jueces de Valencia y Marbella. Con un añadido nacional. La fiscal Antidroga del Campo de Gibraltar, Macarena Arroyo, asegura que Dubái ha pedido al juzgado que le traduzca al árabe todo el sumario del caso, que tiene cientos de páginas. La empresa contratada para ello, Ofilingua, lleva nueve meses en esa tarea. La fiscal Arroyo cree que está a punto de entregar el documento. Y sí, en efecto, los dubaitíes piden que la traducción la firme el juez.

Así que, aunque con un enorme retraso, puede que comience a procesarse la entrega de El Tigre al mismo tiempo que se celebra el juicio por el cargamento paraguayo que puso a las fuerzas del orden sobre su pista. Esta misma semana está previsto que se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial de Cádiz su lugarteniente, Rubén Panadero Gil, alias Pana, y el financiador del alijo, apodado El Osito.

El abogado Javier Yagüe desdeña el riesgo de fuga. “De allí no te escapas”, zanja. Dubái “es otro mundo”, dice, donde ni siquiera dejan a los abogados ver a sus clientes en la cárcel. “Sólo pude comunicarme con él [Alejandro Salgado] por teléfono o por videoconferencia”. Y donde, para dejar a un detenido en libertad bajo fianza, deben depositarse en el juzgado dos pasaportes, el del recluso y el de una segunda persona, detalla con sorpresa el letrado.

Como se ve a la luz del caso contra El Tigre, en España los procedimientos de extradición también sufren por el proverbial atasco judicial. “El juzgado que se encarga de la operación es el que se encarga también de solicitar las extradiciones necesarias”, resume Rosa Ana Morán. Es decir, juzgados pequeños, como el de Algeciras, son los que tienen que lidiar con la burocracia de Dubái, con un ministerio de Exteriores que está en Madrid… y con la endémica falta de medios materiales y humanos, enumera. “¿Para qué tenemos una Audiencia Nacional si una gran operación no podemos traerla aquí?”, se pregunta. Muchos de estos juzgados mixtos –de instrucción y de primera instancia– tienen que tramitar desde disputas vecinales hasta, en efecto, extradiciones internacionales. La fiscal delegada de Cádiz, Ana Villagómez, recuerda, además, que estos destinos son los “peor considerados”, por lo que los jueces se marchan en cuanto pueden, al cumplir los dos años de permanencia. Para hacerse una idea del trabajo con que cargan estos juzgados, basta con apuntar que en el de Algeciras, como destaca Macarena Arroyo, el 80% de las causas están relacionadas con el tráfico de drogas.

Por eso, la fiscal jefa cree que España debería copiar el modelo francés de Jurisdicciones Interregionales Especializadas (JIRS), integrados por jueces, fiscales y funcionarios especializados a los que se libera del resto de los asuntos para que atiendan sólo la delincuencia organizada. “Serían como pequeñas audiencias nacionales en los territorios donde hace falta: Levante, Cádiz y Galicia”, precisa. Tanto ella como Villagómez y Arroyo piden, además, que se cambie la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir a los fiscales instruir las causas. España es de los pocos países europeos donde aún son los jueces los encargados de investigar los delitos, un modelo que copió de Francia en 1882 y que incluso los franceses han abandonado ya, destaca Ana Villagómez. Ese cambio en España, pese a que PP y PSOE están de acuerdo en que hay que hacerlo, lleva atascado por lo menos un par de décadas.

Luis Chabaneix, abogado penalista especializado en extradiciones, apunta en otra dirección para explicar el supuesto desinterés de Dubái por entregar a los seis capos: la falta de peso geopolítico de España. Pero también menciona la corrupción. “Ese tipo de delincuentes tienen muchos contactos en las altas esferas y mucho dinero e influencias que pueden ayudarles a salir del escollo”, apunta.

Además, detrás de las peticiones inusitadas de documentos Chabaneix adivina el papel de los abogados defensores, que piden sucesivos complementos de información a los jueces dubaitíes para demorar el proceso, desde el propio expediente judicial hasta copias de la legislación que debe aplicarse o cualquier otro documento.

Sin embargo, otros procedimientos han sido muy rápidos. En 2019, Dubái deportó a Ridouan Taghi, líder de la violenta mafia marroquí en Países Bajos, a quien se acusa de una docena de asesinatos y de dirigir uno de los mayores cárteles de droga de Europa. En realidad, no fue una extradición, porque entonces Países Bajos no tenía pactado un procedimiento de ese tipo con Emiratos Árabes Unidos. Taghi fue expulsado tres días después de su detención, tras ser declarado persona non grata por haber entrado en el país con un pasaporte falso.

Hace sólo un mes también fue detenido en Dubái el mayor de los hijos de Taghi, Faisal, de 22 años, acusado de dirigir la organización en ausencia de su padre. Ridouan, que se encuentra en una prisión holandesa de alta seguridad conocida como El Bunker, se enfrenta a una condena de cadena perpetua en un juicio que comenzó en marzo de 2020 y aún está pendiente de sentencia. En su caso, la extradición puede ser problemática porque Faisal ha vivido en el emirato desde que era un niño.

Igualmente fue capturado en Dubái Rafaelle Imperiale, miembro de la Camorra y socio de Taghi en el narconegocio. En marzo de 2022. Italia solicitó su extradición, que fue rechazada en un primer momento. Para que fuera finalmente concedida, hizo falta que el ministro de Justicia italiano volara al emirato y le entregara la petición en mano a su homólogo emiratí.

Una excepción más fue la de Hajli El Harraj, detenido en octubre de 2022 en Dubái y extraditado dos meses después a España. Era el capo del autodenominado cártel del Sur, una organización que introducía tanto hachís como cocaína a través del puerto de Algeciras y tenía en nómina a cuatro guardias civiles, un policía nacional, un administrativo de Aduanas y un ex policía local.

El fiscal Antidroga de Valencia dice que la entrega del panameño Martínez Meza depende ahora de la vía diplomática. España y Emiratos Árabes Unidos firmaron un convenio de extradición, otro de asistencia mutua en materia penal y un tercero sobre traslado de personas condenadas, todos ellos con la misma fecha, el 24 de noviembre de 2009. En febrero de 2021, además, suscribieron un acuerdo sobre cooperación en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia, aprobado por el Congreso y el Senado en abril y mayo de 2022. En él, ambos Estados se obligan a cooperar en materia de narcotráfico y delincuencia organizada, e incluso prevén el nombramiento de “agregados y oficiales de enlace” y de una comisión mixta para supervisar la cooperación. Según el convenio de extradición, cualquier controversia debe resolverse “por conducto diplomático”.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Justicia por el retraso de las extradiciones de los dos capos de la operación Faukas, si Dubái las está bloqueando y qué medidas está adoptando para desatascarlas, pero no ha recibido respuesta alguna pese a los reiterados intentos de este periódico por obtenerla en las últimas semanas. infoLibre también ha preguntado a la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en España por estos procedimientos, pero no ha contestado.

Si el ministro italiano de Justicia tuvo que ir a Dubái para traerse a Rafaelle Imperiale, la ministra holandesa, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, viajó al emirato el pasado octubre. Allí firmó un MoU (Memorando de Entendimiento por sus siglas en inglés) para “profundizar” en la cooperación policial, según informó entonces el propio departamento. Pero ya antes, en agosto, habían entrado en vigor dos acuerdos bilaterales entre ambos países, uno sobre extradición y otro sobre asistencia jurídica. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, también visitó los Emiratos en las mismas fechas. Según un comunicado de la Embajada de Francia en el país del Golfo, además de debatir sobre la colaboración en la lucha contra el narcotráfico, Darmanin impuso al ministro del Interior dubaití la insignia de comandante de la Legión de Honor.

Ambas visitas formaron parte de la reunion ministerial anual de la Alianza Internacional para la Seguridad –integrada por ministros del Interior de 11 países–, que se celebró esos días en el emirato vecino de Abu Dabi. Tanto el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, como el italiano, Matteo Pentedosi, participaron mediante videoconferencia.

La fiscal jefa antidroga española, Rosa Ana Morán, asegura que Francia está estudiando nombrar un magistrado de enlace con Dubái para acelerar el regreso de los narcos capturados por Europol. Pero subraya que el problema con Dubái no tiene una solución política bilateral, sino que debe ser la Comisión Europea la que negocie con Emiratos, y otros países árabes, cómo mejorar los mecanismos de intercambio de información y extradición. “No se trata de negociar uno por uno”, protesta, “sino de establecer un sistema menos burocrático y que estos procesos no se eternicen”.

La operación Faukas es un buen ejemplo del papel que desempeña España en el narcotráfico mundial. También de cómo operan las organizaciones criminales del siglo XXI. “Geoestratégicamente, somos importantes”, aclara el comandante de la UCO Fran Torres, “España es el país que más cerca está de los productores, de Marruecos para cánnabis, de Sudamérica para la cocaína. Somos el puerto de entrada en Europa. Pero si hiciéramos una lista de los 50 mayores capos del mundo, sólo habría cinco o seis españoles. De los que están más arriba, quizá sólo El Tigre”.

“Los españoles son transportistas, blanqueadores, rescatadores, quienes controlan las puertas de entrada, pero a nivel top, si hablamos de auténticos capos, ésos están en las grandes organizaciones, el cártel de los Balcanes, la Mocro Mafia [marroquíes europeos de segunda generación como Taghi asentados en Bélgica y Países Bajos], los italianos de la Camorra y la ‘Ndrangheta, los colombianos y los mexicanos”, añade el comandante. “Y eso es positivo”, aclara enseguida, “porque habla bien de la Policía Nacional y de la Guardia Civil: aquí es muy difícil que un capo prospere; tarde o temprano, se le va a descabezar”.

Dubái, uno de los siete Emiratos Árabes Unidos, tiene 3,5 millones de habitantes, una renta per cápita de 50.428 euros –la española es de 28.280 euros– y una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. No se pagan impuestos. Aunque no figura en la lista de paraísos fiscales española ni en la europea, la UE lo mantiene “bajo vigilancia” y es uno de los 10 mayores centros offshore y el octavo país del mundo en secretismo financiero, según Tax Justice Network.

Es pues un buen sitio para evitar los ajustes de cuentas y, al mismo tiempo, disfrutar de los millonarios beneficios del narconegocio sin llamar la atención en un entorno donde es normal la ostentación y el lujo. Muchos de los capos que salieron de la Costa del Sol huyendo del cada vez mayor ruido generado en torno a ellos, se desplazaron a Dubái. Con la mayor colaboración policial del emirato y tras el golpe al supercártel, los narcoseñores se están desplazando a Turquía, avanza el comandante Fran Torres. Otros prefieren Tánger, según la policía holandesa.

Hace sólo unos días, la policía turca detuvo en Estambul a uno de los mayores capos del mundo, Dritan Rexhepi, líder de un cártel internacional llamado Kompania Bello, a su vez uno de los grupos más poderosos del cártel de los Balcanes. Con ramificaciones en Ecuador, el norte de Europa, Italia y Dubái, Kompania Bello suministraba cocaína colombiana a organizaciones italianas como la Camorra y disponía de vías de entrada segura en los puertos de Róterdam y Amberes, y algunos del Mediterráneo.

Dependiendo de cómo acaben las extradiciones de los seis supercapos de Desert Light, se verá si, como proclamaba Europol, Dubái ha dejado de ser el santuario de los grandes narcos europeos o, por el contrario, continúa acogiendo sin mayor escándalo a estos delicuentes internacionales y sus cuantiosos patrimonios.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado este martes enviar a un centro psiquiátrico de Huelva a Yassine Kanjaa, el presunto autor del ataque cometido en enero en Algeciras en el que fue asesinado un sacristán y resultaron heridas varias personas, según informa Europa Press.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha tomado esta decisión siguiendo de esta forma el criterio marcado por los médicos de la Audiencia Nacional, que recomendaron el pasado mes de marzo que Kanjaa fuese internado.

El examen realizado por los médicos reveló que la sintomatología que presenta Yassine Kanjaa es compatible con un trastorno delirante, lo que hacía recomendable su internamiento en una unidad psiquiátrica dependiente de Instituciones Penitenciarias a la espera de nueva valoración.

El examen forense fue acordado por el Gadea a los efectos de informar sobre si el sujeto era imputable o no. En su resolución, el magistrado indicaba que ese reconocimiento forense se debía hacer con pleno respeto al derecho de defensa del detenido y con su previo consentimiento.

Así, ofició a la clínica forense de la Audiencia Nacional para que dos médicos fueran quienes realizaran el examen al investigado. El día en el que se produjo, trascendió por fuentes jurídicas que el investigado en la hora escasa de examen habría insistido ante los psiquiatras que "veía diablos".

Este mismo martes, el magistrado ha rechazado enviar la causa a los juzgados de Algeciras insistiendo en que de lo instruido hasta la fecha se desprende que el ataque tenía "fines terroristas". Además de rechazar inhibirse, el magistrado ha acordado el levantamiento del secreto de las actuaciones.

Según recogía el relato de hechos plasmado en el auto por el que el juez acordaba la entrada y registro en la casa del presunto yihadista, Yassine Kanjaa, en torno a las 18.30 horas del 25 de enero "accedió al interior de la Iglesia de San Isidro" en Algeciras (Cádiz) e inició una discusión con los allí presentes, "manifestando a los feligreses de forma vehemente que la única religión que hay que seguir es la religión islámica".

Tras esto, el auto, que se hace eco del informe de la Policía, indicaba que Kanjaa abandonó el lugar "profiriendo mensajes en árabe cuyo contenido se desconocen", pero regresó de nuevo a las 19.40 horas. "Desde el interior de la iglesia los allí presentes escuchan como alguien ubicado en el exterior de la iglesia profiere gritos en árabe", se indica, para añadir que, una vez finaliza la misa, el sacerdote encargado de la misma baja del púlpito para comprobar lo que estaba ocurriendo, "instante en el que el investigado portando en su mano un machete de grandes dimensiones y de forma súbita agrede al sacerdote —Antonio Rordríguez Lucena— causándole lesiones de gran gravedad".

Según apuntaba el juez, Kanjaa también intentó atacar a un testigo allí presente y tras eso huyó de la iglesia y se dirigió a otro centro de culto católico llamado Virgen La Palma ubicado a unos 200 metros. "En ese lugar se encuentra con el sacristán de esta iglesia, que estaba abandonando el lugar por una puerta trasera (...), Kanjaa inicia varias acometidas sobre el mismo, causándole unas primeras lesiones", apunta.

El relato de los hechos realizado por la Policía indica entonces que el sacristán intentó huir dirigiéndose a la plaza Alta, pero cuando llegó al centro de la misma "es alcanzado por el atacante quien una vez que le tiene en el suelo, sujeta la catana con ambas manos y alzando la mirada al cielo y gritando unas palabras en árabe entre las que se escucha la palabra allah le asesta una última estocada mortal".

El auto recoge que finalizado ese hecho "de forma muy tranquila se dirige a la conocida como Ermita Europa ubicada en esa misma plaza e intenta acceder al interior de la misma, si bien en ese instante y sin prestar resistencia es detenido por la Policía Local de la Ciudad de Algeciras".

El atestado policial recogió además que una vez detenido fue trasladado a un centro médico de Algeciras para recibir asistencia facultativa. Allí, en reiteradas ocasiones, profirió gritos de Allahu Akbar.

El juez Gadea decretó el pasado 30 de enero, tras escuchar al presunto yihadista en sede judicial, prisión provisional sin fianza, y le atribuyó los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas que, advirtió, podrían conllevar la prisión permanente revisable.

En su resolución el juez indicaba que la actividad desarrollada por Yassine Kanjaa se podía calificar como un ataque yihadista dirigido tanto contra sacerdotes que profesan la fe de la Iglesia Católica como contra musulmanes que para el investigado no siguen los preceptos del Corán.

El instructor hacía constar en su auto que en las dos declaraciones que ha prestado ante la policía y en el juzgado, salvo algunas contradicciones sobre elementos periféricos del relato, era capaz de reproducir en esencia los aspectos más importantes de su acción.

Relataba que la conducta del investigado fue consciente y que tenía definidos sus objetivos, teniendo la opción de causar unos daños mayores, focalizó su acción concretamente sobre los sujetos a quienes atacó, a los que eligió de forma deliberada.

Y explicaba que la primera de las acciones fue contra los sacerdotes, reconociendo que su intención era matar a todos los sacerdotes que se encontraban en la iglesia. En segundo lugar, indicaba el magistrado, centró su ataque contra un marroquí al que consideraba infiel, al creer que estaba ante un marroquí converso.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicita prisión provisional comunicada y sin fianza para el presunto autor del ataque mortal del pasado miércoles en Algecirás (Cádiz), Yassine K., que acabó con la vida del sacristán de la iglesia Nuestra Señora de La Palma Diego Valencia.

Según confirman a Europa Press fuentes fiscales, los delitos que le atribuyen al investigado en una primera calificación jurídica son los de asesinato terrorista, un delito intentado de asesinato terrorista y un delito de lesiones terroristas. Apuntan que Yassine K. ha optado por declarar ante el juez tanto a la Fiscalía como a su defensa.

Señalan que la prisión provisional se justifica por el riesgo de fuga, para evitar ocultación de fuentes de prueba y ante el riesgo de comisión de otros hechos delictivos.

Este lunes fue trasladado a primera hora a la Audiencia Nacional después de que desde el jueves pasado fuera bajo custodia policial a Madrid para que ser puesto a disposición de los especialistas de la lucha antiterrorista en la sede del Complejo de Canillas.

A pesar de que desde primera hora se encontraba en los calabozos de la Audiencia Nacional, la puesta a disposición del juez Joaquín Gadea no se ha producido hasta pasadas las 12.00 horas por problemas en la citación a la abogada de oficio, según explicaron fuentes jurídicas.

Gadea, en el auto de entrada y registro en el domicilio del investigado, le relacionaba con el salafismo yihadista y consideraba ya que los hechos eran constitutivos de un delito de asesinato y lesiones con instrumento peligroso con fines terroristas.

En su resolución concluía además que, con su acción, Yassine K. pretendía "alterar la paz pública mediante la ejecución de actos de terror, lo que habría podido motivar la actuación criminal". Además, decretaba el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes.

En su escrito, el magistrado señalaba que la Policía Nacional le entregó el pasado miércoles un primer oficio en el que hacía un repaso de lo ocurrido desde que el detenido entró en la Iglesia de San Isidro con intenciones que "se desconocen". Una vez allí inició una discusión con los allí presentes, "manifestando a los feligreses de forma vehemente que la única religión que hay que seguir es la religión islámica".

El juez Gadea recogía que, tras abandonar el lugar "profiriendo mensajes en árabe cuyo contenido se desconoce", el hombre regresó sobre las 19.40 horas. En ese momento, los fieles que estaban dentro pudieron escuchar "cómo alguien ubicado en el exterior de la iglesia profiere gritos en árabe".

"Una vez finaliza la misa el sacerdote encargado de la misma baja del púlpito para comprobar lo que estaba ocurriendo, instante en el que el investigado, portando en su mano un machete de grandes dimensiones y de forma súbita, agrede al sacerdote causándole lesiones de gran gravedad. Igualmente, también intenta atacar a uno de los testigos allí presente", relataba en su auto.

El sacerdote es el salesiano Antonio Rodríguez Lucena, que se encuentra fuera de todo peligro y que el jueves dió "gracias a Dios". "Ha pasado ya todo y estoy esperando el alta, para seguir celebrando la fiesta de San Juan Bosco", apuntaba el religioso.

El relato policial asumido por el juez señala que el presunto yihadista huyó entonces del lugar y se dirigió a un centro de culto católico llamado Virgen La Palma, ubicado a unos 200 metros del otro templo. Allí se encontró con el sacristán al que posteriormente asesinó cuando este abandonaba el lugar por una puerta trasera.

En ese instante, relataba Gadea, el detenido inició varias acometidas sobre el sacristán que intentaba huir de él, causándole unas primeras lesiones. Finalmente el atacante le alcanzó en la calle.

"Una vez que se encuentra en el centro de esa plaza es alcanzado por el atacante quien una vez que le tiene en el suelo, sujeta la catana con ambas manos y alzando la mirada al cielo y gritando unas palabras en árabe entre las que se escucha la palabra allah le asesta una última estocada mortal", añadía el magistrado.

En este contexto, el juez explicaba en su auto que, una vez finalizado este ataque, el acusado se dirigió "de forma muy tranquila" a la ermita Europa "ubicada en esa misma plaza, e intenta acceder al interior". Allí, "sin prestar resistencia", es detenido por agentes de la Policía Local y trasladado a un centro médico para recibir asistencia facultativa, "instante en el que en reiteradas ocasiones profiere gritos de Allahu akbar [Alá es grande]".