“Usted ha dicho que utilizaba medios clandestinos, un lugar oculto, teléfonos específicos, ¿por qué?”, pregunta la fiscal. 

- “Nunca intenté ocultar nada", responde Txetx Etcheverry. “Yo manejaba las armas sin guantes. Nuestras acciones las hacíamos a cara descubierta.” 

La "acción" en cuestión, coordinada por el activista ecologista Jean-Noël Etcheverry, conocido como Txetx, líder de los movimientos Bizi! y Alternatiba, consistía en recuperar e inutilizar un primer arsenal de armas de la organización clandestina vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA) en el marco de su "desarme", un proceso supervisado por una Comisión Internacional de Verificación pocos años después del anuncio del fin de sus operaciones militares en 2011. 

Pero el 16 de diciembre de 2016, Txetx Etcheverry fue detenido en Louhossoa, junto a otras cuatro personas, con el arsenal en cuestión, así como material para inutilizar las armas –una fresadora y un disco– y una cámara para filmar y luego publicar la acción. Aunque la operación era abiertamente pacifista, inicialmente se les acusó de "organización criminal". 

A su lado estaba Michel Berhocoirigoin, conocido como "Berhoco", ex presidente de la Cámara Agraria Alternativa del País Vasco, presente en el lugar de los hechos junto a Etcheverry, también fue procesado. Michel Tubiana, ex presidente de la Liga de Derechos Humanos, que se mantuvo a distancia pero también estuvo muy implicado, no fue procesado. Ambos han fallecido ya. 

Los pasados días 2 y 3 de abril, Txetx Etcheverry compareció ante el tribunal penal, junto con la periodista Béatrice Molle, que había participado en la operación alquilando parte de su casa en Louhossoa, acusados de "porte y transporte de armas" o "tenencia" y "transporte y tenencia de sustancias o productos explosivos", todo ello "con fines terroristas". 

La fiscalía antiterrorista mantiene la acusación hasta el día de hoy. El miércoles, la fiscal solicitó una condena de dos años de prisión condicional para Txetx Etcheverry y de un año de prisión condicional para Béatrice Molle, así como la prohibición de portar armas durante cinco años para ambos acusados. 

Lo absurdo de la acusación, y ahora del procesamiento, es evidente. Los activistas consiguieron en efecto continuar y finalizar la operación de desarme poco después de los sucesos de Louhossoa, el 8 de abril de 2017, entregando casi 3,5 toneladas de armas y explosivos, con el apoyo de numerosos actores de la sociedad civil, los "Artesanos de la Paz", y sobre todo con el acuerdo de las autoridades y las fiscalías de Bayona y París. 

Entre los testigos, el ex prefecto de los Pirineos Atlánticos Éric Morvan y el ex ministro del Interior Matthias Fekl confirmaron el martes el contenido del acuerdo alcanzado con los activistas, incluso por parte de las autoridades judiciales, para garantizar la entrega de las armas. 

Los abogados defensores han planteado este punto en repetidas ocasiones al representante de la fiscalía antiterrorista. En 2017, la fiscalía dio luz verde a este pequeño grupo de Louhossoa para llevar a cabo la operación del 8 de abril. ¿Pudo haberse comprometido con partidarios del terrorismo? Y ¿por qué se aprobó la operación del 8 de abril y se les acusa de la del 16 de diciembre? 

Zulos de armas en el bosque

En el estrado, Béatrice Molle, de 68 años, recuerda sus pensamientos una semana antes de su detención. Txetx le había pedido que llevara a cabo la operación en su casa. "Me dijo 'piénsalo, es importante'”. Estaba sentada frente a la foto de su marido, un veterano activista de la causa vasca, buscando su aprobación. Entonces llegó a la conclusión de que él estaría "completamente de acuerdo". "Era su casa, y era una forma de homenajearle por su lucha", dice. 

“Esta decisión es un poco difícil de asumir", la anima la presidenta del tribunal. 

- “No se trata de una reunión más que no servirá para nada", dice la activista. “Estamos en un proceso de destrucción de armas". 

Ella, que escribe editoriales para el Journal du Pays Basque –ahora Mediabask– dice que "siempre ha estado a favor de poner fin a la lucha armada" y de "que toda esa gente entre en el juego democrático". No participó "en la organización técnica de la operación", pero viajó en coche por todas partes para recoger a los que tenían que venir y que dejaron sus vehículos a distancia. La detuvieron a 500 metros de su casa, cuando regresaba. 

Le toca a Txetx Etcheverry explicar cómo surgió el proyecto Louhossoa. Cómo empezó todo. 

"En enero o febrero de 2016, mantenía conversaciones con Michel Berhoco", cuenta este activista de 59 años. “Había una Comisión Internacional de Verificación. ETA había permitido que las armas fueran inventariadas y precintadas. Cosas serias. Pero no se hizo nada. Había zulos de armas por ahí, desperdigados. No era normal. Pensamos que 'no podemos quedarnos de brazos cruzados'.” 

La presidencia: "¿Dice usted que tuvo intermediarios que le hicieron creer que ETA estaba predispuesta a esa posibilidad? 

- “Hubo contactos en marzo y abril de 2016", responde Txetx Etcheverry. “Michel Tubiana iba a venir a Biarritz. Empezamos a tantear el terreno y encontramos la vía. Dijimos ‘estamos dispuestos a asumir el riesgo de desmantelar vuestro arsenal’. Y lo primero que nos dijeron fue que tenían un canal oficial para un desarme seguro.” 

El activista dice que sabía que "era el Elíseo". Pero en septiembre hubo un nuevo mensaje: las conversaciones habían fracasado por esa vía. Los Artesanos de la Paz decían estar "más preparados que nunca". "Queríamos hacer el desarme total, no sólo el simbólico", explica. 

“Nos pusimos a organizar la operación de Louhossoa", continua. “Nos dijimos 'seguro que los servicios españoles nos siguen y nos trincan', así que siempre teníamos un plan A, y un plan B si nos detenían. Para nosotros, ambos planes tenían que conseguir el mismo resultado: el desarme total. Sabíamos que si Berhoco, Tubiana y yo éramos detenidos, la gente pensaría que algo iba mal.” 

Los tres hombres enviaron copias de sus conversaciones con ETA a amigos y familiares para que las distribuyeran en caso de detención. Está su propuesta del 3 de octubre, la respuesta positiva del "comité de dirección de ETA" del 19 de octubre, otros dos emails de los tres pacifistas del 25 de octubre y del 2 de noviembre y, por último, una carta de respuesta de la "dirección de ETA" validando la transferencia de la "responsabilidad del desarme" a la sociedad civil, precisando que su "objetivo" era "poder declarar cuanto antes que ETA ya no es una organización armada". 

“Está usted acostumbrado a organizar operaciones tipo Greenpeace", dice la presidenta. “Usted compró cinco o seis teléfonos, y el camión se matriculó a nombre del Sr. Berhocoirigoin. Alguien compró la fresadora. Y se hicieron fotos el día anterior...” 

- “Sí, había preparado unos tuits”, responde Txetx Etcheverry. “Estaba acostumbrado a llevar a cabo operaciones no violentas. Me encargaba de muchas tareas logísticas, pero las decisiones se tomaban conjuntamente. Berhoco tenía la idea de comprar una máquina de compresión, pero Tubiana le dijo ‘no, nos pueden acusar de destruir pruebas’. Queríamos recortar los cañones de las armas largas y perforar el tambor.” 

- “Hay unas normas precisas para inutilizar las armas", objetó la presidenta. 

- “Era simbólico", admite el activista. “Pero habíamos sido bien entrenados. Manejamos las cajas con infinito cuidado. Teníamos que poner los explosivos y los detonadores en baúles separados". 

Txetx, que conducía la furgoneta, se encargó de recoger las cajas, con un coche delante y otro detrás. Esas cajas de armas y explosivos habían sido "inventariadas". “Había diez cajas grandes, cada una de las cuales contenía armas cortas, armas largas y algunos explosivos y munición", prosigue. “Todas estaban cerradas con candados.” 

Unos meses antes, un sacerdote vasco, Mikel Epalza, había recibido un juego de llaves e instrucciones de un emisario de la Comisión de Verificación. Ese día, recibió instrucciones de ir a un hotel donde se encontró con Béatrice Molle, que le llevó a su casa. Según Txetx, otro sacerdote, irlandés, que ya había participado en mediaciones en Irlanda, había llegado a la zona para comprobar que las armas habían sido inutilizadas. Pero a las cinco de la tarde sonó el móvil de Txetx. 

"Tenía a dos personas con prismáticos vigilando la zona y me dijeron 'cuidado, hay un montón de coches'. Le pedí a Michel Bergouignan [otro activista, ya fallecido] que fuera a echar un vistazo. Enseguida vio los coches y la cara de la gente que había dentro, lo entendió enseguida". 

El activista avisó a Berhoco y a Béatrice Molle, que habían ido a reunirse con Michel Tubiana, de que la casa estaba "rodeada de polis". Berhoco optó por volverse, mientras que la abogada, que había sido avisada, "se quedó fuera". "Pensamos que al menos uno de nosotros debía quedarse fuera para hacer de altavoz", explica. 

El asalto policial no fue inmediato, por lo que el equipo se puso a preparar su vídeo. Se abrieron las cajas. "Llevó mucho tiempo, las armas estaban envueltas en cinta adhesiva, celofán y cubiertas por una espesa masa de grasa". Una vez grabado, Txetx anunció la primera fase del desmantelamiento del arsenal de ETA, diciendo que se había recuperado el 15%. “Pretendemos inutilizar estas armas, trocearlas, agujerearlas...", explicó ante la cámara. “Inutilizar todo lo que se pueda, y luego iniciaremos conversaciones con las autoridades para poder entregar esa parte y ver cómo podemos entregar el resto y el arsenal ordenadamente y con seguridad".

La redada se inició a las 20.30 horas. 

Una vez detenidos, los militantes se muestran inflexibles. "Dijimos 'ETA nos ha dado la responsabilidad del desmantelamiento, así que vamos a llegar hasta el final'. Lo que pedimos es que el Estado nos ayude. Nos soltaron y eso es lo que dijimos, que íbamos a continuar. Queríamos terminar. Estamos preparando muchos Louhossoa.” 

Txetx, Berhoco y Tubiana envían mensajes a todas partes, incluso al nuevo primer ministro Bernard Cazeneuve, que sustituyó a Manuel Valls el 6 de diciembre de 2016. Berhoco, sindicalista de agricultores, se reúne con el ministro de Agricultura, Stéphane Le Foll. Los diputados del país vasco también se implican y se reúnen con el primer ministro. Se pone en marcha la operación del 8 de abril. El primer ministro hace saber que "no se opondría al desarme". 

Poco después, Txetx se pone en contacto con el prefecto de los Pirineos Atlánticos, Éric Morvan, que había sido jefe de gabinete adjunto de Bernard Cazeneuve en el Ministerio del Interior. Se celebra una primera reunión en la subprefectura de Bayona. "Me dijo: 'No estoy aquí para tomar decisiones, estoy aquí para escuchar'", recuerda el activista. “Le expliqué todo el plan, las limitaciones técnicas, etc.". Una reunión tras otra y, “poco a poco, llegamos a un acuerdo. Con comentarios del gobierno y de la fiscalía", resume Txetx. 

Respaldado por una gran movilización popular en Bayona, el desarme del 8 de abril de 2017 se desarrolló sin incidentes. Se garantizó la libertad de movimientos de los activistas, “hubo cero controles" y las armas se llevaron a ocho puntos de entrega, donde la policía se hizo cargo de ellas. En la semana previa, la policía española comunicó a la francesa que había "localizado dos zulos", pero el Gobierno francés respondió que "no intervenía para no poner en peligro el 8 de abril". 

Después del 8 de abril, Txetx organizó la entrega de algunas armas que "no habían sido localizadas a tiempo". Las autoridades le facilitaron un teléfono específico para llevarlas a los lugares acordados. Esas dos operaciones tuvieron lugar en febrero y abril de 2018. 

"¿Entiende el proceso penal abierto contra usted?", le pregunta uno de sus abogados. "No me corresponde a mí juzgarlo", responde, antes de rendir homenaje a sus tres socios en la acción de Louhossoa, Berhocoirigoin, Tubiana y Bergouignan. “Podemos estar orgullosos de ellos", afirma. “En cuatro meses, dimos por cerrado el asunto del desarme, que condujo a la disolución de ETA, con su "declaración final" el 3 de mayo de 2018." 

"El 8 de abril fue un momento álgido, un relato colectivo. Lo que hizo el pueblo vasco fue pasar página", añade. 

Pero la fiscalía antiterrorista aún no ha pasado página. "Los hechos forman parte del plan para detener la violencia, y no para cometer atentados, es cierto", admite la fiscal Aurélie Valente, pero proceden "del proyecto de ETA". De esta forma, para lograr una condena, bastaría con decir que los acusados "se asociaron a un grupo de conocida naturaleza terrorista". 

Aunque "el conflicto armado no se ha reanudado en territorio francés desde 2018", ello no debe suponer "impunidad alguna" ni “exención de pena alguna", según la fiscal, que pide al tribunal que "no se deje manipular".

“No hay nada escrito, yo no escribo nada, el gabinete del ministro del Interior no escribe nada, el fiscal de Bayona no escribe nada", testificó el ex prefecto de Pirineos Atlánticos, Éric Morvan. “Todo es fruto de conversaciones entre personas que actuaban de buena fe, que eran responsables y que querían acabar cuanto antes, en condiciones de máxima seguridad". El alto funcionario confirmó al tribunal el acuerdo informal alcanzado con los Artesanos de la Paz y sus conversaciones con Txetx Etcheverry. 

“Me explicó su intención y la de sus socios de entregar el arsenal de ETA que tenían a su disposición, con el temor de que, una vez entregadas las armas, las personas que las posean o estén cerca de ellas no sepan qué hacer", dijo el alto funcionario. “Se trata de un asunto jurídico, y no me corresponde a mí dar garantías de ningún tipo". 

Entonces el prefecto remitió el asunto al ministro del Interior, Matthias Fekl, y al primer ministro, Bernard Cazeneuve. “Recibí una respuesta totalmente positiva", prosiguió Éric Morvan. “Pero no había que hacer nada sin que la fiscalía, la autoridad judicial, estuviera informada de forma continua y transparente". 

El alto funcionario "se puso en contacto" con el fiscal de Bayona, que a su vez se puso en contacto con la fiscalía de la República. La fiscalía aceptó no preocupar a las personas implicadas en la entrega. 

El ex ministro del Interior, Matthias Fekl, también declaró ante el tribunal. Había hablado del proyecto con el presidente de la República, el primer ministro y varios diputados locales. "La preocupación, y la obsesión, era trabajar en estrecha colaboración con las autoridades judiciales", explicó. El proceso fue "un gran paso adelante en materia de seguridad", subrayó.

Traducción de Miguel López

Somos seres inscritos en el tiempo y tal vez por ello necesitamos poner fechas que indiquen el inicio y el final de los grandes acontecimientos. Así organizamos la historia y también nuestras pequeñas existencias. No somos muy propensas a hacer memoria, sobre todo del pasado incómodo, pero sí de conmemorar. Si el acontecimiento histórico ha tenido lugar durante nuestra vida nos gusta poder decir aquello de “recuerdo exactamente dónde estaba ese día”. Cuando la fecha en cuestión cierra un periodo histórico negativo (una guerra, un conflicto, una ocupación) es reconfortante y tranquilizador tener un día que marque el fin y que nos ayude a dar ese carpetazo ansiado: dejar atrás el dolor, la angustia, la inquietud, la desconfianza, todos los afectos negativos que genera un periodo de violencia. Pero ¿existe realmente un final? ¿Aceptamos sin cuestionarlo que las violencias acaban cuando las circunscribimos a una fecha? 

20 de octubre de 2011. Es el día de “el fin de la violencia” de ETA. La importancia de la fecha es indiscutible para sus víctimas, las que sobrevivieron a su violencia o sus amenazadas y los familiares afectados. Personas como Eduardo Madina, Borja Semper o Maixabel Lasa (por decir tres nombres que durante los últimos meses han resonado, los dos primeros por la publicación del testimonio conjunto Todos los futuros perdidos, Maixabel Lasa por la película, Maixabel, que sobre ella ha realizado Icíar Bollaín) han hablado públicamente de la importancia de ese día, que marca para ellas un final inequívoco: se acabaron los escoltas, se acabaron las amenazas explícitas, la incertidumbre de un próximo atentado que removerá dolores antiguos y causará otros nuevos. No voy a ser yo quien discuta el significado de la fecha en este sentido. Al mismo tiempo, considero necesario reflexionar más allá de esta apreciación y hacerlo entretejiendo dos ideas. La primera: ETA es quien decide el cese de la violencia, quien pone la fecha y quien anuncia el fin. Es decir, ETA sigue regulando hasta el final el tiempo de la violencia, aunque también hay que considerar que sólo es capaz de poner fin a la que ha causado ella. La segunda: ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada pero ¿significa eso que acabe la violencia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia?

Las dos cuestiones están relacionadas y es imposible hablar de una sin considerar la otra. El fin de la actividad armada de ETA significa un cambio de dimensiones enormes: unos dejan de decidir sobre la vida (literalmente, el derecho a vivir) de otros. La importancia de esto es tan obvia que no requiere más comentario. Y sin embargo, el dolor que ha causado la violencia ya ejercida no desaparece sin más. Las víctimas más visibles o más activas en el espacio público, las más reconocidas socialmente, admiten que el dolor ha ido mitigándose durante los años y que se han visto apoyadas, pero otras han vivido su duelo en soledad, con la sensación de que les ha sido negado un reconocimiento, incluso algunas con la certeza de que la sociedad vasca les ha dado la espalda. Cuando a una víctima no se le reconoce su condición se produce una revictimización y se ahonda en el trauma causado por el daño inicial. En este sentido, si aceptamos que el fin de la actividad armada de ETA es sinónimo del fin de la violencia, si creemos que con ello podemos hacer tabula rasa y olvidar el pasado, creamos las condiciones de posibilidad para que otro tipo de violencia -la del silencio, la del olvido, la que margina a la víctima porque su mera existencia recuerda un pasado incómodo- continúe en el tiempo. La violencia del posconflicto, una vez que ha cesado la actividad armada, no ocupa titulares, no deja huellas visibles, se individualiza y se privatiza. Es decir, deja de ser un problema social y, por tanto, deja de percibirse como un problema político. Reflexionar de esta manera que propongo sobre el fin de la violencia significa intentar entender la relación entre daño y tiempo. La violencia perturba el tiempo: abre en él una herida e inaugura un tiempo subjetivo, un tiempo traumático que tiene su propio metrónomo. Mientras que algunas víctimas quedan atrapadas en ese tiempo traumático, el resto de la sociedad puede avanzar, olvidar, pasar página, puede comprar la ficción de un final y de un tiempo nuevo. No basta con reconocer a la víctima en el momento en el que se causa el daño, no hay cancelación de la deuda social con aquellas que sufrieron una violencia que, en realidad, atentaba contra todas nosotras y de la que ellas se llevaron la peor parte. 

Además, hay otras violencias que no acabaron el 20 de octubre de 2011 porque no correspondía a ETA acabar con ellas. Si aceptamos el fin de ETA como el fin de la violencia, perpetuamos la idea de que el problema vasco se circunscribe a la actividad terrorista de ETA. Esto obvia, por una parte, que hubo todo un aparato político que apoyó la lucha armada como forma de conseguir resultados políticos y que contó con una base social que, desde su militancia, ejerció la violencia física y discursiva sobre la parte de la ciudadanía que estaba en contra de sus métodos y, a veces, sus objetivos. Esa violencia ubicua y que permeaba nuestras comunidades hasta el punto de estar normalizada no tiene cabida en el comunicado del 20 de octubre y es más difícil de extirpar de nuestra sociedad debido a esa misma normalización. 

Hemos tenido muchos ejemplos en los últimos diez años de la dificultad de deslegitimizar la violencia de ETA en algunos entornos. El caso de los “ongi etorri” o recibimientos a presos excarcelados de ETA como héroes es un ejemplo. Por otro lado, el problema vasco tampoco se circunscribe únicamente a la actividad de ETA y al entorno social que la apoyó. No se puede hablar de la violencia en Euskadi y no tener en cuenta a las víctimas de los grupos paramilitares de ultraderecha y de los GAL, o a las víctimas de tortura por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Estas víctimas corren un riesgo mayor que las víctimas de ETA en cuanto a falta de reconocimiento y, sobre todo, en cuanto a falta de un proceso de verdad, justicia y reparación puesto que los sucesivos gobiernos centrales ponen trabas a la investigación y posible enjuiciamiento de cargos públicos responsables de financiar y ejecutar la guerra sucia contra ETA o de violar los derechos humanos de ciudadanos vascos. 

Llevo mucho tiempo preguntándome cómo entendíamos la violencia entonces y por qué muchos no supimos reaccionar ante ella. A veces pienso que nuestra mirada estaba cubierta por una especie de velo de niebla que restaba nitidez a lo que veíamos. Éramos incapaces de interpretar lo que teníamos delante. Niebla densa y asfixiante en la que, perdidos, era mejor quedarnos parados antes de dar un mal paso, tropezarnos, caer, desaparecer. Tal vez esa niebla -espesa en algunos casos, neblina susceptible de desaparecer rápidamente en otros- era el producto de muchos años de deterioro de nuestros lazos comunitarios, de la pérdida de confianza en el vecino, del triunfo del discurso de la otredad, de la normalización de todas esas barbaridades que nunca deberíamos haber normalizado. Nos envolvió una especie de bruma, contagiosa y paralizante, que sólo recientemente ha comenzado a disiparse. Y me pregunto: si entonces no veíamos la violencia más obvia, ¿seremos capaces de ver ahora esa otra invisible y silenciosa?

*Edurne Portela (Santurce, 1974) es historiadora, docente universitaria y escritora. ‘Formas de estar lejos’ y ‘Los ojos cerrados’ son sus novelas más recientes publicadas por Galaxia Gutenberg.

*Este artículo está publicado en el número de diciembre de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí

"La política penitenciaria depende del Congreso de Diputados, que ya aprobó por unanimidad una moción que es la que guía la política penitenciaria del Gobierno". El entrecomillado suena en sí mismo a perogrullada. Salvo que se conozca quién, cuándo, en qué circunstancias lo pronunció y qué pedía aquella moción unánime. Pero fue Santiago Abascal quien así habló el 27 de diciembre de 1999, recién reventada por ETA la tregua que había declarado un año antes. El lugar: el pleno del Ayuntamiento de Llodio (Álava), donde el fundador y jefe de Vox ocupaba un puesto como concejal del PP. Y la almendra de su afirmación: el acuerdo parlamentario al que se refería era el aprobado seis meses antes con el voto favorable de todos los grupos por segunda vez en menos de un año y cuyo primer punto instaba al Ejecutivo de José María Aznar a hacer lo siguiente: "Culminar el cumplimiento efectivo en el tiempo más inmediato posible de una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria, acorde con el fin de la violencia". 

Lo que dijo Santiago Abascal en el Ayuntamiento de Llodio el 27 de diciembre de 1999.

Recogidas en el acta oficial de aquella sesión del consistorio llodiano [puedes leerlas aquí, yendo a la página 62 del PDF], las palabras del joven político que un año más tarde se convertiría en presidente de Nuevas Generaciones del País Vasco poco representarían de no ser por lo sucedido 22 años después. Porque lo que esa intervención pone hoy sobre el tablero es que, aún en activo la banda, Abascal aceptó con naturalidad la moción unánime del Congreso en favor de una política penitenciaria "flexible" respecto a los presos terroristas. Ahora, cumplidos 10 años de la desaparición de la organización criminal, el jefe de Vox y su partido al completo acusan al Gobierno de pactar con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "los Presupuestos de ETA".

¿Podía un concejal de 23 años haber dicho o hecho sobre la moción unánime del Congreso algo distinto de lo que refleja el acta de aquella sesión municipal de diciembre de 1999? La pregunta pertenece al campo de los interrogantes que quedan abiertos para siempre. Pero lo cierto es que no hay forma de encontrar en las hemerotecas un solo reproche dirigido por Abascal al Ejecutivo de José María Aznar por haberse declarado dispuesto "al perdón y la generosidad" si ETA renunciaba definitivamente a las armas. El hecho de que en 2000 se convirtiera en presidente de la organización juvenil del PP en Euskadi –el dato aparece reseñado en una información  de ElDiario Vasco, del grupo Vocento– apunta a que ninguna de sus declaraciones o actuaciones previas le habían enemistado con la dirección del partido, a cuyo frente permaneció Aznar hasta 2004.

Así que de Abascal lo que predomina en aquella época es el silencio en relación a la política seguida por el PP en busca del fin de ETA, cuyo saldo de sangre se cifra en 853 asesinatos, 3.500 atentados y más de 7.000 víctimas. Pero actas muy distintas a las de una corporación como la de Llodio, que en 1999 no llegaba a los 20.000 habitantes, muestran que otra figura destacada de Vox avaló de forma expresa y reiterada la política de acercamiento de presos y de contactos con ETA impulsada por Aznar. Esa figura es Ignacio Gil Lázaro, hoy vicepresidente cuarto del Congreso en representación de Vox y en la recta final de los noventa portavoz del PP en la comisión de Interior de la Cámara. Y las actas que retratan cuál era su posición hace dos décadas son las que conforman el Diario de Sesiones del Congreso.

De la satisfacción por los "contactos exploratorios" de Aznar a vapulear a Marlaska

Hace dos semanas, Gil Lázaro acusó al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de "pasividad cómplice" con "los herederos políticos de ETA" que homenajean a quienes fueron condenados por terrorismo. Gil Lázaro se lanzó a degüello contra Marlaska: “Repugna e indigna contemplar como los herederos políticos de ETA exigen la libertad de una bestia inmunda como Parot o cómo el etarra Otegi dice que es absolutamente normal estos homenajes".

En 1998, y como ya contó infoLibre, Gil Lázaro fue uno de los negociadores de la primera moción con la que el Congreso pidió de forma unánime al Gobierno el acercamiento de los presos etarras. Al año siguiente, y durante el debate de la segunda moción en esa misma línea, el actual vicepresidente del Congreso mantuvo intacta su posición. Y ensalzó las conversaciones abiertas por el Gobierno con el grupo terrorista: "La paz no tiene otro camino que el primar entre todos los puntos de coincidencia e intentar hacer posible ese sendero de la paz", dijo en junio de 1999. Tres meses más tarde, subió el diapasón: "Por la paz el presidente Aznar ha impulsado un conjunto muy importante de iniciativas de las que ha informado a los españoles con transparencia; iniciativas de tan hondo calado como la autorización de contactos exploratorios con ETA de su discurso".

El discurso no se paró ahí. Las iniciativas de "hondo calado" adoptadas entonces por el Ejecutivo del PP incluían "la apertura de vías de retorno para quienes no tengan causas pendientes, el traslado a la Península de los presos que estaban fuera de la misma, la reciente decisión de acercamiento a centros penitenciarios del País Vasco o de su entorno de un número muy importante de presos etarras y la clara expresión de voluntad de reiniciar los contactos que la banda unilateralmente decidió suspender este verano". Gil Lázaro dijo todo lo anterior el 14 de septiembre de 1999 [puedes leer aquí su intervención al completo]. El 28 de noviembre, ETA anunció el fin de la tregua. El 21 de enero de 2000, a poca distancia del río Manzanares ETA asesinó en Madrid con un coche bomba al teniente coronel del Ejército de Tierra Pedro Antonio Blanco García.  El 20 de octubre de 2011 anunció su desaparición. 

Expresos de ETA que optaron por la Vía Nanclares han realizado un llamamiento a "responder del dolor causado", no solo a quienes integraron ETA, sino también a los dirigentes políticos de la izquierda abertzale. "No es lícito esconderse bajo tierra como los topos y dejar todo el peso sobre los autores de los atentados", han advertido.

Estos exreclusos, que fueron expulsados del EPPK por su adhesión a la Vía Nanclares —por la que se desvinculaban de la lucha armada, admitían el daño causado y solicitaban beneficios penitenciarios—, han publicado un artículo en el diario euskaldun Berria. Los autores son Kepa Pikabea, Andoni Alza, Rafa Caride, Andoni Díaz Urrutia, Ibon Etxezarreta, Carmen Gisasola y Joseba Urrosolo SistiagaIbon Etxezarreta.

En un texto, recogido por Europa Press, estos expresos han recordado los diez años transcurridos desde que ETA "diera por finalizada su actividad armada", y han revelado que en prisión no eran "pocos los presos que ya antes estaban a favor de eso".

"Creíamos que ETA no podía seguir adelante a ciegas, y esa convicción se hizo más patente tras el fracaso de Loyola", han señalado, en referencia a las conversaciones mantenidas por los socialistas, Batasuna y PNV para intentar poner fin a la violencia de ETA.

Sin embargo, han apuntado que, "con una gran ligereza, se dio paso a la decisión de continuar con las armas". "Pero fuera, por miedo a lo que pudiera venir, y para contrarrestar la decisión de ETA, la izquierda abertzale comenzó a moverse", ha añadido.

En este contexto, han remarcado que "algunos presos, sin esperar a las decisiones de nadie", empezaron a dar los pasos que consideraron. "Es decir, dimos por finalizada la lucha armada, admitimos el daño causado y dimos pie a solicitar beneficios penitenciarios (acercamiento, permisos de salida, cambios de grado, etc). Comenzamos a acceder a derechos que hasta entonces nos negábamos a nosotros mismos o que nos hacían negárnoslos", han manifestado.

Es lo que, según han subrayado, han empezado a hacer el resto de presos de ETA diez años más tarde. "Conocemos a más de un preso que no llegó a dar los pasos que nos atrevimos a dar nosotros por miedo a que él y sus familiares fueran perseguidos en el pueblo, y ahora a los presos se les pide que den esos pasos, porque nadie los descalificará en el pueblo", han lamentado.

Oportunidades perdidas

En este sentido, se han referido a "los responsables de las oportunidades perdidas para negociar —en Argel, Lizarra, Loyola, etc—, de dirigentes que niegan haber militado en ETA, de persecuciones en los pueblos a la gente que discrepaba, de los que en los juicios pedían insumisión y que, viéndose en apuros, decían que solo hacían política y agachaban la cabeza ante la fiscalía". "Su estrategia política fue un error y no reconocieron el daño causado por la lucha armada", han aseverado.

Estos exreclusos adscritos la Vía Nanclares han recordado que el día del fin de ETA estaban en la antigua prisión alavesa. "Nos trajeron en pequeños grupos desde diferentes prisiones, como Asturias, Burgos o Zaragoza. Este proceso comenzó en 2008. No éramos un grupo muy grande los que decidimos venir a Nanclares, pero sí una foto significativa de la militancia de ETA", han rememorado.

Autocrítica

Asimismo, han explicado que tenían "claro, como militantes, que era necesaria una reflexión crítica sobre el pasado" y que tenían que dirigirse a la sociedad. "Por eso difundimos nuestros artículos de opinión y entrevistas, y nos reunimos con agentes sociales, políticos y víctimas, ayudando a cerrar heridas para dar paso a una nueva convivencia", han destacado.

Los expresos han precisado que en ello estaban en vísperas de que ETA declarara el fin de la lucha armada. "Nos juntamos con dos víctimas de la violencia en el taller para la convivencia, como grupo, y nos dieron más certeza para seguir en el camino emprendido. Posteriormente, nos reunimos con otras víctimas y amenazados", han recordado.

Tras apuntar que ya han pasado diez años, han denunciado que "se ha perdido demasiado tiempo, dando paso a la mera escenificación del desarme y desaparición de ETA, aunque se supiera que lo urgente era una reflexión sobre el dolor causado".

"Del dolor causado por los demás, tendrán que responder los que lo han causado, pero del causado por ETA, tenemos que responder los que fuimos militantes y los dirigentes políticos del entorno de ETA", han puntualizado.

En cuanto al GAL y las torturas, han señalado que "se dice que hay responsables directos de los actos y responsables políticos, tan responsables son unos como otros", pero también creen que eso es extensible a su caso. "Por eso, es inadmisible que, desde la responsabilidad política, no se asuma ninguna responsabilidad de lo ocurrido", han advertido.

En su opinión, "no es lícito esconderse bajo tierra como los topos y dejar todo el peso sobre los autores de los atentados". En esta línea, han reprochado que se quiera "responsabilizar de lo ocurrido" a los que fueron "castigados" con la prisión "y a los que aún siguen presos". "Es lo que queda por hacer diez años después", han concluido.

ETA no ganó nada, ni una sola cosa. Si acaso puede apuntarse un tanto es seguir enfrentándonos y sirviendo de tablero para el juego político 10 años después de que se acabara para no volver. A las horas en las que escribo esto leo que PSOE y PP no se ponen de acuerdo en la declaración institucional conjunta en el Senado en el décimo aniversario del fin de ETA. Teniendo en cuenta que personas concretas que forman parte de esos partidos la sufrieron hasta el dolor más insoportable y que su historia, la que ellos representan, está decididamente dañada por el terrorismo, no parece nada edificante que anden peleando por un par de frases que sirvan para no sé qué interés del día de hoy. 

La única victoria de ETA a día de hoy es su instrumentalización, de una forma u otra, por todo el arco parlamentario. Diría que sin excepción. Que hoy el politiqueo ocupe el espacio en el que deberían estar las víctimas, el recuerdo, el aprendizaje, la historia, el esclarecimiento de los crímenes que se produjeron, en varias direcciones, en aquella época o las llamadas a la concordia o a enterrar lo que nos llevó ahí, es un fracaso. En (parte de) su lugar está la declaración de uno, las valoraciones de las declaraciones, los mensajes elaborados en función de su popularidad o su electoralismo. Está todo lo que no debería estar.

Creo que entre todos le estamos dando eso a ETA. Y me jode. Siempre pienso que suele estar mal lo que no sabría explicarle, con ningunas palabras, a mis hijos. Esto no sabría cómo hacerlo. Tampoco sabría explicarles aquel mundo; cómo, en el mejor de los casos, convivíamos con noticias de asesinatos, amenazas, torturas. Cómo lo naturalizamos. Cómo entendíamos que era lo que había. Cómo vivíamos en un mundo, al menos yo lo percibía así, en el que esa violencia nunca iba a desaparecer. No quiero ni tener que explicárselo. Quiero que ni se lo imaginen. Que quede para nosotros. Que su mundo sea, como es, mejor.

ETA no puede ser una necesidad para hacer política. ETA no debe estar en ninguna estrategia. Nadie se merece eso, ni los que lo sufrieron, ni los que lo vivimos, ni los que tienen la suerte de crecer en un mundo sin esa violencia y todo lo que la circundó. Pero, sobre todo, quien no se merece ese protagonismo es ETA. Que está muerta y enterrada. Que perdió, aunque a veces los partidos, que no las personas que los conforman, se emperren en concederles este triunfo.

La izquierda abertzale completó este lunes una travesía de diez años en la que ha pasado de una simple declaración en contra del “uso de la violencia para lograr objetivos políticos” sin referencia alguna a ETA a asumir, a través de su coordinador general, Arnaldo Otegi, que la organización terrorista “nunca debió” producir “el dolor” que causó a las víctimas.

La Declaración del Dieciocho de Octubre, que es como la izquierda abertzale ha bautizado el documento leído por Otegi a dos días del décimo aniversario de que ETA hiciese pública su decisión de abandonar definitivamente las armas, menciona por primera vez de forma expresa a las víctimas de ETA. “Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor, y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo”.

Pero evita la “condena” de las actividades de ETA, que es lo que las víctimas llevan años reclamando. En vez de eso, el líder de EH Bildu se limitó a lamentar que “el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado”. No obstante, añadió, “estamos convencidos de que es posible al menos aliviar [ese daño] desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles [a las víctimas] de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello”.

La referencia a las víctimas forma parte de una declaración más larga en la que EH Bildu celebra que ETA cumpliese su compromiso de hace diez años de abandono de la violencia. “El fin de su actividad ha sido total y completo”, así como “su desarme y posterior desaparición”. “No había trampa. No se trataba de ningún cálculo táctico”, subraya el documento.

La breve alusión a las víctimas está a acompañada por un párrafo que, a renglón seguido, reclama “una solución integral” a “la cuestión de los presos y las presas políticas”, en referencia a los condenados por los crímenes de ETA que siguen en prisión, a quienes atribuye un “papel activo, decidido y decisivo en la superación de la estrategia armada y su definitivo compromiso con las vías pacíficas y democráticas. Sin ellos y ellas no hubiera sido posible”.

En su nacimiento, en abril de 2011, Bildu exigió a sus candidatos municipales y forales que firmasen una declaración por la que se comprometían a oponerse “al uso de la violencia para lograr objetivos políticos”, pero sin mención alguna a ETA ni al daño causado.

Bildu es una coalición electoral formada por Sortu —formación heredera de la antigua Batasuna— pero también por fuerzas políticas que siempre han condenado a ETA, como Eusko Alkartasuna, Alternatiba y, posteriormente, Aralar. De ahí que algunos diputados, como Oskar Matute o Jon Iñarritu, sí hayan condenado expresamente la violencia de ETA. Y que otros, como Mertxe Aizpurua, se hayan limitado a rechazar todas las violencias.

Los estatutos de Sortu, que resultaron claves para su legalización (2012), afirman que “desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos”, lo que incluye “abiertamente y sin ambages, a la organización ETA”. Rechazo sí, pero no “condena”, que es lo que exigen las víctimas y una gran parte del arco parlamentario.

No obstante, durante estos años, EH Bildu ha ido dando algunos pasos. Acudió al homenaje a Ernest Lluch, asesinado por ETA, y ha acudido a algunos eventos en el Congreso y en el País Vasco de reconocimiento a las víctimas de la organización terrorista. En 2015, su versión navarra llegó a formar un documento en el que afirmaba su “rechazo o condena de cualquier tipo de expresión de violencia que se produzca, incluida la de ETA”, hasta la fecha la única ocasión en la que EH Bildu ha condenado la actividad de ETA.

La resistencia de EH Bildu a hacer una condena explícita de los atentados de ETA sigue siendo la frontera que la izquierda abertzale se resiste a traspasar. Y eso es precisamente lo que las asociaciones de víctimas echan en falta, incluidas aquellas que reconocen que la Declaración del Dieciocho de Octubre constituye un avance.

María Jauregi, hija del asesinado Juan María Jauregui, aseguró en Twitter que se trata de “otro paso más, esta vez gigante, a favor de la convivencia. Muchas gracias, de verdad”, escribió. El periodista y víctima de ETA Gorka Landaburu la considera “un paso positivo”. Aunque cree que “falta autocrítica política y pasar de la palabra a los hechos”.

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa sostiene que Otegi se ha quedado “a medias” y le emplazó a que no pasen “diez años más” antes de que la izquierda abertzale ponga fin a “mociones, manifestaciones y homenajes” a ETA o a sus presos. Covite, la asociación de víctimas que preside Consuelo Ordóñez, reconoció “que ha habido un salto apreciable en el discurso”, pero lo considera todavía “insuficiente porque no reconoce ni condena las razones por las cuales ETA causó víctimas”. Y la izquierda abertzale “tiene pendiente condenar el terrorismo y desmarcarse del fanatismo”.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) exigió a EH Bildu reconocer que “ninguno de los atentados de ETA tuvo justificación” y que pida perdón por ser “altavoz y brazo institucional de los asesinos”. Así como que facilite “que los asesinos etarras colaboren con la Justicia para resolver todos los casos aún pendientes de resolución”.

Al PNV tampoco le ha satisfecho la declaración. Es un paso “corto e insuficiente”que no reconoce como “injusto” el daño causado por ETA.

La dirección nacionalista observa aportaciones “positivas” para la construcción de una nueva convivencia y para la necesaria reparación de las víctimas de ETA, pero señalaba existencia de “omisiones en aspectos clave en los que la izquierda abertzale y el mundo que dio cobertura a la organización armada aún tienen un trecho ético y político que recorrer”.

El PNV celebra que EH Bildu quiera mitigar el sufrimiento causado, espera “que sus próximas actuaciones estén en consonancia con estas palabras” y hace votos porque “no tengan que pasar otros diez años para que la izquierda abertzale reconozca la injusticia del daño causado por ETA y realice la lectura crítica de la propia existencia de la organización armada que le viene exigiendo una abrumadora mayoría de la sociedad vasca“.

La derecha, en contra

En contra de la declaración de Otegi se pronunciaron PP, Vox y Ciudadanos. El líder de la oposición, Pablo Casado, exigió en una entrevista —antes de la lectura de la declaración— que EH Bildu pidiese “perdón” por los asesinatos de ETA y dijese “que no ha merecido la pena”. Su partido ya no sólo quiere una “condena” por parte de la izquierda abertzale sino que “colabore para resolver 300 asesinatos” sin resolver, exactamente la misma demanda que hace a los presos de la organización terrorista.

El presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, fue mucho más duro. Las palabras Otegi, declaró, son "una broma macabra" y le dan “asco”. “Se ríe de la víctimas”, acusó.

Vox tampoco cree que EH Bildu sea sincero. E igual que Casado insta a la formación abertzale a colaborar para esclarecer los asesinatos que todavía están pendientes en los tribunales señalando a sus autores.

El PSOE, en cambio, valoró la declaración. El exlehendakari y secretario de Memoria Democrática del partido, Patxi López, la considera “una especie de enmienda a su papel en el pasado como sostenedor” del terrorismo. López aseguró saber “lo que cuesta” cualquier avance o paso en el “complicado” mundo abertzale.

Para los que han vivido el “ETA, mátalos”, subrayó, es un “avance”. Quien lo niegue, acusó, “niega la verdad por un indecente cálculo político”. “Estamos hartos ya de los agoreros”, proclamó en referencia al PP.

Unidas Podemos está entre los partidos que han celebrado la declaración de EH Bildu. UP la considera un “paso sin precedentes” que permite avanzar en el cambio de la "paz y diálogo", un gesto que es de "justicia" que todos los demócratas reconozcan.

Si hay algo que llama la atención a cualquiera que visite las calles y los pueblos del País Vasco, diez años después de que ETA pusiese fin a varias décadas de actividad terrorista, es la normalidad con la que la mayoría social ha pasado página. La naturalidad, al menos aparente, con la que el grueso de los ciudadanos vascos ha enterrado una larga y dolorosa historia de sufrimiento.

Permanecen, no obstante, las pancartas, los murales y los carteles que reivindican a los presos de ETA. Y los actos públicos de homenaje a quienes regresan a sus localidades de origen después de cumplir condena, como también la indignación de las familias de las víctimas y una controversia política cada vez más acusada ante la dificultad legal de prohibirlos antes de que tengan lugar.

ETA fue derrotada. Sobre eso hay pocas dudas. Así lo certificó la Estrategia de Seguridad Nacional en 2017 durante el mandato —poco sospechoso— de Mariano Rajoy. No obstante, PP, Vox y Ciudadanos se empeñan en mantener viva su memoria como arma política contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de plegarse a las demandas de quienes, según la derecha, son sus herederos políticos. Son incluso la propia ETA, si nos atenemos a las acusaciones más graves que en ocasiones pronuncian sus dirigentes para tratar de desacreditar las decisión de PSOE y Unidas Podemos de incorporar a EH Bildu a las rutinas de negociación que tienen lugar en el Congreso para sacar adelante leyes, decretos y presupuestos.

Las que de verdad quedan son huellas imposibles de borrar. Las de las víctimas y sus familias, muchas de las cuales siguen sin tener no ya el consuelo de que los asesinos hayan sido condenados sino de no saber siquiera quién y cómo se cometió el crimen que cambió sus vidas para siempre. Y las de los miembros de ETA que sí fueron detenidos y condenados, gran parte de los cuales continúa en prisión. Algunos de ellos con un horizonte penitenciario de 40 años por delante después de que se les aplicase la reforma del Código Penal de 2003 para el cumplimiento íntegro de las penas.

Que ETA haya desaparecido no significa que la Policía, la Guardia Civil y la Audiencia Nacional hayan dejado de investigar. Especialmente los crímenes de sangre sobre cuya autoría aún no se ha dicho la última palabra porque no se conoce la identidad de todos los que intervinieron en el atentado. Uno de loas casos más llamativos es precisamente el del último atentado mortal de ETA, el que el 30 de julio de 2009 acabó con la vida de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Mallorca. Y cuya investigación sigue, 22 años, después, en vía muerta.

“La esperanza no la vamos a perder nunca”, asegura tajante Marcelo Azcárraga, el fiscal de la Audiencia Nacional encargado de coordinar la averiguación de los delitos sin resolver de ETA y otras organizaciones terroristas. Ni siquiera la esperanza de que “alguien” decida “dar un paso” al frente y “haga una declaración” que permita arrojar luz sobre los muchos asesinatos sobre los que todavía no se sabe toda o una parte de la verdad. Algo que, reconoce Azcárraga, “jamás” ha ocurrido. Nadie de ETA ha colaborado nunca en la resolución de las investigaciones que permanecen abiertas. Ni siquiera los presos que en su día se acogieron a la vía Nanclares. Ni aquellos que más distancia han puesto con la organización terrorista.

La falta de colaboración es una queja habitual de las organizaciones de víctimas, sobre todo desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió poner fin gradualmente a la política de dispersión. Una estrategia penitenciaria construida para minar la unidad de los presos y dificultar sus comunicaciones con la banda terrorista que ahora, diez años después del fin de sus actividades, ya no tiene sentido.

Crímenes sin resolver

A falta de una última actualización, que pretende completar de aquí a fin de año, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), asegura que los asesinatos cometidos por ETA que siguen sin resolver son 324. “No es un reproche al Estado”, subraya la letrada, que elogia sin reservas la labor de policías y guardia civiles así como de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Gracias a ellos, asegura, en los últimos años se han celebrado 20 juicios, 15 de los cuales han acabado en condena. Siete de ellos, causas abiertas recientemente. Gracias al esfuerzo de los investigadores, la AVT calcula que además se han reabierto un centenar de casos.

La amnistía de 1977 blindó cualquier posibilidad de investigar los asesinatos anteriores a esa fecha. Y la prescripción de las causas ha dejado y dejará fuera del alcance de los tribunales numerosos atentados —ya está pasando con atentados de los años ochenta, según fuentes de la Fiscalía—. Pero eso no desanima ni a la AVT ni a la Fiscalía, cuyo empeño tiene que ver no sólo con construir acusaciones que puedan ser tramitadas judicialmente sino con establecer la verdad de lo ocurrido. Algo que las familias, a falta de algo mejor, siguen necersitando.

No todo el mundo da por buena cifra de la AVT —324 casos sin resolver—. La asociación incluye en este cómputo, por ejemplo, atentados en los que se condenó a todos los miembros del comando pero no a su autor intelectual, la persona que dio la orden. O en los que no se identificó a uno o varios de los participantes. También figuran en el listado atentados cuyos autores no fueron condenados no por que no se sepa quiénes son sino porque ya murieron, algo que Ladrón de Guevara se propone depurar en los próximos meses para afinar lo más posible la cifra de casos pendientes de esclarecer.

Se trata, en cualquier caso, de una lista abultada. Tanto que el Parlamento Europeo, a través de la comisión de peticiones que preside la portavoz del PP en Europa, Dolors Montserrat, enviará en noviembre una misión al País Vasco para interesarse por estos casos y reunirse con víctimas y autoridades policiales y judiciales a petición de la asociación Dignidad y Justicia.

ETA asesinó entre 1968 y 2010 a un total de 843 personas, según el cómputo publicado por el Archivo Online sobre la Violencia Terrorista en Euskadi, de los que 755 han sido atribuidos a ETA militar, la versión de la organización terrorista que permaneció activa hasta el 20 de octubre de 2011.

Etxerat, la asociación de familiares de presos vascos, cifra en torno a 200 el número de personas vinculadas a ETA que cumplen en la actualidad penas de prisión. Entre ellos media docena que se niegan a acatar la decisión de la organización terrorista de poner fin a la violencia.

Las cifras sobre los presos varían constantemente. De esos dos centenares, hay en torno a 20 que cumplen condena en cárceles francesas. Del resto, una buena parte ya están en prisiones del País Vasco y Navarra (en torno a 80, siete de ellos en régimen de libertad provisional). Otro centenar, aproximadamente, se reparten en cárceles próximas a Euskadi.

La dispersión

“La versión más límite y cruel de la dispersión, con distancias de 2.000 km ida y vuelta cada semana [para las famillas de los presos], se ha acabado”, reconoce Etxerat. Aunque quedan todavía diez presos cumpliendo condena en prisiones de Madrid, Ávila y Salamanca, a más de 400 kilómetros del País Vasco. Y cuatro en centros penitenciarios franceses (París y Rennes) situados a más del doble de distancia.

En estos momentos, según la misma fuente, la mayoría de los presos de ETA están en 2º grado, la calificación ordinaria en las cárceles españolas, en la que los reos comparten zonas comunes, realizan actividades educativas o laborales y salen al patio. En este grado hay ahora mismo 157 presos de ETA, de los cuales seis reciben beneficios en aplicación del articulo 100.2 del reglamento penitenciario.

En tercer grado, que implica un régimen de semilibertad, hay 10 presos. Es un grado que se alcanza en función de diferentes factores, entre los que está el haber cumplido una parte imortante de la pena. De ellos cuatro disfrutan de “prisión atenuada”. Esto significa que cumplen condena en sus domicilios. Se trata de un régimen del que sólo suelen beneficiarse presos gravemente enfermos.

En régimen de primer grado —que supone aislamiento físico y está reservado a los presos peligrosos o socialmente inadaptados— sólo hay un condenado de ETA. Otros siete presos están en situación preventiva o pendientes de clasificación.

¿Cuándo saldrá el último preso de ETA de prisión? Aunque en los próximos años está previsto que abandonan las cárceles la mayoría de ellos, la cifra de los que han sido condenados de acuerdo con la reforma del Código Penal de 2003 —que estableció el cumplimiento íntegro de las penas— se aproxima a los 60. Y su número podrá incrementarse en los próximos años a medida que Francia vaya entregando a los que vayan saliendo de sus cárceles pero que todavía tienen causas pendientes en España. La mayoría de ellos no saldrá de prisión hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XXI.

Los mismos que acusan al presidente del Gobierno de pactar con los herederos de ETA, una banda terrorista y cruel que asesinó a 855 personas en 42 años, y que ya no existe, son los que pactan con quienes en la actualidad niegan la violencia de género que ha asesinado a 1.101 mujeres en 18 años, junto a 39 niños y niñas en los últimos siete. Una violencia que continúa cada día con sus agresiones y la amenaza de volver a asesinar en cualquier momento.

Por lo visto, los 20 asesinatos anuales que cometió ETA en el pasado son un problema grave, pero los 62 que sigue cometiendo en la actualidad la violencia de género no.

La actitud de la ultraderecha y la derecha con esa estrategia refleja su posición frente a la violencia que sufren las mujeres, una violencia que reconocen “por imperativo legal”, como juraban la Constitución quienes ahora son presentados testadores de las ideas de los socios del Gobierno.

Y lo hacen “por imperativo legal”, porque desde las posiciones conservadoras han reaccionado ante las manifestaciones de la desigualdad y las consecuencias de la violencia de género cuando la situación social les ha obligado a hacerlo, como se vio en 2002, año en que el PP con mayoría absoluta rechazó en solitario una “proposición de ley integral contra la violencia de género”, y luego la apoyó en 2004 tras perder las elecciones. Por eso, ahora que la ultraderecha ha creado un clima crítico con las mujeres, el feminismo y la Igualdad, la derecha se ha envalentonado y vuelve a jugar con las palabras para hablar de “violencia doméstica y familiar”, suprimir organismos de Igualdad, como ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid, también para decir que “los hombres sufren más violencia que las mujeres”, como ha manifestado Díaz Ayuso, y para mantener esa complicidad con quienes niegan la violencia de género, facilitando que la normalidad machista continúe con las referencias de siempre que integran esta violencia dentro de ella como algo propio de las relaciones de pareja.

Pero esa complicidad no sólo se limita a quienes de palabra niegan la violencia de género. Como dice el catecismo, los pecados, pero también el daño, se pueden producir “de palabra, obra y omisión”, y no hacer lo suficiente para erradicar las circunstancias que llevan a que cada día haya 1.600 maltratadores que agreden a las mujeres con las que comparten una relación, y a que 4.600 niños y niñas la vivan como un elemento más de su entorno familiar, no sólo es pecar de omisión, sino que es hacerlo de obra por complicidad.

Porque esa normalidad que critica a las mujeres, que acude al argumento de las denuncias falsas o al negacionismo, es la que hace que todavía hoy el porcentaje de denuncias sólo sea del 25%, y que el 80% de los homicidios se produzca sin que nunca antes se hubiera denunciado la violencia que termina por asesinar a esas mujeres.

“El silencio nos hace cómplices”, ya lo dijeron los grupos de “Hombres por la Igualdad” hace muchos años, y es cierto; pero hoy tenemos que dar un paso más y exigir acciones y distancia frente a quienes son cómplices de los 1.101 homicidios de mujeres en el contexto de la relaciones de pareja, puesto que también hay homicidios por violencia de género en otros contextos, especialmente dentro de la violencia sexual, como los sufridos por Diana Quer, Laura Luelmo, Cristina Ramos, Wafaa Sebbah...

La verdadera herencia social es el machismo, y de ella todos somos herederos si no renunciamos a través del compromiso y la transformación personal. Quienes defienden el modelo machista buscan perpetuar los privilegios masculinos y todos los beneficios que el sistema da a quien lo sigue.

La derecha tendrá que elegir de qué y de quiénes ser cómplice, si de la Igualdad y las acciones para erradicar la violencia de género, o de la ultraderecha y su machismo exhibicionista que la niega para seguir heredando privilegios de dolor e injusticia social.

Mucho antes de que existiera ETA y su herencia ya sufríamos el dolor de la violencia de género, y ahora, después de ETA, seguimos bajo la violencia de género y sus homicidios. El PP se vuelve a equivocar de compañero de viaje cuando actúa como cómplice de la ultraderecha, pues, aunque den muchas vueltas con su itinerario interesado, el destino sólo puede ser la realidad. Y la sociedad ya hace tiempo que llegó a ella, por mucho que algunos intenten hacer creer con sus bulos y mentiras que andamos perdidos.

La próxima estación no es “Esperanza”, sino “Igualdad”, y ellos decidirán si quieren llegar a ella o bajarse antes.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

El día que Iñaki Krutxaga le mató de dos disparos en la cabeza en el garaje de su casa, hace este sábado exactamente 20 años, Ernest Lluch estaba preocupado por su seguridad. En el pasado había recibido amenazas y la ofensiva que el comando Barcelona había puesto en marcha en aquellos días le había hecho temer por su vida.

Eran los tiempos en los que el duro Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, dirigía ETA y quería disipar cualquier tentación de que el diálogo pusiese fin a tantos años de sufrimiento. Y diálogo era, según quienes le conocían, lo que encarnaba Ernest Lluch. Matarle a él era matar el diálogo.

Hoy sería “un político raro”, por infrecuente, admite su amigo el diputado en el Congreso Odón Elorza: ”Era un hombre muy abierto a hablar con interlocutores de pensamiento diferente”. Tanto que cuando dejó la política activa y el Ministerio de Sanidad (que dirigió entre los años 1982 y 1986, durante el primer Gobierno de Felipe González, el tiempo justo para poner en pie la Ley General de Sanidad que todavía está en vigor) “pasó a ser un hombre con libertad de opinión, sin dependencias y sin sectarismos”. Siempre dispuesto a investigar en busca de soluciones, también para el conflicto vasco.

“En ese sentido era un intelectual y un político incómodo”, incluso para su partido, remarca Elorza, que fue alcalde de Donostia en los años que trabaron vínculos personales. El nuevo lema que eligió para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) cuando aceptó el puesto de rector, “Atrévete a pensar”, retrata su espíritu.

Su audacia quedó por escrito en muchos de los artículos que dejó. Uno de ellos, firmado al alimón con el también heterodoxo Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y publicado en el diario El País el 18 de septiembre de 1999, un año antes de su asesinato, llama la atención por su actualidad. “El sentimiento constitucional, la verdadera lealtad constitucional, exige hacer cuanto se pueda por conseguir que todas las fuerzas políticas vascas se 'enganchen' al bloque de constitucionalidad. Y eso hay que hacerlo no reabriendo un periodo constituyente, pero sí reviviendo el espíritu constituyente de imaginación, generosidad, transacción y consenso. Sin aferrarse a las palabras, sino atreviéndose a escribir palabras nuevas”.

Era un hombre tranquilo, pero también lleno de coraje. El mitin en la Plaza de la Constitución de San Sebastián en el que se encaró con los abertzales para pedirles que gritasen más, porque mientras gritaban no mataban, formaba parte de la campaña a la alcaldía de Odón Elorza. ”No esperábamos que hubiese una respuesta de la izquierda abertzale, del mundo proetarra de la parte vieja, con aquellos carteles de los presos. Y la verdad es que Ernest se calentó, porque tenía una gran esperanza en que aquella tregua fructificase”.

El 21 de noviembre de 2000, cuando Lluch aparcó su coche en el garaje de su casa de Barcelona, le estaban esperando. El etarra Iñaki Krutxaga acabó con su vida disparándole dos veces por la espalda. Fuera se había quedado cubriendo su vía de escape Lierni Armendariz. El tercer integrante del comando, Fernando García Jodrá, estaba en el piso franco, esperando.

Fueron detenidos apenas dos meses después, casi por casualidad, gracias a dos agentes de la guardia urbana de Barcelona. Krutxaga, el autor material, es hoy uno de los menos de diez irreductibles que, según Interior, aún reivindican la violencia en las cárceles españolas, y cumple condena en la prisión de Castellón I. Jodrá está en la de Huelva, pero Armendariz acaba de ser trasladada desde la prisión de A Lama, en Pontevedra, a la de El Dueso, en Cantabria. Está encarcelada desde enero de 2001, y hasta diciembre de 2023 no cumplirá las tres cuartas partes de su condena. Aceptó la legalidad penitenciaria y se comprometió a hacer frente a la responsabilidad civil. Interior justificó también su traslado en “razones amparadas por la Ley de Protección de Datos”, lo que habitualmente tiene que ver con su estado de salud.

Quienes le conocieron están convencidos de que Lluch defendería hoy más que nunca el acercamiento de presos de ETA al País Vasco como el de Armendariz y celebraría la decisión de EH Bildu de entrar en el juego político.

“Nunca me ha gustado interpretar a otros, sobre todo a los que ya no están”, advierte Elorza. “Pero en sus reflexiones, las conversaciones que mantenías con él, lo que tiene escrito, deja en evidencia que él desde el primer día hubiese puesto en valor el cambio de actitud de un sector de la dirección de la antigua Herri Batasuna, luego ya en Bildu, apostando por el diálogo”. Lo hubiera puesto en valor y “le hubiera dado credibilidad”, remarca.

La importancia del diálogo

“Otra cosa es que él hubiera dicho que, efectivamente, les faltaba romper con ciertas cadenas –explica Elorza– y hacer una autocrítica muy profunda. Pero ninguna duda de que lo hubiera celebrado, porque es lo que estaba pretendiendo durante mucho tiempo”, en línea con el acuerdo de Ajuria Enea, que decía lo mismo: que cuando ETA dejara de matar había que abrir un diálogo.

Las hijas de Lluch comparten esta opinión. Defienden el derecho de participación política de EH Bildu, pero no ocultan cierta desazón cuando se les pregunta qué les parece que una parte de sus dirigentes, los que proceden de la antigua Batasuna, sigan sin condenar expresamente los atentados de ETA.

Rosa, la segunda de las tres, tiene “una sensación ambivalente". "En primer lugar –explica– porque, por mucho que yo sea historiadora o por mucho que yo intente hablar desde la razón, en estos temas no dejo de hablar desde el estómago. Y debemos tener muy claro que determinadas decisiones nunca se pueden tomar desde el estómago, hay que tomarlas desde la razón”.

“A mí me incomoda, por decirlo suave, que algunos miembros de EH Bildu sigan con un discurso un poco ambiguo”, admite. Pero como es una “optimista de la razón”, prefiere fijarse “en las condenas claras y el hecho de que se hayan apartado de la violencia la mayor parte de los dirigentes de Bildu, que nunca estuvieron de acuerdo con ella. Prefiero quedarme con esa parte”.

Su hermana Eulàlia, la mayor, lo ve “contradictorio”. “Igual no saben apreciar lo que significa estar en una plena democracia”. Y aunque defiende sin reservas que Bildu esté en el Congreso, donde “tiene todo el derecho a estar”, y que participe “en el juego democrático igual que los otros partidos políticos”, eso no significa que esté cómoda con la resistencia de algunos de sus miembros a condenar lo que hizo ETA. “Me parece un poco cínico”, asegura.

Las dos hermanas critican sin paliativos que, a pesar de su desaparición, tanto ETA como sus víctimas sigan siendo usadas como arma arrojadiza en el Congreso de los Diputados. “Me parece una vergüenza”, dice Eulàlia sin rodeos. “Yo les pediría por favor que si quieren utilizar a las víctimas del terrorismo primero lo consulten con ellas. Algunas estarán de acuerdo, y tienen todo el derecho porque igual piensan como estos partidos, pero hay otras muchas víctimas del terrorismo que no pensamos igual”. Si quieren hablar en su nombre, que lo hagan en el de “algunas víctimas”. Otras, recuerda, “somos insultadas” precisamente por no pensar igual.

“Así que, por favor”, ruega a los políticos, “dejen de utilizar el fantasma de ETA para arrojárselo a la cabeza del gobierno, sea cual sea el gobierno. Que ningún partido utilice la memoria de las víctimas y a ETA para arrojarse porquería el uno al otro. Deberían ser más más inteligentes, que bastantes problemas tenemos ya como para encima resucitar fantasmas”.

Rosa tampoco entiende la actitud de los partidos que agitan el dolor de las víctimas. “Siento mucha tristeza, mucha vergüenza, siento mucho enfado. Que tantos años después las víctimas sólo sirvamos para que los políticos se insulten entre ellos me parece realmente de muy poco valor democrático”.

“A mí lo que me gustaría es que todos fuéramos capaces de superar este episodio de ETA como lo que es, una derrota de la violencia por parte de distintos protagonistas, entre ellos una sociedad que no aceptaba que en su nombre se matara gente”. La derrota de ETA, explica Rosa, “es un éxito”. Y eso “es lo que deberíamos estar poniendo de relieve, es lo que nos tendría que haber quedado, no estas disputas con las víctimas”. Unas víctimas “a las que, por cierto, nadie está preguntando cómo están o qué necesitan”.

Vistas en perspectiva, hay actitudes de la época en la que ETA mataba que son difíciles de entender. “Yo creo que sí. Creo que en general en el País Vasco y en todas partes hubo momentos que ahora, cuando los ves, con la distancia, son complicados de entender. Determinados silencios, determinadas complicidades que ciertamente se palpaban”. Por eso “acabó siendo víctima de ETA gente que claramente apostaba porque ETA acabara”, como su padre. Ahora lo que hace falta es “un espacio de relación y de tranquilidad, y los gritos de estos últimos días no contribuyen nada” a conseguirlo, lamenta.

Entender al otro

A la política española, añade, le falta en estos momentos “entender que el que no piensa como tú no es que sea mala persona o es que está equivocado, sencillamente piensa diferente”. “Estamos en una etapa en la que o piensas como determinada gente o directamente eres destrozado. Todos podemos ver las cosas de distinta forma; todos tenemos parte de razón y de no razón”.

Eulàlia es muy consciente de que un día los asesinos de su padre habrán cumplido condena y saldrán a la calle. “Sí, claro. Calculo más o menos que salgan de la cárcel dentro de unos diez años. Habrán cumplido sus condenas y yo no tengo nada que decir al respecto”. Evidentemente, añade, “no me apetecerá cruzarme con ellos en la calle, probablemente ni los reconoceré ni me reconocerán”. “Así son las normas: tú has cumplido tu condena, en teoría has pagado con la sociedad y vuelves a ser libre. No tengo nada que decir. Es así la justicia”.

La hija mayor de Lluch entiende que hay muchos asesinatos de ETA que están sin esclarecer y le “gustaría que se resolvieran, porque las víctimas que no saben quién asesinó a su familiar o a su amigo y están tantos años sufriendo sin saber quién lo hizo creo que no acaban de cerrar el círculo, no pueden completar su duelo. Yo en mi caso sé quién lo hizo, trabajo con un duelo más o menos llevadero. Pero gente que todavía no sabe quién mató a su padre, a su madre o a su hermano… Ahí no puedes acabar de cerrar el duelo. Eso sí que se tendría que resolver antes de enterrar definitivamente a ETA”.

“Nos va a pasar un poco como con la Guerra Civil”, explica, “que todavía hay heridas abiertas y muchas familias siguen sin hablar del tema. Y eso tampoco creo que sea bueno”.

En cualquier caso, lo que no acepta es que se utilice a ETA, “que tiene que estar sólo en los libros de historia”, para la refriega política. “El de ETA es un fantasma que espero que cada día se vaya difuminando más y llegue a no ser ni siquiera un recuerdo“.

En un artículo publicado en el diario El País el 11 de junio de 2000, apenas cinco meses antes de su asesinato, Lluch resumía muy bien la filosofía que hoy asumen sus hijas. Pedía no usar “el nombre de ETA en vano”, por el riesgo de “emponzoñar la vida colectiva” descalificando a cualquier adversario tachándolo de terrorista.

Odón Elorza es más duro que las hijas de Lluch a la hora de juzgar la utilización de las víctimas y el efecto que tiene sobre ellas que se haga debate político a su costa. “Bastante daño” ya ha hecho ETA “como para que ahora, por intereses bastardos, sectarios y miserables, la derechona y la caverna mediática la resuciten”.

Estar “todo el día jugando con ETA, como si estuviera presente, no es positivo para las víctimas” ni “para normalizar la situación, porque hay que hacer todavía muchas cosas en favor de la memoria y para que no se olvide el terror”. Lo que no hace falta es estar invocando “permanentemente a quien fue derrotado por la democracia”, remarca. “Sin condiciones y sin obtener nada a cambio”.

“Lo echo muchísimo en falta” confiesa el que fuera alcalde de San Sebastián. “No sólo en lo personal, también por las conversaciones que teníamos sobre la política del país. Era un hombre muy culto, un intelectual metido a político y la verdad es que sabía de todo. Y le echo en falta como padre político”.

Hoy, 20 años después de su asesinato, tanto Rosa como Eulàlia se confiesan conmovidas por el interés que sigue despertando su padre. Sobre todo entre la gente común que le conoce sólo por sus escritos y sus opiniones y que no tuvo la oportunidad de conocerle personalmente.

“A mí me emociona, y en cierta manera me abruma. Te hace sentir mucho más acompañada en el dolor, porque el dolor es colectivo”, dice Rosa. A Eulàlia le cuesta hasta entenderlo, confiesa. “Lo agradezco muchísimo. Yo creía que a medida que fueran pasando los años iría decayendo todos esto”. Sobre todo el recuerdo de “la gente de la calle, gente normal. Que es como mi padre era”.

El concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y su mujer, Ascensión García Ortiz, fueron asesinados por ETA cuando regresaban a su domicilio en Sevilla el 30 de enero de 1998. Dos miembros de la organización terrorista que, años después, fueron condenados como autores de aquel crimen —Mikel Azurmendi y Maite Pedrosa—acaban de ser trasladados a la prisión aragonesa de Zuera (Zaragoza) desde la cárcel de València. Allí seguirán cumpliendo los años de prisión que les impuso la Audiencia Nacional y que en el caso de Azurmendi vencen en 2026. Ambos han asumido la legalidad penitenciaria, condenan la violencia y han reconocido el daño causado, tal y como establece la reforma legal impulsada por el PP en el año 2003.

Este traslado, ordenado por Instituciones Penitenciarias a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión en la que cumplían condena es, según el PP, parte del pago que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, está haciendo a EH Bildu a cambio de su apoyo a los Presupuestos de 2021. Por eso este miércoles, en la sesión de control, el líder conservador, Pablo Casado, se lo echó en cara a Sánchez retándole a dar explicaciones mirando a los ojos de Teresa Jiménez-Becerril, hermana del concejal asesinado y hoy diputada del PP en el Congreso.

“A Alberto le dispararon por la espalda. Ascen empezó a gritar y la mataron también, Tenían 37 años y dejaron tres hijos huérfanos de 4, 6 y 8 años. Los tuvo que cuidar su tía Teresa”, enfatizó Casado a Sánchez conminándole a “mirar a los ojos” a la diputada y “darle una explicación”.

Lo que el líder conservador no contó, en su afán por reprochar a Sánchez el acercamiento de presos a prisiones del País Vasco —una práctica común a todos los gobiernos desde hace décadas en aplicación de los principios de reinserción y arraigo— es que sólo un mes después del asesinado de Jiménez-Becerril, el 1 de marzo de 1998, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, prometió a ETA que sería generoso si dejaba la violencia. Fue en una entrevista concedida al diario El Mundo: “Estoy dispuesto a ser generoso si es necesario, a ser comprensivo, si eso ayuda al final del terrorismo, eso es lo que tiene que entender todo el mundo, no es un camino sencillo”. “Yo estoy convencido de que en un final dialogado, si se produce un abandono definitivo de las armas, la sociedad española y el Estado sabrá ser generoso y sabrá adoptar medidas que nos sirven para mirar hacia el futuro y procurar que se superen cuestiones tan dolorosas del pasado”.

Aznar, apenas cuatro semanas después del entierro del concejal sevillano que Casado utilizó este miércoles en el Congreso para afear a Sánchez el posible apoyo de EH Bildu a los Presupuestos, defendía entonces la dispersión como una herramienta para la reinserción de los presos de ETA: “La política penitenciaria forma parte de la política antiterrorista. Y la política penitenciaria tiene que servir al fin de la recuperación, si es posible, de los individuos antes vinculados al terrorismo. No tiene sentido otro significado”.

Ese mismo año Aznar no sólo inició un acercamiento generalizado de presos de ETA al País Vasco, muchos de ellos con graves condenas por delitos de sangre, sino que ordenó negociar con la organización terrorista. El 4 de noviembre lo confirmó él mismo en rueda de prensa: “He autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación”.

Aquello ocurrió en 1998, cuando Casado tenía 17 años y, como él mismo recuerda a menudo, ya había descubierto su vocación política como consecuencia del asesinato del también concejal Miguel Ángel Blanco, ocurrido un año antes.

Cuando Rajoy defendía los traslados y Casado callaba

En 2012, en cambio, tenía 31, presidía Nuevas Generaciones del PP y acababa de estrenar escaño en el Congreso como parte de la mayoría absoluta que el año anterior había conseguido Mariano Rajoy.

Era para él una época dulce. ETA había anunciado apenas unos meses antes su decisión de abandonar la violencia. Casado hacía sus pinitos en el programa conservador El Gato al Agua y en mayo se estrenaba en Twitter enlazando su primera entrevista en Antena 3 TV.

En esa cuenta de Twitter, sin embargo, no había entonces ninguna referencia a los presos de ETA. Y eso que en abril, unos días antes, Rajoy y su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hoy imputado por la Operación Kitchen, acababan de presentar un plan de acercamiento de presos de ETA al País Vasco que desató la ira de las asociaciones de víctimas del terrorismo.plandesató

“Aquellos terroristas que de forma clara, decidida y solemne declaren que abandonen la banda, podrán acceder a un proceso de reinserción”, proclamaba entonces la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Aquel plan, que no mereció reproche alguno por parte de Casado, constaba de dos fases. La primera permitía el acercamiento a prisiones vascas para asistir a determinados talleres si los presos se adherían al programa. La segunda preveía beneficios penitenciarios como permisos, terceros grados y libertades condicionales.

El 16 de mayo de 2012, poco después de anunciar el plan de acercamiento y en un debate en el Congreso con un diputado de Amaiur —la formación política que entonces representaba a la izquierda abertzale— al que forzosamente tuvo que asistir Casado, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría dejó claro el compromiso del Gobierno de Rajoy con los traslados. Y, dejando poco espacio a la imaginación, sostuvo que la dispersión no tendría sentido una vez que ETA despareciese definitivamente. “No se finalizará la política de dispersión mientras ETA no se disuelva incondicionalmente”, aseguró desde la tribuna del Congreso. “Aquellos presos que manifiesten la voluntad de acogerse a programas de reinserción en el marco de la ley e individualmente podrán acogerse a esos programas, serán acercados a prisiones del País Vasco y lógicamente accederán a los beneficios penitenciarios cumpliendo todos los requisitos, que son la desvinculación de la banda terrorista, pedir perdón a las víctimas, hacerse cargo de las indemnizaciones anexas a sus condenas y colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de delitos cometidos por ETA, en la medida en que sean requeridos por ello y puedan”. Exactamente los mismos que se aplican en la actualidad.

En el mismo debate, el ministro Fernández Díaz abundó en la misma idea. Una vez que ETA se disuelva, proclamó, el Gobierno se replantaría la política de dispersión. “Creo que está bastante claro para que usted lo entienda“, le decía al portavoz de Amaiur. “Pero ya sabe que no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír”.

ETA se disolvió en 2018. Hace ya dos años y medio.

Los traslados de presos, también los de ETA, se deciden siguiendo las recomendaciones de las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario siguiendo criterios que se evalúan “caso a caso”. Y se llevan a cabo cumpliendo estrictamente la legalidad vigente, subrayan fuentes de Instituciones Penitenciarias con las que ha hablado infoLibre.

La “reinserción” y “evitar el desarraigo” son dos principios esenciales de la política penitenciaria española que en su día también apoyó el PP. El primero está blindado por el artículo 25.2 de la Constitución, según el cual “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social”. El segundo forma parte de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Su última revisión data de 2003 —cuando José María Aznar gobernaba con mayoría absoluta y el ministro del Interior era Ángel Acebes— y su artículo 12.1 establece como objetivo “evitar el desarraigo social de los penados”.

¿Por qué, entonces, se dispersó a los presos de ETA en cárceles muy alejadas del País Vasco y de Navarra? Porque “se hizo política” y se ignoró la ley, señalan las mismas fuentes. Se hizo para debilitar la unidad de los presos, dificultar el control que ETA ejercía sobre ellos y facilitar su desvinculación del terrorismo para “tratar de encauzarlos por vía pacíficas” y conseguir, en última instancia, su reinserción.

Es una política, la dispersión, que se sigue aplicando a los presos yihadistas para dificultar que puedan establecer vínculos y radicalizarse entre ellos.

La dispersión de internos pertenecientes a organizaciones criminales, sean estas terroristas o no, es muy común, según Sara Carou, doctora en Derecho y profesora de Derecho Penal en la Universidad Internacional de La Rioja. Carou asegura que la dispersión “tiene un perfecto encaje legal” porque para custodiar a los internos los centros penitenciarios tienen que “evitar acciones como motines o disturbios”. “En general”, explica, “los internos pertenecientes a organizaciones terroristas tienen una capacidad organizativa muy alta. Si todos están en la misma prisión pueden autoorganizarse para generar acciones encaminadas a colapsar el centro. Hay experiencias de otros países que lo demuestran. Para mantener el orden y la seguridad de los centros (obligación asumida por la ley por la institución penitenciaria), no es aconsejable asignar a todos los internos de una misma organización a un solo establecimiento, y para ello es más segura la dispersión”.

Carou sostiene que también puede defenderse la dispersión como una contribución a la reinserción. “Desde hace años se ha interpretado que lo más adecuado para que los presos condenados por terrorismo se reintegren a la sociedad es alejarse de los entornos sociales que han contribuido a su incorporación a este tipo de organizaciones delictivas“.

No obstante, en el contexto actual, en el que ETA ha abandonado su actividad delictiva, la profesora de Derecho Penal con la que ha conversado infoLibre sostiene que “puede haber casos en los que se pueda estudiar un acercamiento a los centros penitenciarios vascos de aquellos internos que cumplan una serie de requisitos” previsto en la ley y que “presentan un pronóstico favorable de reinserción”.

PP, Vox, Ciudadanos y la derecha mediática llevan varios días acusando al Gobierno de haber ofrecido a EH Bildu el traslado de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco a cambio de apoyo en los Presupuestos. También lo dice el PNV. No han aportado ninguna prueba, al menos de momento. Como tampoco lo hicieron cuando en su día trasladaron el mismo reproche al Gobierno cuando alcanzó un acuerdo con el PNV.

¿Cómo se decide el traslado de un preso de ETA a otra cárcel? Exactamente igual que cualquier otro preso. La propuesta de traslado la hace la junta de tratamiento de cada prisión en función de diferentes criterios que evalúan técnicos de cada centro penitenciario (psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y médicos, entre otras especialidades). Ellos toman una decisión teniendo en cuenta, por ejemplo, si el preso ha dado muestras creíbles de arrepentimiento, si rechaza la violencia, si ha pedido perdón a las víctimas y, sobre todo, si esas manifestaciones se corresponden con su comportamiento en la cárcel.

Las juntas de tratamiento están obligadas a revisar la situación de cada preso —también los de ETA— cada tres meses si están en primer grado y cada seis si están en segundo grado. Los grados marcan la dureza del régimen penitenciario: el primero es de aislamiento y se aplica a los presos más peligrosos (una situación habitual en el caso de etarras condenados por delitos de sangre). El segundo es el ordinario y permite salidas esporádicas algunos días del año. El tercero es un régimen de semilibertad.

La propuesta de cada junta de tratamiento puede incluir, en función de cada caso, una recomendación de traslado a una cárcel más cercana al País Vasco siempre que considere que esa decisión favorece la reinserción y atiende al arraigo, es decir, que responde a “una vinculación familiar”. Por decisión del ministro Grande-Marlaska, además, cada vez que se trastada a un etarra de un centro a otro se informa a las asociaciones de víctimas y a los medios de comunicación.

Interior no da cifras exactas, pero sostiene que es muy raro que Instituciones Penitenciarias contradiga la propuesta de una junta de tratamiento. Y si lo hace, explican, suele ser para aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite aplicar medidas previstas para grados distintos: por ejemplo, unas del primer grado y otras específicas del segundo.

No obstante, el hecho de que, en última instancia, la decisión sobre los traslados dependa de Interior, abre la puerta a distorsiones de carácter político. Es “un tema que, en principio, debería estar presidido por criterios técnicos, legales y criminológicos, aplicados por las Juntas de Tratamiento”, pero “puede estar distorsionado y torcido por cuestiones políticas totalmente ajenas al ámbito carcelario”, explica la profesora Carou.

De lo que no tiene no dudas el Ministerio de Interior es de que no se trata de un beneficio penitenciario: ya no se reducen las penas como ocurría en tiempos de Aznar. La condena sigue siendo la misma, sólo se decide que su cumplimiento se haga en otro centro.

Desde que Pedro Sánchez gobierna y Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior, Instituciones Penitenciarias ha ordenado el traslado de 104 presos de ETA, 11 de ellos al País Vasco porque a juicio de las juntas de tratamiento reunían las condiciones para acceder al tercer grado y su aplicación exige arraigo y cercanía al domicilio.

Las condiciones para el tercer grado

Para que un etarra alcance el tercer grado tiene que cumplir condiciones muy estrictas fijadas por ley. Lo dice el artículo 72 de la legislación penitenciaria —un artículo, por cierto, introducido durante la reforma de Acebes de 2003—: “La satisfacción de la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros”, mostrar “signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas”, haber “colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado”.

¿Y cómo se acredita eso? La ley lo dice expresamente: “Podrá acreditarse”, añade el citado artículo, “mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades”.

En cualquier caso, los terceros grados son la excepción en el caso de los presos de ETA —desde junio de 2018 sólo se han concedido 11, siempre a propuesta de las juntas de tratamiento—. El resto, hasta 93, son traslados que implican seguir cumpliendo la pena de privación de libertad —eso no cambia—. Y de ellos sólo 73 tuvieron como destino cárceles del País Vasco, de Navarra, de las provincias limítrofes o de Zaragoza y Soria.

Muchos de esos traslados, sostienen fuentes de Interior, son decisiones que en la jerga de Instituciones Penitenciarias llaman “regimentales”, es decir, producto de la necesidad de adaptar la situación de los presos a diferentes circunstancias. Para muestra un botón: no hace mucho fueron trasladados dos etarras desde Levante a Aranjuez porque tienen una niña de menos de tres años y en ese centro Interior dispone de un módulo para familias.

No hay beneficios penitenciarios, insisten. Ni redención de penas. Y eso que ETA dejó de matar hace nueve años y despareció hace dos y medio. Entre 1996 y 2004, con ETA matando, secuestrando y extorsionando —incluso con el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara encerrado en el zulo en el que permaneció 532 días— el Gobierno de José María Aznar acercó al País Vasco a 426 presos etarras.

Entre ellos, algunos muy conocidos por sus crímenes. Como Iñaki Bilbao, que estos días mantiene una huelga de hambre y es el cabecilla de la escasa docena de presos de ETA que todavía permanente fieles a la violencia y reafirman su voluntad de seguir matando. Bilbao saldrá de prisión en 2032. Para entonces habrá cumplido 76 años y habrá pasado más de la mitad de su vida (47 años) entre rejas.

O como José Antonio López Ruiz, Kubati, que ya cumplió 30 años de prisión como autor de 13 asesinatos, entre ellos el de la arrepentida de ETA Dolores González Catarain, Yoyes. O Antonio Troitiño Arranz, condenado por 22 asesinatos. Los ejemplos son muy numerosos.

En España siguen en la cárcel 197 presos de ETA, de los que 17 están en centros del País Vasco porque en su mayor parte ya están en tercer grado. Instituciones Penitenciaras no aclara por qué están allí el resto, pero ese silencio sugiere que probablemente sea por enfermedades graves.

“O bombas o votos”. La frase la pronunció el desaparecido dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba a comienzos de 2010 cuando pilotaba, desde el Ministerio del Interior, la batalla política y policial para acabar con ETA que el Estado acabó ganando menos de dos años después. Son cuatro palabras que resumen la apelación con la que la democracia española intentó, durante casi 40 años, convencer a la izquierda abertzale de que defendiera sus ideas de forma pacífica y empujase definitivamente a los partidarios de la violencia, en aquel momento cada vez más aislados, a enterrar las armas.

ETA dejó de matar hace nueve años (en octubre de 2011) y se disolvió hace dos y medio (en mayo de 2018). Y aquel debate —“O bombas o votos”— se ha transformado en una discusión sobre el derecho de la izquierda abertzale a actuar como un actor político legítimo. Son un partido legal —el Tribunal Constitucional así lo estableció en 2012—, rechazan el uso de la violencia y sus escaños son tan representativos como los de cualquier otra formación política. Pero aún así los partidos de la derecha —PP, Vox y Ciudadanos— e incluso destacados dirigentes del PSOE les niegan la condición de interlocutores válidos. Si antes el razonamiento era que apoyaban a ETA cuando la organización terrorista existía, ahora —una vez que ha desaparecido— el argumento es que no condenan lo crímenes que cometió.

EH Bildu, la formación que desde hace casi una década representa a la izquierda abertzale en las instituciones, se resiste a condenar expresamente y sin paliativos los asesinatos cometidos por ETA, aunque sí rechaza clara y enfáticamente toda forma de violencia, en un intento permanente de recordar que una parte de ella tuvo su origen en el aparato del Estado.

Es verdad que ha habido excepciones: en 2015 Bildu defendió en Navarra “el empleo exclusivo de las vías políticas, pacíficas y democráticas como medio de consecución de objetivos políticos y, por tanto, el rechazo y condena de cualquier tipo de expresión de violencia que se produzca, incluida la de ETA”. Pero fue una rareza. Lo normal es que los dirigentes de EH Bildu se resistan a condenar explícitamente a ETA.

Lo hizo su diputado Jon Iñarritu cuando en 2019 acudió en representación de su partido al homenaje anual del Día de las Víctimas del Terrorismo en el Congreso de los Diputados. Y volvió hacerlo su portavoz en la Cámara baja, Mertxe Aizpurua, cuando la vivienda de la líder vasca del PSOE, Idoia Mendia, sufrió en mayo una agresión que las fuerzas de seguridad relacionaron con el Movimiento Proamnistía y Contra la Represión, un grupo escindido de la izquierda abertzale que ha hecho bandera de Patxi Ruiz, uno de los presos de ETA que siguen siendo contrarios al fin de la violencia y a la disolución de la banda terrorista ETA.

“Rechazamos toda expresión de violencia”, dijo Aizpurua a laSexta criticando el ataque pero evitando usar la palabra “condena”. ”No puede ser que hagamos de las palabras un arma para utilizar y no poder mover posiciones", agregó mientras apelaba a la necesidad de "abrir caminos para la convivencia”.

Esta dificultad para verbalizar una distancia nítida con los crímenes de ETA se hizo visible también hace unos días cuando el negocio en Amurrio de la madre del líder de Vox, Santiago Abascal, fue vandalizado con una pintada. EH Bildu expresó nítidamente que consideraba “inaceptable el ataque” pero, una vez más, evitó conjugar el verbo condenar.

¿Por qué le cuesta tanto? “Nunca hemos utilizado el término condena por sus connotaciones religiosas. Pero está claro que rechazamos los ataques”, señalaron fuentes de Bildu a El País el pasado verano a modo de explicación.

Sea cual fuere el motivo por el que EH Bildu se resiste marcar esa distancia con el pasado, lo cierto es que la formación es en sí misma una expresión de la distancia que la izquierda abertzale ha tomado con la extinta organización terrorista. Por estrategia, hasta el punto de haber dado prioridad a su homologación como un actor político más en el teatro político español —están negociando los Presupuestos Generales del Estado con más flexibilidad que otras fuerzas políticas mucho menos sospechosas de haber tenido vínculos con el terrorismo— y por su propia naturaleza: tres de las cuatro patas que dieron lugar al nacimiento de EH Bildu son partidos que siempre condenaron la violencia de ETA cuando la organización terrorista aún existía.

Detrás de Euskal Herria Bildu (EH Bildu, que en español significa “Reunir al Pueblo Vasco”) hubo, en las últimas elecciones vascas del pasado mes de julio, 249.580 electores. Son casi 25.000 más que en 2016. Fue la segunda fuerza más votada en Euskadi: casi uno de cada tres vascos dio su confianza a las candidaturas de la izquierda abertzale. Eso sin contar su resultado en Navarra en 2019: 49.744 votos (el 14,6% del total).

Quienes desde el PP, Vox y Ciudadanos, desde la derecha mediática y desde algunas baronías socialistas quieren silenciar a EH Bildu pretenden que la voluntad de casi 300.000 electores españoles no sea tenida en cuenta en el Congreso.

EH Bildu nació legalmente en 2012, cuando ETA, forzada por un aislamiento social cada vez mayor y por una presión policial muy efectiva, ya había anunciado el abandono definitivo de la violencia. Nació como una coalición de cuatro partidos a los que —siguiendo un modelo muy habitual en la izquierda— se sumaron candidatos independientes. Esos partidos eran Sortu, Eusko Alkartasuna, Alternatiba, y Aralar y de ellos sólo el primero representa una línea de continuidad con la antigua Batasuna.

Es Sortu la referencia directa de la tradición política afín a ETA. Nació en febrero de 2011 pero no de la defensa de la violencia sino precisamente del debate desarrollado en la izquierda abertzale entre 2009 y febrero de 2010 sobre ETA. Una discusión que concluyó con la aprobación de un documento que por primera vez en el universo social cercano a ETA descartaba el uso de la violencia como forma de hacer política y apelaba a la "lucha de masas, la lucha institucional y la lucha ideológica" como únicas vías válidas.

Ese Sortu, que nació rechazando el uso de la violencia, lo que en aquel momento marcaba una distancia inédita con las formaciones precedentes de la izquierda abertzale, es el partido de Arnaldo Otegi, el actual coordinador general de EH Bildu.

Los otros tres partidos que dieron pie a la creación de EH Bildu tienen una trayectoria nítidamente abertzale así como un historial incontestable de rechazo a la organización terrorista ETA.

El primero y más antiguo es Eusko Alkartasuna, una escisión socialdemócrata del PNV que en 1986 lideró el exlehendakari Carlos Garaikoetxea y que desde hace varios años vive una grave crisis interna.

El segundo es Aralar (2001), la primera expresión política de la izquierda independentista vasca en desmarcarse expresamente de ETA. Después de contribuir al nacimiento de EH Bildu, Aralar tomó la decisión, hace apenas tres años, de disolverse en las nuevas siglas de la izquierda abertzale una vez que la coalición consolidó su propia estructura al margen de los partidos que la fundaron.

El tercero es Alternatiba, una escisión de Ezker Batua-Berdeak (la marca vasca de Izquierda Unida) encabezada en 2009 por Oskar Matute, uno de los cinco diputados que EH Bildu tiene en la actualidad en el Congreso.

El precio de los presupuestos

Pero más allá de su origen diverso, lo que ha sorprendido de EH Bildu en lo que va de legislatura —por insólita e inesperada— ha sido su disposición a contribuir a la gobernabilidad de España. Ese es el precio que la izquierda abertzale está dispuesta a pagar a cambio de su homologación como una fuerza política más en el escenario político del Congreso. Un estatus con el que, además, persigue disputar al PNV su tradicional hegemonía en la política vasca, como partido más votado pero también como interlocutor privilegiado con el Gobierno de España.

“Desde que ETA no está las cosas han cambiado en EH Bildu”, explica el periodista y víctima del terrorismo Gorka Landaburu. “Otegi fue un factor esencial para que ETA dejara las armas”, recuerda. Y “aunque a ETA la derrotamos, lo político también permitió ganar a lo militar”. Ahora “apuestan por la política. Y yo prefiero tener a esta gente en el Parlamento haciendo política que con las pistolas y las bombas que tanto criticábamos antes”.

De lo que hay constancia efectiva es de que EH Bildu está dispuesta a apoyar los Presupuestos de 2021 si se convierten en el punto de partida de la derogación de la reforma laboral (algo que ya está en el programa de Gobierno PSOE-Unidas Podemos) e incluyen avances y compromisos en derechos sociales, laborales y económicos que no han precisado.

En cambio, de lo que no hay prueba alguna, pese a la acusación que constantemente repiten PP, Vox y Ciudadanos, es de que el Gobierno vaya a entregar a EH Bildu, a cambio de sus votos en el Congreso, el traslado de los presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco o incluso pretenda romper de la unidad de España.

Lo único cierto es que el Gobierno que más presos de ETA acercó al País Vasco sigue siendo el de José María Aznar, y eso que ETA todavía ponía bombas y cometía asesinatos: 426 traslados entre los años 1996 y 2004. Una cifra que se redujo a 237 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Paradójicamente, las cifras cayeron sensiblemente desde que ETA dejó de matar. Con Mariano Rajoy (2011-2018) los acercamientos se redujeron a 40, pero siguieron produciéndose. Igual que con Pedro Sánchez: desde la moción de censura ha habido 72 traslados.

Se trata, en todo caso, de traslados que, como recuerda Landaburu, benefician a las familias, no a los presos. Porque las cárceles “tienen los mismos barrotes”, da igual dónde estén.

Landaburu es de los que piensan que “la izquierda abertzale en su conjunto”, no EH Bildu, donde conviven distintas sensibilidades, “tendría que hacer una condena mucho más explícita, rotunda y clara no sólo de la violencia terrorista sino de la historia de ETA”. A veces lo han hecho “con la boca pequeña y sí, tendrían que hacerlo de forma más explícita, pero es muy dificultoso renunciar a 40 años”.

A pesar de ello, a él no le cabe ninguna duda de que EH Bildu “es un partido tan democrático como cualquiera”. “Nos gusten o no está ahí y tiene la representación de la gente que les ha dado”.

¿No se debe pactar con ellos a menos que condenen a ETA? Él está convencido de que sí se puede. El PP, recuerda, llegó a acuerdos con la izquierda abertzale en los ayuntamientos y hasta Aznar pactó con Herri Batasuna para negociar con ETA en su momento.

En conversación con infoLibre, Landaburu se remontó a los años más duros de la violencia de ETA. “Todo el mundo decía que dejaran las pistolas e hicieran política, hasta la derecha lo decía. Y ahora que hacen política y ETA no existe, ¿qué hacemos? ¿Qué les exigimos?”, se pregunta. Es “una gran cotradicción. Moralmente podrás decir que no compartes sus ideales, pero ante la ley son tal legales como el señor Casado o el señor Sánchez”.

“Da la impresión”, remarca, “de que algunos, sobre todo del bando conservador, echan de menos la violencia y el terrorismo. Todo es ETA. Parece que no haya desparecido hace diez años”.

“La serie Antidisturbios es una auténtica basura”, tuiteaba el sindicato de la Policía Nacional Jupol, que acusaba a la producción de “manchar” la imagen de los agentes. “No es una serie, es un documental”, decía en cambio sobre ella Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana. Mientras, otras lecturas aseguraban que la producción de Movistar+, creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, “blanquea” al cuerpo de antidisturbios.

Con el estreno de Patria, adaptación de HBO de la novela de Fernando Aramburu, ocurría algo similar. Algunos la acusaban de ser demasiado benévola con las fuerzas de seguridad del Estado y de tratar como estereotipos a los personajes abertzales, mientras otros aseguraban que la serie se mostraba demasiado empática con la banda. Cuando la cadena lanzó un cartel promocional en el que se veía, frente a frente un asesinato terrorista y una escena de torturas policiales, el propio Aramburu saltó a la palestra para decir que le parecía “un desacierto” y figuras políticas como Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra, acusó a la cadena de “humillar a los asesinados”.

¿Se puede criticar y blanquear a la vez? ¿Por qué dos obras de ficción han conseguido generar un debate público de esta temperatura? ¿Qué ocurre, socialmente, cuando alguna obra cultural se atreve a tratar temas como el terrorismo de ETA o la actuación de la policía? Conversamos con la escritora Edurne Portela, el sociólogo César Rendueles, el escritor Iban Zaldua, el cineasta Marc Crehuet y el novelista Lorenzo Silva, que tienen sus propias experiencias con todo lo anterior.

Un caso de "polarización política"

Hay un motivo obvio, señalan, por el que Patria y Antidisturbios han encendido las redes y el debate mediático más de lo que lo hicieron otras obras: su popularidad. “Estos temas ya se han tratado en la literatura vasca”, dice Iban Zaldua sobre Patria, “lo que pasa es que la literatura vasca es pequeña, más bien minoritaria, y el audiovisual llega a mucha más gente”. El autor ha abordado el conflicto vasco desde la ficción en libros como Como si todo hubiera pasado, y señala que es mucho más probable que los medios se hagan eco de la polémica en torno a un cartel de la internacional HBO que en torno a Letargo (Bizia lo), de Jokin Muñoz, Premio Euskadi de Literatura en 2004 y una de las obras clave de la última literatura vasca. Que se lo cuenten al dramaturgo y cineasta Marc Crehuet, que en 2013 estrenó la obra de teatro El rey tuerto, una comedia negra que enfrentaba a un mosso antidisturbios y a un manifestante que había perdido un ojo por una pelota de goma lanzada precisamente por ese cuerpo. Aunque se llevó al cine en 2016, la película tampoco suscitó grandes polémicas, aunque trataba temas similares a los que aborda Antidisturbios y, gracias al humor, en ocasiones de manera más brutal. “Éramos una película independiente con ningún dinero para publicidad”, cuenta a este periódico. “Seguro que hubiese habido polémica de tener más repercusión. No creo que sea algo que se pueda achacar solo las obras, sino también a la repercusión”.

Sin embargo, no es casualidad que estos debates caldeados se den a menudo en torno a ciertos temas, como son el terrorismo, los cuerpos de seguridad, la Guerra Civil... Responde Edurne Portela, autora entre otros títulos de El eco de los disparos, que analiza el tratamiento de la violencia de ETA en el cine y la literatura: “Creo que son temas en los que existe una polarización política y social grave, bien porque tratan un presente conflictivo (como puede ser Antidisturbios), bien porque la historia a la que refiere no pertenece sólo al territorio del pasado: sigue estando presente porque las heridas de las víctimas siguen abiertas. Además son temas que se utilizan políticamente, que se manipulan para crear polarización”. Lo mismo opina Marc Crehuet, que ve en el tono de estos debates la evidencia de “un encierro en la propia ideología y el propio discurso de uno”. Y Lorenzo Silva, que en su literatura ha tratado de múltiples maneras la actividad de distintos cuerpos policiales, como hace en su última novela, El mal de Corcira, donde está muy presente el terrorismo: “Son temas que se instrumentalizan, no siempre desde la honestidad política y artística. Hay a quien le interesa que estemos viendo todo el rato cierto sufrimiento, pero no veamos otro. Y eso está ambos lados del espectro ideológico”. Esa instrumentalización, argumentan ambos, incita al análisis maniqueo y no se lleva bien con la complejidad y el matiz, creando en palabras de Portela “un problema grave de falta de imaginación y de empatía”.

Pero eso no quiere decir que no deba darse el debate, objeta Silva. “La polémica es lícita: ¿es que la gente no puede discrepar sobre cómo se tratan temas como estos? Son delicados, pero hay que abordarlos. Y el autor tiene que tener libertad para abordarlos, de la misma manera que el público tiene que tener libertad para criticarlos”. Si ambas cosas son relevantes es en gran medida por el peso que los entrevistados otorgan a la capacidad de la ficción para influir en la realidad. Una de sus funciones, dice Iban Zaldua, es “tocar problemas que están soterrados y de los que no se habla, llevarlos a un primer plano de manera más directa que la labor histórica, periodística y documental”. Aunque tradicionalmente se ha considerado que la investigación y el ensayo influyen de manera más determinante en el debate político que la ficción, el escritor defiende que esta “llega a muchísima más gente” y es de “digestión más fácil”, por lo que su capacidad de “hacer que pique la herida” es mucho mayor. Así, los debates generados en torno a la ficción tienen un mayor calado, sin dejar de ser una sublimación y un desarrollo de los conflictos políticos y sociales existentes. 

Asomarse a las sombras policiales

La idea de Antidisturbios surgió, contaba Rodrigo Sorogoyen, a raíz de las cargas contra las protestas del 15M, sobre las que conversaba entonces a menudo con la guionista Isabel Peña. La serie sigue a los miembros de la unidad de la Policía Nacional Puma 93, en actuaciones como la ejecución de un desahucio o el control de una batalla campal entre ultras del fútbol, pero también en sus contactos más o menos azarosos con la corrupción policial y política. “No es nuestra intención salvarles ni blanquearles”, decía el director en conversación con este periódico, “sino ver todas las partes: el exceso de violencia a veces, pero también la depresión a veces, o el compañerismo”. Huyendo de “ser maniqueos”, consultaron con sindicatos policiales como el Sindicato Unificado de Policía o el Sindicato Profesional de Policía (no con Jupol, precisamente). Nada de eso impidió que se desatara la polémica, en términos mucho menos sutiles que los pretendidos por el equipo.

Tanto Iban Zaldua como César Rendueles, profesor en la Universidad Complutense y autor de títulos como Contra la igualdad de oportunidades, apuntan a que una de las razones de esto es por el “corporativismo” de la policía, que explica que la serie haya sido criticada por el sindicato Jupol, a quienes se ha sumado el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP). “No creo que todos los policías sean de ultraderecha ni colaboren en las agresiones y delitos de algunos de sus compañeros pero la inmensa mayoría calla ante lo que ve. De hecho, cada vez que algún policía alza la voz sobre lo que hay que cambiar en las fuerzas de seguridad se enfrenta a una auténtica persecución por parte de al menos algunos de sus compañeros”, defiende, algo que de hecho atraviesa la trama de la misma serie. Rendueles asegura que la “sobrerreacción” de los sindicatos es “una pataleta infantil”: “Lo dramático es su silencio y pasividad ante la realidad que les rodea”.

César Rendueles cree, además, que Antidisturbios rompe el relato hegemónico en torno a la actuación policial. “La serie se enfrenta a un consenso forjado durante los años más duros de ETA”, explica, “que establece que la labor de la policía es incuestionable, y cualquier crítica es vista como una traición a la democracia. Un consenso que cuenta con un amplio respaldo judicial, político y mediático: los tribunales protegen a la policía, los políticos los indultan si esa primera línea de defensa falla y los medios de comunicación callan sobre todo ello”. En su opinión, este consenso ha calado también en la ficción, que se ha quedado en “la teoría de las manzanas podridas”: los agentes corruptos existen, pero son “individuos con comportamientos aberrantes” que el sistema persigue y se encarga de extirpar. “Cuando lo cierto”, dice, “es que en este país tenemos un problema estructural de falta de supervisión de la labor de la policía”. El sociólogo asegura que le interesará la ficción audiovisual sobre estas fuerzas cuando “se emita una serie sobre el cierre del periódico Egunkaria y las torturas a su director Martxelo Otamendi en 2003” o “sobre la muerte de 15 inmigrantes en El Tarajal por culpa de una intervención de la Guardia Civil”.

De otra opinión muy distinta es el escritor Lorenzo Silva. Cuenta que cuando publicó Carta blanca, en 2004, una novela protagonizada por un legionario y situada entre la Guerra de Marruecos y la Guerra Civil, recibió varias contestaciones de militares: unos le acusaban de denigrar a la Legión, otros le agradecían su retrato empático. Pero cree que la ficción audiovisual no ha alcanzado la complejidad en el tratamiento que sí tiene la literatura. “No se cuenta, o se cuenta poco o de manera poco desarrollada, todo el trabajo de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos que llevan a cabo los policías españoles”, reivindica. Asegura que el cine y las series han oscilado entre la “idealización” poco realista y profunda y la “demonización” de los distintos cuerpos de seguridad. “Yo echo en falta un término medio entre ambas cosas”, dice. Un término medio donde no sitúa a Antidisturbios: “La serie bascula hacia la presentación de los antidisturbios como seres más primarios que los que yo conozco, y los únicos que aparecen con una luz favorable son quienes investigan a la propia policía, que no son tan justicieros como es aquí la protagonista”. Una de las críticas a la producción de los sindicatos policiales es que algunos agentes son representados como consumidores habituales de droga, y como violentos, racistas o machistas.

Lo cierto es que la ficción española parece haber dado un giro en sus representaciones recientes del quehacer policial. Ha pasado el tiempo desde el estreno de producciones como Policías, en el corazón de la calle (Antena 3, 2000) o El comisario (Telecinco, 1999), que se centraban en el día a día de una comisaria con un estilo similar al que usaban series como Periodistas u Hospital Central para asomarse a otros oficios, sin articular una crítica profunda sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad ni aspirar tampoco al realismo absoluto. Estilísticamente, Antidisturbios sí abraza el hiperrealismo, con una extensa labor de investigación y una producción muy elaborada. Algo similar se propone La unidad, estrenada también este año por Movistar+, que se centra en la lucha contra el terrorismo islámico.

El trabajo hacia la convivencia

De más lejos vienen las polémicas que suelen rodear las obras que abordan el terrorismo de ETA. Sucedió con La pelota vasca, el documental de Julio Medem estrenado en 2004, en el que el director componía un relato polifónico sobre el conflicto reuniendo a voces enfrentadas, desde familiares de presos de ETA a familiares de víctimas del terrorismo. Aquí, el debate se abrió también incluso antes de su estreno: el PP se negó a participar en él por considerar que el cineasta no era lo suficientemente crítico con el nacionalismo vasco, e Iñaki Ezkerra, uno de los fundadores del Foro de Ermua, pidió la retirada de su testimonio tras un pase privado por considerar que el documental suponía una “justificación de la violencia”. La Asociación de Víctimas del Terrorismo llegó incluso a manifestarse contra la película en la gala de entrega de los Goya, en la que en cualquier caso Medem no fue premiado. También hubo polémica en torno al documental Asier ETA biok (Asier y yo), en el que el cineasta Aitor Merino se enfrentaba a las cuestiones morales que implicaban su amistad desde la infancia con un miembro de ETA. Merino insistía en que su posición política contra la violencia era clara, pero eso no bastó: su propuesta, una invitación a mirar de manera compleja las implicaciones de la radicalización, tuvo dificultades para distribuirse, incluso tras ser aplaudida en el Festival de San Sebastián.

Tanto Iban Zaldua como Edurne Portela señalan que el caso de Patria no es comparable: “En realidad, hasta ahora parecía que había un consenso general sobre PatriaPatria en los medios hegemónicos y saltó la polémica cuando apareció el cartel sobre la serie, que señalaba en primer plano en realidad una parte bastante secundaria de la novela: la tortura policial”, dice la autora. La polémica no viene tanto, pues, de su tratamiento de la banda terrorista, que ha sido visto mayoritariamente con buenos ojos, sino de esa representación de las fuerzas policiales. “Si hubieran puesto el cartel solo con la víctima asesinada, no hubiera pasado nada”, baraja Zaldua. “Lo que nos golpea y nos lleva a mostrar ese disenso de manera desabrida es, digamos, lo que nos toca en ciertos temas tabús. El tabú en España no es tanto la cuestión de ETA, sino la cuestión de la actuación de los grupos policiales y parapoliciales”.

El escritor introduce aquí un elemento importante: el contexto de recepción. El contexto cambia, y hace que un cartel cause aquí aceptación y allí rechazo, o que un documental pueda escandalizar en su estreno pero no lo haga una década después. Él se ha interesado particularmente por el cambio que se produce en la recepción cuando una obra publicada y leída originalmente en euskera es traducida luego al castellano y llega al público de fuera de Euskadi. “Cuando se escribe en euskera”, dice, como suele hacerlo él mismo, “hay unos temas que tienen una gran aceptación y no molestan al público euskaldun, que es mayoritariamente nacionalista y ha podido ver con más o menos simpatía a ETA y su entorno. Ahí, hablar de violencia policial no supone nada grave, sino que estás alabando a tu público. Pero en el momento en el que aparece una víctima de ETA a la que torturan, ahí hay más nerviosismo. En España, ocurre al revés. Eso es un problema no solo la hora de exportar las obras, digamos, sino a la hora de establecer un diálogo. Pero también es muy interesante”.

A eso se suman las dificultades de traducción y difusión que siguen encontrándose muchas obras escritas en euskera, que a menudo se acaban publicando en castellano en sellos minoritarios, lo que dificulta que lleguen al gran público y pasen a formar parte del debate. Edurne Portela reivindica que en Euskadi “se lleva haciendo un trabajo importante por salir de la polarización, por dar cabida a las diferentes experiencias y vivencias en relación con la violencia, trabajo imprescindible para la convivencia”. Un trabajo “lento y difícil”, admite, porque “la ruptura social ha sido grave, las heridas son recientes, queda mucho trabajo por hacer para deslegitimar la violencia (todas las violencias)”. Este trabajo, sin embargo, no ha permeado completamente al resto del Estado, donde en su opinión “se tira todavía de tópicos sobre el tema”. Esto se debe en parte por la influencia de partidos como Ciudadanos, PP o Vox que, para Portela, “manipulan obscenamente el tema y la memoria de las víctimas”, pero también por la resistencia de “la mayoría de los partidos nacionales” a “impulsar seriamente la investigación y el reconocimiento del terrorismo de Estado”. “Es un tema delicado, por supuesto, que hay que tratar desde el respeto y la conciencia de que la herida es reciente, pero parece que cualquiera que cuestione el discurso hegemónico, que introduzca el matiz o se salga del blanco y negro, ya es sospechosa”, critica.

Lorenzo Silva también reivindica la necesidad de crear una literatura “polifónica” y “compleja” en torno al terrorismo de ETA. “En la última novela yo lo abordo”, dice, “y por ella he recibido mensajes que me dicen que he blanqueado Intxaurrondo [se refiere al cuartel, que acumuló numerosas denuncias de tortura], y hay quien me dice que estoy blanqueando a ETA, porque en mi novela salen etarras y familias de etarras”.“Yo tengo un lugar desde el que miro”, dice, “y ese lugar es siempre la compasión con las víctimas y la solidaridad con quienes se comportan decentemente. Pero yo a los personajes intento no caricaturizarlos ni deformarlos ni simplificarlos, porque los seres humanos somos complejos, los etarras, la policía, los guardias civiles...”. Si no se admite esa complejidad en la ficción, defiende, es porque el campo político la rechaza y tiende a la simplificación. Precisamente por eso, la complejidad de la ficción puede abrir la puerta a una mayor aceptación de la complejidad en el campo político. Esa es la idea optimista en la que varios de los entrevistados coinciden. “Afortunadamente no todo son las redes sociales ni los escándalos políticos”, añade Marc Crehuet, “ni podemos juzgar toda la recepción de una obra por lo que ocurre en ellos”.

Aitor Gabilondo se enfrentaba a dos retos. Primero, adaptar Patria, una novela popularísima que ha llegado a más de un millón de lectores solo en España, según datos de la editorial, y que desde su publicación en 2016 ha figurado durante varios meses en la lista de los más vendidos. Segundo, hablar, a través de una serie de televisión, del conflicto vasco y el terrorismo de ETA, un tema con fama, en sus propias palabras, de ser “veneno para la taquilla”. Quizás la percepción de la industria empiece a cambiar con el estreno de Patria, la primera producción de ficción de HBO en España, el próximo 27 de septiembre. Los ocho capítulos de lo que es, en realidad, una miniserie, han recibido ya el aplauso de la crítica. Ahora tienen que llegar al público, llevando consigo mucho más peso del que se suele atribuir a un producto de ficción.

Porque la obra de Fernando Aramburu que adapta el equipo liderado por Aitor Gabilondo tenía una perspectiva política y moral clara. Y, aunque su autor asegurara que su propósito no era participar en el debate público sobre la violencia, sí admitía que la lectura política de la novela estaba siendo, al final, tan relevante como la literaria: “Es cierto”, admitía el novelista tras el lanzamiento, “que el libro no está interviniendo en las conciencias solo como un entretenimiento o por su posible relieve literario, sino como un documento humano”. A lo mismo se enfrenta la serie, que contrapone la historia de dos familias, una cercana a la banda terrorista, otra víctima de ella, a lo largo de varias décadas. Y Gabilondo, creador y guionista de la serie, entiende que así sea: “No me he planteado que la serie contribuya al debate de esa manera tan nítida, pero si lo hace, perfecto. Ojalá una serie de ficción trascienda su limitado ámbito del entretenimiento y sirva para que las personas se acerquen y traten de dejar sus prejuicios atrás”.

No las tiene todas consigo Ane Gabarain, que interpreta a Miren, una de las dos protagonistas. “Si aporta debate, diálogo y arroja preguntas, pues tanto mejor”, dice, pero la serie es sobre todo una obra narrativa, toda “emoción”, “corazón” y “acción”. Pero después de la presentación de la serie en el Festival de San Sebastián, Elena Irureta sí se ha hecho a la idea de que la producción no es una más, sino que toca una herida abierta: “No deja indiferente. Yo la viví con mucha congoja. Y en el estreno, miraba a la gente y había un silencio sepulcral. No se oía una mosca. A la salida, la gente estaba muy impactada con lo que había visto. Cuando la gente lo vea en sus casas, tiene que haber debate sí o sí, y está bien que lo haya”.

Todos insisten, eso sí, en que el valor de la producción radica en la humanidad de los personajes. De Miren, madre del etarra Joxe Mari, pero “una madre” al fin y al cabo. De Bittori, viuda de un empresario asesinado por la banda, “también endurecida” por a vida. Ambas han sido leídas como personajes arquetípicos, símbolos de una Euskadi dividida. Y de eso querían huir las actrices que les dan cuerpo. “Queríamos presentar a personas, personas de carne y hueso que hacen lo que pueden”, cuenta Ane Gabarain. “Los seres humanos somos complejos, imperfectos y torpes”. Y también lo es esa mujer abertzale capaz de defender que si una víctima de ETA regresa al pueblo del que fue expulsada es para “crear problemas”. Lo mismo dice Irureta, que interpreta a Bittori, amiga de Miren hasta que el compromiso político del hijo las aleja: “Hemos tratado de dotarlas de humanidad desde el principio. Lo hemos hecho con mucho cariño por los personajes, y viviéndolos con mucha verdad”.

También, dice Aitor Gabilondo, con el personaje de Joxe Mari, hijo de Miren, joven del pueblo, etarra condenado a más de un siglo de cárcel y también torturado por la policía. “Para mí, es un personaje al que comprendía. Entendía su coraje, su rabia, sus ideales y su búsqueda. Lo comprendía como personaje, claro. Pero me recordaba a muchas personas que había conocido”, dice Gabilondo a infoLibre. Una de las críticas que se han formulado en la novela es que Joxe Mari es un estereotipo del etarra, violento en todas las facetas de su vida, nada interesado por las sutilezas políticas y mucho por la brutalidad de la “lucha armada”. “Algunos lo consideran un garrulo, es verdad; yo no lo pienso”, objeta el creador. “Pero para eso está la ficción. No tenemos por qué tener todos la misma visión”.

En lo que no quiere caer el equipo es en el “relato único”, es decir, en vender Patria como si fuera el relato definitivo sobre la historia reciente de Euskadi. Es algo contra lo que han cargado, justamente, autores vascos como Iban Zaldua. “No es deseable ni conveniente que se diga de una serie de ocho capítulos que si la ves entiendes lo que ha pasado en los últimos sesenta años en el país. No, rotundamente no”, argumenta Gabilondo. Es un relato más, dice, como los reunidos por el propio Zaldua, por Ramon Saizarbitoria o por Bernardo Atxaga, autores de los que se declara admirador. “Lo que sí puede hacer Patria es acercarte a una realidad, con un medio fácil, y a partir de ahí que sigas indagando. En especial a la gente joven, a la que esto puede parecerle una cosa lejana”.

Si Aitor Gabilondo nombra a escritores es también, en parte, porque los referentes de ficción televisiva que hayan tratado este mismo tema son escasos. “Es un tema espinoso”, dice, “y se consideraba, decían, veneno para la taquilla hacer una serie en la que rondara ETA”. Sí que se encuentran antecedentes en el cine, claro: La muerte de Mikel (Imanol Uribe), Yoyes (Helena Taberna), Asier ETA biok (Aitor y Amaia Merino), Operación Ogro (Gillo Pontecorvo)... En televisión, hay que nombrar la reciente La línea invisible, de Mariano Barroso. No hay mucho más.

La cuestión temática se acabó resolviendo: “Para mí nunca fue una historia de ETA”, explica Aitor Gabilondo, “sino de dos familias que viven en un ambiente dominado por la violencia y la incomprensión. Ahí es donde puse —además, a la hora de venderla— la carga, lo que yo pensaba que era diferente”. Esto fue posible en parte, explica él, por la llegada de nuevas plataformas, que apuestan por unas producciones que no tienen por qué aspirar a contentar a todas las demografías. Pero también por el fin de la violencia: “El relato estaba ya terminado, hasta cierto punto. Así es como empiezan los relatos, con el érase una vez, pero eso solo puedes decirlo cuando algo ha terminado. Y terminó una parte. Ahora nos quedan otras. El futuro”.

El cartel que promocionaba la serie PatriaPatria, adaptación de HBO de la novela de Fernando Aramburu, cumplió su cometido: levantar pasiones y avivar los ánimos de cara al estreno de la producción el 27 de septiembre. A un lado, se veía a una mujer sosteniendo el cadáver de un nombre (quienes conocen el libro, saben que se trata de Bittori y Txato, a quien acaba de asesinar la banda terrorista ETA). Al otro, un joven se encoge, desnudo, en el suelo de una estancia vacía, vigilado por tres agentes en lo que parece una escena de tortura (quienes han leído el libro, saben que se trata de Joxe Mari, miembro de ETA y muy cercano a Bittori y Txato). Las críticas de equidistancia entre víctimas y verdugos no tardaron en llegar. Incluso el escritor se pronunciaba sobre el póster promocional: "Me parece un desacierto". 

Pese a los pocos enfurecidos, la campaña publicitaria surtía efecto, porque generaba controversia en torno a una obra sobre la que había habido una unanimidad atípica (aunque siempre hay disidentes). Con más de un millón de lectores desde su publicación en 2016, se mantuvo durante meses como el libro más vendido. Pero también fue alabada por los la mayoría de reseñistas y acabó haciéndose con el Premio Nacional de Narrativa y con el Premio de la Crítica. Quienes no disfrutaron tanto la novela señalaron, sí, algunos desaciertos narrativos, pero subrayaron también el peligro de que un único libro se recibiera como la Gran Novela sobre el conflicto vasco, cuando muchos otros autores lo habían abordado previamente (Ramon Saizarbitoria, Bernardo Atxaga, Harkaitz Cano o Iban Zaldua, entre muchos otros) y cuando aún queda mucho por escribir (y lo han hecho recientemente Gabriela Ybarra, Aixa de la Cruz o Edurne Portela, entre otras muchas). 

Pero ¿qué hay de verdad en el cartel de la serie? ¿Es Patria fiel a la novela de la que nacePatria? ¿Lo es en tanto en su estilo como en su tesis política? Más allá del tema tratado, ¿funciona como adaptación? ¿De qué prescinde y qué aporta? El pasado martes 15 de septiembre, HBO organizó un pase de prensa para presentar los dos primeros capítulos, de una hora de duración. A partir de ellos, y a la espera del estreno de los otros ocho, estas son algunas claves de la serie, creada y escrita por Aitor Gabilondo, y dirigida por Félix Viscarret y Óscar Pedraza. 

Una línea política clara: la "derrota" audiovisual

La primera preocupación, con la salida del famoso cartel, fue que la serie Patria hubiera traicionado el núcleo político que sostiene Patria, la novela. Aramburu fue muy claro sobre el mismo en las entrevistas promocionales: se trataba de articular la "derrota literaria de ETA". Y lo fue también dentro del libro, porque entre sus páginas cuela un alter ego que da una charla sobre literatura y terrorismo a través del cual el autor dice: "Escribí sin odio contra el lenguaje del odio y contra la desmemoria y el olvido tramado por quienes tratan de inventarse una historia al servicio de su proyecto y sus convicciones totalitarias". En ese sentido, el libro no era imparcial ni lo pretendía. Y quien vea los dos primeros capítulos de la serie llegará a la misma conclusión: aunque las tintas puedan parecer menos cargadas que en la novela —porque el audiovisual no cuenta con la voz del narrador—, está claro de qué lado están los creadores y la producción. 

De hecho, Aitor Gabilondo y Félix Viscarret (director de los primeros cuatro episodios) se esfuerzan por dejarlo claro desde el principio. En el libro, el lector entra a la historia de la mano de Bittori, ya en la última etapa de su vida, en 2011. El asesinato de su marido Txato a manos de la banda irá apareciendo poco a poco aquí y allá, a través de los recuerdos que de él guardan los distintos personajes. La serie, sin embargo, arranca con el atentado y lo hace a través de la mirada de Bittori: le vemos despedirse de Txato, que vuelve al trabajo como cada tarde. La cámara se detiene en ella, que sestea, durante unos segundos interminables. Entonces se escuchan los disparos. Bittori apenas necesita asomarse por el balcón o arrojarse a la calle, desesperada, para saber lo que ha ocurrido. Y el espectador no necesita mucho más para saber junto a qué personaje situar su empatía y sus lealtades. El primer capítulo lo cierra la misma escena, que se repite. Pero aquí podemos ver y escuchar el grito desgarrador de la mujer pidiendo ayuda en la calle desierta y empapada. Una ayuda que nadie le presta. 

La moral y el físico: la dignidad de las víctimas

Si el audiovisual suele prescindir de la voz del narrador, básico en narrativa, tiene algo de lo que la novela carece: la posibilidad de controlar absolutamente el aspecto físico de los personajes. Bittori (Elena Irureta) es una mujer elegante, conservadora en el vestir, de pelo cano y bien peinado, gesto duro y barbilla alta. Su apariencia es marca de su clase —no es un detalle menor, tampoco en la novela, que en su familia haya mucho más dinero que en la de su amiga Miren (Ane Gabarain), madre del etarra Joxe Mari (Jon Olivares)— pero también tiene un aura de dignidad que puede asociarse con el sufrimiento que ha experimentado y con el motor de su arco narrativo, averiguar quién mató a su marido. Es la materialización de ese concepto tan abstracto como repetido de la dignidad de las víctimas. 

El realismo y el naturalismo, corrientes literarias del siglo XIX que marcan aún buena parte —si no prácticamente toda— de la narrativa occidental, solían recurrir a una herramienta que servía a uno de sus propósitos, la profundización minuciosa en la psicología de sus personajes. Se trata de la asociación entre su físico y sus valores morales: si los personajes están marcados por su posición social y su herencia familiar, el físico tendrá un peso relevante; pero también lo tendrá si sus experiencias vitales son consecuencia del contexto social, porque su aspecto será signo de lo vivido. Y la serie Patria, aunque sea una creación audiovisual, no deja de ser deudora de esta tradición. 

Así, la dignidad también física de Bittori se extiende a sus hijos: Xabier (Íñigo Aranbarri), médico, guapo y siempre pulcramente arreglado —a diferencia de en la novela, donde se habla de su mal gusto en el vestir—; Nerea (Susana Abaitua), después de una juventud rebelde, hecha una mujer madura, centrada, que se esfuerza por hablar del trauma familiar y está decidida, en un principio, a participar en los encuentros con presos de ETA organizados por la vía Nanclares. La Miren del 2011, sin embargo, aparece desarreglada, vestida con prendas que no se consideran apropiadas para su edad, con gesto poco amable y  mirada torva... en contraste con la Miren de los ochenta, que no había iniciado aún por el proceso de radicalización a favor de la lucha armada, y cuyo aspecto no se distingue apenas del de su amiga.

Un impacto aún mayor se consigue con el personaje de Joxe Mari: después de verle como un joven apuesto, jugador de balonmano, muy popular en el pueblo, le vemos en su celda, tras años de prisión. El cuerpo encorvado, la cara hinchada, un cabello que clarea pero que sigue llevando largo, como en su juventud. Ese cuerpo ¿ha sido destrozado por la cárcel, el escaso ejercicio, la mala dieta y la falta de luz solar, o quiere mostrar la corrupción moral que corroe por dentro a un asesino? La degradación de los personajes a lo largo del tiempo es mucho más evidente en una familia que en otra. 

Adelante y atrás: los flashbacks y la ambientaciónflashbacks

En su libro, Fernando Aramburu prescinde de marcas temporales claras, pero no renuncia a que el lector se oriente en el tiempo: las noticias sobre la banda terrorista, sus atentados o sus detenciones, y algunas marcas culturales, permiten situar la acción. El presente de la novela es, innegablemente, el 2011: tras el anuncio del "cese definitivo de la actividad armada", Bittori regresa a su pueblo —cuyo nombre no se menciona, pero que se ha visto como un reflejo de Hernani—, que abandonó tras el atentado por la presión social y por el miedo a las represalias de ETA. Aramburu introduce poco a poco los episodios del pasado, primero como breves recuerdos de los personajes, luego ocupando capítulos completos. Los retrocesos temporales se hacen más frecuentes a medida que los propios personajes reviven o averiguan elementos de su pasado. 

La serie es más decidida en este aspecto, y desde el principio se apoya en flashbacksflashbacks, que suponen —o al menos esa es la impresión que dejan en el espectador— la mitad del metraje. Se renuncia, en cierto modo, al misterio sobre un pasado del que nadie quiere hablar para primar la agilidad de la trama y arrojar luz sobre las motivaciones de los protagonistas. Así, el comportamiento presente de los personajes se explica a menudo con un flashback que llega inmediatamente después.  En ocasiones, la producción se recrea en recuerdos que apenas ocupan un par de línas o de páginas en el libro. En ese sentido, cobra un peso especial la ambientación a lo largo de los ochenta, noventa y dos mil, que en la serie resulta obviamente más llamativa que en el original. 

Diálogos en una sociedad bilingüe

Aitor Gabilondo ha sido especialmente fiel a la novela en el uso de los diálogos: buena parte de ellos están sacados, casi de forma literal, de las páginas de Aramburu. El proceso de edición de los guionistas parece haberse potenciado los arranques de popularidad del novelista, y eliminado o reducido los parlamentos más alambicados, que habrían dañado quizás la verosimilitud de la serie. Aquí, los diálogos parecen más vivos que sobre el papel. Así, se mantienen sentencias clave en la posición política de la novela, como cuando Miren se queja de que Bittori haya vuelto al pueblo ("Viene a crear problemas, a crisparnos. Ahora somos víctimas de las víctimas. Nos dan por todas partes") o cuando critica el anuncio de ETA ("¿Se han olvidado de la liberación de Euskal Herria? Y los presos que se pudran en la cárcel. Cobardes").

Pero también, en esa voluntad de reflejar el habla popular, se conserva la costumbre de Bittori de hablar en voz alta con su marido muerto —muy útil para los guionistas— y sus chascarrillos, como cuando se despide de la tumba de Txato con un "Ahí te quedas". La serie también le saca especial partido, por ejemplo, al modo en que se comunica Arantxa, hija de Miren, que tras sufrir un ictus es incapaz de andar o de hablar, y se sirve de una tableta en la que escribe y que pronuncia las palabras que ella no puede decir. En la producción, se crean momentos muy cómicos cuando una voz robotizada emite los dardos de ligoteo a los que no renuncia Arantxa. 

Pero uno de los aspectos más llamativos de la serie es el uso del euskera: los personajes se comunican por escrito en ocasiones en esta lengua, pero nunca la usan más que con palabras o frases sueltas. Lo mismo sucede en el libro, escrito en castellano, lo que ocurre es que la literatura permite algo que el audiovisual no. En la novela, es el narrador quien recuerda de tanto en tanto que muchos de los personajes de los que habla son euskaldunes, y hace apreciaciones sobre su uso del euskera y del castellano. De hecho, utiliza una marca lingüística para señalar al lector que están usando la lengua vasca: les hace cometer en español las faltas que se suelen atribuir a los vascos, como la confusión entre el subjuntivo y el condicional. Este recurso fue, por cierto, afeado por algunos escritores euskaldunes. Si esos personajes estaban usando el euskera, aunque por una convención narrativa se nos presentaran en castellano, ¿por qué esto se marca con unos errores que ellos no cometerían en su lengua materna?

La serie no tiene a un narrador que señale la lengua en que hablan los personajes. Solo puede ponerla en escena, como cuando un guardia francés se dirige en este idioma a Txato, como cuando se canta una canción de misa en euskera, o como cuando lo usan las pintadas de la calle. Si los personajes hablan en castellano, el espectador no tiene forma de saber que, en realidad, están haciéndolo en euskera. La serie Patria renuncia a reflejar este relevante rasgo de una sociedad bilingüe, y en la que se produce una diglosia muy interesante desde el punto de vista narrativo. Una oportunidad perdida, tanto en verosimilitud como en la profundad de análisis sobre la dimensión social del conflicto. La decisión quizás haya venido del miedo al rechazo del público, nacional o internacional, o quizás para no dificultar el rodaje (aunque la inmensa mayoría de los actores son vascos). Y es también una señal de todo lo que falta por avanzar en la representación audiovisual de uno de los temas más relevantes de la historia reciente española. 

El escritor Fernando Aramburu considera un "desacierto" el cartel de HBO para el lanzamiento de la serie Patria --inspirada en su novela-- y lo ha atribuido a "una estrategia de marketing" que no comparte.

"El primer cartel promocional de la serie de televisión Patria me parece un desacierto. Incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace", ha señalado en un texto recogido por Europa Press de su blog.

Aramburu ha recordado que, "a diferencia de numerosos opinantes precipitados", ya ha visto los ocho capítulos de la serie y hay en dichos capítulos "una o dos secuencias" que le "chirrían". "Pero la trama es en líneas generales próxima a lo que yo narré en mi novela, con una clara línea divisoria entre quien sufre y quien hace sufrir", ha añadido.

Además, considera que al mismo tiempo hay "un nítido propósito" de mostrar la circunstancia humana de cada uno de los personajes. "Los pasajes de la filmación en que se muestran escenas de atentados de ETA son explícitos y están claramente vinculados a la ideología que los propició, no dejando margen alguno para lucubraciones justificadoras", ha asegurado.

Para el escritor, en la serie también "quedan claras" las consecuencias del terrorismo en la vida privada de quienes lo padecieron. Es por ello que entiende que este primer cartel --al que, en sus palabras, "seguirán otros menos susceptibles de generar polémica"-- no es "suficiente para formarse una impresión completa" de la serie.

"Por más que esta incluya, como mi novela, un episodio de malos tratos en comisaría, cosa que solía ocurrir, si bien a espaldas de la ley; ley, que como se sabe, fue aplicada en ocasiones con resultados condenatorios. Atribuyo el cartel a una estrategia de marketing que no comparto", ha concluido.

El cartel promocional de la serie publicado por HBO en sus redes sociales ha despertado un aluvión de críticas tanto de muchos usuarios como de políticos y asociaciones, al entender que equipara el sufrimiento de las víctimas de ETA y sus familiares con el de los presos de la banda terrorista y su entorno. El propio Aramburu subía el pasado martes a sus redes sociales una foto del cartel en la plaza de Callao acompañada de la frase 'Madrid, hoy, ahora'. La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del partido en Navarra, Ana Beltrán, ha reclamado este miércoles a HBO que retire el cartel publicitario de la serie Patria, ha escrito por Twitter. Las críticas han llegado también desde Vox y Ciudadanos.

El póster está compuesto de dos imágenes. A la derecha aparece, bajo una lluvia torrencial, una mujer sujetando el cadáver de su marido, que acaba de ser objetivo de un atentado de la banda terrorista. A la izquierda aparece un joven desnudo tirado en el suelo de una oscura habitación en la que al fondo aparecen otras tres personas, es decir, un condenado o sospechoso de ETA aparentemente torturado en dependencias policiales. Dos imágenes unidas en un mismo cartel bajo el lema 'Todos somos parte de esta historia'.

La portavoz adjunta del PP en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha expresado su "respeto" por las afirmaciones de la portavoz en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre que el momento político actual es "más difícil" que la situación que se vivía "cuando ETA mataba".

La representante del Partido Popular en el Parlamento Vasco se ha referido de esta forma, en declaraciones a los periodistas a su llegada a un acto institucional en Vitoria-Gasteiz, a las afirmaciones efectuadas por Álvarez de Toledo en una entrevista publicada este pasado domingo en El Correo.

En dicha entrevista, Álvarez de Toledo afirmó que "cuando ETA mataba era un momento terrible desde el punto de vista humano", aunque señaló que "el momento político actual es más difícil" que el que se vivía entonces.

Estas palabras han sido criticadas este lunes por la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez. A través de un mensaje en su perfil de una red social, Consuelo Ordóñez ha censurado las afirmaciones de Álvarez de Toledo. "¿Dónde estabas tú, Cayetana, cuando ETA nos mataba?", ha preguntado a la portavoz del PP en el Congreso.

Garrido ha recordado que el PP vasco participó el pasado fin de semana "con absoluta normalidad" en un acto en Bilbao en el que estuvo presente la propia Álvarez de Toledo, y ha enmarcado la reflexión de la dirigente en sus impresiones personales sobre la situación actual.

"Me ciño a las palabras y explicaciones que ella ha proporcionado", ha afirmado Garrido, quien ha expresado su "respeto" hacia las opiniones de Álvarez de Toledo, aunque, pese a las preguntas de los periodistas, no ha aclarado si las comparte o no.

"Cuando hicimos El fin de ETA", explica Izquierdo recordando su documental anterior, también junto a Aizpeolea, "nos faltó una pata, que era la de la resistencia civil. Aunque la mencionábamos, se quedaba cojo". Eso, unido a que en 2018 la librería cumplía medio siglo, prendió la mecha de esta segunda película, que se estrena este miércoles en la Seminci de Valladolid. Para ella, han contado con Ignacio Latierro, cofundador de Lagun junto a José Ramón Rekalde y María Teresa Castells. Andrés Rekalde, hijo de la pareja, contribuye a reconstruir una memoria que corre el riesgo de perderse. "Estas cosas hay que contarlas lo antes posible, antes de que se enquiste", urge el periodista y guionista. "Lo que nos llama la atención es el silencio. Pasó con el franquismo y aquí estamos, discutiendo por los huesos del dictador. Es muy importante hablarlo ahora, aunque cueste". 

Lagun, tal y como lo expone el documental, es el ejemplo de una izquierda militante que luchó primero contra el franquismo y, en democracia, contra ETA. "Éramos un grupo de gente joven que en San Sebastián empezábamos a interesarnos por la cultura", recuerda Latierro en la cinta. "Algunos empezábamos a tener inquietudes políticas, otros, como José Ramón y María Teresa incluso habían pasado por la cárcel". Rekalde —hijo— cuenta cómo sus padres empezaron en el Felipe, Frente de Liberación Popular, una organización de corte marxista pero alejada de las posturas soviéticas, una militancia que les llevó a prisión: él, años; ella, meses. Castells acumularía otras detenciones, como aquella por hacer de piquetera en la huelga general de 1973. Los viajes a Bayona, en busca de los libros prohibidos que venderían luego en la trastienda, se alternaban con la acogida de escritores antifranquistas: Lagun no tardó en ser uno de los centros de la lucha contra el régimen. De ahí les vino el primer ataque, el de los Guerrilleros de Cristo Rey, que colocan una bomba en el escaparate. 

Adiós a la violencia revolucionaria

"En los atentados me preguntaba por qué eligen a esta gente", dice el escritor Ramon Saizarbitoria, que formaba parte, en sus propias palabras, de "una cultura más abertzale". Cuando en 1975 murió Gabriel Aresti, recuerda, "el gran poeta", autor del poemario Harri eta herri y una figura esencial para el nacionalismo de izquierda, Lagun le dedicó un escaparate entero, "lo que no era normal entonces ni tampoco ahora". Ese mismo año, continúa el escritor, cuando fueron fusilados Juan Paredes Manot, Txiki, y Ángel Otaegi, miembros de ETA, cerraron en señal de protesta, "y cerraron solo dos o tres establecimientos en la parte vieja". "Entonces ¿por qué, por qué atentaron?", se pregunta. Responde, en parte, Izquierdo: "Ellos veían que lo que podría ser una salida en otros países, la guerrilla, no tenía nada que ver con lo que pasaba en el País Vasco. Tenían claridad de pensamiento y una ideología muy clara". Con el tiempo, esa testarudez se convirtió en el símbolo de una resistencia a los planteamientos de ETA desde la izquierda. 

El documental se ocupa del proceso por el que un antifranquismo que había celebrado los atentados contra Carrero Blanco y Melitón Manzanas se opusieran pronto a la lucha armada. "En un primer momento, ya muerto Franco, no se tenía confianza en el Gobierno de Madrid, y se veía a ETA como una resistencia que podía ser útil", explica Izquierdo. Él mismo cita las palabras de Roberto Lertxundi, que dejó pronto su militancia en ETA, durante la etapa estudiantil, para formar parte del Partido Comunista de Euskadi, del que fue secretario general. Ya en 1978, la organización convocó una manifestación contra la banda terrorista en Portugalete, en la que se considera una de las primeras muestras públicas de repulsa frente a ETA, que esa mañana había asesinado al periodista José María Portel. "Yo que he estado en comisaría", dice el dirigente, "que me han torturado, que he estado en comisiones, que he hecho huelga, ¿van a venir cuatro piraos a secuestrarme la democraciapiraos ? Esa es la dignidad del militante". 

Cuando, en 1983, Antxon Tolosa muere mientras manipulaba un explosivo, y se convoca una huelga en la parte vieja de Donostia, Lagun decide no echar el cierre. "Los tres o cuatro que cerramos con el proceso de Burgos [juicio sumarísimo en 1970 contra 16 miembros de ETA], somos los tres o cuatro que nos negamos a seguir esa consigna". Llegan las pintadas. Y seguirían hasta los noventa, cuando rompen el escaparate para quitar de allí el lazo azul que habían colocado en apoyo a Gesto por la Paz, que ya había comenzado su andadura. En la peor época, los clientes más fieles de la librería eran los escoltas de los libreros. En 1995, sufren un ataque con pintura roja y amarilla que, sospechan, viene de Herri Batasuna. En la Nochebuena de 1996, con el mismo método, unos encapuchados destrozan la librería. Los libreros temen el cierre, pero hay sorpresa: los lectores corren a comprar los libros manchados con pintura. "Le pedí a mi madre que fuera y comprara alguno de los libros deteriorados", recuerda el escritor Fernando Aramburu, "pero mi madre llegó tarde". Algo estaba cambiando. 

Una transformación desde la calle

Lo que estaba cambiando era, en parte, Gesto por la Paz, una plataforma que empieza a moverse en 1985 para generar movilización ciudadana contra la violencia. Isabel Urkijo y Jesús Herrero, dos de sus fundadores, recuerdan que al principio eran concentraciones simbólicas, de 15 minutos, que congregaban de dos o tres a cientos de personas. En las pancartas, lemas sencillos: "¿Por qué no la paz? Únete". Y una idea: había que manifestarse por todas las muertes, las provocadas por ETA, pero también por los GAL y otros grupos, incluso las que se producían cuando los terroristas iban a cometer un atentado. "No se puede negar que entonces [con estos últimos] la gente que acudía a las manifestaciones era menor", señala Urkijo. Plantarse en esas primeras concentraciones no era poca cosa: "Te retratabas frente a tu comunidad como que estabas en contra de la violencia, de la violencia de ETA o de la que fuera... aunque la gente que te iba a señalar te iba a señalar solo por estar en contra de la violencia de ETA". 

El documental incide en que la resistencia civil frente a ETA vino desde distintas ideologías, tanto de la izquierda como de la derecha. "Gesto por la Paz", insiste José María Izquierdo, "ha sido una organización de izquierdas desde que nació, cercana al PSE y a Euskadiko Ezkerra. Otra cosa es ¡Basta ya! o los recorridos personales de cada uno, que son variados". En el documental participan también Fernando Savater, uno de los promotores de esta última organización, o Consuelo Ordóñez, actual presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo. "Lo cierto es que todos resistieron frente a ETA a pie firme", dice el periodista y guionista, "y esto es lo que nos parecía que no había contado nadie". Lo dice también Letxundi al final del documental: "Con ETA no ha acabado solo la policía, como dicen algunas formaciones políticas, con ETA ha acabado el aislamiento".

¿Y cómo pudo producirse este cambio en el discurso social? "Lo que va pasando es un hartazgo", lanza Izquierdo, "y un desestimiento de la gente". Conforme aumentan las víctimas mortales, y comienzan a formar parte de la lista civiles y políticos de muy distinto signo, la idea de una violencia revolucionaria justa se desvanece. "¿Qué sentido tenía matar a un periodista o a un taxista porque fuera del PP? Llegó un momento en el que no cabía un muerto más". Si el terrorismo rompió a la sociedad vasca, como insisten varias voces a lo largo del documental, recomponerla será un proceso largo. "Maixabel Lasa", dice Izquierdo recordando a la viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA en el año 2000, "se preguntaba, sobre lo de conversar con los asesinos [en la vía Nanclares]: ¿esto lleva a algo? Yo no sé si sirve para algo, en sentido práctico, pero es un paso". Eso espera ser el documental, que espera llegar pronto a las cadenas que han contribuido a su producción, TVE y ETB. Y a aquellos quelo consiguieron. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes pedir a Francia la extradición del histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, reclamado por la Audiencia Nacional por el asesinato en 1980 del directivo de Michelin Luis María Hergueta. La semana pasada el Gobierno hizo lo propio a cuenta del atentado de la casa-cuartel de Zaragoza en 1987.

Luis María Hergueta tenía 52 años cuando tres integrantes de ETA le dispararon por la espalda cuando volvía a su casa desde la fábrica de Michelin. Urrutikoetxea está encartado por esos hechos en el Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, donde se le imputa un delito de asesinato terrorista.

España ha recurrido a la petición de extradición a través del Consejo de Ministros por tratarse de delitos anteriores a 1993, cuando entraron en vigor las euroórdones, según ha recordado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministro la ministra Portavoz, Isabel Celaá.

El Ministerio de Justicia, que es el que propone la extradición en el Consejo de Ministros, ha subrayado que existe constancia de que entre los meses de febrero y mayo de 1980, cuando fue asesinado Luis María Hergueta, el reclamado mantuvo sendas citas con dos empleados de la empresa Michelin, a quienes pidió fotografías de la víctima con el fin de secuestrarle. Ambos trabajadores fueron condenados en 1982 por un delito de colaboración con banda armada.

Además de estos dos procedimientos, en la Audiencia Nacional hay otras dos causas abiertas por las que se le reclama pero que, al tramitarse por el procedimiento de la Orden Europea de Detención (OEDE), no requerirán intervención del Consejo de Ministros.

La primera procede del Juzgado Central de Instrucción 3 por un supuesto delito de lesa humanidad. El Juzgado Central de Instrucción 5 mantiene abierta una segunda por financiación del terrorismo.

El pasado viernes, el Ejecutivo solicitó la extradición de Ternera por su participación en el atentado de la casa-cuartel de Zaragoza, de acuerdo al procedimiento del Juzgado Central de Instrucción número 2. La ministra portavoz aprovechó el anuncio para responder a la polémica suscitada por la entrevista en TVE al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a quien le recordó que "nadie tiene derecho a pensar en causar dolor a ningún ser humano". "Pensarlo es miseria moral", dijo.

La primera decisión del Consejo de Ministros sobre la extradición de Josu Ternera se adoptó dos días después de que la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París comunicara al histórico dirigente de ETA Josu Ternera las órdenes de detención y entrega que pesaban sobre él por parte de la Audiencia Nacional.

Tras su detención el 16 de mayo en una zona de los Alpes franceses, el Tribunal de Apelación de París decretó la libertad vigilada del reclamado por sus problemas de salud. También le impuso, como medida cautelar, la obligación de presentarse semanalmente en una comisaría de la capital gala.

El 19 de junio, la justicia francesa decretó de nuevo el ingreso en prisión de Josu Ternera -esta vez con fines de extradición- después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recordara a las autoridades galas que estaban en vigor distintas órdenes de detención y entrega. Comenzó a contar entonces un plazo de 40 días para remitir al país vecino las solicitudes de extradición, plazo que se cumple el próximo día 29, según ha recordado Justicia en un comunicado.

Una vez solicitada la extradición de Urrutikoetxea por el Consejo de Ministros, la documentación del caso se remite por valija diplomática a Francia para que la magistrada española de enlace en París la haga llegar a los tribunales de ese país.

Por si hiciera falta, comenzaré por reafirmar que, a mi juicio, las víctimas merecen nuestro reconocimiento, recuerdo y apoyo, sin resquicios. Pero creo que hay que hacer frente a los indiscutibles y reiterados intentos de manipular de forma partidista la causa de las víctimas, como arma arrojadiza contra otros partidos o contra el Gobierno de turno. Como también a otras nada novedosas modalidades de manipulación, como la de quienes, en su condición de víctimas, y sin mayores títulos, la utilizan para obtener notoriedad mediática e incluso cargos de representación política. Por no hablar de quienes se arrogan la representación de todas las víctimas y aprovechan para sentar cátedra sobre quiénes son verdaderas víctimas y quiénes no.

Reconozco que fui uno de los que no aplaudieron el discurso de la presidenta de la Fundación de Víctimas y diputada del PP, la señora Blanco. Fue una decisión personal: otros muchos compañeros del mismo Grupo Parlamentario al que estoy adscrito sí lo hicieron. Yo no recibí consigna alguna. Diré que no actué por impulso, sino por y con convicción y que lo que aquí sigue trata de argumentar esa convicción personal. No escribo en nombre de nadie más que de mí mismo.

No lo hice, porque me incomodó buena parte de su intervención, cuando se permitió graves descalificaciones a los profesionales de RTVE por la entrevista realizada al Sr. Otegi en la víspera (creo que la elección de fecha no fue, en efecto, la más oportuna), entrevista que tachó de "blanqueo al terrorismo". No soy de los que sienten aprecio por la figura del Sr. Otegi. Creo que su posición y su actitud moral quedó muy claramente retratada ante las insistentes preguntas del periodista: lo de medir las dosis de sufrimiento "necesarias" me resultó un ejercicio insoportable de cinismo. Creo que no quedó "blanqueado", ni el periodista persiguió ese propósito en ningún momento. Como tampoco buscan blanquear a sus entrevistados la mayoría de periodistas que entrevistan a significados políticos que representan posiciones que tienen un mayoritario rechazo: de Trump, a Al Assad, a Raúl Castro, a Maduro, al príncipe saudí Bin Salmán, que ordena trocear a periodistas disidentes, o al sátrapa de Brunei, Hassan al Bolkiah, que pretende lapidar a los homosexuales.

No lo hice porque tampoco comparto su descalificación sin matices de la presencia de Bildu en las instituciones, como las Cortes Generales o los Ayuntamientos. Me parece una falacia argumentar que esa descalificación es una exigencia de la unidad de los demócratas frente al terrorismo. Estoy muy lejos del planteamiento y objetivos políticos de Bildu, porque, para empezar, defiendo la Constitución de 1978, que considero el marco sine qua non de convivencia, aunque no la confundo con las tablas de la ley: a mi entender necesita reformas, importantes e incluso urgentes. Pero me parece evidente que Bildu tiene todo el derecho a estar y participar en las decisiones en el Congreso de los Diputados y en el Senado. ¡Faltaría más!

Sus representantes han sido votados por decenas de miles de ciudadanos en unas elecciones libres a las que han concurrido con los demás partidos. Bildu ha superado, pues, el test de legitimidad democrática y también el de legalidad, porque cumple con las condiciones exigidas en la legislación vigente. De otro modo, no habría podido participar en estas elecciones. Ni la Junta Electoral Central ni los Tribunales se lo han impedido, porque Bildu es un partido legal y perdonen por la obviedad. Otra cosa es que yo sostenga pactos de gobierno con Bildu: no los creo posibles por lo que ya he afirmado. Pero, por ejemplo, si presentan iniciativas en materia de extranjería, de derechos de los inmigrantes o demandantes de asilo que considero dignas de defender, estaré con ellos. Porque sería absurdo rechazar una causa justa porque lo haya dicho Agamenón o su porquero.

Y, finalmente, no aplaudí a la señora Blanco porque su discurso me pareció un ejemplo de otra falacia, la de quienes, desde la dignísima condición de víctimas, pretenden tener una suerte de derecho de veto respecto a decisiones políticas y jurídicas de calado, para decidir qué es verdad, qué es admisible, qué debe ser prohibido. Nunca negaré el derecho de las víctimas, personalmente o a través de asociaciones, para formular propuestas, incluso las que, a mi juicio, expresan una ideología de populismo punitivo, como la exigencia de cadena perpetua o aun la de recuperación de la pena de muerte ante determinados delitos. Las combatiré con los medios a mi alcance, pero me debo al respeto a su dolor, a su libertad de expresión y a su derecho de participación.

Ahora bien, una cosa son esos derechos y el respeto a su dignidad como víctimas y otra que pretendan tener la última palabra sobre decisiones políticas que corresponden a los representantes de la soberanía popular, Congreso y Senado. No digamos, la pretensión de tener la respuesta última en materia de autos y sentencias judiciales, que son siempre criticables, pero desde el respeto a las decisiones de los tribunales, que nos vinculan y obligan a todos. Menos aún si se trata de hacer una política de enfrentamiento y no la de tratar de resolver los problemas de todos los ciudadanos –también de las víctimas–, “sin daño ni favor”, como proponía J. Shklar, que debe ser el criterio para la acción de gobierno y la tarea política que todos necesitamos que se ponga en marcha lo antes posible.

Por todo ello, creo que el error es que la presidencia de la Fundación de Víctimas, que debe ser un cargo institucional, ajeno a la adscripción de partidos, la desempeñe quien tiene la condición de diputado de un partido. El que sea. A mi juicio, la señora Blanco, por coherencia con la exigencia de representar la dignidad de todas las víctimas, no debe intervenir en nombre de las legítimas opciones de un partido. O quizá, debiera elegir entre esas dos dignísimas funciones. ________________Javier de Lucas es senador por Valencia del Grupo Parlamentario Socialista.